La Corte Constitucional profundiza en las garantías que deben observarse estrictamente por las entidades públicas al adelantar el cobro de obligaciones fiscales o parafiscales. Se enfatiza que, aunque el cobro coactivo es un privilegio de la administración, no puede derivar en la afectación de derechos fundamentales. Se analizan aspectos como: 1. Notificación y comunicación; 2. Derecho de defensa y contradicción: Cómo se debe asegurar que el ejecutado tenga la oportunidad real de controvertir la validez de la obligación o la legalidad del procedimiento; y 3. Principios de legalidad y tipicidad.