Modifica y adiciona la Ley 5ta de 1992, se crea la Comisión Legal para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia del Congreso de la República de Colombia, con el fin de contribuir a la protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia e incentivar el control político a las entidades públicas encargadas de la atención de la infancia y la adolescencia. Asimismo, como la realización de acciones legislativas y de control político para prevenir las violencias y la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
 

La Corte concluye que amparó en su dimensión objetiva los derechos al cuidado, a la igualdad, a la no discriminación y a la seguridad social de una mujer trabajadora no gestante y de su hijo recién nacido, en el seno de una familia homoparental que acudió a una técnica de reproducción humana asistida (ROPA) y planeó un esquema de lactancia compartida. La Corte concluyó que la EPS violó sus derechos al otorgarle una respuesta automatizada y asignarle la licencia de paternidad de 14 días bajo estereotipos de género, ignorando las condiciones particulares de vulnerabilidad del hogar (bebé prematuro, necesidad de porteo canguro y la incapacidad de la madre gestante por preeclampsia). Aunque la Corte declaró la carencia actual de objeto por daño consumado en lo económico al haberse disfrutado ya los tiempos, ordenó al empleador mantener todas las garantías laborales de la trabajadora como madre lactante hasta los dos años del menor, precisó que la pareja pudo acceder de forma simultánea e inmediata a la licencia parental compartida por razones de salud, y exhortó al Congreso de la República a diseñar un régimen de licencias parentales con enfoque de corresponsabilidad que reconozca la pluralidad de modelos familiares y no desatienda la lactancia ni los arreglos de cuidado no tradicionales.