La Corte Constitucional define y reconoce el concepto de capacidad laboral residual, que es la posibilidad de una persona de trabajar y generar ingresos a pesar de su condición de salud. Con este concepto la Corte argumenta que ignorar las cotizaciones realizadas en ejercicio de esta capacidad sería una interpretación discriminatoria y contraria a los principios de universalidad y solidaridad.