La Corte Constitucional introduce el concepto de interseccionalidad, como una obligación para los jueces. Esto implica que las autoridades judiciales deben ir más allá de una lectura superficial de los hechos. Deben analizar cómo múltiples formas de discriminación se cruzan y agravan la vulneración de los derechos de una persona. La Corte indica que, esta obligación no es una mera discreción del juez, sino una exigencia constitucional e internacional que debe guiar las decisiones judiciales.