La Corte Constitucional delimita la facultad discrecional de la administración. Aclara que esta facultad no es ilimitada y debe estar siempre orientada a los fines del servicio público, como el mejoramiento de la eficiencia y la eficacia. Por lo tanto, el retiro de un provisional debe estar sustentado en razones que demuestren que la desvinculación es necesaria para cumplir con los fines del Estado.