La Corte identificó un error de técnica legislativa por parte del Congreso de la República al redactar la norma. La remisión a un artículo que no contenía la pena pertinente para el delito de obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias era un defecto que el poder legislativo debió corregir. Este error vació de contenido la sanción para la conducta más grave (cuando se utiliza violencia), lo que resultaba en una contradicción con el objetivo de la norma.