Reglamenta la entrega anticipada de títulos en el proceso ejecutivo por alimentos debidos a un niño, niña o adolescente (Ley Sarita), garantizando un acceso oportuno a los recursos económicos que son objeto de embargo en favor del menor.
 

La Corte enfatiza que amparó los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la igualdad y a la vida digna de una mujer de 82 años en situación de vulnerabilidad extrema y de salud grave, a quien Colpensiones y el Juzgado 003 de Familia de Bogotá le suspendieron el pago de una cuota alimentaria vitalicia reconocida judicialmente desde 2007 tras el fallecimiento de su exesposo (deudor alimentante). La Corte determinó que las obligaciones alimentarias entre cónyuges no se extinguen con la muerte del alimentante mientras persistan las condiciones de necesidad de la alimentaria, y concluyó que el pago de la cuota debe restablecerse gravando la mesada pensional que fue sustituida a favor de la segunda cónyuge/compañera permanente. El Tribunal precisó que esta afectación a la pensión sustituida no vulnera los derechos de la nueva beneficiaria porque la mesada ya venía restringida desde 2007, y reprochó el actuar de las autoridades por no aplicar un enfoque de género que valorara la violencia intrafamiliar sufrida por la accionante y la brecha económica causada por haberse dedicado más de 43 años al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.