El Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina procedió a aclarar, de oficio, una sentencia emitida el 24 de septiembre de 2018. El objetivo principal fue corregir errores e imprecisiones que podían generar dudas en las partes involucradas. Específicamente, se corrigió una inconsistencia en la que se había declarado una excepción probada y, al mismo tiempo, no probada para el Municipio de Providencia y Santa Catalina. Además, se hizo una corrección en la redacción de los derechos colectivos vulnerados, especificando que también se amparaban los derechos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y la seguridad y salubridad pública, que inicialmente no habían sido incluidos en la redacción del fallo. Estas correcciones no modifican el fondo de la decisión, sino que buscan alinear la parte resolutiva con las consideraciones del fallo original.