Imparte criterios sobre la aplicación de la Ley 2069 de 2020, reglamentada por el Decreto 1860 de 2021, y el Decreto 142 de 2023 para promover el acceso de los firmantes del Acuerdo Final de Paz, población en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros de la fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al sistema de compras y contratación pública.