La Sala modificó su jurisprudencia previa que había establecido topes objetivos (entre el 70% y el 100% de la condena de primera instancia o parámetros jurisprudenciales) como requisito para aprobar los acuerdos conciliatorios. Se determinó que fijar límites objetivos o "raseros" excede las facultades del juez y afecta la autonomía de la voluntad privada y la capacidad negocial de las partes, pues un acuerdo inferior al 70% puede ser fruto de la voluntad libre y espontánea del ciudadano y la entidad estatal.