La Corte constata que el legislador no ha previsto una regulación específica, procedimientos formales o consecuencias jurídicas aplicables a la terminación, modificación, disolución o ruptura unilateral de un acuerdo de coalición política. Ante la falta de ley sustantiva, el Consejo de Estado acudió al principio general de que "las cosas se deshacen como se hacen" para resolver la vigencia de la coalición. La Corte consideró válido el uso de este principio para llenar el vacío normativo, pero aclaró que la solución judicial no puede limitarse rígidamente a él, sino que debe armonizarse con los derechos políticos y la autonomía de las colectividades. Debido a la incertidumbre jurídica que genera esta falta de regulación, la Corte exhortó formalmente al Congreso de la República para que legisle sobre la conformación y disolución de coaliciones.