Establece la política pública y de Estado para el goce pleno de los derechos de la niñez indígena y su atención integral intercultural, a través de medidas, competencias y funciones para la coordinación efectiva con las autoridades, estructuras de gobierno propio y entidades competentes, en los territorios y territorialidades indígenas, garantizando el buen vivir en concordancia con la Ley de Origen, Ley Natural, Derecho Mayor y Derecho Propio.