SENTENCIA T - 10631

 

(Octubre 27)

 

Darío Hernán Nanclares Vélez

 

Magistrado sustanciador

 

Asunto: Acción de tutela

 

Demandante: Mike Nicolás Durán Guio

 

Demandadas: Registraduría Nacional del Estado civil y otros.

 

Radicado: 05001 31 18 003-2021 00120-01

 

Derechos protegidos: Personalidad  jurídica y otros.

 

Tema: Derecho a la personalidad  jurídica de los “Trans”. Vulneración de derechos fundamentales.  Identidad de género. Interpretación prevalente de la Carta Política.  

 

Discutido y aprobado: Acta número 197 de 27 de octubre de 2021.

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA CATORCE DE DECISIÓN DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES

 

Medellín, veintisiete (27) de octubre  de dos mil veintiuno (2021)

 

El Tribunal resuelve la impugnación, formulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, contra la sentencia proferida, el diecisiete (17) de septiembre  de dos mil veintiuno (2021), por el juzgado Tercero Penal del  Circuito para Adolescentes, con Funciones de Conocimiento, de Medellín, en este resguardo, incoado por Mike Nicolás  Durán Guio frente a la impugnante, habiéndose integrado el  contradictorio, por pasiva, con la Notaría Veintiséis (26) del  Circuito de Medellín, la Registraduría Especial de Medellín y el  Ministerio de Hacienda y Crédito Público, representados, en su  orden, por los(as) doctores(as) Alexander Vega Rocha, Lelia  Abiola Ríos Cifuentes, Alma Milena del Pilar Marmolejo  Camacho y José Manuel Restrepo Abondano, o quienes  hicieren sus veces, con el propósito de que se le proteja sus  derechos fundamentales de la dignidad humana, la igualdad,  la personalidad jurídica, el buen nombre, el habeas data, el  libre desarrollo de la personalidad y el proceso debido,  previstos en la Constitución Política, artículos 1, 13, 14, 15, 16 y 29.

 

HECHOS

 

Mike Nicolás Durán Guio nació, el 7 de  noviembre de 1990, en Bogotá D.C., siendo registrado, en la  Notaría 22 de esa ciudad, con el nombre de Eliana Mayerly  Durán Guio, pero, tras identificarse como una persona  transgénero y realizar su proceso de transición, se acercó a  esa oficina notarial, donde le expresaron que, en ese  documento, solo podían “poner la F (femenino) o la M  (masculino)”, a lo cual les dijo que omitir la “T”, de “trans”,  en esa inscripción, le vulneraba sus derechos fundamentales,  de su identidad y el libre desarrollo de su personalidad.

 

Posteriormente, tras elevar  infructuosamente peticiones, en la Registraduría Nacional del  Estado Civil y la Notaría 26 de Medellín, tendientes a que en  su registro se modificara, en la casilla sexo, la letra “T”,  promovió una acción de tutela frente esas dependencias, de la  cual conoció, en la primera instancia, el juzgado Séptimo  Administrativo Oral de Medellín, con el radicado 2021-00088,  dependencia judicial que declaró improcedente el amparo y  que revocó el Tribunal Administrativo de Antioquia,  concediéndolo, ordenando la modificación de la aludida  casilla, en su registro civil, lo que cumplió esa Notaría, el 10 de junio de 2021, luego de promover incidentes, por su  desacato.

 

Al procurar infructuosamente, en la  Registraduría Nacional del Estado Civil, la corrección del  componente de su sexo, en su cédula de ciudadanía, acudió a  un tercer incidente de desacato, que, el 12 de julio de 2021,  aperturó el Séptimo Administrativo, en Oralidad, de Medellín,  organismo judicial que, el 22 de ese mes, se abstuvo de imponer sanción, al considerar que “el fallo de segunda  instancia solo se refería al cambio o modificación del registro  civil de nacimiento y no de otro tipo de documentación” (f 3, c  p).

 

El 19 de julio pasado, le pidió nuevamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil la corrección del componente del sexo, en su cédula, pagando unos emolumentos, entidad que, el 26 de agosto de este año, le respondió que, “desde el punto de vista técnico no es posible realizar la corrección del componente sexo en [su] cédula de ciudadanía” (f 4, c p), aseveraciones que le sirven  de soporte, para pedir que se acoja la siguiente,

 

SOLICITUD

 

Que se le tutelen los mencionados derechos fundamentales. En consecuencia, ordénese a la Registraduría Nacional del Estado Civil, “realizar dicho cambio  en mi documentación de identidad a la mayor brevedad  posible, pues de nada sirve tener la letra “T” en mi registro  civil, si en el resto de los documentos se desconoce mi  identidad, el ejercicio de mi personalidad jurídica y la igualdad  ante la ley a ser identificado por los demás conforme a mi  verdadero sentir y ser, como todos los demás” (f 17, c p).

 

El extremo demandante afirmó, bajo  juramento, que no presentó otra acción similar, por los expresados acontecimientos. 

TRÁMITE DE LA TUTELA

 

El 6 de septiembre de 2021, se admitió el  escrito rector, por el juzgado Tercero Penal para  Adolescentes, con Funciones de Conocimiento, de Medellín,  frente a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Notaría  Veintiséis (26) del Circuito de Medellín y la Registraduría  Especial de esta ciudad y, el 14 de ese mes, dispuso la vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público  (archivos 4 y 9, c p), proveídos notificados, el 6 y 15 de  septiembre a los integrantes del extremo pasivo (archivos 5 y  10, c p).

 

La señora Notaria encargada 26 de  Medellín contestó, a la demanda, asintiendo y negando  algunos hechos, y no conocer otros. Expuso que no le vulneró al extremo activo los derechos fundamentales, porque, “el  componente de sexo a “T” no está reglamentado”, pese a lo  cual, en cumplimiento de la sentencia, expedida en el amparo  2021-00088, “mediante escritura pública 912 del día 07 de  Mayo de 2021 de la Notaria 26 de Medellín se realizó la  escritura de corrección de registro civil de nacimiento del  señor MIKE NICOLAS DURÁN GUIO [y] Posteriormente  mediante registro civil de nacimiento con indicativo serial  43881996 del día 10 de junio de 2021 de esta Notaría se  realizó la corrección en el sentido de insertar en su registro  civil su componente de sexo “T”” (archivos 6 y 7).

 

El jefe de la Oficina Jurídica de la  Registraduría Nacional del Estado Civil explicó lo siguiente (archivo 8, c p):

 

En cuanto al componente “sexo” y su  corrección, en los documentos de identidad, el Decreto 1260 de 1970, artículos 52, y el 1227 de 2015, artículo  2.2.6.12.4.3, establecen que “podrá consistir en la inscripción  del sexo masculino (M) o femenino (F); norma de orden  público, [que] solo contempla la posibilidad de realizar  cambios en el componte de identificación en solo ese sentido,  opciones que históricamente se han venido aplicando para los  diferentes trámites y procesos de identificación que son  insumo inexorable para la configuración de políticas públicas  por parte de los órganos del Estado… En este sentido,  debemos señalar que la Registraduría Nacional del Estado  Civil No tiene injerencia ni hace mención alguna del GÉNERO  en los documentos de identidad; su labor se limita a  consignar la información proveniente del certificado médico de  nacido vivo, que es el que define si el sexo de una persona  corresponde a “M” masculino o “F” femenino”.

 

Precisó que, “en el caso de los “intersexuales o hermafroditas quienes al momento de nacer  tienen los dos órganos reproductores (masculino y femenino)  estas personas tienen derecho a adquirir personalidad jurídica  la cual es dada por la inscripción de su nacimiento en el  registro civil, pero el no tener un sexo definido esto no puede  ser impedimento para que se adelante dicho trámite… [y que]  las personas pueden solicitar la corrección de dicho  componente bajo la construcción sociocultural que tengan  sobre su identidad social, pero siempre en el entendido que ese cambio solo puede ser entre los ítems de sexo masculino  (M) o femenino (F).

 

“Por consiguiente, los datos que se  encuentran plasmados en los registros civiles de nacimiento y  en las cédulas de ciudadanía obedecen únicamente al  cumplimiento de las normas antes mencionadas” (fs 5 y 6,  archivo 8).

 

Enfatizó en la distinción, entre los  términos “sexo” y “género”, aludiendo a que, la Corte  Constitucional, en su sentencia T-450A de 2013, estableció  que, “el sexo es el conjunto de características físicas con el cual uno nace y el género son los atributos y condiciones que  han sido social y tradicionalmente asignados a hombres y  mujeres. Por lo que se entiende que no se pueden confundir  estos dos términos” (f 8), y que el término “transgénero” se  remite a un concepto, “usado para incluir la diversidad de  identidad de género y la asignación de género. Por lo que las  personas transgénero son aquellas que tienen una identidad  de género que difiere del sexo que les fue asignado al nacer,  que además no siguen normas sociales estereotípicas (ropa,  modos de hablar, de comportarse). Ahora bien, este concepto comprende una variedad de identidades y expresiones del  género que pueden estar fuera de la idea generalizada de que  tienen las personas. Pues es un término que se utiliza para incluir el espectro de la diversidad de identidad de género y  expresión de género. Por lo tanto, al momento de referirnos a  una persona que se identificada como transgénero, es porque  ha realizado un cambio de su género, NO se puede entender  como si eso generara un cambio en el componente sexo, al  cual hace referencia los datos plasmados en los registros  civiles de nacimiento o en la cédula de ciudadanía” (f 9,  ídem). 

 

Resaltó que, “la corrección que se pide no obedece a un simple error mecanográfico, sino a la  ratificación de una condición auto percibida en el marco de su  proyecto de vida, que no implica la variación del componente  del sexo desde el masculino hacia el femenino, o viceversa,  sino a la creación de una nueva categoría que es la que  considera que mejor refleja la realidad en la que se inscribe,  lo cual resulta perfectamente comprensible y respetable, así  como digno de la máxima protección del Estado, no obstante,  no responde a una hipótesis frente a la que el ordenamiento jurídico contempla…[solo] la posibilidad de realizar cambios  en el componente de identificación “sexo” entre las categorías  “masculino (M) y “femenino” (F), no como “transgénero” (T),  como pretende el accionante” (f 9 y 10).

 

Concluyó que no le desconoció los  derechos fundamentales, “al tutelante, al no acceder a su solicitud, por cuanto no vulnera sus libertades al tener como  componente sexo “M” masculino o “F” femenino, pues estos  términos hacen referencia a su sexo y no a su género… [y el  ordenar] la creación de una nueva categoría como “trasn” (T)  en la cédula de ciudadanía, y que de manera subsidiaria,  defina las pautas aplicables, sin mayor tipo de soporte o  fundamento normativo ni claras directrices jurisprudenciales  emanadas del Guardián de la Constitución Política, tendría  serias repercusiones en materia de seguridad jurídica en torno  a la previsibilidad de los esquemas de identificación  previamente definidos por el legislador y las autoridades  reguladoras, pues sería la puerta de entrada a una infinidad  de categorizaciones, tantas como procesos de autopercepción  emanen de los ciudadanos” (f 10, c p).

 

Acotó que, según la información  suministrada por “el aliado tecnológico IDEMIA”, la  “producción de la cédula de ciudadanía del accionante,  conforme la pretensión en la acción constitucional”, tardaría alrededor de seis (6) meses, y tendría un costo de “cinco mil  quinientos millones de pesos ($5.500.000.000 COP) incluido  IVA, valor económico que afecta el presupuesto fiscal  asignado a la entidad para el cumplimiento de su competencia  y fines legales en la sociedad” (f 13).

 

Una asesora del Ministerio de Hacienda y  Crédito Público anunció que esa cartera carece de la  legitimación, en la causa, por pasiva, debido a que “no es la  entidad competente para acceder a las pretensiones del  accionante, teniendo en cuenta que la decisión de corregir el  sexo en la cédula de ciudadanía de los ciudadanos  corresponde como se mencionó a la REGISTRADURÍA  NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, en el marco de la autonomía  presupuestal que la Constitución Política y el Estatuto  Orgánico del Presupuesto le otorgan, contratar y  comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hace  parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones  señaladas para el cumplimiento de las funciones asignadas a  esa cartera” (archivo 10, c p).

 

La Registraduría Especial de Medellín permaneció silente.

 

SENTENCIA

 

Se profirió por el señor juez del conocimiento, el 17 de septiembre de 2021 (archivo 11, c p),  tutelando los derechos fundamentales de la parte activa, “al  libre desarrollo de la personalidad, identidad, personalidad jurídica y dignidad humana”, de Mike Nicolás Durán Guio”; en consecuencia, le ordenó: 

 

“SEGUNDO:… al Representante Legal de  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, o quien haga  sus veces, así como también A LA REGISTRADURÍA ESPECIAL  DE MEDELLÍN, para que dentro de sus competencias y  asignaciones, según a quien corresponda, si aún no lo ha  hecho, proceda en el término de seis (6) meses contados a  partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, a  incorporar la letra T en el componente Sexo de la cédula de  ciudadanía del señor MIKE NICOLAS en concordancia con su  Registro Civil de Nacimiento con indicativo serial No.  43881996 y las consideraciones esbozadas en el cuerpo de  esta determinación, por lo cual, deberá adoptar dentro de sus  aplicativos, sistemas y modelos con los que cuenta para la  radicación, y expedición de la cédula de ciudadanía, las  correcciones y adecuaciones a las que haya lugar”, y  desvinculó de este asunto al Ministerio de Hacienda y Crédito  Público y a la Notaría 26 de Medellín (f 23), resoluciones que  tomó, luego de estimar que:

 

La “demandada no dejó totalmente claro  el porque (sic) no puede asumirse esa postura y por ende, dio  a entender que es posible la adecuación de esta casilla con la  salvedad de que ello implicaría un gran gasto de dinero y  tiempo, sin que sea identificable en el asunto de marras si ese valor constituye solamente a la corrección en el particular o  en la totalidad de los asociados. 

 

“Por ello, el señalamiento que hace la  accionada para la adecuación y en el caso de que se tutele lo  pretendido por el actor, referente a seis (6) meses, es el inicio  para lograr la transición que no solo logró MIKE NICOLAS,  sino para que ahora, lo haga la REGISTRADURÍA NACIONAL  DEL ESTADO CIVIL y adoptar los sistemas, programas y  modelos a los que haya lugar para pretender la inmersión de  la letra T en la cédula de ciudadanía del administrado, por  cuanto así como lo ha dicho el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  DE ANTIOQUIA en sentencia de segunda instancia ya indicada  al interior de esta determinación, y de la cual acogemos, que  la designación realizada por el Decreto 1227 de 2015, en  cuanto a la F y M es meramente enunciativa, por lo cual ha de  ordenarse la inclusión de la letra T para así garantizar en  pleno los derechos fundamentales del usuario” (f 23, c p). 

 

IMPUGNACIÓN

 

La Registraduría Nacional del Estado Civil  recurrió el fallo, para que se declare la nulidad de lo actuado,  o, en subsidio, se revoque, negando, en su lugar, la  salvaguarda, apoyándose en argumentos semejantes a los contenidos, en su réplica al libelo genitor, a los cuales añadió  que imperativamente “la norma jurídica vigente fijó los  caracteres con los cuales se deberá registrar, corregir o  modificar la casilla del componente sexo en la cédula de  ciudadanía; incluir una letra diferente a las señaladas por la  reglamentación antes enunciada, trasgrede el ordenamiento  jurídico… el juzgado del conocimiento desconoció las reglas de  reparto de tutela, en tanto, dirigió su orden frente “al  Representante Legal de [la] REGISTRADURÍA NACIONAL DEL  ESTADO CIVIL”, esto es, el Registrador Nacional, y que dentro  de las funciones misionales a su cargo está, garantizar el  derecho fundamental de la personalidad jurídica de los  colombianos, función que se alcanza a través de las  actuaciones administrativas a cargo de la entidad, entre otras,  la expedición de la cédula de ciudadanía”, y,  consecuencialmente, “el trámite que surtió la acción de tutela  del asunto en primera instancia, este, no cumple con el  requisito que fijó el mencionado decreto, esto es que, las  acciones de tutela contra el Registrador Nacional del Estado  Civil, la conocerán los Tribunales Superiores de Distrito  Judicial o a los Tribunales Administrativos, y la competencia la  avocó un juzgado del circuito, aun cuando el ordenamiento  jurídico señaló el trámite a seguir” (f 4, archivo 13, c p).

 

Igualmente, adujo que, no existe  disposición o precedente jurisprudencial que soporte la orden  de primer grado, ya que, “el(la) accionante y el juez constitucional, no apoyaron su argumento en un precedente  jurisprudencial expedido por una corporación de igual  jerarquía o una corporación superior, que haya ordenado  modificar la casilla del componente sexo masculino (M) o  femenino (F), por el de la letra “T”, en la cédula de  ciudadanía; motivo por el cual carece de sustento de  pronunciamiento judicial que permita orientar y sustentar el  argumento y la orden tutelar, como lo es realizar una  modificación como la ordenada en la providencia judicial impugnada (…)

 

“Para la vigencia fiscal 2022, no es posible incorporar la modificación ordenada por el Juez de  primera instancia, esto es, “incorporar la letra T en el  componente Sexo de la cédula de ciudadanía del señor MIKE  NICOLAS”, porque requiere de una modificación estructural de  la forma de identificar a los colombianos y hace necesario  modificar el ordenamiento jurídico, y se requiere de una  asignación presupuestal… Por lo anterior, es necesario que el  juez de segunda instancia ordene vincular al Ministerio de  Hacienda y Crédito Público para que esta entidad, adicione el  presupuesto necesario para el cumplir el fallo de tutela y  amplíe el término de cumplimiento (...)

 

“Es así que, el motivo por el cual no se ha surtido todo lo que implica “incorporar la letra T en el  componente Sexo de la cédula de ciudadanía del señor MIKE NICOLAS”, obedece a la falta de recursos, que estando el país  en déficit o con pocos recursos en medio de la pandemia que  afectó al país y todas las naciones; no es de recibo que el  Juez le ordene al Registrador Nacional del Estado Civil,  cumplir un fallo de tutela que tiene en su esencia un aspecto  presupuestal, toda vez que, realizar la inclusión en la  identificación (cédula de ciudadanía) de una letra diferentes a  las establecidas por la Ley (M o F) requiere de la modificación  de “sistemas, programas y el modelo” establecido por el  marco jurídico y el contrato por la entidad a través de  IDEMIA, lo que requeriría una modificación al componente  contractual y económico contratado con el operador, siendo el  segundo la cuestión de análisis.

 

“En este sentido, resulta improcedente la acción de amparo cuando esta conlleva erogaciones públicas, por considerarlas ilegales e imposibles, pues en tal  Providencia que se explica por sí sola y se lee que forzar  cuestiones que impliquen erogación resulta violatorio de la  propia Constitución”. 

 

Finalizó, aduciendo que, en este asunto, habrían de vincularse, además, a los Ministerios de Salud y Protección Social, del Trabajo y al Departamento  Administrativo Nacional de Estadística (DANE), porque, en suma, tendrían que conceptuar e impartir directrices,  “relacionadas con la identidad de los colombianos(as) con  identificación”, puesto que el fallo conlleva “una  implementación estructural y no inter partes, aspecto último  que olvidó el juez constitucional” (archivo 13, c p).

 

SEGUNDA INSTANCIA

 

A la impugnación, se le imprimió el  trámite de ley, oportunidad en la cual se decretó la práctica  de unas pruebas (archivo 4, c 2). 

 

El juzgado Séptimo Administrativo, en  Oralidad, de Medellín, informó que, “la tutela con radicado  05001333300720210008800, fue proferida por este Despacho  el 10 de marzo de 2020 (sic), fallo que fue impugnado y  mediante sentencia del 23 de abril de 2021 el Honorable  Tribunal Administrativo de Antioquia Revocó la decisión y  amparó el derecho”, cuyas reproducciones aportó, a la vez  que precisó que “el expediente no ha regresado de la Corte  Constitucional y este Despacho no tiene conocimiento si la  tutela fue objeto de revisión por parte de esta Corporación”  (archivo 7, c 2).

 

Mike Nicolás Durán Guio cuestionó el  criterio de la impugnante, después de aludir a que los  aspectos técnicos, operacionales y económicos de la  Registraduría Nacional del Estado Civil no pueden ser  excusas, para no garantizar sus derechos fundamentales,  siendo la cédula de ciudadanía un documento primordial, para  el reconocimiento de su identidad y el ejercicio de aquellas  prerrogativas y de las de naturaleza política y social, por lo  que, “Precisamente, el hecho de que las autoridades del  Estado se nieguen a reconocer mi identidad de género y por  ende, mi personalidad jurídica y demás derechos  fundamentales es el presupuesto para la presente acción de  tutela” (archivo 9, c 2).

 

Los demás contendientes no alegaron. 

 

CONSIDERACIONES

 

En el asunto que concita la atención de la  Sala, la legitimidad en la causa se halla suficientemente  acreditada, por activa y pasiva, salvo la precisión que  adelante se efectuará, incluso, como desarrollo de la  impugnación, porque esta acción la interpuso Mike Nicolás

 

Durán Guio contra la Registraduría Nacional del Estado Civil,  habiéndose integrado el contradictorio, por pasiva, con la Registraduría Especial de Medellín, representadas, en su  orden, por los(as) doctores(as) Alexander Vega Rocha y Alma  Milena del Pilar Marmolejo Camacho, o quienes hicieren sus  veces (Carta Política, artículo 86; Decreto 2591 de 1991,  artículos 10), para lograr la protección de sus fundamentales  derechos de la dignidad humana, la igualdad, la personalidad  jurídica, el buen nombre, el habeas data, el libre desarrollo de  la personalidad y el proceso debido, previstos en la  Constitución Política, artículos 1, 13, 14, 15, 16 y 29.

 

La controversia que la Registraduría Nacional del Estado Civil le plantea al Tribunal, al cuestionar  el fallo del juzgado, en síntesis, gira en torno a que: (i) Se  debe declarar la nulidad del trámite de este resguardo,  porque, de acuerdo con el Decreto 333, de 6 de abril de 2021,  artículo 1, el juez de primer grado no es competente, para  asumir su conocimiento, y debió vincularse a los Ministerios  de Salud y Protección Social, el Trabajo y al Departamento  Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al hallar que,  órdenes, como la impartida en ese pronunciamiento, afectan la actuación de otras autoridades del Estado; (ii) no vulneró  los mencionados derechos fundamentales, al ceñir su  actuación a la legislación vigente, (iii) aquella no se fundó en  norma o precedente judicial que la sustentara, (iv) el  cumplimiento de la sentencia conlleva “una modificación  estructural de la forma de identificar a los colombianos… una  implementación estructural y no inter partes, aspecto último que olvido el juez constitucional” (archivo 13, c p), y (v) se  presentarían erogaciones económicas que afectan el  presupuesto de la Registraduría, a la par que carece de la  respectiva partida, para hacerlo, cuestiones a las cuales  referirá la Sala, para despachar la alzada, junto con otras que  sean necesarias, para acometer esa labor. 

 

Inicialmente, se dirá que, en este socorro,  no se evidencia mácula que afecte el trámite de este medio  tutelar, en la primera instancia, y menos la invocada por la  impugnante, porque quien lo promovió no lo enfiló  “3.…contra las actuaciones del… Registrador Nacional  del Estado Civil”, sino que, por el contrario, pretende,  exactamente, que se ordene a la Registraduría Nacional del  Estado Civil, organismo de carácter nacional[1], “que incorporen  en mi cédula de ciudadanía la letra “T” que me identifica como  una persona trans”, es decir, la vulneración de sus derechos  fundamentales no la derivada de una actuación del señor  Registrador Nacional del Estado Civil, sino de la omisión que  le atribuye a esa entidad, al negarle lo que aquí pretende, por  medio de la comunicación, de 24 de agosto de 2021, que no  suscribió aquel funcionario, sino la “Coordinadora [del] Grupo  Jurídico DNI” (fs 96 a 98, archivo 3, c p) de esa agencia  oficial.

 

Ello, por cuanto, no toda acción de tutela  que involucre al señor Registrador Nacional del Estado Civil,  como representante de esa entidad, sea inexorablemente del  conocimiento, en la primera instancia, de “los Tribunales  Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales  Administrativos”, pues, para que ello acontezca, se requiere  que estén “3… dirigidas contra las actuaciones del...  Registrador Nacional del Estado Civil”, lo cual, como se dijo, no sucede, en este caso, situación que desemboca en  que su conocimiento, en la primera instancia, como sucedió,  es del resorte de “los Jueces del Circuito o con igual  categoría”, según el Decreto 333, de 6 de abril de 2021,  artículo 1 - 2, en armonía con el Decreto 2591 de 1991,  artículo 37.

 

A lo precedente se suma que, en este  caso, no era necesaria la vinculación de los Ministerios de  Salud y Protección Social, el Trabajo, el Departamento  Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, o de la Notaría  26 de Medellín, dado que, la expedición de la cédula de  ciudadanía, como se estila de la Constitución Política, artículo 120[2], la Ley 39 de 1961, artículos 1 a 3, y los Decretos 2241  de 1986, artículo 26 - 4[3] y 1010 de 2000, artículos 5 - 19[4] y  47[5], es de la competencia exclusiva de la Registraduría  Nacional del Estado Civil, directamente y/o a través de sus  dependencias, en este asunto, la Registraduría Especial de  Medellín.

 

Decantado lo anterior, es indispensable esbozar que, en este asunto, no convergen las características de la inmediatez[6], la subsidiariedad y la residualidad (artículo  86 leído), propias de la tutela, como barreras que impidan su  resolución, en el fondo, si se tiene en cuenta que persiste, en  el tiempo, la eventual amenaza o vulneración de los derechos  fundamentales, cuyo auxilio se impetra, ya que la  Registraduría Nacional del Estado Civil se negó a modificar el  campo “sexo”, de la cédula de ciudadanía 1.019.053.091,  expedida a Mike Nicolás, para insertar allí la letra “T”, de  “Trans”, lo cual posibilita que el juez constitucional irrumpa,  para constatar si se le desconocieron o no las mencionadas  prerrogativas.

    

En efecto, sobre la subsidiariedad y la  residualidad, propias de esta acción, la Corte Constitucional, en eventos como el analizado, mutatis mutandis, viene  pregonando que esas características deben ceder, ante (i) la  inexistencia de otro mecanismo ordinario de defensa judicial,  para hacer valer la pretensión, (ii) hallarse, de por medio, una  persona que goza de la especial protección constitucional, por  pertenecer a un grupo, “tradicionalmente marginado y  discriminado”, para quien la falta de la modificación de su  cédula de ciudadanía puede implicar la “vulneración de sus  derechos fundamentales a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad sexual, e incluso su derecho al trabajo y al mínimo vital, pues debido a la falta  de correspondencia entre su físico, su nombre y su  identificación...”, y, porque (iii) “Finalmente, la situación  planteada en la solicitud de amparo pone de manifiesto una  problemática general sobre las limitaciones que tiene la  comunidad transgenerista para acceder al goce efectivo de  sus garantías constitucionales básicas”[7], para cuyo auxilio se  institucionalizó la acción de tutela, en el Código  Constitucional, artículo 86, cuyo propósito no es determinar si  se cumplen o no supuestos de orden legal, sino si se violó o  se amenaza un derecho fundamental, o sea, si la conducta,  activa u omisiva, atribuida a la autoridad o al particular,  infringe o atenta contra prerrogativas de ese rango, cuya  protección deberá brindarse, en el evento de que se  establezca su desconocimiento o su amenaza, ya que la  Constitución es norma de normas (artículo 4) y, en cuanto  tal, la aplicación de otras disposiciones de rango  inferior cede, ante la presencia de preceptos  constitucionales estipulados, para la salvaguarda de los  derechos fundamentales de las personas, en un Estado  social de derecho, como el nuestro, entre cuyas  finalidades se encuentran las de garantizar la  efectividad de los principios, derechos y deberes  estipulados por la Carta Superior y asegurar la  convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (Constitución Política, artículo 2) y que reconoce, sin  discriminación alguna, la primacía de los derechos  inalienables de la persona (artículo 5 in fine).

 

Por ello, el Texto Constitucional, artículo 2, estipula que “Las autoridades de la República están  instituidas para proteger a todas las personas  residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,  creencias, y demás derechos y libertades, y para  asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del  Estado y de los particulares”, y su canon 13 dispone que  “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,  recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades  sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,  origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o  filosófica” (Negrillas ex texto), y su artículo 14 consagra que “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su  personalidad jurídica”.

 

La prerrogativa últimamente citada es reconocida por los instrumentos internacionales, integrados al ordenamiento jurídico de Colombia, como el Pacto  Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 16[8] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 3[9],  con los cuales, según la Corte Constitucional, se “protege el  derecho de todo individuo a que los atributos de la  personalidad jurídica plasmados en el registro civil y  otros documentos de identificación efectivamente se  correspondan con las definiciones identitarias de las personas  y, en caso de que no exista tal correspondencia, debe existir  la posibilidad de modificarlas, lo que resulta de particular  relevancia para el caso de las identidades en tránsito. En todo  caso, los atributos de la personalidad son aquellas  propiedades o características de identidad propias de  las personas físicas o jurídicas en tanto que titulares de  derechos. La integran el nombre, la capacidad de goce, el  domicilio, el patrimonio y el estado civil”[10] (Resaltado a  propósito). 

 

Entre los enunciados atributos de la personalidad, se encuentra el estado civil de las personas, el cual, en conformidad con el Decreto 1260 de 1970, artículo  1º, se define como “su situación jurídica en la familia y la  sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos  derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible,  indisponible e imprescriptible, y su asignación  corresponde a la ley”, cuyo reconocimiento, se formaliza,  mediante la inscripción del nacimiento, en el registro civil, en  el cual, habrán de consignarse, “Los hechos y los actos  relativos al estado civil de las personas” (artículo 5, ídem),  para lo cual, “La inscripción del nacimiento se descompondrá  en dos secciones: una genérica y otra específica. En aquella  se consignarán solamente el nombre del inscrito, “su sexo”,  el municipio y la fecha de su nacimiento, la oficina donde se  inscribió y los números del folio y general de la oficina  central.

 

“En la sección específica se consignarán,  además, la hora y el lugar del nacimiento, el nombre de la  madre; el nombre del padre; en lo posible la identidad de una  y otro, su profesión u oficio, su nacionalidad, su estado civil y  el código de sus registros de nacimiento y matrimonio; el  nombre del profesional que certificó el nacimiento y el  número de su licencia” (artículo 52).

 

De allí que, del Registro civil de  nacimiento de las personas, penda primigeniamente la garantía fundamental de la personalidad jurídica de los  asociados, porque inicialmente permite identificar a las  personas, ante el Estado y la sociedad, derivando de aquel,  inclusive, la expedición de la cédula de ciudadanía, a cargo de  la Registraduría Nacional del Estado Civil, en conformidad con  los dictados de la Constitución Política, artículo 120, la Ley  39, de 1961, artículos 1 a 3, y los Decretos 2241 de 1986,  artículo 26 – 4, y 1010 de 2000, artículo 5, documento al cual “La Constitución y la ley han asignado…, tres funciones  particularmente diferentes pero unidas por una finalidad  común, cual es la de identificar a las personas, permitir  el ejercicio de sus derechos civiles y asegurar la  participación de los ciudadanos en la actividad política  que propicia y estimula la democracia. 

 

“Jurídicamente hablando, la  identificación constituye la forma como se establece la  individualidad de una persona con arreglo a las  previsiones normativas. La ley le otorga a la cédula el  alcance de prueba de la identificación personal, de  donde se infiere que sólo con ella se acredita la personalidad  de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde  se le exija la prueba de tal calidad. En estas condiciones,  este documento se ha convertido en el medio idóneo e  irremplazable para lograr el aludido propósito (...)

 

“En resumen, la cédula de ciudadanía  representa en nuestra organización jurídica, un  instrumento de vastos alcances en el orden social, en  la medida en la que se considera idónea para  identificar cabalmente a las personas, acreditar la  ciudadanía y viabilizar el ejercicio de los derechos  civiles y políticos”[11] (Resaltado no es del texto).

 

Pero también, las personas gozan de la  prerrogativa de definir, en forma autónoma, su identidad  sexual y de género, cuestiones sobre las cuales la  jurisprudencia de la Corte Constitucional, tras analizar su  relación con el concepto “sexo” y exponer el poder simbólico  y político del lenguaje que perpetúa estereotipos y roles sociales que atentan contra la dignidad humana y el libre  desarrollo de su personalidad, y el papel reaccionario y  transformador de la decisión judicial, elucidó que ese  vocablo:

 

“(E)ra comprendido como un atributo  vinculado exclusivamente a las características biológicas de  una persona al momento de su nacimiento y, por lo tanto, un  dato inmodificable. En otras palabras, el sexo de una persona como femenino o masculino, estaba determinado por los órganos genitales con los que se nacía. Esto es, la asignación por la naturaleza o denominada también asignación por  nacimiento. Sin embargo, la visibilización de las  personas intersexuales y las personas transgénero, así  como una mayor definición de los derechos a la libre  orientación sexual y la libre identidad de género, han  transformado esta concepción. Con estos nuevos elementos, en la actualidad, diversos actores e instrumentos dentro del derecho internacional de los  derechos humanos y las legislaciones de otros países  han avanzado hacia una comprensión nueva sobre la  identidad de género como un derecho fundamental.  Muchos de ellos, han admitido la importancia de reconocer el sexo como parte de una construcción identitaria que  surge como consecuencia de una decisión libre y  autónoma del individuo no sujeta entonces a la  genitalidad. Así, una persona con genitales masculinos válidamente puede construir su identidad dentro del género  femenino”[12](Énfasis de la Sala).

 

De modo que, después de asumirse, en el  ámbito jurídico colombiano, el anunciado cambio de  paradigma, al dejar de ser el “sexo” un dato objetivo e  inmutable, en el estado civil de los sujetos, el juez, en el momento de resolver asuntos, como el analizado, deba ser  cuidadoso y realizar un ejercicio de ponderación, donde  considere que:

 

“El objeto del debate circunscrito a la identidad sexual de la persona refiere directamente a lo que ella considera en su fuero interior y a lo que pretende exteriorizar hacia sus semejantes. Entonces, cobra vital importancia la salvaguarda de sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación y la dignidad humana, por cuanto el Estado no puede interponer barrera alguna para que  el individuo decida su desarrollo vital, su modo de ser y  su condición sexual”[13].

 

En el sub examine, de la demanda, sus  contestaciones, los anexos y las pruebas, oportunamente  incorporadas, se desprende que, Mike Nicolás Durán Guio, ciudadano(a) [14] colombiano(a), nacido(a), el 7 de noviembre  de 1990, en Bogotá D C, quien frisa por los 30 años de edad,  previo a este resguardo, promovió otro, para que “la  Registraduría Nacional del Estado Civil y la Notaría 26 de  Medellín… incorporen en mis documentos de identidad la letra  “T” que me identifica como una persona trans”, debido a que,  “en la Notaria 26 de Medellín la persona encargada me  manifestó que la única manera para acceder a mi petición era  que me acercara a la Registraduría Nacional del Estado Civil y  pidiera el aval para que la Notaría 26 de Medellín pudiera  hacer la escritura pública” (fs 9 a 26, archivo 7, c 2), tutela  que correspondió al juzgado Séptimo Administrativo Oral de  Medellín, bajo el radicado 0500133330-07-2021-00088-00,  célula judicial que lo declaró improcedente (fs 54 a 64, ídem),  por medio de su fallo, de 10 de marzo de 2021, el cual, al  ser impugnado, fue revocado por el Tribunal Administrativo  de Antioquia, Sala Quinta[15], mediante la sentencia, de 23 de  abril siguiente, resguardando sus derechos fundamentales y  ordenando, “SEGUNDO: … a la NOTARIA 26 DEL CÍRCULO DE  MEDELLIN, previa cumplimiento de los requisitos señalados  en el Decreto 1227 de 2015 (junio 4), realizar la corrección  del sexo que consta en el registro civil de nacimiento  del accionante, de modo tal que coincida con el sexo  “T” (trans) con el que él se identifica. Una vez efectuado  dicho trámite, deberá enviar copia de la escritura pública a la  Registraduría Nacional del Estado Civil quien deberá efectuar  la modificación del registro civil y entregar una copia del  mismo corregido al accionante” (fs 144 a 153, ídem. Énfasis  del Tribunal), asunto que excluyó de revisión la Corte    

 

Constitucional, por auto, de 19 de julio de 2021 (Decreto  2591 de 1991, artículos 31 a 33), alcanzando ejecutoria aquel  proveído y configurándose, de contragolpe, la denominada  Cosa Juzgada constitucional[16]. 

 

Igualmente, se evidencia que, tras  promoverse el tramite incidental de desacato, a la orden expedida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala  Quinta, en su sentencia, de 23 de abril de 2021, esta se  acató, por medio de la escritura pública N° 912, de 7 de  mayo de 2021, corrida en la Notaría 26 de Medellín (fs 178 a  184), la cual llevó a que la Registraduría Nacional del Estado  Civil le expidiera al pretensor el Registro Civil de su  nacimiento, con NUIP 90110751477 e Indicativo Serial  43881996, en cuya sección genérica se expresa que Mike  Nicolás ostenta el “sexo (en letras) TRANS” (f 204).

 

El cartulario también informa que, en atención a la solicitud que el nombrado Mike Nicolás le  formuló a la Registraduría Nacional del Estado Civil, sobre la “rectificación de cédula de ciudadanía allegada  electrónicamente el 5/08/2021”, la Coordinadora de su Grupo  Jurídico le respondió, por intermedio de la comunicación  G.J.I.-0515, de 24 de agosto pasado, que “al ser la cédula  de ciudadanía el documento a través del cual se  identifican los ciudadanos mayores de edad en Colombia,  los fines de este, aluden en especial a los datos que  identifican a una persona y que produce y administra la RNEC,  dentro de los que se encuentran datos como: nombres,  apellidos, fecha y lugar de expedición del documento, sexo:  masculino o femenino, vigencia del mismo, que se requieren  al momento de preparar un documento de identificación (...)

 

“En consonancia con lo anterior, se debe  tener presente que, la RNEC debe contemplar la unificación y  estandarización de datos personales necesarios para la  identificación común de todos los ciudadanos, que permita  garantizar los fines de la identificación… Es por lo anterior  que, el sistema de identificación que permite la producción de  la cédula de ciudadanía incorpora únicamente los datos que  son los que se personalizan en la cédula amarilla con  hologramas construido bajo los campos de sexo “masculino o  femenino” como datos necesarios para la individualización de  personas, que se preparan desde el material necesario para  permitir la producción documental que requiere de datos  biográficos y biométricos asignando un número único de  identificación personal, que posterior a esto, ingresan a un sistema de validación automático que permite garantizar la  unicidad en la identificación, controles en los cuales no se ha  incorporado el “genero T” como dato para la individualización  desde el enrolamiento de datos hasta la expedición del  documento.

 

“Actualmente, no existe posibilidad técnica que permita realizar la incorporación del género “T” en  un documento de identificación, dado que, el sistema para la  producción de documentos se estructura a partir del  “documento técnico para la producción de documentos de  identidad” el cual establece los campos anteriormente  descritos.

 

“Así las cosas, la rectificación dispuesta actualmente por la Registraduría Nacional del Estado Civil para la expedición del documento desde el  punto de vista técnico no permite la incorporación del  “género T” para la expedición de una cédula de  ciudadanía, motivo por el cual no es viable acceder a su  solicitud” (fs fs 96 a 98, archivo 3, c p. Énfasis de la Sala),  contestación que conoce Mike Nicolás, ya que la aportó, con la demanda, al dolerse de la misma.

 

El aludido recuento factual, normativo, probativo y jurisprudencial, permite concluir, a contra pelo de  lo aseverado por la impugnante, que la Registraduría Nacional  del Estado Civil desatendió sus obligaciones, como autoridad  registral, en especial, las contenidas en la Constitución  Política, artículo 120, la Ley 39 de 1961, y en los Decretos  2241 de 1986 y 1010 de 2000, puesto que, como único  órgano constitucional, designado legamente, como  competente, para administrar lo que toca con la identidad de  las personas y con la expedición, corrección y modificación de  la cédula de ciudadanía, le estaba vedado negarle a Mike  Nicolás Durán Guio corregir ese documento, para incorporar  en el campo “sexo”, su identidad, como persona “Trans”,  dado que conocía y sabía que su registro civil de nacimiento  fue modificado, para incluir en el campo “sexo” esa calidad,  registro civil que sirve de sustento (Ley 39 de 1961, artículo  2), para elaborar, e inclusive, modificar la cédula de  ciudadanía, y al cual, por consiguiente, debe sujetarse esta,  para evitar incongruencias capitales, entre ambos, porque esa  calidad identitaria, constituye un elemento de su estado civil,  el cual, “es indivisible, indisponible e imprescriptible” (Decreto 1260 de 1970, artículo 1º).

 

De la anunciada forma, la Registraduría Nacional del Estado Civil echó por la borda los principios de la  integridad, la congruencia y la indivisibilidad que irradian al  ordenamiento jurídico, desconociéndole, de contera, a Mike Nicolás sus derechos fundamentales a definir autónomamente su orientación sexual, su identidad de género y, con ello, su  dignidad humana, la igualdad, la personalidad jurídica, el  buen nombre y el habeas data, el libre desarrollo de la  personalidad y el proceso debido, cuya protección rogó, previstos en la Constitución Política, artículos 1, 13, 14, 15,  16 y 29, los cuales no pueden ser limitados, ni aun en los  estados de excepción (artículo 214 – 2 ibídem), porque no  fueron dejados a disposición del Estado.

 

La Registraduría Nacional del estado civil  no podía negarse a insertar la letra “T” (Trans), en el campo  “sexo” de la individualizada cédula de ciudadanía, pretextando  que no existe una norma expresa o un precedente judicial que  lo permita o que, cumplir un fallo, como el impugnado,  conllevaría un dispendioso trámite administrativo o un alto  costo presupuestal, o que no existe partida para ello, porque  la Constitución Política, artículo 29, consagra como derecho,  de raigambre fundamental, el proceso debido, definido, en el  escenario de las actuaciones administrativas, por la honorable  Corte Constitucional, como:

 

“(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración,  materializado en el cumplimiento de una secuencia de  actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo  fin está previamente determinado de manera  constitucional y legal”. Ha precisado al respecto, que con  dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado  funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus  propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la  seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”  (Énfasis de la Sala).

 

“Por su parte, esta Corporación ha  enlistado los diversos derechos que integran el debido  proceso administrativo. Al respecto, se ha sostenido:

 

 “hacen parte de las garantías del debido  proceso administrativo, entre otros, los derechos a: (i) ser  oído Durante toda la actuación, (ii) a la notificación  oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la  actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a  que se permita la participación en la actuación desde su inicio  hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante  por autoridad competente y con el pleno respeto de las  formas propias previstas en el ordenamiento jurídico”[17]

 

(Énfasis no es del texto).

 

 

La infracción de los derechos fundamentales no puede prohijarse, ni siquiera bajo  apreciaciones de entidad administrativa, las cuales no están  llamados a soportar los ciudadanos, por no ser los  responsables de la función administrativa y, menos aún,  acudiéndose a que no existe ningún precedente jurídico,  sobre lo que es el objeto de este seguro, porque una  circunstancia de esa índole no está entronizada en nuestro  sistema jurídico, para perpetuar el desconocimiento de las  prerrogativas iusfundamentales, a lo cual se añade que la  orden impartida, en el fallo censurado, dice relación  exclusiva, con la modificación, en el anotado aspecto, de la  cédula de ciudadanía de Mike Nicolás.

 

Interpretaciones, como la arrojada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el sentido de que  el concepto “sexo”, contenido en los documentos de  identidad, como la cédula de ciudanía, configuran un dato, objetivo e inmutable, que solo oscila, entre lo “masculino y  femenino”, referido a la genitalidad, no hacen más que  perpetuar, en el tiempo y socialmente, estereotipos de  género y roles que desdicen de la dignidad humana y el libre  desarrollo de la personalidad de los individuos, en lugar de “reconocer el sexo como parte de una construcción  identitaria que surge como consecuencia de una decisión libre y autónoma del individuo [de] no  [sujetarse] entonces a la genitalidad”[18].

 

También desconoce que, “El derecho a tener una identidad de género se ha conceptualizado como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”, con base en las definiciones adoptadas por Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso los principios de Yogyakarta”[19].

 

La aludida dependencia oficial dejó a la  vera su deber de “proteger a todas las personas  residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,  creencias, y demás derechos y libertades, y para  asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del  Estado y de los particulares” (Carta Política, artículo 2),  sumiendo a Mike Nicolás en el limbo jurídico, en cuanto a su  identidad, infringiéndole las mencionadas prerrogativas fundamentales, al negarle, como se expuso, la modificación  de su cédula de ciudadanía, documento que, siguiendo las previsiones de la Constitución Política, artículos 96 y 98, la  Ley 39 de 1961,y los Decretos 2241 de 1986 y 1010 de 2000,  “no sólo constituye el medio o instrumento idóneo de  identificación de los ciudadanos tendiente a determinar  su individualidad, sino que además acredita su mayoría de  edad y en consecuencia lo habilita para ejercer sus derechos  civiles y políticos… En estas condiciones, este documento se  ha convertido en el medio idóneo e irremplazable para lograr  el aludido propósito”[20](Énfasis de la Sala).

 

No podía olvidar la Registraduría Nacional  del Estado civil que la acción de tutela se concibió, para la  “protección inmediata de sus derechos constitucionales  fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados  o amenazados por la acción o la omisión de cualquier  autoridad pública” (C Política, artículo 86), ni tampoco que “El  juez que conozca de la solicitud podrá tutelar el derecho,  prescindiendo de cualquier consideración formal y sin ninguna  averiguación previa, siempre y cuando el fallo se funde en un  medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e  inminente violación o amenaza del derecho” (Decreto 2591 de  1991, artículo 18).

 

“La decisión y órdenes contenidas en la parte resolutiva de las sentencias de tutela siempre tienen  efectos “inter partes”, siendo los efectos “inter comunis” o  “inter pares””[21], que son excepcionales y potestativos  exclusivamente de la Corte Constitucional, por lo que, como  se explayó, el cumplimiento de la cuestionada sentencia se remite únicamente a la modificación de la cédula de  ciudadanía de Mike Nicolás Durán Guio y no a la de  todos los ciudadanos colombianos, allende que la orden  que contiene no implica el cambio del formato, utilizado por  la Registraduría Nacional del Estado Civil, para la elaboración  de ese documento, siendo prudente el término concedido,  para su acatamiento, inclusive, en presencia de su eventual  selección, para su revisión, por la honorable Corte  Constitucional (Decreto 2591 de 1991, artículos 31 a 33).

 

En suma, por las anotadas razones, se imponía dispensarle a Mike Nicolás Durán Guio la ayuda  constitucional que deprecó, lo cual converge en la  confirmación del proveído impugnado, aunque con la adición, consistente en que igualmente se le protegerá sus derechos  fundamentales de la igualdad, el buen nombre, el habeas data, la identidad de género y el proceso debido (Constitución  Política, artículos 13, 15, 16 y 29), vulnerados por la  Registraduría Nacional del Estado Civil y su Registraduría  Especial de Medellín. 

 

DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal  Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Catorce de  Decisión de Asuntos Penales Para Adolescentes,  administrando justicia, en nombre de la República y por  autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia, de fecha,  naturaleza y procedencia, indicada en las motivaciones, con la  ADICIÓN, consistente en que igualmente se le protege a  Mike Nicolás Durán Guio, identificado(a) con la cédula de  ciudadanía 1.019.053.091, sus derechos fundamentales de la  igualdad, el buen nombre, el habeas data, la identidad de  género y el proceso debido, vulnerados por la Registraduría  Nacional del Estado Civil y su Registraduría Especial de  Medellín, representadas, en su orden, por los(as) doctores(as)  Alexander Vega Rocha y Alma Milena del Pilar Marmolejo  Camacho, o quienes hicieren sus veces.

 

Notifíquese esta providencia, personalmente, mediante correo electrónico, o por el medio más expedito, a las partes, y comuníquese al a quo, a quien se enviará su copia. Después, remítase oportunamente el expediente, a la honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión, con observancia de su Boletín N° 114, de 6 de julio de 2020 y el Acuerdo PCSJA20-11594, de 13 de julio de 2020, del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.

 

CÓPIESE Y CÚMPLASE

 

DARÍO HERNÁN NANCLARES VÉLEZ

 

 MAGISTRADO

 

 EDINSON ANTONIO MÚNERA GARCÍA

 

 MAGISTRADO

 

 JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ CALLE 

 

MAGISTRADO