SENTENCIA SU 041 DE 2022

 

(Febrero 10)

 

Referencia: expediente T-8.307.631

 

Acción de tutela instaurada por José Darío Pérez Valencia contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia

 

Magistrado Ponente:

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

 

Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente,

 

SENTENCIA

 

En el trámite de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2020, y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Civil de la misma corporación el 15 de abril de 2021, dentro del proceso de tutela promovido por José Darío Pérez Valencia en contra de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

 

I. ANTECEDENTES

 

A. LA DEMANDA DE TUTELA

 

1. Solicita el accionante la protección de sus derechos al debido proceso, a la igualdad ante la ley, a la seguridad social, al mínimo vital, y a la protección de la tercera edad, que considera fueron vulnerados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (en adelante, “CSJ”) dentro del proceso ordinario laboral promovido por aquel contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones^[1], en el que pretende se le reconozca la pensión de vejez. Manifiesta que la violación de sus garantías se produjo con dos providencias judiciales, los autos (i) del 17 de julio de 2019, mediante el cual la corporación accionada declaró desierto el recurso extraordinario de casación presentado por su apoderado contra la sentencia del 24 de septiembre de 2018 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; y (ii) del 22 de enero de 2020, que resolvió no reponer el proveído del 17 de julio de 2019.

 

2. El actor indica que la CSJ declaró desierto el recurso al considerar que el abogado que presentó la demanda de casación -Luis Julio Dassa Pérez- carecía de legitimación adjetiva para hacerlo, toda vez que el abogado que le sustituyó el poder -Diego Fernando Cortés Henao- lo había reasumido previamente al radicar un memorial autorizando a una persona para retirar copias del expediente. Y en aplicación del artículo 75 del Código General del Proceso (en adelante, “CGP”), determinó que con la reasunción del poder por parte del abogado principal, se entendía revocado el poder al sustituto, razón por la cual este no estaba facultado para presentar la demanda de casación a nombre del accionante.

 

3. Para el actor, la CSJ incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al aplicar en forma exegética y aislada el artículo 75 CGP, que prohíbe la actuación simultánea por parte de más de un apoderado judicial de la misma persona, lo que en su criterio no sucedió, ya que sus abogados nunca intervinieron en forma concomitante dentro del proceso. A su juicio, la postura en extremo ritualista asumida por la CSJ terminó privilegiando lo formal sobre lo sustancial, pues lo dejó desprovisto de la posibilidad de ejercer el recurso extraordinario de casación con el fin de obtener el reconocimiento a su favor de la pensión de vejez, muy a pesar de que es un sujeto de especial protección, teniendo en cuenta que cuenta con 71 años -para la fecha de instauración del amparo-, y carece de ingresos para sostenerse.

 

4. Por lo anterior, a título de restablecimiento de los derechos que aduce conculcados, solicita al juez de tutela dejar sin efecto los autos proferidos por la Sala de Casación Laboral de la CSJ el 17 de julio de 2019 y 22 de enero de 2020, y en su lugar dé trámite a la demanda de casación presentada en su nombre por el abogado Luis Julio Dassa Pérez.

 

B. HECHOS RELEVANTES

 

5. Relata el actor que en reiteradas ocasiones ha solicitado el reconocimiento de su pensión de vejez ante Colpensiones, la cual ha negado sus peticiones arguyendo que no es posible computar, como lo pretende el accionante, las cotizaciones realizadas en el sector público y privado, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 049 de 1990^[2].

 

6. El 9 de marzo de 2017, el accionante, a través de su apoderado Diego Fernando Cortés Henao, presentó demanda ordinaria laboral en contra de Colpensiones, con la pretensión de que esta reconociera su favor la pensión de vejez, cuyo conocimiento correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, bajo el radicado número 660013105004201700124^[3].

 

7. El 26 de julio de 2017, el abogado Diego Fernando Cortés Henao sustituyó el poder al abogado Luis Julio Dassa Pérez, quien, en consecuencia, asumió como apoderado del aquí accionante dentro del proceso en cuestión^[4].

 

8. Mediante sentencia del 21 de septiembre de 2017, dicho juzgado condenó a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión de vejez a favor del actor a partir del 30 de diciembre de 2008, así como al pago de una suma por concepto de retroactivo. Contra esta decisión, tanto el demandante -a través de su apoderado Dassa Pérez- como la demandada, interpusieron recurso de apelación^[5].

 

9. En sentencia de segunda instancia proferida el 24 de septiembre de 2018, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira revocó la decisión apelada y en su lugar absolvió a Colpensiones de todas las pretensiones^[6].

 

10. Contra esta decisión el accionante, por intermedio del abogado Dassa Pérez presentó recurso extraordinario de casación^[7], el cual fue concedido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en auto del 30 de octubre de 2018.

 

11. El 30 de enero de 2019, la Sala de Casación Laboral de la CSJ admitió el  recurso bajo el radicado número 83203, y ordenó correr traslado a la parte recurrente para la presentación de la correspondiente demanda de casación^[8].

 

12. El 25 de febrero de 2019, el abogado Diego Fernando Cortés Henao presentó un memorial a la Secretaría de la Sala de Casación Laboral de la CSJ en el que manifestó que “obrando como apoderado del señor JOSÉ DARÍO PÉREZ VALENCIA … autorizo a JUAN SEBASTIÁN MURILLO CORTÉS… para que solicite respetuosamente de copia [sic] de todos los CDs (4) los cuales se encuentran en el expediente.”^[9]

 

13. En la misma fecha, la Secretaría de la Sala de Casación Laboral de la CSJ expidió constancia de expedición de los cuatro medios magnéticos “de acuerdo a la solicitud realizada por Juan Sebastián Murillo Cortés autorizado por el abogado Diego Fernando Cortés Henao para que en su nombre retire los medios magnéticos solicitados.”^[10]

 

14. El 5 de marzo de 2019, el abogado Luis Julio Dassa Pérez, invocando la calidad de apoderado de José Darío Pérez Valencia, presentó la demanda de casación^[11].

 

15. Con auto del 17 de julio de 2019 la Sala de Casación Laboral de la CSJ declaró desierto el recurso de casación por falta de legitimación adjetiva del apoderado que presentó la demanda -Dassa Pérez-, toda vez que “el apoderado principal [Cortés Henao] reasumió su mandato desde que presentó memorial ante esta Corporación, en la que autorizaba a un tercero a que solicitara copia de los audios que reposaban en el expediente, es así que desde el momento en que el apoderado principal actuó … reasumió el mandato, por lo que la sustitución que había concedido quedó automáticamente revocada; tal como lo contempla el inciso final del artículo 76 [sic] del Código General del Proceso-aplicable a los juicios del trabajo y la seguridad social por remisión del artículo 145 del CPT y SS-, que establece: ‘Quien sustituya el poder podrá reasumirlo en cualquier momento, con o cual quedará revocada la sustitución.”^[12]

 

16. Mediante auto del 22 de enero de 2020^[13], notificado por estado el 1° de julio de 2020^[14], la Sala de Casación Laboral de la CSJ resolvió no reponer el auto del 17 de julio de 2019.

 

C. RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS

 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia

 

17. La Sala de Casación Laboral de la CSJ manifestó que las decisiones tomadas a través de las providencias CSJ AL2819-2019 y CSJ AL079-2020, mediante las cuales declaró desierto el recurso extraordinario de casación por falta de legitimación adjetiva y decidió no reponer la decisión tomada, respectivamente, fueron debidamente motivadas y no vulneran ningún derecho fundamental del accionante que amerite un amparo en sede constitucional.

 

18. Mencionó además que el hecho de que el demandante no esté de acuerdo con la decisión adoptada en estas providencias no da lugar a la procedencia de la  tutela.

 

Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

 

19. Colpensiones solicitó negar el amparo toda vez que no se advierte que la CSJ haya cometido irregularidad alguna al declarar desierto el recurso extraordinario de casación.

 

Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales – P.A.R.I.S.S.

 

20. El Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS solicitó ser desvinculado de esta acción teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2011 de 28 de septiembre de 2012, Colpensiones debe resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales, incluyendo aquellas que habiendo sido presentadas ante el I.S.S., no se hubieren resuelto a la entrada en vigor del citado Decreto.

 

D. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN

 

Primera instancia: sentencia de tutela de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia

 

21. En sentencia de tutela del 22 de septiembre de 2020, la Sala de Casación Penal de la CSJ resolvió negar el amparo bajo el argumento de que no puede el juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios del juez ordinario laboral, toda vez que la acción de tutela no constituye una instancia adicional en la que se puedan discutir asuntos de tipo procesal, por el simple hecho de afectar a una de las partes en el litigio. No obstante, indicó que la Sala Laboral de la misma corporación actuó en derecho al declarar desierto el recurso extraordinario de casación.

 

Impugnación

 

22. Manifestó el accionante en su escrito de impugnación que lo que solicita al juez de tutela es que le permitan acceder al juez de casación teniendo en cuenta que por un exceso ritual manifiesto se le negó una respuesta de fondo a la sentencia de casación que fue presentada por el abogado sustituto, con lo cual se le está limitando además el disfrute de su pensión de vejez.

 

23. Menciona también que no está solicitando el reconocimiento de su derecho pensional, aunque podría ser concedido en forma temporal dada su condición de vulnerabilidad debido a su edad; sino que le sea amparado su derecho al debido proceso y, en consecuencia, se deje sin efectos la decisión tomada por la Sala de Casación Laboral de la CSJ de declarar desierto el recurso extraordinario de casación.

 

Segunda instancia: sentencia de tutela de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia

 

24. La Sala de Casación Civil de la CSJ, en sentencia de tutela del 15 de abril de 2021, resolvió confirmar la sentencia impugnada. En concreto, señaló que no puede entenderse que constituye una vía de hecho que la Sala Laboral de la CSJ haya declarado desierto el recurso extraordinario de casación. Estableció también la Sala que la discrepancia en relación con la decisión tomada por el juzgador no hace procedente por sí mismo el amparo constitucional.

 

E. PRUEBAS DECRETADAS Y APORTADAS EN EL TRÁMITE DE REVISIÓN

 

25. En desarrollo del trámite de revisión, con fundamento en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 “Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”, mediante auto de 27 de octubre de 2021, el magistrado sustanciador decretó la práctica de pruebas a fin de obtener copia digital del expediente del proceso ordinario laboral promovido por el accionante que se encuentra en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, bajo el número de radicado 66001-31-05-004-2017-00124.

 

26. El 08 de noviembre de 2021 el mencionado despacho judicial remitió a la Secretaría General de la Corte el vínculo de acceso para la consulta electrónica del expediente del proceso ordinario laboral.

 

II. CONSIDERACIONES

 

A. COMPETENCIA

 

27. Esta Sala es competente para conocer de las decisiones objeto de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

28. Este expediente T-8.307.631, fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número 8, mediante auto del 30 de agosto de 2021, bajo el criterio objetivo de la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial^[15]. Adicionalmente, por tratarse de una tutela contra una providencia judicial de la Sala de Casación Laboral de la CSJ, el 28 de octubre de 2021 la Sala Plena asumió la competencia para conocer de este asunto, con fundamento en el artículo 61 del Reglamento de esta corporación^[16].

 

B. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

 

29. Con el fin de garantizar la efectividad de los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, cosa juzgada y seguridad jurídica, esta corporación ha entendido que por regla general la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, ya que esta no se encuentra prevista como una instancia adicional para reabrir controversias ya resueltas por los jueces ordinarios en el marco de sus competencias, a través de decisiones que gozan de presunción de acierto y legalidad. Sin embargo, también ha dicho este tribunal que la Constitución prevé un mecanismo para la protección efectiva e inmediata de derechos fundamentales ante amenazas o vulneraciones por parte de cualquier autoridad pública, lo que incluye también a los órganos jurisdiccionales^[17]. Esto ha llevado a la Corte a afirmar que, solo de manera excepcional, y sujeto al estricto cumplimiento de ciertos requisitos, la acción de tutela también procede contra providencias judiciales^[18].

 

30. En este sentido, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales que se deben reunir para concluir la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, a saber: “(i) relevancia constitucional: el juez de tutela solo puede resolver controversias de orden constitucional con el objeto de procurar la materialización de derechos fundamentales, no puede inmiscuirse en controversias legales. (ii) Subsidiariedad: el actor debió agotar todos los “medios –ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial”, excepto cuando el recurso de amparo se presente como mecanismo transitorio. (iii) Inmediatez: la protección del derecho fundamental debe buscarse en un plazo razonable. (iv) Irregularidad procesal decisiva: si lo que se discute es la ocurrencia de una irregularidad procesal, aquella debe ser determinante en la vulneración de derechos fundamentales. (v) Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho: el accionante debe enunciar los hechos vulneradores y los derechos conculcados, también es necesario que ello se haya alegado en el proceso judicial –siempre que haya sido posible–. Y, (vi) que no se ataquen sentencias de tutela: esto porque las controversias sobre derechos fundamentales no pueden extenderse en el tiempo. (…) Además de lo dicho, es necesario que en el proceso de tutela se acredite la correspondiente legitimación en la causa por activa y por pasiva, en los términos expuestos por la jurisprudencia constitucional.”^[19]

 

31. Adicionalmente, esta corporación también ha precisado que el análisis para determinar la procedibilidad de una tutela interpuesta contra una providencia judicial proferida por alguna de las altas cortes es aún más excepcional^[20]. En reciente pronunciamiento, la Sala Plena indicó:

 

“[E]n los casos en los que acción de tutela se dirige contra sentencias de las altas Cortes, la sustentación de los requisitos generales de procedencia requiere de una argumentación cualificada. […]

 

Lo anterior porque las altas Cortes, como lo ha destacado esta Corporación, cumplen un rol especial en el sistema judicial, en la medida en que son los órganos de cierre de sus respectivas jurisdicciones. En esta medida, ellas establecen precedentes al momento de interpretar las normas aplicables a cada uno de los casos que juzgan. Estos precedentes pueden ser horizontales o verticales. Como se precisó en la Sentencia SU-053 de 2015, “(…) el precedente horizontal hace referencia al respeto que un juez debe tener sobre sus propias decisiones y sobre las tomadas por jueces de igual jerarquía, mientras que el vertical apunta al acatamiento de los fallos dictados por las instancias superiores en cada jurisdicción, encargadas de unificar la jurisprudencia. […]

 

La especial importancia que tienen las sentencias de las altas Cortes ha llevado a esta Corporación a fijar un estándar de argumentación y de análisis más riguroso de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. La Corte ha considerado que la tutela contra sentencias del Consejo de Estado, como en el caso sub examine, implica un grado de deferencia mayor por parte del juez constitucional, pues se trata de decisiones proferidas por el órgano límite de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por disposición expresa del constituyente (art. 237 C.P.) y que, en principio, están cobijadas por una garantía de estabilidad mayor que las decisiones proferidas por otros jueces, en razón de su papel en el ordenamiento jurídico”^[21].

 

32. Bajo tales parámetros, antes de definir el problema jurídico se analizará la procedencia de la tutela en este caso, toda vez que el accionante dirige el amparo en contra de dos decisiones judiciales proferidas por la Sala de Casación Laboral de la CSJ.

 

Análisis de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

 

33. Legitimación por activa. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En esta oportunidad, el accionante actúa en forma directa y en defensa de su derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia, de los cuales es titular. Por lo tanto, se encuentra legitimado para intervenir en esta causa.

 

34. Legitimación por pasiva. De conformidad con el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, “la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”. En efecto, la presente acción se dirige contra la Sala de Casación Laboral de la CSJ, autoridad pública que profirió las decisiones judiciales que el accionante acusa de haber vulnerado sus derechos. Por lo tanto, es claro que existe legitimación por pasiva respecto de dicha corporación.

 

35. En ese punto es pertinente señalar que la Sala de Casación Penal de la CSJ, actuando como juez de tutela de primera instancia, vinculó al proceso como terceros con interés tanto a Colpensiones como al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales. Frente a la primera, se trata de una empresa industrial y comercial del Estado^[22] encargada de atender las pretensiones del accionante en materia pensional, que además tiene interés directo en el proceso de tutela, por cuanto fue parte dentro de la actuación judicial en cuyo marco se profirió la providencia cuestionada, todo lo cual permite predicar de ella legitimación por pasiva en el presente proceso.

 

36. En cuanto al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, la Sala destaca que este último solicitó ser desvinculado del trámite toda vez que el reconocimiento de los derechos pensionales causados en cualquier tiempo corresponde de forma exclusiva a Colpensiones. En tal virtud, y como quiera que dicha petición no fue resuelta por los jueces de instancia, se dispondrá su desvinculación por cuanto no tuvo participación en los hechos que el actor pone de presente como lesivos de sus garantías fundamentales. Además, al no haber sido parte dentro del proceso judicial que dio lugar a la instauración del amparo, es claro que no le asiste interés en las resultas del presente trámite constitucional.

 

37. Relevancia constitucional. El análisis de relevancia constitucional busca garantizar que el juez constitucional se pronuncie sobre asuntos que busquen definir el alcance de un derecho fundamental^[23], y en general sobre asuntos de carácter constitucional, que no sobre aspectos netamente legales, ya que estos últimos son de la órbita exclusiva del juez ordinario.

 

38. Más allá de ser un asunto de naturaleza meramente legal discutido en sede de la jurisdicción ordinaria laboral, la declaratoria como desierto del recurso de casación presentado por el accionante contra la sentencia de segunda instancia que negó su pretensión de reconocimiento de pensión de vejez, tiene significativa injerencia en la eficacia de garantías y principios de carácter constitucional como el derecho fundamental al debido proceso (art. 29 de la Constitución), el derecho de acceso a la administración de justicia o a la tutela judicial efectiva (art. 229 Ibidem) y el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal (art. 228, Ibidem). Además, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto alegado por el accionante, también repercutiría, no solo en sus garantías procesales, sino en su derecho al mínimo vital, ya que ha quedado desprovisto del ejercicio del último recurso judicial a su disposición para reclamar el reconocimiento de la pensión de vejez a su favor.

 

39. Subsidiariedad. Cuando se controvierten en sede de tutela decisiones de carácter judicial el requisito de subsidiariedad se torna más exigente y en consecuencia debe verificarse que el accionante haya agotado todos los recursos de defensa judicial, ordinarios y extraordinarios a su alcance, a menos que con el amparo se busque evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

 

40. Como se anotó -supra numeral 1-, en el presente caso, la demanda de tutela se dirige en contra dos decisiones judiciales proferidas por la Sala de Casación Laboral de la CSJ: (i) el auto del 17 de julio de 2019 que declaró desierto el recurso de casación del actor; y (ii) el auto del 22 de enero de 2020 que no repuso dicha decisión. Contra el primer proveído cabía únicamente el recurso de reposición^[24], que fue efectivamente ejercido por el demandante; contra el segundo, que resolvió la reposición, no procedía recurso alguno^[25]. Por consiguiente, la demanda de tutela satisface el requisito de subsidiariedad ya que el actor no cuenta con otro mecanismo dentro del proceso ordinario para reclamar la protección de las garantías fundamentales que, según manifiesta, le fueron quebrantadas por la declaratoria de desierto del recurso extraordinario de casación.

 

41. Inmediatez. Este requisito se refiere a la carga que tiene el accionante de interponer la tutela dentro de un plazo prudente, razonable y proporcionado a partir del evento generador de la supuesta amenaza o vulneración a sus derechos fundamentales y la solicitud de amparo, so pena de que se determine su improcedencia^[26]. Así, aunque la acción de tutela no tiene un término de caducidad para su formulación, ello no implica que se pueda acudir a este mecanismo en cualquier momento, considerando que su objetivo y naturaleza radican en “la protección inmediata” de las garantías fundamentales que resulten amenazadas o vulneradas por la acción u omisión de una autoridad pública o un particular^[27].

 

42. En el asunto en cuestión, mediante proveído de 22 de enero de 2020 la Sala de Casación Laboral de la CSJ decidió no reponer el auto de 17 de julio de 2019 que declaró desierto el recurso de casación. Esta decisión fue notificada el 01 de julio de 2020^[28] y el 3 de agosto del mismo año^[29], se presentó la demanda de tutela por parte del accionante. Por lo tanto, esta exigencia se encuentra satisfecha.

 

43. Efecto determinante de la irregularidad procesal alegada. Menciona el accionante en el escrito de tutela y de impugnación que la CSJ incurrió en el defecto procedimental de exceso ritual manifiesto al declarar desierto el recurso extraordinario de casación por ausencia de legitimidad adjetiva. Citando la sentencia T-599 de 2009, señala que esta corporación ha establecido que “en relación con el derecho de acceso a la administración de justicia el defecto se produce, cuando por un exceso ritual manifiesto se entraba este acceso, es decir, cuando “un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia”^[30].

 

44. Así, el actor alega que si la CSJ hubiese tenido como su apoderado al abogado que lo venía representando durante el proceso y que presentó la demanda de casación, se habría producido un pronunciamiento de fondo por parte del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral respecto de su sus pretensiones. Esto no ocurrió, debido a que, por cuenta de una autorización para retiro de copias presentada por el abogado Cortés Henao, la CSJ optó por concluir que el abogado Dassa Pérez ya no tenía poder para seguir representando sus intereses, y desestimó la demanda que este presentó con el objeto de que, en sede de casación, se le reconociera su pensión de vejez. Esto lleva al accionante a afirmar que la CSJ convirtió la norma procesal en un obstáculo para la materialización de su derecho sustancial, y en una denegación de justicia.

 

45. La Sala nota que la irregularidad alegada por el accionante sí tiene un efecto determinante en sus garantías fundamentales, pues implicó para él quedar desprovisto del último recurso judicial con que contaba dentro del proceso para reclamar el reconocimiento de la pensión de vejez. De tal suerte que no se trata de una situación intrascendente; por el contrario, trajo implicaciones que definieron la suerte del proceso y repercutieron en la eficacia de los derechos del actor al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

 

46. Que no se trate de sentencias de tutela. Esta solicitud de tutela se dirige contra dos autos proferidos por la Sala de Casación Laboral de la CSJ proferidos dentro de un proceso ordinario laboral. Por lo tanto, se cumple con la regla de improcedencia de tutela contra providencias de tutela.

 

47. Así las cosas, como quiera que la presente acción de tutela satisface los requisitos generales de procedencia, le corresponde a la Sala entrar a examinar el fondo de los planteamientos puestos de presente por el accionante, para lo cual habrá de establecerse si la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto procedimental de exceso ritual manifiesto en contravía del principio de prevalencia del derecho sustancial, y en desmedro de las garantías fundamentales del accionante. En caso afirmativo, deberán ordenarse las medidas necesarias para su efectiva protección o restablecimiento.

 

C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN

 

48. De conformidad con los fundamentos fácticos expuestos, corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico: ¿La decisión de la Sala de Casación Laboral de la CSJ de declarar desierto el recurso de casación del accionante, al considerar que el abogado sustituto que presentó la demanda de casación no estaba legitimado porque el abogado principal había reasumido el mandato con la radicación de una autorización para retiro de copias, constituye un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto lesivo de los derechos fundamentales del actor al debido proceso y al acceso a la administración de justicia?

 

49. Para estos efectos (i) se reiterarán las reglas jurisprudenciales de procedencia específica de la tutela contra providencias judiciales, teniendo en cuenta que ya se surtió el análisis de procedencia general -ver supra numerales    32    a  44 --; (ii) se reiterará la jurisprudencia de esta corporación sobre el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto; (iii) se analizará el contenido del artículo 75 del CGP, la figura de la sustitución del poder y la prohibición de actuación simultánea de apoderados de que trata dicha norma; (iv) se hará una referencia al debido proceso y su relación con el principio de prevalencia del derecho sustancial, y (v) se solucionará el problema jurídico planteado para el caso concreto.

 

D. CAUSALES ESPECÍFICAS DE PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

 

50. En múltiples sentencias esta corporación se ha ocupado de precisar el contenido de las circunstancias que determinan si una decisión judicial ha incurrido o no en una violación al debido proceso, y que la jurisprudencia constitucional ha denominado causales o requisitos específicos de procedibilidad^[31].

 

51. A partir de lo decantado en sus pronunciamientos, tales causales, y los supuestos para su configuración, se pueden reseñar en los siguientes términos: “(i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la decisión carece absolutamente de competencia para ello; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (iv) error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; (v) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; (vi) desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado; (vii) violación directa de la Constitución.”^[32]

 

52. En este sentido, tal y como se ha reiterado también en la jurisprudencia de la Corte, la verificación de los aludidas causales debe ser rigurosa, ya que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional para debatir asuntos legales ya zanjados en el proceso adelantado ante la correspondiente jurisdicción, ya que esto desnaturalizaría el fin con el que el Constituyente la concibió.

 

E. DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO

 

53. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se configura cuando “el juez renuncia a conocer un caso de fondo y a proteger un derecho sustancial como resultado de una aplicación irreflexiva de las normas procedimentales”^[33]. Este defecto encuentra fundamento en los artículos 29 y 228 de la Constitución, que prevén no solo la garantía del derecho al debido proceso y de acceso efectivo y real a la administración de justicia, sino que además establecen el principio de prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales -art. 228 de la Carta-. Es por esto que se ha interpretado que las normas procesales constituyen “un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos”^[34] y no pueden por consiguiente constituirse en una barrera de acceso a la garantía de aplicación y protección del derecho sustancial.

 

54. Asimismo, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto “no se configura ante cualquier irregularidad”^[35] ni con la aplicación de cualquier norma procedimental. Su alcance, ha dicho la Corte, “hace imprescindible el análisis casuístico que frente a un escenario de conflicto y contraposición de intereses procura brindar en cada caso un equilibro entre las formas propias del juicio y la obligación de preservar el derecho sustancial”.^[36] En este sentido, son múltiples los pronunciamientos de la Corte en los que ha reiterado que “las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas”^[37].

 

55. Lo anterior en modo alguno se traduce en una licencia al juez o a las partes para apartarse caprichosamente de las reglas procesales. En principio, estas son de obligatoria observancia, no solo porque se encuentran contenidas en normas de orden público^[38] que, entre otros aspectos, aseguran que el Estado, a través de sus jueces, administre justicia en forma igualitaria, y no al arbitrio de los funcionarios o de las partes. No obstante, lo que sí exige el ordenamiento constitucional es que la interpretación de las reglas procesales se lleve a cabo a la luz de los postulados superiores que aquel consagra. Esto impone al juez valorar si, frente a una situación específica, la aplicación irreflexiva de una norma procesal desencadena un escenario de afectación desproporcionada de garantías fundamentales incompatible con la Carta. En estos eventos excepcionales, a efecto de no incurrir en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, el funcionario deberá armonizar dicha regla procesal con los principios constitucionales a los que aquella debe sujetarse^[39].

 

56. En este orden de ideas, la Corte, al analizar las circunstancias particulares de ciertos casos, ha aceptado incluso la posibilidad de morigerar la estricta aplicación de la norma procedimental, cuando esta, en lugar de servir como instrumento para materializar el derecho sustancial, lo obstaculiza. En este sentido, se destacan los siguientes fallos:

 

 

 

57. Esta relación de providencias muestra cómo la jurisprudencia de la Corte ha sido reiterada en la interpretación del principio constitucional consagrado en el artículo 228 de la Carta, acerca de la prevalencia del derecho sustancial. Según este, las formas procesales han sido instituidas para garantizar la materialización de los derechos subjetivos. Como se indicó -supra núm. 55-, si bien estas cobran especial importancia como garantía de igualdad y de seguridad jurídica, y son, por regla general, de obligatorio cumplimiento, su aplicación no puede ser irreflexiva al punto de convertirlas en límites infranqueables y desproporcionados para el acceso efectivo a la administración de justicia.

 

F. REPRESENTACIÓN JUDICIAL, SUSTITUCIÓN DE PODER Y PROHIBICIÓN DE ACTUACIÓN SIMULTÁNEA DE APODERADOS

 

58. El artículo 229 de la Constitución reconoce a favor de toda persona el derecho de acceder a la administración de justicia, y establece que “[l]a ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.” Es decir, el Constituyente atribuyó al Legislador la potestad para determinar en qué eventos la persona puede actuar directamente ante la judicatura, y en cuáles debe hacerlo por intermedio de profesional del derecho, en quien recae el derecho de postulación^[40].

 

59. En materia laboral, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social establece en su artículo 33 que las partes pueden actuar por sí mismas en procesos de única instancia y en audiencias de conciliación, lo que implica que, en los demás procesos, deben estar representadas por abogados. Y como bien se anota en la providencia aquí cuestionada -supra numeral 15-, al proceso laboral le son aplicables, por la remisión que hace el artículo 75 ibidem, las normas del Código General del Proceso (CGP).

 

60. La Sección Segunda, Título Único, Capítulo Cuarto del CGP, regula el apoderamiento judicial. Entre otros aspectos, esta normatividad define el derecho de postulación (artículo 73), fija los requisitos para el otorgamiento de poderes (artículo 74), y establece las reglas para la designación y sustitución de apoderados (artículo 75), la terminación del poder (artículo 76), y las facultades de aquellos (artículo 77). Particularmente el artículo 75 señala tres reglas que resultan pertinentes para el caso en cuestión: (i) el apoderado puede sustituir el poder a otro abogado, siempre que ello no se encuentre expresamente prohibido en el mandato; (ii) el apoderado que sustituye un poder puede reasumirlo en cualquier momento, con lo cual queda revocada la sustitución; y (iii) en ningún caso puede actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona.

 

61. En relación con la prohibición de participación simultánea, esta disposición tiene origen en el artículo 268 del Código Judicial -Ley 105 de 1931-, que establecía: “en ningún caso pueden gestionar dos o más apoderados de una misma persona. Si en el poder se mencionan varios, se consideran, el primero, como apoderado principal, y los demás sustitutos en su orden.” Posteriormente, el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil – Decreto Ley 1400 de 1970- consagró en su primer inciso que: “en ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona”. Disposición que se replicó en forma exacta en el mencionado artículo 75 del CGP.

 

62. Esta regla procesal de prohibición de actuación simultánea ha sido justificada por la doctrina en el sentido de que así como “a cada sujeto de derecho le asiste la facultad de designar su representante judicial dentro de un proceso … no puede haber más abogados actuando que el número de personas reconocidas dentro del proceso.”^[41]

 

63. Frente al significado literal de la expresión actuación simultánea, la Corte ha acudido de manera específica a la definición que trae el diccionario de la Real Academia Española, para establecer que el término simultáneo se dice “…de una cosa: Que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra.”^[42]. Bajo esta comprensión, es dable afirmar que la norma procesal de vieja data ha prohibido que dos o más apoderados judiciales actúen a nombre de la misma persona, al mismo tiempo, y dentro de un mismo proceso.

 

64. Ahora bien, en relación con la regla de prohibición de actuación simultánea de apoderados, es necesario establecer qué se debe entender de manera específica por actuación procesal, frente a lo cual la doctrina ha determinado que “los actos de las partes y de los órganos jurisdiccionales, mediante los cuales la litis procede desde su comienzo hasta su resolución, y cuyo conjunto se denomina procedimiento deben someterse a determinadas condiciones de lugar, de tiempo, de medios de expresión; estas condiciones se llaman formas procesales en sentido estricto”^[43]. Dentro de estas formas procesales se destaca el acto jurídico procesal que corresponde a “aquellos que tienen importancia jurídica respecto de la relación procesal; esto es, los actos que tienen por consecuencia inmediata la constitución, la conservación, el desenvolvimiento, la modificación o la definición de una relación procesal. Pueden ser de uno u otro de los sujetos de la relación procesal, o sea: actos de parte y actos de los órganos jurisdiccionales. El principal acto procesal de parte es el constitutivo de la relación (demanda judicial), y el principal acto procesal de los órganos públicos es el acto que define la relación (sentencia).”^[44]

 

65. Los actos procesales de las partes son diversos. Unos son propiamente actos de postulación destinados a lograr la satisfacción de la pretensión reclamada (peticiones, afirmaciones, aportaciones de pruebas, alegatos etc.), mientras que “otros, sin ser de postulación, generan determinadas situaciones que inciden en el decurso del proceso.”^[45] No cualquier trámite reviste la condición de acto jurídico procesal, pues solo lo son aquellos que traigan como consecuencia la constitución, conservación, desenvolvimiento, modificación o definición de una relación procesal.

 

G. DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL

 

66. Con el fin de garantizar el principio constitucional de legalidad (art. 6 de la Carta) y los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad (arts. 29 y 13 ibidem), el Legislador ha fijado los principios y reglas que rigen las actuaciones procesales, a los cuales deben ceñirse tanto operadores judiciales como partes e intervinientes dentro de un proceso.

 

67. El debido proceso es un derecho fundamental de aplicación inmediata^[46] a través del cual se garantiza la satisfacción de otros derechos que pueden ser también de carácter fundamental. También está reconocido en normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos^[47] y los artículos 8, 9 y 23 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos^[48].

 

68. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas definió en la Observación General 13 que las disposiciones del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tienen como finalidad “garantizar la adecuada administración de la justicia y, a tal efecto, afirmar una serie de derechos individuales, como la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y el derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley.”^[49]

 

69. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, al interpretar el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que el “debido proceso legal” abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial^[50].

 

70. La jurisprudencia de esta Corte ha sido enfática en establecer que en virtud del derecho al debido proceso, “las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos. Según lo ha destacado este Tribunal, el derecho al debido proceso tiene como propósito específico “la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)”^[51].

 

71. El derecho al debido proceso se materializa con la observancia de las formas procesales (art. 29 de la Carta). No obstante, como se vio -supra núm. 54 a 57-, las normas procesales se encuentran previstas para materializar los derechos de las partes en el marco de los procesos judiciales, que constituyen el fin último del derecho adjetivo. Por lo tanto, las normas procesales deben interpretarse a la luz de los principios de acceso efectivo a la administración de justicia (art. 229  ibidem) y prevalencia del derecho sustancial (art. 228 ibidem).

 

72. El CGP promulgado en el año 2012 con el objetivo, entre otros, de actualizar las normas procesales a la luz de la Carta de 1991^[52], desarrolló el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal en sus artículos 11 y 12, que establecen como disposiciones generales las siguientes reglas interpretativas de las normas procesales:

 

“Artículo 11. Interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias. (énfasis añadido)

 

“Artículo 12. Vacíos y deficiencias del código. Cualquier vacío en las disposiciones del presente código se llenará con las normas que regulen casos análogos. A falta de estas, el juez determinará la forma de realizar los actos procesales con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial.” (Énfasis añadido)

 

73. La lectura de estos artículos permite concluir que, con base en el principio de supremacía de la Constitución (artículo 4º), las normas procesales están permeadas por los principios constitucionales que deben regir las actuaciones judiciales, entre estos, el principio de prevalencia del derecho sustancial. Es así como en la exposición de motivos de esta ley procesal, se consagra como objetivo de este Código la garantía de “una verdadera tutela efectiva de los derechos”^[53] y el deber del juez de “buscar la prevalencia del derecho sustancial”^[54].

 

74. En este sentido, se reitera, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, con base en el principio de prevalencia del derecho sustancial, como garantía del derecho al debido proceso, “(…) por disposición del artículo 228 Superior, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas. Ahora bien, con fundamento en el derecho de acceso a la administración de justicia y en el principio de la prevalencia del derecho sustancial, esta Corporación ha sostenido que en una providencia judicial puede configurarse un defecto procedimental por ‘exceso ritual manifiesto’ cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales”^[55].

 

75. En conclusión, si bien las normas procesales han sido instituidas para garantizar el derecho al debido proceso, no pueden convertirse en un límite infranqueable para la consecución del derecho subjetivo en discusión. Por expresa disposición constitucional y legal, el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal es una norma rectora de la ley procesal, y de obligatoria observancia para las autoridades judiciales. De manera que, cuando un juez adopta una decisión que desconoce el citado principio, viola el derecho fundamental al debido proceso de la parte.

 

H. SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO

 

76. En el caso que ocupa la atención de la Corte, el accionante solicitó a través de un proceso ordinario laboral el reconocimiento de su pensión de vejez, derecho que ha sido definido por la jurisprudencia constitucional “como medio a través del cual se materializa el derecho fundamental e irrenunciable a la seguridad social”^[56]. En el marco de este proceso no fueron pacíficas las interpretaciones en relación con la aplicación del régimen de transición a favor del accionante, para el reconocimiento de su pensión de vejez^[57]. Es así como en primera instancia se falló a su favor reconociendo su derecho a la pensión de vejez, fallo que fue revocado en segunda instancia, con dos votos a favor y un voto disidente de la decisión. Aunque el accionante se propuso persistir en su pretensión a través del recurso extraordinario de casación, no logró ejercerlo por cuanto la corporación accionada lo declaró desierto al considerar que el abogado sustituto que presentó la correspondiente demanda de casación no se encontraba legitimado para actuar, toda vez que se entendía revocado el poder por una autorización para retiro de copias que previamente había enviado el abogado principal.

 

77. En este sentido, es necesario hacer un recuento de las actuaciones de los apoderados del accionante en el marco del proceso ordinario laboral así: el 01 de marzo de 2017 el accionante José Darío Pérez Valencia otorgó poder al abogado Diego Fernando Cortés Henao para “instaurar proceso laboral de primera instancia en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (…)”^[58]. Con fundamento en este mandato, el apoderado Cortés Henao presentó demanda en contra de Colpensiones para el reconocimiento de la pensión de vejez a favor de su mandante, el 09 de marzo de 2017^[59].

 

78. El 26 de julio de 2017 el apoderado del accionante, el abogado Cortés Henao le sustituyó el poder al abogado Luis Julio Dassa Pérez para actuar en la “audiencia obligatoria de Conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento, fijación del litigio y Juzgamiento”^[60]. A partir de esta sustitución del poder, el abogado Dassa Pérez actuó en la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo^[61], en la audiencia de juzgamiento^[62], se notificó en estrados de la sentencia de primera instancia^[63] y presentó y sustentó el recurso de apelación en contra de esta^[64].

 

79. Ante la decisión desfavorable para su cliente por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el 5 de octubre de 2018 el mismo apoderado Dassa Pérez interpuso recurso extraordinario de casación^[65], el 30 de enero de 2019 fue admitido este recurso^[66] y el 5 de marzo siguiente presentó la correspondiente demanda de casación^[67]. El 25 de febrero de 2019, durante el lapso comprendido entre la interposición del recurso de casación y la presentación de la demanda de casación, el abogado Cortés Henao envió un memorial a la CSJ en el que, “como apoderado de José Darío Pérez Valencia”, autorizaba a un tercero para solicitar copias de los discos compactos que reposaban en el expediente^[68].

 

80. La corporación accionada entendió la citada comunicación como una actuación procesal que implicaba la reasunción del poder por parte del abogado principal Cortés Henao, por lo que, en aplicación del artículo 75 del CGP, aquella concluyó que el abogado Dassa Pérez, quien presentó el recurso de casación, había perdido legitimación adjetiva para sustentarlo. En consecuencia, al ser este último quien presentó la demanda de casación, la CSJ declaró desierto el recurso a través de auto de 17 de julio de 2019^[69].

 

81. Luego de notificada esta decisión, el 25 de julio de 2019 el abogado Cortés Henao volvió a sustituir el poder al abogado Dassa Pérez para “presentar demanda de casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y en general para realizar todas las actuaciones que para los fines del recurso extraordinario se requieran”^[70]. Ese mismo día, el abogado Dassa Pérez presentó recurso de reposición contra el auto que declaró desierto el recurso extraordinario de casación^[71].

 

82. Mediante auto de 22 de enero de 2020, la CSJ decidió no reponer el auto del 17 de julio de 2019, aduciendo que:

 

En el presente asunto no son de recibo los argumentos expuestos por el abogado, ello por cuanto: en primer lugar, no podría avalarse que la participación del apoderado principal era “una simple dependencia” para acceder al expediente, pues de conformidad con el Código General del Proceso aplicable por analogía en materia laboral, se tiene que, en ningún caso, se permitirán las actuaciones simultánea (sic) de más de un apoderado judicial de una misma persona y el apoderado principal reasumirá el mandato en cualquier momento.

 

Es así que en el instante que el abogado principal presentó memorial al interior del trámite para la autorización a un tercero para la expedición de copias de los audios del expediente, reasumió el mandato y revocó la sustitución realizada con anterioridad.

 

En segundo lugar, tampoco podría tratarse la ausencia de legitimidad adjetiva para presentar el recurso extraordinario, como un error subsanable, pues tal requisito se hace indispensable para la admisión de dicho medio de impugnación, tal como lo ha indicado en innumerables veces esta Corporación, entre ellas, en la decisión CSJ AL 5231-2019.

 

En consecuencia, se insiste, que los argumentos expuestos por el apoderado del recurrente no pueden ser tenidos en cuenta de ahí que no se repondrá el auto atacado y, en consecuencia, se ordenará la devolución del expediente al Tribunal de origen”^[72].

 

83. Para la Sala Plena, la decisión de la corporación accionada de declarar desierto el recurso de casación es consecuencia de una aplicación puramente formal e irreflexiva de las reglas del artículo 75 del CGP relativas a la reasunción del poder sustituido y a la prohibición de actuación simultánea de apoderados. La providencia cuestionada desatendió el principio procesal y constitucional de prevalencia de lo sustancial, y, por lo tanto, configura un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto violatorio de los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por cuanto quedó desprovisto de la posibilidad de agotar el trámite de casación dentro del proceso que promovió con el fin de acceder a la pensión de vejez. Las razones que llevan a la Corte a esta conclusión son las siguientes:

 

84. En primer lugar, es evidente que el abogado Dassa Pérez actuó durante la mayor parte del proceso laboral, por virtud de la sustitución que le hiciera el abogado Cortés Henao. Fue Dassa Pérez quien asistió a las audiencias de saneamiento y juzgamiento, interpuso los recursos de apelación y de casación, y quien presentó la correspondiente demanda de casación. Por lo demás, la participación del abogado sustituto Dassa Pérez contó con el beneplácito del mandante Pérez Valencia, quien estuvo presente en las audiencias del proceso, representado por aquel.

 

85. Segundo, el accionante en su demanda de tutela afirma que “he sido asesorado todos estos años por los profesionales Diego Fernando Cortés Henao y Luis Julio Dassa Pérez identificados con (…). Ambos han sido mis apoderados tanto en la vía administrativa contra COLPENSIONES como ante la jurisdicción ordinaria ante el juzgado de conocimiento, el tribunal e incluso ante la Corte Suprema de Justicia.”^[73]

 

86. Tercero, de la revisión del expediente del proceso laboral se advierte que, si bien no hay prueba de que los abogados Cortés Henao (principal) y Dassa Pérez (sustituto) tenían formalmente constituida una firma de prestación de servicios jurídicos, sí es dable concluir que trabajaron conjuntamente la gestión de los intereses de su cliente José Darío Pérez Valencia. Además del dicho de este último -supra numeral 85-, se observa que a lo largo del proceso ambos abogados utilizaron los mismos membretes y signos distintivos que invitaban a identificarlos como un solo equipo. En los memoriales que tanto Cortés Henao como Dassa Pérez presentaron, se aprecia un mismo logo que reza: “Los expertos en pensiones: la pensión al alcance de su mano”, acompañado de una figura compuesta por cuatro cuadros de colores, y en la parte inferior, las direcciones de notificación. Este signo distintivo y membrete fue utilizado en los siguientes actos de cada uno de los abogados:

 

 

87. Cuarto, la autorización para retiro de copias enviada por el abogado Cortés Henao durante el traslado para la presentación de la demanda de casación no puede entenderse como una manifestación inequívoca a la CSJ con miras a reasumir el poder sustituido. Si el abogado Cortés Henao hubiese realmente tenido la intención de reasumir el poder otrora sustituido, se hubiese esperado que fuese él, y no Dassa Pérez, quien presentara la demanda de casación.

 

88. Quinto, la autorización para retiro de copias enviada por el abogado Cortés Henao no reviste ninguna trascendencia jurídica para el proceso, al punto que ni siquiera ingresó al despacho del magistrado ponente sino que se evacuó a través de un trámite puramente secretarial que no requería de orden judicial previa, como expresamente lo establece el artículo 114 del CGP^[80]. Es decir, la referida autorización carecía de la entidad suficiente para que la corporación accionada la tuviera como un acto procesal^[81] indicativo de que el abogado Cortés Henao, había reasumido el poder anteriormente sustituido.

 

89. Sexto, no se advierte que los apoderados del accionante hayan infringido   la prohibición del art. 75 del CGP en el sentido de desplegar actuaciones procesales simultáneas. Por el contrario, a lo largo del proceso laboral aquellos intervinieron de manera sucesiva, puesto que, en un primer momento, el apoderado principal Diego Fernando Cortés Henao presentó la demanda y fungió como apoderado del accionante durante la etapa de admisión y contestación de la demanda, mientras que el abogado Luis Julio Dassa Pérez asumió como apoderado sustituto a partir de la actuación subsiguiente -audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio-^[82].

 

90. Séptimo, no puede perderse de vista que el accionante es una persona de setenta y tres años de edad^[83], que hace cinco años inició un proceso judicial para acceder a la pensión de vejez, la cual fue reconocida en primera instancia y revocada en segunda. Así, el recurso extraordinario de casación constituía el último mecanismo ordinario con que contaba el actor para procurar la obtención de la prestación que reclama, pero quedó desprovisto de este por cuenta de la aplicación rigurosa y en extremo formalista de la regla de reasunción de poderes sustituidos, a una autorización para retiro de copias que no alcanza a tener la connotación de actuación procesal con relevancia jurídica para el trámite.

 

91. Así las cosas, una aplicación del artículo 75 del CGP respetuosa del principio                                de prevalencia de lo sustancial, exigía valorar conjuntamente que (i) la representación judicial del accionante estaba en manos de un mismo equipo, quienes de facto parecían compartir oficina; (ii) el abogado Dassa Pérez venía ejerciendo el mandato de manera ininterrumpida desde que se le sustituyó el poder el 26 de julio de 2017; (iii) la autorización de copias presentada por el abogado Cortés Henao no reviste materialidad y no constituye una actuación procesal trascendente para el proceso, como para concluir que con ello se desplazó al abogado que venía actuando, quien presentó el recurso de casación y a la postre la demanda de casación; y (iv) la magnitud de las consecuencias que tenía la declaratoria como desierto del recurso para el demandante, adulto mayor, y como tal, sujeto de especial protección.

 

92. Ante tales circunstancias, y con el fin de hacer prevalecer el derecho sustancial, bien pudo la corporación accionada optar por una salida menos restrictiva para las garantías del demandante, como haberlo requerido para que disipara cualquier duda acerca de sus mandatarios judiciales. Al haber declarado desierto el recurso de casación por falta de legitimación adjetiva en el caso concreto, la CSJ privilegió una norma procesal de rango legal por encima de un principio constitucional, convirtió las formas en obstáculo y no en instrumento para la satisfacción de derechos sustantivos, y con ello incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto que lesionó las garantías fundamentales del aquí accionante.

 

Órdenes a impartir

 

93. Con el objetivo de restablecer los derechos del actor al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, se dejarán sin efectos los autos proferidos por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 17 de julio de 2019 y el 22 de enero de 2020.

 

94. Como consecuencia de lo anterior, se ordenará a la Sala de Casación Laboral de la CSJ reanudar el trámite de casación a partir de la presentación de la demanda de casación el 5 de marzo de 2019 por el abogado Luis Julio Dassa Pérez como apoderado sustituto del demandante José Darío Pérez Valencia.

 

95. Por último, en virtud de la solicitud que hiciera el Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS durante el trámite de instancia, y que no fue resuelta en su momento por los jueces de instancia, se dispondrá la desvinculación de dicha entidad conforme a las razones ya señaladas -supra núm. 36-.

 

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

 

96. La Sala Plena de la Corte Constitucional revisó los fallos adoptados dentro del proceso de tutela promovido por José Darío Pérez Valencia contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. El accionante pretendía la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por la autoridad demandada al declarar desierto el recurso extraordinario de casación que aquel interpuso a través de apoderado, dentro del proceso laboral en el que procuraba el reconocimiento de la pensión de vejez a su favor.

 

97. Tras constatar la satisfacción de los requisitos genéricos de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala se ocupó de determinar si la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto por haber declarado desierto el recurso de casación del accionante debido a la falta de legitimación adjetiva del apoderado, al considerar que, en los términos del artículo 75 del Código General del Proceso, el abogado principal había reasumido previamente el mandato con la radicación de una autorización para retiro de copias, revocando de esta manera el poder del abogado sustituto que días después presentó la demanda de casación.

 

98. La Sala Plena señaló que si bien las autoridades judiciales deben ceñirse a las normas procesales que rigen sus actuaciones, su aplicación no puede ser irreflexiva al punto de desconocer el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, consagrado en el artículo 228 de la Carta.

 

99. Al examinar el caso concreto, la Corte consideró que una aplicación del artículo 75 del Código General del Proceso respetuosa del citado principio, exigía valorar conjuntamente que (i) la representación judicial del accionante estaba en manos de un mismo equipo de abogados -principal y sustituto-, quienes de facto parecían compartir oficina; (ii) el abogado que presentó la demanda de casación venía ejerciendo el mandato de manera ininterrumpida desde que se le sustituyó el poder el 26 de julio de 2017; (iii) la autorización de copias presentada por el abogado principal, la cual no requiere auto que las autorice, no revestía materialidad y no constituía una actuación procesal trascendente para el proceso, como para concluir que con ello se desplazó al abogado que venía actuando, quien presentó el recurso de casación y a la postre la demanda de casación; (iv) los apoderados no actuaron simultáneamente en ningún momento; y por último, (v) la trascendencia de las consecuencias que tenía la declaratoria como desierto del recurso para el demandante, adulto mayor, y como tal, sujeto de especial protección. Así, la decisión de la autoridad accionada privilegió una norma procesal de rango legal por encima de un principio constitucional, convirtió las formas en obstáculo y no en instrumento para la satisfacción de derechos sustantivos, y con ello incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto que lesionó las garantías fundamentales del accionante.

 

100. En consecuencia, este tribunal proferirá las ordenes referidas en los numerales 93 a 95 de la presente sentencia.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. - REVOCAR la sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 15 de abril de 2021, a través de la cual confirmó el fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2020. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del ciudadano José Darío Pérez Valencia.

 

SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTOS los autos proferidos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia AL-2819 – 2019, proferido el 17 de julio de 2019, y AL 079-2020 proferido el 22 de enero de 2020, dentro del proceso con radicación 83203.

 

TERCERO. - ORDENAR a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia, reanude el trámite de casación dentro del proceso con radicación 83203, a partir de la presentación de la demanda de casación el 5 de marzo de 2019 por el abogado Luis Julio Dassa Pérez como apoderado sustituto del demandante José Darío Pérez Valencia.

 

CUARTO. - DESVINCULAR de esta acción al Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

 

QUINTO. - Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notifíquese, comuníquese, y cúmplase.

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

 

Presidenta

 

DIANA FAJARDO RIVERA

 

Magistrada

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

 

Magistrado

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

 

Magistrado

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

 

Magistrado

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Magistrada

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

Magistrada

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

 

Magistrado

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

 

Magistrado

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

 

Secretaria General