(febrero 12)

por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y de las otorgadas por la Ley 163 de 1959,

Artículo 1º.- En conformidad con lo dispuesto en la Ley 163 de 1959, declárase como patrimonio histórico, artístico y científico de la Nación, los monumentos y objetos arqueológicos, como templos, sepulcros y sus contenidos, estatuas, cerámicas, utensilios, joyas, piedras labradas o pintadas, ruinas, etc., lo mismo que todos aquellos que tengan interés especial para el estudio de las civilizaciones y culturas pasadas, para la historia del arte y para el estudio científico y la conservación de las bellezas naturales.

Artículo 2º.- En desarrollo de lo acordado en la Séptima Conferencia Panamericana, reunida en Montevideo en el año de 1933, se consideran como monumentos inmuebles, además de los de origen colonial y prehispánico, los siguientes:

1. Los que están íntimamente vinculados con la lucha por la Independencia y con el período inicial de la organización de la República;

2. Las obras de la naturaleza de belleza especial o que tengan interés científico para el estudio de la flora, la fauna, la geología y la paleontología.

Artículo 3º.- El Consejo de Monumentos Nacionales fijará la extensión superficiaria de las reservas nacionales que deban hacerse en los sitios o lugares a que se refiere el inciso b) del artículo anterior, reservas que serán determinadas por intermedio de las autoridades nacionales, departamentales o municipales correspondientes.

Artículo 4º.- En virtud de la autorización conferida por el artículo 6 de la Ley 163 de 1959, y sin perjuicio de otras reservas que puedan decretarse en el futuro, se incluyen en las reservas especificadas en el artículo 4 de dicha Ley los sectores antiguos de Bogotá, Socorro, San Gil, Pamplona, Rionegro (Antioquia), Marinilla y Girón.

Parágrafo.- Para los efectos de la declaratoria a que se refieren este artículo y el 4 de la mencionada Ley, se entenderá por sectores antiguos las calles, plazas, plazoletas, murallas y demás inmuebles originarios de los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX.

Artículo 5º.- Se consideran objetos de valor artístico o histórico los enumerados en el Tratado celebrado entre las repúblicas americanas en la Séptima Conferencia Panamericana, al cual adhirió Colombia por medio de la Ley 14 de 1936, así:

1. De la época precolombina: las armas de guerra o utensilios de labor, las obras de alfarería, los tejidos, las joyas y amuletos, los grabados, diseños y códices, los equipos, los trajes, los adornos de toda índole y en general todo objeto muebles que por su naturaleza o procedencia muestre que proviene de algún inmueble que auténticamente pertenece a aquella época histórica;

2. De la época colonial: las armas de guerra y los utensilios de trabajo, trajes, medallas, monedas, amuletos y joyas, los diseños, pinturas, grabados, planos y cartas geográficas, los códices y todo libro raro por su escasez, forma y contenido, los objetos de orfebrería, porcelana, marfil, carey, los de encaje y en general todas las piezas recordatorias que tengan valor histórico o artístico.

3. De la época de la emancipación y de comienzos de la República: los mencionados en la enumeración anterior y que correspondan a este período histórico.

4. De todas las épocas: 1) Las bibliotecas oficiales y de instituciones, las bibliotecas particulares valiosas tomadas en su conjunto, los archivos nacionales y las colecciones de manuscritos oficiales y particulares de alta significación histórica. 2) Como riqueza natural, los ejemplares zoológicos de especies bellas y raras que están amenazadas de exterminio o de extinción natural y cuya conservación sea necesaria para el estudio de la fauna.

Artículo 6º.- Corresponde a los Gobernadores de los Departamentos, directamente o por conducto de los Alcaldes municipales, velar por el cumplimiento de las normas establecidas por la Ley 163 de 1959 y el presente Decreto reglamentario, siguiendo las instrucciones que imparta el Consejo de Monumentos Nacionales. Para este efecto los Gobernadores harán uso de sus atribuciones legales e impondrán las sanciones correspondientes.

Artículo 7º.- Para la determinación de la extensión superficiaria de las reservas nacionales que deban hacerse en los monumentos a que se refiere el artículo 2 de la Ley 163 de 1959 y el artículo 3 del presente Decreto, el Consejo de Monumentos Nacionales podrá solicitar los servicios o conceptos de las entidades o institutos técnicos especializados en estos estudios.

Artículo 8º.- Las Alcaldías o las oficinas de su dependencia encargadas de expedir las licencias para ejecución de obras, en las ciudades enumeradas en el artículo 4 de la Ley 163 de 1959, el artículo 4 del presente Decreto y aquellas otras que fueren incorporadas dentro de la misma disposición, al tenor de la autorización dada por el artículo 6 de la misma Ley, no podrán conceder licencias para demoliciones, reparaciones, refacciones o reconstrucciones en los sectores antiguos, sin previa autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.

Artículo 9º.- Toda solicitud de licencia para exploraciones o excavaciones arqueológicas y paleontológicas, así en terrenos públicos como de propiedad privada, deberá presentarse al Instituto Colombiano de Antropología, entidad ésta que atenderá a tales solicitudes previa comprobación del título académico especializado en arqueología de los interesados y de su vinculación directa con entidades científicas o culturales.

Artículo 10º.- El Alcalde o Corregidor ante quien se de el aviso del hallazgo a que se refiere el artículo 12 de la Ley 163 de 1959, pondrán el hecho inmediatamente en conocimiento del Consejo de Monumentos Nacionales, el cual ordenará sin demora el reconocimiento técnico correspondiente, a fin de decidir sobre la importancia o mérito del descubrimiento, y proveer a su seguridad y conservación, si fuere el caso.

Artículo 11º.- Toda persona o entidad que tuviere en su poder o bajo su guarda monumentos, documentos, archivos u objetos de los comprendidos en la Ley 163 de 1959 y sus Decretos reglamentarios, deberá registrarlos en las oficinas del Consejo de Monumentos Nacionales, por intermedio del personal especializado de esta entidad. Igualmente dará aviso inmediato a dicho Consejo del traspaso de dominio que haga de tales monumentos u objetos, traspaso que deberá hacerse constar en documentos en que el adquirente se comprometa a no sacar o exportar del país sin previa licencia del Consejo de Monumentos Nacionales, los objetos que adquiera.

Artículo 12º.- El permiso del Consejo de Monumentos Nacionales para sacar o exportar del país elementos de los especificados en el artículo 9 de la Ley 163 de 1959 deberá presentarse a la Aduana correspondiente. La omisión de esta formalidad hace decomisable el objeto por las autoridades aduaneras, las cuales lo pondrán a disposición del Consejo de Monumentos Nacionales, para que éste indique el museo al cual deba destinarse.

Artículo 13º.- El Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del Consejo de Monumentos Nacionales, dictará la reglamentación sobre registro en las Oficinas de Monumentos Nacionales, de los monumentos, documentos, archivos u objetos que estén en poder de personas o entidades particulares.

Dicha reglamentación deberá contemplar las sanciones en que incurran los propietarios particulares de archivos u objetos de carácter histórico, paleontológico o arqueológico que no los registraren. En ningún caso el Consejo de Monumentos Nacionales podrá conceder permiso para sacar del país o exportar objetos que no hubieren sido previamente registrados.

Artículo 14º.- En caso de que sea solicitado un permiso al Consejo de Monumentos Nacionales para el cambio de ubicación de monumentos públicos destinados a permanecer en sitios determinados con carácter conmemorativo, o para hacer en ellos reparaciones o reformas, se deberá demostrar la necesidad de dicho traslado, reparación o reforma.

Artículo 15º.- El funcionario que ordene o permita los cambios de ubicación, la reparación o reforma no autorizados por el Consejo de Monumentos Nacionales, será sancionado con multa hasta de mil pesos ($1.000), que será impuesta por el Consejo de Monumentos Nacionales.

Artículo 16º.- Los propietarios de casas donde existan placas conmemorativas decretadas por el Congreso o colocadas por la Academia Colombiana de Historia o sus centros filiales, y que han de ser demolidas para levantar nuevas edificaciones, deberán dar aviso previo al Consejo de Monumentos Nacionales y depositar de acuerdo con él en lugar seguro dichas placas, con la obligación de reponerlas a sus expensas, en el sitio y muro que correspondan en la nueva edificación al lugar donde se hallaba, previa aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales.

La autoridad municipal respectiva no podrá dar por aprobada la construcción ni autorizar su uso mientras no se hayan restablecido dichas placas en la forma indicada.

Artículo 17º.- Los planos de edificaciones o construcciones que hayan de hacerse en los sectores de ciudades calificados como antiguos por la Ley 163 de 1959 y disposiciones reglamentarias, o en las inmediaciones de dichos sectores, de modo que hayan de influir en su aspecto o fisonomía general, requieren la previa aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales. Y las respectivas Alcaldías, Oficinas de Planeación, Obras Públicas u otras que hayan de autorizar dichas obras, no lo harán sin ponerse de acuerdo con el mencionado Consejo.

Artículo 18º.- El Consejo de Monumentos Nacionales queda facultado para intervenir en la adopción de los sistemas de iluminación artificial o alumbrado público en los sectores antiguos a que se refieren la Ley y este Decreto; para exigir que los ya instalados o establecidos se sustituyan por los que estén de acuerdo con las características y necesidades de dichos sectores.

Artículo 19º.- También se autoriza al Consejo de Monumentos Nacionales para reglamentar lo relativo a la nomenclatura urbana antigua de dichos sectores y a las características y forma de colocación a que deban sujetarse los nombres de calles, plazas y demás sitios públicos, lo mismo que los nombres y anuncios o propaganda de almacenes, tiendas, oficinas, edificios y en general, locales destinados a cualquier clase de actividades.

Artículo 20º.- El Consejo de Monumentos Nacionales podrá impedir que se coloquen o instalen avisos u otras formas de propaganda en lugares rurales o agrestes que se hayan declarado o se declaren incluidos entre los monumentos nacionales.

Artículo 21º.- La Alcaldía de Cartagena dará cumplimiento a las leyes especiales que se han dictado sobre la defensa de los monumentos históricos de la ciudad y ordenará el inmediato cumplimiento del artículo 1 de la Ley 94 de 1945, en relación con las construcciones que para fomento del turismo se han hecho en el Castillo de San Felipe de Barajas o en cualquier otra parte de las murallas, bastiones y castillos de la ciudad.

Artículo 22º.- El Consejo de Monumentos Nacionales formará el inventario de los monumentos existentes no solo en las ciudades y lugares a que se refieren la Ley 163 de 1959 y este Decreto, sino en cualquiera otra ciudad, población o lugar del territorio nacional.

Se entiende, sin embargo, que aún antes de la formación de dicho inventario, deberá ejercer sus funciones tutelares sobre todos los monumentos y objetos que, en su concepto, hagan parte del patrimonio histórico y artístico nacional, según la definición del artículo 1 de dicha Ley.

Artículo 23º.- El Consejo de Monumentos Nacionales de que trata la Ley 163 de 1959, será presidido por el Presidente en ejercicio de la Academia Colombiana de Historia, la cual será consultada por el Consejo en los casos dudosos.

Artículo 24º.- El Departamento Administrativo de Servicios Generales llevará un inventario separado de los inmuebles de propiedad nacional que tengan carácter de monumentos históricos.

Artículo 25º.- Las obras de conservación y restauración de los inmuebles y sectores urbanos a que se refiere la Ley 163 de 1959 será adelantada por la Sección de Locativas del Departamento Administrativo de Servicios Generales, el cual deberá seguir las instrucciones y normas que fije el Consejo de Monumentos Nacionales. Se entiende que tales obras en los templos y edificios religiosos se ejecutarán por las respectivas autoridades eclesiásticas, siempre con observancia del artículo 22 de la Ley 163 de 1959 y disposiciones reglamentarias de ésta.

Artículo 26º.- El Consejo de Monumentos Nacionales, con aprobación del Gobierno, fijará las sanciones pecuniarias en que incurran los infractores de la Ley 163 de 1959, del presente Decreto y de los que en lo futuro se dicten sobre la misma materia.

Cuando las personas o entidades particulares violaren algunas prohibiciones de la Ley 163 de 1959, o de este Decreto; u omitieren solicitar la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales cuando ella sea exigida por la citada Ley o este Decreto, incurrirán en multa que oscilará entre un mil pesos ($1.000.00) y diez mil pesos (10.000.00), según la gravedad del caso. Además los infractores quedarán obligados a restituír a su sitio o a su estado anterior, el respectivo monumento.

Las multas que imponga el Consejo de Monumentos Nacionales lo hará mediante, Resolución motivada en cada caso. Esta clase de providencias estarán sujetas al procedimiento y a los recursos de que tratan los artículos 10 y siguientes del Decreto-ley 2733 de 1959.

Publíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá, D.E., a 12 de febrero de 1963.

El Presidente de la República, GUILLERMO LEÓN VALENCIA; El Ministro de Educación Nacional, PEDRO GÓMEZ VALDERRAMA.