Aprobada según Acta número 33 de la misma fecha.

Ref: Disciplinario contra la doctora Margarita Inés Aponte Olivella, Fiscal 10ª Seccional de Valledupar.

Rad. No. 20030060 (201 - 16).

El recurso de apelación interpuesto por el señor José Federico Ávila Castilla, en contra de la sentencia del 21 de noviembre del 2003, por medio de la cual, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Cesar, absolvió a la doctora Margarita Inés Aponte Olivella, en su condición de Fiscal 10ª Seccional de Valledupar, del cargo que le figuró en este proceso por presunta infracción del numeral 1º del artículo 153 de la ley 270 de 1996.

El señor José Federico Ávila Castilla, con escrito presentado el 24 de abril del 2003 en las instalaciones del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, denunció a la doctora Margarita Inés Aponte Olivella, en su condición de Fiscal 10ª Seccional de Valledupar y encargada de una investigación previa penal adelantada en su contra.

De la funcionaria judicial acusó la vulneración de varios de sus derechos fundamentales. Adujo que habiendo dado inicio al mencionado segmento procesal, no obstante que le solicitó oportunamente que lo escuchara en versión libre, no lo hizo inmediatamente, sino que, entre la fecha en que se le pidió y ordenó su práctica hubo una profusa incorporación de pruebas en las que no se le permitió su intervención, y que además, sin haberlo escuchado en versión, dispuso la apertura de instrucción, cercenándole cualquiera posibilidad de acceso a una defensa tanto material como técnica.

1.- Por reparto las diligencias correspondieron al Despacho a cargo de la doctora Glenis Iglesias de López, quien en adelante fungió como su sustanciadora.

2.- Por auto del 2 de mayo del 2003, dio inicio a una indagación preliminar, durante la cual, a más de garantizar el derecho de defensa de la Fiscal, se ordenó verificar la existencia de la investigación penal aludida por el quejoso y su estado.

3.- El 19 de junio del 2003, se ordenó abrir investigación. Se dispuso que durante su curso se garantizara la intervención de la disciplinada y también que se acreditara su condición de funcionaria judicial, así como sus antecedentes. También, se ordenó la práctica de inspección judicial al proceso génesis de la actuación disciplinaria.

4.- Con base en el material probatorio recaudado, el 23 de julio del 2003, la Sala de instancia profirió pliego de cargos en contra de la doctora Aponte Olivella por infracción al numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por desconocer lo normado en los artículos 29 de la Constitución Política y el inciso 2º del artículo 325 del Código de Procedimiento Penal según el cual "Quien tenga conocimiento que en su contra se ventilan imputaciones en una investigación previa, tiene derecho a solicitar y obtener que se le escuche de inmediato en versión libre y a designar defensor que lo asista en ésta y en las demás diligencias".

Para el juez colegiado de primera instancia, el contenido de la sentencia C-096 del 2003 proferida por la Corte Constitucional, es suficiente para enmarcar el comportamiento de la Fiscal en el concepto de autonomía funcional, en cuanto "hace claridad que el procesado adquiere la calidad de sindicado y es sujeto procesal desde su vinculación mediante indagatoria o declaratoria de persona ausente contenida en el artículo 126 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que aún antes de la vinculación mediante indagatoria o persona ausente, el imputado tendrá los mismos derechos del sujeto procesal, en lo que se refiere al ejercicio del derecho de defensa y protección de sus derechos constitucionales" y seguidamente acepta que la fiscal actuó dentro de la hipótesis consagrada en al numeral 6º del artículo 28 de la ley 734 del 2002, es decir, porque actuó "Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria".

Tal modo de razonar, trajo como consecuencia una decisión absolutoria a favor de la Fiscal.

El quejoso en extenso escrito efectúa transcripción de diversas decisiones emitidas en sede constitucional y apuntes doctrinarios a partir de lo cual concluye que no era una decisión facultativa de la fiscal la de escucharlo en versión e inmediatamente, pues se corresponde tal como de proceder con un derecho del imputado, y en su caso consideró necesario para "integrarse" a la producción de las pruebas.

Como no lo hizo cercenó su derecho de contradicción y de defensa, actuando de manera inquisitiva, es decir "secreta y sumariamente".

En concreto la providencia de primera instancia es cuestionada en cuanto a la equivocación atribuida a la Sala cuando afirma que el quejoso sabía de la existencia de la investigación previa y por tanto tenía acceso al material probatorio, pues ello no la excusa de no haberlo llamado inmediatamente a versión, el ejercicio del derecho de defensa se limita al conocimiento de la imputación y sus fundamentos probatorios lo cual no basta para ejercer plenamente la defensa, pues pretendía participar activamente de la práctica de pruebas.

Agrega que si se acepta que la funcionaria incurrió en error, es válido pregonar que se equivocó, razón por la cual es incoherente justificarla objetivamente ya que queda"sin materia" la declaración de error.

Consideró, asimismo, con respeto, que la señora Fiscal carece de idoneidad para desempeñar sus funciones, pues durante su ejercicio desaciertos que dejan en entredicho la imagen y credibilidad de la administración de justicia.

Expresa que si existió el error, el mismo no puede calificarse de invencible, pues estuvo en clara posibilidad de superar su equivocación, máxime que se trataba de una norma que carece de complejidad en su interpretación, la que ordena escucharlo en versión libre inmediatamente es solicitada.

De esa manera, ante la falta de cuidado y diligencia de la Fiscal, solicita: que revoque la sentencia impugnada y se sancione a la disciplinada por los cargos que le figuraron en el presente proceso.

1.- Es competente esta Corporación para desatar la apelación, al tenor de lo establecido en los artículos 256-3 de la Constitución Nacional y 112-4 de la Ley 270 de 1996, como quiera que la disciplinada tiene la condición de funcionaria judicial, lo cual se acreditó a través de las constancias allegadas a los autos, conforme a las cuales la ejerce el cargo de Fiscal 10ª Seccional de Valledupar.

El quejoso, en este caso está habilitado para interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia, a partir del contenido del parágrafo del artículo 90 de la Ley 734 del 2002, según el cual su intervención se circunscribe a "presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio."

3.- Frente a lo que fue materia de apelación la Sala arriba al estado mental de plena certeza sobre la configuración de la falta a partir del razonamiento que en adelante se procede a esbozar.

La funcionaria judicial esgrime como escudo frente a los cargos, el principio de autonomía funcional, que posee sustento en este evento frente al advenimiento de la sentencia C-096 del 2003, porque concluye que la misma ofreció suficiente claridad sobre las garantías que le asistían al imputado durante el curso de la investigación previa, al punto que, en términos de la sentencia que acoge sus argumentaciones, a partir de su contenido es que debe entenderse que "el imputado tendrá los mismos derechos del sujeto procesal, en lo que se refiere al ejercicio del derecho de defensa y protección de sus derechos constitucionales" .

Se ha dicho, con ponencia de quien ahora cumple idéntico cometido, que la Sala es respetuosa del principio de autonomía del funcionario judicial, expresado en términos de la permanente e inmutable necesidad de que sus decisiones, sí limitadas al imperio de la Ley, se inscriban en marcos de interpretación sistémica del ordenamiento, en guarda de la seguridad jurídica frente a las decisiones judiciales, como garantía y máxima expresión que entraña el respeto al derecho fundamental a la igualdad ante la ley, sujetas a juicios de valor disciplinario sólo cuando "vulneran ostensiblemente la ley o da una valoración a las pruebas manifiestamente contraria a los principios de la sana crítica, lo que convierte su decisión en una mera apariencia de providencia judicial, al punto de ser catalogada como vía de hecho. Por fuera de esas situaciones, se recalca, las interpretaciones de la ley o el valor asignado por el funcionario a las pruebas, así tales procederes en un momento determinado puedan juzgarse equivocados, escapan del ámbito de control de la jurisdicción disciplinaria (cft. Radicado 20010031, entre otros)".

Reconoce la Sala que de ese modo se recorren senderos de sometimiento, cuya guía está constituida por la emisión de fallos producto de análisis anclados en la lógica y la razonabilidad, dentro de un marco de igualdad. Dicho principio modernamente permite presentar a un funcionario judicial, dotado de mayor independencia, que se distancia apresuradamente de los peligros de la exégesis.

Pero que la Sala acate el respeto que le merece tal expresión importante de la división de poderes imperante en la democracia colombiana, no por ello consciente la interpretación caprichosa, arbitraria o irrazonada de la Ley. No. En modo alguno, el respeto por dicha garantía propia del juez, puede constituirse en talanquera para que ese poder público desborde los límites que la misma Constitución y la ley le imponen en la definición de los asuntos que son de su exclusiva competencia, como en este caso, referida al ejercicio de la potestad punitiva que le autoriza, juiciosamente, investigar al fiscal las conductas punibles y acusar a los presuntos responsables ante los jueces competentes.

Por ello, ha acogido la manifestación recurrente de la H. Corte Constitucional a los límites que se han impuesto al principio de autonomía funcional. Señala la Guardiana de la Constitución lo siguiente:

Finalmente, la prohibición de la arbitrariedad supone un reconocimiento de la jerarquía normativa. La interpretación de un texto normativo no puede aparejar el desconocimiento de la norma superior y, en ningún caso, llevar al desconocimiento de los derechos constitucionales. En tal caso, además de violar el principio de supremacía constitucional (C.P. art. 4), el intérprete desborda sus funciones constitucionales, pues es fin esencial del Estado ¿garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución¿ (C.P. art. 2)." (t-546 del 2002).

Lo primero que resulta menester señalar es que la sentencia de primera instancia, resulta contradictoria cuando la decisión de abrir investigación, sin haber escuchado al imputado en versión solicitada por éste, la enmarca dentro del postulado universalmente conocido como autonomía funcional, pero posteriormente califica esa misma omisión de error invencible que sólo podía ser superado a partir de la interpretación que actualmente debe dársele a la sentencia C-096 del 2003.

La postura del Colegiado de instancia resulta incongruente. El criterio de la Sala, es que no puede pregonarse la impermeabilidad de un razonamiento amparado en el principio enunciado, a la vez que se lo califica como constitutivo de un error invencible eximente de responsabilidad disciplinaria, pues al reconocer esto último, es decir, la existencia del error, previamente ha debido verificarse también la presencia de un razonamiento infundado o incoherente, lo que no ocurre cuando el operador de permeabiliza su decisión, para arribar a una conclusión diferente a la exigida por el postulado normativo con un ejercicio intelectual acompañado de lógica y razonabilidad.

Es de precisar que, además de que la sentencia de instancia resulta contradictoria en este sentido, la Sala tampoco coincide en la conclusión obtenida a partir de la cual la absolución debe seguir a tan particulares argumentos probatorios respecto del ejercicio mental que llevó a la Fiscal a dictar la apertura de investigación con prescindencia de la versión libre que oportunamente solicitó el imputado en el proceso penal génesis de esta actuación.

En la inspección judicial practicada al proceso adelantado contra el quejoso, se obtuvo el siguiente recuento procesal:

"...La investigación preliminar se inicia por parte de la doctora MARGARITA INES APONTE OLIVELLA, el 4 de abril de 2002 disponiendo los testimonios de EMAR CECILIA MORALES, CRISTÓBAL NARVÁEZ, inspección a los archivos de la procuraduría provincial, al Procuraduría Judicial de familia, con el fin de constatar el tipo de máquina utilizada en el diligenciamiento del cumplido, la versión libre del investigado, establecer que entidad del Municipio de Codazzi ordenó al comisión del procurador y copia del cumplido, enviando oficio con fecha 7 del mismo mes y año al investigado comunicándole la iniciación de las diligencias, y las demas necesarias conforme a las pruebas ordenadas, algunas de las cuales fueron respondidas anexándose documentos. Mediante oficio 514 del 7 de bril el investigado solicita ser escuchado en versión libre. El oficio se encuentra inserto a folio 15 del cuaderno pero no tiene nota de presentación. A folio 16 se encuentra inspección judicial que se llevara a cabo en la misma fecha en las instalaciones de la Procuraduría Judicial de familia, en el cuerpo de la cual se solicitaron documentos que figuran anexados. En la misma fecha y a folio 20 fue practicada la inspección judicial en la oficina de la Procuraduría provincial, se encuentran anexos algunos oficios, documentos en fotocopias tal como se dejó constancia en el cuerpo de la diligencia. En la misma fecha es decir el 7 de abril se recepcionó el testimonio de CRISTÓBAL ANTONIO NARVÁEZ FONSECA, en el despacho de la Fiscalía Décima, al igual que el de la doctora EMAR CECILIA MORALES VEGA. El 8 del mismo mes y año se escuchó en declaración jurada a KARINA ESTHER FRAGOSO CARRANZA y CARLOS MERCADO OCHOA. A folio70 es decir después de la declaración antes relacionada se encuentra copia del oficio 0358 del 7 de abril recibido el 8, donde se le informe a la PROCURADORA JUDICIAL a investigación y la recepción de los testimonio. El 10 de abril se dicta resolución de apertura de instrucción." (folio 40).

Dice la disciplinada, que si no escuchó en versión al imputado, lo hizo porque "frente al recaudo probatorio existente en la actuación, dirigí nuestra voluntad, hacia la apertura de la investigación formal, bajo el convencimiento que el cometido de la versión libre, se iba a cumplir igualmente en la fase de investigación, con la indagatoria, siendo ambas diligencias fuentes de prueba y de defensa."

De esta manera el cuestionamiento al interrogante de si el funcionario judicial puede sustraerse a la directriz de comportamiento señalada por el inciso segundo del artículo 325 del C. de P.P., se responde sin dificultad alguna pues el mandato es imperativo, que no facultativo, Si N1 => A, en donde N1 representa la solicitud de ser escuchado en versión y A se corresponde con la consecuencia directa que posee la fuerza de aquella solicitud, es decir, la diligencia de versión libre y espontánea debe practicarse inmediatamente.

Que sea facultativa del Fiscal, cuando oficiosamente realiza el ejercicio mental tendiente a establecer si resulta o no viable escuchar al imputado en versión, en modo alguno traslada esa opción al evento en que es solicitada por éste, puesto que además, extendida la petición, tal postura se corresponde con un derecho sustancial en vías de garantizar los de defensa y contradicción, y tanto es así, que el ordenamiento adjetivo enseña que sea practicada de forma inmediata. En ese mismo orden de ideas, se compadece con el postulado constitucional que informa de la posibilidad que tiene el imputado de controvertir desde el mismo momento de la investigación previa los cargos que se perfilan en su contra.

La sentencia de constitucionalidad a la cual alude la sentencia, es cierto que supera los interrogantes planteados sobre los derechos que la asisten al imputado durante la investigación previa, asimilándolo a un verdadero sujeto procesal, pero eso no indica que en su condición de imputado deba hacerse un esfuerzo interpretativo que permita descubrir si la versión solicitada por el mismo resultaba optativa, pues es categórica la orden que imparte la norma en estudio. Tiene derecho a solicitar y obtener que se le escuche de inmediato en versión libre.

Lo cierto es que la Fiscal no adecuó el segmento procesal de investigación previa a ese marco normativo, para generar con la precipitada apertura de investigación, una verdadera vía de hecho, vulneratoria del derecho de defensa del imputado, pues era no sólo el segundo inciso del artículo 325 enunciado el que le imponía el deber ineludible de escucharlo en versión libre y espontánea, sino diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional, con excepción del traído a colación en la sentencia y rotulado C-096 del 2003, pues antes de la emisión de dicho pronunciamiento existían varios que imponían como obligada esa directriz de comportamiento. Apartes sobre lo que ha dicho la Guardiana de la Constitución bien vale la pena traerlos a colación seguidamente:

"8. Dado que la declaración libre y la indagatoria son, ante todo, medios de defensa, el legislador - que ha considerado que deben practicarse antes de que el imputado tenga acceso al expediente -, las ha recubierto de una serie de garantías que aseguran que su práctica no afecte el derecho que dicen defender.

Por las razones expuestas, considera la Corte que la limitación del derecho de defensa que efectúan las normas impugnadas no vulnera el derecho fundamental al debido proceso. Efectivamente, al constituir una restricción razonable y proporcionada a los fines constitucionales que persigue, debe afirmarse que la misma no afecta las garantías constitucionales de la defensa del imputado. En este sentido, se concluye que el debido proceso, en los dos eventos examinados, es el que con toda propiedad indican las disposiciones legales acusadas, las cuales han tomado en consideración todos los factores que inciden en el contenido y alcance de los fenómenos procesales estudiados"(C-475 de 1997).

También sobre el tema ha precisado:

Y en un caso de tutela en el que se reiteró el criterio que viene de esbozarse, una Sala de Revisión de la misma Corporación precisó:

Sin embargo, una cosa es que se hayan vulnerado tales principios, y otra, que las actuaciones del investigador constituyan vías de hecho frente a las cuales no puedan interponerse mecanismos judiciales para la defensa del debido proceso -caso hipotético en el que procedería la tutela-. Como en el caso bajo revisión existen tales mecanismos judiciales, es el juez llamado a conocer de ellos el competente para calificar las irregularidades aducidas por el actor, y para remediar, antes de la sentencia, las nulidades que se hubieran podido presentar." (T-653-96).

Por ello reivindica ahora la Sala el argumento contenido al momento de la formulación del pliego de cargos, pues su contundencia no ha sido desvirtuada en modo alguno durante el curso del juicio disciplinario de frente a la necesidad, exigible a la Fiscal, de que en el caso controvertido actualizara hacia el imputado, el derecho de ser escuchado de forma inmediata en versión libre y espontánea, como forma de proceder elemental y derivada del ejercicio mental que le permitió descubrir la necesidad de adelantar una investigación previa.

No cabe duda, entonces, que ese desvío técnico en el que incurrió la disciplinada, se corresponde con un modo de actuar negligente y descuidado, pues ninguna prueba de las aducidas informa, en este caso, que su voluntad estuviera guiada a abrir la investigación por una actitud dolosa por la que pretendiera a espaldas del imputado estructurar la actuación penal.

Y se le reclama porque ciertamente bastaba que la Fiscal reconociera la trascendencia del inciso invocado como violentado, pues esa inmediatez que se reclama por vía normativa tiende a evitar justamente que el potencial sindicado sea sorprendido durante la instrucción con imputaciones que no tuvo la posibilidad de controvertir durante un segmento procesal anterior, en el que se mantiene vigente la obligación de la Fiscalía de investigar tanto lo favorable, como lo desfavorable.

Es decir, se le exigía que efectuara un ejercicio mental, lógico y coherente, sobre las razones por las cuales el inciso segundo del artículo 325 del actual C. de P.P., no podía tener aplicación en el evento de la especie y no lo hizo, al punto que un fiscal distinto debió corregir su postura con una invalidación posterior del segmento instructivo del proceso, saneando así la omisión y restableciendo a temprana hora las garantías del imputado, que no por ello deja a salvo su irregular proceder con las consecuencias que trajo a la situación del quejoso, con detrimento de su derecho de defensa y las disciplinarias que genera frente a los cargos que le figuraron en esta actuación. Esa corrección, además, dejó en clara evidencia el equivocado proceder de la doctora Aponte Olivella, quien omitió una conducta procesal, ineludible frente al actual procedimiento penal.

Y estaba en clara posición de superar el error al cual alude en su escrito de descargos, pues al respecto la Sala trajo ya a colación no sólo la imposibilidad de interpretar por vía diferente el contenido del inciso segundo del artículo 325 del C. de P.P. en los términos a los cuales se ha hecho alusión, sino los distintos razonamientos que en idéntico sentido ha emitido la Corte Constitucional, razón por la que es dable concluir que tampoco allí puede mantenerse la absolución decretada en primera instancia.

Por esas razones de orden jurídico, la Sala variará el contenido de la decisión de primera instancia y en consecuencia, procederá a revocarla con atención a la apelación ejercitada por el quejoso.

Teniendo en cuenta los artículo 44 a 47 de la Ley 734 del 2002, la Sala impondrá, en consecuencia a la doctora Aponte Olivella la mínima consagrada para la falta investigada que se calificó en el pliego de cargos como grave y cometida a título de culpa por negligencia, es decir, la de un (1) mes de suspensión, atendida la ausencia de antecedentes disciplinarios y al hecho de que una decisión posterior (de fiscal diferente), anuló los efectos de su omisión con la nulidad decretada (fl. 20 y 35 y ss. c.o.), por la cual dispuso permitir el debate en sede de investigación previa de las imputaciones que surgieron hacia el imputado José Federico Ávila Castilla entonces Procurador Regional con sede en Valledupar.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Primero.- REVOCAR la sentencia datada 21 de noviembre del 2003, por las razones consignadas en la anterior parte motiva.

Segundo.- SANCIONAR a la doctora Margarita Inés Aponte Olivella, en su condición de Fiscal 10ª Seccional de Valledupar, como autora responsable de la falta descrita en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, con un (1) mes de suspensión por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Tercero.- Comuníquese lo aquí resuelto a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación.

Contra esta determinación no procede recurso alguno.

REF: Disciplinario a la Fiscal Seccional, Dra. Margarita Inés Aponte Olivella.

Ponente: Dr. Jorge Alonso Flechas D.

ACTA No. 033 de Marzo 24 de 2004

RAD: 20030060-02

Mi respetuoso disentimiento con lo decidido en la sentencia proferida en el asunto de la referencia consiste básicamente en lo siguiente:

1.- Al sancionarse disciplinariamente como se hizo, por no recibir la señora Fiscal dentro de un averiguatorio penal versión libre al inculpado cuando éste lo solicitó, pese a la perentoriedad de la norma (art. 325 del C.P.P., segundo inciso), es ir en contravía del espíritu de la norma en cita, es decir, de la finalidad para la que fue creada, no siendo otro que garantizar al imputado el derecho de defensa. Pero la pregunta ahora es, defenderse de qué? es obvio que de lo que le imputa el fiscal o funcionario judicial, quien estructura cargos en consideración a lo denunciado y pesquisas que le permitan deducir que el denunciado puede estar incurso en delito, mientras no tenga el funcionario esos elementos se torna en un desgaste innecesario el recibir versión libre, siendo este el sentido de la norma, vigente desde julio de 2001.

No es de recibo que en la ponencia, ahora fallo, se haya enunciado (Pág. 10) la sentencia C- 096 de 2003, pero no se tuvo en cuenta por cuanto a la fecha de los hechos existían pronunciamientos de la misma Corte Constitucional que "le imponían como obligada esa directriz", pues olvidó la Sala que el sentido de la norma le es a ella consustancial en cuanto nacen simultáneamente, incluso el sentido a dar o espíritu de la misma, es primero a la creación de la norma en tanto es el que la inspira y obliga su concreción. Por ello, no es aceptable inobservar del principio de favorabilidad que debe aplicarse a partir de la expedición de la citada sentencia (C-096/03) de constitucionalidad, la cual es clara en afirmar que "está constitucionalmente prohibido oír al investigado en versión libre sin que previamente se le haya informado sobre el delito concreto por que se le investiga y sobre las pruebas que existen en su contra", lo cual aún no había sucedido en el averiguatorio penal origen de este disciplinario.

2.- No puedo compartir tampoco que la sentencia haya plasmado una posición diferente frente al mismo tema sin ponerlo de presente la Sala, pues es posición de la Colegiatura que cuando no se escucha en versión libre al imputado, como manda la norma procesal, ello no constituye falta disciplinaria, según se desprende del radicado 20020230, de fecha septiembre 12 de 2002, con ponencia del mismo Magistrado que ahora rindió ésta, en tanto en aquella oportunidad sucedió la misma situación de hecho frente al artículo 325 del C.P.P. que ante la petición de los imputados de ser escuchados en versión libre, el funcionario se abstuvo de cumplir con la norma, pues se limitó a decretar la versión, pero la aplazó para después de practicar pruebas, tanto así que, en una segunda oportunidad en que fue requerido para ser escuchados en la versión libre dijo que se estuvieran a lo resuelto en el auto anterior, es decir, siguió difiriendo hasta tanto practicara pruebas como lo dispuso en aquel proveído, contrariando así el tenor literal de la norma que textualmente exige escucharlo de inmediato, no después de practicar pruebas. No obstante en esa oportunidad tal desconocimiento para la Sala (Pág. 5) no se mostró "desproporcionalmente groseras o de mayúscula ilegalidad, al punto de concitar repudio desde el punto de vista funcional, sino que corresponden al ejercicio razonado de la actividad judicial", la única diferencia con este asunto es que el Fiscal de entonces no se negó más no la practicó, pero para el imperativo legal es la misma situación "no escucharlo inmediatamente", entonces cuál la diferencia?.

Pretender diferenciar entre uno y otro caso, como puede llegar a razonarse, en el hecho de haberse negado la disciplinada de autos y en aquel otro no se negó, sería esquivar el verdadero alcance la norma, por cuanto el imperativo es escucharlo inmediatamente, no diferir tal obligación para un momento posterior, es decir, en ambos casos se apartó de la norma, motivo por el cual la solución debió ser la misma, o en su defecto razonar sobre el cambio de jurisprudencia de la Sala, circunstancia que como se sabe debe motivarse en debida forma cuando se da un viraje en la doctrina de quienes están llamados a unificar criterios constitutivos de jurisprudencia, no en vano la guardiana de la Constitución Política se ha pronunciado sobre este aspecto, a manera de ejemplo, el auto 013 de 1997 que con ponencia del Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO sostuvo respecto de la jurisprudencia que:

De los señores magistrados,