(Mayo 23)

Aprobada mediante Acta 10 de 2006

CONCEJO DE BOGOTA D.C.

Ver las Actas del Comité de Conciliación del Concejo de Bogotá 08 y 14 de 2006

FECHA: 23 de mayo de 2006

HORA: 3:40p.m.

LUGAR: Sala de Juntas de la presidencia de la corporación

ASISTENTES: Dr. Antonio Galán Sarmiento, Presidente Concejo de Bogotá, Dra. Patricia Duque Cruz, Directora Administrativa y Financiera Concejo de Bogotá, Dra. Maria Consuelo Delgadillo Forero, Subsecretaría de Comisión de Presupuesto, Dra. Alix Marina Castañeda, Asesora Mesa Directiva, Dra. Elba Ligia Acosta Castillo, Secretario General y presidente del comité de conciliación, Dr. Héctor Díaz Moreno, Subdirector de Gestión Judicial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Dr. Oscar Eduardo Díaz González, coordinador grupo de Control Interno Concejo de Bogotá, Dr. Nelson Javier Otálora, abogado externo Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. PRESIDENTE: Dra. Elba Ligia Acosta Castillo, Secretaria General.

SECRETARIO TÉCNICO AD HOC: Dra. liba Yohanna Cárdenas Peña, Subsecretario de Despacho Comisión de Gobierno.

1. llamado a lista y verificación del quórum

2. lectura, discusión y aprobación del orden del Día.

3.designación del funcionario que ejercerá la secretaria técnica del comité de conciliación para este nuevo periodo.

4. aprobación del acta del comité de conciliación de fecha 9 de marzo de 2006.

5. Análisis de las fichas técnicas de los señores: Herney Hernández Campos, Ana Joaquina Herrera Baracaldo, Henry Salgado Ocarnpo y Gonzalo Arturo Triviño Quiroga.

6. Comunicaciones y varios.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM: La Secretaria técnica llama a lista a los miembros del comité interno de conciliación según la resolución 340 del 1 de julio de 2005, expedida por la mesa directiva del concejo de Bogotá D.C., contestando cinco (5) miembros, y verifica asistencia de invitados razón por la cual se cuenta con quorum decisorio. La Presidenta del comité deja constancia de la invitación cursada al delegado del ministerio del interior y la justicia.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: La secretaria técnica da lectura al orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. La Presidenta del comité deja constancia que en la primera convocatoria a esta reunión incluyó como punto la ratificación de la doctora ILBA YOHANNA CÁRDENAS PEÑA, como Secretario Técnica del comité de conciliación y por una comunicación suya aclaró que se trata de la designación del funcionario que ejercerá la secretaria técnica del comité de conciliación para este nuevo periodo.

3. DESIGNACIÓN DEL FUNCIONARIO QUE EJERCERÁ LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN PARA ESTE NUEVO PERIODO: La Presidenta del Comité informa que el secretario técnico debe ser un subsecretario de despacho que sea abogado y estos requisitos los cumplen las doctoras liba Yohanna Cárdenas Peña y Ruth Yaned Vargas Rico, la Dra. Consuelo postula a la Dra. liba, porque ya conoce el procedimiento, el Dr. Héctor Díaz vota por la Dra. liba, quien agradece el voto de confianza en esta designación tan importante, dada la responsabilidad del Secretario Técnico de este comité y solicita reconsiderar la decisión, teniendo en cuenta que ella ya ejerció el cargo y que el exceso de proyectos de acuerdo en trámite de la comisión de gobierno exigen todo su tiempo; ante los argumentos la Dra. Consuelo acompaña la propuesta de reconsiderar el nombre de la Dra. Ruth, sin antes dejar consignado que no comparte los argumentos de la Dra. liba, para la no aceptación de la designación como secretaria, por cuanto las actividades de todas las comisiones son las mismas y fue fortalecido el grupo de funcionarios de esa comisión. La Dra. Elba Ligia informa a los demás miembros del comité que hablo con la Dra. Ruth y ella está dispuesta a colaborar, razón por la cual se designa por unanimidad a la Dra. Ruth Yaned Vargas Rico, abogada Subsecretaría de Despacho de la Comisión Primera Permanente del Plan del Concejo de Bogotá, corno Secretario Técnico del comité de conciliación, decisión esta que será comunicada por secretaria.

4. APROBACIÓN DEL ACTA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE FECHA 9 DE MARZO DE 2006: La Presidenta del comité da lectura al acta previamente enviada por correo a los miembros del comité, siendo aprobada por unanimidad.

5. ANÁLISIS DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS SEÑORES: HERNEY HERNÁNDEZ CAMPOS, ANA JOAQUINA HERERA BARACALDO, HENRY SALGADO OCAMPO Y GONZALO ARTURO TRIVIÑO QUIROGA: la presidenta del comité recuerda que las fichas técnicas fueron enviadas previamente y agrega que en la fecha la Dra. Martha Gutiérrez, Asesora del Concejal Fernando López Gutiérrez y Presidente de la corporación en el año 2003, hace entrega al comité de dos fallos, uno de la procuraduría segunda Distrital que resuelve abstenerse de continuar la investigación y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente No.143-977357-2004 y el otro de la Contraloría de Bogotá - dirección de responsabilidad fiscal y Jurisdicción Coactiva que resuelve cesar la acción fiscal respecto del proceso de responsabilidad fiscal no. 50000-002/06, adelantado en el Concejo de Bogotá D.C. en cuantía de $33.558.683,oo en contra de Luis Felipe Barrios, Carlos Julio Báez Morales y Fernando López Gutiérrez, dando lectura a los artículos 2° a 6° de la decisión, el Dr. Otálora señala que se trata de fichas técnicas iguales por los mismos hechos y causas y por ello va explicar una que sirve de base general para las demás. Se trata de 85 funcionarios de las unidades de apoyo normativo de los concejales declarados insubsistentes mediante la resolución 918 de diciembre de 2003, los cuales estaban aforados en 9 sindicatos. Sintracombo fue el único al que se le reconoció personería y al declarar insubsistentes a sus miembros estos demandaron, solo el juzgado 2° laboral del circuito fallo favorable al distrito, pero en segunda instancia revocaron el fallo y los demás fueron fallos desfavorables, los argumentos de la sala laboral del tribunal administrativo y los otros juzgados laborales para la condena a reintegro e indemnización parten del artículo 39 de la Constitución Política que consagra el derecho a crear sindicatos sin la interferencia del patrono, sintracombo fue fundado el 30 de octubre de 2003 y comunicado al Presidente y a la Directora Administrativa y Financiera el 4 de noviembre de 2003, recordando que desde la fundación se adquiere la personería jurídica y el fuero sindical de 2 meses y con un término máximo de 6 meses y que el registro sindical solo es una observación de los requisitos legales de estatutos, posteriormente para el 14 de noviembre el Ministerio de Protección Social les reconoció personería jurídica, lo cual fue confirmado en una decisión de febrero y revocada en abril. Si bien es cierto una cosa es la fundación y otra el registro sindical, se llegó a la conclusión de violación del fuero sindical que debió ser levantado. También existen otros tipos de fallos favorables apoyados en la tesis del abuso del derecho y en el hecho de haberse negado el registro sindical de sintracombo, porque no puede devenirse un derecho de un acto que en su fundación fui ilegal. es así como poniendo de presente las dos posiciones deja la decisión en el comité de conciliación, la Dra. consuelo señala que en las fichas técnicas no encuentra un criterio de si procede o no la acción y considera importante el concepto del abogado externo máxime cuando no todos los miembros del comité son abogados, en las otras fichas se presentaba la sugerencia del abogado externo. El Dr. Héctor Díaz explica que se hizo así teniendo en cuenta que en el comité celebrado en el mes de diciembre de 2005, se cuestionó la gestión judicial de su despacho y mal podría el abogado externo tomar criterio frente a algo que él defendió, por ello en esta oportunidad el abogado presenta la ponderación de decisiones contrarias y favorables y es el comité a quien le corresponde tomar la decisión de si procede o no la acción de repetición, teniendo en cuenta que la ley previo la ínter disciplinarle dad de sus miembros lo cual permite que con ópticas diferentes se contribuya a la toma de decisiones, solicita que antes de entrar a tomar la decisión, los miembros del comité valoren la decisión de posibles causales de impedimento, recordando que el comité es un órgano decisorio y no consultor ni asesor de la administración, por lo cual está investido de autonomía e imparcialidad, el H. Concejal Antonio Galán Sarmiento, Presidente del Concejo de Bogotá señala que si para casos similares han existido decisiones diferentes surge la dificultad de tomar una decisión más aún cuando no se es abogado y pregunta acerca del término del fuero sindical. El Dr. Otálora explica los casos del artículo 407 del Código Sustantivo del Trabajo en cuanto a fundadores, adherentes y representantes de la organización sindical, el H. Concejal Galán plantea un posible abuso del derecho de estos funcionarios de libre nombramiento y remoción miembros de las uan que fundaron sindicatos y la Presidenta del Comité agrega que esos funcionarios sabían que su concejal no había salido electo y que su vinculación a la corporación había sido por postulación del concejal de sus funcionarios de manejo y confianza. Respecto a los impedimentos la Dra. Elba Ligia pone a consideración del comité posible impedimento con fundamento en el numeral 4° del articulo quinto del reglamento del comité de conciliación, al haber sido elegida Secretaria General y como funcionaría de carrera administrativa ser subalterna de concejales y Mesa Directiva. La Secretaria Técnica proceda a dar lectura integra al citado artículo y a continuación los miembros del comité expresan su voto así: Dra. Consuelo explica el proceso de elección de secretario y subsecretarios de las comisiones del Concejo de Bogotá por convocatoria publica abierta, sin injerencia de ningún concejal, con un proceso de evaluación de la hoja de vida y una entrevista de donde resultan los candidatos elegibles por los concejales, manifestando que para ella no existe el impedimento de la Dra. Elba Ligia porque no se da recomendación ni designación. La Dra. Duque comparte la argumentación y considera no se da la causal de impedimento. El Dr. Héctor Díaz comparte la decisión de no impedimento bajo los supuestos de no recomendación y votación secreta de los concejales el día de la elección de Secretario General, la Dra. Alix comparte el no impedimento porque la autonomía no se ve afectada, pues en alguna medida todos somos subordinados. Por unanimidad se niega el impedimento presentado por la Dra. Elba Ligia Acosta Castillo, a continuación el Dr. Héctor Díaz plantea igualmente su impedimento con fundamento en el numeral 1° del articulo quinto del reglamento del comité de conciliación, porque en la penúltima reunión del comité se señaló en un documento firmado por los tres (3) concejales miembros de la Mesa Directiva del año 2003 que la defensa judicial no había sido óptima, es decir parece decir el documento "los procesos se perdieron por su culpa". A continuación los miembros del comité expresan su voto así: la Dra. Consuelo dice que no hay lugar al mismo y sin ser abogada no ve que se de la situación de interés particular. El Dr. Oscar Díaz aclara que el documento al que se refiere el Dr. Héctor no es del comité y pudiera entenderse como un medio de defensa de los miembros de la Mesa Directiva de la época a lo cual tienen derecho, sin que su contenido haya sido compartido por los miembros del comité. Las Dras. Elba Ligia y Alix Marina, aceptan el impedimento porque el Subsecretario de Gestión Judicial va a ser el representante del Concejo ante lo Contencioso y los demandados pueden alegar esta situación que rompe el principio de la imparcialidad. La Dra. Duque una vez escuchados los argumentos acepta el impedimento. Por mayoría de votos se acepta el impedimento presentado por el Dr. Héctor Díaz, la secretaria técnica pregunta si existe algún otro impedimento, a lo cual responden que no los demás miembros del comité. El Dr. Oscar Díaz, plantea la importancia que los miembros del comité den lectura a los fallos de la Contraloria y la Procuraduría que se acaban de conocer, la presidenta del comité señala que la decisión a tomar es trascendental porque no solo es para estos 4 casos, va a ser una decisión definitiva para los demás casos relacionados con el mismo tema de la declaración de insubsistencia de diciembre de 2003, razón por la cual propone suspender la reunión y continuarla al día siguiente, una vez leídos los fallos, agregando que le preocupa lo expresado en la misma ficha técnica acerca de no haber unanimidad en los tribunales y eso hace más DIFÍCIL decidir si procede o no la acción de repetición. El Dr. Héctor Díaz señala que aceptado su impedimento se retira, pero se le solicita continuar acompañando la reunión, a lo cual accede explicando que el concepto del Contralor sobre la acción de repetición es para un caso concreto en el cual procedía claramente la acción, porque había hasta calificación judicial de dolo o culpa grave. En el caso del Concejo de Bogotá los fallos aluden a violación de la Constitución Política y las leyes, pero no han dicho que haya dolo, mas aún el fallo de la Contraloría valora la culpa y dice que la actuación de la mesa directiva fue plausible. Finalmente alude a que si el comité de conciliación decide que no procede la acción de repetición, debe remitir de inmediato a la procuraduría general de la nación el acta con todos los soportes para su pronunciamiento y si decide que procede la acción, tener en cuenta que en la acción de repetición la carga de la prueba está en la administración y puede implicar un desgaste tanto de la administración como de congestión judicial. El Dr. Otálora recuerda a los miembros del comité los presupuestos de la procedencia o no de la acción de repetición, a saber: 1)La existencia de fallo condenatorio, que en este caso existe, 2) el daño antijurídico consecuencia del dolo o culpa gravosa y 3) que la entidad condenada haya pagado y en este caso ya existen los pagos, la Dra. Alix pregunta que pasó con el anterior caso que revisó el comité y se envió a la Procuraduría, respondiendo el Dr. Héctor Díaz que en ese caso no se había pagado la totalidad y por ello no se pronunció la procuraduría. La Dra. Alix propone que se oficie a la procuraduría para que devuelva la documentación toda vez que el comité no ha perdido la competencia y la Dra. Elba Ligia propone que este punto se trate en una próxima reunión y se tome una decisión. En consideración la suspensión de la reunión para la toma de una decisión, se aprueba por unanimidad y se fija la fecha del miércoles 24 de mayo de 2006 a las 3.00 p.m. con el fin de continuarla y donde actuará como secretario técnico el designado en esta reunión, es decir, la Dra. Ruth yaneth vargas rico, subsecretario de despacho de la Comisión Primera Permanente del Plan.

Ver el Acta de Conciliación del Concejo de Bogotá 14 de 2006

Siendo las 5.45 p.m. del día 23 de mayo de 2006, se da por terminada la reunión del comité de conciliación del Concejo de Bogotá y se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Acta aprobada en reunión del día 30 de junio de 2006

Continuación Acta N° 09 del 23 de mayo de 2006

ACTA 09 DE 2006

FECHA: 24 de mayo de 2006

HORA: 3:30 p.m.

LUGAR: Sala de Juntas de la Presidencia de la Corporación

Dra. Elba Ligia Acosta Castillo, Secretaria General y Presidenta del Comité de Conciliación; Dra. Patricia Duque Cruz, Directora Administrativa y Financiera del Concejo de Bogotá; Dra. María Consuelo Delgadillo Forero, Subsecretaría de Comisión de Presupuesto; Dr. Jorge Muñoz, Asesor Mesa Directiva; Dr. Héctor Díaz Moreno, Subdirector de Gestión Judicial de la Alcaldía Mayor de Bogotá; Dr. Oscar Eduardo Díaz González, Coordinador Grupo de Control Interno Concejo de Bogotá; Dr. Nelson Javier Otálora, Abogado externo Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Dra. Alix Marina Castañeda, en Calidad de invitada.

SECRETARIA TÉCNICA: Dra. Ruth Yaned Vargas Rico, Subsecretaría de Despacho Comisión del Plan.

ORDEN DEL DÍA: Continuación de la Reunión iniciada el día 23 de Mayo de 2006.

La Presidenta del Comité, Doctora Elba Ligia Acosta Castillo, inicia la reunión haciendo aclaración respecto de la votación para la aceptación del impedimento presentado por el Dr. Héctor Díaz y la negación al impedimento presentado por ella, con relación a la votación que se llevó a cabo para esta decisión el día anterior, por cuanto participó la Dra. Alix Marina Castañeda quien desde el pasado 18 de abril de la presente anualidad, fue trasladada al proceso de Control Disciplinario, razón por la que ella dejó de ser miembro activo del Comité, por no ostentar el cargo de Asesora de la Mesa Directiva de la Corporación. En tal sentido, la Presidenta aclaró que la votación no genera vicios, pues aún sin contar el voto de la mencionada funcionaría hubo quorum decisorio, con los 3 votos válidos, encontrándose la decisión en firme, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento del Comité de Conciliación. Agregó además, que el doctor Jorge Muñoz es actualmente el asesor de la Mesa Directiva y es quien debe hacer parte de esta reunión, para que actúe como miembro activo del Comité.

La doctora liba Yohanna Cárdenas informa que estando presente la nueva secretaria técnica, la subsecretaria de la Comisión del Plan, Dra. Ruth Yaned Vargas y quien asume las funciones a partir de esta reunión, hace entrega de la copia de la citación y del acta de la sesión iniciada el día anterior. (23 de mayo de 2006).

Interviene la Presidenta del Comité para informar que enterados los miembros presentes de los fallos proferidos por la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría Distrital, relacionados con el objeto materia de la reunión, es procedente entrar a decidir sobre la pertinencia o no del inicio de la acción de repetición contra la Mesa Directiva de la época.

En uso de la palabra el Doctor Héctor Díaz manifiesta que habiendo sido aceptado el impedimento para votar, en la decisión que se discute, su presencia en la reunión tiene como fin dilucidar cualquier duda de carácter legal que pueda llegar a presentarse.

Para sustentar el voto con relación al tema objeto de discusión la Doctora Consuelo Delgadillo manifestó, que a pesar de no ser abogada, pero teniendo el deber de tomar una decisión, se basó en todos los antecedentes analizados en las fichas técnicas expuestas, en los fallos de la Contraloría y la Procuraduría, así como la forma irregular como se conformaron los sindicatos; refiriéndose en primer término a los diferentes fallos proferidos por los Tribunales, frente a los cuales ante las mismas situaciones de hecho, no hay unidad de criterio, tienen decisiones contradictorias, tal como lo trae a colación el fallo de la Contraloría Distrital que contempla "también hay suficiente evidencia, en el sentido de que si bien es cierto el Ministerio de la Protección Social dispuso en principio la inscripción en el registro sindical de la organización ya aludida, lo que se hizo a través de la Resolución 03206 del 20 de noviembre de 2003 (Fls 25 a 28) tal acto administrativo fue posteriormente revocado por esa misma autoridad, al considerar que en la constitución del sindicato de marras, se violaron normas constitucionales y legales, para lo cual basta con remitirnos a lo precisado en la Resolución 1396 del 5 de abril de 2004.si el acto de constitución o fundación del sindicato se produjo contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente y con base en ello se ha negado la inscripción en el registro sindical, el fuero de fundadores se toma inexistente por emerger de un acto ilegal que le traslada ese mismo vicio, del cual no puede derivarse ninguna garantía de estabilidad."

Agregó que se observa además en el fallo de la Contraloría, que los funcionarios a los que se refiere son servidores de libre nombramiento y remoción y de absoluta confianza del concejal y es él quien determina el tiempo de vinculación; de otro lado, se debe mirar la manera como se conformaron los sindicatos, por cuanto existió una agrupación sucesiva de los mismos; en este sentido el fallo de la Contraloría acoge parte del pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación que señala "... a los cuerpos normativos de los concejales se les nombra en calidad de libre nombramiento y remoción y su permanencia en el cargo depende si el concejal continúa de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 443 de 1.998 y los acuerdos 29 de 2001 y 95 de 2003 llegando a la decisión que "Aparece probado dentro de las diligencias que, los funcionarios de la Unidades de Apoyo Normativo, son de libre nombramiento y remoción, que los mencionados funcionarios al percibir que sus Concejales postulados podían perder las elecciones y por tal motivo, ellas (sic) declarados insubsistentes, procedieron a vincularse a varios sindicatos a la vez amparados en las normas constitucionales antes mencionadas, con el único ánimo de preservar su estabilidad laboral, desconociendo los fines esenciales del Derecho de asociación... De acuerdo a las anteriores consideraciones y del análisis del material probatorio recaudado se debe inferir que los doctores FERNANDO LÓPEZ GUTIÉRREZ, CARLOS JULIO BAEZ M. y LUIS FELIPE BARRIOS B., en su calidad de presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente del Concejo de Bogotá D.C. no se encuentra en curso (sic) en ninguna de las faltas disciplinarias reguladas por el Código disciplinario Único (Ley 734 de 2002), al haber proferido la Resolución No . 00918 año 2003(31 de Diciembre)" Por la cual se declara insubsistente unos nombramientos, pertenecientes a las unidades de apoyo Normativo. Por lo que este despacho ordenará la terminación de la actuación disciplinaria y como consecuencia de lo anterior ordenará el archivo definitivo de las presentes diligencias."

La doctora Consuelo analizó además la actuación de la Mesa Directiva, afirmando que se deduce de todos los documentos, que los integrantes de la misma agotaron todos los medios a que hubo lugar, hicieron las debidas consultas con el Ministerio de Protección Social, con el ex magistrado Alejandro Martínez Caballero, para aclarar algunas dudas en relación con la condición de servidores de libre nombramiento y remoción. Debe tenerse también en cuenta la parte presupuestal, por cuanto el Concejo no contaba con la apropiación de recursos para estos cargos, porque habiendo terminado el período de los concejales salientes, se da por entendido que los Concejales elegidos llegan con su respectivo grupo de apoyo normativo.

Adicionalmente, el articulo 90 de la Constitución Política consagra la acción de repetición pero exige que la conducta en que haya incurrido el posible infractor debe tener la calificación de dolosa o gravemente culposa y es fácil percibir que esta característica no se haya configurado en ninguno de los miembros integrantes de la Mesa Directiva. En este sentido el fallo de la Contraloría contempla: " ... es necesario en efecto determinar si el imputado obró con dolo o con culpa, y que para que ella se configure debe existir un nexo causal entre dicha conducta dolosa o culposa y el daño patrimonial al Estado; de la lectura de lo acontecido como del análisis de lo antes transcrito, conducen a esta Dirección a establecer que en el asunto que nos ocupa, en primer lugar, no se da ese nexo causal que permita inferir responsabilidad de los implicados en este proceso por cuanto bien se vio fueron acuciosos al aplicar las normas que consideraron que los empleados del Concejo que integraban las UAN eran funcionarios de libre nombramiento y remoción, ...". Corno puede verse el fallo de la Contraloría determinó que no se causó un detrimento patrimonial por cuanto no se pudo establecer un vínculo entre la conducta realizada y los efectos generados.

Por último agregó como fundamento de su decisión, otro aparte del fallo de la Contraloría con relación a la actuación de la Mesa Directiva que establece: "...no es posible juzgar la actuación de la administración desde una interpretación distinta a la que ésta acogió, es decir, con el debido diligenciamiento y cuidado al consultar previamente ante autoridades competentes, ilustres magistrados y tener presente las normas, acuerdos que regían para el momento de la actuación. Que como corolario de los argumentos expuestos, para el despacho es evidente que la interpretación de la administración en los hechos referidos es plausible y por lo tanto, es lícita;..."

Una vez expuestos. los anteriores argumentos concluyó que el voto es negativo para iniciación de la acción de repetición contra los miembros de la Mesa Directiva de esta Corporación para la época de los hechos.

En uso de la palabra la doctora Patricia Duque argumenta que para tomar su decisión debe sustentarse también en los fallos de la Contraloría y la Procuraduría. Igualmente, hace referencia a la Resolución 918 de 2003 que la Mesa Directiva de la época argumentó, para tomar las decisiones que llevaron a los fallos y para no volver a leer los apartes del pronunciamiento de la Contraloría, anexa copia del fallo mediante el cual se exonera de responsabilidad fiscal para que forme parte integral del acta y se tenga en cuenta la parte consagrada en la hoja siete del fallo de la Contraloría Distrital que consagra "...no se da ese nexo causal que permite inferir responsabilidad de los implicados en este proceso por cuanto bien se vio fueron acuciosos al aplicar las normas que consideraron que los empleados del Concejo que integraban la UAN eran funcionarios de libre nombramiento y remoción..." no tiene argumentos para demostrar ni el dolo ni la culpa grave por parte de los miembros de la Mesa Directiva en la citada actuación, por lo que no es pertinente un desgaste administrativo. Concluye diciendo que su voto es no a la iniciación de una acción de repetición.

En uso de la palabra la doctora Elba Ligia Acosta expuso que tal como lo había referido el día anterior, la conformación de los sindicatos no estaba ajustada a derecho y que la intención no fue la de asociarse para favorecer los derechos de los sindicalizados, sino forzar a la Administración a mantenerlos en los cargos, por lo que este proceder no es legítimo ni propio de los sindicatos. Agregó, además, que la acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor público como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa; y de los fallos leídos, tanto de la Procuraduría, la Contraloría y los tribunales, no se deriva por parte de la Mesa Directiva de la época, una responsabilidad calificada de dicha manera, por lo que las actuaciones no se enmarcan dentro de los requisitos señalados para la acción de repetición, el dolo implica que el servidor público quiera la realización de un hecho ajeno a las finalidades del Estado, es decir, un acto administrativo expedido con falsa motivación, haber sido penal o disciplinariamente responsable a titulo de dolo y ni la Procuraduría ni la Contraloría así lo determinó. Igualmente expuso que la culpa grave significa un daño como consecuencia de una infracción directa a la Constitución y a la Ley o por extralimitación de funciones; es decir, por violación a normas de derecho y falta de competencia para proferir la decisión. Los requisitos del dolo están consagrados en la Ley 678 de 2001 artículo 5. Concluyó diciendo que del análisis que se ha hecho queda desvirtuada la culpa grave y el dolo por las siguientes razones: Los presupuestos con que ha actuado la Mesa Directiva, tal como lo establecen los fallos de los tribunales y lo expuesto por la Contraloría y la Procuraduría donde expresan que la Administración actuó en debida forma, agotando todas las instancias para tomar una decisión acertada; los fallos contrarios y bajo criterio de juicio jurídico distinto de los tribunales, con base en los que la Procuraduría y la Contraloría los exime de toda responsabilidad. Por las anteriores consideraciones, concluyó que su voto es negativo a la decisión de iniciar la acción de repetición contra la Mesa Directiva.

En uso de la palabra el doctor Jorge Muñoz expuso que su ingreso al Concejo de Bogotá, se dio en reemplazo de uno de los trabajadores despedidos, lo que crea un interés particular en la toma de la decisión que se está debatiendo, como miembro del Comité; razón por la cual se declara impedido para votar la decisión de iniciación o no de la acción de repetición. Con tal propósito la Presidenta ordena a la Secretaria leer los artículos 5 y 6 del Reglamento Interno del Comité de Conciliación del Concejo de Bogotá, relacionados con los impedimentos, lo cual así se hizo.

Terminado de leer se procede a la votación con relación a si se acepta o no por parte del Comité el impedimento presentado por el doctor Muñoz; la Presidenta somete a votación el impedimento presentado y concede la palabra a la doctora Patricia Duque, quien manifiesta que el voto es negativo para la aceptación del impedimento, por considerar que el doctor Muñoz no está inmerso en ninguna de las causales señaladas en el Reglamento. La doctora Consuelo Delgadillo vota negativamente a la aceptación del impedimento por las mismas razones expuestas por la Dra. Patricia.

Para referirse al tema el doctor Héctor Díaz manifiesta que la causal expuesta por el doctor Muñoz no encaja dentro de las causales leídas y por tanto el voto es negativo. De igual manera, expone la Doctora Elba Ligia Acosta, Presidenta del Comité, su voto negativo por cuanto las razones expuestas no encajan dentro de las causales leídas. En conclusión, el resultado de la votación fue cuatro votos por el NO, razón por la cual se niega el impedimento.

Como consecuencia de lo anterior, se le otorga la palabra al doctor Jorge Muñoz para que exprese el voto con relación a la decisión, referida con la iniciación o no de la acción de repetición, manifestando que participa de los argumentos expuestos por los otros miembros, con relación a que si la Procuraduría y la Contraloría Distrital en sus fallos no encontraron mérito para iniciar acción disciplinaria ni fiscal, no puede el Comité tener argumento alguno para iniciar dicha acción, por lo que su voto es no.

Interviene el Doctor Oscar Díaz, Asesor de Control Interno, para solicitarle al Doctor Héctor Díaz que le informe los efectos que puede tener la decisión tomada por el Comité, pues en las fichas técnicas se determina cuándo hay lugar a que se inicie la acción de repetición. El Dr. Díaz le informa que lo señalado en las fichas obedece a los presupuestos establecidos en la Ley 678 para iniciar la acción de repetición, no obstante es una acción eminentemente objetiva, es función legal del Comité evaluar la procedencia o no de la acción de repetición, de no ser así, simplemente la ley hubiera establecido que toda sentencia adversa generaría acción de repetición de manera inmediata sin ningún otro requisito adicional.

La Doctora Alix Marina Castañeda expone que la Acción de Repetición es subjetiva y la finalidad es de carácter indemnizatorio y no para hacerle más gravosa a la administración la situación, que genere un provecho para el Estado porque debe probarse el dolo y la culpa grave en las actuaciones de la administración.

El Doctor Héctor Díaz para terminar informa que una vez tomada la decisión por parte del Comité, de conformidad con la Ley 678 de 2001, ésta debe remitirse a la Procuraduría General de la Nación, para que ella dentro de un criterio autónomo e imparcial decida si la acción de repetición debió o no adelantarse; medida que no afectará la decisión que cada uno de los miembros ha tomado y es a través de la Secretaría técnica que debe remitirse con todos los antecedentes incluidos acta aprobada, ficha técnica y demás documentos.

Con relación al término para ser enviado a la Procuraduría, el Dr. Díaz informa que debe hacerse uso del reglamento en el sentido de que los miembros del comité tienen tres días para revisar el acta o de lo contrario se acepta, esto sin perjuicio que en la próxima reunión del comité, se apruebe el acta por lo que solicita que se haga lo más pronto posible la nueva citación.

Siendo las 4:25 p.m., se da por terminada la reunión.

ACTA APROBADA EN REUNIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2006