ACTA 2 DE 2002

En Bogotá D. C., a los 16 días del mes de abril de 2002, previa citación, se reunió en sesión extraordinaria, en la Subdirección Administrativa y Financiera del Departamento Administrativo de Bienestar Social, el Comité de Conciliación, a la cual asistieron la mayoría de sus miembros y cuyos nombres se relacionan a continuación: Doctora ANGELA MARÍA GONZÁLEZ LOSADA, Presidenta del Comité; Doctor ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; Doctor JUAN CARLOS FERNANDEZ OROZCO, Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios; Doctora MARÍA CRISTINA HURTADO SAENZ, Subdirectora de Intervención Social; Doctora CONSUELO AYDE AGUILLON VILLORÍA, Jefe de la Unidad de Gestión Humana y EDWIN ORLANDO GUTIÉRREZ SALCEDO, Secretario Técnico, esto último con derecho a voz pero sin voto; así mismo asistieron como invitadas especiales con derecho a voz pero sin voto la Doctora CLARA LUCIA TORRES CASTRO, apoderada del DABS y la Doctora ZAIDA GIL AMAYA, Delegada de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio de Justicia. No asistió a la reunión la Doctora BLANCA IRMA PABON JAUREGUI, Jefe de la Oficina de Control Interno, pero mediante correo interno de fecha 15 de abril de 2002 manifestó sus excusas, aduciendo haber adquirido compromisos con anterioridad. Una vez leído el orden del día la Presidenta del comité, Doctora ANGELA MARÍA GONZÁLEZ LOSADA, procedió a saludar a los miembros que lo integran y a instalar la sesión extraordinaria programada para el día de hoy. Acto seguido se verificó la asistencia, estableciéndose que había Quórum para llevar a cabo la reunión y por ende para tomar decisiones. A continuación se asume la discusión del caso objeto de análisis, quedando en uso de la palabra el Doctor ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ, quien explicó a los miembros del Comité que el objeto de la sesión era establecer el plazo en el que el DABS podría entregar una suma de dinero a COLSUBSIDIO, en el evento en que se llegara a algún acuerdo conciliatorio y teniendo en cuenta que la audiencia programada para el día 5 de abril fue fallida, por cuanto el apoderado de esa persona jurídica y su representante no se habían hecho presentes. Retoma la palabra la Doctora ANGELA MARÍA GONZÁLEZ LOSADA para informar que ante la inexistencia de rubro presupuestal para atender este tipo de situaciones y previa gestión realizada ante la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, había obtenido respuesta mediante la cual le manifestaron que era esa Secretaría, con presupuesto proveniente directamente del Distrito, la que pagaría el monto de la conciliación prejudicial, siempre y cuando el proceso o solicitud se haya iniciado en el año 2001, situación que se amolda al caso bajo estudio. La Presidenta propone que el plazo para el pago de ese dinero, en caso de llegarse a acuerdo conciliatorio, debe ser amplio, poniendo a consideración miembros 90 días para tal fin, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la aprobatoria emanada del Tribunal Administrativo. La Doctora ZAIDA participa impartiendo a los miembros del Comité algunas instrucciones relacionadas con el tema a tratar, aprovechando la experiencia que tiene en este tipo de situaciones, así mismo, en asuntos prácticos en la elaboración de las actas y de las fichas técnicas que se deben diligenciar. Una vez finalizadas las intervenciones los miembros del Comité, procedieron a deliberar, decidiendo por unanimidad acoger la propuesta hecha por la Presidenta, teniendo en cuenta que para la obtención de esos recursos se debía realizar un trámite bastante engorroso y que podía dilatarse en el tiempo, ante lo cual era necesario establecer un tiempo prudente para no incumplir el posible acuerdo al que se podría llegar. La Doctora CONSUELO AYDE AGUILLON VILLORÍA manifiesta a la Presidenta del Comité que también se debe tratar el tema relacionado con la existencia de rubro presupuestal para atender futuras condenas judiciales pecuniarias en contra del Departamento o conciliaciones prejudiciales que tengan viabilidad. La Doctora ANGELA MARÍA GONZÁLEZ LOSADA manifiesta que es difícil realizar un cálculo estimatorio del monto presupuestal que se requiere para atender durante el transcurso del presente año erogaciones por estos conceptos, debido a que no tenemos ningún soporte estadístico que nos permita fijar una cantidad acertada. El Secretario del Comité interviene para manifestar que ante esta situación se podría solicitar colaboración a la Secretaría General del Distrito, con el fin de tener acceso a la información estadística de las condenas pecuniarias en contra del Departamento durante el año inmediatamente anterior y así poder hacer un cálculo aproximado del dinero que se puede requerir; propuesta que es acogida unánimemente por los miembros del Comité. Seguidamente el Secretario Técnico pone a consideración de los miembros del Comité la posibilidad de establecer que en adelante las Actas de las sesiones que se lleven a cabo sean suscritas por la Presidenta y él, toda vez que el recolectar las firmas de quienes participan en calidad de miembros lleva bastante tiempo. Luego de deliberarse se concluye que se rechaza la propuesta, porque es mejor que todos los miembros del Comité que participen en las sesiones firmen las actas, por cuanto así se lleva un mejor control de lo que se dice en cada una de ellas y se asegura que tanto las decisiones individuales que tomen los miembros, como las generales que tome el Comité sean las que verdaderamente se adoptan, teniendo en cuenta la gran responsabilidad que esto conlleva. Una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron, en constancia se firma.