Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora contra la sentencia del 4 de mayo de 2000, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca (folios 100 a 132 del cuaderno principal), mediante la cual se dispuso:

La sociedad PRODUCTOS ELECTRÓNICOS APELTRONIC LTDA., por conducto de apoderado judicial debidamente constituido, presentó el día 23 de septiembre de 1997 demanda ordinaria en ejercicio de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra del Distrito Capital de Bogotá - Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAMA- y del señor Eduardo Uribe Botero, en calidad de Director del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA-, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. En el escrito de la demanda expuso las siguientes pretensiones (folios 1 a 32 del primer cuaderno):

"El daño emergente está integrado por los siguientes rubros: a) Las sumas que debió invertir la sociedad actora para la fabricación de la UPS de 40 KVA expandible a 50 KVA para dar cumplimiento al contrato que debía celebrarse en desarrollo del acto administrativo de adjudicación contenido en la Resolución 262 .de abril 21 de 1997 y que comprende la materia prima directa, mano de obra, transformador, baterías, por un valor no inferior a dieciséis millones de pesos m/cte ($16.000.000.oo). b) La suma de setecientos sesenta y tres mil doscientos ochenta pesos m/cte ($763.280.oo) que corresponde al valor pagado por la sociedad actora al Instituto de Normas Técnicas y Certificación -ICONTEC- por la certificación de calidad de la UPS ofrecida al DAMA sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos en los términos de referencia. Los anteriores valores deben actualizarse desde la fecha en que se produjo el daño (20 de mayo de 1997 - fecha del acto administrativo que revocó la adjudicación) hasta el mes anterior a la fecha de la sentencia, inclusive.

En su escrito de demanda la parte actora narró los siguientes hechos (folios 6 al 15, cdno. Ppal.):

2.1. Que el Alcalde Mayor de Bogotá, mediante Decreto 441 de agosto 13 de 1993, delegó la función de adjudicar y de celebrar contratos en los Secretarios de Despacho y en los Jefes de los Departamentos Administrativos del Distrito Capital.

2.2. Que en ejercicio de la función delegada, el Director del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA- inició el proceso de contratación directa, con el propósito de contratar el suministro y la instalación de una UPS, con destino a la nueva sede de la entidad.

2.3. Que presentaron propuestas para el suministro e instalación de la UPS, las siguientes sociedades: i) DATATRONIC LTDA., ii) Productos Electrónicos APELTRONIC LTDA., y, iii) IEEE LTDA.

2.4. Que en respuesta a las aclaraciones pedidas por la entidad pública demandada, la sociedad APELTRONIC LTDA., sostuvo que la UPS ofrecida cumplía con las normas técnicas exigidas en los términos de referencia.

2.5. Que en la evaluación realizada por los subdirectores de la entidad pública demandada, la propuesta presentada por la actora había obtenido el máximo puntaje.

2.6. Que como respuesta a las observaciones formuladas por los demás oferentes, el comité evaluador asignó un nuevo puntaje, según el cual la sociedad DATATRONIC LTDA., ocupaba el primer lugar; de acuerdo con esta evaluación la propuesta presentada por la actora no obtuvo puntaje alguno en tanto el comité estimó que no había allegado la "certificación UL para el equipo a instalar"; en el memorando contentivo de esta calificación el comité dejó anotado que desconocía si correspondía a la verdad la afirmación de la actora de que sólo se podían exigir normas ICONTEC en los procedimientos administrativos de selección que adelantaran las entidades públicas en Colombia.

2.7. Que la sociedad demandante formuló reparos a la nueva calificación, según los cuales: i) la entidad no solicitó en los términos de referencia certificación de calidad alguna; ii) las certificaciones allegadas por la -sociedad DATATRONIC LTDA., habían sido entregadas en idioma inglés; iii) resultaba arbitraria la descalificación de la propuesta presentada por APELTRONIC LTDA., por cuanto la UPS ofrecida cumplía con las normas técnicas ICONTEC.

2.8. Que resultaba ilógico solicitar normas extranjeras por cuanto el país contaba con norma técnica obligatoria para este tipo de equipos.

2.9. Que por solicitud de la sociedad demandante, la adjudicación se efectuó en audiencia pública, en la cual ésta se refirió a las observaciones que había hecho llegar por escrito, razón por la cual el Director de la entidad le adjudicó el contrato, pero de manera arbitraria condicionó su firma a la entrega de unas certificaciones de calidad que no habían sido exigidas en los términos de referencia.

2.10. Que mediante la Resolución número 262 de abril 21 de 1997, la entidad formalizó la decisión tomada en la audiencia de adjudicación: en el artículo 2° de esta Resolución se otorgó a la demandante un término de diez días para la firma del contrato, término dentro del cual debía entregar las mencionadas certificaciones, nacionales e internacionales.

2.11. Que la Resolución número 262 de abril 21 de 1997 fue notificada al representante legal de la sociedad demandante el día 23 de abril de 1997 y a partir de ese momento "se consolidó a favor de dicha sociedad una situación jurídica de carácter particular y concreto, traducida en el derecho irrevocable a la celebración y ejecución del contrato adjudicado".

2.1.12. Que el actor, mediante comunicación calendada el 21 de abril de 1997, expuso a la entidad pública demandada la ilegalidad en la cual había incurrido con la adjudicación a la sociedad DATATRONIC LTDA., toda vez que de conformidad con la Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios, la entidad sólo podía exigir normas internacionales en defecto de normas nacionales y, además, que de conformidad con el Decreto 2269 de 1993, las entidades estatales estaban obligadas a "exigir en sus adquisiciones el cumplimiento de los reglamentos técnicos y de las normas técnicas obligatorias, a través del certificado de conformidad".

2.1.13. Que la entidad pública demandada al condicionar la firma del contrato a la entrega de certificaciones de calidad no exigidas en los términos de referencia, vulneró la Ley 80 de 1993, según la cual "El acto de adjudicación y el contrato no se someterán a aprobaciones o revisiones administrativas posteriores, ni a cualquier otra clase de exigencias o requisitos, diferentes a los previstos en este estatuto".

2.1.14. Que el día 6 de mayo de 1997, antes del vencimiento dé los diez días otorgados para la firma del contrato, la actora entregó a la entidad pública demandada "una copia de la Resolución número 0520 de marzo 24 de 1983, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a los equipos UPS de APELTRONIC LTDA. el registro No. CI-3831-1055 que acredita la calidad e idoneidad de dichos equipos. Adicionalmente adjuntó certificación suscrita por el Ingeniero Gonzalo Gómez Marín quien hace constar que la UPS que será entregada e instalada en el DAMA por parte de APELTRONIC LTDA. reúne las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y, en particular, las relativas a normas de calidad, adjuntando copia de la matrícula profesional del citado ingeniero".

2.1.15. Que el representante legal de APELTRQNIC LTDA., el día 6 de mayo de 1997, solicitó a la entidad pública demandada un plazo adicional para la entrega del certificado de calidad ICONTEC, el cual sería entregado antes de que el equipo quedara instalado y funcionando.

2.1.16. Que APELTRONIC LTDA., con la debida antelación, solicitó al ICONTEC la expedición de la certificación correspondiente a la "U.P.S. ON LINE DOBLE CONVERSIÓN P.W.M. CAPACIDAD 40 KVA EXPANDIBLEA 50 KVA, específicamente en lo relativo a las normas Icontec 3383 y demás normas de seguridad y calidad como las U.L, CSA, FCC e IEE 587".

2.1.17. Que el día 8 de mayo de 1997, fecha en la cual se vencía el plazo para la firma del contrato, el representante legal de la sociedad demandante compareció a las oficinas del DAMA y presentó el certificado ICONTEC número 0135 - IC - 1304, dirigido a la entidad y según el cual, de acuerdo con los resultados de los ensayos, la muestra cumplía con los requisitos exigidos por la entidad en "los pliegos de condiciones"; la visita y la entrega del certificado se hicieron constar en un acta.

2.1.18. Que la entidad pública demandada, mediante oficio calendado el 14 de mayo de 1997, informó a la actora que no aceptaba la certificación ICONTEC, sin exponer las razones de dicha negativa, simplemente afirmó "que en estos últimos [términos de referencia] sí se exigió tal certificación y que la expedida por el ICONTEC no la acepta porque no explícita, cuando es claro, como se anotó en el hecho citado en el punto anterior, que tal certificación sin lugar a dudas se refiere a la U.P.S. que pretendía contratar el DAMA, está expresamente dirigida a dicha dependencia y en las conclusiones contenidas en el numeral 9° de la certificación se afirma inequívocamene que el equipo CUMPLE con los requisitos establecidos por el pliego de licitación pública"

2.1.19. Que el hecho de que la certificación del ICONTEC se hubiese referido al "pliego de licitación pública" en lugar de los términos de referencia, no significaba, como equivocadamente afirmaba la entidad, que no correspondiere a la contratación directa adelantada por el DAMA.

2.1.20. Que la actitud del Director del DAMA de desconocer la certificación del ICONTEC, revelaba el propósito ilícito de favorecer a un proponente diferente a la sociedad APELTRONIC LTDA.

2.1.21. Que en comunicación de mayo 15 de 1997, el actor ratificó su inconformidad con la decisión tomada por el DAMA, en la cual le manifestó, entre otros aspectos, que, de conformidad con la ley, el contrato sólo se podía suscribir con quien había ocupado el segundo lugar, en el evento de que el proponente calificado en primer lugar no suscribiese el contrato, lo cual no había ocurrido en este caso dado que el actor había mostrado su disposición a suscribirlo y, además había aportado la información solicitada.

2.1.22. Que mediante la Resolución número 371 de mayo 20 de 1997 la entidad había revocado ilegalmente la adjudicación que legalmente correspondía a la sociedad APELTRONIC LTDA.

2.1.23. Que como una muestra de la "conducta parcializada a favor de DATATRONIC LTDA.", el Director del DAMA no le había exigido a este proponente el cumplimiento de la norma técnica colombiana ICONTEC para U.P.S., número 3383 y se había limitado a exigirle el cumplimiento de normas internacionales.

2.1.24. Que la sociedad DATATRONIC no había aportado todas las certificaciones exigidas en la Resolución número 371 de mayo 20 de 1997, dado que el DAMA aceptó certificaciones expedidas por el propio fabricante, con lo cual se demostraba un trato diferente al otorgado a la sociedad APELTRONIC LTDA.

El demandante citó como normas violadas las siguientes:

3.1. Los artículos 2° y 16 de la Constitución Política, en cuanto el DAMA desconoció los derechos adquiridos por el actor mediante la adjudicación del contrato efectuada a través de la Resolución número 265 de abril 21 de 1997.

3.2. El 73 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 30, numeral 11, de la Ley 80 de 1993, por cuanto se revocó la adjudicación sin el consentimiento de la sociedad demandante.

3.3. El artículo 29 de la Constitución Política, los artículos 44 y 45 del C.C.A., y el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, en tanto no le fue notificada al actor la Resolución número 371 de mayo 20 de 1997, con lo cual se le privó del ejercicio del derecho de defensa y del debido proceso.

3.4. Los artículos 6°, 123 y 209 de la Constitución Política, el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2º del Código Contencioso Administrativo, en cuanto el Director del DAMA, con su proceder ilegal, desconoció sus obligaciones como servidor público y vulneró los principios de moralidad, de igualdad, de eficacia, de economía, de celeridad y do imparcialidad.

3.5. El artículo 84 de la Constitución Política, en tanto exigió el cumplimiento de normas extranjeras, lo cual se encuentra en abierta contradicción con la prohibición constitucional de exigir licencias, permisos o requisitos adicionales a los previstos en la ley; con tal exigencia también se habría vulnerado el artículo 333 de la Carta Política, el artículo 2° del Decreto 679 de 1994 y el Decreto 2269 de 1993.

3.6. El artículo 21 de la Ley 80 de 1993, en tanto seleccionó una oferta de bienes extranjeros -marca Mitsubishi- en desmedro de un productor de bienes nacionales.

3.7. El artículo 29 de la Ley 80 de 1993, en tanto no seleccionó objetivamente la mejor oferta.

3.8. El artículo 25, numerales 4° y 8° de la Ley 80 de 1993, en tanto sometió la adjudicación y la firma del contrato a aprobaciones y revisiones posteriores, con lo cual, además, retardó la ejecución del contrato.

3.9. El artículo 28 de la Ley 80 de 1993, toda vez que interpretó las normas contractuales con desconocimiento de los principios de la contratación estatal.

3.10. El artículo 83 de la Carta Política, en tanto desconoció no solamente las normas legales colombianas sino los derechos y la buena fe de la sociedad demandante.

3.11. Los numerales 2°, 4° y 5° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los artículos 11 y 12 de la misma Ley, así como el artículo 211 de la Constitución Política, en tanto el Director del DAMA, como servidor público en ejercicio de funciones delegadas, desconoció los mandatos y postulados que gobiernan su actuación, conducta que lo haría responsable, de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley 80 de 1993, así como de los artículos 7° y 77 del C.C.A.

El actor solicitó en la demanda la suspensión provisional de la Resolución número 371 de mayo 20 de 1997, la cual sustentó en las siguientes normas:

i). El numeral 11 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, según el cual el acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario;

ii). El artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, en tanto, según el actor, la adjudicación efectuada a través de la Resolución número 262 de abril 21 de 1997 creó una situación jurídica de carácter particular y concreto y, por esa razón, no podía ser revocado sin el consentimiento del actor;

iii). Los artículos 44 y 45 del C.C.A., así como el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, en tanto no se notificó el contenido de la Resolución número 371 de mayo 20 de 1997;

iv). El numeral 3° del artículo 152 del C.C.A., toda vez que con la revocatoria del acto de adjudicación al actor le ocasionaron perjuicios derivados de la fabricación de la U.P.S., que habría de venderle al DAMA, así como de la 4nhabilidad derivada de no firmar el contrato adjudicado.

La demanda fue presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca el día 23 de septiembre de 1997 (fl. 32 cdno. ppal.).

El día 23 de octubre de 1997, el Tribunal admitió la demanda y ordenó la notificación personal al Alcalde Mayor de Bogotá, al Director del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA-, al representante legal de la sociedad DATATRONIC LTDA., en calidad de litisconsorto necesario de la parte demandada y al Agente del Ministerio Público, además, negó la suspensión provisional de la Resolución número 371 de mayo 20 de 1997, dispuso la fijación en lista para los fines previstos en el numeral 5° del artículo 207 del C.C.A., y reconoció personería adjetiva al apoderado de la parte actora (folios 35 a 39, cdno. ppal.).

El día 10 de diciembre de 1997 se notificaron personalmente: i) el representante legal de la sociedad DATATRONIC LTDA. (folio 41 del primer cuaderno); ii) el Director del DAMA (folios 44 y 45 del primer cuaderno) y, iii) el Alcalde Mayor de Bogotá (folio 47 del primer cuaderno)

Dentro del término de fijación en lista, solamente el Distrito Capital contestó la demanda y en su escrito, presentado el 9 de febrero de 1998, se opuso a las pretensiones formuladas, negó algunos de los hechos y aceptó otros; afirmó que la entidad pública demandada actuó en cumplimiento de sus deberes y facultades legales y que dentro de ese marco exigió el cumplimiento de las prescripciones contempladas en los términos de referencia y que, adicionalmente, otorgó al actor las debidas oportunidades para acreditar las exigencias requeridas; también sostuvo que la sociedad demandante no cumplió con la exigencia de acreditar el cumplimiento de las normas extranjeras de calidad y que el actor trató de dilatar la decisión de adjudicar el contrato; la demandada solicitó al Tribunal Administrativo a quo declarar la excepción de falta de legitimación en la causa, con el argumento de que el actor no había incurrido en gasto alguno que perjudicara su patrimonio, igualmente solicitó al a quo declarar cualquiera otra excepción que resultare probada en el proceso; se expresó en los siguientes términos (folios 55 a 60 del primer cuaderno):

En relación con las excepciones afirmó lo siguiente:

El Director del DAMA y la sociedad DATATRONIC LTDA., no contestaron la demanda.

Mediante auto calendado el 12 de marzo de 1998 se abrió el proceso a pruebas, se aceptaron como tales los documentos aportados tanto con la demanda como con su contestación y se decretaron las demás pedidas por las partes; en el mismo acto se reconoció personería adjetiva al apoderado del Distrito Capital (folios 62 a 63 del primer cuaderno).

8. Alegatos de conclusión.

El Tribunal Administrativo a quo, mediante auto de julio 19 de 1999, ordenó dar traslado a las partes para que presentasen sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiese su concepto (folio 91 del primer cuaderno).

Tanto las partes como el Ministerio Público guardaron silencio en esta instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia -en el presente asunto- el día 4 de mayo de 2000 (fls. 100 a 132, cdno. ppal.), a través de la cual declaró no probada la excepción de "falta de legitimación en la causa" formulada por la parte demandada y, además, oficiosamente declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y, en consecuencia, denegó las pretensiones de la demanda.

El Tribunal Administrativo a quo, como aspecto previo, precisó que el término de caducidad aplicable se regía por lo dispuesto en el artículo 136, numeral 2, del C.C.A., y no por el contemplado en el inciso 2° del artículo 32 de la Ley 446 de 1998, el cual había modificado el artículo 87 del C.C.A., es decir que el término con el cual contaba el actor para promover la acción era el de cuatro meses y no el de treinta días.

Respecto de la excepción de 'falta de legitimidad en la causa', consideró el Tribunal Administrativo a quo que "en el fondo no es tal", en tanto el hecho en el cual se fundó, consistente en la afirmación de que la demandante no había sufrido detrimento patrimonial alguno, no se encamino a enervar la acción, por cuanto más bien constituía una oposición a la pretensión del demandante de que le fuesen indemnizados los perjuicios, razón por la cual la declaró no probada.

Respecto del fondo del asunto, sostuvo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que la discrepancia giraba alrededor de la exigencia de unas certificaciones de calidad, respecto de lo cual la decisión había sido tomada por la entidad demandada mediante la Resolución número 262 del 21 de abril de 1997 y no a través de la demandada Resolución número 371 del 20 de mayo de. 1997; así pues, en tanto la primera no fue objeto de demanda, declaró la ineptitud sustantiva de la demanda; en la sentencia recurrida se expresó lo siguiente:

Inconforme con la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, la parte demandante interpuso recurso de apelación (fl. 134, cdno. Ppal), el cual fue concedido por el Tribunal a quo, por medio de auto del 23 de junio de 2000 (fl 136. cdno ppal.).

10.1. Esta Corporación, mediante auto del 1 de septiembre de 2000, corrió traslado a la parte actora para que sustentara el recurso de apelación (fl. 142, cdno. ppal).

10.2. En su escrito de apelación (fl. 143 a 145, cdno. ppal), la parte actora solicitó la revocatoria de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo a quo con el argumento de que no discutía el hecho de que la Administración hubiese solicitado una certificación que cumpliese con los requisitos exigidos en los términos de referencia, en virtud de que el Estatuto de Contratación Estatal facultaba a las entidades públicas para formular tal exigencia y que, por esa razón, no fue demandada la Resolución número 262 de 1997; expuso que el motivo por el cual se había demandado la Resolución número 371 de 1997 radicaba en el hecho de que la entidad pública demandada se había negado a reconocer la certificación expedida por el ICONTEC, la cual había sido oportunamente entregada a la Administración; el actor se expresó en los siguientes términos:

"La resolución 371 del 20 de mayo de 1997 por medio de la cual la administración adjudica a otro participante distinto a mi poderdante, y de la que en buena hora se solicitó su nulidad, fue y es precisamente la que debe atacarse por la falta cometida por la Administración al expedir dicha resolución desconociendo que la resolución 262 del 21 de abril de 1997 le adjudicaba el contrato a mi poderdante, e igualmente desconociendo la certificación expedida por las entidades Colombianas autorizadas para ello, como lo es el ICONTEC. En su momento no se discutió el carácter impositivo de la administración de la imposición de presentar la certificación por los motivos ya expuestos, y además porque dicha resolución no disponía la procedencia de ningún tipo de recurso, lo único que hicimos fue echar mano a la Ley de Contratación Estatal para presentar una certificación de acuerdo con la normatividad Colombiana y los términos de referencia. Pretender la nulidad del acto que adjudica el contrato a mi poderdante sería como reconocer que no poseemos los mejores equipos ofrecidos y el mejor derecho como participantes, hecho que para nada nos interesa desvirtuar ya que precisamente fue ese el resultado del proceso de selección.

11. Actuación en segunda instancia.

Mediante auto del 22 de septiembre de 2000, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 4 de mayo de 2000 (folio 147 del cuaderno principal).

Esta Corporación, por medio de auto proferido el 20 de octubre de 2000, corrió traslado a las partes para que presentasen sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiese su concepto (folio 149 del cuaderno principal).

La actora, oportunamente, presentó el escrito contentivo de los alegatos de conclusión, en el cual básicamente reiteró los argumentos presentados en el recurso de apelación, a lo cual agregó que la ignorancia de la entidad y su evidente falta de asesoría en relación con el tema de las certificaciones de calidad no podía ser soportada por el actor, razón por la cual solicitó infirmar la sentencia recurrida y despachar positivamente las pretensiones de la demanda.

La demandada guardó silencio en esta instancia.

La representante del Ministerio Público, a través de memorial presentado el día 8 de noviembre de 2000, allegó su respectivo concepto, en el cual afirmó que compartía la decisión que adoptó el Tribunal Administrativo a quo y pidió su confirmación, con argumentos similares a los esgrimidos por el a quo; al respecto sostuvo lo siguiente (folios 152 a 162 del cuaderno principal):

"En virtud de lo anterior, esta Delegada reitera su solicitud inicial de confirmación del fallo apelado."

La Sala, a efectos de adoptar una decisión-en el caso concreto y considerando los aspectos propuestos en el recurso de apelación, abordará los siguientes temas: 1) Competencia del Consejo de Estado; 2) Las pruebas aportadas al proceso; 3) El régimen jurídico que gobernó la contratación directa cuya adjudicación se demanda; 4) La acción incoada y el término para proponerla; 5) El caso concreto.

La Sala tiene competencia para conocer en segunda instancia del presente proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, en la forma en la cual fue modificado por el artículo 2° del Decreto 597 de 1988, norma vigente al momento de presentación de la demanda, según la cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en primera instancia¹.

El artículo 168 del Código Contencioso Administrativo² señala expresamente que a los procesos atribuidos al conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo aplicará el régimen legal probatorio establecido por el Código de Procedimiento Civil. Así, al incorporarse dicho régimen se adoptó también la filosofía³ que inspira las pruebas en el estatuto procesal civil, el cual se materializa en el sistema de valoración probatoria que está presente en los procesos constitutivos, declarativos o de condena que regula esa normatividad.

Bajo esta perspectiva, es necesario tener presente que de acuerdo con el artículo 253 del C. de P. C.⁴, los documentos pueden aportarse al proceso en original o en copia, éstas últimas consistentes en la trascripción o reproducción mecánica del original; sumado a ello, el artículo 254 del C. de P. C., regula el valor probatorio de los documentos aportados en copia, respecto de los cuales señala que tendrán el mismo valor del original en los siguientes eventos: i) cuando hayan sido autorizados por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez en donde se encuentre el original o copia autenticada; ii) cuando sean autenticados por notario, previo cotejo con el original o con la copia autenticada que se le ponga de presente y iii) cuando sean compulsados del original o de la copia auténtica.

A lo anterior se agrega que el documento público, es decir aquel que es expedido por funcionario de esa naturaleza, en ejercicio de su cargo o con su intervención (artículo 251 C. de P. C.), se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del C. de P.C.

De otro lado, si el documento aportado es de naturaleza privada, al tenor de lo dispuesto en el aludido artículo 252 del C. de P. C., éste se reputará auténtico en los siguientes casos: i) cuando hubiere sido reconocido ante el juez o notario, o judicialmente se hubiere ordenado tenerlo por reconocido; ii) cuando hubiere sido inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó; iii) cuando se encuentre reconocido implícitamente por la parte que lo aportó al proceso, en original o copia, evento en el cual no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue ,su falsedad; iv) cuando se hubiere declarado auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, y v) cuando se hubiere aportado a un proceso, con la afirmación de encontrarse suscrito por la parte contra quien se opone y ésta no lo tache de falso.

En relación con las copias aportadas a un proceso y su alcance probatorio, la Corte Constitucional, en sentencia C-023 de febrero 11 de 1998, puntualizó:

Previo a examinar de fondo el recurso de apelación propuesto, se requiere revisar las pruebas aportadas al proceso de la referencia, a efectos de establecer su autenticidad y, por ende, realizar el respectivo juicio de legalidad; de esta forma se relacionan a continuación los documentos aportados y su respectiva calificación probatoria:

Los siguientes documentos debidamente decretados como pruebas, se allegaron al proceso en original o en copia auténtica, razón por la cual serán valorados como pruebas válidas:

2.1.1. Copia auténtica del documentos contentivo de los términos de referencia elaborados por el DAMA, con el objeto de "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS UPS, PARA LA NUEVA SEDE DEL DAMA"; en relación con las especificaciones técnicas se expresó que las "UPS" debían cumplir con las "Especificaciones de calidad IEEE 587 A, UL, CSA, FCC" (folios 49 a 59 A del expediente).

2.1.2. Original del certificado de existencia y representación legal de la sociedad PRODUCTOS ELECTRÓNICOS APELTRONIC LTDA. (folios 26 al 29 del segundo cuaderno).

2.1.3. Copia auténtica de la propuesta presentada por la sociedad DATATRONIC LTDA. (folios 79 a 174 del tercer cuaderno).

2.1.4. Original de un oficio remitido por la demandante a la entidad pública, el día 3 de marzo de 1997, a través del cual respondió una solicitud de aclaraciones relacionadas con el banco de baterías y con el certificado de calidad, respecto de lo cual le informó que le anexaba el certificado de calidad expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio; también le informó que le presentaba un resumen de las pruebas de laboratorio realizadas por la Universidad Nacional a la UPS ofrecida; así mismo sostuvo que los equipos ofrecidos cumplían con las normas de calidad pedidas en los términos de referencia (folios 56 y 57 del segundo cuaderno).

2.1.5. Copia auténtica de un memorando dirigido al Jefe de la Unidad de Contratos y Asuntos Administrativos del DAMA por el Comité Técnico -conformado por los Profesionales de las Subdirecciones de Calidad Ambiental, de Planeación, de Desarrollo y de la Jurídica-, calendado el 18 de marzo de 1997, contentivo de la tabla de calificación de las propuestas, según la cual la entidad debía asignar a las propuestas los siguientes puntajes: i) APELTRONIC: 75,55 puntos; ii) IEE LTDA.: 49.62 puntos; iii) DATATRONIC LTDA.: 57:74 puntos (folios 60 a 62 del tercer cuaderno).

2.1.6. Copia auténtica de un memorando interno, sin fecha, que contiene las respuestas sugeridas al Jefe de la Unidad de Contratos y Asuntos Administrativos del DAMA, por parte del Comité Técnico -conformado por los profesionales de las Subdirecciones de Calidad y Ambiente, de Planeación, de Jurídica y de Desarrollo- respecto de las observaciones formuladas a la calificación de la evaluación del procedimiento administrativo de selección-; en relación con la propuesta de la sociedad APELTRONIC LTDA., se recomendó por los subdirectores que se ampliara la información respecto de la "Certificación de Calidad UL" (folios 63 a 65 del tercer cuaderno).

2.1.7. Original de un oficio emanado del Jefe de la Unidad de Contratos y Asuntos administrativos de la entidad pública demandada y dirigido a la demandandante el día 10 de abril de 1997, según el cual (folio 58 del segundo cuaderno):

2.1.8. Original de un oficio remitido por el contratista a la demandada en fecha 10 de abril de 1997, en el cual le manifestó: i) que las UPS fabricadas por esa sociedad cumplían con la norma ICONTEC referente a la fabricación nacional de equipos electrónicos; ii) que el demandante hacía parte del comité técnico del ICONTEC; iii) que los equipos que producía cumplían con las normas internacionales solicitadas en los términos de referencia; iv) que las únicas normas de obligatorio cumplimiento para los fabricantes nacionales eran las expedidas por el ICONTEC; v) que resulta ilógico exigir normas de cumplimiento extranjeras en tanto el país contaba con normas técnicas que regulaban la industria; vi) que anexaba el certificado de calidad expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para sus productos; vii) que la propuesta de la sociedad había obtenido el mayor puntaje y aventajaba a las demás en costo y calidad (folios 60 y 61 del segundo cuaderno).

2.1.9. Copia auténtica de un memorando interno dirigido por el comité técnico al Jefe de la Unidad de Contratos y Asuntos Administrativos, fechado el 10 de abril de 1997, respecto del "Análisis de las aclaraciones allegadas sobre las propuestas para el suministro e instalación de la UPS"; en el memorando se efectuó una nueva calificación de las propuestas de las sociedades IEE y DATATRONIC, más no se calificó la propuesta de la sociedad APELTRONIC LTDA., respecto de la cual se afirmó lo siguiente (folios 66 a 70 del tercer cuaderno):

"Envía dos oficios a través de los cuales da respuesta a las inquietudes planteadas por los otros proponentes acerca del tiempo de ejecución del contrato, el suministro del transformador de 75 KVA, y no anexa la certificación UL para el equipo a instalar."Específicamente el DAMA solicitó como requisito el cumplimiento de esta certificación dentro de los términos de referencia emitidos para la contratación en cuestión. Adicionalmente el DAMA con anterioridad contrató el chequeo y certificación de la red estructurada de voz y data, pues hacia el futuro planea la compra de diferentes software de apoyo al trabajo técnico elaborado por los profesionales de la entidad, donde se ha previsto como política el cumplimiento de normas internacionales para efectos de acogerse a las garantías que ellos ofrezcan. En virtud de las razones expuestas no se puede proceder a la calificación en segunda instancia de la propuesta presentada por la firma APELTRONIC LTDA.

2.1.10. Original de un oficio remitido por el actor a la entidad pública demandada el día 15 de abril de 1997, en el cual le manifestó: i) que en la 'primera evaluación su propuesta obtuvo el mayor puntaje; ii) que se presentaron objeciones a la evaluación por parte de las firmas IEE LTDA., y DATATRONIC LTDA.; iii) que no era cierto que la entidad hubiese exigido certificación alguna; iv) que las certificaciones expedidas por la firma DATATRONIC LTDA., se habían presentado en idioma extranjero y por esa razón no debían ser tenidas en cuenta; v) que los equipos ofrecidos por el demandante cumplían con normas técnicas nacionales e internacionales; vi) que los argumentos esgrimidos en la evaluación, relacionados con las normas aplicables al software que se ofrecería, nada tenían que ver con las normas que regulaban el cableado estructurado y los equipos de soporte; vii) que consideraba arbitraria la descalificación de la cual había sido objeto la propuesta presentada porque la UPS ofrecida cumplía con las normas técnicas exigidas; viii) que una vez los equipos fueran entregados al DAMA, esta entidad podía someterlos a las pruebas técnicas que considerase necesarias; ix) que si bien era cierto que las aclaraciones no habían sido firmadas por el representante legal, las mismas habían sido suscritas por una persona autorizada por la empresa; x) solicitó que la adjudicación se hiciese en audiencia pública (folios 62 a 65 del segundo cuaderno).

2.1.11. Copia auténtica del "Acta de Audiencia Pública para la Adjudicación del Suministro e Instalación de la U.PS. para la Nueva Sede del DAMA.", la cual se llevó a cabo el día 18 de abril de 1997, "de conformidad con la solicitud del proponente APELTRONIC LTDA."; en relación con la propuesta de este último proponente, en el acta se sostuvo lo siguiente (folios 71 a 73 del tercer cuadeno):

"APELTRONIC LTDA.