Señores

Universidad del Rosario

Avenida Jiménez No 8 – 49 Piso 2

Ciudad

Respetados señores:

En relación al asunto de la referencia, mediante la cual se exponen consideraciones frente al contenido del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de La Calera, se precisa que este Ministerio no es el competente para estudiar la legalidad de los actos expedidos por las entidades territoriales, más aún considerando que el numeral 7 del artículo 313 de la Constitución Política le asigna a los concejos municipales y distritales la función de reglamentar los usos del suelo.

Ahora bien, sin perjuicio del traslado que se realizará de su consulta tanto a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR¹ como a la Procuraduría General de la Nación²; dentro del marco de las competencias y funciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial³ y en consideración a la autonomía constitucional de las entidades territoriales⁴ para la gestión de sus intereses⁵, a continuación se responden los interrogantes formulados, así.

1. ¿Cuál es la entidad legalmente facultada en materia ambiental para determinar los limites de las zonas de páramos y subpáramos?"

En virtud de lo dispuesto por los numerales 5, 16 y 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, así como las autoridades ambientales urbanas tienen competencia para la determinación de zonas de páramo y súbparamo. En concordancia con lo anterior, el artículo 3 de la Resolución 0769 de 2002⁶ , consagra que estas mismas entidades deben elaborar un estudio sobre el estado actual de los páramos de su jurisdicción, con base en los lineamientos expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial conjuntamente con la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN- y con el apoyo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander Von Humboldt" y el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", IGAC.

De igual forma, el artículo 4 del citado acto administrativo, dispone que las "(…) autoridades ambientales deberán elaborar e implementar planes de manejo ambiental para los páramos (…)".

Por su parte, la Resolución 839 de 2003⁷ establece los términos de referencia para la elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos (EEAP) y del Plan de Manejo Ambiental de los Páramos (PMA), dichos documentos deben desarrollar información sobre la localización y delimitación general del páramo y la estimación de su extensión, entre otros aspectos^{8 (sic)}, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la citada Resolución y serán aprobados por el Consejo o Junta Directiva de la respectiva autoridad ambiental competente (artículos 1 y 2 de la Resolución 1128 de 2006⁹).

Lo anterior no es excluyente de la facultad que en materia de delimitación tendrá también el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, siempre que ello se haga necesario por razones de interés nacional y con fundamento en las funciones que le asignan los numerales 2, 10, 12 y 24 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en el numeral 4 del artículo 1 de citada Ley. En tales casos, la delimitación que adopte el Ministerio habrá de constituirse en determinante de las que corresponda adoptar a las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales.

Como complemento de lo anterior, es importante señalar que el artículo 3 de la Ley 1382 de 2010, que modificó el artículo 34 del Código de Minas adoptado por la Ley 685 de 2001, consagra en su inciso tercero que los ecosistemas de páramo se identificarán de conformidad con la información cartográfica proporcionada en el 2007 por el Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt, que corresponde al Atlas de Páramos de Colombia y que se encuentra disponible en la página web www.humboldt.org.co.

Sin perjuicio de las funciones otorgadas por las normas ambientales a las autoridades ambientales competentes, se considera que los municipios y distritos tienen el deber constitucional de ordenar su territorio y promover el desarrollo del mismo, lo que necesariamente los facultad para adoptar medidas de protección, conservación y preservación de los ecosistemas de importancia ecológica, tales como los páramos. Como es lógico y según lo establece el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, las determinaciones que en este sentido adopten las entidades territoriales tendrán como determinante cualquier directriz, norma, reglamento o regulación previamente adoptada para la conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales.

En todo caso, las determinaciones que en tal sentido adopten los municipios y distritos, no podrán ser asimilables ni sustituyen aquellas que corresponden adoptar a las corporaciones autónomas regionales en virtud de lo dispuesto por la Resolución 0769 de 2002, que dispone que la competencia para realizar los Estudios sobre el Estado Actual de Páramos (EEAP) y del Plan de Manejo Ambiental de los Páramos (PMA), recaen en las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible y las autoridades ambientales urbanas. Sobre esta base, se reitera que la delimitación por parte de las autoridades ambientales será determinante de superior jerarquía frente a cualquier decisión que adopten los distritos y municipios en el proceso de ordenamiento de su territorio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997¹⁰ los municipios y distritos en la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial, deben tener en cuenta, las determinantes de superior jerarquía dentro de las cuales se encuentran las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, expresamente el literal b) del numeral 1º del artículo mencionado señala dentro de las determinantes de superior jerarquía las disposiciones de las autoridades ambientales competentes sobre las reservas forestales.

En concordancia con lo anterior, el Decreto 3600 de 2007 en el artículo 4, determina las categorías de protección del suelo rural, estableciendo textualmente, lo siguiente:

1.4. Las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y subpáramos, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna." (Subrayado fuera de texto).

Al tenor de lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993¹¹, al Ministerio de Ambiente le corresponde sustraer las áreas de reserva forestal nacional.

En el mismo sentido, y para el caso particular del área de reserva forestal protectora de Bosque Oriental de Bogotá, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, Consejero Ponente doctor Luís Camilo Osorio Isaza, en consulta de 22 de marzo de 2001, manifestó:

Con fundamento en lo anterior y en respuesta a la pregunta, no existe norma que faculte a una entidad municipal para resolver la sustracción de una reserva forestal nacional.

El artículo 79 de la Constitución Política consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica.

En consonancia con lo anterior, el numeral 4 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 dispone que las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial.

Por su parte los numerales 1 y 2 del artículo 4 del Decreto 1729 de 2002¹² dispone que las zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de aguas y zonas de recarga de acuíferos, son considerados áreas de especial importancia ecológica para la conservación, preservación y recuperación de los recursos naturales renovables, así mismo, estas zonas son de utilidad pública e interés social y por lo tanto deben ser objeto de programas y proyectos de conservación, preservación y/o restauración de las mismas.

En estos puntos es importante precisar que este Ministerio no es competente para pronunciarse sobre la legalidad del Plan de Ordenamiento Territorial –POT de La Calera como quiera que en virtud de lo establecido en el artículo 66¹³ del Código Contencioso Administrativo, el acto administrativo mediante el cual se aprobó el POT goza de la presunción de legalidad y es de obligatorio cumplimiento hasta tanto, sea suspendido o anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Son entonces las instancias judiciales competentes las únicas que, a través de un debido proceso, pueden determinar la legalidad de este tipo de actos.

Aclarado lo anterior, es importante citar el procedimiento previsto en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997 sobre las instancias de concertación y consulta y la aprobación de los planes de ordenamiento territorial, así:

(Subrayado fuera de texto).

(Subrayado fuera de texto).

Como se desprende de la lectura de las normas, el procedimiento que culmina con el acto administrativo que adopta el plan de ordenamiento territorial, lo revisa o modifica, es el resultado del agotamiento de cada uno de los pasos que contempla el procedimiento, esto es, las instancias de concertación y consulta que aseguran la participación democrática y la concertación interinstitucional en todas las fases del proceso con miras a una toma de decisión que refleje el interés general, la calidad de vida de los habitantes y el desarrollo armónico y sostenible del territorio.

Así las cosas, la concertación ambiental con las autoridades ambientales competentes, dentro del proceso de adopción del Plan de Ordenamiento Territorial, refleja el interés del legislador por asegurar que el tema ambiental se incorpore el proyecto de acto administrativo, como quiera que el ambiente sano constituye un derecho constitucional de la comunidad¹⁴.

Ahora bien, sólo en caso de que en el proceso de adopción, revisión o modificación del POT y previamente a su presentación para aprobación del Concejo Municipal no se logre la concertación de los asuntos ambientales, corresponde al Ministerio intervenir con el fin de pronunciarse sobre los mismos. Al respecto, el parágrafo 6 del artículo 1º de la Ley 507 de 1999¹⁵, establece:

En otras palabras, la actuación del Ministerio dentro del trámite de concertación y consulta de un proyecto de POT o su revisión, es previa a la decisión del Concejo Municipal o Distrital, motivo por el cual en aquellos casos en que el municipio decidiere adoptar el correspondiente POT sin que se surta totalmente la etapa de concertación ambiental con la autoridad ambiental competente, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial carece de competencia para pronunciarse.

Respecto a su pregunta, le informamos que este Ministerio no es competente para conocer acerca de los proyectos que adelantan los municipios.

Frente a la afectación de los Cerros Orientales, al tenor de lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la administración de las reservas forestales nacionales es competencia de la respectiva Corporación Autónoma Regional.

Así las cosas, se dará traslado de esta pregunta a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, con el fin de que se absuelva su inquietud.

El derecho de petición, consagrado en el Código Contencioso Administrativo señala que toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución y a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.

Los términos para resolver son de 15 días hábiles para peticiones en interés general o particular¹⁶, 10 días hábiles para las peticiones de información y certificaciones¹⁷ y 30 días hábiles para las consultas¹⁸.

Por lo anterior este derecho de petición se resuelve dentro del término legal establecido y en el marco del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Atentamente,