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Decreto 888 de 2001 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Fecha de Expedición:
23/11/2001
Fecha de Entrada en Vigencia:
01/01/2002
Medio de Publicación:
Registro Distrital 2520 del 23 de noviembre de 2001
La Secretaría Jurídica Distrital aclara que la información aquí contenida tiene exclusivamente carácter informativo, su vigencia está sujeta al análisis y competencias que determine la Ley o los reglamentos. Los contenidos están en permanente actualización.


 
 

DECRETO 888 DE 2001

(23 de noviembre)

Derogado por el art. 3 del Decreto Distrital 181 de 2002

"Por el cual se fija el incremento salarial para los empleados públicos de la Administración Central del Distrito Capital de Bogotá y se distan otras disposiciones".

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 7° del artículo 315 de la Constitución Política y el 9° del artículo 38 del Decreto 1421 de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto radicado bajo el número 1220 de fecha 11 de noviembre de 1999, señaló respecto a las competencias estatales para determinar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del nivel territorial, que corresponde al Alcalde Mayor fijar los emolumentos de los empleados del nivel central de la Administración Distrital, con sujeción al límite máximo salarial que fije el Gobierno Nacional en desarrollo de la competencia que le fue asignada en el parágrafo del artículo 12 de la Ley 4ª de 1992.

Que de acuerdo con el parágrafo del artículo 12 de la Ley 4ª de 1992 al Gobierno Nacional le corresponde señalar el límite máximo salarial de los servidores públicos de las entidades territoriales, guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional.

Que mediante Decreto 1492 del 19 de julio de 2001, el Presidente de la República estableció el límite máximo de la asignación básica salarial mensual de los empleados públicos de las entidades territoriales para el año 2001.

Que la sentencia No. C-1064 del 10 de octubre de 2001, de la Corte Constitucional, al referirse el tema del incremento salarial precisa lo siguiente:

(…) el artículo 53 protege la movilidad salarial tanto de los servidores públicos que ganan uno o dos salarios mínimos, como de los que están ubicados en escalas salariales superiores. Ello ha de ser así, por respeto a una línea jurisprudencial de precedentes, entre los cuales se destaca la sentencia C-1433 de 2000 relativa al aumento salarial de los servidores públicos en el año pasado. Estima entonces la Corte que el reajuste salarial debe cobijar a todos los empleados y trabajadores al servicio de las ramas y entidades comprendidas por la ley anual de presupuesto parcialmente demandada. En términos prácticos, esto significa que todos ellos deben recibir un aumento salarial en el período regulado por dicha ley, es decir, la vigencia fiscal que se inició el 1 de enero de 2001 y que terminará el 31 de diciembre de 2001.

Sin embargo, dicho aumento salarial no tiene que ser idéntico para todos. La igualdad matemática o mecánica es contraria al principio según el cual, los iguales deben ser tratados igual y los diferentes deben ser tratados diferente, Este principio ha sido continuamente reiterado por la Corte pues ocupa una posición medular en un Estado Social de Derecho, en el que la igualdad no es formal, sino sustantiva o real, siguiendo este orden de ideas, la Corte constata que entre los servidores públicos hay diferencias salariales de gran magnitud. Es decir, la brecha entre los servidores de bajos salarios y los de salarios altos es extensa y además ha aumentado en la década de los años noventa. Por lo anterior, al Corte concluye que debe hacerse un aumento para todos estos servidores públicos, aunque éste no tiene que hacerse en el mismo porcentaje para todos.

La realización de este aumento encuentra sus bases jurídicas en los criterios que se derivan directamente de la Constitución y no de la ley, puesto que el legislador no ha desarrollado las normas constitucionales relevantes. Es decir, no ha dictado el estatuto del trabajo en el punto relativo a la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, ni ha reformado la Ley 4 de 1992 que es la ley marco para la fijación de los salarios de los servidores públicos, para así ajustarla a la Carta Política.

En estas condiciones especiales, debe abordarse la cuestión de cómo ha de efectuarse el reajuste salarial para la vigencia fiscal de 2001 regulada por la norma demandada. La Corte estima que en su fallo no le corresponde imponerles al Congreso de la república y al Ejecutivo una fórmula única, general y automática que atienda las diferencias anteriores señaladas. Es por eso que, entre otras razones, la Corte no reitera no reitera la exhortación específica impartida en la Sentencia V-1433 de 2000 la cual contenía un orden que no era compatible con otros precedentes jurisprudenciales que esta Corporación también considera directamente pertinentes y claramente relevantes para resolver el problema jurídico en cuestión.

Ahora bien, aunque la Constitución contiene pocas disposiciones específicas en materia salarial, hay una en la Carta que ofrece un criterio que permite distinguir, en materia de aumento salarial, entre los servidores que están en las escalas salariales bajas, y los que están ubicados en las escalas superiores. Se trata del artículo 187 de la Constitución, que prevé expresamente que el aumento para todos los servidores no tiene que ser idéntico, lo cual es compatible con el principio de igualdad material en un Estado Social de Derecho. Dicho artículo habla de un "promedio ponderado".

En este caso, la Corte aplica por extensión este parámetro a los salarios con el fin de identificar a los servidores de ingresos inferiores, es decir, aquellos cuyo salario es menor al promedio ponderado de los salarios de los servidores de la administración central. Respecto de ellos, el incremento salarial debe basarse preponderantemente en la inflación, para que se mantenga la capacidad adquisitiva real de sus salarios. La Corte estima que varias razones, relativas a la protección reforzada que la Constitución brinda a las personas de bajos ingresos, impiden en este caso limitar el derecho a conservar el poder adquisitivo real del salario de estos servidores.

No obstante, en lo que respecta a los servidores que se encuentran ubicados en las escalas salariales superiores al promedio, este derecho puede ser limitado, pero no desconocido. En el caso en cuestión, y siguiendo una jurisprudencia reiterada aplicada a todos los derechos constitucionales, la Corte analiza cuáles limitaciones al derecho de los servidores públicos que se encuentran en las escalas salariales superiores al promedio ponderado mencionado, son constitucionalmente admisibles y cuáles no lo son. Para ello aplica un juicio de racionalidad muy riguroso que sólo permite limitaciones estrictamente necesarias y proporcionales para alcanzar un fin que, además de ser conveniente e importante, sea también imperioso (…).

(…) 6.2.1. Todos los servidores públicos tienen derecho a mantener el poder adquisitivo real de su salario.

6.2.2. Los salarios de dichos servidores públicos deberán ser aumentados cada año en términos nominales.

6.2.3. Los salarios de dichos servidores públicos que sean inferiores al promedio ponderado de los salario de los servidores de la administración central, deberán ser aumentados cada año en un porcentaje que, por lo menos, mantenga anualmente su poder adquisitivo real.

6.2.4. Los salarios de los trabajadores no cobijados por el criterio anterior, serán aumentados de tal forma que los reajustes anuales de éstos servidores consulte el principio de progresividad por escalas salariales con el fin de que el incremento de quienes ganen menos sea porcentualmente mayor. Para que dicha progresividad sea estricta no deberá existir entre uno y otro grado o escala una diferencia desproporcionada. Las limitaciones al derecho a mantener anualmente el poder adquisitivo del salario de estos servidores sólo son admisibles constitucionalmente si ellas están dirigidas a alcanzar un objetivo de gasto público social prioritario y son estrictamente necesarias y proporcionales para lograr la realización efectiva de este objetivo. (…)

(…) 6.2.6. Para dar cumplimiento a la Constitución, en los términos de la presente sentencia, las autoridades adoptarán las decisiones y expedirán los actos de su competencia.

Que los fallos que la Corte Constitucional dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades que deban aplicar la Ley.

Que con base en los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-1064 de 2001, la Administración Distrital efectuó el cálculo del promedio ponderado de los salarios del sector central del Distrito, para diferenciar el grupo de servidores públicos con protección reforzada, estableciéndose dicho valor en la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($1’534.532) PESOS MONEDA CORRIENTE.

Que de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos el Gobierno Distrital aplicará para el sector central de la Administración, los parámetros definidos en los pronunciamientos de la Corte Constitucional para el ajuste salarial de los servidores públicos.

Que mediante el Acuerdo N0. 39 del 27 de septiembre de 2001, el Concejo Distrital aprobó las modificaciones respectivas del Presupuesto Anual de la presente vigencia fiscal, para garantizar la apropiación suficiente con la cual la Administración Distrital cubra el pago de las sumas derivadas de la aplicación del presente Decreto.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Incrementar los emolumentos percibidos por los empleados públicos del Sector Central de la Administración Distrital, así:

NIVEL JERÁRQUICO

GRADO SALARIAL

INCREMENTO

Directivo

01 al 02

7.00%

03 al 04

6.00%

05 al 08

5.00%

Asesor

01 al 02

8.75%

03 al 04

7.00%

05 al 06

6.00%

07 al 08

5.00%

Ejecutivo

01 al 18

8.75%

19 al 20

7.00%

21 al 22

6.00%

Profesional

01 al 22

8.75%

23 al 24

7.00%

Técnico

01 al 18

8.75%

Administrativo

01 al 21

8.75%

Operativo

01 al 13

8.75%

ARTÍCULO SEGUNDO: Si al aplicar los porcentajes de que trata el artículo precedente, resultaren centavos, se aproximarán al peso siguiente.

ARTÍCULO TERCERO: La asignación básica de los empleados públicos de la Administración Central del Distrito Capital será reconocida y pagada por mensualidades.

Para dar cumplimiento a lo señalado en el presente artículo, la Secretaría de Hacienda Distrital establecerá la programación de dichos pagos.

ARTÍCULO  CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, ene special los Decretos 618 del 27 de julio de 2000 y 1102 del 27 de diciembre del mismo año y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2001.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, a los 23 días del mes de noviembre de 2001.

ANTANAS MOCKUS SIVICKAS

Alcalde Mayor

ISRAEL FAINBOIM YAKER

Secretario de Hacienda

NURIA CONSUELO VILLADIEGO MEDINA

Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.