CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCIÓN SEGUNDA

 

SUBSECCIÓN B

 

CONSEJERO PONENTE: DR. VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA

 

Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil doce (2012).

 

REF: EXPEDIENTE No. 110010325000201100473 00.-

 

NÚMERO INTERNO: 1852-2011.-

 

AUTORIDADES NACIONALES.-

 

ACTOR: YEISON IVÁN BARRERA CORREDOR Y OTROS.-

 

ACCION DISCIPLINARIA-Poder preferente de la Procuraduría General de la Nación/CONTROL JURISDICCIONAL-Protección de las garantías básicas constitucionales TESIS: Esta Sección ha señalado reiteradamente que según el diseño Constitucional, la Procuraduría General de la Nación tiene la titularidad de la acción disciplinaria y goza de un poder preferente, que no excluye la facultad atribuida a algunas entidades para ejercerla directamente, pero en ambos casos sometida al control judicial por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. No obstante, dicho control no se ejerce de cualquier modo, sino que está sujeto a limitaciones y restricciones que lo alejan de convertirse en una tercera instancia. Todo lo anterior implica que en sede judicial, el debate discurre en torno a la protección de las garantías básicas, cuando quiera que el proceso disciplinario mismo ha fracasado en esa tarea, es decir, en el evento en el que el trámite impreso a la actividad correccional resulta intolerable frente a los valores constitucionales más preciados, como el debido proceso, el derecho de defensa, la competencia del funcionario y de modo singular, si el decreto y la práctica de las pruebas se hizo atendiendo estrictamente las reglas señaladas en la Constitución y en la ley. A pesar de lo dicho, no cualquier defecto procesal está llamado a quebrar la presunción de legalidad que ampara a los actos de la Administración, pues la actuación disciplinaria debe adelantarse con estricta sujeción a las normas que la regulan, las cuales están inspiradas en las garantías constitucionales básicas.

 

Decide la Sala en única instancia¹, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, interpuesta por el señor Yeison Iván Barrera Corredor contra la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

 

LA DEMANDA

 

YEISON IVÁN BARRERA CORREDOR, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., pretende que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos²:

 

- Auto de audiencia No. 0014 de fecha 13 de enero de 2011 emitido por el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno – Dirección General de la Policía Nacional, mediante la cual se sancionó disciplinariamente al accionante con suspensión e inhabilidad especial del cargo por el término de seis (6) meses, sin derecho a remuneración.

 

- Auto No. 011 de 27 de enero de 2011, expedido por el Inspector Delegado Especial – Dirección General de la Policía Nacional, que resolvió ratificar el fallo de primera instancia.

 

Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, el demandante pretende:

 

(i) Reintegrarlo al cargo que ostentaba o a otro de igual o superior categoría, sin solución de continuidad.

 

(ii) Reconocerle y pagarle los salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema integral en seguridad social y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha en que se causó la sanción  y hasta el momento en que se produzca el reintegro o se cumpla el término de la sanción.

 

(iii) Indexar los salarios y prestaciones sociales de conformidad con el I.P.C., mes a mes desde que las obligaciones se hicieron exigibles y hasta cuando efectivamente se materialice el pago.

 

(iv) Reconocer y pagar los intereses moratorios sobre las acreencias laborales adeudadas, correspondientes a una  y media veces el interés bancario corriente conforme a la certificación de la Superintendencia Bancaria.

 

(v) Reconocer y pagar los perjuicios morales ocasionados al señor Yeisón Iván Barrera Corredor y su familia con su retiro, en suma equivalente a 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según certificación que expida para el efecto el Banco de la República.

 

Para sustentar sus pretensiones, el demandante expuso los hechos que la Sala sintetiza así:

 

- Ingresó a la Policía Nacional el 22 de septiembre de 2004. En el momento de la suspensión disciplinaria estaba adscrito a la Policía Fiscal y Aduanera, laborando en la División de Gestión Control Operativo Bogotá, con el cargo de Conductor y un salario de $1.039.921.

 

- El 1º de diciembre de 2010, el señor Herlind Harol Martínez Nieto, presentó en la Oficina Asesora de Inspección General una queja contra el actor en la que señalaba: el día 30 de noviembre del año en curso, entre las 06.45 a las 7:15 horas, en la calle 167 con carrera 54 en momentos en que conducía su vehículo taxi VEK 531 tuvo una discusión con el conductor de la camioneta blazer color azul oscura, vidrios polarizados, a la cual posteriormente le arrojó líquido de frenos en la parte trasera superior al lado izquierdo del platón, quien inicialmente lo cerró  comenzó a seguirlo y amenazó con el arma de fuego tipo pistola, colocándosela en la cabeza, luego lo golpeó brutalmente con el arma en la cara, de lo cual al ir a medicina legal le dieron incapacidad de 15 días en forma provisional, cabe agregar que esa persona se encontraba con Uniforme No. 3 (…)”.

 

- Mediante Auto No. 1246 de 2 de diciembre de 2010, la Oficina de Control Interno de la Dirección General de la Policía Nacional ordenó indagación preliminar contra indeterminados, ordenando en éste escuchar la ratificación del quejoso y las demás derivadas de su declaración.

 

- El 2 de diciembre de 2010 el señor Herlind Harol Martínez Nieto se presentó a rendir diligencia de ratificación y ampliación, en forma totalmente confusa.

 

- En esa misma fecha se recepcionaron varios documentos entre los que se destacan el informe técnico de medicina legal de lesiones no fatales de fecha 30 de noviembre de 2010, en donde se señala que la causa de la lesión de Herlind Harol Martínez Nieto fue un ARMA CORTO – CONTUNDENTE.

 

- Así mismo, se decretó de oficio Auto de Pruebas en el que se ordenó: (i) visita especial a los libros del CAI ANDES; (ii) solicitud a la jefatura de relaciones estratégicas del video de la Policía Nacional; y (iii) ratificación y ampliación del informe del TC CARLOS MARTIN HERNÁNDEZ PUENTES.

 

- El 9 de diciembre de 2010, mediante Auto No. 1296 CODIN DIPON, la Oficina de Control Interno de la Dirección General de la Policía Nacional, vinculó a Yeison Iván Barrera Corredor a la indagación Preliminar P-DIPON 2010-243, en los términos del artículo 150 de la Ley 734 de 2002, sin que se le hubiere citado previamente a presentar su versión.

 

- La presunta agresión del 30 de noviembre de 2010 fue dada a conocer por los medios de comunicación (NOTICIAS RCN), el 2 de diciembre de 2010 en su emisión de las 22: 30 y del 3 de diciembre de 2010, recalcando el tema del arma de dotación.

 

- El 15 de diciembre de 2010, sin escuchar al PT Yeison Iván Barrera  Corredor  y  sin  averiguar  si  éste  tenía  o  no  arma el  presunto  día  de  la agresión,  se expidió  el Auto  No.  1329  CODIN  DIPON  en  el  cual se avaluó el procedimiento verbal especial para el proceso, citando a audiencia y formulando cargos al agente por trasgredir posiblemente la Ley 1015 de 2006, en su artículo 35 numeral 2º, Falta Grave Dolosa.

 

- En la  fecha  anteriormente  señalada,  se  notificó  al  actor  el auto  en que se dispuso dar el trámite de procedimiento verbal.

 

- El 20 de diciembre se celebró audiencia disciplinaria dentro del proceso No. DIPON 2010-118 en donde el patrullero Yeisón  Iván Barrera Corredor rindió su versión libre y presentó los descargos, haciendo notar la falta de pruebas y las incongruencias existentes en la queja del señor Herlin Martínez.

 

- El 21 de diciembre de 2010, la Oficina de Control Interno que adelantaba la investigación se pronunció respecto de las pruebas negando unas y accediendo a otras.

 

- El 28 de diciembre de 2010 al continuar con la audiencia, se recibió la ampliación de la declaración al TC MARTÍN HERNÁNDEZ PUENTES, Jefe de Almacén de Armamento de la Policía Fiscal y Aduanera; del intendente BOGART ALEXIS FRANCIA BOHÓRQUEZ; y del suboficial encargado del libro de registro intendente EFREY ÁLVAREZ , en donde se probó fehacientemente que el 30 de noviembre de 2010 de acuerdo a los procedimientos el PT YEISON IVÁN BARRERA CORREDOR no tenía ninguna arma asignada para el servicio; situación que es desvirtuada en los alegatos de conclusión que presentó la defensa, en donde se demostró la ausencia de pruebas en contra del investigado.

 

- Mediante Auto No. 0013 de 13 de enero de 2011 CODIN DIPON, la Inspección General- Oficina de Control Disciplinario Interno, expidió fallo de primera instancia en el que afirmó que el PT YEISON IVÁN BARRERA CORREDOR golpeó a HERLIN MARTÍNEZ, razón por la cual éste fue incapacitado con 15 días, sin establecer el modo y el con qué se produjeron las lesiones, siendo calificada como Falta Grave a título de Dolo, por lo cual se responsabilizó al demandante con sanción de suspensión e inhabilidad especial por 6 meses de conformidad con lo señalado en el artículo 35 numeral 2º de la Ley 1015 de 2006.

 

- La anterior decisión fue apelada por el actor el 17 de enero de 2011, siendo confirmada el 27 del mismo mes y año por el Inspector Delegado Especial – Dirección General de la Policía Nacional, la cual fue debidamente notificada al accionante el 31 de enero de 2011, quedando dicha decisión ejecutoriada el 3 de febrero de 2011

 

- A través de la Resolución No. 433 de 23 de febrero de 2011, el señor Director de la Policía Nacional ejecutó la sanción impuesta al señor Yeison Iván Barrera Corredor. Siendo suspendido de su cargo.

 

LAS NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN

 

A juicio del actor, los actos administrativos demandados desconocen las siguientes disposiciones³:

 

- De la Constitución Política, los artículos 1º, 2, 4, 6 y 29.

 

- De la Ley 270 de 1996, el artículo 13.

 

- De la Ley 734 de 2002, los artículos 9, 13, 19, 20, 94, 128, 129, 131, 141, 142, 150, 162 y 163

 

- De la Ley 1015 de 2006, Régimen Disciplinario para la Policía Nacional, los artículos 6, 7 18 y 58.

 

- De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 10 y 11.

 

- De la Ley 16/72 Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 8º.

 

Para sustentar el concepto de violación formuló los siguientes cargos:

 

1.- Violación a las normas relacionadas con el debido proceso

 

En los fallos es evidente que jamás se valoró adecuadamente las pruebas frente a la conducta  y los cargos endilgados en auto de 15 de diciembre de 2010, dado que no se realizó un análisis integral de las pruebas, pues si se hubiere tenido en cuenta éstas en su real contenido se estimaría la importancia del cargo.

 

Sostuvo que el señor Martínez Nieto en la queja y la ampliación de la misma es incongruente, dado que: i) dice que la camioneta que perseguía “porque daño era azul” (sic), aunque la que identificó al otro día como CAMIONETA JEEP CHEROCKE de placas OBF 934, es gris según la información registrada por la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, ii) que no se dio cuenta quién fue su agresor no obstante que presuntamente le apuntó con un arma a 30 cm de la cara, que es incapacitado pero que al otro día salió a perseguir a un policía y se le enfrentó, iii) que es hemofílico lo golpearon fuerte y no fue al médico, y por último, que el que lo agredió fue Yeison Iván Barrera por cuanto era quien manejaba la camioneta azul que Martínez Nieto dañó.

 

En cuanto al informe técnico de medicina legal, los dos falladores distorsionan su expresión fáctica, pues de manera errónea pretender derivar de la existencia de un golpe en el rostro al señor Martínez Nieto propiciado por el actor, que generó una lesión de 15  días de incapacidad, aún cuando en aquel documento no hay ningún elemento que permita llegar a esa inferencia.

 

Por el contrario lo que se prueba con ese dictamen frente a los registros del libro de entrada y recibo de armamento de la División Bogotá del 22 de noviembre de 2010 y del 29 y 30 del mismo mes y año y las declaraciones rendidas por el TC Carlos Hernández, y los Intendente Bogard Alexis Francia Bohórquez y Efrén Álvarez, es que el actor no pudo haber causado la lesión al supuesto ofendido, pues se encontraba en imposibilidad material de causar una lesión como la que sufrió el quejoso, porque no contaba con ningún arma de tipo corto contundente.

 

Con relación al formato único de noticia criminal  del 1º de diciembre de 2010, se tiene que el análisis hecho por parte del A quo respecto de esta prueba es erróneo pues incurre en un falso juicio de identidad al pretender que una noticia criminal puede ser plena prueba de la ocurrencia de un hecho, cuando claramente este tipo de documento no tiene ese alcance probatorio.

 

En relación con el Oficio No. 466 AREVI – 1.4 del 2/12/2010 lo primero que debe expresarse es que no se tenía conocimiento del video que se anexó al fallo y que solo fue de conocimiento de la defensa cuando se entregó tras la petición de 13 de enero de 2011, por lo cual no se pudo controvertir. Así el único medio probatorio legalmente aportado es el oficio, que no expresa lo inferido por el Jefe de Control Interno Disciplinario.

 

En el video se encuentra que la noticia emitida por el canal RCN solo muestra una presunta versión de los hechos, contraria a la realidad procesal y sustancial que da cuenta de la inexistencia del arma mencionada por RCN. Este noticiero solo es un testigo de oídas y lo único que hace es emitir la versión del taxista días después de los hechos que se desvirtuó procesalmente, y al que la Policía sin ningún rigor probatorio le dio validez.

 

Frente al libro de la población del CAI ANDES el informe dice con claridad que “al llegar al sitio AV. Suba con Calle 120 un vehículo taxi tenía cerrada a una camioneta Jeep Cheroque (sic) color azul oscura de placas OBF 934 (…)”. Esto denota la vulneración de la actividad de un funcionario público por un taxista.

 

Respecto del cargo y funciones asignadas al patrullero Yeison Iván Barrera Corredor, en el documento que se allegó al proceso solo refleja que se desempeñaba como conductor con las siguientes funciones: (I) Velar por el mantenimiento del vehículo para que este (sic) en óptimas condiciones para el buen servicio; (II) Estar pendiente de cualquier incidente que se presente en los desplazamientos; y (III) Apoyar cualquier situación que se presente en los desplazamientos. Labores que ha cumplido de manera ejemplar, con preocupación y utilización eficaz de los elementos y medios materiales para el servicio bajo su responsabilidad.

 

Frente a la presunta burla por la incapacidad del señor Martínez Nieto se tiene que no existe antecedente de malos tratos por el Agente Barrera Corredor, al contrario en la declaración del TC Carlos Martín Hernández para quien trabaja el patrullero hace un año, que: “me parece un muchacho responsable, es cumplidor con sus labores ordenadas (…), hasta el momento ha presentado un comportamiento intachable”.

 

El Oficio de Entrega y recibo de la Camioneta

 

Señaló: “(…) no se demuestra el presunto golpe en el rostro, lo único que demuestra es que Barrera Corredor conducía el automóvil con placas OBF 934”.

 

Prueba Documental: Comparendos

 

Manifiesta que esta prueba, no se entiende como se interpreta ésta, puesto que las infracciones de Martínez Nieto dan cuenta de la presunta agresión de Barrera Corredor a éste.

 

Libro de minuta de asignación

 

Dijo que lo único que está probado es la probabilidad que la mano de Barrera golpeara de manera accidental el rostro de Martínez Nieto, que en principio no existió voluntad de Barrera de hacerle daño.

 

Existió a demás en la inadecuada valoración probatoria, violación al debido proceso en la investigación.

 

2.- Violación de las normas relacionadas con la formulación del pliego de cargos

 

La Ley 1015 de 2006, en su artículo 58 prevé el procedimiento aplicable a los funcionarios de la Policía Nacional, señalando que será el contemplado en el Código Disciplinario Único o normas que lo modifiquen o adicionen, norma que ha sido vulnerada,  toda vez que, al señalar el artículo 150 de esta misma disposición que ante una queja con hechos totalmente inconcretos o difusos el funcionario debe inhibirse de continuar con la actividad disciplinaria y en caso de falsedad o temeridad de la misma podrá imponer multa.

 

En el caso concreto el despacho no dio aplicación a estas normas pues las inconsistencias en la queja frente a su ampliación, la denuncia penal y el dictamen de medicina legal sin contar con todos los elementos violó el artículo 163 del C.D.U. que estima que el auto de cargos debe contener las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la presunta conducta.

 

3.- Violación de las Normas por aplicación indebida del procedimiento verbal.

 

Se menciona como vulnerada la Ley 734 de 2002, artículo 175 (…).

En el caso concreto no era viable darle esta cuerda procesal a la investigación disciplinaria no obstante que la segunda instancia sostenga que: “encuentra el Adquem que el fallador de primera instancia inicio (sic) con preliminar por establecer y luego de practicadas para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, vincula motivadamente al patrullero BARRERA CORREDOR, luego de la practica (sic) de otras documentales apertura por el procedimiento verbal especial contemplada (sic) en el Título XI Capítulo I, artículo 175 Ibídem, al estar objetivamente demostrada la falta disciplinaria en contra del institucional patrullero YEISÓN IVAN BARRERA CORREDOR, tipificando la conducta en la Ley 1015 de 2006 (…)”.

 

4.- Violación de las normas por indebida calificación de la Culpabilidad y de la Conducta

 

En cuanto a la forma de culpabilidad de la presunta conducta del investigado, si se analiza cada una de las pruebas se tiene que el PT Barrera Corredor actuó de manera pacífica el día de los hechos pretendiendo solo cumplir con su deber policial de intervenir para asegurar el bienestar público, no se burló del taxista ni de su discapacidad y no desplegó a voluntad, (sic) conducta alguna para agredirlo. Además no contaba con arma de dotación por lo cual no puede imputársele una responsabilidad a título de dolo o culpa sobre los hechos de la queja o los que se le expusieron en el pliego de cargos.

 

En el evento en que el PT Barrera Corredor hubiere golpeado con la mano el rostro del señor Martínez cuando perdió el equilibrio debe considerarse que este hecho está bajo las causales de exclusión del artículo 41 de la Ley 1015 de 2006⁴.

 

5.- Ilicitud Sustancial y Falsa motivación en los Fallos que se demandan

 

Existe ilicitud sustancial y falsa motivación en los fallos que se demanda por cuanto:

 

(I) No existe ninguna prueba del golpe enunciado en el pliego de cargos, ni relaciona causal entre el golpe del que hablan los fallos y la lesión que medicina legal calificó realizada por un arma corto contundente cuya existencia no está demostrada.

 

(II) No existe ninguna prueba de la intencionalidad de Barrera Corredor ni mucho menos algún indició que permita decir que su actividad fue dolosa.

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

 

La Nación, Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en su escrito⁵ asegura que los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico.

 

El Juez disciplinario al emitir su decisión realizó un análisis juicioso de las pruebas que sirvieron de fundamento para proferir su decisión, por tanto no hay lugar a decir  que no se cumplió con dichos presupuestos, pues la sede administrativa es la competente para dirimir esta clase de controversias y no ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quien no puede constituirse en una tercera instancia para conocer de estos asuntos.

 

Solicita que se declare probada la excepción de inepta demanda, por cuanto el apoderado del accionante en el escrito de la demanda pide la nulidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, sin embargo no demanda el acto de ejecución de la sanción disciplinaria de suspensión de 6 meses e inhabilidad especial impuesta al accionante y como quiera que el acto administrativo es compuesto no cumple con el requisito establecido en el artículo 137 numeral 2º del C.C.A., por tanto se encuentra probada la excepción propuesta.

 

En cuanto a que no existió prueba de la certeza sobre la comisión de la conducta realizada por el actor, la defensa hace saber que el despacho disciplinario adelantó el proceso contra el patrullero por el maltrato verbal y físico realizado a un taxista que colocó la queja de lo sucedido con el uniformado el 30 de noviembre de 2010, habiéndose practicado y valorado todas las pruebas documentales y testimoniales, siendo éstas las que dieron la certeza al juez disciplinario sobre la comisión de la conducta realizada por el PT. Barrera Corredor.

 

El despacho disciplinario de primera instancia le hizo conocer al disciplinado, desde la notificación de la indagación preliminar, los derechos que le asisten en calidad de sujeto procesal, de acuerdo a lo señalado en el artículo 92 de la Ley 734 de 2002, evidenciándose que él en su momento, designó su defensor de confianza, siendo un derecho que él tenía.

 

Expresó que con cualquier medio probatorio⁶ podrá demostrarse la comisión de la falta y la responsabilidad del investigado, de lo que se infiere que no se requiere de cierta cantidad de pruebas para enrostrar responsabilidad, sino que con cualquier medio probatorio se puede endilgar responsabilidad disciplinaria, como efectivamente así lo hizo el despacho.

 

El señor PT Barrera Corredor  fue investigado y sancionado según lo dispuesto en la Ley 1015 de 2006, norma sustantiva vigente al momento de la ocurrencia de la conducta, artículo 35 “FALTAS GRAVES”, numeral 2º, imponiendo una sanción de Suspensión e Inhabilidad Especial de 6 meses, habiéndose ajustado el proceso disciplinario al principio de legalidad y de ninguna manera se actuó a capricho del despacho.

 

La conducta asumida por el actor, por la cual le fue impuesta el correctivo de suspensión del cargo, se determinó mediante la investigación disciplinaria, al concluirse, que éste se había apartado  del postulado Constitucional relativo a que las autoridades están estatuidas para proteger a todos los habitantes de Colombia en su vida, honra, bienes (…), y en el caso bajo estudio el citado Policial según quedó demostrado en el proceso disciplinario, agredió verbal y físicamente a un taxista en hechos ocurridos el 30 de noviembre de 2010 en la ciudad de Bogotá, falta disciplinaria que se encontró tipificada  en el artículo 35 numeral 2º de la Ley 1015 de 2006, como Falta Grave. Comportamientos como el realizado por el accionante no pueden ser tolerados en una Institución como la Policía Nacional que tiene un gran compromiso con la comunidad.

 

El investigado en el proceso disciplinario, contó con la oportunidad procesal de ejercer su derecho de defensa y contradicción, pues se le garantizó el debido proceso, por esta razón no puede pretender ahora, utilizar la Jurisdicción Contencioso Administrativa para obtener un fallo favorable cuando éste tuvo la oportunidad procesal de interponer y sustentar el recurso de apelación en sede administrativa, el cual fue debidamente estudiado.

 

No se presentó desviación de poder, toda vez que al estudiar el proceso en primera y segunda instancia, éstos despachos realizaron un análisis ponderado de las pruebas practicadas, los descargos presentados y la valoración jurídica de los cargos endilgados por la conducta desplegada por el actor, teniendo en cuenta para la graduación de la sanción la calificación de la falta y la culpabilidad del investigado, ajustándose el operador disciplinado a la normatividad vigente, por lo que no hay lugar a cuestionar el procedimiento adelantado, pues el disciplinado y su defensor tuvieron participación activa en todo el desarrollo de la actuación, lo que les permitió ejercer su derecho de contradicción, por lo que no se puede decir que se presentó falsa motivación  y que fue arbitraria o injusta la sanción impuesta.

 

Las normas sustantivas entre ellas las Leyes 1015 de 2006 y 734 de 2002, aplicables al presente caso, se encontraban vigentes al momento de la ocurrencia de la conducta por la que fue investigado y sancionado el señor Barrera Corredor.

 

Excepciones que propone.

 

i). Propuso, que la Jurisdicción no es una tercera instancia para dirimir controversias por sanciones disciplinarias, con argumentos similares a los que expuso en la contestación de la demanda.

 

ii). Considera que en el presente caso opera la institución jurídica de la cosa juzgada, toda vez que el proceso disciplinario culminó con fallo de primera instancia contra el cual procedía el recurso de apelación, que fue resuelto en segunda instancia quedando ejecutoriado y ejecutado mediante la Resolución No. 00433 de 23 de febrero de 2011 y que los hechos no pueden ser objeto de controversia en otro proceso de igual carácter.

 

iii). Finalmente propuso que se declare probada la excepción de inepta demanda, por cuanto en el escrito de la demanda no demandó la nulidad del acto de ejecución de la sanción disciplinaria, y como quiera que el acto administrativo es compuesto no cumple con el requisito establecido en el artículo 137 numeral 2º del C.C.A.

 

Solicita a esta Corporación, como corolario de lo dicho, que no acoja las pretensiones de la demanda.

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

 

Vencido el término probatorio, la entidad demandada presentó alegatos de conclusión dentro del término que se les concedió para el efecto⁷. Transcribe la siguiente cita jurisprudencial⁸:

 

“Sabido es que no toda imprecisión de la manifestación de voluntad de la administración, ni la motivación anti técnica o infundada, tiene la virtualidad de anular la decisión administrativa, ya que ésta sólo será procedente si el acto administrativo infringe las normas en que debía fundarse, o hubiere sido proferido por funcionario incompetente, o en forma irregular o con desconocimiento del derecho de defensa o con falsa motivación o desvío de poder”.

 

Afirma, que ninguna de las causales que indica la jurisprudencia ocurrió, porque la actuación disciplinaria fue adelantada por funcionario competente – Oficina de Control Disciplinario Interno-, se ajustó a las Leyes 1015 de 2006 y la 734 de 2002, vigentes para el momento de ocurrencia de la conducta, y se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa a los sujetos procesales.

 

Además sostiene, que no se presenta falsa motivación de los actos enjuiciados, porque las circunstancias de hecho y de derecho que fundamentan el fallo están soportadas en las pruebas que obran en el proceso; que el actor plantea nuevamente un debate probatorio que ya se surtió en el proceso disciplinario, lo que impide que se adelante ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa un nuevo proceso, porque ésta no se puede convertir en una tercera instancia.

 

Solicita que la Corporación se abstenga de declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, en razón a que no se desvirtuó la presunción de legalidad y a que los actos no contrarían la Constitución, ni a la ley.

 

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

 

El Procurador Segundo Delegado ante esta Corporación, rindió concepto mediante escrito⁹ en el que hizo referencia a la demanda y a la contestación.

 

Señala, que la apoderada de la entidad demandada, aduce que era necesario demandar el acto que ejecutó la sanción, teniendo en cuenta que es éste el que Suspendió del Cargo al actor. Sobre el tema del acto que ejecuta la decisión sancionatoria, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha señalado que el acto que ejecuta la medida, solo es necesario para efectos de contabilizar la caducidad, teniendo en cuenta que de declararse la nulidad de los actos, necesariamente perdería su fuerza ejecutoria, por ende no se requiere demandar, pues a juicio de la alta Corporación los que modifican, extinguen la situación jurídica del investigado son los fallos sancionatorios, pues en ellos se hace el análisis fáctico y probatorio correspondiente¹⁰.

 

Aseguró, que si lo que se pretende es el reintegro, se puede accionar solo los fallos sancionatorios y si se declara su nulidad sólo procede como restablecimiento del derecho la des anotación en la hoja de vida de la sanción disciplinaria impuesta, para que resulte congruente lo pedido con la decisión del juez¹¹.

 

Consideró, que del cargo formulado, se colige que el reproche irregular que se le endilgó al demandante, es porque el 30 de noviembre de 2010, en calidad de patrullero, agredió al señor taxista Herlind Martínez con el arma de dotación, teniendo en cuenta que momentos antes éste había derramado líquido de frenos al vehículo asignado por la Institución, sin tener en cuenta el estado de discapacidad de la  víctima y ocasionándole una lesión por la que le dieron una incapacidad de 15 días.

 

Del material probatorio con el que se declaró responsable al acusado, se evidencia que se probó el aspecto objetivo y subjetivo de la falta, toda vez que existen las pruebas para declarar responsable al acusado y sancionarlo con la suspensión del cargo por el término de 6 meses, de suerte que el ente investigador le calificó la falta como grave a título de dolo de conformidad con el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006 y una vez analizada la culpabilidad, decidió sancionarlo.

 

Finalmente, señaló que el demandante al cuestionar los actos acusados éste debió aportar las pruebas que permitan desvirtuar su legalidad y no limitarse a afirmar que no se demostró su responsabilidad.

 

Como no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir, previas las siguientes,

 

CONSIDERACIONES

 

1.- El problema jurídico.

 

El problema jurídico del cual se ocupará la Sala consiste en determinar si los actos administrativos expedidos por la Oficina de Control Disciplinario Interno – Dirección General de la Policía Nacional y por el Inspector Delegado Especial Dirección General de la misma Institución, por medio de los cuales fue sancionado¹² el señorYeison Iván Barrera Corredor, se ajustan a la Constitución y a la ley.

 

Previo a decidir la cuestión planteada, la Sala se pronunciará sobre las excepciones propuestas por la entidad demandada, tal y como pasa a exponerse.

 

2.- De las excepciones propuestas por la Nación- Ministerio de Defensa – Policía Nacional

 

i). La Jurisdicción no es una tercera instancia para dirimir controversias por sanciones disciplinarias, considera la Sala que no constituye una excepción, sino un medio de defensa, y en consecuencia la argumentación pertinente se expondrá al tratar la materia correspondiente.

 

(ii). De la excepción de Inepta demanda.

 

En criterio de la Policía Nacional, el actor no presentó la demanda en debida forma, pues no cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, dado que solo demandó los actos administrativos de primera y segunda instancia y no la providencia de ejecución de la sanción disciplinaria.

 

A efecto de resolver la excepción planteada, es pertinente aclarar que, aunque no se haya demandado la Resolución No. 00433 de 23 de febrero de 2011, por medio de la cual se ejecutó la sanción disciplinaria impuesta al actor, ello no da lugar a una inepta demanda, toda vez que como bien lo ha precisado esta Corporación el acto de ejecución no crea, modifica ni extingue la situación jurídica del disciplinado, razón por la cual este último no esta obligado a demandarlo. Así lo consideró el Consejo de Estado en providencia de 15 de febrero de 2007, con Ponencia de la Dra. Ana Margarita Olaya Forero, dentro del Radicado No. 25000-23-25-000-1996-06319-01(6319-05), que señalado:

 

“El acto de ejecución si bien es conexo al acto sancionatorio no forma parte del mismo, ya que, se repite, es un mero acto que ejecuta la medida y ni crea ni modifica ni extingue situación jurídica alguna del disciplinado.

 

La única connotación que la jurisprudencia le ha dado al denominado acto de ejecución tiene que ver para el cómputo del término de caducidad, pues éste se cuenta a partir de su ejecución, en aras de propiciar una efectiva protección al disciplinado, aclarando sí, que la eventual nulidad de las resoluciones sancionatorias implicaría, necesariamente, la pérdida de fuerza ejecutoria (…)”.

 

En estos términos la excepción planteada no está llamada a prosperar.

 

(iii). Respecto a la excepción denominada cosa juzgada, propuesta por la entidad demandada, con la explicación que el proceso disciplinario culminó con decisión de primera instancia que se encuentra ejecutoriada, y que los hechos no pueden ser objeto de controversia en otro proceso de igual carácter, se tiene lo siguiente:

 

“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, para que opere el fenómeno de la cosa juzgada es preciso que se reúnan los siguientes elementos: a) Que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto; b) Que se funde en la misma causa anterior y  c) Que en los procesos haya identidad jurídica de parte^”13.

 

De una parte, se trata de acciones diferentes, que implica que a pesar de que la actuación de carácter disciplinario haya culminado su trámite ante la administración, no se configura la cosa juzgada frente al procedimiento que se puede adelantar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, porque el objeto no es el mismo.

 

Y de otro lado, por disposición del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra los actos administrativos procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que puede ser interpuesta por quien se crea lesionado en un derecho amparado por una norma jurídica. No podría inferirse, entonces, que se configura la cosa juzgada, antes de haberse adelantado la acción de nulidad y restablecimiento del derecho pertinente, como lo es la que ocupa la atención de la Sala, por lo cual no tiene vocación de prosperidad esta pretensión.

 

3.- Sobre la función constitucionalmente atribuida a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, relativa al control judicial de la potestad disciplinaria.

 

Esta Sección ha señalado reiteradamente¹⁴ que según el diseño Constitucional, la Procuraduría General de la Nación tiene la titularidad de la acción disciplinaria y goza de un poder preferente, que no excluye la facultad atribuida a algunas entidades para ejercerla directamente, pero en ambos casos sometida al control judicial por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. No obstante, dicho control no se ejerce de cualquier modo, sino que está sujeto a limitaciones y restricciones que lo alejan de convertirse en una tercera instancia. Al respecto, resulta pertinente reiterar lo que expresó la Sala en el fallo de 3 de septiembre de 2009¹⁵ en la cual consideró:

 

“De esta manera la posibilidad de demandar ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa las providencias que culminan el proceso disciplinario, no implica trasladar, de cualquier manera, a la sede contenciosa administrativa el mismo debate agotado ante las autoridades disciplinarias. Dicho de otra manera, el juicio que se abre con la acción de nulidad, no es una simple extensión del proceso disciplinario, sino que debe ser algo funcionalmente distinto, si es que el legislador consagró el debido proceso disciplinario como el lugar en que debe hacerse la crítica probatoria y el debate sobre la interrelación de la normatividad aplicable como soporte de la sanción, además del principio de la doble instancia, como una de las garantías más importantes para ser ejercidas en el interior del proceso.

 

Bajo esta perspectiva, el control de legalidad y constitucionalidad de los actos de la administración, que la Constitución ha confiado a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, implica una especial cualificación y depuración del debate, pues dicho control no puede convertirse en un nuevo examen de la prueba como si de una tercera instancia se tratara.

 

Decantado que el juzgamiento de los actos de la administración, no puede sustituir de cualquier manera el poder preferente de la Procuraduría General de la Nación, es menester añadir que ello tampoco implica la intangibilidad de los actos de juzgamiento disciplinario, pues ellos están sometidos a la jurisdicción.

 

(…)

 

Entonces, en línea de principio puede predicarse que el control que a la jurisdicción corresponde sobre los actos de la administración, cuando ésta se expresa en ejercicio de la potestad disciplinaria, debe mantenerse al margen de erigirse en un nuevo momento para valorar la prueba, salvo que en su decreto y práctica se hubiere violado flagrantemente el debido proceso, o que la apreciación que de esa prueba hace el órgano disciplinario resulte ser totalmente contra evidente, es decir, reñida con el sentido común y alejada de toda razonabilidad. Por lo mismo, el control judicial del poder correccional(…) no puede ser el reclamo para que se haga una nueva lectura de la prueba que pretenda hacer más aguda y de un mayor alcance, pues esa tarea corresponde a las instancias previstas en el C.D.U.” (Negrillas de la Sala).

 

Todo lo anterior implica que en sede judicial, el debate discurre en torno a la protección de las garantías básicas, cuando quiera que el proceso disciplinario mismo ha fracasado en esa tarea, es decir, en el evento en el que el trámite impreso a la actividad correccional resulta intolerable frente a los valores constitucionales más preciados, como el debido proceso, el derecho de defensa, la competencia del funcionario y de modo singular, si el decreto y la práctica de las pruebas se hizo atendiendo estrictamente las reglas señaladas en la Constitución y en la ley.

 

A pesar de lo dicho, no cualquier defecto procesal está llamado a quebrar la presunción de legalidad que ampara a los actos de la Administración, pues la actuación disciplinaria debe adelantarse con estricta sujeción a las normas que la regulan, las cuales están inspiradas en las garantías constitucionales básicas.

 

En ese sentido, si de manera general los actos de la administración están dotados de la presunción de legalidad, esa presunción asume un carácter más valioso en el juicio disciplinario, en el cual el afectado participa de modo activo en la construcción de la decisión, mediante el ejercicio directo del control de la actividad del Estado, cuando ella se expresa en su fase represiva. Dicho en breve, es propio de la actividad disciplinaria, que el control de las garantías sea la preocupación central del proceso correccional. Por ello, cuando el asunto se traslada y emerge el momento del control judicial en sede Contencioso Administrativa, no cualquier alegato puede plantearse, ni cualquier defecto menor puede erosionar el fallo disciplinario.

 

Dentro del anterior marco, la Sala abordará el estudio del caso concreto. Para ello, analizará los cargos propuestos por el demandante, los argumentos de defensa expuestos por la entidad demandada y, el caudal probatorio obrante en el expediente.

 

HECHOS PROBADOS:

 

De los documentos que obran en el caso de autos, la Sala encuentra demostrado que:

 

a.- El señor Yeison Iván Barrera Corredor ingresó a la Policía el 22 de septiembre de 2004¹⁶, y fue suspendido del cargo, en su calidad de Patrullero, mediante Resolución No. 00433 de 23 de febrero de 2011.¹⁷

 

b.- La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional de Colombia – Oficina de Control Disciplinario Interno – Dirección General de la Policía Nacional, adelantó un proceso disciplinario en contra, del aquí demandante YEISON IVÁN BARRERA CORREDOR, por hechos ocurridos el día 30 de noviembre de 2010, que más adelante se relatarán, por lo cual le impusieron e hicieron efectiva una sanción disciplinaria de suspensión e inhabilidad especial por el término de 6 meses.

 

c.- El único cargo endilgado en sede administrativa al señor Barrera Corredor, fue el previsto en el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional, Ley 1015 de 2006, Libro I, Título VI, DE LAS FALTAS Y DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS, Capítulo I. Artículo 35, numeral 2 que dispone que es falta grave: “Agredir o someter a malos tratos al público, superiores, subalternos o compañeros”, en concordancia con los Capítulo II, CLASIFICACIÓN Y LÍMITE DE LAS SANCIONES, artículos 38, numeral 2º, DEFINICIÓN DE SANCIONES y 39 numeral 2º, CLASES DE SANCIONES Y SUS LÍMITES de la norma señalada¹⁸. La calificación de la culpabilidad de la falta fue a título de Dolo¹⁹.

 

d.- Por los hechos antes relacionados la institución demandada resolvió el día 13 de enero de 2011, en primera instancia, en el proceso disciplinario radicado con el No. DIPON-2010-118, declarar disciplinariamente responsable al señor Patrullero YEISON IVÁN BARRERA CORREDOR, imponiéndole la medida correctiva de SUSPENSIÓN, e INHABILIDAD ESPECIAL por el término de 6 meses (fls 188 a 194 del cuaderno Principal).

 

e.- Dicho fallo fue apelado²⁰ por el señor Barrera Corredor, y confirmado en segunda instancia mediante decisión de fecha 27 de enero de 2011²¹.

 

f.- Con la Resolución No. 00433 de 23 de febrero de 2011, el Director General de la Policía Nacional dispuso la ejecución de la sanción impuesta al aquí demandante²².

 

LA CUESTIÓN DE FONDO.

 

La parte actora considera que los actos administrativos enjuiciados son nulos por falsa motivación, aplicación indebida del procedimiento, por violación del debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia, toda vez que entre los hechos imputados y las pruebas valoradas en el pliego de cargos no existió una relación de causalidad, que demostrara la intencionalidad dolosa del demandante.

 

La Policía Nacional por su parte, manifestó que la acción disciplinaria fue adelantada por funcionario competente, se ajustó a las Leyes 1015 de 2006 y 734 de 2002, vigentes para el momento de ocurrencia de la conducta, y se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa a los sujetos procesales.

 

Sostiene también que a la actuación correspondiente fueron allegadas pruebas que dan certeza de la conducta en la que incurrió el señor Barrera Corredor, que lo hace acreedor a la sanción disciplinaria.

 

El Procurador Segundo Delegado ante esta Corporación arriba a similares conclusiones a las que llegó la entidad demandada, por las explicaciones consignadas en su oportunidad procesal.

 

La Sala desarrollará el presente caso teniendo en cuenta, los siguientes temas:

 

 i). Fundamentos jurídicos y jurisprudenciales de la responsabilidad disciplinaria del personal uniformado al servicio de la Policía Nacional; 

 

ii). Existencia de elementos probatorios que soportan las decisiones definitivas adoptadas en la actuación disciplinaria; 

 

iii). Normativa aplicable al caso concreto; y 

 

iv). Caso Concreto.

 

(i).- Fundamentos jurídicos y jurisprudenciales de la responsabilidad disciplinaria del personal uniformado al servicio de la Policía Nacional.

 

En virtud de las funciones específicas que desarrollan los miembros de la fuerza pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional), el inciso segundo del art. 217 y el inciso primero del artículo 218 de la Constitución Política, trasladan a la ley la facultad para establecer regímenes disciplinarios especiales, lo cual no implica que ellos no puedan ser destinatarios del régimen disciplinario previsto para los servidores del Estado, en cuanto sea procedente, como lo indica la Sentencia C-819 de 2006 proferida por la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Jaime Córdoba Triviño, citada en el concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación.

 

Sobre la naturaleza, funciones  y relevancia social de la actividad de los citados cuerpos armados, dice la sentencia que se comenta:

 

La índole de las funciones específicas que están llamados a ejecutar estos cuerpos armados, es lo que determina la configuración de  faltas propias de un régimen especial y las sanciones que se les pueden imponer. Sobre la naturaleza y funciones específicas que el régimen constitucional colombiano adscribe a la Policía Nacional, el artículo 218 de la Carta define la institución como, “[U]n cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. Precepto que debe ser complementado con el contenido del artículo 2° de la Carta que establece que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, bienes, honra, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

 

(…)

 

Por su parte la Ley 162 de 1993, - Ley Orgánica de la Policía Nacional -  establece en su artículo 19 como funciones generales de la institución las siguientes: (i)Proteger a todas las personas residentes en Colombia, garantizar el ejercicio de las libertades públicas y los derechos que de estas se deriven; (ii), prestar el auxilio que requiere la ejecución de las leyes y las providencias judiciales y administrativa; (iii) ejercer de manera permanente las funciones de Policía Judicial, respecto de los delitos y contravenciones; (iv) ejercer funciones  educativas a través de la orientación de la comunidad en el respeto a la ley; (v) ejercer función preventiva de la comisión de hechos punibles; (vi) de solidaridad, entre la Policía y a comunidad; (vii) de atención al menor; (viii), de vigilancia urbana, rural, cívica; (ix) de coordinación penitenciaria; y, (x) de vigilancia y protección de los recursos naturales relacionados con la calidad del medio ambiente, la ecología y el ornato público, en los ámbitos urbano y rural.

 

Es evidente la relevancia social de las funciones que en un sistema democrático se asigna al cuerpo policial como garante de las condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos y las libertades ciudadanas, y para el aseguramiento de una convivencia pacífica. Su ubicación en la estructura del Estado como integrante de la fuerza pública, con acceso al poder monopólico de las armas, y eventualmente al uso de la fuerza bajo parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, exige sin duda cuidadosos controles al ejercicio de su actividad, uno de ellos el disciplinario.

 

Es muy clara la sentencia en la justificación de la existencia de unas normas especiales en materia disciplinaria para los miembros de la fuerza pública, y de la connotación especial que tienen las funciones de los cuerpos armados del Estado, para el goce efectivo de los derechos y libertades ciudadanas.

 

(ii).- Existencia de elementos probatorios que soportan las decisiones definitivas adoptadas en la actuación disciplinaria.

 

Sostiene el actor, que existió violación al debido proceso, y al derecho de defensa, puesto que jamás se valoraron adecuadamente las pruebas frente a la conducta, y el cargo endilgado, toda vez, que:

 

“La queja y ampliación rendida por el señor Martínez Nieto es incongruente; del informe técnico de medicina legal se distorsionó su expresión fáctica; del formato único de noticia criminal la valoración hecha por el fallador de instancia fue erróneo al pretender que ésta puede ser plena prueba de la ocurrencia de un hecho; el video que se anexó al fallo que solo fue conocido por la defensa cuando lo requirió el 13 de enero de 2011, no pudiendo controvertirla; del libro de población del CAI ANDES, en el que se indicó lo sucedido el 30 de noviembre de 2010 en donde se denota la vulneración de la actividad de un funcionario público por un taxista; de la constancia del Jefe de Talento Humano de la Policía Nacional en el que se señaló el cargo y las funciones del actor, demostrando con éste el cumplimiento de sus funciones de manera ejemplar y cuidadoso de sus elementos y medios materiales para el servicio; del oficio de Entrega y recibo de la camioneta, no se demuestra el presunto golpe en el rostro, lo único que demuestra es que Barrera Corredor conducía el automóvil con placas OBF 934; de la prueba documental comparendos, no se entiende como se interpreta que las infracciones de Martínez Nieto dan cuenta de la presunta agresión de Barrera Corredor a éste; del libro de minuta de asignación  material de guerra grupo operativo lo único que está probado es la probabilidad que la mano de Barrera golpeara de manera accidental el rostro de Martínez Nieto, que en principio no existió voluntad de Barrera de hacerle daño”.

 

De los señalamientos hechos por el actor frente a las circunstancias ocurridas el 30 de noviembre de 2010 y las pruebas que él objeta, es de anotar que éstas fueron legalmente recopiladas y valoradas de conformidad con la sana crítica y con fundamento en los principios del debido proceso, derecho de defensa y contradicción, que llevaron a la convicción del fallador de instancia a reprochar la conducta cometida por el señor Patrullero Barrera Corredor contra el señor Martínez Nieto, toda vez que la investigación no se centró como lo pretende el actor en valorar si era o no el color del vehículo que estuvo inmerso en los hechos; si el quejoso acudió o no al médico; si cumplió o no con las reglas de tránsito del señor Martínez Nieto, entre otras argumentaciones, pues es claro que los actos demandados  se fundaron en los elementos de convicción que se aportaron al proceso disciplinario, los cuales fueron estudiados sistemáticamente  y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, tal y como lo demuestra el análisis que, de las pruebas, efectuó la entidad demandada en los actos acusados.

 

Tan es así que la decisión de primera instancia²³ se fundamentó, entre otras pruebas en:

 

(I). Informe técnico legal de lesiones personales de fecha 30 de noviembre de 2010, donde se observa que fue atendido el señor Herlind Harol Martínez Nieto y se concluye que se expidió incapacidad por 15 días, documento  que fue pertinente y útil, toda vez que en éste se evidenció que el quejoso fue agredido por el señor Barrera Corredor (fl. 11 cdno No. 2).

 

(II). Copia de formato único de noticia criminal de fecha 1º de diciembre de 2010, donde se interpone querella por lesiones personales, documento que sirvió como prueba de los hechos sucedidos (fls. 13 y 14 cdno No. 2).

 

(III). Copia del libro de población del CAI ANDES donde quedó registrado el momento en el cual señor Martínez Nieto reconoce como agresor al señor Barrera Corredor (fls. 26 a 28 cdno No. 2).

 

(IV). Copia del Oficio de entrega y recibo de la Camioneta JEEP CHEROKEE LAREDO de Placas OBF-934, con el que se evidencia que en efecto este vehículo es el mismo descrito y el que iba conduciendo el actor el día de los hechos (fl 49 del cdno No. 2).

 

(V). Copia de la Minuta de asignación material de guerra – Grupo Operativo Bogotá, en el que se observó que el señor Barrera Corredor no reclamó ni entregó armamento el 30 de noviembre de 2010, en relación con lo señalado, si bien es cierto que el actor no reclamó armamento de dotación, también lo es que el señor Barrera Corredor agredió al señor Martínez Nieto, propinándole un golpe en el rostro luego de haber tenido una discusión (fls. 139 a 149 del cdo No. 2).

 

(VI).  La ratificación y ampliación de queja suscrita por el señor Harold Martínez Nieto (fls 7 a 10 del cdno No. 2).

 

(VII). Informe de Novedad, ratificación y ampliación rendido por el TC Carlos Martín Hernández Puentes, en el que indicaba que para el 30 de noviembre de 2010 el señor PT Barrera Corredor laboraba como su conductor y que se enteró por parte de él que había tenido un altercado con un taxista el 30 de noviembre de 2010 y el 1º de diciembre del mismo año cuando se dirigían al CAI ANDES el actor le manifestó que si tuvo un problema con el señor Martínez Nieto y que le había pegado con la mano (fls. 17 a 18, 29 a 31 y 150 a 153 del Cdo No. 2), declaración que en ningún momento se contradice, todo lo contrario indica que el patrullero Barrera Corredor agredió al público, es decir al señor Martínez Nieto el 30 de noviembre de 2010, golpeándole en  la cara.

 

Sin necesidad de seguir ahondando en el análisis probatorio, porque como se anotó en precedentes renglones, ésta no es una tercera instancia del proceso disciplinario, se infiere que las conclusiones a las cuales llegaron las autoridades que decidieron de fondo la actuación de carácter disciplinario, encuentran respaldo en las pruebas obrantes en el proceso, cuya valoración fue integral y razonable.

 

Además, realmente la inconformidad del demandante está dirigida con mayor énfasis a sustentar, el hecho de no preexistir prueba del arma corto contundente con la que se produjo la lesión en el rostro al señor Martínez Nieto, al endilgarle una culpabilidad a título de Dolo, vulnerándosele el debido proceso, lo cual quedó desvirtuado a lo largo de esta decisión, por lo que, como lo pidió la entidad demandada y el Procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado, deben negarse las pretensiones de la demanda por los aspectos estudiados, pues la conducta desplegada por el señor Barrera Corredor constituye una vulneración de las normas urbanas y los fines primordiales de la Policía Nacional, como lo es el de asegurar que los habitantes de Colombia convivan en Paz.

 

Ahora bien, en la demanda, la apoderada del señor Yeison Iván Barrera Corredor señaló, que la entidad demandada no logró desvirtuar, ni los hechos, ni los planteamientos del actor, solicitando en consecuencia acceder a las pretensiones de la demanda.

 

El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, el cual se debe aplicar por la remisión que hace el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, señala:

 

ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

 

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.

 

Como el demandante pretendía probar que las determinaciones de primera y segunda instancia adoptadas por la Policía Nacional se encuentran viciadas de nulidad por falsa motivación y por desconocimiento del debido proceso, supuestos que no son hechos notorios, y por ende debían ser probados, la carga de la prueba correspondía a la parte actora, la cual no podía trasladarla válidamente a la Policía Nacional.

 

A más de lo expuesto, también se logró probar que las decisiones de primera y segunda instancia proferidas en la actuación disciplinaria, tiene sustento en las pruebas allegadas al proceso y en las normas legales que rigen la materia. Por lo anterior, la Sala concluye que no le asiste razón al señor Barrera Corredor en sus apreciaciones.

 

iii).- Normativa aplicable al caso concreto.-

 

A efectos de resolver la cuestión planteada y como el señor PT Yeison Iván Barrera Corredor fue Suspendido del Cargo, resulta necesaria la referencia a las disposiciones que regulan la materia y que son aplicables a este caso.

 

De la Suspensión del Cargo e Inhabilidad Especial. Marco Legal.

 

La Ley 1015 de 2006, prevé en el artículo 38 numeral 2º: “La Suspensión consiste en la cesación temporal en el ejercicio del cargo y funciones sin derecho a remuneración; la Inhabilidad Especial implica la imposibilidad de ejercer funciones públicas en cualquier cargo, por el término señalado en el fallo.”

 

La causal por la cual opera la suspensión del Patrullero Barrera Corredor, en los términos del numeral 2º del artículo 35 de la citada Ley fue: “Agredir o someter a malos tratos al público, superiores, subalternos o compañeros”.

 

Asimismo, de conformidad con el numeral 2º del artículo 39 de dicha normatividad la sanción aplicable al caso fue: “(…) Para las faltas  gravísimas realizadas con culpa grave o graves dolosas, Suspensión e Inhabilidad Especial entre seis (6) y doce (12) meses, sin derecho a remuneración (…)”.

 

Para la graduación de la sanción, el fallador de primera instancia  tuvo en cuenta el artículo 40 inciso e) de la Ley 1015 de 2006 que señala:

 

“ARTÍCULO 40. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN.

 

(…)

 

e) La buena conducta anterior;

 

(…”).

 

Finalmente la ejecución de la sanción se hizo de conformidad con el artículo 42, numeral 2º de la Ley 1015 de 2006 que señala: “(…) El Director General de la Policía Nacional, para Destitución y Suspensión del personal del Nivel Ejecutivo, Suboficiales, y Agentes. (…)”.

 

Régimen Disciplinario Aplicable.

 

Como los hechos que dieron lugar a la investigación disciplinaria que se adelantó en contra del accionante, ocurrieron en el mes de noviembre de 2010 mientras este se desempeñaba como Patrullero adscrito a la Policía Fiscal y Aduanera – División de Gestión Control Operativo Bogotá – Grupo Operativo POLFA en la Policía Nacional, le son aplicables las disposiciones que entonces se encontraban vigentes,  previstas en:

 

i). La Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, la cual empezó a regir en mayo de ese año.

 

ii). La Ley 1015 de 2006 “Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional”, el cual empezó a regir a partir del mayo de 2006 al tenor de su artículo 60²⁴.

 

iii). La Resolución N° 01626 de 26 de julio de 2002, que determinaba el funcionario competente para investigarlo.

 

Sobre el particular, cabe precisar que además del régimen disciplinario general de los servidores públicos, existen unos especiales que no excluyen la aplicación del primero. En efecto, con el propósito de asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos, el legislador Colombiano expidió el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), el cual determina qué conductas se consideran faltas disciplinarias, las sanciones en las que se puede incurrir y el procedimiento que debe seguirse para determinar  la responsabilidad disciplinaria. Con la expedición de este Código se buscó la instauración de un estatuto uniforme y comprensivo de todo el régimen disciplinario aplicable a los servidores del Estado²⁵.

 

No obstante, en razón a la naturaleza específica de sus funciones, la propia Constitución otorgó al legislador la facultad para establecer regímenes especiales de carácter disciplinario aplicables a los miembros de la fuerza pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional). En este sentido, el inciso 2º del artículo 217 de la Carta prescribe que “la ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera prestacional y disciplinario, que  les es propio” (subrayas fuera de texto). En relación con los miembros de la Policía Nacional,  el inciso primero del artículo 218 ibídem señala que “La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”

 

En ese orden, el artículo 224 de Ley 734 establece: “La presente ley regirá tres meses después de su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias, salvo las normas referidas a los aspectos disciplinarios previstos en la Ley 190 de 1995 y el régimen especial disciplinario establecido para los miembros de la fuerza pública”.

 

Sin embargo, esta especificidad del régimen disciplinario propio de la fuerza pública, y su prevalencia, no impide que también sean destinatarios de las normas del régimen disciplinario de los servidores del Estado, en cuanto ellas resulten procedentes²⁶

 

Conforme lo ha expresado la Corte Constitucional, “lo que constituye la diferencia específica de ese régimen frente al general aplicable a los demás servidores públicos, es el señalamiento de una serie de faltas disciplinarias y de sus correspondientes sanciones, que son diferentes de las que pueden ser impuestas a la generalidad de los mencionados servidores públicos”²⁷, y cuya previsión, como se mencionó, se justifica por la particular actividad que les compete desarrollar en favor de la conservación del Estado de Derecho y que en ningún caso se identifican con las asignadas a las otras entidades del Estado. Ello, sin embargo, lo ha aclarado la Corte al interpretar el alcance del principio de especialidad previsto en la Carta y desarrollado por la ley, no exime a los miembros de la fuerza pública de ser también sujetos activos de las conductas previstas en el régimen disciplinario general, por supuesto, en cuanto aquellas le sean compatibles y aplicables²⁸.

 

En relación con este último aspecto, la hermenéutica constitucional también ha resaltado que  “lo fundamental y diferencial para el régimen disciplinario propio de la fuerza pública, es sin duda el aspecto subjetivo o sustancial, esto es, lo correspondiente a las faltas y sanciones especiales, y no el aspecto adjetivo o procedimental, es decir, las normas que conjugan el trámite o ritual a seguir en la definición de la responsabilidad disciplinaria, ya que este segundo aspecto puede regirse por las preceptivas que regulan el proceso disciplinario general, contenido en el respectivo estatuto disciplinario básico y en las demás disposiciones procesales que le sean concordantes”²⁹.

 

En la Sentencia C-310 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), recogiendo la posición adoptada previamente en la Sentencia C-088 de 1997, esta Corporación hizo claridad sobre el tema, de la siguiente manera:

 

“Es que lo que en verdad diferencia los estatutos disciplinarios de las fuerzas militares y de la policía nacional frente a los demás regímenes de esta clase, es la descripción de las faltas en que pueden incurrir sus miembros y las sanciones que se les pueden imponer, precisamente por la índole de las funciones que están llamados a ejecutar, las que no se identifican con las de ningún otro organismo estatal.

 

No sucede lo mismo con el procedimiento que se debe seguir para la aplicación de tales sanciones, pues éste sí puede ser igual o similar al que rige para los demás servidores públicos, de ahí que el legislador haya decidido establecer uno sólo, el consagrado en el Código Disciplinario Único.”  (Las negrillas son de la Sala).

 

Así las cosas, la Policía Nacional está facultada para investigar disciplinariamente a los uniformados que pertenecen a esa institución del siguiente modo: en lo sustancial de acuerdo con su régimen especial, contenido en la Ley 1015 de 2006, y, en lo procesal, siguiendo no solo las disposiciones de la citada Ley sino también los principios y las pautas del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002).

 

Precisado lo anterior, procede la Sala a analizar el caso concreto, para determinar si la Entidad demandada, al expedir los actos acusados, vulneró los derechos al debido proceso, y a la defensa del accionante.

 

iv).- El caso concreto.

 

La Sala estudiará el derecho al debido proceso, teniendo en cuenta: 1.- La garantía del Juez Natural (funcionario competente para investigar a la demandante); 2.- El cumplimiento de las etapas y términos procesales; 3.- La aplicación de los criterios de graduación de la falta y de la sanción; y 4.- Valoración probatoria efectuada en sede administrativa.

 

1.- La garantía del Juez Natural (funcionario competente para investigar al demandante).

 

La garantía del Juez Natural se encuentra prevista en el artículo 29 de la Constitución, en estos términos:

 

“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (…)".

 

Adicionalmente, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", la estableció así:

 

"8. Garantías judiciales.

 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, o de cualquier otro carácter." (Negrillas de la Sala)

 

De acuerdo con las anteriores disposiciones, en materia disciplinaria  rige el principio del juez natural, esto es, aquél a quien la Constitución o la Ley le ha atribuido el conocimiento de un determinado asunto³⁰.

 

En ese orden, la competencia del funcionario al que le corresponda dirimir un litigio o “Juez Natural” debe ser a) constitucional o legal (Ley entendida en sentido material); b) preexistente, es decir, anterior al hecho que motiva la actuación o proceso correspondiente, y c) explícita.³¹

 

En el caso que nos ocupa, la facultad para ejercer la atribución disciplinaria, conocer e imponer las sanciones previstas en la norma se encuentra establecida en la Ley 1015 de 2006 en la que se destaca:

 

ARTÍCULO 54. AUTORIDADES CON ATRIBUCIONES DISCIPLINARIAS.

 

<Inciso corregido por Nota Aclaratoria publicada en el Diario Oficial 46.196 de febrero 28 de 2006. El texto corregido es el siguiente:> Para ejercer la atribución disciplinaria se requiere ostentar grado de Oficial en servicio activo. Son autoridades con atribuciones disciplinarias para conocer e imponer las sanciones previstas en esta ley, las siguientes:

 

 1. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.

En Segunda Instancia de las decisiones proferidas por el Inspector General.

 

2. INSPECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.

 

En Segunda Instancia de las decisiones proferidas por los Inspectores Delegados.

 

En Primera Instancia de las faltas cometidas por:

 

a) Oficiales Superiores;

 

b) Personal en comisión en el exterior;

 

c) Personal en comisión en organismos adscritos o vinculados a la Administración Pública;

 

d) Jefes de Oficinas Asesoras de la Dirección General de la Policía Nacional.

 

PARÁGRAFO 1o. Podrá iniciar, asumir, proseguir, remitir o fallar cualquier actuación disciplinaria, cuya atribución esté asignada a otra autoridad policial señalada en esta ley, cuando por su trascendencia afecte gravemente el prestigio e imagen institucional.

 

PARÁGRAFO 2o. Sin perjuicio de su atribución disciplinaria, el Inspector General ejercerá vigilancia, control y seguimiento de las actuaciones disciplinarias.

 

3. INSPECTORES DELEGADOS.

 

a) En Segunda Instancia de las decisiones proferidas por los Jefes de Oficinas de Control Disciplinario Interno de su jurisdicción;

 

b) En Primera Instancia de las faltas cometidas por los Oficiales Subalternos en su jurisdicción.

 

4. JEFE DE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA DIRECCION GENERAL.

 

En Primera Instancia de las faltas cometidas en la ciudad de Bogotá, D. C., por el personal del Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes, y Auxiliares de Policía, que labore en la Dirección General, Subdirección General, Inspección General, Direcciones y Oficinas Asesoras.

 

5. JEFES DE OFICINAS DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE POLICIAS METROPOLITANAS Y DEPARTAMENTOS DE POLICIA.

 

En Primera Instancia de las faltas cometidas en su jurisdicción, por el personal del Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes, Auxiliares de Policía, y Estudiantes de las Seccionales de Formación de la Policía Nacional.

 

PARÁGRAFO. La Oficina de Control Disciplinario Interno de Comando de Policía Metropolitana organizada por Departamentos, conocerá en Primera Instancia de las faltas cometidas por el personal del Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes, Auxiliares de Policía, y Estudiantes de las Seccionales de Formación de la Policía Nacional, adscrito al respectivo Comando de Metropolitana.

 

A su turno el artículo 1º de la citada ley expresa:

 

ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación, corresponde a los funcionarios de la Policía Nacional con atribución disciplinaria, conocer de las conductas disciplinables de los destinatarios de esta ley.

 

2.- Cumplimiento de las etapas  y términos procesales.

 

El señor Barrera Corredor, afirmó que la Policía Nacional le vulneró el derecho al debido proceso, pues no se realizó el análisis integral de las pruebas desprendiéndose de estas conclusiones diferentes a su contenido. Advierte la Sala que el accionante no demostró esa afirmación.

 

Con todo, revisada la actuación disciplinaria, esta Subsección encuentra que la Policía Nacional agotó todas las etapas del proceso disciplinario que adelantó en contra del demandante y que no se evidencia violación alguna al derecho al debido proceso, pues está probado que  el accionante, conoció todas las decisiones que se adoptaron en el trámite, tuvo la oportunidad para solicitar, aportar y controvertir pruebas, rendir descargos, alegar de conclusión y para impugnar las determinaciones adoptadas por el funcionario investigador.

 

3.- Aplicación de los criterios de graduación de la falta y de la sanción.

 

En lo que tiene que ver con los criterios para la graduación de la falta, la Sala estima que los mismos resultan aplicables al caso de autos, dado que el artículo 40 de la Ley 1015 de 2006 en su inciso e) determina la buena conducta anterior,- criterio éste que le sirvió al actor, toda vez que en el extracto de su hoja de vida³², se deja ver, que el investigado en su trayectoria policial no le figuran investigaciones anteriores, por el contrario existen condecoraciones y felicitaciones hacia él, circunstancias éstas que fueron tenidas en cuenta por el fallador de instancia para atenuar la sanción impuesta.

 

Respecto de los criterios para la graduación de la sanción, observa la Sala que en los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, la entidad demandada motivó suficientemente la decisión de Suspender al señor Barrera Corredor del cargo. Advierte además que para establecer la sanción tuvo en cuenta  el grado de culpabilidad (Dolo), la naturaleza del servicio, los efectos de la falta, y  las condiciones personales del infractor -tales como la categoría del cargo, la naturaleza de sus funciones y el grado de instrucción para el desempeño del cargo³³.

 

Es por ello que esta censura tampoco está llamada a prosperar.

 

4.- Valoración probatoria efectuada en sede administrativa.

 

Aduce el demandante que fue sancionado con base en unas pruebas incongruentes y difusas que no corresponden a la conducta endilgada para sancionarlo con seis (6) meses de suspensión.

 

Sobre el particular, se debe precisar que, basta con analizar el contenido de los fallos sancionatorios para advertir que el informe que  motivó la apertura de la indagación preliminar, fue precisamente la conducta desplegada por el actor, la que es constitutiva de falta disciplinaria, y la responsabilidad del señor Barrera Corredor se acreditó con numerosas pruebas, entre ellas:

 

1. Informe técnico legal de lesiones personales de fecha 30 de noviembre de 2010, donde se observa que fue atendido el señor Herlind Harol Martínez Nieto y se concluye que “Presenta herida en forma de v de 1.5 cm en región nasolabial izquierda con hematoma perilesional severo (…). MECANISMO CAUSA: Corto Contundente. Incapacidad médico legal: PROVISIONAL QUINCE (15) DÍAS (…)³⁴”,documento  que fue pertinente y útil, toda vez que en este se evidenció que el quejoso fue agredido por el señor Barrera Corredor (fl. 11 cdno No. 2);

 

2. Copia de formato único de noticia criminal de fecha 1º de diciembre de 2010, donde se interpone querella por lesiones personales, documento que sirvió como prueba de los hechos sucedidos (fls. 13 y 14 cdno No. 2);

 

3. Copia del libro de población del CAI ANDES donde quedó registrado el momento en el cual señor Martínez Nieto reconoce como agresor al señor Barrera Corredor (fls. 26 a 28 cdno No. 2).

 

4. Copia del Oficio de entrega y recibo de la Camioneta JEEP CHEROKEE LAREDO de Placas OBF-934, con el que se evidencia que en efecto éste vehículo es el que encuentra inmerso y la que iba conduciendo el actor el día de los hechos (fl 49 del cdno No. 2).

 

5. Copia de la Minuta de asignación material de guerra – Grupo Operativo Bogotá, en el que se observó que el señor Barrera Corredor no reclamó ni entregó armamento el 30 de noviembre de 2010, en relación con lo señalado, si bien es cierto que el actor no reclamó armamento de dotación, también lo es que el señor Barrera Corredor agredió al señor Martínez Nieto, propinándole un golpe en el rostro luego de haber tenido una discusión (fls. 139 a 149 del cdo No. 2).

 

6. La ratificación y ampliación de queja suscrita por el señor Harold Martínez Nieto (fls 7 a 10 del cdno No. 2).

 

7. Informe de Novedad, ratificación y ampliación del mimo rendido por el TC Carlos Martín Hernández Puentes, en el que indicaba que para el 30 de noviembre de 2010 el señor PT Barrera Corredor laboraba como su conductor y que se enteró por parte de él que había tenido un altercado con un taxista el 30 de noviembre de 2010 y el 1º de diciembre del mismo año cuando se dirigían al CAI ANDES el actor le manifestó que si tuvo un problema con el señor Martínez Nieto y que le había pegado con la mano (fls. 17 a 18, 29 a 31 y 150 a 153 del Cdo No. 2), declaración que en ningún momento se contradice, todo lo contrario indica que el patrullero Barrera Corredor agredió al público, es decir al señor Martínez Nieto el 30 de noviembre de 2010, golpeándole en  la cara.

 

De este modo, para la Sala resulta claro que los actos demandados  se fundaron en los elementos de convicción que se aportaron al proceso disciplinario, los cuales fueron estudiados sistemáticamente y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, tal y como lo demuestra el análisis que, de las pruebas, efectuó la entidad demandada en las decisiones cuestionadas.

 

En este orden de ideas, la conducta del señor Barrera Corredor es reprochable, “porque a pesar de haber tenido la oportunidad de proceder en la discusión de manera pacífica con el señor Martínez Nieto, o haber pedido apoyo, o reportado el incidente por radio, tomó la justicia por su propia mano”, optando libre, consiente y voluntariamente en su comportamiento, situación que a todas luces es reprochada por el Legislador y por la misma Institución Policial, pues su deber es defender el derecho de las personas, respetando su dignidad y ”no agredir al público como lo hizo el día 30 de noviembre de 2010”, de lo cual no se podría desvirtuar la presunción de inocencia que él pretende, dado que su conducta es contraria a los preceptos normativos que la misma Institución Policial enseña.

 

De este modo, por las razones expuestas hasta aquí, la Sala negará las pretensiones de la demanda, no sin  antes  reiterar que esta Jurisdicción no constituye una tercera instancia para reabrir el debate que, sobre la responsabilidad del demandante se surtió en sede administrativa. Y, como en este caso: i) no se acreditó vulneración alguna a los derechos al debido proceso, la defensa y la presunción de inocencia; ii) no se demostraron los cargos formulados en la demanda; y iii) el accionante no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos demandados, no se declarará la nulidad de los actos administrativos acusados.

 

DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

 

FALLA

 

DECLÁRENSE no probadas las excepciones planteadas por la entidad demandada.

 

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Yeison Iván Barrera Corredor contra  la  Nación - Ministerio  de Defensa- Policía Nacional, por la cual pretendía la nulidad de los actos administrativos proferidos por esa entidad los días 13 y 27 de enero 2011; por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

 

Cópiese, notifíquese y una vez ejecutoriada esta Sentencia archívense las diligencias. Cúmplase.

 

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

 

BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ

 

GERARDO ARENAS MONSALVE

 

VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA

 

NOTAS DE PIE DE PÁGINA

 

^[1] Mediante auto de 12 de diciembre de 2011 esta Corporación avocó el conocimiento del asunto en única instancia, y admitió el proceso (Folios  292 a 298 del cuaderno principal).-

 

^[2] La demanda, presentada el 24 de agosto de 2011, obra a folios 270 a 290 del cuaderno principal.-

 

^[3] Folios 275 a 286.

 

^[4] Artículo 41. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: 1.- Por fuerza mayor o caso Fortuita (…) 5.- Por insuperable coacción ajena.

 

^[5] Folios 326 a 338 del cuaderno principal.

 

^[6] Artículo 131 de la Ley 734 de 2002. Libertad de pruebas.

 

^[7] Alegatos presentados por la entidad demandada, visibles a folios 362 a 366 del cuaderno principal.

 

^[8] Consejo de Estado, sentencia de 19 de septiembre de 2002, Expediente 11001-03-25-000-2001-0041-01 (710-01). M.P. Ana Margarita Olaya Forero (no suministró más datos).

 

^[9] Folios 368 a 376 vuelto, del cuaderno principal.

 

^[10] Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 15 de febrero de 2007, M.P. Dra Ana Margarita Olaya Forero, Radi. 25000-23-25-000-1996-06319-01 (6319-05).

 

^[11] Consejo de Estado, sección Segunda, sentencia de 14 de agosto de 2008, M.P. Dr. Alfonso Vargas, Rad. 88001-23-31-000-2005-00028-01 (1980-06).

 

^[12] Con suspensión del cargo e inhabilidad especial por el término de 6 meses.

 

^[13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de octubre de 2010. Exp. 11001-03-25-000-2006-00388-00. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

 

^[14] Ver, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Subsección Segunda, Subsección B: i) Número interno 2108-2008, del 7 de abril de 2011, actor: José Néstor González Romero, ii) Número interno: 532-2010, del 12 de mayo de 2011, actor: David Turbay Turbay, iii) Número interno:2157 de 2005, del 19 de mayo de 2001, actor: Remberto Enrique Corena Silva y, iv) Número interno: 1460-2009, del 23 de junio de 2011, actor: Miguel Ángel García López.

 

^[15] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Expediente  No 11001032500020050011300. No. Interno: 4980-2005.  Actor Diego Luís Noguera Rodríguez contra la Nación – Procuraduría General de la Nación.

 

^[16] Extracto Hoja de Vida Fls. 47 y 48

 

^[17] Folio  254,  del cuaderno principal.

 

^[18] Ver decisiones de primeras y segundas instancias obrantes a folios 171 a 194 y 219 a247 del cuaderno principal.

 

^[19] Folios 191 y 192, cuaderno principal.

 

^[20] Folios  195 a 214, del cuaderno principal.

 

^[21] Folios  219 a 247, del cuaderno principal.

 

^[22] Folio  254, del cuaderno principal.

 

^[23] El análisis probatorio obra a folios 172 y siguientes del cuaderno principal.

 

^[24] ARTÍCULO 60. VIGENCIA. La presente ley regirá tres meses después de su sanción y deroga el Decreto-ley 1798 del 14 de septiembre de 2000 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

 

^[25] Así lo expresó la Corte Constitucional, en la sentencia C- 819 de 2006. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

 

^[26] Corte Constitucional Ibídem.

 

^[27] Sentencia C-431 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

 

^[28] Cfr. Sentencia C-431 de 2004.

 

^[29] Corte Constitucional, sentencia C-796 de 2004. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.

 

^[30] La Corte Constitucional también se ha pronunciado sobre el particular. Ver, entre otras, las sentencias C-429 de 2001 y T-1307 de 2005.

 

^[31] Así lo consideró la Corte Constitucional, en sentencia C- 429 de 2001, ya citada.

 

^[32] Folios 169 y 170 del cuaderno principal.

 

^[33] Fls  188 a 193 del cuaderno principal.

 

^[34] Folio 11 del cuaderno No. 2.