Que el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 693 del 10 de abril de 2002, estableció el límite máximo de la asignación básica salarial mensual de los empleados públicos de las entidades territoriales para el año 2002, en la siguiente escala:

Que la Corte Constitucional, en la Sentencia No. C-1064 del 10 de octubre de 2001, al referirse al tema del incremento salarial precisó lo siguiente:

"Estima entonces la Corte que el reajuste salarial debe cobijar a todos los empleados y trabajadores al servicio de las ramas y entidades comprendidas por la ley anual de presupuesto parcialmente demandada. En términos prácticos, esto significa que todos ellos deben recibir un aumento salarial en el período regulado por dicha ley, es decir, la vigencia fiscal que se inició el 1 de enero de 2001 y que terminará el 31 de diciembre de 2001.

Sin embargo, dicho aumento salarial no tiene que ser idéntico para todos. La igualdad matemática o mecánica es contraria al principio según el cual, los iguales deben ser tratados igual y los diferentes deben ser tratados diferente. Este principio ha sido continuamente reiterado por la Corte pues ocupa una posición medular en un Estado Social de Derecho, en el que la igualdad no es formal, sino sustantiva o real. Siguiendo este orden de ideas, la Corte constata que entre los servidores públicos hay diferencias salariales de gran magnitud. Es decir, la brecha entre los servidores de bajos salarios y los de salarios altos es extensa y además ha aumentado en la década de los años noventa. Por lo anterior, la Corte concluye que debe hacerse un aumento para todos estos servidores públicos, aunque éste no tiene que hacerse en el mismo porcentaje para todos.

La realización de este aumento encuentra sus bases jurídicas en los criterios que se derivan directamente de la Constitución y no de la ley, puesto que el legislador no ha desarrollado las normas constitucionales relevantes. Es decir, no ha dictado el estatuto del trabajo en el punto relativo a la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, ni ha reformado la Ley 4 de 1992 que es la ley marco para la fijación de los salarios de los servidores públicos, para así ajustarla a la Carta Política.

Ahora bien, aunque la Constitución contiene pocas disposiciones específicas en materia salarial, hay una en la Carta que ofrece un criterio que permita distinguir, en materia de aumento salarial, entre los servidores que están en las escalas salariales bajas, y los que están ubicados en las escalas superiores. Se trata del artículo 187 de la Constitución, que prevé expresamente que el aumento para todos los servidores no tiene que ser idéntico, lo cual es compatible con el principio de igualdad material en un Estado Social de Derecho. Dicho artículo habla de un "promedio ponderado".

No obstante, en lo que respecta a los servidores que se encuentran ubicados en las escalas salariales superiores al promedio, este derecho puede ser limitado, pero no desconocido. En el caso en cuestión, y siguiendo una jurisprudencia reiterada aplicada a todos los derechos constitucionales, la Corte analiza cuáles limitaciones al derecho de los servidores públicos que se encuentran en las escalas salariales superiores al promedio ponderado mencionado, son constitucionalmente admisibles y cuáles no lo son. Para ello aplica un juicio de razonabilidad muy riguroso que sólo permite limitaciones estrictamente necesarias y proporcionales para alcanzar un fin que, además de ser conveniente e importante, sea también imperioso.

(…) Los salarios de los trabajadores no cobijados por el criterio anterior, serán aumentados de tal forma que los reajustes anuales de estos servidores consulte el principio de progresividad por escalas salariales con el fin de que el incremento de quienes ganen menos sea porcentualmente mayor. Para que dicha progresividad sea estricta no deberá existir entre uno y otro grado o escala una diferencia desproporcionada. Las limitaciones al derecho a mantener anualmente el poder adquisitivo del salario de estos servidores sólo son admisibles constitucionalmente si ellas están dirigidas a alcanzar un objetivo de gasto público social prioritario y son estrictamente necesarias y proporcionales para lograr la realización efectiva de este objetivo (…)"

Que con fundamento en el Decreto 693/02 y la sentencia anteriormente citada, el Alcalde Mayor de Bogotá, el 18 de mayo de 2002, expidió el Decreto 181, por el cual se fijó el incremento salarial para los empleados públicos de la Administración Central del Distrito Capital de Bogotá.

Que en el Decreto anteriormente citado, la Administración Distrital efectuó el cálculo del promedio ponderado de los salarios del sector central del Distrito, estableciéndose dicho valor en la suma de un millón seiscientos cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y tres pesos ($1.653.953) moneda corriente.

Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y la Secretaría de Hacienda del Distrito, en forma conjunta, expidieron la Circular No. 11 de 2002, relacionado con el incremento salarial para la vigencia fiscal del 2002.

Que en la circular mencionada, se expresa que dentro de la órbita de su competencia, los órganos de dirección de los Establecimientos Públicos y Empresas aprueben el incremento salarial conforme a los rangos que se describen a continuación.

Que de conformidad con lo dispuesto por el literal g) del artículo 18 del Acuerdo No. 01 de febrero 8 de 1999, es función de la Junta Directiva, determinar los grados de remuneración del personal de la empresa.

Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Junta Directiva de MetroVivienda

ARTICULO 1°.- A partir del 1° de enero de 2002, las asignaciones básicas mensuales de los servidores públicos de MetroVivienda se incrementarán en los porcentajes que a continuación se establecen:

PARÁGRAFO: Al cargo de Gerente General de Entidad Descentralizada no se le otorga incremento salarial en la asignación básica mensual, en consideración a lo establecido en el Decreto 693 de 2002.

ARTÍCULO 2°.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación