Que de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones.

Que el Director General de la Caja de la Vivienda Popular, está facultado para delegar las funciones que le sean propias de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, y en especial en los Acuerdos 003 de 2008 y 004 de 2008, emanados por el Consejo Directivo.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias, con el fin de lograr la optimización de los procesos administrativos y financieros, para que se ajusten al desarrollo de la Entidad.

Que en cumplimiento de la Directiva 003 de 2007, y la Circular 051 de 2007, de la Secretaria General, el Consejo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular, mediante el Acuerdo 011 del 18 de septiembre de 2009, estableció la figura del Defensor del Ciudadano y adopto el Reglamento de dicho defensor.

Que el artículo cuarto del Acuerdo No. 011 de 2009, faculta al Director General para adoptar mediante resolución motivada los ajustes que resulten necesarios en el reglamento previsto en el acuerdo anteriormente mencionado, con el fin de introducir, modificar, eliminar o complementar disposiciones que en todo caso contribuyan a la garantía del servicio al ciudadano.

Que mediante la Resolución No. 761 del 9 de junio de 2014, la Caja de la Vivienda Popular designo como Defensor del Ciudadano a la funcionaria Consuelo Ortiz Rubio.

Que mediante el Decreto Distrital 392 de 2015, se reglamentó la figura del Defensor de la Ciudadanía en las entidades y organismos del Distrito Capital y se dictaron otras disposiciones.

Que el artículo 1° (ibídem), señala que la función de Defensor de la Ciudadanía será ejercida por el Representante Legal de la respectiva entidad u organismo distrital, o su delegado.

Que el parágrafo 1° (ibídem), estipulo que la delegación, sólo podrá hacerse en servidores del nivel directivo de la respectiva entidad u organismo.

Que dando cumplimiento a lo anteriormente señalado y con el fin de actualizar el Reglamento del Defensor del Ciudadano de la Caja de la Vivienda Popular de acuerdo con la normatividad vigente, es pertinente modificar el Numeral 5 de dicho reglamento que se refiere a la Designación del Defensor y eliminar los Numerales 6 y 7 (ibídem) correspondientes a duración y terminación de la designación, por considerarse contrarios a la norma en comento, así como derogar la Resolución No. 761 del 9 de junio de 2014, y proceder a delegar dicha función en un servidor público del nivel directivo de la Caja de la Vivienda Popular.

Que en mérito de lo expuesto,

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el numeral 5 del Reglamento del Defensor del Ciudadano, el cual quedará así:

ARTÍCULO SEGUNDO: Eliminar los numerales 6 y 7 del Reglamento del Defensor del Ciudadano.

ARTÍCULO TERCERO: Delegar en el Director (a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario, la función de Defensor de la Ciudadanía de la Caja de la Vivienda Popular.

ARTÍCULO CUARTO: El ejercicio de la función delegada se hará de conformidad con lo señalado en el artículo segundo del Decreto Distrital No. 392 de 2015, Acuerdo 011 de 2009 y demás normas que rigen la materia. El servidor público delegado mediante esta resolución, será responsable de todos los actos que realicen en ejercicio de las mismas, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la ley.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución deroga la Resolución No. 761 del 9 de junio de 2014 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.