RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá no está exenta de este escenario, pues se encuentra en una zona intermedia de actividad sísmica, que si bien no debe ser motivo de alarma, sí ha de incentivarnos a tomar medidas encaminadas a minimizar el impacto de los daños que puedan generar sismos de gran magnitud en nuestro entorno geográfico cercano, como los ocurridos en 1785, 1827 y 1917, cuyos epicentros se ubicaron en Chingaza, Timaná y Sumapaz, respectivamente. Otros catorce movimientos de menor intensidad ocurridos, dan cuenta de la vulnerabilidad de nuestro territorio en este sentido¹.

Los geólogos reconocen que es imposible predecir cuándo sucederá el próximo sismo de gran magnitud (mayor de 6 grados en la escala de Ritcher), tan solo manifiestan que sí es factible que vuelvan a ocurrir este tipo de eventos en el futuro, como ha acontecido a lo largo de la historia.

Ahora bien, la vulnerabilidad de Bogotá frente a este tipo de fenómenos naturales no sólo está enmarcada en su ambiente geológico natural, sino también, en buena medida, en el grado de preparación y prevención que tengan el gobierno, el sector privado y la comunidad en general para afrontar situaciones de desastre.

En cuanto a la idoneidad de nuestras construcciones, cabe resaltar que sólo a partir de 1984 comenzaron los estudios de sismo-resistencia en el país (Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes), lo que significa que la gran mayoría de las viviendas levantadas en Bogotá entre 1950 y 1984, fueron construidas sin los requerimientos técnicos adecuados para resistir un sismo de gran magnitud.

Teniendo en cuenta que Bogotá y su región concentran la mayor cantidad de población del país (15,2%) con casi 8 millones de personas, albergando también gran parte de la economía nacional, con la mayoría de industrias de producción e instituciones gubernamentales, los efectos dañinos de un sismo de gran magnitud, acarrearían una gran crisis a nivel nacional.

En Bogotá se han realizado dos estudios previendo una catástrofe de este tipo. Uno de los estudios realizado en 1997 por Ingeominas y la Universidad de Los Andes, revela el siguiente escenario sísmico en Bogotá:

El segundo estudio realizado en 2002 por la JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) revela cifras más preocupantes que el anterior estudio, y hace recomendaciones en el sentido de reforzar edificaciones de gran importancia, como las sedes de las entidades estatales, los hospitales y el aeropuerto entre muchas otras.

De acuerdo con la ley 400 de 1997, a las construcciones existentes cuyo uso las clasifique como edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, localizadas en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, se les debe evaluar su vulnerabilidad sísmica y ser intervenidas o reforzadas para llevarlas a un nivel de seguridad sísmica equivalente al de una edificación nueva.

Sin embargo, se observa que de las 1275 edificaciones reportadas de las entidades distritales tan solo el 16% (208) han adelantado estudios de reforzamiento estructural y de estas, solo el 12% (25) han realizado obras para este fin.

Resultan preocupantes los casos de la Policía Metropolitana y del Departamento Administrativo de Bienestar Social, entidades que en una eventual emergencia constituirían un importante apoyo para la ciudadanía, ya que los estudios y las obras realizadas son mínimas frente al número de edificaciones que poseen.

Igualmente preocupante resulta el caso de la Secretaria de Educación Distrital cuyas edificaciones escolares no han adelantado en su totalidad los estudios y no se tiene certeza del número de ellas que hayan realizado obras de reforzamiento.

Pese a que la ley 400 de 1997 solamente contempla el reforzamiento para edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, es necesario avanzar también en medidas de reforzamiento en las diferentes clases de vivienda en Bogotá, pues la gran mayoría fueron levantadas antes de esta ley, y sus estructuras no cuentan con la sismoresistencia adecuada para soportar el embate de un sismo de gran intensidad, más aún cuando hablamos de Viviendas de Interés Social, que por sus características y precio no cumplen los requerimientos mínimos en esta materia. El impulso de tales medidas debe hacerse a través de campañas de información y concienciación a la comunidad, a los constructores y a la academia, así como de creación de incentivos.

De igual manera es conveniente adelantar esfuerzos en el reforzamiento antisísmico en zonas de alta vulnerabilidad, como la cuenca del río Tunjuelo. Recordemos el antecedente histórico del sismo ocurrido en 1917 (Sismo con epicentro en Sumapaz) cuando se presentó una licuación del suelo (Hundimiento por incapacidad de soporte, debido al alto contenido de agua en el suelo). Es de resaltar que en ese entonces, la zona del río no estaba urbanizada pues el casco urbano de Bogota se limitaba al centro histórico. Hoy en día, una situación similar podría acarrear graves consecuencias.

Pero Bogotá no solo está en expuesta a los movimientos telúricos, sino que también es propensa a sufrir siniestros tales como deslizamientos, inundaciones, incendios forestales, heladas y granizadas. La ocurrencia de tales fenómenos conlleva grave impacto socio-económico, sobre todo cuando la mayoría de ciudadanos tienen representado su patrimonio en la vivienda familiar

Resulta digno de ser resaltado el ejemplo de la ciudad de Manizales, que promoviendo programas de protección financiera han asegurado buena parte de los inmuebles construidos de la ciudad, mediante una póliza de seguro², buscando atenuar el impacto económico y social frente a la ocurrencia de desastres, facilitándoles a los contribuyentes del impuesto predial el aseguramiento de su patrimonio de manera voluntaria, sin tramites y a un costo asequible.

Esta póliza tiene la particularidad que una vez el 30% de los inmuebles asegurables de la ciudad hayan tomado el seguro, la póliza se incorporará de manera automática a los estratos 1 y 2 y a los predios destinados exclusivamente a obras sociales.

Lastimosamente la conciencia ciudadana frente al tema de reforzamiento de su predio y su respectivo aseguramiento sólo cobra la debida importancia en momentos de catástrofe y ante la ocurrencia de siniestros que nos llevan a reflexionar y tomar decisiones frente a las medidas de prevención. Prueba de ello es la existencia del Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes que fue adoptado un año después del terremoto ocurrido en Popayán en 1983. Asimismo, la preocupación en Manizales para afrontar los eventos sísmicos se acentuó con motivo del terremoto ocurrido en 1979, y el acuerdo 440 del Concejo de Manizales por el cual se toman medidas en cuanto al aseguramiento de los inmuebles, se realiza pocos meses después del sismo ocurrido en Armenia en 1999.

Ahora bien, el reforzamiento de las viviendas y los seguros, de por sí no son suficientes si no se tiene una población informada y preparada para que en el momento de una catástrofe las personas se convierten en apoyo y no en una carga para los organismos de socorro.

En este sentido la administración Distrital ha avanzado publicando unas cartillas informativas, las cuales se deben dar a conocer con mayor difusión sobre todo en las escuelas, pero además es necesario que las campañas preventivas incluyan actos de simulacros para la aplicabilidad de un plan de emergencia y respuesta ante eventuales desastres.

En Manizales, por ejemplo, se crearon manuales especiales para los maestros constructores de obra, que apartándose del lenguaje técnico utilizado por los expertos, fueron traducidas a palabras de fácil comprensión. Igualmente, se han elaborado cartillas sobre los principales requisitos sismo-resistentes en la construcción de vivienda de interés social, logrando plasmar un lenguaje claro y sencillo al ciudadano sobre cómo minimizar la vulnerabilidad aún en la vivienda informal.

La cultura de prevención es, pues de trascendental importancia, dado que los daños producidos por los desastres naturales, están en proporción directa al mayor o menor grado de preparación para enfrentarlos.

Se propone facultar a la Administración Distrital para que realice las gestiones necesarias en los siguientes frentes: a) crear conciencia en la ciudadanía respecto de la importancia de hacer los reforzamientos indispensables en sus inmuebles, b) facilitar el aseguramiento financiero de la inversión inmobiliaria, c) asegurar sus propias edificaciones, y d) ampliar el espectro de las campañas educativas sobre prevención de desastres.

Es importante resaltar que en la adquisición de las pólizas de seguro, necesariamente han de observarse los parámetros legales relativos a contratación estatal, promoviendo la pluralidad de opciones de escogencia y las condiciones más favorables.

El eje central del proyecto gira sobre la voluntariedad en la decisión de la ciudadanía para adquirir o no adquirir el seguro, pero en todo caso se formularán estrategias encaminadas a enriquecer el conocimiento respecto de las bondades del sistema, así como en facilitar la adquisición de la póliza y el pago de la prima respectiva a través de los formularios de Declaración de Impuesto Predial Unificado.

Esta iniciativa ya había sido sometida a consideración del Concejo de Bogotá, en el Proyecto de Acuerdo No 265 de 2004, y en esa oportunidad fue objeto de comentarios y observaciones por parte de la Administración Distrital, en particular por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias -DPAE- y la Secretaría de Hacienda.

Mediante oficio 2-7979, la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias -DPAE-conceptúa: "consideramos que la iniciativa sobre el aseguramiento para los bienes públicos y privados de la ciudad, es uno de los elementos fundamentales en la prevención y mitigación de desastres, tal como se menciona en el Decreto 332 del 12 de noviembre de 2004,"por el cual se organiza el régimen y el sistema para la prevención y atención de emergencias en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Esta afirmación, es reiterada por parte de la Secretaría de Hacienda mediante oficio 2004EE146365.

De igual forma, tanto la Secretaría de Hacienda Distrital como la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias -DPAE- recalcan la necesidad de contar con los estudios que permitan involucrar este componente dentro de la estrategia financiera para el manejo integral de riesgos y desastres en la ciudad de Bogotá.

Se afirma que actualmente se encuentran en desarrollo dos estudios, "Estrategia para la transferencia, retención y mitigación del riesgo sísmico en edificaciones indispensables y de atención de la comunidad del Distrito Capital" adelantado por la Universidad de los Andes, y "Estimación de pérdidas para los diferentes escenarios de riesgo, cuantificación del impacto económico de las emergencias y desastres, y estrategia para la transferencia del riesgo en el Distrito" Estudios que van encaminados a establecer la evaluación de pérdidas económicas y análisis financiero.

Por lo anterior hemos considerado ajustar el proyecto inicialmente planteado a fin de facultar a la administración para que adelante esta iniciativa, de acuerdo con las conclusiones y estrategias que surjan de los estudios anteriormente mencionados.

Por otra parte, Bogotá no cuenta con un diagnóstico actualizado de los esquemas de aseguramiento de cada una de las entidades distritales, en términos de cobertura, valor de las pólizas, entre otros aspectos.

Con base en todo lo anterior, consideramos que este proyecto de acuerdo debe abrir el debate para el análisis de los seguros como instrumentos financieros para amparar a la ciudad frente cualquier tipo de desastre que se presente.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 313 establece que corresponde a los concejos:

El Decreto 1421 de 1993, "Estatuto Orgánico de Bogotá", en el numeral 1 del artículo 12 establece que es atribución del Concejo Distrital:

Finalmente, el Plan de Desarrollo "Bogotá sin indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión", contempla en su artículo 17o, - Políticas del Eje de Reconciliación -, numeral 4o -Prevención de riesgos y atención de emergencias- establece:

Asimismo, el Artículo 19o -Programas del Eje de Reconciliación-, numeral 8o -Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos- indica:

De igual forma, según la Secretaría de Hacienda, "en el Eje urbano regional, dentro del objetivo de Gestión Pública Humana se incluyeron programas que cuentan con proyectos que atacan las vulnerabilidades de la ciudad ante eventos catastróficos," y "en el Eje Social, entidades como la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, y el Departamento Administrativo de Bienestar Social, cuentan con proyectos que buscan: realizar estudios de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural; reforzar plantas físicas de colegios, centros de desarrollo del DABS e Instituciones Públicas de Salud y; formar docentes para incorporar la temática de gestión del riesgo y atención de emergencias y desastres".³

Con base en las anteriores consideraciones de conveniencia, necesidad y legalidad, presentamos a consideración de los Honorables Concejales esta iniciativa.

Atentamente,

ARTÍCULO 1°: CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS. Autorícese al Alcalde Mayor de Bogotá D.C., para que adelante la contratación de Pólizas de Seguros Voluntarios destinadas a amparar contra desastres los inmuebles construidos en el Distrito Capital, de acuerdo con los estudios de viabilidad técnica y jurídica que adelante la Administración Distrital en el marco de la formulación de la estrategia financiera del Sistema para la Prevención y Atención de Emergencias en Bogotá D.C.

PARÁGRAFO PRIMERO: El esquema de contratación tendrá un componente social que permita la financiación total o parcial de la póliza para los predios ubicados en los estratos uno y dos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Secretaría de Hacienda Distrital diseñará un esquema de aseguramiento unificado para los muebles e inmuebles de las entidades distritales, a fin de lograr que estén amparados por pólizas de seguros contra desastres, en las mejores condiciones económicas y de cobertura.

ARTÍCULO 2°: ASEGURAMIENTO DE LOS INMUEBLES PRIVADOS. Para el caso de los inmuebles de propiedad privada ubicados en Bogotá D.C, la Secretaría de Hacienda Distrital podrá recaudar el valor de la prima del seguro correspondiente, por medio de la declaración de Impuesto Predial Unificado u otros mecanismos que faciliten el recaudo. En todo caso, se requerirá previa aceptación de los propietarios de los inmuebles.

PARÁGRAFO PRIMERO: La publicidad asociada a esta iniciativa, así como los formularios de declaración de Impuesto Predial Unificado o los mecanismos que se diseñen, deberán establecer de manera clara, el carácter voluntario de la adquisición de las pólizas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los costos que se generen como producto del proceso de recaudo por parte de la Secretaría de Hacienda y de las entidades financieras, harán parte del valor de la póliza

ARTÍCULO 3°: CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE DESASTRES. El gobierno Distrital, a través de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias -DPAE-, diseñará y ejecutará campañas de divulgación masiva para promover la cultura de prevención de desastres en la ciudad, las cuales incluirán simulacros, talleres comunitarios y otros mecanismos que se consideren apropiados para tal fin. Tales campañas enfatizarán en la necesidad y ventajas del reforzamiento estructural antisísmico, y de la cobertura del riesgo.

ARTÍCULO 4°: VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgación.

Dado en Bogotá D.C., a los días del mes de de 2004