RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

"Por medio del cual se regula el funcionamiento de las Instituciones públicas y privadas que prestan servicios a la población adulta mayor en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"

Ver el Proyecto de Acuerdo Distrital 191 de 2005

Cuando un Estado es equitativo y justo independientemente del modelo económico o político que lo rija, está conllevando a la formación de una sociedad en la cual tienen cabida los diferentes grupos poblacionales sin distingo de ninguna clase, es el caso del adulto mayor quien por su condición de alta vulnerabilidad, en razón a su edad y estado de salud física y mental, a sus precarias condiciones socioeconómicas y el desconocimiento de sus derechos fundamentales, hacen que los esfuerzos se fortalezcan y estén dirigidos en pro del mejoramiento de la calidad de vida, no sólo como reconocimiento a su contribución al desarrollo del país, sino por el trato honroso que ellos merecen.

Esto obliga a un cambio cultural que motive la valoración y respeto de los Adultos Mayores en nuestra sociedad y a la adopción de mecanismos y estrategias, por parte del Estado, tendientes a garantizar el bienestar integral. No podemos ignorar que el respeto a la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones del Estado y que la integridad del ser humano constituye la razón de ser y el fin último de la organización estatal.

En este sentido, la Sentencia T 499 de 1992 Corte Constitucional, expresó:

El hombre es un fin en sí mismo. Su dignidad depende de la posibilidad de autodeterminarse (C.P. art. 16). Las autoridades están precisamente instituidas para proteger a toda persona en su vida, entendida en un sentido amplio como "vida plena". La integridad física, psíquica y espiritual, la salud, el mínimo de condiciones materiales necesarias para la existencia digna, son elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la autorrealización individual y social. Una administración burocratizada, insensible a las necesidades de los ciudadanos, o de sus mismos empleados, no se compadece con los fines esenciales del Estado, sino que al contrario, cosifica al individuo y traiciona los valores fundantes del Estado social de derecho (CP art. 1)."

Es importante destacar que en el ámbito internacional se ha estudiado la problemática que enfrentan los adultos mayores y se han adquirido compromisos para brindar una protección especial a este grupo poblacional y garantizar la defensa de sus derechos.

Es así como el Protocolo Adicional de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", (1988), fue ratificado por Colombia mediante la ley 319 de 1996, la cual establece en su artículo 17 - Protección de Los Ancianos, lo siguiente:

Asimismo, mediante la Resolución 46 de 1991 fueron aprobados los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, que deberán ser introducidos por los Gobiernos en sus programas nacionales cada vez que sea posible. Estos principios son:

Las últimas disposiciones a nivel internacional en las cuales Colombia adquirió compromisos, como el caso del marco del Plan de Atención Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (Ministerio de la Protección Social 2002-2003), enuncian: "La conformación de una Comisión Intersectorial para promover, defender y garantizar los derechos de las personas mayores y la formulación de una política pública con proyección a largo plazo y en la que se involucre a todo el Estado colombiano. Estos instrumentos están encaminados a evitar cualquier forma de maltrato y discriminación a los que de una u otra forma, puedan verse sometidos los adultos mayores.

En este cometido, el Estado, la sociedad y la familia son indiscutiblemente los garantes de los derechos del adulto mayor, y parte fundamental en el cuidado y desarrollo integral del mismo.

En muchas ocasiones y por diversos motivos, el cuidado y la atención de los adultos mayores, es confiado a personas ajenas al grupo familiar, lo cual demanda profesionalismo, respeto, responsabilidad, eficiencia y tolerancia, además de una significativa atención en salud, dadas las condiciones de desgaste físico que normalmente afecta esta población.

Sin embargo, es frecuente observar la difícil situación que vive gran parte de los adultos mayores vinculados a estas instituciones que les brindan diversos servicios, las cuales no cumplen con los requisitos básicos y permiten que a su interior se desarrollen conductas que atentan contra los derechos humanos de esta población.

El Distrito Capital no es ajeno a esta problemática, ello se evidencia en las diferentes denuncias realizadas por la comunidad y las deficiencias encontradas en las visitas que se han realizado a tales instituciones, por parte las entidades distritales y nacionales competentes en el tema.

El Ministerio de la Protección Social manifiesta que continuamente, la Dirección General de Promoción Social recibe diferentes quejas y denuncias sobre las deficiencias en la calidad del servicio prestado por los ancianatos, hogares geriátricos, y/o centros de bienestar del anciano tanto públicos como privados.¹

Asimismo, la Defensoría del Pueblo -Regional Bogotá, afirma que en promedio se reciben cinco (5) quejas mensuales aunque este número puede variar, y destaca como principales motivos de las quejas: el trato cruel inhumano y degradante a los pacientes por parte de los cuidadores, discriminación, maltrato de los miembros de su familia, negación en la entrega de medicamentos y del servicio de salud; deficiente e inoportuna atención médica.

Esta entidad manifiesta que en las visitas que se han realizado a Hogares Geriátricos se ha encontrado incumplimiento con el menú de dietas, carencia de servicio médico, abandono de los adultos mayores por parte de sus familias, falta de higiene y seguridad en las instalaciones locativas y ausencia de áreas interdisciplinarias (trabajo social- psicología) que complementen la atención a los pacientes.²

Un Estudio adelantado por la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría en el año 2002, que abarcó ocho (8) Centros de Bienestar al Anciano y noventa y cinco (95) hogares geriátricos, encontró graves limitaciones que deben superarse: "muchos no cumplen con los requisitos exigidos por la ley, sienten al Estado como un ente que los persigue pero que no les presta el apoyo que necesitan, y el recurso humano que utilizan no está calificado para prestar la atención adecuada a los adultos y las adultas mayores".³

En el año 1997, la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia, a través del seguimiento de las diferentes instituciones concluyó que: Los cupos existentes contratados por el Distrito son insuficientes, el personal que atiende en las instituciones no está plenamente capacitado, existen marcadas deficiencias en la calidad de atención, en algunos casos; los pensionados incapacitados para cobrar su pensión son victimas de abusos; las instituciones privadas a pesar de cobrar grandes sumas de dinero, no prestan la mejor atención; las instituciones presentan grandes limitaciones de tipo administrativo y existen irregularidades en la infraestructura.⁴

Por su parte la Secretaría Distrital de Salud manifestó que no cuenta con un registro oficial de instituciones públicas y privadas que atienden a esta población, debido a que éstos no prestan el servicio exclusivo de salud, lo que dificulta su vigilancia y control.

De acuerdo con consultas y visitas realizadas por la Secretaría de Salud se encontró que el Distrito dispone de cerca de 119 hogares geriátricos, de los cuales algunos prestan los servicios en instalaciones bien ubicadas, mientras que la mayoría no cumplen con los elementales estándares de atención. Es claro que existe una oferta privada de manera irregular e informal, que las entidades públicas desconocen.

No obstante ello, es importante destacar que frente a la regulación del tema la Secretaría de Salud del Distrito expidió la Resolución 00110 de 1995, la cual estableció las condiciones mínimas para el funcionamiento de los establecimientos que ofrecen algún tipo de atención al anciano en el Distrito Capital.

Sin embargo, el alcance de esta norma se circunscribe al ámbito de la infraestructura, y a los aspectos meramente higiénico-sanitarios, dejando de lado los demás servicios que ofrecen estas instituciones y el énfasis especial en el respecto a los derechos humanos de los adultos mayores, la calidad en la prestación de los demás servicios sociales, la vinculación y responsabilidad además del Estado, de la familia y de la sociedad en general en procura de la defensa y fortalecimiento de los derechos de este grupo poblacional, aspecto en el cual queremos profundizar con la presente iniciativa.

La iniciativa propuesta encuentra soporte constitucional y legal en las siguientes normas:

ARTICULO 1o.  

ARTICULO 2o.  

ARTICULO 13.  

ARTICULO 46.

Ley 10 de 1990, capítulo II. Organización y Administración del Servicio Público de Salud.

ARTÍCULO 12. Dirección local del Sistema de Salud.

ARTÍCULO 43. Competencias de los Departamentos en Salud.

ARTÍCULO 44. Competencias de los Municipios.

ARTÍCULO 45. Competencias en salud por parte de los Distritos.

ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

ARTÍCULO 46.- Supresión de las licencias de funcionamiento.

ARTÍCULO 47.- Requisitos especiales. A partir de la vigencia del presente Decreto, los establecimientos a que se refiere el artículo anterior sólo deberán:

"1. Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y designación expedida por la entidad competente del respectivo municipio.

"Por la cual se expide el modelo de estatutos para Centros de Bienestar del Anciano."

ARTÍCULO 1. Denominación.

¿."

"Por la cual se adoptan las condiciones mínimas para el funcionamiento de los establecimientos que ofrecen algún tipo de atención al anciano en el Distrito Capital."

De acuerdo con la normatividad anteriormente expuesta, consideramos que la ciudad debe asumir un papel preponderante en la adopción de medidas de control y vigilancia a los establecimientos que prestan servicios al adulto mayor en el Distrito, con fin de garantizar el respeto de la dignidad humana.

La presente iniciativa es el resultado de una larga investigación que buscó rescatar y fortalecer la garantía y cumplimiento de los derechos del adulto mayor en el Distrito Capital, en los diferentes espacios de participación y en instituciones ya sean de naturaleza pública o privada que ofrecen servicios de atención al adulto mayor. La investigación dio paso en primer lugar a la realización de un debate de Control político, con el fin de evaluar la situación real que viven los adultos mayores en estas instituciones, debate que concluyó con la propuesta de un Proyecto de Acuerdo que entre a regular el funcionamiento de este tipo de instituciones, toda vez que el distrito carece de normatividad relacionada con el tema.

De igual forma, esta propuesta fue acogida por las entidades distritales citadas al debate, tales como el Departamento Administrativo de Bienestar Social, la Secretaría de Salud del Distrito, y otras entidades que asistieron al debate como la Personería Distrital, la Defensoría del Pueblo y las Comisarías de Familia, quienes con sus propuestas contribuyeron al fortalecimiento de dicha iniciativa.

Con fundamento en lo anterior, presentamos esta iniciativa al Honorable Concejo de Bogotá D.C., con el propósito de establecer una norma integral, que regule, vigile y controle el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas que prestan servicios al Adulto Mayor, con el fin de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de esta población vulnerable.

Cordialmente,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las conferidas en el artículo 46 de la Constitución Política y las establecidas en el artículo 12, numeral 1° del Decreto Ley 1421 de 1993

ARTÍCULO 1º. OBJETO. El objeto del presente Acuerdo es regular el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas que presten servicios de atención al adulto mayor en el Distrito Capital, a fin de garantizar que el servicio que se presta cumpla con estándares mínimos de calidad en la promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de las personas mayores.

ARTÍCULO 2º. DEFINICIONES. Para la interpretación y ámbito de aplicación del presente Acuerdo se entenderá por adulto mayor toda persona con edad igual o superior a sesenta (60) años, y por instituciones que prestan servicios de atención al adulto mayor, las siguientes: Hogares gerontológicos, ancianatos, albergues de ancianos, centros de bienestar del anciano y asilos, ya sean de de naturaleza pública o privada.

PARÁGRAFO. En casos especiales o de excepción, las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo también cubrirán a personas de 50 años en adelante, cuando presenten un cincuenta por ciento (50%) de minusvalía o discapacidad física, mental o sensorial, así como cuando manifiesten condiciones sociales y económicas precarias.

La certificación de minusvalía o discapacidad será certificada por una Empresa Social del Estado en Salud, una Administradora del Régimen Subsidiado o por una Empresa Promotora de Salud, y la certificación de condiciones sociales y económicas será expedida por el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito.

ARTÍCULO 3º. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO: Las instituciones públicas y privadas que presten servicios de atención al adulto mayor en Bogotá, D.C., requerirán concepto de funcionamiento, el cual será concedido previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Acuerdo y lo dispuesto en la Resolución 00110 de 1995 y las normas que la adicionen o modifiquen.

ARTÍCULO 4º. REQUISITOS ESENCIALES. Además de los requisitos mínimos referidos en el artículo tercero del presente Acuerdo, las instituciones públicas y privadas que presten servicios de atención al adulto mayor en el Distrito Capital, deberán acreditar lo siguiente:

1. Reglamento Interno. Documento que define la razón social, objetivos, representante legal, portafolio de servicios, estructura de la organización, deberes y derechos de los usuarios, del gobierno, de su grupo familiar, de la sociedad y las normas de seguridad y convivencia.

2. Infraestructura. La planta física deberá tener especificaciones que permitan el desplazamiento fácil y seguro de los usuarios y en particular para la movilización de los discapacitados, para lo cual deberá observarse lo dispuesto en la Resolución 0110 de 1.995 y las normas que la adicionen o modifiquen.

3. Nivel Nutricional. Las instituciones públicas y privadas que presten servicios de atención a la población adulta mayor en el Distrito Capital, deberán garantizar el adecuado nivel nutricional a cada uno de los usuarios mediante la definición de una minuta patrón individual cada dos meses y previa valoración médica, teniendo en cuenta los parámetros técnicos y jurídicos del Ministerio de la Protección Social, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unicef, la Secretaría de Salud del Distrito y el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito.

4. Talento Humano. Definir estándares y perfiles personales, profesionales, técnicos, y auxiliares, de acuerdo a los cargos y funciones, al número de usuarios atendidos en la institución, garantizando así el ejercicio de los derechos de la población adulta mayor en el Distrito Capital.

5. Plan de Atención de Emergencias Médicas. Las instituciones públicas y privadas que presten servicios de atención a la población adulta mayor en el Distrito Capital, deberán contar con un plan de atención de emergencias médicas, el cual será aprobado por la Secretaría de Salud del Distrito, con el fin de establecer el procedimiento adecuado que garantice la atención inmediata al adulto mayor, en caso de presentar una urgencia en salud, causada por accidentes o enfermedades.

6. Plan de Atención Institucional. Deberá contener un plan de salud ocupacional, relacionado con la responsabilidad de realizar o exigir análisis de riesgos, planes de contingencia y evacuación, medidas de prevención y mitigación de desastres naturales. Así mismo, incluirán en su portafolio de servicios la implementación de diversas actividades tendientes a la generación de ingresos, bienestar y aprovechamiento de su capacidad y tiempo libre.

ARTÍCULO 5º. INTEGRACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL. Las instituciones públicas y privadas que presten servicios de atención al adulto mayor en el Distrito Capital, promoverán e impulsarán la vinculación y participación del grupo familiar y de la sociedad en el cuidado y desarrollo integral del adulto mayor, así como en la defensa y garantía de sus derechos humanos.

ARTÍCULO 6º. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN. El Departamento Administrativo de Bienestar Social y la Secretaría Distrital de Salud, en coordinación con las demás entidades distritales según sus competencias, crearán un Registro de Inscripción de las instituciones públicas y privadas que actualmente funcionan en la ciudad de Bogotá, este mismo criterio será aplicado para las instituciones nuevas que se creen.

PARÀGRAFO 1. El registro debe contar como mínimo con la siguiente información básica: Nombre o razón social, nombre del representante legal, Dirección de la institución, número de usuarios que pueden ser atendidos, portafolio de servicios y sanciones que le hayan sido

impuestas.

PARÁGRAFO 2. Las instituciones que cambien de dirección del domicilio deberán reportarlo por escrito con un mes de anterioridad ante el Departamento Administrativo de Bienestar Social y la Secretaría Distrital de Salud a fin de garantizar la veracidad y actualización de la información contenida en el registro.

PARÁGRAFO 3. El Registro de Inscripción estará a disposición de la ciudadanía en la página Web de la Secretaría de Salud del Distrito y el Departamento Administrativo de Bienestar Social, así como otros lugares que a juicio de estas entidades se consideren aptos para la divulgación de la información.

ARTÍCULO 7º. REGLAMENTACIÒN. La Administración Distrital en cabeza del Departamento Administrativo de Bienestar Social y la Secretaria de Salud del Distrito, en coordinación con las demás entidades distritales competentes, expedirán la reglamentación respectiva con base en los criterios establecidos en el presente Acuerdo. Dicha reglamentación se requerirá para la obtención del Concepto de Funcionamiento que debe acreditar a las instituciones públicas y privadas que prestan servicios de atención al adulto mayor en el Distrito Capital.

PARÁGRAFO. La Administración Distrital tendrá un plazo máximo de ocho meses contados a partir de la aprobación y puesta en marcha del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 8º. CONTROL Y VIGILANCIA. Para efectos del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, el Departamento Administrativo de Bienestar Social y la Secretaría de Salud del Distrito en coordinación con entidades competentes, ejercerán el control y vigilancia, sin perjuicio de la actuación de los organismos de control.

ARTÍCULO. 9º. VIGENCIA. El presente Acuerdo regirá a partir de la fecha de su publicación y deroga las demás normas que le sean contrarias.

Dado en Bogotá, D.C., a los ________ días del mes de _____________ de 2005