RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., Agosto 18 de 2005

Doctoras

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL

Apreciadas doctoras:

En atención al Acuerdo No. 138 de 2004 "Por medio del cual se regula el funcionamiento de los establecimientos públicos y privados que prestan el servicio de educación inicial", desarrollado por el Concejo de Bogotá; atentamente, me permito señalar lo siguiente:

El Acuerdo 138 de 2004 sí encuentra fundamento en el marco normativo que la Constitución colombiana establece para garantizar el respeto y realización de los derechos de los niños y las niñas.

El desarrollo de este acuerdo referente a la primera infancia, implica avanzar en el principio constitucional que manifiesta la necesidad de proteger los intereses primordiales de los niños y las niñas, los cuales prevalecen sobre los derechos de los demás.

La Constitución Política de 1991 . artículos 44, 67-¹ incluye en su texto los principios rectores de protección integral de la niñez en su doble dimensión: como garantía de los derechos de los niños y como atención en condiciones especialmente difíciles. Además, establece la responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia de asistir y proteger a los niños y las niñas para asegurar su desarrollo armónico integral en ejercicio pleno de sus derechos.

Antes de la publicación del Acuerdo 138 de 2004, era evidente el vacío jurídico respecto a la competencia distrital para ejercer diferentes funciones en cuanto éstas tuvieran que ver con la prestación del servicio de educación inicial, ya que con frecuencia y en desarrollo de la iniciativa privada, los particulares podían ofrecer servicios de atención y cuidado de niños y niñas menores de 6 años sin regulación distrital y sin contar con las condiciones mínimas para el desarrollo de un programa de esta índole.

En materia de educación inicial, sólo hasta el 28 de diciembre de 2004, el Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo No. 138 "Por medio del cual se regula el funcionamiento de los establecimientos públicos y privados que prestan el servicio de educación inicial", a través del cual se otorga al DABS la facultad para expedir y revocar la licencia de funcionamiento para los establecimientos enunciados, además de definir con claridad la educación inicial y de generar lineamientos sobre los niveles, la ubicación, la infraestructura y los procesos pedagógicos, nutricionales y de seguridad y salubridad referentes a los jardines infantiles.

Es de anotar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es operador de la atención en educación inicial de niños y niñas de 0 a 5 años, tanto a nivel nacional como en el Distrito Capital y que en desarrollo de sus objetivos generales y en cumplimiento de fines esenciales como los de propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus derechos y, en general, desarrollar todas las actividades dirigidas al mejoramiento de la estabilidad y del bienestar de las familias colombianas, tiene como función la inspección y vigilancia sobre las instituciones que tengan como finalidad la protección de los menores de edad.

La Ley 7 de 1979 "Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones", dispone en sus artículos 20 y 21 numerales 6 y 7 que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene como funciones: "asistir al Presidente de la República en la inspección y vigilancia de que trata el ordinal 19 del artículo 120 de la Constitución Nacional, sobre las instituciones de utilidad común que tengan como objetivo la protección de la familia y de los menores de edad" y "señalar y hacer cumplir los requisitos de funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección al menor de edad y la familia y de las instituciones que desarrollen programas de adopción".

Así mismo, mediante la mencionada ley se creó el Sistema Nacional de Bienestar Familiar como un sistema administrativo conformado por organismos, instituciones, agencias o entidades públicas o privadas que están legalmente autorizadas para prestar el servicio público de bienestar familiar.² El SNBF tiene a su cargo la articulación, coordinación e integración de las funciones y competencias de las entidades mencionadas que adelanten políticas, programas y proyectos para garantizar la protección y desarrollo de la niñez y la adolescencia.

Dentro de las instituciones integrantes del SNBF se encuentran las cajas de compensación familiar, las comisarías de familia, los departamentos, los distritos, los municipios, las comunidades organizadas y los particulares; y en el caso específico del Distrito Capital, las instituciones adscritas o vinculadas al DABS³.

Teniendo en cuenta que todas las instituciones que adelanten actividades de protección al menor y a la familia deberán someterse a las normas y requisitos técnico-administrativos establecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se dispuso en el artículo 21 numerales 6 y 8 de la Ley 7 de 1979, respecto a las instituciones de utilidad común que tengan como finalidad los objetivos antes mencionados, que es el ICBF la entidad facultada para otorgar, suspender y cancelar licencias de funcionamiento a los establecimientos públicos o privados que cumplan con esta actividad⁴.

De igual manera los artículos 12, 27, 82, 116, 117 y 119 del decreto reglamentario 2388 de 1979, establecen que las instituciones que tengan como objetivo la protección de la familia y de los menores de edad, deberán tener licencia de funcionamiento otorgada por el ICBF.

Así mismo, la resolución No. 000614 de 1988 del ICBF, señala que todas las instituciones adscritas o vinculadas que brinden protección al menor y a la familia, reciban o no auxilios oficiales, requieren para su funcionamiento de la correspondiente licencia de funcionamiento, otorgada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Con base en lo expuesto, cabe anotar lo siguiente respecto a la aplicación del acuerdo 138 de 2004 "Por medio del cual se regula el funcionamiento de los establecimientos públicos y privados que prestan el servicio de educación inicial":

• En relación con el rango de edad establecido en el acuerdo, es necesario que éste se defina entre los 3 meses y los 5 años, en razón a que contemplarlo hasta los 6 años implicaría incluir el grado cero o transición que se encuentra regulado dentro de la educación formal en la Ley 115 de 1994 o ley general de la educación.
• En el artículo 2º del acuerdo 138 de 2004, se dispone que es el DABS la entidad encargada de expedir y revocar la licencia de funcionamiento y controlar la adecuada operación de las instituciones respectivas; sin embargo en los programas del ICBF, es necesario revisar esta competencia en razón al orden nacional de dicha entidad y al carácter distrital del Departamento. En ese sentido, se considera necesaria la implementación de un convenio ínter administrativo que tenga como finalidad la cooperación para el cumplimiento de las funciones o la prestación conjunta de los deberes correspondientes, de acuerdo con lo señalado en ese sentido por los artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998⁵.
• En cuanto al artículo tercero del Acuerdo 138 de 2004, se sugiere la vinculación de otras entidades de carácter distrital como la Secretaría de Educación Distrital, respecto a los procesos pedagógicos y a la eventual clasificación de la educación inicial como educación no formal.
• Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo 138 de 2004, es importante la realización de un convenio interadministrativo entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento Administrativo de Bienestar Social y la Secretaría de Educación Distrital.
• De igual manera es conveniente que el Departamento inicie los estudios pertinentes con el fin de gestionar recursos necesarios en el presupuesto del año 2006 para dar inicio a la aplicación del acuerdo en mención.
• Es preciso, que el Departamento Administrativo de Bienestar Social, a través de la Subdirección de Políticas Poblacionales y su Gerencia de Infancia, continúe avanzando en el proceso de reglamentación del Acuerdo 138 de 2004. Para tal fin, el esquema general podría considerar lo propuesto en este concepto. La Oficina Asesora Jurídica estará atenta a lo que disponga la Dirección, la Subdirección y la Gerencia de Infancia, para el desarrollo del acuerdo.

Cordialmente,