RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá DC,

Concepto 06 de 2006

Junio 15 de 2006

Doctor:

Subsecretario Administrativo

Secretaría de Educación Distrital

Ciudad

Radicación 2-2006-23621

Ver el Concepto de la Sec. General 53 de 2005,  Ver el Concepto de la Secretaría General 07 de 2006 , Ver la Circular de la Dirección Jurídica Distrital 003 de 2006

Cordial saludo Doctor Pérez:

Nos permitimos atender su consulta, sobre la pertinencia de inaplicar al personal docente a cargo del distrito las directrices impartidas a través de la Circular No. 024 de 2005 y en consecuencia reconocer a éstos el derecho al "Quinquenio", en consideración a que la Ley 91 de 1989 pudo haberles generado una excepción que les permitiría seguir disfrutando la prestación social denominada "quinquenio" que venían devengando y por ende los exceptúa del Decreto 1919 de 2002.

Toda vez que el origen de la consulta deviene del planteamiento de un conflicto normativo generado en torno al posible alcance prevalente y excluyente del "régimen salarial y prestacional especial" que les ofrece el Estatuto Docente a los educadores estatales, la atención deberá dirigirse principalmente a las normas sobre las que se soporta dicho régimen, para establecer el real alcance del mismo, del cual se pueda determinar si el mismo permitiría convalidar una prestación que ha sido considerada como inaplicable por no haber sido adoptada por ley.

Retomando la reseña que ha venido presentando ésta Dirección en sus diferentes pronunciamientos¹, frente a la forma como se constituyó y desarrolló en el Distrito Capital la recompensa por servicios, denominada quinquenio, como antecedentes jurídicos importantes podemos referir los siguientes:

• El artículo 24 del Acuerdo Distrital 35 del 2 de octubre de 1933 "Por el cual se crea la Caja de Previsión Social de los empleados y obreros del Municipio de Bogotá", concibió la Recompensa por Servicios en los siguientes términos:

• Este artículo 24 del Acuerdo Distrital reseñado fue modificado por el artículo 6 del Acuerdo Distrital 37 de 1933, en el sentido de establece que la Recompensa no procede para los empleados u obreros que hayan gozado del reconocimiento de jubilación.

• Posteriormente por medio del Acuerdo Distrital 44 de 1961 se reorganizó la Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros del Distrito Especial de Bogotá, en su artículo 10 se definió no solo la naturaleza jurídica de la entidad sino el objeto de la misma, en los siguientes términos:

El Capítulo V del citado Acuerdo Distrital, denominado "PRESTACIONES" las enuncia y desarrolla, prescribiendo en el artículo 20:

El artículo 22 del citado Acuerdo define la Recompensa por Servicios (quinquenio) en los siguientes términos:

• Mediante el Artículo 22 del Acuerdo Distrital 10 de 1973 el Distrito asume el reconocimiento y pago de los Quinquenios que se causen a partir de 1974 y ordena que el Departamento de Relaciones Laborales de la Alcaldía Mayor (hoy Departamento Administrativo del Servicio Civil) tramitará mediante Resoluciones motivadas y liquidará a los beneficiarios las prestaciones correspondientes.

• Este artículo fue reglamentado por el Decreto 796 de 1974, el cual mantenía los requisitos y el porcentaje establecido en el Acuerdo Distrital 44 de 1961.

• A partir de 1976 hasta 1992 la Administración Distrital suscribió Actas Convenio con organizaciones sindicales, las cuales se extendían a la Administración Central del Distrital.

• Según el texto original del artículo 76-7 de la Constitución Política de 1886, correspondía al Congreso de la República "Crear todos los empleos que demande el servicio público, y fijar sus respectivas dotaciones".

• El Acto Legislativo Nº 1 de 1945 en su artículo 7º, modifica el artículo 69 de la Constitución Política de 1886, y establece que corresponde al Congreso de la República "Crear todos los empleos que demande el servicio público y fijar sus respectivas dotaciones".

En el artículo 87 del mismo Acto, se determinaron las funciones de los Concejos Municipales sin que dentro de las mismas se encontrara alguna relacionada con el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

• El artículo 22 de la Ley 6ª de 1945 facultó al gobierno para señalar por decreto las prestaciones a pagar a los empleados territoriales.

• De conformidad con el artículo 5º del Decreto 3640 de 1954, por el cual se organiza el Distrito Especial de Bogotá, el Concejo Distrital aparte de algunas funciones especificas, tiene "las atribuciones conferidas por la Constitución y las leyes a los Concejos Municipales".

Sin embargo, era evidente que dentro de dichas atribuciones no se encontraba la competencia para establecer prestaciones a los empleados distritales.

• El Acto Legislativo No 1 de 1968 en su artículo 11, sustituye el artículo 76 de la Constitución Política, y asigna al Congreso de la República la competencia para: "Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Departamentos Administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales." Subrayas fuera de texto

Sin embargo, se contempló la posibilidad de revestir "pro tempore" al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para regular la materia (artículo 76.12).

• El mismo Acto Legislativo en su artículo 62, que sustituyó el artículo 197 de la Constitución Política, estableció que corresponde a los Concejos municipales "determinar la estructura de la administración municipal, las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos" Subrayas fuera de texto

• De otro lado, el artículo 57, numeral 5º, de éste Acto Legislativo, que sustituye el artículo 187 de la Constitución Política, corresponde a las Asambleas Departamentales "Determinar, a iniciativa del Gobernador, la estructura de la administración departamental, las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo". Subrayas fuera de texto

• De conformidad con el artículo 2º del Decreto 3133 de 1968, "Las atribuciones administrativas que confieren la Constitución y las leyes a las asambleas y a los gobernadores se entenderán conferidas al Concejo y al Alcalde Mayor de Bogotá, en lo pertinente".

• Finalmente, el artículo 51 del Decreto 3133 de 1968, estableció que "Las asignaciones de los empleados distritales y los jornales de personal de obreros al servicio de la administración no podrán ser reducidos o aumentados sino por iniciativa del alcalde", de lo que se concluye que la competencia de los Concejos Municipales se reduce al ámbito salarial, mas no al prestacional.

• Es conveniente de entrada señalar que la competencia que tiene el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los Empleados Públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los Trabajadores Oficiales, encuentra sustento adecuado y suficiente en los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución:

De este mandato constitucional se infiere que corresponde al legislador mediante la técnica de las Leyes Marco, definir las reglas generales sobre las prestaciones sociales de los empleados públicos de las entidades territoriales y al Gobierno Nacional, con base en estos criterios generales, definir el régimen prestacional de estos empleados públicos.

• Este marco fue señalado por el Congreso de la República en la Ley 4 de 1992, en la que estableció el campo de aplicación, los criterios y objetivos que debía tener en cuenta el Gobierno Nacional para la fijación del régimen prestacional para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera sea su sector, denominación o régimen jurídico y los empleados del Congreso Nacional, de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la Nación, de la Organización Electoral y de la Contraloría General de la República; así como los Miembros de la Fuerza Pública.

Señala también esta Ley en su artículo 12 que el régimen prestacional de los empleados públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la citada Ley. En consecuencia, las corporaciones públicas territoriales no podrán arrogarse tal facultad.

• Para garantizar el cumplimiento de los mandatos constitucional y legales ya mencionados, el artículo 10° de la Ley 4 de 1992 estableció que todo régimen salarial o prestacional que se establezca en contraposición de las disposiciones en ella contenidas, o en los Decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

• Así, con fundamento en la Ley 4 de 1992 se expide el Decreto 1133 de 1994, que en su artículo 1º manifestó: "Las personas que se vinculen al servicio público en el Distrito Capital y sus entidades descentralizadas a partir de la vigencia del presente Decreto y que conforme a las disposiciones vigentes tengan el carácter de empleados públicos, gozarán del régimen prestacional señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público"

Dispone, igualmente en su artículo 2º que "Las personas que se hubieren vinculado como empleados públicos o trabajadores oficiales al Distrito Capital y a sus entidades descentralizadas antes de la vigencia de este Decreto continuarán gozando de las prestaciones que se les venían reconociendo y pagando"

• Finalmente, de conformidad con el Decreto 1808 de 1994, que modifica el Decreto 1133 de 1994, "Las personas que se hubieren vinculado como empleados públicos o trabajadores oficiales al Distrito Capital y a sus entidades descentralizadas antes de la vigencia de este Decreto continuarán gozando de las prestaciones que se les venían reconociendo y pagando"

• Para iniciar, debemos referirnos a la Ley 43 de 1975, donde se nacionalizó la educación primaria y secundaria que oficialmente venían prestando los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios y las Intendencias y Comisarías, definiéndosele como un servicio público a cargo de la Nación, de tal manera que los gastos que demandaban y sufragaban las entidades territoriales, pasaron a cargo de la nación.

• Siendo de importancia resaltar, que dicha nacionalización amparaba a todo el personal docente vinculado a los planteles que se nacionalizaban, entendiendo por éstos los ya nacionalizados al momento de expedición de la ley y los que hubieren de nacionalizarse durante el proceso de nacionalización establecido hasta el 31 de diciembre de 1980:

• Así, debe puntualizarse que mediante la Ley 43 de 1975 se nacionalizó la educación primaria y secundaria oficial, proceso que debía culminar el 31 de diciembre de 1980, lo que significa que solo los docentes que se encontraban vinculados a dicha fecha se consideran docentes nacionalizados y los vinculados a partir de 1981 se consideran nacionales y se les da el tratamiento prestacional de empleados públicos del orden nacional.

• El Decreto Ley 2277 de 1979 o Estatuto Docente, que en su artículo 3° dispuso que los educadores que prestan sus servicios a entidades de orden nacional, departamental, distrital y municipal, son empleados oficiales de régimen especial. Según las previsiones del decreto la especialidad del régimen hace referencia, entre otros aspectos, a la administración de personal y a algunos temas salariales y prestacionales.

• Así, se llega a la Ley 91 de 1989 "Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio". Disposición, de la cual se predica es el referente principal del Régimen Prestacional de los docentes, que aún cuando no define las prestaciones sociales que conforman dicho régimen y solo se refiere a especificidades sobre pensiones, cesantías y vacaciones, mantiene el régimen prestacional que se viniera disfrutando en cada entidad territorial.

• Este Decreto Reglamentario de la Ley 91 de 1989, se ocupa de determinar las responsabilidades de pago de las prestaciones sociales del personal docente nacional y nacionalizado:

• También debemos referir la Ley 60 de 1993 "Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias". Es una norma remisoria a la Ley 91 de 1989:

Sin embargo, debe advertirse que la misma fue expresamente derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001, la cual la hace actualmente inaplicable.

• Finalmente, es pertinente remitirnos a la Ley 115 de 1994 "Ley General de Educación", disposición básicamente remisoria, que en cuanto al desarrollo del régimen prestacional de los educadores se limita a nominarlo como de carácter especial y a establecer las condiciones para el reconocimiento y las fuentes de pago, de salarios y prestaciones de los educadores estatales, por lo que en lo demás remite a las Leyes 91 de 1989 y 60 de 1993.

Vista la anterior reseña normativa, se observa con precisión que el desarrollo del problema debe girar en torno a si la previsión del numeral 1º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, salvaguarda para los docentes nacionalizados todas las prestaciones sociales que se venían disfrutando en el Distrito, incluyendo el quinquenio, aún habiendo sido establecidas de manera extralegal.

Para el efecto, es pertinente observar tanto la exposición de motivos realizada por el Gobierno nacional como las ponencias presentadas durante el trámite legislativo de dicha Ley, que corresponde al Proyecto de Ley 49 de 1989, Senado de la República y 159 de 1989, Cámara de Representantes.

• "(...) Solución al problema.

Así, puede considerarse que la finalidad de la Ley 91 de 1989 no consistió exclusivamente en la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sino también la de unificar la administración del régimen prestacional de los docentes de todo el país, para poderle dar un manejo racional, dada la dispersión normativa y administrativa regional que venía rigiendo a los docentes nacionalizados, y el tratamiento de empleados públicos del orden nacional que se venía aplicando para los docentes nacionales.

Como la intención del legislador con la creación del citado fondo era la de unificar nacionalmente la administración del régimen prestacional de los docentes, necesariamente debía definir los responsables y la manera como se debían asumir las obligaciones prestacionales con anterioridad y a partir de la vigencia de la Ley 91 de 1989, lo cual incluía la compilación del régimen prestacional vigente hasta dicho momento legislativo, garantizar su continuidad en virtud del principio de favorabilidad laboral, y definir la situación prestacional para los docentes que se vincularan con posterioridad.

En pocas palabras, se pretendió con ésta Ley hacer un "corte de cuentas" que permitiera al Gobierno Nacional replantear los mecanismos financieros y administrativos que para entonces existían, para el pago de las obligaciones existentes y futuras.

Y es en dicho sentido, que debe entenderse que cuando el legislador dispuso de manera clara y contundente que los docentes nacionalizados que estuvieren vinculados al 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional que hubieren venido gozando en cada entidad territorial, lo que hizo fue hacer uso de su competencia constitucional para salvaguardar aquellas prestaciones extralegales que los docentes nacionalizados venían disfrutando legítimamente en cada ente territorial, brindándole amparo legal y garantizando la permanencia de dichos derechos.

En éste sentido, es de advertir que la expedición de la Ley 91 de 1989 se dio en el marco de la Constitución de 1886, donde si bien no se otorgó competencia a los Concejos Municipales para fijar prestaciones sociales de los empleados del correspondiente ente territorial, sí se concedió al legislador la competencia general para adoptarlas pudiendo incluso partir de las extralegales preexistentes.

Bajo éste escenario debe observarse la restricción del artículo 38 de la Ley 715 de 2001 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias", cuando establece que "A los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que se financien con recursos del Sistema General de Participaciones, sólo se les podrá reconocer el régimen salarial y prestacional establecido por ley o de acuerdo con esta", pues para el caso de las prestaciones distritales extralegales, como el quinquenio, que en principio no podrían financiarse con recursos del situado por no haber sido establecidas por la ley, si lo pueden ser, en la medida que están de acuerdo con la ley.

Es por ello, que el debate judicial que se dio en torno a los Decretos 1133 y 1808 de 1994, reglamentarios de la Ley 4ª de 1992, en cuanto a que el alcance de dichas disposiciones no podía ser tan amplio como para llegar hasta el punto de convalidar actos administrativos expedidos sin competencia legal alguna, no aplica frente a aquellas prestaciones sociales de los docentes nacionalizados que si bien tuvieron origen extralegal fueron adoptadas por ley.

Aunado a lo anterior, tampoco puede olvidarse lo mencionado por el legislador en uno de los debates en el Senado del proyecto de ley, cuando aludió que frente a la Ley 43 de 1975 se generó un vacío respecto de las prestaciones del Magisterio que dio lugar a suplirse, en los casos de docentes nacionalizados prolongando, la normatividad de cada entidad territorial.

Pudiendo considerar de ésta manera, que efectivamente la previsión del numeral 1º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, legalizó frente a los docentes nacionalizados aquellas prestaciones sociales extralegales como el quinquenio, que éstos venían disfrutando desde su nacionalización y al momento de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.

No obstante, debe ser claro que la anterior situación es excepcional y por ende NO puede aplicar frente a los demás empleados públicos distritales, incluidos todos los docentes que no eran nacionalizados al momento de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, para quienes el "quinquenio", como bien lo ha reiterado la jurisprudencia y la doctrina, constituye una prestación extralegal que NO ha sido adoptada o reconocida por la ley, ni está prevista en el régimen prestacional de los empleados públicos nacionales, referente de las prestaciones de los empleados públicos territoriales⁵, por lo que no es posible su exigibilidad.

Por todo lo anterior es pertinente concluir:

1.- Que tanto en vigencia de la Constitución de 1886 como de 1991, ha sido competencia general del Congreso de la República, directamente o a través del Ejecutivo Nacional, establecer el régimen prestacional de los empleados públicos de las entidades territoriales, por lo que toda prestación que haya sido adoptada por ley o en virtud de ésta, será jurídicamente exigible.

2.- Que para establecer el régimen prestacional de los docentes nacionalizados debemos remitirnos a la Ley 91 de 1989 "Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio".

3.- Que con la Ley 91 de 1989 el Legislador pretendió y así lo dispuso, unificar nacionalmente la administración del régimen prestacional de los docentes, definiendo cómo se debían asumir las obligaciones prestacionales con anterioridad y a partir de la vigencia de la Ley 91 de 1989, lo cual incluía la compilación del régimen prestacional vigente hasta dicho momento legislativo, garantizar su continuidad en virtud del principio de favorabilidad laboral, y definir la situación prestacional para los docentes que se vincularan con posterioridad.

3.- Que es claro, que de conformidad con el parágrafo del artículo 2º y el numeral 1º del artículo 15 de la precitada Ley, los "docentes nacionalizados" que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, y solo éstos, tienen derecho a mantener el régimen prestacional que hubieren venido gozando en cada entidad territorial.

4.- Que frente al "QUINQUENIO", como prestación social que venían gozando los "docentes nacionalizados" de la administración distrital, que se encontraren vinculados al 31 de diciembre de 1989, deberá mantenerse su reconocimiento específico frente a éstos, de conformidad con el numeral 1º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

Situación, que de conformidad con lo informado por la Subsecretaría Administrativa de la Secretaría de Educación solo favorece aproximadamente a 2.300 docentes nacionalizados del total de 25.000 docentes, con que hoy cuenta el Distrito, los cuales mantendrían el reconocimiento de dicha prestación mientras mantengan su vinculación con la Secretaría de Educación Distrital.

5.- Que en tanto el "QUNIQUENIO", por regla general constituye una prestación social distrital adoptada extralegalmente, salvo el caso excepcional de los docentes nacionalizados donde operó la legalización de dicha prestación, en el resto de casos constituye una prestación adoptada sin competencia legal y por ende inaplicable, tal y como se establece en la Circular 024 de 2005.

6.- Que NO existe prestación social diferente al quinquenio que puedan exigir los docentes nacionalizados vinculados hoy al Distrito, tal y como lo ha constatado la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación Distrital.

7.- Que la viabilidad de reconocimiento contenida el presente concepto aplica exclusivamente frente al "QUINQUENIO" de los docentes nacionalizados, no solo porque el estudio y las conclusiones realizadas en el presente concepto se circunscriben a éste, sino porque es la única prestación social susceptible de discusión frente a la excepcionalidad prevista por la Ley 91 de 1989.

Así las cosas, siendo clara la procedencia del reconocimiento actual del quinquenio, en las condiciones enunciadas, frente al objeto central de su consulta sobre si respecto de los docentes distritales nacionalizados aplican las directrices de la Circular No. 024 de 2005, la respuesta debe ser NEGATIVA de conformidad con lo siguiente:

Como se observó anteriormente, el Régimen Prestacional del personal docente nacionalizado, constituye un Régimen Especial que comprende, entre otros aspectos, el ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de estos servidores (art. 3 del Decreto 2277/79) y contiene algunas prestaciones especiales adoptadas extralegalmente en cada ente territorial, como el quinquenio, de tal manera su excepcionalidad amparada por la ley lo excluye del régimen de prestaciones sociales establecidas para los empleados públicos del nivel nacional y por ende el régimen de los empleados de entidades territoriales.

Así las cosas, éste Despacho coincide con el concepto 06692 del 10 de octubre de 2002 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en cuanto a que los docentes nacionalizados gozan de un régimen prestacional especial que excluye al Decreto 1919 de 2002.

Por lo anterior, atendiendo que la Circular consultada, no da alcance al Decreto 1919 de 2002, sino que desarrolla temas como el de la "improcedencia del pago del quinquenio", debo informarle que ésta NO ES APLICABLE a los docentes nacionalizados hoy vinculados al Distrito Capital.

En cuanto a sus inquietudes puntuales me permito manifestarle:

• En cuanto a si al no proceder el reconocimiento del quinquenio, se debe cancelar la bonificación anual por servicios que se viene cancelando a los administrativos:

Sea lo primero aclarar la naturaleza disímil del "Quinquenio" frente a la "Bonificación por servicios prestados", pues la "Recompensa por servicios prestados" también llamada "Quinquenio", creada por el Acuerdo Distrital No. 44 de 1961 con el cual se reorganizó la Caja de Previsión Social de Obreros y Empleados del Distrito, constituía un factor prestacional y era propia del Distrito Capital; y la "Bonificación por servicios prestados", constituye factor salarial creada para empleados públicos de la rama ejecutiva del nivel nacional, que se reconoce en el Distrito con fundamento en el Acuerdo Distrital 092 de 2003⁶

Por lo anterior, se debe precisar que la Procedencia o improcedencia del pago del quinquenio no tiene como consecuencia necesaria el reconocimiento y pago de la Bonificación por servicios prestados.

Ahora bien, frente a la procedencia del reconocimiento de la "Bonificación por servicios prestados", es pertinente observar algunas disposiciones del orden constitucional y legal en el que se enmarca la competencia para establecer sistemas salariales a los docentes en Colombia:

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA:

• DECRETO LEY 1421 DE 1993. Estatuto Orgánico de Bogotá:

• DECRETO 2277 DE 1979. Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente:

• LEY 4 DE 1992. Ley marco para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos

• LEY 60 DE 1993. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias

• LEY 115 DE 1994. Ley General de Educación.

• DECRETOS NACIONALES 2713 DE 2001, 688 DE 2002, 3621 DE 2003, 4164 DE 2004 Y 928 DE 2005. Con cada uno de éstos desde el año 2001, se viene modificando la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo oficial, de conformidad con la Ley 4ª de 1992. En todos y cada uno de éstos se incluyó una cláusula que al tenor literal establece:

Marco normativo del que se puede concluir que:

1. La definición del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos en general, resulta del ejercicio de una competencia que corresponde, en primer lugar, al Congreso de la República y al Presidente de la República dentro del marco trazado por aquél (CP, art. 150-19, lit e) y f). Según dicha atribución, el Congreso, a través de una ley marco o cuadro, fija las pautas y criterios generales que guían la forma en que habrá de regularse una determinada materia, entre las cuales se encuentra la relativa al régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y el régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales- lo que en la actualidad se concreta en la Ley 4ª de 1992.

2. En lo relativo al ámbito territorial, la facultad de fijar el régimen de salarios de los servidores públicos corresponde al Congreso y al Presidente de la República, en la forma ya enunciada. A partir de esa fijación, procede la intervención de los Concejos distritales, por mandato del artículo 313 num. 6º superior y en forma complementaria, con el fin de adoptar en esas secciones del territorio la política de salarios.

3. La competencia para fijar el régimen salarial de los docentes nacionales y nacionalizados, está radicada de manera exclusiva y excluyente en el Gobierno Nacional, quien así lo ha venido haciendo desde el año 2001, de tal forma que las asignaciones salariales establecidas en los Decretos que fijan anualmente los salarios de los docentes, no podrán ser modificados o adicionados por las autoridades territoriales, pues carecerían de cualquier efecto.

De conformidad con lo anterior, es pertinente advertir que si bien en el Distrito Capital mediante Acuerdo Distrital 092 de 2003 se estableció la "Bonificación por servicios prestados", con un amplio campo de aplicación, pues comprende a "todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a la Administración Central, Concejo de Bogotá, Contraloría Distrital, Personería Distrital, Veeduría Distrital y Empresas Sociales del Estado del orden Distrital", el mismo no puede incluir a los docentes, pues además de que éstos presentan un régimen salarial especial fijado directamente por el ejecutivo nacional, la norma legal originaria de dicho factor salarial que se ve desarrollada por el Acuerdo Distrital 092 de 2003, excluye de manera expresa a los docentes.

• En cuanto a si se modifica el Régimen especial para reconocimiento y disfrute de primas, vacaciones, etc. :

Como se manifestó, los docentes presentan un régimen prestacional especial, porque ostentan particulares concesiones legales, sin perjuicio de que su régimen prestacional básico es el mismo que disfrutan los empleados públicos nacionales.

Pero, frente a los docentes nacionalizados además del régimen especial que gozan por su status de docentes, se presenta la excepcionalidad consagrada por la Ley 91 de 1989, que les permite continuar disfrutando todas las prestaciones que tuvieren al 31 de diciembre de 1989, incluyendo las extralegales.

De ésta manera, el régimen prestacional de los docentes nacionalizados vinculados hoy al Distrito debe ser la continuación del que ostentaban dichos servidores al momento de la Ley 91 de 1989; sin embargo, atendiendo que NO existe prestación social diferente al quinquenio que puedan exigir los docentes nacionalizados vinculados hoy al Distrito, el régimen prestacional de los docentes nacionalizados NO requiere modificación alguna.

No sobra precisar frente a las vacaciones, que éstas presentan particularidades legales especiales a las cuales debemos remitirnos, es decir al Decreto Nacional 2277 de 1979 - Estatuto Docente y el Decreto Nacional 1278 de 2002 - Estatuto de Profesionalización Docente⁷, así como por las disposiciones que reglamenten las jornadas escolar y laboral. De igual manera, será aplicable la Prima de Vacaciones creada para todos los docentes de los servicios educativos estatales por el Decreto Nacional 1381 de 1997.

Esperando haber atendido su solicitud de conformidad con lo requerido, quedamos atentos a sus inquietudes.

Cordialmente,

C.c Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital