RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Se deciden las impugnaciones interpuestas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Defensoría del Espacio Público, el Fondo de Ventas Populares, la Red de Solidaridad Social, Chicle Adams S.A., Compañía Nacional de Chocolates, British American Tobacco Ltda, Philip Morris Colombia S.A., Frito Lay Colombia Ltda, Editorial Televisa Colombia S.A., Distribuidoras Unidas S.A., Coltabaco S.A., Comcel S.A. y Telefónica Móviles de Colombia S.A. (Movistar), contra la sentencia de 7 de noviembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Cuarta, Subsección B), que estimó parcialmente las pretensiones de la demanda.

Mediante autos de 25 de octubre¹, 9 de noviembre² y 10 de diciembre de 2004³, y 7 de abril⁴ y 22 de junio de 2005⁵, el a quo acumuló los procesos 25000-23-15-000-2003-2526-01, 25000-23-15-000-2003-02527-01, 25000-23-15-000-2004-00071-01, 25000-23-15-000-2004-00229-01, 25000-23-15-000-2004-02084-01, 25000-23-15-000-2004-02255-01, 25000-23-15-000-2004-02254-01 y 25000-23-15-000-2004-02589-01, al 25000-23-15-000-2003-02530-01.

Asimismo, en la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2008⁶, la misma Corporación acumuló los procesos 25000-23-15-000-2006-01208-01 y 25000-23-15-000-2004-01419-01 al 25000-23-15-000-2003-02530-01.

El 19 de diciembre de 2003, la ciudadana Ángela Lozada de la Cruz, en nombre propio, entabló acción popular contra la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía Local de La Candelaria, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Defensoría del Espacio Público, para reclamar protección de los derechos colectivos al goce del espacio público y de un ambiente sano, a la utilización de los bienes de uso público, a la defensa del patrimonio público, y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; que estimó vulnerados debido a que varios vendedores ambulantes ocupan indebidamente el espacio público ubicado en la Carrera 7ª, desde el Palacio de Nariño hasta la Calle 24.

La actora afirma que múltiples vendedores ambulantes ocupan el espacio público ubicado en la Carrera 7ª, desde el Palacio de Justicia hasta la Calle 24.

Señala que la ocupación ilegal de los andenes hace imposible el tránsito por las aceras del sector, y que Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Local de La Candelaria, no han realizado acciones efectivas para recuperar el espacio público invadido.

La actora solicita que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

3.1. BRITISH AMERICAN TOBACCO LTDA.⁸ manifestó que no ha violado los derechos colectivos invocados.

Indicó que no colabora en la proliferación de vendedores ambulantes, pues no distribuye a dicho grupo los productos que importa al país.

Sostuvo que no motiva la ocupación ilegal del espacio público por parte de vendedores ambulantes.

Afirmó que no existe legitimación en la causa por pasiva y ni nexo causal entre la violación de derechos colectivos y la conducta desplegada por ella.

3.2. EDITORIAL TELEVISA COLOMBIA S.A.⁹ se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó que no ha violado derechos colectivos.

Alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta de que no incentiva las ventas ambulantes ni la ocupación ilegal del espacio público.

Indicó que el objeto de la sociedad es importar publicaciones, y que la comercialización de las mismas es realizada por terceros.

Sostuvo que las causas directas de la venta ambulante en el espacio público, son la falta de control de la Policía Metropolitana y la grave situación de desempleo del país.

Afirmó que la venta ilegal de publicaciones le genera a la empresa un detrimento patrimonial que afecta gravemente sus finanzas.

3.3. COMESTIBLES ITALO S.A.¹⁰ sostuvo que no ha violado derechos colectivos, y que comercializa sus productos por medio de intermediarios, que cumplen íntegramente con las normas del orden distrital y nacional para la venta de sus productos.

Manifestó que no incentiva la venta ambulante de sus productos y que no es responsable de que los bienes que produce sean comercializados en las calles de la ciudad.

Alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta de que no es responsable de la ocupación ilegal del espacio público y de la venta ambulante de productos.

Indicó que la Alcaldía Mayor de Bogotá, las Alcaldías Locales y la Policía Nacional, son las entidades de responsables de que vendedores ambulantes invadan el espacio público, pues han omitido su deber de cuidado y vigilancia sobre los bienes de la comunidad.

3.4. COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.¹¹ manifestó que no ha violado derechos colectivos.

Indicó que no patrocina la venta ambulante de sus productos y que no es responsable de que terceros ocupen de manera ilegal las calles del Distrito.

Manifestó que la Alcaldía Mayor de Bogotá y las Alcaldías Locales, son las entidades responsables de la violación de los derechos colectivos invocados, pues no han desalojado a quienes ocupan ilegalmente el espacio público.

3.5. FRITO LAY COLOMBIA LTDA.¹² indicó que no ha violado los derechos colectivos invocados, ni ha invadido el espacio público de la ciudad de Bogotá.

Afirmó que no patrocina el comercio informal, ni incentiva la venta de productos por parte de vendedores ambulantes.

3.6. EL ESPACIO¹³, CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.¹⁴, EL PAÍS S.A.¹⁵ y EL ESPECTADOR¹⁶ se opusieron a las pretensiones de la demanda, pues consideraron que no violan derechos colectivos.

Afirmaron que unas de las formas en que distribuyen el periódico es a través de voceadores, quienes de 5:00 am a 10:00 am se ubican en las principales calles de la ciudad, para vender el diario.

Consideraron que la actividad que desarrollan los voceadores no genera una obstrucción significativa del espacio público, y que ella se encuentra justificada en el beneficio que recibe la población de ser informada.

Indicaron que la Alcaldía Mayor de Bogotá y las Alcaldías Locales, son las entidades responsables de la violación de los derechos colectivos invocados.

Manifestaron que el proceso contra ellas debía ventilarse ante la jurisdicción ordinaria, habida cuenta de que no ostentaban el carácter de entidad pública.

Sostuvieron que los voceadores no afectan el espacio público, pues no ocupan de manera permanente las calles y los andenes de Bogotá.

Alegaron que no podían atenderse las pretensiones de las demandas sin antes realizar una evaluación íntegra de las acciones implementadas por las entidades administrativas para disminuir las ventas ambulantes, pues una omisión en tal sentido violaría los derechos constitucionales al trabajo, la libre empresa y a la información.

Aseguraron que no es posible desalojar a los vendedores ambulantes sin fijarles una alternativa sostenible de empleo, pues ello atentaría contra el principio de confianza legítima, que se ha generado por el goce pacífico y prolongado en el tiempo de las ventas en las calles de la ciudad.

3.7. CONAPI 3 LTDA - CHANCE ESTRELLA¹⁷ expresó que no vende ni distribuye sus productos a vendedores ambulantes y, por lo tanto, no viola los derechos colectivos invocados.

Alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no es responsable de la ocupación ilegal del espacio público.

3.8. COMESTIBLES LA ROSA S.A.¹⁸ alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta de que consideró que no ha violado derechos colectivos.

Manifestó que no puede endilgársele responsabilidad por la venta que de sus productos hacen los vendedores ambulantes en las calles de la ciudad, pues ella vende directamente sus productos a entidades legalmente constituidas.

Señala que no debió vinculársele al proceso, pues ello permitiría establecer que son sus productos los que invaden el espacio público y no las personas que ilegalmente los venden.

Considera que la Defensoría del Espacio Público, la Alcaldía Mayor de Bogotá y las Alcaldías Locales, son las entidades responsables de la ocupación del espacio público, pues han omitidos su deber de velar por él.

3.9. COMCEL S.A.¹⁹ manifestó que no es responsable de la violación de derechos colectivos, pues no ocupa ilegalmente espacio público en la capital del país.

Alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta de que no incentiva la ocupación de espacio público, ni la venta ambulante de productos.

Indicó que tiene prohibido a sus distribuidores usar marcas, enseñas, signos o demás distintivos de COMCEL, en sus uniformes o cualquier otro atavío que pueda ser utilizado por vendedores ambulantes.

Sostuvo que la Alcaldía Mayor de Bogotá es la entidad responsable de la violación de derechos colectivos, pues ha omitido su deber de vigilar y proteger el espacio público.

3.10. SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA EXTRADEC LTDA.²⁰ alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, pues consideró que no invade el espacio público ni fomenta las ventas ambulantes en Bogotá.

Adujo que quienes venden billetes de lotería en las calles, no lo hacen a nombre de la empresa, pues no tienen un vínculo laboral con ella, sino en virtud del contrato atípico de "distribución, venta y pago de lotería" que celebran con la misma.

3.11. PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELITE LTDA.²¹ consideró que existía falta de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta de que no distribuye sus productos para que sean vendidos directamente por vendedores ambulantes, ni insita la ocupación ilegal de espacio público.

Manifestó debía endilgarse responsabilidad a las autoridades Distritales, que por omitir sus deber de control y vigilancia sobre el espacio público, permiten el acaecimiento de conductas irregulares en las calles y andenes de la capital.

3.12. PROTABACO S.A.²² manifestó que no comercializa, a través de vendedores ambulantes, los cigarrillos que produce.

Manifestó que la Alcaldía Mayor de Bogotá es la responsable de la ocupación ilegal del espacio público, pues ha omitido ejercer control sobre el.

Indicó que no promueve ni incentiva la venta ilegal de cigarrillos en las calles, ni la ocupación del espacio público.

3.13. LOTERÍA LA NUEVE MILLONARIA DE LA NUEVA COLOMBIA LTDA.²³ manifestó que no ha violado derechos colectivos.

Indicó que no sostiene vínculo jurídico con ningún vendedor ambulante, y que no ocupa ilegalmente las calles y andenes de la ciudad.

3.14. LOTERÍA DE BOGOTÁ²⁴ manifestó que no puede endilgársele responsabilidad por conductas contrarias a la ley, pues la actividad de venta de lotería no tiene el carácter de ilegal.

Consideró que el derecho a la salud podría verse afectado si prosperan las pretensiones de las demandas, pues algunos recursos de la venta de billetes de lotería se destina a éste sector.

Sostuvo que debía respetarse el principio de confianza legítima de los vendedores ambulantes de lotería, quienes por muchos años han realizado su trabajo sin oposición por parte del Estado.

Manifestó no debía reconocerse un incentivo a los actores populares, pues interpusieron las demandas de manera oportunista, sin buscar un verdadero amparo de los derechos de la comunidad.

Alegó que existía cosa juzgada porque la Policía Metropolitana había adelantado gestiones para recuperar el espacio público invadido.

3.15. PHILIP MORRIS COLOMBIA S.A.²⁵ manifestó que nunca ha ocupado espacio público para vender sus productos.

Sostuvo que no puede endilgársele responsabilidad por la venta callejera de cigarrillos, pues este producto es de consumo masivo y se escapa de sus manos la venta que terceros puedan hacer ilegalmente del producto.

Argumentó que no incentiva las ventas ambulantes, y que la Alcaldía Mayor de Bogotá y las Alcaldías Locales, son las entidades que deben responder por los hechos que motivaron la presentación de las demandas, pues han omitido su deber de velar por el uso adecuado del espacio público.

Consideró que no debían haber sido vinculadas al proceso las entidades que fabrican los productos que se expenden en las ventas ambulantes, pues ellas, como empresas productoras, no ocupan espacio público.

3.16. LOTERÍA DE CUNDINAMARCA²⁶ manifestó su desacuerdo respecto de desalojar del espacio público a quienes venden lotería.

Adujo que ejerce legítimamente la actividad de venta de lotería, como monopolio rentístico.

Indicó que por el trabajo particular que realizan los loteros, pueden ocupar de manera preferente el espacio público.

Sostuvo, conforme lo establece el artículo 1 de la Ley 133 de 1936, que "en ningún departamento o municipio se [puede] (…) impedir ni estorbar la circulación y venta de billetes de lotería…".

Manifestó que la venta de lotería goza de un especial amparo constitucional y legal, consagrado en los artículos 336 de la Constitución Política y 11 de la Ley 643 de 2001²⁷, los cuales respectivamente rezan: "ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley…" y "Es una modalidad de juego de suerte y azar realizada en forma periódica por un ente legal autorizado, el cual emite y pone en circulación billetes indivisos o fraccionados…".

Afirmó que los vendedores de lotería pueden ocupar legítimamente el espacio público, habida cuenta de que su número es reducido y no afectan la circulación de transeúntes.

Indicó que debe protegerse la confianza legítima de los loteros, quienes han hecho uso del espacio público, por muchos años, para vender billetes de lotería.

Alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, pues consideró que no ha violado derechos colectivos, pues no incentiva las ventas ambulantes ni la ocupación del espacio público.

Consideró que debía haberse vinculado al proceso a los vendedores ambulantes y no a las empresas que producen los productos que este grupo de personas comercializa.

3.17. La ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA²⁸ manifestó que ha adelantado acciones concretas para recuperar el espacio público de la localidad de la Candelaria.

Indicó que la prueba de que sus actuaciones han sido eficaces, ha sido que los vendedores ambulantes han interpuesto numerosas tutelas para buscar que les sea amparado su derecho al trabajo.

Sostuvo que ha adelantado acciones conjuntas para recuperar el espacio público con la Alcaldía Mayor, la Policía Metropolitana y la Defensoría del Espacio Público, en cabal cumplimiento del Decreto 462 de 2003²⁹, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá.

Solicitó declarar la improcedencia de las acciones populares por falta de violación de los derechos colectivos, ya que ha tomado las medidas necesarias para mitigar la ocupación ilegal del espacio público.

3.18. La ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ³⁰ manifestó que ha adelantado numerosas acciones para garantizar el libre tránsito de las personas por las calles y andenes de la ciudad.

Indicó que las "autoridades locales" realizan continuamente operativos para despejar el espacio público.

Solicitó no conceder un incentivo a los demandantes, habida cuenta de que se están tomando medidas eficaces para garantizar que la protección de los derechos colectivos invocados.

Alegó la excepción de cosa juzgada, pues existen otras acciones populares que versan sobre la misma temática, que fueron falladas con anterioridad.

3.19. La POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ³¹ manifestó que ha adelantado labores preventivas y educativas, para que los vendedores informales no ocupen el espacio público.

Indicó que dejó de incautar la mercancía de los vendedores ambulantes, pues la Corte Constitucional, mediante sentencia T-772 de 2003, prohibió que hiciera uso de las vías de hecho.

Sostuvo, de conformidad con el artículo 7 numeral 4 del Decreto 462 de 2003³², que debe recuperar el espacio público, una vez adelantados los procesos administrativos correspondientes contra los vendedores ambulantes, y previa solicitud de la Alcaldía Local.

Afirmó que una vez adelantados dichos procedimientos es legítimo expulsar del espacio público a los vendedores ambulantes que reincidan en ocupar el espacio público.

Manifestó que la Alcaldía Mayor de Bogotá y las Alcaldías Locales han omitido proteger el espacio público, pues no han adelantado acciones eficaces para desalojar definitivamente a quienes invaden andenes y calles.

Argumentó que ha apoyado al Distrito en su labor de recuperar el espacio público, adelantando campañas educativas y realizando operativos de desalojo.

3.20. La DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO³³ manifestó que es competente para defender, inspeccionar, vigilar, regular y controlar el espacio público del Distrito Capital.

Indicó que no ejerce funciones de policía y, por lo tanto, no puede "implementar las medidas necesarias para la protección del espacio público", ni ejercer las coercitivas para conseguir su restitución.

Sostuvo que ha adelantado diferentes campañas educativas, con el fin de desincentivar la compra de bienes a vendedores ambulantes; y que ha capacitado a la Policía Metropolitana y las Alcaldías Locales, para indicarles los procedimientos necesarios para recuperar el espacio público.

Afirmó que ha conseguido la restitución de 1.648.527 m² de espacio público, fruto de la tramitación de más de 9600 querellas.

Aclaró que la función que desempeña se limita a asesorar técnicamente a las Alcaldías Locales, para que lleven a cabo las operaciones administrativas necesarias para recupera el espacio público de Bogotá.

3.21. El FONDO DE VENTAS POPULARES³⁴ indicó que no es responsable de la violación de derechos colectivos.

Manifestó que la Alcaldía expidió el Decreto 98 de 2004, con fin de recuperar paulatinamente el espacio público de manos de los vendedores ambulantes, y fijó los procedimientos que debía seguir la administración para recuperarlo.

Sostuvo que ha adelantado varias actividades y programas que han permitido reubicar a vendedores ambulantes en sitios donde pueden vender su mercancía sin invadir el espacio público.

Afirmó que su objeto es el de atender programas relacionados con los vendedores informales, promoviendo iniciativas económicas que conduzcan a su inclusión económica y social.

3.22. La PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA³⁵ se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmando que no ha violado derechos colectivos.

Indicó que el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada es un órgano de carácter consultivo y asesor, conformado por miembros de los Ministerios del Interior, de Defensa, de Salud y de Educación, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, de la Defensoría del Pueblo, de la Presidencia de la República y de la Red de Solidaridad.

Alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta de que no es competente para velar por el espacio público.

3.23. La RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL³⁶ manifestó que fue vinculada al proceso porque se le consideró presuntamente responsable de la invasión del espacio público por parte de la población desplazada.

Indicó que la Alcaldía Mayor de Bogotá y las Alcaldías Locales, son las entidades responsables de recuperar el espacio público, irregularmente ocupado por vendedores ambulantes.

Sostuvo que debe exonerársele de responsabilidad, pues carece de competencia para proteger el espacio público.

3.24. COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.³⁷ solicitó absolverla de toda responsabilidad, habida cuenta de que no invade espacio público ni incentiva las ventas ambulantes.

3.25. DISTRIBUIDORAS UNIDAS S.A.³⁸ manifestó que no ha violado los derechos colectivos invocados y que existe falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no ocupa ilegalmente espacio público, ni incentiva la venta de productos por parte de los vendedores ambulantes del Distrito Capital.

Indicó que la Alcaldía Mayor de Bogotá y las Alcaldías Locales, son las entidades responsables de la violación de los derechos colectivos y deben responder por la ocupación ilegal de los andenes y calles de la ciudad.

3.26. COLOMBINA S.A.³⁹ manifestó que no patrocina la venta ambulante de sus productos ni la ocupación ilegal del espacio público.

Solicitó que se le desvinculara del proceso, habida cuenta de que no ha violado derechos colectivos.

3.27. La SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA⁴⁰ alegó falta de legitimación en la causa por pasiva y manifestó que no ha violado derechos colectivos.

Indicó que los loteros se encuentran legitimados para ocupar el espacio público, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 133 de 1936.

Sostuvo que no puede desautorizársele a vender lotería, habida cuenta de que la actividad que desarrolla es legal.

Afirmó que los loteros no pueden ser desalojados del espacio público sin que el Estado les ampare su derecho al trabajo, pues en virtud de la confianza legítima les ha sido permitido durante muchos años el ejercicio de su trabajo en las calles de la ciudad.

3.28. CHICLE ADAMS S.A.⁴¹ manifestó que no ocupa ilegalmente espacio público, ni sostiene ninguna relación comercial con los vendedores ambulantes que lo invaden de manera irregular.

Indicó que la Alcaldía Mayor de Bogotá y las Alcaldías Locales son las entidades competentes para vigilar y custodiar el espacio público y, por lo tanto, deben responder por la violación de los derechos colectivos invocados.

Sostuvo que no debía condenarse al pago de más de un incentivo por actor, habida cuenta de que algunos demandantes, dentro de los procesos acumulados, son idénticos.

Alegó las excepciones de "carencia de acción", causa y obligación, comoquiera que no puede imputársele la violación de derechos colectivos.

Afirmó que la jurisdicción competente para conocer de la acción popular era la ordinaria, pues ella no revestía el carácter de entidad pública.

3.29. COMESTIBLES RICOS LTDA⁴² manifestó que no es responsable de la violación de derechos colectivos.

Indicó que no debió vinculársele al proceso porque la Alcaldía Mayor de Bogotá es la única entidad competente para recuperar el espacio público.

Sostuvo que no patrocina la ocupación ilegal del espacio público, ni la venta ambulante de productos en las calles y andenes de la ciudad.

3.30. PRODUCTOS YUPI S.A.⁴³ indicó que comercializa sus productos por medios legales y que no ocupa espacio público para venderlos.

Afirmó que no es la entidad competente para recuperar el espacio público y que no apoya o incentiva las ventas ambulantes en las que terceros venden algunos de sus productos.

3.31. PRODUCTOS ANDRU LTDA⁴⁴ manifestó que desde el año 2002 se no ejerce su objeto social y, por lo tanto, solicitó ser desvinculada del proceso.

3.32. LA ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO, FÁBRICA DE CHOCOLATES EL TRIUNFO S.A., EL PERIÓDICO LA REPÚBLICA Y MOVISTAR, guardaron silencio.

Tuvo lugar el 21 de junio de 2006 con la asistencia del Procurador Tercero Judicial, los actores: Roberth Lesmes Orjuela y José Alejandro Mora Guerrero; y los representantes de las localidades de Santa Fe y de la Candelaria, de la Lotería de la Cruz Roja, la Lotería de Bogotá, la Lotería de Cundinamarca, la Lotería la Nueve Millonaria, el Periódico Hoy, Phillip Morris Colombia S.A., Portafolio, la Presidencia de la Republica- Acción Social-, Productos Alimenticios Frito Lay, Productos Alimenticios Margarita, Distribuidoras Unidas, la Alcaldía Mayor de Bogotá, Editorial Televisa, El Espacio, El Espectador, El País, El Tiempo, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la Policía Metropolitana de Bogotá, British American Tobacco LTDA, Colombina S.A., Coltabaco S.A., Comcel, la Rosa S.A., Comestibles Ricos LTDA, Compañía Nacional de Chocolates, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Transito, Cadbury Adams de Colombia, Sorteo Extraordinario de Colombia, Telefónica Móviles de Colombia, y de los vendedores informales. Se declaró fallida por cuanto no se arribó a una fórmula de pacto de cumplimiento. Sin embargo, de ella se destaca lo siguiente:

5.2. La actora manifestó que las actividades realizadas por la administración, con el fin de dar solución a la invasión del espacio público, han sido insuficientes, pues el número de vendedores ambulantes se ha incrementado en la ciudad, y el espacio público continúa estando invadido.

3.2. La Secretaría de Gobierno de Bogotá afirmó que la Policía suspendió los operativos de recuperación del espacio público, luego de haber sido proferida la sentencia T-772 de 2003.

Manifestó que la Secretaría de Tránsito es la entidad competente para garantizar la protección del espacio público por el uso indebido de las vías como parqueadero.

Destacó que no existe vulneración al espacio público si las vías en las que se ubican los vendedores ambulantes son lo suficientemente anchas para permitir el tránsito de personas.

Resaltó, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 098 de 2004⁸⁸, que antes de recuperar el espacio público, se deben formular alternativas que permitan reubicar de los vendedores ambulantes.

3.3 La Alcaldía Mayor de Bogotá consideró que la acción es improcedente por cuanto el actor no probó la vulneración de los derechos colectivos invocados.

Arguyó que viene diseñando programas especiales de reubicación de vendedores ambulantes, para garantizar el goce del espacio público.

Tuvo lugar el 10 de febrero de 2005, con la asistencia del actor, del Ministerio Público, de la Alcaldesa Local de Santa Fe, y de los apoderados de la Secretaría de Gobierno y de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se declaró fallida, por cuanto no se formuló un proyecto de pacto de cumplimiento.

El 24 de septiembre de 2004, el ciudadano Roberto Ramírez Rojas, en nombre propio, entabló acción popular contra la Alcaldía Local de Santa Fe - Secretaría de Gobierno, para reclamar protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al goce del espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público, y a la seguridad y salubridad públicas, que estimó violados debido a que múltiples vendedores informales ocupan el espacio público ubicado en el costado norte de la Carrera 7ª, entre Avenida Jiménez y Calle 24.

Mediante auto de 28 de septiembre de 2004⁸⁹ el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó notificar personalmente a la Alcaldía Mayor de Bogotá⁹⁰, por ser tercera interesada en las resultas del proceso.

El actor afirma que desde de septiembre del año 2003, varios vendedores ambulantes ocupan los andenes ubicados en el costado norte de la Carrera 7ª, entre la Avenida Jiménez y la Calle 24.

Señala que dichos vendedores comercian todo tipo de mercancía y venden alimentos en condiciones de insalubridad.

Arguye que los transeúntes no pueden disfrutar del espacio público, por la invasión ilegal que los vendedores ambulantes han hecho de éste.

Sostiene que la Alcaldía Local de Santa Fe no ha cumplido con su deber de restituir el espacio público invadido.

El actor solicita que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

3.1. La Alcaldía Local de Santa Fe se opuso a las pretensiones de la demanda y afirmó que los vendedores ambulantes han invadido el espacio público descrito, desde antes de septiembre del año 2003.

Indicó que la administración Distrital tuvo que suspender los operativos de recuperación del espacio público, en virtud de lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia T - 772 de 2003, pues debió replantearse la manera en que se estaban realizando los operativos, para garantizar el debido proceso y el derecho al trabajo de los vendedores informales.

Pese a lo anterior, sostuvo que la administración viene realizando operativos para recuperar el espacio público invadido en la localidad por los vendedores ambulantes.

Manifestó que las medidas que ha adoptado la administración, con el objeto de remover a los vendedores ambulantes del espacio público, han sido insuficientes, pues la ciudad carece de infraestructura, recursos económicos, y oportunidades laborales, que permitan a las personas que hacen parte de ese gremio, obtener un sustento digno.

Señaló que no ha violado los derechos colectivos invocados, pues en ningún momento ha patrocinado o incentivado las ventas callejeras irregulares.

El 15 de octubre de 2004, el ciudadano Roberth Lesmes Orjuela, en nombre propio, entabló acción popular contra el Distrito Capital - Alcaldía Local de La Candelaria, para reclamar protección de los derechos colectivos al goce del espacio público, y la utilización y defensa de los bienes de uso público, que estimó vulnerados debido a que múltiples vendedores informales ocupan el espacio público ubicado en la Carrera 7ª, entre Calles 12 y 26, y en las Calles 14, 15, 17 y 19, entre Carreras 5ª y 10ª, de Bogotá.

El actor afirma que varios vendedores ambulantes ocupan los andenes de la Carrera 7ª, entre Calles 12 y 26, y en las Calles 14, 15, 17 y 19, entre Carreras 5ª y 10ª.

Señala que los vendedores informales comercian en los andenes y calles, e impiden el disfrute del espacio público a los transeúntes del sector.

Sostiene que la presencia de vendedores informales favorece la competencia desleal, frente a aquellos que venden legalmente mercancías en esas direcciones y pagan impuestos.

El actor solicita que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

"Se declare que el Distrito Capital - Alcaldía Local de La Candelaria, es el administrador responsable de los andenes y las vías peatonales ubicadas en la Carrera 7ª, entre Calles 12 y 26, y en las Calles 14, 15, 17 y 19, entre Carreras 5ª y 10ª, y en general de todo el centro de la capital.

Se declare que el Distrito Capital - Alcaldía Local de La Candelaria, por el hecho de no desalojar a los vendedores ambulantes que ocupan indebidamente la mencionada vía, y por su conducta omisiva, afecta el interés colectivo consagrado en e literal d) de la Ley 472 de 1998.

3.1 La Secretaría de Gobierno de Bogotá manifestó que adelantó operativos de recuperación del espacio público, hasta que la Corte Constitucional profirió la sentencia T-772 de 2003, pues en ella limitó la actuación de la fuerza pública, estableciendo que la administración no podía desalojar por la fuerza a los vendedores ambulantes que invadieran espacio público.

Expresó que la acción es improcedente, por cuanto el actor no probó que ella hubiera omitido el ejercicio de sus funciones e incentivara las ventas ambulantes.

Señaló que no debía otorgarse un incentivo al actor, por cuanto éste no buscaba salvaguardar derechos colectivos.

El 15 de octubre de 2004, el ciudadano Roberth Lesmes Orjuela, en nombre propio, entabló acción popular contra el Distrito Capital - Alcaldía Local de la Kennedy, para reclamar protección de los derechos colectivos al goce del espacio público, y la utilización y defensa de los bienes de uso público, que estimó violados debido a que múltiples vendedores informales venden bienes piratas y ocupan el espacio público ubicado entre la Carrera 71 D con Calle 6ª D sur, y toda la Calle 6ª D sur hasta la Avenida Boyacá; y en las zonas Centro, Kennedy, 20 de Julio, San Victorino y Plaza de las Américas, de Bogotá; y.

Mediante auto de 25 de octubre de 2004⁹³, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó notificar personalmente al Alcalde Local de Kennedy y al Departamento Administrativo del Espacio Público⁹⁴, por ser partes dentro del proceso.

El actor afirma que múltiples vendedores ambulantes ocupan los andenes de todo Bogotá, en especial aquellos ubicados entre la Carrera 71 D con Calle 6ª D sur, y toda la Calle 6ª D sur hasta la Avenida Boyacá, así como en las zonas Centro, Kennedy, 20 de Julio, San Victorino y Plaza de las Américas.

Señala que dichos vendedores impiden el disfrute del espacio público a los transeúntes del sector al comerciar todo tipo de mercancía en las calles y andenes de la capital.

Sostiene que la presencia de vendedores informales favorece la competencia desleal, frente a aquellos que venden legalmente mercancías, pues comercializan bienes piratas que venden a precios más bajos.

Indica que algunos vendedores informales utilizan pipetas de gas propano para preparar alimentos generando un riesgo para los transeúntes del sector.

El actor solicita que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

3.1. La Secretaría de Gobierno de Bogotá se opuso a las pretensiones de la demanda y afirmó que el actor no precisó las condiciones de tiempo, modo y lugar, en donde se presenta la invasión del espacio público.

Señaló que no es posible restituir y recuperar el espacio público en los diez días que pretende el actor, pues en virtud de lo dispuesto en la sentencia T-772 de 2003, se debe garantizar la protección de los derechos fundamentales de los vendedores informales, antes de adelantar acciones que permitan recuperar el espacio público.

Argumentó que el Distrito viene implementando, conforme a lo dispuesto en el Decreto 098 de 2004⁹⁶, programas de reubicación para vendedores informales.

Consideró que no debe otorgarse un incentivo económico al actor, debido a éste no especificó las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se ha visto afectado el espacio público, ni acudió previamente a las autoridades policivas y administrativas, con la finalidad de dar solución pacífica al problema.

Indicó que la invasión al espacio público no se presenta en todo Bogotá, y que existen zonas que han venido recuperando, tal y como se puede constatar en la Resolución 291 de 2004 (26 de noviembre)⁹⁷.

3.2 La Defensoría del Espacio Público sostuvo que ha adelantando campañas para preservar el espacio público, y ha realizado capacitaciones a las Alcaldías Locales y a las autoridades de Policía, respecto de los procedimientos, que según lo dispuesto en los Decretos 462⁹⁸ y 463⁹⁹ de 2003, deben adelantarse para recuperar este espacio.

Indicó que ha celebrado múltiples reuniones con el Comité Distrital de Vendedores Ambulantes, para llegar a un acuerdo que permita conciliar su derecho al trabajo con el uso y goce del espacio público.

Argumentó que a través del Comité de Coordinación Interinstitucional para la Discusión, Manejo, Diseño y Coordinación de la Ejecución de Políticas Referidas al Espacio Público Ocupado, se han adelantado varios trabajos, como lo son el documento "Recomendaciones, Consensos, Disensos y Acuerdos Espacio Público Vendedores Ambulantes", que busca dar una solución a la problemática de invasión al espacio público por parte de vendedores ambulantes.

Adujo que no es competente para adoptar medidas coercitivas que permitan recuperar el espacio público, y agregó que sólo le compete asesorar técnicamente a las Alcaldías Locales, para llevar a cabo operaciones administrativas, tendientes a recuperar el espacio público.

Consideró que no debía otorgarse un incentivo al actor, debido a que la recuperación del espacio público no se está logrando por la interposición de la presente acción popular, sino en virtud de varias acciones administrativas que con anterioridad ha venido adelantando.

3.3 La Alcaldía Local de Kennedy afirmó que viene realizando distintas labores para restituir el espacio público invadido por los vendedores informales, siguiendo los parámetros instituidos para tal efecto por la Corte Constitucional.

Señaló que hasta septiembre de 2003 realizó, en coordinación con la Estación Octava de Policía, operativos de recuperación del espacio público, en los cuales se retiraron vendedores informales de que invadían los andenes de la localidad.

Indicó que suspendió los operativos de recuperación del espacio público, pues la Corte Constitucional, en la sentencia T-772 de 2003, determinó que debían revisarse los procedimientos de recuperación del espacio público, con miras a garantizar el derecho al trabajo de los vendedores informales.

Manifestó que celebró el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No 010 de 2003 con el Fondo de Ventas Populares, con el objeto de reubicar y/o formalizar a 300 vendedores que ocupaban ilegalmente el espacio público del sector aledaño al Centro Comercial Plaza de las Américas.

El 30 de noviembre de 2004, el señor Jairo Alexander Cancino Arteaga, en nombre propio, entabló acción popular contra la Alcaldía Local de Santa Fe, la Alcaldía Local de La Candelaria y la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para reclamar la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas y los derechos de los consumidores y usuarios; que estimó vulnerados debido a que varios vendedores ambulantes y empresas de transporte, ocupan indebidamente el espacio público ubicado en la Calle 19, entre Carreras 3ª y 14; Carrera 7ª, entre Calles 11 y 34; Calle 24, entre Carreras 6ª y 7ª; Calle 16, entre Carreras 7ª y 9ª; y Carrera 10ª, entre Calles 14 y 19; y porque los primeros comercializan distintos productos en condiciones de insalubridad.

El demandante manifiesta que desde septiembre del año 2003, varios vendedores ambulantes ocupan ilegalmente los andenes de la Calle 19, entre Carreras 3ª y 14; Carrera 7ª, entre Calles 11 y 34; Calle 24, entre Carreras 6ª y 7ª; Calle 14, entre Carreras 7ª y 9ª; y Carrera 10ª, entre Calles 14 y 19.

Alega que varias empresas de transporte utilizan como parqueadero de sus buses la Calle 19, entre Carreras 3ª y 7ª.

Asevera que los vendedores informales vulneran el medio ambiente sano, pues generan ruido constante a niveles intolerables, fétidos olores producto de la preparación de alimentos, y manejan inadecuadamente los residuos sólidos que producen.

Señala que dichos vendedores impiden el disfrute del espacio público a los transeúntes del sector, al comerciar todo tipo de mercancía en las calles y andenes de la capital.

Sostiene que la presencia de vendedores informales favorece la competencia desleal, frente a aquellos que venden legalmente mercancías.

El actor solicita que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

3.1 La Alcaldía Local de Santa Fe afirmó que aun existen vendedores ambulantes en la localidad, debido a que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-772 de 2003, estableció que debían crearse alternativas económicas de subsistencia viable para dichas personas, antes de retirarlos del espacio público.

Adujó que mediante Resolución No 04 de 2004 (11 de febrero)¹⁰⁰ ordenó la recuperación del espacio público ocupado por los vendedores informales de la localidad.

Indicó que realizó operativos de control higiénico, junto con el Hospital Centro Oriente y la Policía Metropolitana, para establecer los niveles de salubridad de los alimentos vendidos por los vendedores ambulantes.

Argumentó que realizó operativos de recuperación del espacio público, junto con la Secretaría de Tránsito, para sancionar a aquellas personas que utilizan las calles de la localidad como parqueaderos.

Señaló que el 1º de septiembre de 2004 realizó un operativo de intervención institucional, y consiguió restituir el espacio público ubicado en la Calle 10ª, entre Carreras 10ª y 13; Carrera 11, entre Calles 9ª y 10ª; Carreras 10ª y Caracas, entre la Calle 10ª y la Avenida Jiménez; Carrera 10ª con Calle 14; y Carrera 10ª con Calle 22.

3.2 La Alcaldía Local de La Candelaria precisó que sólo es competente para recuperar el espacio público ubicado en la Carrera 7ª, entre la Calle 11 y la Avenida Jiménez, y en el paso peatonal de la Calle 14, entre Carreras 7ª y 9ª.

Afirmó que la presencia de vendedores ambulantes se debe a la mala comprensión que los mismos hicieron de la sentencia T-772 de 2003, proferida por la Corte Constitucional.

Indicó que mediante los Decretos 462 de 2003¹⁰¹ y 098 de 2004¹⁰², reguló los procedimientos de recuperación del espacio público, y creó una mesa de trabajo y un Comité Interinstitucional con participación de los vendedores informales.

3.3 La Secretaría de Transito y Transporte de Bogotá afirmó que varios operativos para impedir que los vehículos se estacionen sobre los andenes y vías públicas de la localidad.

Señaló que ha asignado agentes de tránsito para garantizar que no se cometan infracciones de tránsito en el sector.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estimó parcialmente las pretensiones de las demandas, pues consideró que los derechos al uso, goce y disfrute del espacio público, se estaban violando con la ocupación irregular que de éste hacían los vendedores ambulantes en Bogotá.

Indicó que es competente para conocer de las demandas por el fuero de atracción, comoquiera que existe una relación jurídico procesal en la que se demanda a más de una entidad pública, y porque el artículo 15¹⁰³ de la Ley 472 de 1998 le confiere dicha facultad.

Manifestó que no existe cosa juzgada, habida cuenta de que la acción popular 2003-02531, fallada el 25 de noviembre de 2004 por la Sección Primera del mismo Tribunal, tenía una causa y un objeto distinto al de las demandas acumuladas al presente proceso, pues versaba sobre la protección del espacio público ubicado entre la Avenida Primera de Mayo y el Centro Comercial Plaza de las Américas; porque la sentencia T 025 de 2004 proferida por la Corte Constitucional, fue fallada dentro de un proceso de acción de tutela, el cual estudió el amparo de derechos fundamentales y no colectivos; y porque esa excepción se predica al comparar providencias judiciales y no, como lo expuso LOTERÍA DE BOGOTÁ, una sentencia con actos administrativos.

Sostuvo que no es necesario agotar ningún mecanismo para interponer una acción popular, que cualquier persona puede interponer este tipo de acción en procura de obtener la protección de derechos colectivos y que era procedente la acumulación de procesos.

Afirmó que la Alcaldía Mayor de Bogotá y las Alcaldías Locales, son las entidades competentes para proteger el espacio público, y que la Defensoría del Espacio Público, entre otras, es la encargada de administrarlo.

Estimó que había legitimación en la causa por pasiva, debido a que encontró probado un "cúmulo de responsabilidades de orden legal, y competencias en relación con las pretensiones de la demanda".

Expuso múltiple jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que se ha conciliado el derecho colectivo al espacio público con el derecho al trabajo.

Adujo que las medidas que permitan dar una solución a la problemática de invasión del espacio público, debían garantizar que no se viera violado el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes, pues en un Estado Social de Derecho no se puede desproteger a quienes han emprendido actividades bajo el amparo de la confianza legítima.

Empero, afirmó que los vendedores ambulantes no podían oponerse a acatar las órdenes, ni a recibir las ayudas económicas del Gobierno, como lo son la reubicación de sus puestos de trabajo, so pretexto de encontrarse amparados por la confianza legítima.

Señaló como obligaciones radicadas en cabeza de los particulares y de las distintas autoridades públicas, las siguientes:

Sostuvo que la labor de despejar el espacio público es prácticamente imposible, debido a que diariamente un mayor número de personas lo ocupa para vender productos, habida cuenta de que esa ha sido la única manera en que muchas personas logran conseguir el sustento diario.

Indicó que el Fondo de Ventas Populares debía, por medio de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor, poner en marcha un programa en cada localidad de la capital, para censar y expedir carnés a los vendedores ambulantes, a fin de identificar plenamente dicho grupo, e impedir el ingreso de mas personas al mismo.

Manifestó que las empresas del sector privado debían construir casetas y surtir de productos a los vendedores ambulantes, para colaborar en la organización de la población de vendedores ambulantes de la ciudad, pues son responsables de la invasión al espacio público en la medida en que se beneficiaban indirectamente de las ventas que de sus productos ellos realizan.

Afirmó que las Alcaldías Locales no impiden la migración de vendedores ambulantes, de una localidad a otra, pues han faltado a su deber de colaborar con el Fondo de Ventas Populares, entregándole información sobre la cantidad de personas que se dedican a este trabajo en cada sector de Bogotá.

Consideró que la Defensoría del Espacio Público cumplió cabalmente con sus obligaciones, en defensa del espacio público, pues constató que recuperó una gran cantidad espacio público invadido.

Aseveró que las políticas trazadas por la administración distrital han sido ineficaces para salvaguardar el espacio público y disminuir la cantidad de vendedores ambulantes de la ciudad, pues advirtió un constante incremento de las ventas ambulantes en la capital, y una omisión en la coordinación de gestiones concretas que permitieran contrarestar la situación presentada.

Sostuvo que mediante el Decreto 215 de 2005, la Alcaldía Mayor adoptó el "PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO", que establece medidas para la recuperación del espacio público.

Indicó que la Alcaldía Mayor, en coordinación con las Alcaldías Locales, debía reubicar a los vendedores ambulantes, a fin de que pudieran comerciar sus productos en zonas donde no se viera comprometido el espacio público.

Consideró que los vendedores de lotería, los voceadores de prensa y los lustrabotas no violaban el derecho colectivo al espacio público, habida cuenta de que "la labor que desempeñan se encuentra cobijada por el principio de confianza legítima, dada la antigüedad de su trabajo…".

Manifestó que los buses parqueados en la avenida 19, entre carreras 3 y 7, violan los derechos colectivos invocados, pues se parquean en zonas prohibidas que hacen parte del espacio público. Empero, se abstuvo de condenar a la Secretaría de Movilidad, debido a que se probó que dichos hechos ya no ocurren, y que la entidad ha adoptado las medidas policivas y administrativas necesarias para evitar que ello se repita.

Estimó que las autoridades distritales han adelantado actuaciones para prevenir la proliferación de piratería, pues han incautado obras y artículos que violan los derechos de autor y de propiedad intelectual.

Consideró necesario que el Fondo de Ventas Populares realice programas que le permitan a los vendedores ambulantes reemplazar la actividad que desempeñan por otras que cumplan íntegramente con los requisitos de una actividad legal.

Dispuso en la parte resolutiva:

DÉCIMO QUINTO: FÍJASE como incentivo, la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de los señores accionantes, -ÁNGELA LOZADA DE LA CRUZ, ROBERTO RAMÍREZ ROJAS, ROBERTH LESMES ORJUELA Y DANNY DANIEL JIMÉNEZ SUÁREZ, que correrán a cargo del DISTRITO CAPITAL."

3.1. COMCEL S.A.¹⁰⁴ y FRITO LAY COLOMBIA LTDA¹⁰⁵ impugnaron la decisión, alegando que el Tribunal desconoció hechos y pruebas del proceso que lo hubieran llevado a fallar de una manera distinta.

Indicaron que el a quo no se pronunció respecto de las excepciones propuestas por las entidades demandadas.

Manifestaron que el material probatorio allegado al proceso da fe de que no violan los derechos colectivos invocados.

Calificaron la sentencia de incongruente, pues en la parte motiva reconoció la imposibilidad de atribuir responsabilidad a las entidades productoras de los bienes que venden los vendedores ambulantes, y en la resolutiva ordenó a todas las entidades demandadas "seguir las directrices trazadas en la parte motiva de la sentencia".

Sostuvieron que debía reconsiderarse el numeral 10 de la sentencia apelada, pues no encuentran lógico que se ordene al Distrito Capital iniciar las gestiones que permitan realizar una alianza con "todas las empresas cuyos productos se comercializan en el espacio público", para que "tengan en cuenta a los vendedores informales a efectos de ser vinculados laboralmente con ellas".

3.2. DISTRIBUIDORAS UNIDAS S.A. y EDITORIAL TELEVISA COLOMBIA S.A.106, dentro del término señalado en el artículo 353 del Código de Procedimiento Civil, se adhirieron a la apelación presentada por COMCEL S.A..

3.3. CHICLE ADAMS S.A.¹⁰⁷ reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, en los alegatos de conclusión y en las apelaciones de COMCEL S.A. y FRITO LAY COLOMBIA LTDA.

Enfatizó en que existe falta de jurisdicción, habida cuenta de que es una entidad de carácter privado.

Sostuvo que la sentencia es incongruente, pues omitió referirse expresamente a las excepciones propuesta, referidas a la "carencia de acción, carencia de causa, inexistencia de obligación y falta de jurisdicción".

Indicó que no debió impartírsele las órdenes de iniciar campañas publicitarias que comuniquen la "existencia de nuevos recintos comerciales en que serán reubicados los vendedores ambulantes" y de tener "en cuenta a los vendedores informales a efectos de ser vinculados laboralmente" con la empresa, pues ello atenta contra la libertad de asociación y contratación, económica y de empresa.

3.4. BRITISH AMERICAN TOBACCO LTDA.¹⁰⁸ reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión.

Tachó la sentencia de incongruente, por no especificar las zonas dentro de las cuales se ordena el amparo de los derechos colectivos invocados.

Resaltó que no podía verse afectada con las órdenes impartidas en la sentencia, debido a que no ha violado derechos colectivos y no incentiva las ventas ambulantes ni la ocupación ilegal del espacio público.

Indicó que los vendedores ambulantes no pueden comercializar en unidades sus productos, pues de conformidad con lo establecido en artículo 3 de la Ley 1335 de 2009¹⁰⁹, "partir de los dos (2) años siguientes a la vigencia de la presente ley se prohíbe la venta por unidad de productos de tabaco o sus derivados."

Sostuvo que no debió impartírsele la orden de tener "en cuenta a los vendedores informales a efectos de ser vinculados laboralmente" en la entidad, pues ello atenta contra la libertad de empresa.

3.5. La DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO¹¹⁰ reiteró los argumentos expuestos en la contestación y en los alegatos de conclusión.

Manifestó que la sentencia no podía contrariar lo dispuesto en el Código de Policía, al regular indebidamente la manera en que debía incautarse la mercancía de los vendedores ambulantes.

Sostuvo que no debió ordenarse la realización de un censo, la carnetización y la entrega de uniformes a vendedores ambulantes, pues ello atenta contra la confianza legítima depositada en otros vendedores irregulares que no puedan llegar a gozar de este privilegio.

Consideró que las órdenes impartidas a las empresas del sector privado son ambiguas y contrarias al deber que tienen de responder socialmente por el beneficio indirecto que reciben de la venta irregular de sus productos.

3.6. La ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ¹¹¹ manifestó que el Tribunal desconoció las acciones que ha adelantado con el fin de garantizar el uso y goce del espacio público.

Indicó que para dar solución a la referida problemática, expidió los Decretos Distritales 463 de 2003¹¹², 98 de 2004¹¹³, 215 de 2005¹¹⁴, y 419 de 2006¹¹⁵, entre otros.

Sostuvo que el Tribunal no debió ordenar a los Alcaldes Locales realizar un registro especial de vendedores ambulantes, habida cuenta que dicha competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79¹¹⁶ del Acuerdo 257 de 2006¹¹⁷, es del Instituto para la Economía Social – IPES.

Indicó que el a quo no debió ordenar el suministro de uniformes y carnés a los vendedores ambulantes, porque ello beneficia a muchas personas que recientemente se han instalado en las calles y andenes de la ciudad para realizar ventas ambulantes, y que no gozan de una verdadera confianza legítima.

Afirmó que no debió ordenarse la incautación de mercancía de vendedores ambulantes que se ubiquen en espacio público que ha sido recuperado, habida cuenta de que dicho procedimiento se encuentra regulado en el Acuerdo 79 de 2003²¹⁸, en el Código de Procedimiento Penal y en el Decreto 98 de 2004.

Consideró que la orden impartida en el numeral 5° de la sentencia es innecesaria, en cuanto determina que debe adelantarse una campaña de concientización local sobre el uso del espacio público, estando dicha actividad regulada en el Decreto 98 de 2004.

Manifestó que el término fijado por el Tribunal para cumplir la sentencia es muy corto, porque la recuperación del espacio público es un problema complejo que requiere de múltiples tareas para poder darle una satisfactoria solución.

Indicó que no debió ordenársele implementar una política especial para mitigar el impacto negativo que genera la venta de reproducciones ilegales en el espacio público, pues esa conducta se encuentra claramente tipificada como delito en el artículo 271¹¹⁹ del Código Penal.

Estimó que no debía otorgarse un incentivo a los demandantes, porque la Ley 1425 de 2010 derogó los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, que consagraban dicho estimulo.

Consideró que debió ordenársele a los particulares mayor contribución en la problemática de invasión al espacio público.

3.7. El FONDO DE VENTAS POPULARES¹²⁰ solicitó no exigir a los vendedores ambulantes el uso de chalecos o uniformes distintivos, ni carnetizarlos, pues ello los podría hacer creer que deben ser beneficiarios de todos los programas que adelanta la entidad.

Consideró utópico que el Tribunal hubiera ordenado adelantar todas las gestiones necesarias para dar una solución definitiva a la problemática, pues las condiciones actuales del país difícilmente permiten concebir una realidad en tal sentido.

Solicitó revocar el numeral 12 de la sentencia, pues nunca se ha considerado a los voceadores de prensa, loteros y lustrabotas como vendedores ambulantes.

3.8. La RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL¹²¹ manifestó que no debió declarársele culpable de la violación de derechos colectivos, pues no es competente para proteger el espacio público y porque no se allegó prueba en tal sentido.

Indicó que debió realizarse un análisis probatorio mas estricto, pues no necesariamente todos los vendedores ambulantes son personas desplazadas.

3.9. COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES¹²² manifestó que no ha violado los derechos colectivos invocados, pues no incentiva las ventas ambulantes ni la invasión al espacio público.

3.10. MOVISTAR¹²³ manifestó que no podía endilgársele responsabilidad, pues la protección del espacio público le compete a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a las Alcaldías Locales.

Indicó que debía revocarse la sentencia apelada, pues no se probó que violara derechos colectivos.

3.11. PHILP MORRIS DE COLOMBIA S.A.¹²⁴ y la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.¹²⁵ manifestaron que no patrocinan las ventas ambulantes de cigarrillos y que no podía endilgárseles responsabilidad por el sólo hecho de que los vendedores ambulantes comercializaran sus productos.

Solicitaron condenar únicamente a las Alcaldías Locales, pues ellas son las entidades responsables de garantizar que el espacio público no vaya a ser invadido.

4.1. FRITO LAY COLOMBIA LTDA¹²⁶, la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ¹²⁷, BRITISH AMERICAN TOBACCO LTDA¹²⁸, COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES¹²⁹ reiteraron los argumentos expuestos en su impugnación.

4.2. La DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO¹³⁰ reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Adicionalmente, solicitó negar el incentivo a los actores populares, argumentando que dicho estímulo fue derogado mediante la Ley 1425 de 2010.

4.3. COMESTIBLES ITALO S.A.¹³¹ manifestó que no comercializa sus productos a través de vendedores ambulantes. En este sentido, puso de presente que únicamente hace distribución directa o mediante intermediarios, que tienen a su disposición establecimientos de comercio, que cumplen íntegramente con la normativa para vender legalmente sus productos.

Sostuvo que no podía condenársele por la violación de derechos colectivos, pues no es la entidad responsable de velar por la debida utilización del espacio público.

4.4. El Procurador Cuarto¹³² y el Procurador Séptimo¹³³, delegados ante esta Corporación, se encontraron de acuerdo con la sentencia apelada en cuanto amparó los derechos colectivos invocados. Sin embargo, consideraron que debían revocarse los numerales 10° y 15 de dicha providencia, pues no se probó la violación de derechos colectivos por parte de las empresas privadas, y porque existen pruebas que permiten establecer que desde antes de que se interpusieran las acciones populares la administración había comenzado a adelantar una política de recuperación y preservación del espacio publico.

Adicionalmente solicitaron aclarar el numeral 5° de la sentencia, en el sentido de establecer que para llevar a cabo el procedimiento de recuperación de mercancía se deben respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la materia.

El artículo 88 de la Constitución Política dispone:

En desarrollo de este precepto constitucional se expidió la Ley 472 de 1998 (25 de agosto) cuyo artículo 2° define las acciones populares así:

Ahora, en el caso que nos ocupa, los derechos cuyo amparo se pretende son, ciertamente, derechos colectivos, contemplados en los literales a), b), d), e), g), m) y n) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 y, en consecuencia, susceptibles de protección mediante la interposición de la acción popular.

En el presente caso, los actores pretenden que se amparen los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la moralidad administrativa, al goce del espacio público y la defensa de los bienes de uso público, a la defensa del patrimonio público, a la seguridad y salubridad públicas, a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respectando las disposiciones jurídicas de manear ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, y a los derechos de los consumidores y usuarios; porque en varios sectores de la Capital, múltiples vendedores informales estacionarios, semi-estacionarios y ambulantes invaden irregularmente el espacio público y comercializan bienes piratas.

Del material probatorio se destacan:

* Noventa y dos (92) fotografías, sin fecha ni hora, en las que se observa que varios vendedores ambulantes ocupan los andenes ubicados en la carrera 7ª, a la altura de la calle 14¹³⁴; en la carrera 51, a la altura de la calle 44¹³⁵; en la carrera 7ª, entre calles 19 y 24¹³⁶; en la carrera 71D con calle 6ª sur¹³⁷; en la carrera 7ª, entre calles 14 y 17¹³⁸; en la carrera 10ª, entre calles 10ª y 20¹³⁹; en la calle 14, entre carreras 7ª y 9ª¹⁴⁰; en las calles 7ª a 10ª, desde la carrera 19 a la 24 (sector San Andresito de San José)¹⁴¹; y en la avenida Jiménez, entre carreras 3ª y 14¹⁴².

* Un (1) plano "de georeferenciación de las ventas ambulantes", sin fecha, elaborado por la Secretaría de Gobierno de la Candelaria, en el que se observa que vendedores ambulantes ocupan espacio público en la carrera 10ª, entre la calle 10ª y la avenida Jiménez; y entre la calle 11 y la avenida Jiménez, a la altura de las carreras 5ª y 10ª¹⁴³.

* Copia del derecho de petición dirigido por Roberto Ramírez Rojas al Alcalde Mayor de Bogotá, sin fecha, en el que solicita recuperar el espacio público invadido en las carreras 7ª y 10ª, entre la avenida Jiménez y calle 39; y en la avenida 19, entre la carrera 3 y la avenida Caracas. Se destaca:

* Copia del Proyecto presentado por el "Comité de Representantes de los Vendedores Ambulantes y Estacionarios para la Concertación de Políticas, Programas y Proyectos en Espacio Público", sin fecha, en el que proponen crear un fondo de ahorro, áreas peatonalizadas para el desarrollo de diferentes actividades, y promover la economía informal con desarrollo, para dar solución a la problemática de invasión al espacio público.¹⁴⁵

* Copia del Contrato de "distribución, venta y pago de lotería", sin fecha, celebrado entre Sorteo Extraordinario de Colombia LTDA. y sus distribuidores, con el objeto de adquirir y vender billetes de lotería. Se destaca:

* Copia del "Manual para Distribuidores de la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana", sin fecha, en el cual se indica que los billetes de lotería deben ser comercializados dentro del departamento donde se encuentra ubicada la oficina distribuidora. Se destaca:

* Copia del Oficio dirigido el 6 de mayo de 2004 por la Gerente del periódico El Espacio a Comunican S.A., en el que pone de presente las condiciones en las que se puede distribuir el periódico. Se destaca:

* Copia del "Pacto de Cumplimiento para el uso regulado y ordenado del espacio público en la localidad de Santa Fe", realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Gobierno, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, el Fondo de Ventas Populares y la Alcaldía Local de Santa Fe, sin fecha, en el que se ponen de presente los compromisos de los vendedores ambulantes para el uso regulado y ordenado del espacio público. Se destaca:

7.7 Cuidar el patrimonio urbanístico y arquitectónico del sector."¹⁴⁹ (Se destaca)

* Copia del artículo "El Ping Pong de las ventas", sin fecha, publicado en el periódico El Espectador, en el que se advierte que es lamentable la situación que padecen los vendedores ambulantes a causa de la falta de apoyo de la administración para legalizar la actividad que realizan. Se destaca:

* Copia del documento "Hacia una nueva visión del espacio público", sin fecha, elaborado por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el que señala qué parámetros deben seguirse para celebrar "pactos de cumplimiento" entre comités interinstitucionales y vendedores informales. Se destaca:

* Copia del Informe Actual de Ocupación de la Manzana 22, Proyecto San Martin y Navarro, elaborado por el Instituto para la Economía Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, sin fecha, en el que pone de presente la situación de ventas ambulantes en el sector de San Victorino. Se destaca:

* Presentación de Power Point elaborada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, sin fecha, en la que se resalta la importancia de la Sentencia T-772 de 2003, para solucionar la problemática de invasión al espacio público.¹⁵³

* Copia del "Informe de Acciones Interinstitucionales Desarrolladas en el Plan de Acción para Recuperar Diversos Sectores de la Localidad para la Comunidad", sin fecha, presentado por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Local de los Mártires, en el que se describen diferentes acciones que se han adelantado en el sector de San Andresito San José, para recuperar el espacio público. Se destaca:

A raíz de los operativos se llevaron a cabo reuniones con los informales los días: 24 de octubre, 25 de octubre, 16 de noviembre, 19 de noviembre y 26 de noviembre del presente año, en donde surgieron algunas propuestas de ubicación en diferentes inmuebles del sector por parte de la asociación AGUIA, asociación que agrupa un número importante de vendedores informales y con los cuales se venía trabajando desde la etapa preventiva, pudiéndose concretar el pasado 26 de noviembre el arrendamiento de un inmueble ubicado en la carrera 23 No 9-61, de propiedad del señor Raúl Carrillo, por un valor de arrendamiento de la temporada navideña de 6.000.000, para un cupo de 270 vendedores, valor que fue subsidiado con el 25%, es decir, la suma de 1.500.000 por el Fondo de Ventas Populares, pagando los vendedores informales un total de 4.500.000, y para las adecuaciones la Alcaldía gestionó la entrega de pintura necesaria para su adecuación y la vigilancia privada con los comerciantes del sector." ¹⁵⁴

* Copia del volante "recuperemos el espacio público", sin fecha, impreso por el "Equipo de Gestión Local los Mártires, Proyecto Misión Bogotá", en el que se plantean alternativas para que los vendedores ambulantes dejen de invadir el espacio público. Se destaca:

La decisión es suya". ¹⁵⁵

* Copia del auto proferido el 20 de noviembre de 1998, por la Sala Administrativa del Consejo de Justicia de Santa Fe de Bogotá, en el que se aclara el numeral primero de la Resolución No. 067 A.J., expedida por la Alcaldía Local de Santa Fe, por la cual se ordena la restitución del espacio público ubicado en varios sectores de la localidad. Se destaca:

* Copia del acta de reunión de coordinación para el operativo de San Andresito de San José – Alcaldía Local de Mártires, de 12 de septiembre de 2001, suscrita por la Alcaldía Local, las diferentes autoridades policivas y los comerciantes del sector, en la que se acuerdan compromisos por parte de las entidades para recuperar el espacio público. Se destaca:

- Implementar el alumbrado público en el sector (a través de comerciantes y CODENSA)". ¹⁵⁷

* Copia del acta de reunión de vendedores ambulantes de San Andresito San José, celebrada el 25 de octubre del 2001, suscrita por el Alcalde Local, la Coordinadora de Gestión Jurídica, abogados del Fondo de Ventas Populares, el Personero Local y un grupo de vendedores ambulantes, en la cual se busca llegar a un acuerdo para la reubicación de los vendedores en el parqueadero JB, ubicado en la Calle 10ª No 21-59. Se destaca:

En consecuencia, los delegados de los vendedores ambulantes que asisten a esta reunión se comprometen a celebrar una asamblea con todos los interesados, e informar su decisión a la Alcaldía y Fondo de Ventas Populares para adelantar la negociación, definiendo así mismo el listado de 400 personas que firmen el compromiso de ocupar el sitio asignado, y se obliguen a pagar el canon de arrendamiento para efectuar la negociación con el Fondo de Ventas Populares, informándoles que su ubicación se daría en el término de dos o tres días".¹⁵⁸

* Copia simple del oficio No 413, de 26 de noviembre de 2001, dirigido por el Comandante del Área Siete de la Policía Metropolitana de Bogotá al Alcalde Local de los Mártires, mediante el cual informa que se tienen asignados dos Policías de tránsito en el sector de San Andresito, con el fin de evitar que los vehículos se estacionen en el sector. ¹⁵⁹

* Copia del informe de intervención a San Andresito San José, elaborado el 9 de abril de 2002 por el Equipo de Gestión local de Los Mártires, Proyecto Misión Bogotá, en el que señala las estrategias de intervención para solucionar la problemática de la ocupación del espacio público. Se destaca:

Finalmente proponen reuniones donde puedan plantear sus expectativas y puntos de vista, hallando soluciones conjuntas con la Alcaldía Local y las demás entidades involucradas". ¹⁶⁰

* Circular dirigida el 2 de diciembre de 2002, por el Presidente de Comcel S.A., a los distribuidores mayoristas, en la que pone de presente la prohibición de utilizar la marca, enseña, signos y demás distintivos de Comcel S.A., en uniformes, chalecos, gorras, o cualquier otro elemento utilizado por vendedores ambulantes. Se destaca:

* Circular dirigida el 13 de diciembre de 2002, por la Dirección de Productos Prepagados de Comcel S.A., a los distribuidores mayoristas de la tarjeta amigo, en la que pone de presente que no se autoriza la venta de dicho producto en calles, o a través de vendedores ambulantes. Se destaca:

* Copia de la sentencia T-772 de 2003, proferida por la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, el 4 de septiembre de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, en la que se ordena al Gerente del Fondo de Ventas Populares que otorgue a los representantes de los vendedores informales la oportunidad de participar activamente en los procesos de evaluación y seguimiento de las políticas de recuperación del espacio público. Se destaca:

* Copia del oficio 931, de 23 de septiembre de 2003, dirigido por el Comandante del Grupo Espacio Público al Alcalde Local de Santa Fe, mediante el cual informa sobre la realización de 550 operaciones de incautación de mercancías, sin señalar de que clase, en San Victorino y entre las carreras 7ª y 13 y calles 19 y 26.¹⁶⁴

* Nueve (9) oficios, dirigidos respectivamente el 9 y 26 de junio; 3, 17 y 22 de julio; 8 y 21 de agosto; y 4 y 10 de noviembre, todos del 2003, por la Alcaldesa Local de la Candelaria, al Teniente Coronel Comandante del Espacio Público de la Policía Metropolitana de Bogotá, en los que solicita realizar operativos de recuperación del espacio público en la localidad. Se destaca:

* Copias de los oficios No. 439, 570, 653, 685, 746, 933 y 1010, de 28 de mayo, 1°, 10, y 21 de julio, 7 de agosto, 23 de septiembre y 16 de octubre, todos de 2003, en los que se informa sobre 179 actas de incautación, levantadas en operativos de recuperación y mantenimiento del espacio público, realizados en la localidad de Santa Fe. ¹⁶⁶

* Copia del Registro de Actas de Incautación Realizadas Durante el año 2003 en San Andresito San José, por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá Área de Servicios Especializados, en el que se observa que se levantaron 241 actas de incautación entre las calles 9ª y 13 y las carreras 19 a 24. ¹⁶⁷

* Copia del contrato de distribución de lotería, de 30 enero de 2004, suscrito entre la Lotería de Cundinamarca y sus distribuidores, en el que consta que su objeto es la adquisición lotería y para su posterior distribución. Se destaca:

* Copia del Plan 007 / COPER-C-252, de apoyo a la Administración Distrital para la recuperación y control del espacio público y bienes de uso público, de 2 de febrero de 2004, implementado por la Policía Metropolitana de Bogotá, en el que señala el procedimiento de la Policía para recuperar el espacio público. Se destaca:

* Resolución No 013 de 2004 (3 de febrero), mediante la cual la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía Local de Los Mártires ordenó recuperar el espacio público de varias áreas de la localidad. Se destaca:

8. Calle 11, entre Carreras 14 y 15" ¹⁷⁰

* Copia de la Resolución No 04 de 2004 (11 de febrero), mediante la cual la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía Local de Santa Fe ordena a la Policía Nacional recuperar varios sectores que conforman el espacio público de la localidad. Se destaca:

Segundo: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Policía Nacional, que una vez vencido el término de los diez (10) días de que trata la parte motiva de esta Resolución, proceda a recuperar el espacio público antes señalado". ¹⁷¹

* Copia de los oficio 2004IE867 y 2004IE868, ambos de 12 de febrero de 2004, dirigidos por el Subdirector de Registro Inmobiliario a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Defensoría del Espacio Público, mediante los cuales informa sobre la presencia de algunos vendedores ambulantes en las calles 10ª a 14, desde la carrera 19 hasta la 24; y en ambos costados de la Av. calle 19, entre carreras 3ª y 15.¹⁷²

* Ocho (8) fotografías de 17 de febrero de 2004, en las que se observa que no hay vendedores ambulantes en el sector de San Andresito San José.¹⁷³

* Oficio 200SRI de 23 de febrero de 2004, dirigido por el Subdirector de Registro Inmobiliario de la Defensoría del Espacio Público a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la misma entidad, en el que señala que en la carrera 7ª, entre calles 6ª y 24, varios vendedores ambulantes ocupan el espacio público. Se destaca:

* Copia de la Resolución A.J. 04 de 2004 (16 de febrero), mediante la cual la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Local de la Candelaria ordenó a la Policía Nacional recuperar el espacio público comprendido desde la Calle 10ª hasta la Av. Jiménez de Quesada (eje ambiental), y de la Carrera 10ª hasta la Av. Circunvalar. Se destaca:

* Oficio No. 202 COMAN – GRUEP, dirigido el 16 de febrero de 2004 por la Policía Metropolitana de Bogotá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que indica las actividades que ha venido adelantando para proteger el espacio público en la carrera 7ª, desde el Palacio de Nariño hasta la calle 24. Se destaca:

* Copia del articulo "La pesadilla del gurú de los ambulantes" publicado el viernes 27 de febrero de 2004 en el periódico Hoy, en el que se relata que las alternativas que da el Fondo de Ventas Populares a los vendedores ambulantes, no son viables. Se destaca:

(…) El 30 de octubre me llegó una carta en la que el Fondo de Ventas Populares me ofrecía cinco alternativas de reubicación ‹ninguna de los cuales contaba con los elementos para desempeñarse como vendedor de alimentos›. En ese momento realmente me sentí engañado y burlado. Paré la búsqueda y el 9 de enero volví a la calle."¹⁷⁷

* Copia de los oficios 2004IE1466 y 2004IE1467, ambos de 10 de marzo de 2004, dirigidos por el Subdirector de Registro Inmobiliario de la Defensoría del Espacio Público a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la misma entidad, mediante los cuales informa que vendedores ambulantes ocupan el espacio público en la carrera 10ª, entre calles 10 y 20¹⁷⁸; y en la calle 14, desde la carrera 7ª a la 9ª. ¹⁷⁹

* Copia del oficio No 2004ER6620, de 7 de mayo de 2004, dirigido por la Defensoría del Espacio Público al Capitán de la Policía Metropolitana de Bogotá, solicita desalojar a los vendedores ambulantes ubicados en rampas, accesos, y/o escaleras de los puentes peatonales y estaciones de Transmilenio. Se destaca:

Por las razones jurídicas y de conveniencia expresadas anteriormente, y atendiendo al pronunciamiento del Comité de Coordinación Interinstitucional del Espacio Público, esta entidad emite el presente concepto favorable, el cual respalda la acción de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el sentido de proceder al inmediato desalojo de los vendedores informales que se ubican en los accesos, rampas, y/o escaleras de los puentes peatonales y terminales de Transmilenio, bajo el entendido que dicho desalojo se hará efectivo aplicando los criterios de la disuasión y la concientización, y en todo caso evitando la confrontación."¹⁸⁰

* Copia del Oficio No. 1041 A.J. A.T.C., de 27 de mayo de 2004, dirigido por la Alcaldesa Local de Santa Fe al señor Dionisio Araujo Vélez, en el que manifiesta que no puede recuperar el espacio público de la avenida 19, la carrera 7ª y el sector de San Victorino, que se encuentra ubicado dentro de la localidad, habida cuenta de que no se han adelantado las actuaciones administrativas pertinentes para tal efecto. Se destaca:

* Copia del derecho de petición, elevado el 1 de junio de 2004 por los representantes de los vendedores ambulantes al Alcalde Mayor de Bogotá, en el que ponen de presente que el Comité Interinstitucional, encargado de ventas ambulantes, no ha desempeñado una buena labor, con el fin de brindarles apoyo en la búsqueda de alternativas laborales. Se destaca:

* Copia de la Resolución No 158 de 2004 (10 de junio), mediante la cual el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público adoptó el inventario de los espacios públicos recuperados y/o preservados, señalando como tales 29 sectores en la Localidad de Usaquén, 156 en la Localidad de Chapinero, 5 en la Localidad de Santa Fe, 11 en la Localidad de San Cristóbal, 13 en la Localidad de Usme, 4 en la Localidad de Tunjuelito, 11 en la Localidad de Bosa, 16 en la Localidad de Kennedy, 44 en la Localidad de Fontibon, 34 en la Localidad de Suba, 55 en la Localidad de Barrios Unidos, 27 en la Localidad de Teusaquillo, 12 en la Localidad Los Mártires, 13 en la Localidad de Antonio Nariño, 36 en la Localidad de Puente Aranda, 12 en la Localidad de Rafael Uribe y 5 en la Localidad de Ciudad Bolívar. ¹⁸³

* Doce (12) derechos de petición, de 17 de junio y 16 de septiembre, todos de 2004, presentados ante la Alcaldía de Santa Fe por los representantes del edificio Centro de Convenciones Cámara de Comercio de Bogotá, Centro Comercial Terraza, Foto Japón, la Asociación de Mercado San Alejo, Panamericana S.A., la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves, la Junta Administradora del edificio el Cid, y el Hotel San Francisco; en los que se solicitan recuperar el espacio público, invadido por vendedores ambulantes, y comprendido desde la calle 13 a la calle 26, por la carrera 7ª, y desde la Av. Caracas hasta la carrera 3ª, sobre la calle 19.¹⁸⁴

* Oficio No 1602, de 22 de junio de 2004, dirigido por el Comandante del Departamento de Policía de Bacata, Octava Estación de Kennedy, a la Alcaldesa Local de Kennedy, en el que pone de presente las actividades que la Policía realiza en la localidad para proteger el espacio público. Se destaca:

3. Cada comandante de CAI, lleva un registro fílmico de las acciones adelantadas, con la finalidad de [tener un registro de la] recuperación del espacio público en cada una de sus jurisdicciones." ¹⁸⁵

* Copia del "Documento de Recomendaciones Consensos, Disensos y Acuerdos, Espacio Público y Vendedores Ambulantes", de 30 de junio de 2004, suscrito por funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría General, el Departamento de Planeación Distrital, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD), el Fondo de Ventas Populares, la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP), la Policía Metropolitana de Bogotá, y sesenta representantes de las organizaciones de vendedores ambulantes, lideres ambulantes y artesanos; en el que convienen la implementación de políticas, con el fin de recuperar el espacio público y solucionar la situación de los vendedores informales. Se destaca:

* Dieciséis (16) fotografías de 30 de septiembre de 2004, en las que se observa que vendedores ambulantes ocupan el espacio público en la Av. calle 19, entre carreras 3ª y 14.¹⁸⁷

* Artículo "Piratas se le adelantan a Gabo", publicado el 15 de octubre de 2004 en el periódico El Tiempo, Sección Nación, en el que advierte que vendedores informales venden de manera ilegal el libro "memorias de mis putas tristes" en el semáforo ubicado en la carrera 7ª con calle 16. ¹⁸⁸

* Copia del documento "cuantificación de los vendedores informales en Bogotá D.C. a partir de la encuesta de calidad de vida 2003", de noviembre de 2004, elaborado por el Fondo de Ventas Populares, en el que se establece que existen alrededor de 90344 vendedores ambulantes en Bogotá¹⁸⁹.

* Copia del acta de reunión de la mesa de concertación celebrada entre la Alcaldía de la Candelaria y los vendedores ambulantes de la localidad, de 5 de noviembre de 2004, en establecen preacuerdos para recuperar progresivamente el espacio público. Se destaca:

- Participar en la evaluación económica de los vendedores informales registrados, con el fin de evaluar quiénes requieren de alternativas ofrecidas por el F.V.P. y otras entidades (Esto debido a que se han detectado múltiples casos de vendedores informales que no requerían de este apoyo y que tienen múltiples fuentes de recursos)

* Oficio No 2-2004-30780, de 9 de noviembre de 2004, dirigido por la Secretaría Distrital de Gobierno al Alcalde Mayor de Bogotá, mediante el cual se advierte que las actuaciones y operaciones adelantadas por la administración, para atender la problemática originada por la indebida ocupación del espacio público, han sido insuficientes. Se destaca:

"(…) III. Desarrollo del estado actual de las medidas adoptadas por las entidades Distritales encargadas del manejo del tema de espacio público.

(…) "²⁰⁹

* Edicto fijado el 23 de mayo de 2005 por la Gerente del Fondo de Ventas Populares, en el que notifica a los vendedores informales firmantes del pacto de cumplimiento de la Localidad de Santa Fe y a los vendedores informales de la Localidad de La Candelaria, que se ubican en la carrera séptima y están inscritos en la Casa del Vendedor Ambulante antes del 30 de noviembre de 2004, que se acerquen al Fondo para formalizar las alternativas productivas presentadas por el Distrito. Se destaca:

* Copia del Oficio GER- 2462-05, de 27 de mayo de 2005, dirigido por la Gerente General del Fondo de Ventas Populares al Tribunal Superior de Cundinamarca, en el que señala que los vendedores informales que necesitan atención inmediata son 2419.²¹¹

* Copia del documento "la situación de los vendedores informales y el diseño de la política del Fondo de Ventas Populares", de julio de 2005, elaborado por el Fondo de Ventas Populares, en el que señala las políticas que piensa adoptar para mejorar las condiciones de empleabilidad, potencial de autoempleo y desarrollo empresarial de los vendedores informales. Se destaca:

(…) Estos programas se desarrollan en asocio con las fundaciones y con el SENA, con las cuales el FVP ha suscrito contratos y convenios de capacitación dirigidos a generar unas competencias laborales especificas, esto es, habiliten al vendedor para desarrollar funciones propias de una ocupación. Para reducir la deserción de estos programas y en razón de que el 71% de los vendedores es jefe de familia, se implementó, durante el tiempo que dura la capacitación, un apoyo económico a la movilidad. Se busca con ello, mitigar el costo de oportunidad laboral por asistir a los cursos, que en promedio son de cuatro horas diarias" ²¹².

* Certificado expedido el 2 de agosto de 2005 por el Gerente Legal de Contratos de Movistar, en el que indica que sólo celebra contratos para el suministro y distribución de tarjetas prepagos con sociedades comerciales. Se destaca:

* Copia del Certificado expedido el 29 de agosto de 2005 por el representante legal de Cadbury Adams Colombia S.A., en el que certifica que la entidad sólo vende sus productos a personas jurídicas legalmente constituidas o a personas naturales que tengan establecimiento de comercio. ²¹⁴

* Copia de acta de operativos de control al espacio público, de 13 de enero de 2006, suscrita por el Coordinador del Grupo de Gestión Jurídica de la Alcaldía Local de la Candelaria y la Décimo Séptima Estación de Policía, mediante la cual dejan constancia del operativo de recuperación del espacio público llevado a cabo en la Avenida Jiménez con carreras 7ª, 8ª, 9ª y 10ª. Se destaca:

"(….)Se visitó la Av. Jiménez costado sur, carrera 7ª, los dos costados, carrera 8ª, carrera 9ª, carrera 10ª, costado oriental de esta Localidad; algunas de las personas que lo ocupaban salieron a correr al ver el camión, frente a ellos no se pudo hacer nada por falta de personal uniformado, con las demás personas se hicieron requerimientos verbales; otros fueron conducidos en el vehículo a la décimo séptima estación de policía, sitio en el cual los funcionarios de policía procedieron de acuerdo a lo establecido en las normas pertinentes". ²¹⁵

* Copia del "programa para la reubicación de vendedores ambulantes y estacionarios en la localidad", de 2006, implementado por la Oficina de Planeación del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, en el que se plantea reubicar cuarenta y cuatro (44) vendedores informales del sector. Se destaca:

6. Talleres de sensibilización ante el proceso de cambio" ²¹⁶.

* Copia de tres (3) actas de operativos de control al espacio público, del 1º, 2º y 22 de febrero de 2006, suscritas por el Coordinador del Grupo de Gestión Jurídica, la Personera de la Alcaldía Local de la Candelaria y la Policía Nacional, en las cuales indican que se han levantado 24 actas de incautación de mercancía a vendedores informales que se ubican en la plazoleta del Rosario y en la carrera 14, entre calles 7ª y 9ª²¹⁷.

* Copia del "Plan Integral para la Solución de la Problemática de la Venta Ambulante en la localidad de Santa Fe", Capitulo 13, Pacto de Cumplimiento, realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Fondo de Ventas Populares en marzo de 2006, en el que ponen de presente la situación jurídica en la que se encuentran varios vendedores ambulantes de la localidad. Se destaca:

(…)²¹⁸"

* Copia del documento "Zonas de Aprovechamiento Regulado - ZAR y Red Pública para la Prestación de Servicios al Usuario del espacio público – REDEP", elaborado el 26 de abril de 2006 por la Mesa Técnica de Apoyo del Plan Maestro de Espacio Público de la Alcaldía Local de Bogotá, en el que se explica el concepto, las características y la forma de utilizar las Zonas de Aprovechamiento Regulado. Se destaca:

-Administrada y regulada: Administración Distrital" ²¹⁹.

* Oficio dirigido el 19 de mayo de 2006 por la Asociación de Comerciantes Independientes de la Manzana 22 – ASOCIN M22-, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que ponen de presente las dificultades que se presentan en el sitio destinado para la reubicación denominado manzana 22. Se destaca:

* Copia del documento "Capacitación y Educación a los Vendedores Informales, y Análisis Estadístico de la Funcionalidad del Fondo de Ventas Populares", de 30 de mayo de 2006, realizado por el Fondo de Ventas Populares, en el que pone que desde el año 2005 hasta mayo de 2006 se han capacitado numerosos vendedores ambulantes en el SENA. Se destaca:

"(….)