PROYECTO DE ACUERDO _____ DE
2014
”POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN
ECONOMICA DE LOS SALONES COMUNALES, SU
ENTREGA A LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ELEGIDA POR LA COMUNIDAD, LA FINANCIACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Bogotá las autoridades
administrativas encargadas del mantenimiento, dotación, administración y
preservación del espacio público son la Secretaria Distrital de ambiente, el
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y la CAR, esta última entidad cuando se trate
de espacio público parques de escala regional, cuando los parques sean de
escala metropolitana, zonal, vecinal
y los denominados parques de bolsillo,
son responsabilidad del IDRD. El Departamento Administrativo de la Defensoría
del Espacio Público, además de responder por la tenencia y conservación del
inventario de los Salones Comunales, es también responsable de la actualización
permanente del inventario de las zonas
de uso público de Escala Vecinal Y de
Bolsillo que debe ser reglamentado
por las Juntas Administradoras Locales.
En cuanto hace a las zonas peatonales,
alamedas, plazas y plazoletas, andenes, zonas de control ambiental, puentes
peatonales y zonas bajas de puentes vehiculares, su administración es
responsabilidad del IDU. Como en el caso de los salones Comunales se trata de
bienes de uso público administrados por el Departamento administrativo de la
Defensoría del Espacio Público, pero entregados a las organizaciones sin ánimo
de lucro, principalmente Juntas de Acción Comunal quienes en la mayoría de los
casos cuentan con contratos por medio de
los cuales el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio público
les otorga permisos de uso temporal y para el cobro de derechos de uso , es
necesario que hacia el futuro se regule de manera clara e imparcial el
procedimiento para la suscripción por parte del Departamento Administrativo de
la Defensoría del Espacio Público del Contrato
de Administración, Mantenimiento y Aprovechamiento Económico de los Salones
Comunales o de otras instalaciones y dotaciones de propiedad pública. Honorables
Concejales, regular la administración mantenimiento y aprovechamiento económico
de los salones comunales del Distrito Capital es competencia del Concejo
Distrital de Bogotá. Esta corporación debe reglamentar esta materia para evitar
abusos y favoritismos que facilitan la corrupción y la mala utilización de los recursos públicos.
Bogotá
cuenta con más de 2000 salones comunales, no todos de carácter público, también
los hay privados. Con ocasión del debate realizado a la Proposición No 309 de
2013 y de conformidad con la respuesta radicada al cuestionario de ese debate
por la Directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público, habría 705 salones comunales de propiedad del Distrito Capital por
encontrarse construidos en espacio público.1(38 de ellos han sido
entregados mediante convenio a Juntas Comunales,) 248 salones comunales son de propiedad de
Juntas Comunales que ejercen absoluto control sobre sus instalaciones. Durante
el debate deje constancia de que el Acuerdo Distrital No. 18 de 1999,
"Por el cual se crea la Defensoría del Espacio Público", señala en
los artículos 3º y 4º que el Departamento Administrativo para la Defensoría del
Espacio Público – DADEP, ejerce entre otras funciones, la defensa, inspección,
vigilancia, regulación y control del espacio público del Distrito Capital; la
administración de los bienes inmuebles que hacen parte del espacio público
distrital, y la conformación del inventario general del patrimonio inmobiliario
Distrital.
Al respecto se
señala en el literal a. del artículo 6º ibídem, "Ejercer la
administración, directa o
indirectamente, de todos los bienes inmuebles del nivel central del Distrito
Capital. No obstante lo anterior los inmuebles en donde funcionen las entidades
del nivel central del Distrito Capital serán administrados directamente por las
mismas, previa firma del acta respectiva." (Subrayados no son del texto).
No se discute la
naturaleza jurídica de los Salones Comunales,
lo importante es reglamentar la figura jurídica que le permita a la
administración Distrital ofrecer esos bienes públicos en administración a las
Juntas de Acción Comunal o a entidades sin ánimo de lucro creadas por la
comunidad del barrio o sector en donde se encuentre construido el bien público.
Se trata de clarificar el procedimiento de administración y conservación, así
como la explotación economica del mismo, pero
siempre en cabeza de la comunidad del
sector en donde esté construido el bien, sea este considerado de carácter
fiscal o público.
En relación con los
salones comunales que se encuentran construidos en predios de propiedad de las
Juntas de Acción Comunal, o levantados en predios en donde concurren derechos
de copropiedad sometidos a los términos de la ley de propiedad horizontal, y
pertenecientes en común y proindiviso a todos los propietarios de predios
privados, no se entiende como jurídica la actuación de la Administración
Distrital frente a estas propiedades y sus administradores para someterlos u
obligarlos a suscribir contratos o convenios solidarios a del tipo referido en
la Ley 1551 de 2012.
Honorables
Concejales, este es un problema que debe solucionarse en el menor tiempo
posible y por eso ofrecí durante el debate a la proposición 309 de 2013 que
presentaría un proyecto de acuerdo orientado a reglamentar con claridad y transparencia lo relativo a la
administración y explotación económica de
los salones Comunales considerados de uso público o bienes fiscales.
Cumpliendo con el ofrecimiento he radicado este proyecto de acuerdo, el que
espero tenga el apoyo de todas las bancadas que hacen parte del Concejo
Distrital por tratarse de un proyecto de interés general de la ciudad.
Es claro también
que la Administración Distrital responsable de los salones comunales de
carácter público, es decir de aquellos construidos sobre predios considerados
espacio público, debe contribuir a su financiamiento y conservación, otra cosa
es el esfuerzo que haga la comunidad del sector de interés por ayudar a la
Administración de la ciudad administrando y explotando económicamente el bien
público que le haya sido entregado para tal fin. El deber que tendrían los
particulares en este caso la comunidad mediante su junta de acción comunal, de
costear el sostenimiento y mantenimiento de dichos bienes debe ser complementario
pues siempre deberá considerarse que la Constitución y la Ley determinan la
propiedad y posesión a perpetuidad en manos del Estado. El Distrito Capital no
puede mediante la firma de Convenios solidarios o de cualquier otro contrato
eximirse de su obligación de mantener bajo su cuidado, proteger y mantener en
condiciones optimas de funcionamiento los bienes
públicos y trasladar esa responsabilidad en cabeza de instituciones sin animo de lucro, Juntas comunales u otras organizaciones
sociales que funcionen legalmente al interior de las comunidades. Es claro que
las zonas y bienes de uso publico son de propiedad
exclusiva e imprescriptible, del Estado y por lo mismo, nunca de una
organización social así esta sea de la comunidad y sin animo
de lucro
1. SUSTENTO JURÍDICO.
1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
“ARTICULO 1. Colombia
es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en
el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”
“ARTICULO 2. Son
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”
“ARTÍCULO 63. Los bienes de uso público,
los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de
resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.”
“ARTÍCULO 82. Es deber del Estado velar por
la protección de la integridad del espacio público y por su destinación
al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.”
*CÓDIGO CIVIL.
TÍTULO
III. DE LOS BIENES DE LA UNIÓN. ARTÍCULO 674. BIENES PÚBLICOS Y DE USO PÚBLICO. Se llaman bienes de la unión aquéllos cuyo dominio pertenece
a la República.
Si además su uso pertenece a todos los habitantes de
un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes
de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio.
Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece
generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes
fiscales.
*LA LEY 9 DE 1989 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal,
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”.
ARTÍCULO 7º,
establece que los municipios podrán crear entidades responsables de
administrar, desarrollar, mantener y apoyar financieramente el espacio público,
así como también podrán contratar con
entidades privadas la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico
de los bienes de uso público.
Artículo 38º “Las entidades públicas no podrán dar en
comodato sus inmuebles sino únicamente a otras entidades públicas, sindicatos,
cooperativas, asociaciones y fundaciones que no repartan utilidades entre sus asociados
o fundadores ni adjudiquen sus activos en el momento de su liquidación a los
mismos, juntas de acción comunal, fondos de empleados y las demás que
puedan asimilarse a las anteriores, y por un término máximo de cinco (5) años,
renovables.”
2.
OBJETO DEL PROYECTO.
Este
Proyecto de Acuerdo tiene por objeto reglamentar la administración y
explotación económica de los bienes de uso público Salones Comunales, Centros
de desarrollo Comunitario, Casas de la Cultura, Polideportivos y escenarios
artísticos, culturales y deportivos, con la característica de bien de uso
público, Estos bienes de uso público en su gran mayoría se han construido sobre
lotes públicos pero con el apoyo financiero de las comunidades y aportes del
Gobierno Distrital. Esa característica hace que las comunidades comprometidas
en su construcción tengan un fuerte vinculo,
económico y social con el bien de uso público llegando a considerarlo como un
patrimonio de todos los habitantes de la comunidad, se empeñan en protegerlo,
modernizarlo, utilizarlo para el bien de la comunidad y son orgullosos de su
preciado bien comunal, sea que este se dedique principalmente al arte, la
cultura, el deporte, la capacitación o
el desarrollo de actividades propias de la organización de la misma comunidad
como son las asambleas de vecinos, las audiencias públicas del plan de
desarrollo o de presupuesto participativo. Tambien
sirven estos escenarios para que las autoridades distritales, Policía, Salud,
Bienestar cultura y recreación entre otras realicen allí sus actividades
dirigidas a la comunidad y que resultan vitales para su proteccion
y salubridad. Pero no puede dejarse de lado la importancia de estos escenarios
para el desarrollo de actividades sociales, familiares, empresariales y cuando
no existen otras posibilidades, estos espacios comunitarios se habilitan como
funeraria, iglesia, o salón de bodas, ferias artesanales y reuniones de
carácter político cuando llega la época electoral. Como puede verse, estos
espacios son parte fundamental de las comunidades y no se puede aceptar que el
gobierno quiera controlarlos para el desempeño de actividades propias de la
administración, o entregarlos en administración a particulares con ánimo de
lucro, demolerlos para ejecutar allí proyectos de gobierno o en asocio con
particulares mediante la ya reconocida modalidad de alianza público
privada asociaciones y fundaciones del respectivo barrio. Los
bienes de uso público Salones Comunales, son para el uso exclusivo de las
comunidades sin que pierdan su carácter de uso público, su administración debe
estar en cabeza de las autoridades comunales elegidas democráticamente por la
comunidad y en ellos debe poderse realizar el Plan de Acción que la comunidad
apruebe en su asamblea anual. El Gobierno Distrital está obligado a concurrir
al financiamiento del Plan de acción aprobado y supervisado por la entidad del
gobierno.
En suma Honorables
Concejales se trata de reglamentar mediante Acuerdo Distrital la administración, el
mantenimiento y el aprovechamiento de los salones comunales del Distrito
Capital, construidos tanto en zonas de uso público como en bienes fiscales.
Actualmente en la ciudad, según
información suministrada por el Departamento Administrativo de la Defensoría
del Espacio Publico2, existen 1.019 salones comunales, de los cuales
el tipo de predio en el que se encuentran construidos se clasifica de la
siguiente forma: 628 en bienes de uso público, 34 en bienes fiscales, 117 en
bienes privados (excluidos de este
proyecto de acuerdo por su naturaleza jurídica) y 180 no han sido determinados; este número significativo de
edificaciones y dotaciones construidas para el servicio de la comunidad requieren de una normatividad que asegure y
viabilice la eficiente utilización de estos lugares. En este momento, de
acuerdo con la información suministrada por la citada entidad3, el
Distrito Capital tiene suscritos solamente 37 contratos de administración,
mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público sobre 902 salones
comunales públicos reportados por la administración.
4.
COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ
La Constitución Política en el artículo 1º establece que
Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república
unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales.
ARTÍCULO 1.
Colombia
es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general.
ARTÍCULO 313. Corresponde a los concejos:
(…)
7.
Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar
y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de
inmuebles destinados a vivienda.
Por otra parte, el artículo 287 ibídem señala que las
entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y
dentro de los límites de la Constitución y la ley.
Para la Corte Constitucional4la autonomía de
las entidades territoriales se refiere a un poder de dirección política que
tiene cada comunidad local, que se materializa en un poder de dirección
administrativa “que presenta como
principal objetivo la gestión de sus propios y particulares intereses” lo
que se traduce en el derecho que ellas tienen de regular sus propios y
particulares intereses locales.
La presente iniciativa encuentra su base de competencias
en los siguientes artículos del Decreto 1421 de 1993:
“…ARTICULO 7o. Autonomía. Las
atribuciones administrativas que la Constitución y las leyes confieren a los
departamentos se entienden otorgadas al Distrito Capital, en lo que fuere
compatible con el régimen especial de este último, y sin perjuicio de las
prerrogativas políticas, fiscales y administrativas que el ordenamiento
jurídico concede al Departamento de Cundinamarca”.
“…ARTICULO
12. Atribuciones.
Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la
ley:
1. Dictar las
normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y
la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.
(…)
10. Dictar las
normas que garanticen la descentralización, la desconcentración y la
participación y veeduría ciudadana”.
4.
IMPACTO FISCAL.
En
los términos de la Ley 819 de 2003 Articulo 7, el presente proyecto de acuerdo
genera impacto fiscal. El mismo deberá ser cuantificado por la Secretaría
Distrital de hacienda y la responsabilidad de hacerlo recae sobre el Secretario
Distrital de Hacienda en los términos del Artículo 7 de la Ley 819 de 2003 que
dice: “ En las
entidades territoriales, el trámite a que estoy haciendo referencia será
surtido ante la Secretaría de Hacienda.
La Secretaría de hacienda es la encargada de realizar los análisis
requeridos para establecer la consistencia fiscal de este proyecto de acuerdo
con el Marco Fiscal de Mediano plazo, teniendo en cuenta que todo incremento en
el gasto deberá estar sustentado con una fuente adicional de ingreso, o en la
reducción de otro gasto.”
Para la
interpretación del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, debe considerarse lo
dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-502-07, de 4 de julio
de 2007, M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, principalmente lo dispuesto en
los siguientes apartes:
“... Por todo lo anterior, la Corte considera
que los primeros tres incisos del art. 7° de la Ley 819 de 2003 deben
entenderse como parámetros de racionalidad de la actividad legislativa, y como
una carga que le incumbe inicialmente al Ministerio de Hacienda, una vez que el
Congreso ha valorado, con la información y las herramientas que tiene a su
alcance, las incidencias fiscales de un determinado proyecto de ley. Esto
significa que ellos constituyen instrumentos para mejorar la labor
legislativa.”
“Es decir, el mencionado artículo debe
interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se
dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras
insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto
legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda. Y en ese proceso de
racionalidad legislativa la carga principal reposa en el Ministerio de Hacienda,
que es el que cuenta con los datos, los equipos de funcionarios y la experticia
en materia económica. Por lo tanto, en el caso de que los congresistas tramiten
un proyecto incorporando estimativos erróneos sobre el impacto fiscal, sobre la
manera de atender esos nuevos gastos o sobre la compatibilidad del proyecto con
el Marco Fiscal de Mediano Plazo, le corresponde al Ministro de Hacienda
intervenir en el proceso legislativo para ilustrar al Congreso acerca de las
consecuencias económicas del proyecto. Y el Congreso habrá de recibir y valorar
el concepto emitido por el Ministerio. No obstante, la carga de demostrar y
convencer a los congresistas acerca de la incompatibilidad de cierto proyecto
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo recae sobre el Ministro de Hacienda.”
“Por otra parte, es preciso reiterar que si
el Ministerio de Hacienda no participa en el curso del proyecto durante
su formación en el Congreso de la República, mal puede ello significar que el
proceso legislativo se encuentra viciado por no haber tenido en cuenta las
condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003. Puesto que la
carga principal en la presentación de las consecuencias fiscales de los
proyectos reside en el Ministerio de Hacienda, la omisión del Ministerio en
informar a los congresistas acerca de los problemas que presenta el proyecto no
afecta la validez del proceso legislativo ni vicia la ley correspondiente.”
Cordialmente;
JORGE DURAN
SILVA
CONCEJAL DE
BOGOTÁ
PROYECTO DE ACUERDO ________
DE 2014
”POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN
ECONOMICA DE LOS SALONES COMUNALES, SU
ENTREGA A LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ELEGIDA POR LA COMUNIDAD, LA FINANCIACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”
El Concejo de Bogotá D.C. en
uso de sus atribuciones Constituciones y Legales y en especial las contenidas
en, los Numerales 2 y 10 del Artículo 12
del Decreto Ley 1421 de 1993.
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: DE LA ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACION ECONOMICA. La administración de
los salones comunales la hará el Departamento Administrativo de la Defensoría
del Espacio Público, por medio de las Juntas de Acción Comunal, Asociaciones cívicas de
vecinos, u otras organizaciones comunitarias, juveniles, benéficas o de
utilidad común no gubernamentales, del sector en el que se encuentre construido
el bien de uso público, Salón Comunal, mediante contrato de asociación en los
términos del código de comercio. Será requisito para acceder a su
administración, que, la entidad beneficiaria contemple dentro de su objeto
social el servicio a la comunidad del barrio en donde se encuentra el bien de
uso público, su característica de entidad sin animo
de lucro y que no repartan utilidades
entre sus asociados o fundadores, ni adjudiquen sus activos en el momento de su
liquidación a los mismos. Además deberá presentar un Plan cuatrienal de
desarrollo y los planes de acción anual, que garanticen el uso adecuado y para
beneficio de la comunidad del bien solicitado.
El Plan de Desarrollo Cuatrienal deberá coincidir en el tiempo con el
Plan de Desarrollo del Gobierno Distrital y local, se construirá mediante
audiencias públicas y las prioridades y metas se harán concordar con las del
Plan de desarrollo de la Localidad.
PARAGRAFO
PRIMERO. Las
instituciones sin ánimo de lucro que a la fecha de expedición del presente
acuerdo se encuentren administrando salones comunales u otros bienes de uso
público deberán manifestar ante el Departamento Administrativo de la Defensoría
del Espacio Público su interés de continuar al frente de la administración del
salón comunal o bien de uso público. La comunicación deberá contener copia del
acta de la asamblea de ciudadanos residentes en el barrio donde se encuentra el
bien de uso público solicitado, en donde la comunidad manifiesta su conformidad
y aprueba el plan cuatrienal de desarrollo, asi como
el plan de acción anual para la vigencia
siguiente a la de la solicitud.
PARAGRAFO
SEGUNDO. Las
instituciones aceptadas y autorizadas por la comunidad podrán suscribir con el
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público contratos de
asociación para la administración, mantenimiento y explotación económica de un
bien de uso público, Salón Comunal. Los
recursos que se obtengan de la explotación económica se destinarán en su
totalidad para financiar los proyectos del Plan de Acción anual. Las
Instituciones podrán recibir aportes oficiales Distritales o Nacionales para el
mismo fin. Los recursos financieros que se presupuesten por el Concejo
distrital, las Localidades o el Ministerio de hacienda y crédito público se
manejarán por las entidades responsables de la ejecución del proyecto y la
comunidad será veedora de su correcta ejecución.
ARTÍCULO SEGUNDO: DE LOS
BIENES FISCALES. Los salones Comunales que son bienes fiscales de
propiedad del INSTITUTO
DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL – IDPAC-, seguirán bajo su
administración, por contrato de asociación con las Juntas comunales que actualmente
los administran, pero deberán cumplir para la renovación del contrato
respectivo, lo requisitos del artículo primero del presente acuerdo.
ARTÍCULO TERCERO: DEL PLAN DE
DESARROLLO Y EL PLAN DE ACCION COMUNITARIO. Las
comunidades administradoras de los bienes de uso público salones comunales u
otros, inscribirán su Plan de desarrollo en la Junta Local de su Localidad y en
la alcaldía Local para que se contemplen en el Plan de Desarrollo Local, previa
concertación con las autoridades locales de planeación y el Alcalde Local. Los
proyectos de inversión que resulten seleccionados deberán inscribirse en el
Banco de proyectos local, distrital o nacional según el caso.
ARTÍCULO CUARTO:
RECONOCIMIENTO A LA EFICIENCIA. Anualmente en el primer trimestre del año, el INSTITUTO DISTRITAL DE LA
PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL – IDPAC-, organizará la muestra de “INVERSION EFICIENTE” para exponer
las realizaciones de las Juntas de Acción comunal y de otras Instituciones sin animo de lucro asociadas para el
manejo de salones comunales y bienes de uso público. El premio a la eficiencia
será un diploma de reconocimiento y la publicación del proyecto o proyectos
ganadores en el portal web del Distrito Capital.
ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a
partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE.
|
MEMORANDO
|
|
PARA:
|
Luis Alfredo
Cerchiaro Daza, Secretario General.
|
|
DE:
|
Honorable Concejal.
|
|
ASUNTO:
|
Radicación de Proyecto de Acuerdo.
|
Con el fin de que surta el trámite correspondiente me
permito radicar ante este despacho el proyecto de acuerdo ”POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN ECONOMICA DE LOS SALONES COMUNALES, SU ENTREGA A LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA ELEGIDA POR LA
COMUNIDAD, LA FINANCIACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”, de mi autoría.
Cordialmente,
JORGE
DURAN SILVA
Concejal de
Bogotá
Anexo:
Lo enunciado en (18) folios
NOTAS DE PIE DE
PÁGINA
1Respuesta a
la pregunta 02 del cuestionario.
3Oficio No.
2008EE2454 del 03-03-2008
4Sentencia
C-534/96
