RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

La situación de la seguridad en la capital hace necesario que trabajemos en la búsqueda de soluciones efectivas que garanticen una ciudad segura y proactiva para prevenir el delito, defender a los ciudadanos y garantizar el estado social de derecho pacífico y tranquilo como corresponde a una sociedad moderna , incluyente, cibernética y cívico ecológica.

Tiempos modernos requieren de tecnologías de última generación especialmente para la prevención del delito y la defensa ciudadana y empresarial, la policía de Metropolitana de Bogotá, tiene que acostumbrar sus estructuras a las redes sociales de manera que el ciudadano común tenga la oportunidad de reportar las amenazas, contravenciones y delitos de que es o puede llegar a ser objeto utilizando para ello la telefonía celular y las redes sociales en general. Las cámaras de vigilancia y seguridad en las vías y áreas públicas deben estar unificadas e integradas sectorialmente a las estructuras policiales de reacción inmediata. Evidentemente esas cámaras de vigilancia y seguridad ciudadana deben estar distribuidas de acuerdo a los mapas de vulnerabilidad y sus características técnicas han de responder mediante el envío de imágenes de alta definición, así como tener capacidad para grabar sonido en tiempo real y avisar inmediatamente a la policía y autoridades de apoyo en salud, siniestros y emergencias, responsable del sector en donde se presente la situación de inseguridad.

La secretaria Distrital de Seguridad hará parte del sector central de la administración Distrital y estará dotada de una estructura integrada vertical y horizontalmente con el resto de la administración en sus sectores central y descentralizado, lo mismo que con las entidades de seguridad del orden nacional y las estructuras de la sociedad que trabajen para prevenir y reportar delitos, violencia, accidentes de tránsito, robo de vehículos, incendios y ocurrencia de desastres en las Localidades de la Ciudad, aprovechando que los vehículos automotores y los celulares que utiliza la mayoria de ciudadanos están equipados con sistema global de navegación por satélite. (GPS), lo que le permitirá a la Secretaría organizar una plataforma virtual (4G), que le facilite a los ciudadanos denunciar un delito a través de dos vías: ingresando a la red de internet y mediante celulares o  computadores y tabletas portátiles que tengan el sistema operativo Android, IOS, Windows Phone, Firefox OS, Blackberry, Ubuntu Touch, Tizen, WebOS, La Secretaría debe servirse de la última tecnología existente en internet y que la administración de la ciudad le garantice la existencia de red WIFI en toda la ciudad.

El Concejo de la ciudad y el Señor alcalde Enrique Peñalosa deben considerar en la expedición de una política de seguridad las características de la criminalidad que cada vez se presentan mas complejas por la rápida transformación de la ciudad hacia la modernidad o mostrando profundos deterioros en sectores urbanos tradicionalmente vulnerables que por sus características son mayormente proclives a la criminalidad localizada que ha convertido esos lugares en áreas de difícil acceso incluso para la policía que ve desbordada su capacidad y autoridad. Otro escenario que tiene que contemplarse es el de la falta de respeto por las autoridades, que se manifiesta en el ya famoso "Usted no sabe quien soy yo" y que tiene trascendencia que supera la simple frase prepotente de los ciudadanos y sus autoridades. Es un hecho cierto que autoridad que no se respeta está al borde de su desaparición y las experiencias internacionales demuestran que remplazar autoridades corruptas e ineficientes o transformarlas y vigilarlas por la ciudadanía ha resultado en ganancia para los ciudadanos de bien. Una experiencia reciente de vigilancia policial efectiva por parte de los ciudadanos fué reportada en Junio de 2014 a raiz de que se conoció que desde el año 2006 la Semana Mundial de Visitas a Estaciones de Policía, actividad organizada por la Alianza Global Altus^_ con el propósito de mejorar la seguridad ciudadana y la justicia. "En la Semana de Visitas, miles de ciudadanos de todo el mundo se dan cita y evalúan las estaciones de policía de sus localidades a través de una herramienta de diagnóstico simple. Adicionalmente, permite que exista un espacio de encuentro entre policías y ciudadanía, en un ambiente de respeto y cordialidad en el que el diálogo y el reconocimiento del otro son factores fundamentales.

El objetivo de este ejercicio es conocer y evaluar la orientación hacia la comunidad, condiciones materiales, igualdad de trato al público, condiciones de detención y sistemas de transparencia y rendición de cuentas. La participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones que trabajan con grupos sociales más vulnerables en su vinculación con las instituciones públicas (por género, etnia, edad, orientación sexual u otra condición), es fundamental para el desarrollo de esta actividad.

El Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde) acompaña y es la institución encargada de planificar y coordinar la ejecución de la Semana de Visitas en México.

La Semana Mundial de Visitas a Estaciones de Policía 2013 en México se realizó en noviembre pasado, de la cual se tienen los siguientes resultados:

47 estaciones evaluadas (23 policías preventivas y 19 policías ministeriales) en 12 estados de la República Mexicana: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Veracruz.

Los ciudadanos y organizaciones que participaron en la Semana Mundial de Visitas a Estaciones de Policía 2013 en México, expresaron que representó un importante ejercicio de construcción de ciudadana; que permitió conocer cómo trabajan las instituciones, los procedimientos que llevan a cabo y en algunos casos las deficiencias, además de la oportunidad de externar dudas y recomendaciones acerca del servicio que ofrecen a la ciudadanía, así como contar con una nueva experiencia y colaborar en la medida de lo posible a la mejora de las instituciones de seguridad."

Nuestra policía Nacional está en mora de implementar en Bogotá un plan de seguridad proactivo que permita desarrollar acciones encaminadas a la protección del ciudadano y que como lo afirma la misma policía en el documento Estrategia de la Policía Nacional para la consolidación de la Seguridad Ciudadana,^_ "Contemple estrategias para la desarticulación de Grupos Armados Ilegales (GAI), bandas criminales, organizaciones del narcotráfico, grupos de delincuencia organizada, entre otras, ha seguido la tendencia decreciente de todos los indicadores de criminalidad en los centros urbanos del país con el fin de proteger a la población frente a las distintas amenazas contra su seguridad y consolidar así comunidades cada vez más armónicas y en convivencia. Algunos apartes destacados de la Estrategia Institucional para la Seguridad Ciudadana y del Plan Nacional de vigilancia por cuadrantes se inserta a continuación para mejor comprensión de esta propuesta.

Durante un día y medio, una serie de mesas redondas interactivas estimulará los intercambios sobre la aplicación de la seguridad humana desde la perspectiva de los procesos de planificación nacional y regional a temas de actualidad e interés para Latinoamérica, en particular la violencia urbana y la seguridad ciudadana, el desarrollo inclusivo social y económico, la salud pública, el impacto del cambio climático y los desastres naturales. Los panelistas y participantes compartirán sus experiencias de primera mano en la aplicación del enfoque en América Latina y otras regiones, examinando formas de integrar las mejores prácticas y lecciones aprendidas en las políticas y programas futuros a nivel regional, nacional y local. En todos estos casos, y teniendo en consideración el contexto, las principales causas y la manifestación de una amplia gama de desafíos a los gobiernos y a las personas, el enfoque de seguridad humana muestra su valor como un marco flexible y sensible que se adapta adecuadamente a los debates actuales sobre la agenda de desarrollo post-2015.

Dicho lo anterior, resultan evidentes los cinco atributos de la seguridad ciudadana, que la hacen una noción específica y especial en el marco del paradigma de Desarrollo Humano Sostenible, de acuerdo con lo planteado:

* La seguridad ciudadana está en la base de la seguridad humana. En efecto, el hecho de estar vivo es la oportunidad más básica que puede disfrutar un ser humano; la integridad personal es condición necesaria de su libertad y dignidad y el patrimonio que es necesario adquirir para asegurar la calidad de vida.

* La seguridad ciudadana es la forma principal de la seguridad humana. Vivimos indefensos frente a la naturaleza (frente a los terremotos, la enfermedad y la muerte), pero nuestra supervivencia como especie depende de un "contrato social", que nos impida destruirnos los unos a los otros.

* La seguridad ciudadana garantiza derechos humanos fundamentales, los cuales, "son los derechos que tienen todas las personas, en virtud de su humanidad común, a vivir una vida de libertad y dignidad".

* La seguridad con respecto al crimen es un componente esencial de la ciudadanía y un derecho fundamental del ciudadano o ciudadana, vale decir, que no sólo está la reivindicación "moral", sino que existe una base jurídica para exigir la protección del Estado contra el crimen.

* La seguridad ciudadana atañe inmediatamente a la libertad, que es la esencia del desarrollo humano. En efecto, un delito es un acto deliberado de un ser humano en perjuicio abusivo de otro ser humano. El delito es una "opción" o una oportunidad para quien lo comete, pero es precisamente la opción que un ser humano debe descartar porque destruye injustamente las opciones del otro. El delito es una opción indeseable y su mejor antídoto es la existencia de alternativas legítimas.

De ahí que se pueda inferir, que las problemáticas de violencia e inseguridad ciudadana inciden directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, limitando sus espacios, relaciones sociales y derechos humanos fundamentales como el derecho a la libertad, la integridad psíquica, física y patrimonial, así como la vida en comunidad y el desarrollo de la democracia, entorpeciendo el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

Siguiendo esta lógica, la seguridad ciudadana debe ser posible en los espacios públicos y privados de los ciudadanos. Por esto, tal como lo planteaba Irma Arraigada desde finales de la década de los 90 del siglo pasado en el marco de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la materialización del concepto de seguridad ciudadana tiene como principal significado el no temer una agresión violenta, saber respetar la integridad física y sobre todo, poder disfrutar de la privacidad del hogar sin miedo a ser asaltado y poder circular tranquilamente por las calles sin temer un robo o una agresión.

Paralelamente, es claro que la seguridad es un derecho humano, que como tal debe ser respetado, protegido y por el que deben propender desde su ámbito de competencia todas las instituciones del Estado. En este sentido, es importante reconocer que el derecho a la seguridad está consagrado en la declaración Universal de los Derechos Humanos en los artículos 3 y 17, igual situación se repite en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los artículos 6.1 y 9.1, la declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre artículos I y XXIII y la Convención Americana sobre Derechos Humanos artículos 4.1, 5.1, 7.1, 21 y 32.2."

Principalmente le compete al Concejo Distrital mediante la creación de la Secretaría Distrital de Seguridad, garantizar las obligaciones del Estado en relación con la seguridad, pues no le es permitido al Estado, ya sea por acción o por omisión o por que no se cuente con políticas modernas, estrategias encaminadas a garantizar la derrota de la criminalidad y planes de acción que desarrollen las estrategias del Plan de Desarrollo, no hacer efectiva la seguridad de los individuos y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional. El Concejo Distrital de Bogotá tiene la competencia para crear una Secretaria Distrital de Seguridad que module las actuaciones de la policía Metropolitana y todas sus dependencias, independientemente del respeto a la autoridad de la policía nacional cuyas funciones y competencias se ejecutan con influencia en la ciudad. No se trata de crear una dependencia que entre en conflicto con la autoridad nacional de policía pero si que haga efectivas sus acciones en la lucha contra la delincuencia organizada y las otras formas de delitos y contravenciones que ponen en riesgo a la ciudadanía y en donde la presencia de la policía nacional no ha demostrado ser eficiente y fuerte.

Consolidar la seguridad ciudadana a través de la implementación de estrategias del servicio de Policía, que permitan la identificación de los escenarios de intervención y el empleo adecuado de las herramientas y mecanismos de soporte que garanticen a la institución el cumplimiento de su formulación estratégica hace indispensable contar con un órgano de gobierno con suficiencia administrativa y presupuestal que esté en condición de cumplir los objetivos generales y los específicos de la política pública de seguridad ciudadana, objetivos que son determinados por la política nacional de seguridad y defensa nacional y que en lo específico de la seguridad y convivencia ciudadana son la meta a cumplir por alcaldes y gobernadores en el nivel territorial. Entre los objetivos específicos se contempla:

* Orientar el servicio de la policía, para alcanzar altos estándares de efectividad que permitan proteger al ciudadano y responder con efectividad la delincuencia con el fin de consolidar la seguridad y convivencia ciudadana.

* Identificar los escenarios de afectación frente a los procesos de seguridad y convivencia ciudadana, prevención, inteligencia e investigación criminal.

* Desplegar las estrategias diseñadas por la Institución que permitan contener y diezmar el accionar delictivo y contravencional en las zonas urbanas y rurales del país, igualmente brindar atención integral a los fenómenos de crimen organizado que se presentan en las ciudades capitales e intermedias.

* Emplear mecanismos de soporte a las estrategias policiales que garanticen la articulación con las diferentes autoridades y entes territoriales, con el fin de fortalecer el despliegue del servicio de policía frente a la consolidación de la seguridad y convivencia ciudadana y promover la gobernabilidad.

* Contemplar acciones que permitan privilegiar la prevención.

Honorables Concejales; la alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana y el Departamento Nacional de Planeación Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno en el documento de Política nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana² en la presentación del documento reconoce la necesidad de luchar a fondo contra la delincuencia en las ciudades y en concreto dice: " La delincuencia común afecta la vida diaria de todos los colombianos, especialmente de los más vulnerables, y deteriora la calidad de vida pues genera miedo y desconfianza entre los ciudadanos, y nos impide gozar de los derechos que consagra la Constitución. La inseguridad es un fenómeno de mil cabezas que puede manifestarse de múltiples maneras: robo, atraco, extorsión, secuestro, homicidio. Sin embargo, no es ni tiene por qué ser una condición permanente.

Hoy estamos presentando una política implacable contra el delito y sus causas, una propuesta integral y multisectorial orientada a enfrentar el fenómeno desde múltiples frentes, que incluye acciones que van desde la prevención hasta la penalización. La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es el resultado de un proceso de construcción y diálogo interinstitucional que busca proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico a través de la reducción y la sanción del delito, el repudio a la violencia y la promoción de la convivencia. La política se desarrolla a través de siete ejes estratégicos de los cuales cinco, son centrales: Prevención Social y Situacional; Presencia y Control Policial; Justicia, Víctimas y Resocialización; Cultura de la Legalidad y Convivencia, y Ciudadanía Activa y Responsable.

Los otros dos ejes corresponden a temas transversales que soportan la política en su conjunto: Sistemas de Información, y Estudio de Políticas Públicas y Desarrollos Normativos. Dentro de estos últimos cabe subrayar la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana –Ley 1453 de 2011– que les da más instrumentos a las instituciones para ser efectivas en la lucha contra la delincuencia. Los siete ejes y sus líneas de acción se implementarán en los municipios de acuerdo con sus especificidades en materia delictiva (homicidio, hurto, lesiones personales, muertes en accidente de tránsito, etc.)."

En el documento citado de Política , La delincuencia común afecta la vida diaria de todos los colombianos, especialmente de los más vulnerables, y deteriora la calidad de vida pues genera miedo y desconfianza entre los ciudadanos, y nos impide gozar de los derechos que consagra la Constitución. La inseguridad es un fenómeno de mil cabezas que puede manifestarse de múltiples maneras: robo, atraco, extorsión, secuestro, homicidio. Sin embargo, no es ni tiene por qué ser una condición permanente.

Hoy estamos presentando una política implacable contra el delito y sus causas, una propuesta integral y multisectorial orientada a enfrentar el fenómeno desde múltiples frentes, que incluye acciones que van desde la prevención hasta la penalización. La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es el resultado de un proceso de construcción y diálogo interinstitucional que busca proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico a través de la reducción y la sanción del delito, el repudio a la violencia y la promoción de la convivencia. La política se desarrolla a través de siete ejes estratégicos de los cuales cinco, son centrales: Prevención Social y Situacional; Presencia y Control Policial; Justicia, Víctimas y Resocialización; Cultura de la Legalidad y Convivencia, y Ciudadanía Activa y Responsable.

Los otros dos ejes corresponden a temas transversales que soportan la política en su conjunto: Sistemas de Información, y Estudio de Políticas Públicas y Desarrollos Normativos. Dentro de estos últimos cabe subrayar la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana –Ley 1453 de 2011– que les da más instrumentos a las instituciones para ser efectivas en la lucha contra la delincuencia. Los siete ejes y sus líneas de acción se implementarán en los municipios de acuerdo con sus especificidades en materia delictiva (homicidio, hurto, lesiones personales, muertes en accidente de tránsito, etc.).

se entiende por seguridad ciudadana la protección universal a los ciudadanos frente a aquellos delitos y contravenciones que afecten su dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes, y frente al temor a la inseguridad. La convivencia, por su parte, comprende la promoción del apego y la adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas básicas de comportamiento y de convivencia social.

Respecto de los desafíos que afronta la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se pueden señalar unos de tipo estructural y otros asociados a la coyuntura criminal.

En primer lugar, entre los desafíos estructurales se encuentran los relacionados con el proceso de urbanización del país y sus complejidades, el incremento del mercado de bienes y servicios y los riesgos que esto implica en cuanto a propiciar el delito, la existencia –aunque menguada– de grupos armados ilegales y de narcotráfico en sus diversas manifestaciones –entre éstas su incidencia en patrones culturales y en grupos etarios, en particular en los jóvenes, y redes delincuenciales y de organización criminal ligados a ese fenómeno–, y la presencia precaria del Estado en algunos municipios, a pesar de avances significativos en materia de institucionalidad pública y privada y sus logros en el mejoramiento de la calidad de vida.

El documento de política contempla los desafíos a que se enfrenta el Estado cuando se ve abocado a la aplicación de instrumentos de prevención y control en materia de seguridad ciudadana, quiero destacar los siguientes desafíos por su correspondencia con nuestra realidad en Bogotá.

En primer lugar, entre los desafíos estructurales se encuentran los relacionados con el proceso de urbanización del país y sus complejidades, el incremento del mercado de bienes y servicios y los riesgos que esto implica en cuanto a propiciar el delito, la existencia –aunque menguada– de grupos armados ilegales y de narcotráfico en sus diversas manifestaciones –entre éstas su incidencia en patrones culturales y en grupos etarios, en particular en los jóvenes, y redes delincuenciales y de organización criminal ligados a ese fenómeno–, y la presencia precaria del Estado en algunos municipios, a pesar de avances significativos en materia de institucionalidad pública y privada y sus logros en el mejoramiento de la calidad de vida.

A lo anterior se suman factores de riesgo de carácter general como la venta y el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas y el porte de armas legales e ilegales, que inciden en ciertos casos en la comisión de un delito u ocasionan el desenlace violento de éste. El mayor número de casos de homicidio es propiciado con armas de fuego.

En ese marco estructural, el incremento en los niveles de desarrollo de los centros urbanos y la mayor interconectividad entre ciudades y mercados han promovido fenómenos de contagio de los escenarios de violencia y de actividades ilícitas en las que niños, adolescentes y jóvenes se convierten en el objetivo de redes delincuenciales. Existe una convergencia entre los índices de violencia, la presencia de estructuras criminales y los entornos urbanos deteriorados con la existencia de establecimientos vinculados a la venta de alcohol y sustancias psicoactivas, así como a personas en situación de prostitución. De esta manera, por ejemplo, los homicidios afectan tanto a los individuos vinculados a redes delincuenciales y crimen organizado, como a los ciudadanos que frecuentan esos lugares.

Tal situación, unida a hechos de violencia intrafamiliar y sexual, y una débil inserción al sistema escolar y al mercado laboral, en especial por parte de jóvenes, hacen más vulnerables algunos grupos sociales, lo que en ocasiones crea mayor disposición para convertirlos en objetivo de la criminalidad emergente, bien sea como recurso humano disponible o como grupo en riesgo de victimización. Así mismo, el proceso de expansión urbana y el crecimiento económico propio de un sistema de ciudades intermedias y principales, que concentran capital humano, infraestructura y una mayor demanda de empleo, presionan la capacidad de los gobiernos locales en materia de prevención y control de la comisión de delitos y crímenes violentos, prestación de servicios sociales, regulación del comportamiento ciudadano e integración de los nuevos habitantes que llegan, principalmente, a estas áreas urbanas.

En segundo término, entre los desafíos recientes se ha identificado que, pese a que la incidencia de los Grupos Armados Ilegales se ha reducido, persiste su capacidad de adaptación, aprendizaje y transferencia de prácticas criminales, en especial por medio de nuevas modalidades de delincuencia organizada que también se expresa a escala urbana, que oscilan desde acciones de carácter terrorista hasta la operación de diversas actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico, como oficinas de cobro, lavado de activos, microtráfico de drogas y venta de armas, piratería terrestre, juegos de suerte y azar, trabajo sexual y préstamos de usura.

Si bien la desmovilización del grueso de las estructuras directivas y militares de los denominados grupos de autodefensas contribuyó a desarmar y desvincular de la confrontación armada a miles de sus integrantes hasta reducir su capacidad de hacer daño, han surgido nuevas expresiones delictivas, incluso con la participación de algunos integrantes de los mencionados grupos que no se desmovilizaron o lo hicieron y abandonaron el proceso de reincorporación a la vida civil.

Igualmente, la extorsión directa e indirecta a transportadores, comerciantes formales e informales, casas y apartamentos, y diversas modalidades de secuestro extorsivo en centros urbanos –en particular de corta duración– impactan en forma negativa las condiciones reales de seguridad ciudadana y su percepción. Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana Departamento Nacional de Planeación 4

Hay, además, una serie de desafíos asociados al comportamiento ciudadano y a la falta de apropiación de los referentes básicos de cultura ciudadana. Entre éstos cabe señalar la condescendencia y, en ocasiones, la complicidad de miembros de la sociedad con actividades ilícitas (por ejemplo, la compra de bienes hurtados, piratas o en sitios de venta ilegal), la comisión de contravenciones, la intolerancia –que parece haber aumentado o por lo menos es más visible- y el incumplimiento de reglas informales de conducta, entre otros, que obligan a una actuación más proactiva del Estado y de la sociedad en este campo.

En un análisis de la evolución reciente de los principales indicadores de los delitos y conductas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana se da cuenta de los retos por afrontar.

Según información de la Policía Nacional, en Colombia se viene registrando una tendencia descendente en el número de homicidios, al pasar de 28.837 casos en 2002 a 15.459 en 2010, y de una tasa de 69,8 homicidios por cada 100.000 habitantes a una de 34 en un lapso de ocho años. Haciendo un análisis del 2004 al 2010, se encuentra que la tasa nacional de homicidios tuvo una variación anual promedio de -5,4% durante el periodo. Por otra parte, un análisis comparativo entre las tasas de 2004 y 2010 indica que la variación entre estos dos años fue de -28%. En el periodo analizado, la tasa nacional de homicidios pasó de 48 por cada 100.000 habitantes a 34 en 2010, y el número de homicidios se redujo de 20.209 a 15.459.

A pesar de la mejoría en el comportamiento del indicador, Colombia continúa ubicándose en los primeros puestos del ranking mundial, junto a países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Venezuela, Trinidad y Tobago y el Congo, entre otros.

Por su parte, el hurto común, cometido contra personas, residencias y establecimientos de comercio, presenta una tendencia nacional de ascenso durante los últimos ocho años que alcanzó su punto máximo en 2008, con 104.409 hurtos. En el lapso comprendido entre 2004 y 2010 se registró una variación promedio de la tasa nacional de hurto del 10%. El hurto a personas merece especial atención por cuanto resulta ser el más frecuente y uno de los que afecta de manera significativa la seguridad diaria de los colombianos y la percepción de seguridad.

Con respecto a los delitos que afectan la convivencia, en 2009 la tasa nacional de lesiones personales fue de 307,3 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con los cálculos realizados a partir de la información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF, en adelante Medicina Legal), y de la proyección de población del Dane para 2009. Por otro lado, en 2010 se registraron en Colombia 5.281 muertes por accidente de tránsito para una tasa de 12 por cada 100.000 habitantes."

A partir de esta descripción general de algunos de los hechos de carácter estructural y coyuntural, que no desconoce la existencia de diversas lecturas sobre el tema que merecen su debida valoración, así como de las especificidades de orden local –incluidas lógicas territoriales, zonales y barriales– que explican situaciones particulares de tipo delictivo, la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana se enfrenta, en síntesis, a los siguientes desafíos: 1) prevenir la aparición de nuevos actores criminales y la reincidencia; 2) combatir el crimen y la delincuencia organizada; 3) desarticular mercados de economía ilegal sobre los cuales se constituyen, articulan y consolidan estructuras criminales; 4) responder en forma efectiva a las conductas que pongan en riesgo la seguridad individual y colectiva o atenten contra ella; 5) fortalecer el Estado de derecho garantizando el imperio de la ley y la justicia; 6) proteger los derechos individuales y colectivos; 7) promover una cultura ciudadana y cívica, y 8) promover la legalidad, el respeto y la convivencia como prácticas y valores sociales."

Estos lineamientos generales de política pública son la estructura de las políticas publicas de seguridad ciudadana que se adopten en Bogotá, al respecto las últimas administraciones lo han venido haciendo pero sin resultado positivo. La última encuesta de percepción y victimización publicada por la Cámara de Comercio de Bogotá y que cubre el segundo semestre de 2014 evidencia las falencias de la política en Bogotá y sus resultados negativos en la lucha contra la criminalidad. Las cifras mas destacadas del informe dan cuenta de que:

La CCB propone a los gobiernos Nacional y Distrital definir compromisos y acciones puntuales en tres aspectos:

* Sistema local de justicia: atención al ciudadano, virtualización y mejoramiento del acceso a la denuncia.

* Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes: fortalecer la gerencia y la atención al ciudadano.

* Modernizar el NUSE 123.³

Honorables Concejales; La Secretaria Distrital de Seguridad está llamada a lograr un alto desempeño en el cumplimiento de las metas y objetivos que se le asignen en el Plan de desarrollo. Sus actuaciones estarán apoyadas de manera transversal por las demás instituciones públicas de la ciudad y esa articulación redundará en confianza ciudadana hacia la política de seguridad. Los Honorables Concejales tienen la oportunidad de aportar a la estructuración de esta Secretaría Distrital, tal vez la de mas importancia en este momento para los ciudadanos, con todo respeto los invito a participar y aportar sus importantes ideas a este proyecto que presento para su aprobación.

La secretaría Distrital de Seguridad actuará con eficiencia y eficacia, principios esenciales en la construcción de seguridad. En aplicación de estos principios la Secretaría hará que la distancia entre los recursos empleados en un determinado proyecto y los logros obtenidos sea cada vez mas corta. Se entiende que ser eficiente es cuando se emplean menos recursos

Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos.

Con relación a la eficacia, la Secretaría deberá optimizar los niveles de realización de metas y objetivos. La criminalidad avanza rápidamente y la entidad debe estar preparada para frenar oportunamente esos avances mediante eficaces programas de prevención del delito y captura de la delincuencia con el apoyo de la policía y el ejército. Solucionar objetivamente las necesidades de la ciudadanía y devolverle la confianza al ciudadano individualmente genera satisfacción y permite elevar la percepción de seguridad .

La Secretaria tiene como su principal valor la transparencia lo que sin duda conllevará a la economía de importantes recursos evitando su dispersión y mala inversión como viene ocurriendo con el actual Fondo de Vigilancia y Seguridad en donde las inversiones mas importantes para la seguridad en los últimos gobiernos han recibido serios cuestionamientos por falta de transparencia. Entre las licitaciones que no han aportado beneficio concreto a la seguridad realizadas por ese fondo tenemos la de los radios que hoy muchos años después todavía se encuentran archivados en bodega por inútiles, otra licitación fallida fue la de la compra de patrullas cuya capacidad técnica y operativa siempre estuvo en duda, poco tiempo después vino la de las motos eléctricas que hoy se encuentran casi todas fuera de servicio con menos de 15 meses de servicio y una de las mas estruendosas por las implicaciones éticas denunciadas por el mismo gerente del Fondo como es la de la implementación del número único de atención ciudadana el 1,2,3 que resultó en un proceso de poca transparencia entre el Fondo y la ETB, con repercusiones económicas muy grandes para la ciudad y el estancamiento de los servicios de comunicación entre la policía y la ciudadanía. La transparencia como principio, no ha sido el fuerte del Fondo de Vigilancia y Seguridad y por eso esa entidad debe liquidarse una vez entre en vigencia este proyecto de acuerdo. Para el futuro inmediato el FVS se liquidará y se convertirá en una Dirección de la Secretaría. La contratación de la Secretaría Distrital de Seguridad será realizada por la misma secretaria de acuerdo con las disposiciones legales contenidas en el Artículo 51 de la Ley 179 de 1994. Estas medidas conducirán al fortalecimiento de las relaciones con la Policía Metropolitana y al cumplimiento efectivo de los programas de lucha contra la delincuencia y la criminalidad en las Localidades ya que desde el inicio del año fiscal la Secretaría distrital de Seguridad asignará los recursos básicos para el funcionamiento de sus programas en cada localidad, así, las JAL podrán aportar también recursos de su presupuesto para la cofinanciación de sus programas pero con la certeza de que tendrán desarrollo efectivo y resultados concretos y positivos en la lucha por recobrar la tranquilidad ciudadana.

Objetivo destacado de la Secretaria es la lucha contra la corrupción, como lo pregona sin éxito muchas veces la Policía metropolitana, "cero tolerancia a la corrupción, el fortalecimiento a la cultura de la legalidad y transparencia en las actuaciones de todos los miembros de la Institución, se erigen como principios y valores que se imprimen en los procesos internos convirtiéndose en el sello de calidad de "una estrategia totalmente confiable", lo cual contribuye a crear y sostener altas pautas de credibilidad y realizar acciones que aseguren la sostenibilidad de la misma."

Otros Objetivos a tener en cuenta son los contemplados en la "Política nacional de Seguridad"

* Construcción de una nueva estrategia para la gestión de la seguridad. El modelo tradicional de vigilancia basada en la respuesta ante un hecho consumado, no es suficiente para responder efectivamente a las nuevas demandas de seguridad ciudadana, por este motivo se han desarrollado estrategias dinámicas que tienen como objeto mejorar la calidad del servicio de policía. La estrategia para la seguridad ciudadana Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, fortalece de manera directa la filosofía y gestión policial frente al trabajo con la comunidad y las autoridades locales, en la cual se han incluido elementos innovadores como la delimitación territorial, la asignación de responsabilidades específicas y el fortalecimiento del conocimiento y accionar policial, a través de un modelo integral de servicio de policía, complementado con herramientas de gestión, de apoyo y tecnologías que potencialicen su efectividad.

* Atención a las Localidades. Como consecuencia del crecimiento de la criminalidad y la poca convivencia en las Localidades, uno de los retos institucionales es enfocar los esfuerzos para reducir la actuación de las organizaciones delincuenciales que allí operan, satisfaciendo la demanda ciudadana. Lo anterior implica el fortalecimiento institucional en términos de aumento del pie de fuerza, mejoramiento de los procesos educativos y de formación, implementación de herramientas tecnológicas para optimizar alcance y cobertura y mecanismos de participación ciudadana para la seguridad y convivencia.

* Atención integral a los fenómenos de crimen organizado. Los fenómenos criminales hacen parte de redes cada vez más complejas que requieren para su desarticulación una visión y entendimiento global de su dinámica de operación. Por lo anterior, la actuación policial debe atacar de manera integral los frentes de acción que permiten la acción delictiva, estas actuaciones están enmarcadas dentro de once componentes que abarcan de manera integral la problemática delincuencial y permiten abordarla con efectividad con el fin de darle solución, causando el impacto esperado por la comunidad. Por otra parte la atención a los fenómenos delictivos requiere la participación y gestión de todos los organismos de los niveles nacional, regional y local.

* Corresponsabilidad de las autoridades político-administrativas frente a la seguridad. La actuación policial se ve fortalecida cuando las entidades político-administrativas de los niveles nacional, departamental, distrital y local se vinculan realizando su contribución al fortalecimiento de la seguridad ciudadana; desde esta perspectiva la Secretaria Distrital de Seguridad debe liderar los procesos de gestión y coordinación interinstitucional que faciliten la participación y el trabajo en equipo del trinomio Comunidad - Policía – Instituciones. La estrategia promueve la apropiación de las facultades y competencias por parte de las autoridades distritales y locales en materia de seguridad y convivencia ciudadanas, e incentiva el liderazgo de estas autoridades en el desarrollo de los planes integrales distrital y local de seguridad.

La Secretaría Distrital de Seguridad busca mejorar y enriquecer la gestión de la policía metropolitana dotándola de las herramientas necesarias que le permitan mejorar su servicio y satisfacer las demandas ciudadanas con efectividad. Combatir y controlar la aparición de nuevos fenómenos delictivos a nivel urbano se constituyen en prioridad institucional, estos fenómenos son entre otros:

* Microtráfico

* Violencia escolar

* Porte ilegal de armas

* Uso ilícito de documentación

* Delitos contra la libertad y el pudor sexual

* Microextorsión

* Delitos contra los derechos de autor

* Delincuencia juvenil

* Violencia intrafamiliar

La creación de la Secretaría Distrital de Seguridad, con el propósito de llenar el vacío existente en materia de planeación, diseño y ejecución de la política pública de seguridad. Bogotá D.C. necesita una entidad dedicada de tiempo completo a estos asuntos especializada en los temas de convivencia y seguridad ciudadana con articulación interinstitucional, autonomía administrativa, financiera y presupuestal, cuya meta principal sea la de garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y el acceso efectivo a la justicia de los ciudadanos en el Distrito Capital.

A partir de la creación de la Secretaria Distrital de Seguridad ya no será función de la Secretaría Distrital de Gobierno, Garantizar la convivencia pacífica, el respeto de los derechos humanos, la seguridad ciudadana y la preservación del orden público en la ciudad; estas tareas pasarán a ser desempeñadas por la Secretaria Distrital de Seguridad.

ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

……9. Crear, suprimir y fusionar establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta y la participación del Distrito en otras entidades de carácter asociativo, de acuerdo con las normas que definan sus características.

11. Revestir pro tempore al alcalde mayor de precisas facultades para el ejercicio de funciones que corresponden al Concejo. El alcalde le informará sobre el uso que haga de las facultades al término de su vencimiento.

Preámbulo y artículos 2, 7, 11, 13, 29, 44, 115, 116, 189, 218, 228, 229, 247, 250, 296, 303, 315, 322 y 325.

Leyes:

* Ley 4 de 1991. "Por la cual se dictan normas sobre orden público y policía cívica local".

* Ley 62 de 1993. "Por el cual se dictan normas sobre la Policía Nacional".

* Ley 134 de 1994. "Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana".

* Ley 136 de 1994. "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y funcionamiento de los municipios".

* Ley 489 de 1998. Por medio de la cual se s dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

* Ley 497 de 1999. "Por la cual se crean los Jueces de Paz y se reglamenta su organización y funcionamiento".

* Ley 640 de 2001. "Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones".

* Ley 684 de 2001 "Por la cual se expiden normas sobre la organización y funcionamiento de la seguridad y defensa nacional y se dictan otras disposiciones."

* Ley 782 de 2002. "Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, la Ley 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones"-

* Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia.

* Ley 1257 de 2008. "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres".

* Ley 1421 de 2010. "Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 1002 y 1106 de 2006.

* Ley 1448 de 2011. Ley de Victimas y Restitución de Tierras.

* Ley 1450 de Junio 16 de 2011. "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014".

* Ley 1453 de 2011 "Por medio de la cual se reforma el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad"

* Ley 1482 de 2011. Ley antidiscriminación.

* Ley 1505 de 2012. "Por medio de la cual se crea el subsistema nacional del voluntariado"-

* Ley 1523 de 2012. "Por la cual se adopta la política nacional de gestión de riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones".

* Ley 1551 de 2012. "Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y funcionamiento de los municipios".

* Ley 1575 de 2012. "Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia".

* Ley 1577 de 2012. "Por medio de la cual se establecen estímulos tributarios y otros, con el fin de adoptar medidas especiales para la rehabilitación e inclusión social de jóvenes con alto grado de emergencia social, pandillismo y violencia juvenil.

* Ley 1620 de 2013. "Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar"

* Ley 1641 de 2013. "Por medio de la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle".

* ley 1757 de 2015 ""por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática"

* Decreto 1355 de 1970. Código Nacional de Policía.

* Decreto 2615 de 1991. "Por el cual se reorganizan los Consejos Departamentales de Seguridad y el Consejo de Seguridad del Distrito Capital".

* Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el Régimen Especial para el Distrito de Santafé de Bogotá".

* Decreto 1818 de 1998. Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

* Decreto 1477 de 2000. Establece el Programa Nacional Casas de Justicia.

* Decreto 2170 de 2004. "Por el cual se establece la organización y funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y se adiciona el Decreto 2615 de 1991".

* Decreto 2355 de 2006. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

* Decreto 4708 de 2009. "Por el cual se crea el Comité Técnico de Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad –SIES-".

* Decreto 399 de 2011. "Por el cual se establece la organización y funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales".

* Acuerdo 18 de 1999. "Por el cual se crea la Defensoría del Espacio Público".

* Acuerdo 004 de 2000: "Por el cual se crean los comités de convivencia en los establecimientos educativos oficiales y privados del distrito capital."

* Acuerdo No. 79 de 2003. Código de Policía de Bogotá.

* Acuerdo No. 135 de 2004. "Planes Integrales de Seguridad para Bogotá y sus localidades".

* Acuerdo No. 173 de 2005. Se establece el Sistema Distrital de Seguridad Escolar.

* Acuerdo No. 232 de 2006. "Por el cual se establece el Sistema Integrado de Seguridad y Emergencia NUSE 123 del Distrito Capital".

* Acuerdo No. 257 de 2006. "Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital.

* Acuerdo No. 375 de 2009. "Por el cual se establecen normas para difusión y divulgación del Sistema Integral de Seguridad y Emergencias NUSE 123".

* Acuerdo 449 de 2010: Por medio del cual se establece el programa caminos seguros al colegio como política distrital en Bogotá D.C.

* Acuerdo Distrital No. 489 de 2012. "Por el cual se aprueba en Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D. C. 2012-2016.

* Acuerdo 502 de 2012 "Por medio de del cual se crean los planes integrales de convivencia y seguridad escolar – PICSE"

* Decreto 292 de 2003. "Por el cual se reglamenta la Policía Cívica de Tránsito en el Distrito Capital."

* Decreto 451 de 2005. Se implementa el número único de Seguridad y Emergencia.

* Decreto 064 de 2006. Reestructura los Consejos Locales de Seguridad y Convivencia.

* Decreto 539 de 2006. "Por el cual se determina la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Decreto 505 de 2007. "Por el cual se reglamenta el Consejo de Gobierno Distrital y los Comités Sectoriales".

* Decreto 563 de 2007 (subroga 503 de 2003). Plan Maestro de equipamiento de seguridad, justicia y defensa.

* Decreto 101 de 2010. Fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades.

* Decreto Distrital 657 de 2011. "Por el cual se adopta la Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad Ciudadana".

* Decreto 908 de 1969, por medio del cual se reorganiza la Secretaría de Gobierno Distrital en cuanto a dependencias, funciones.

* Decreto 816 de 1991, por medio del cual se crea la Sección de Bienestar Social-Capacitación y la Sección de Carrera Administrativa de la Secretaría de Gobierno y se determina su estructura y funciones.

* Decreto 382 de 1995, por medio del cual se determina la estructura interna y se establecen las funciones de las dependencias de la Secretaría de Gobierno, articulo 1.

* Decreto 153 de 1996, por medio del cual se adiciona el artículo 9 del Decreto Distrital 382 de 1995, respecto a las funciones de la Subsecretaría de Gobierno.

* Decreto 540 de 2013, por medio del cual se adopta e implementa el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana Bogotá D.C.

Se justifica la creación de la Secretaría Distrital de Seguridad, por la necesidad que tiene la administración distrital de contar con un establecimiento oficial del sector central con capacidad para diseñar, construir y ejecutar la política pública de seguridad ciudadana, así como para coordinar las acciones entre la policía y la comunidad tendientes a enfrentar la criminalidad y devolver la confianza ciudadana en la institución policial.

Se justifica también la creación de la Secretaria Distrital de Seguridad en la necesidad de fortalecer las políticas de convivencia, seguridad, derechos humanos, participación ciudadana, espacio público, prevención de riesgos y emergencias en seguridad.

Se justifica la creación de la Secretaria Distrital de Seguridad en la necesidad de liberar a la Secretaria Distrital de Gobierno de funciones que por no ser afines a sus objetivos han quedado por muchos años atendidas parcialmente o pésimamente atendidas como es el caso del Fondo de Vigilancia. Dispensar a la Secretaría Distrital de Gobierno del cumplimiento de estas funciones que se le asignan a la Secretaria Distrital de Seguridad le permitirá direccionar toda su capacidad hacia la solución de las problemáticas complejas que representa la gobernabilidad de la ciudad, la relación con los entes políticos, nacionales departamentales y Distritales así como la participación de los ciudadanos en cuestiones políticas.

Se justifica la creación de la Secretaria Distrital de Seguridad porque dota a la administración distrital de una instancia con mas capacidad y suficiencia para Articular las acciones interinstitucionales con el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Alta Consejería para la Seguridad, Defensoría del Pueblo, Policía, Ejército, Fiscalía – CTI, ICBF y demás entes afines, con las funciones y deberes de la Secretaria Distrital de Seguridad.

Con la creación de la Secretaría Distrital de Seguridad, se suprimirá y ordenará la liquidación del Fondo de Vigilancia y Seguridad FVS. La secretaria Distrital de Seguridad contará con una tesorería que será la responsable del recaudo de la totalidad de los recursos que hoy recibe el FVS, como lo es la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total de los contratos o adiciones a los mismos que suscriban todas las personas naturales o jurídicas con entidades del Distrito por concepto de construcción o mantenimiento de vías de comunicación terrestre, fluvial, y de puertos aéreos establecidos en la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010.

En lo relativo al IMPACTO FISCAL, cumplimiento del Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Para la interpretación del artículo 7 de la Ley 819 de 2003 , debe considerarse lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-502-07, de 4 de julio de 2007, M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Principalmente lo dispuesto en los siguientes apartes: Página 82- "36. Por todo lo anterior, la Corte considera que los primeros tres incisos del art. 7° de la Ley 819 de 2003 deben entenderse como parámetros de racionalidad de la actividad legislativa, y como una carga que le incumbe inicialmente al Ministerio de Hacienda, una vez que el Congreso ha valorado, con la información y las herramientas que tiene a su alcance, las incidencias fiscales de un determinado proyecto de ley. Esto significa que ellos constituyen instrumentos para mejorar la labor legislativa."

Honorables Concejales, la Ley 819 de 2003 dispone en el Artículo 7 que: En las entidades territoriales, el trámite a que estoy haciendo referencia será surtido ante la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de hacienda es la encargada de realizar los análisis requeridos para establecer la consistencia fiscal de este proyecto de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano plazo, teniendo en cuenta que todo incremento en el gasto deberá estar sustentado con una fuente adicional de ingreso, o en la reducción de otro gasto.

Honorables Concejales; De nuevo recalco la importancia de la creación de la Secretaria Distrital de Seguridad, el momento de zozobra por el que atraviesa la ciudad ante el temor que ocasiona en los ciudadanos el hecho de que la delincuencia y la criminalidad hayan desbordado las autoridades y el gobierno no haya sido determinante para contrarrestar la victimización de los Bogotanos al tiempo de solucionar los problemas que presenta el Fondo de Vigilancia y Seguridad. Pongo a su disposición este proyecto de acuerdo y les solicito votarlo favorablemente para que la ciudad inicie lo mas pronto posible la recuperación de la confianza en su policía y en las instituciones, de la mano de la recuperación de su seguridad y tranquilidad.

Cordialmente;

Articulo 1.- Creación de la Secretaría Distrital de Seguridad. Crease la Secretaria Distrital de Seguridad, como un organismo del Sector Central con autonomía administrativa financiera. Tiene por objeto liderar, dirigir, coordinar, articular y ejecutar las etapas de diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas integrales para la seguridad ciudadana.

Además de las atribuciones generales establecidas para las Secretarías en el artículo 23 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, la Secretaría Distrital de Seguridad, tendrá las siguientes funciones básicas:

a) Liderar,  orientar, coordinar y ejecutar la formulación de políticas, planes y programas dirigidos a construir y garantizar la convivencia, la seguridad ciudadana, el respeto y apropiación de los derechos humanos y la preservación del orden público en la ciudad.

b) Liderar, orientar y coordinar con las Localidades y las instituciones distritales responsables de la atención a población vulnerable desde la perspectiva de convivencia y seguridad ciudadana, la formulación de políticas, planes y programas dirigidos a la promoción, desarrollo y organización de las iniciativas y procesos ciudadanos solidarios.

c) Coordinar las relaciones de la Administración Distrital en materia de convivencia, seguridad y derechos humanos, con organismos internacionales, nacionales, regionales, distritales y locales.

d) Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas del Sistema Distrital de Justicia (unidades de mediación, centros de conciliación, inspecciones de policía, casas de justicia) incluyendo programas para la implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos en la ciudad.

e) Liderar, orientar y coordinar y ejecutar las acciones pertinentes con los organismos de seguridad, judiciales y de investigación para la identificación y judicialización de los actores delincuenciales en la ciudad.

f) Liderar, orientar y coordinar y ejecutar la formulación de políticas, planes y programas de prevención y gestión del riesgo en seguridad, en coordinación con las entidades que atienden los eventos de desastres naturales y antrópicos no intencionales.

g) Coordinar y ejecutar las funciones atribuidas al Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias 123 NUSE del Distrito Capital, con el objetivo de garantizar una respuesta eficiente y rápida para la prevención, atención y despacho de cada uno de los eventos de emergencias y seguridad que se susciten en el Distrito Capital.

h) Impulsar el desarrollo, aplicación e implementación de las tecnologías de la información y la comunicación estratégica para el fortalecimiento de la convivencia, seguridad y derechos humanos, en coordinación con las dependencias del Distrito competentes en el tema.

i) Coordinar con el Sector Administrativo de Cultura, Recreación y Deporte el diseño y formulación de políticas, planes y programas de cultura ciudadana y democrática para promover la convivencia, la seguridad, el respeto y apropiación de los derechos humanos en el Distrito Capital.

j) Realizar las investigaciones sociales que permitan profundizar en el conocimiento de ciudad y definir las políticas públicas pertinentes para su implementación y evaluación.

k) Generar análisis que permitan concertar con las instituciones del orden internacional, nacional y distrital alternativas al consumo de sustancias psicoactivas.

l) Atender los requerimientos de la ciudad en el ámbito de su competencia, para la dignificación de las personas privadas de la libertad, procesos de resocialización y dotación de instalaciones físicas acordes con la dignidad humana.

m) Las demás que le sean asignadas en el marco de su competencia.

Artículo 2.- Estructura de la política Pública de Seguridad. La Secretaria Distrital de Seguridad tiene la misión de Diseñar, Ejecutar y difundir la Política Pública de Seguridad Ciudadana de Bogotá D.C. Diseñar y ejecutar con los alcaldes Locales la Política Pública de Seguridad Local .

La Política Pública de Seguridad Distrital y Local deberá contemplar herramientas de prevención y lucha de los factores generadores de criminalidad y delincuencia, priorizando la lucha contra:

* Microtráfico, narcotráfico y tráfico de sustancias prohibidas

* Violencia escolar, matoneo por redes sociales y exclusión

* Porte ilegal de armas

* Uso ilícito de documentación , chantaje, extorción y suplantación de autoridades

* Delitos contra la libertad y el pudor sexual

* Microextorsión y delincuencia contra establecimientos comerciales

* Delitos contra los derechos de autor

* Delincuencia juvenil y drogadicción

* Violencia intrafamiliar

* Atraco y Hurto callejero

* Delincuencia organizada , atracos a residencias, sector financiero, estafa y contrabando

Artículo 3.- Construcción de una nueva estrategia para la gestión de la seguridad. La Secretaria Distrital de Seguridad en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá desarrollará estrategias orientadas a mejorar la calidad del servicio de policía. Como son:

* La estrategia para la seguridad ciudadana

* Plan Distrital y Local de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes,

* Instalación y dotación de herramientas de gestión, de apoyo y tecnologías que potencialicen la acción de la policía y faciliten la denuncia ciudadana. Herramientas tecnológicas de video y reconocimiento, WiFi, y otras tecnologías de última generación.

* Atención a las Localidades. Fortalecimiento institucional Local en términos de aumento del pie de fuerza, mejoramiento de los procesos educativos y de formación, implementación de herramientas tecnológicas para optimizar alcance y cobertura y mecanismos de participación ciudadana para la seguridad y convivencia.

* Atención integral a los fenómenos de crimen organizado. Integración de redes de apoyo para la seguridad y la convivencia ciudadana. Estas redes deberán contar con el apoyo de las Autoridades Distritales y la participación y gestión de la Policía Metropolitana de Bogotá en el nivel Distrital y local.

Artículo 4.- Integración Transversal con otras entidades del Distrito Capital. La secretaría Distrital de Seguridad se integra transversalmente para el cumplimiento de su misión con todas las entidades Distritales y de manera especial con la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos (UAECOB). La Secretaría Distrital de Gobierno, El Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, Departamento administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Secretaria de Cultura Recreación y Deporte

Artículo 5.- Modificación del Acuerdo Distrital No.257 de 2006. Eliminase el numeral d, del Artículo 51 del Acuerdo Distrital 257 de 2006. El Parágrafo 2 del Artículo 52 del Acuerdo 257 de 2006

Artículo 6.- Liquidación del Fondo de Vigilancia y Seguridad. A partir de la expedición del presente Acuerdo será liquidado el Fondo de Vigilancia y Seguridad, creado mediante el Acuerdo 9 de 1980 y reestructurado por el Acuerdo 28 de 1992.

PARAGRAFO 1.- El Alcalde Mayor de Bogotá D.C. queda facultado para liquidar esta entidad. Los activos del Fondo de Vigilancia que queden como remanente después de su liquidación pasarán al Fondo Cuenta Distrital de Seguridad.

PARAGRAFO 2.- Incorporación de personal de carrera. Los servidores públicos que ocupan cargos de carrera administrativa en la planta y que vienen laborando en el Fondo de Vigilancia y Seguridad, que se liquida en éste artículo, pasan a pertenecer a la Secretaría Distrital de Seguridad, garantizando los derechos laborales de estos servidores.

Artículo 7.- Modificación parcial de los Acuerdos Distritales 232 de 2006 y 375 de 2009. Modifíquese los Acuerdos Distritales 232 de 2006 y 375 de 2009 en el sentido de señalar que en los apartes donde se hace referencia a las funciones y competencias de la Secretaría Distrital de Gobierno, a partir de la expedición del presente Acuerdo deberá entenderse que dichas funciones relacionadas con el Número Único de Emergencia 123 (NUSE) estarán en cabeza de la Secretaría Distrital de Seguridad.

Artículo 8.- Creación del Fondo Cuenta Distrital de Seguridad. Créase el Fondo Cuenta Distrital de Seguridad.

Artículo 9.- Naturaleza, Administración y Misión del Fondo Cuenta Distrital de Seguridad. Es un Fondo Cuenta para la financiación del Plan de Inversiones y el Funcionamiento de la Secretaria Distrital de Seguridad, administrado como una cuenta especial, sin personería jurídica. Su administración y ordenación del gasto corresponde al Alcalde Mayor de Bogotá., quien podrá delegar esta responsabilidad en el Secretario Distrital de Seguridad o quien haga sus veces

El objeto del Fondo Cuenta es administrar, recaudar y canalizar recursos para efectuar gastos e inversiones para la financiación del presupuesto de rentas ingresos y gastos de la Secretaria Distrital de Seguridad, en el marco de la Política y Estrategia Distrital de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

En ningún caso los recursos destinados al Fondo podrán hacer unidad de caja con las demás rentas del Distrito Capital. El presupuesto del Fondo Cuenta, en su formulación, liquidación y ejecución será presentado como anexo del Presupuesto Anual del Distrito Capital. Dicho anexo será reglamentado en las Disposiciones Generales del Presupuesto Anual del Distrito.

PARÁGRAFO. Facultades del Ordenador del Gasto: El ordenador del Gasto del Fondo Cuenta asumirá, entre otras, las siguientes competencias:

a) Garantizar la administración y utilización de los recursos destinados para el Fondo Cuenta de conformidad con las competencias establecidas por la Ley.

b) Programar, elaborar y presentar ante el CONFIS y el CONSEJO DE GOBIERNO, conforme a las normas vigentes el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Fondo Cuenta que será incorporado por medio de un anexo al presupuesto Anual del Distrito, en el marco de lo establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, articulándolo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

c) Preparar y presentar para la aprobación de la autoridad competente o expedir y ejecutar los actos administrativos, según el caso, necesarios para la ejecución presupuestal de los recursos del Fondo Cuenta.

d) Ordenar el pago de manera oportuna y adecuada de las obligaciones que se hayan contraído con cargo a los recursos del Fondo Cuenta, previo cumplimiento de los requisitos legales vigentes.

e) Rendir los informes requeridos por las autoridades competentes.

f) Las demás relacionadas con la adecuada, eficiente y oportuna utilización de los recursos del Fondo Cuenta conforme al objeto para el cual es creado.

Artículo 10.- Recursos del Fondo Cuenta Distrital de Seguridad- El Fondo Cuenta se nutrirá de los recursos provenientes de la contribución especial del cinco por ciento (5%) previsto en el artículo 120 de la Ley 418 de 1997, además de las Leyes 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen, los rendimientos financieros del Fondo y los demás recursos que proviniendo de otras fuentes se destinen a financiación.

ARTÍCULO 11.-Transitorio. Establécese un periodo de transición de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo, para la asunción de funciones y programas que vienen realizando las diversas dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno y Entidades Descentralizadas Distritales según lo establecido en este acuerdo y que corresponden a la misión y funciones asignadas a la Secretaría Distrital de Seguridad que se crea a través del presente acuerdo.

ARTÍCULO 12. -Planta de Personal. La Administración Distrital determinará la planta de personal de la Secretaría Distrital de Seguridad, para lo cual podrá realizar los ajustes y traslados pertinentes en la planta de cargos de la Secretaría de Gobierno, teniendo en cuenta la misión y las funciones que se asignan a éstas Secretarías en el presente Acuerdo, y lo establecido en los artículos 7 y 12 del presente acuerdo.

PARÁGRAFO. Los servidores públicos que vienen prestando sus servicios en cargos de carrera de la entidad aquí suprimida, y de las que se modifican y que sean incorporados/as en la Secretaría Distrital de Seguridad, lo serán sin solución de continuidad a cargos de igual o equivalente jerarquía, garantizando los derechos consolidados y las garantías laborales a que tengan derecho.

ARTICULO 13.- Facultades extraordinarias y Plazo para la expedición de los actos administrativos para la liquidación del Fondo de Vigilancia y Seguridad. Concédansele facultades extraordinarias al Alcalde Distrital de Bogotá D.C., para que en el lapso de seis (6) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, expida los actos administrativos necesarios para la liquidación del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá (FVS).

PARÁGRAFO. Una vez expedidos los actos administrativos de que trata el presente artículo el Alcalde Mayor tendrá un plazo máximo de doce (12) meses para la liquidación del Fondo de Vigilancia y Seguridad.

ARTÍCULO 14.-Vigencia y Derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación, modifica lo pertinente el Acuerdo 257 de 2006 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.