REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO SESENTA Y UNO (61) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

 

SECCIÓN TERCERA

 

SENTENCIA DE TUTELA 061

 

Bogotá D.C., dos (02) de julio de dos mil veinte (2020)

 

ACCIÓN: TUTELA

RADICACIÓN: 110013343-061-2020-00111-00

ACCIONANTE: RUDOLF MANUEL HOMMES RODRÍGUEZ Y OTROS.

ACCIONADO: NACIÓN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

 

ASUNTO:

 

Procede el Juzgado a proferir sentencia dentro de la tutela instaurada por Rudolf Manuel Hommes Rodríguez, Alfonso Ávila Velandia, Norman Maurice Armitage Cadavid, Luis Francisco Barón Cuervo, Carlos Eduardo Caballero Argáez, María del Pilar Caicedo Estela, María Consuelo Cárdenas de Sanz de Santamaría, Lucelly Ceballos Cárdenas, Gloria María Mercedes Cecilia Cuellar López, José María de Guzmán Mora, Humberto de la Calle Lombana, Alonso Gómez Duque, William de Jesús Hoyos González, María Cristina Jimeno Santoyo, Patricia Lara Salive, Álvaro Leyva Durán, Clara Eugenia López Obregón, Graciela Palacios Meiresonne, María Esperanza Palau Bonilla, Alejandro Sanz de Santamaría Samper, Petrus Adrianus Nicolaas Maria Spijkers, Ignacio Antonio Vélez Pareja, Alberto Villlate Paris, Lucía Villate Paris, y Ricardo Alberto Villaveces Pardo en ejercicio de la acción contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política, contra la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y la Nación – Ministerio del Interior, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales a la igualdad, la libertad de locomoción y libre desarrollo de la personalidad.

 

1.      ANTECEDENTES

 

1.1.   DEMANDA

 

1.1.1      Elementos y pretensión

 

A.                 Derechos fundamentales invocados: Igualdad, libertad de locomoción y libre desarrollo de la personalidad.

 

B.          Pretensiones:

 

“le pedimos señor(a) juez(a) proteger nuestros derechos fundamentales a la igualdad en conexidad con las libertades de locomoción y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y en consecuencia ordenar inaplicar las resoluciones 464 y 844 de 2020 proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en lo relativo a  las medidas sanitarias  de aislamiento  y cuarentena preventivo para  las  personas mayores  de 70 años.

 

En consecuencia, les solicitamos que inapliquen los decretos 749 y 847 de 2020 en cuanto imponen  una  restricción  más  severa  para  realizar ejercicio y que a ellos se aplique la  norma prevista para los adultos menores de 70 años, a saber, que pueden salir  para  realizar  ejercicio  hasta por dos horas  todos los  días.  Le pedimos  también extenderlos efectos de este fallo no solo a los peticionarios sino a todos los ciudadanos que ven vulnerados sus derechos fundamentales con estas resoluciones sin necesidad de acudir a la acción de tutela para ello”

 

1.1.2.     Fundamentos de la pretensión.

 

Los  accionantes  manifestaron  que  el  18  de  marzo  de  2020  el  Ministerio  de  Salud  y Protección  Social  expidió la Resolución 464 de 2020, en  la cual, decretó el  aislamiento preventivo obligatorio para las personas mayores de 70 años entre el 20 de marzo  al 30 de  mayo  del  2020, siendo al  parecer su única  motivación,  que  las  personas  adultas mayores  de  70  años  son  la  población  más  vulnerable frente a los efectos del virus Covid19.

 

Narraron que el 26 de mayo del año en curso, la mentada entidad profirió la Resolución 844, a través de la cual extendió el aislamiento obligatorio para las personas mayores de 70 años hasta el 31 de agosto de 2020, sin que dicha situación se encuentre motivada, y que,  además, suspende  o  limita  de  forma severa,  el derecho de  libre  locomoción, dejando  a  un  lado, la calificación de  sujetos de especial protección otorgada por la Constitución Política a las personas adultas mayores.

 

De igual forma, señalaron que la Presidencia de la República y el  Ministerio de Interior han acreditado, el presunto trato discriminatorio con la expedición  de los Decretos 749 de  2020  y  847  de  2020,  el  cual  establece que  las  personas mayores de 70 años  sólo pueden  salir de sus  casas tres  veces  a la semana por una hora para realizar  actividad física,  por  el  contrario, las personas  menores  de 70 años están  autorizadas para salir todos los días por el término de dos horas para la realización de la misma actividad.

 

Destacaron que, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional son violatorias de su Derecho Constitucional a la igualdad, toda vez que, sin justificación legítima, según los accionantes se limita su derecho a la libertad de locomoción, en forma estricta, considerando las medidas establecidas para los adultos menores de 70 años. Por lo anterior, exponen la realización de un test intermedio de proporcionalidad en el cual se examine la validez constitucional de los propósitos de la medida, adecuación, necesidad y proporcionalidad.

 

Reconocieron que, si bien se ha determinado, empíricamente, que las personas mayores de 70 años son más propensas a sufrir complicaciones de salud ocasionadas por el virus Covid 19, el hecho que el Estado limite su libertad de locomoción, de forma más estricta que el restante de la ciudadanía, configura una conducta discriminatoria frente a los adultos mayores, razón por la cual, presuntamente el objetivo perseguido con la medida no es válido y, por ende, inconstitucional.

 

Concluyeron en que el camino a seguir, no son las prohibiciones por medio de decretos, sino la persuasión mediante recomendaciones de autocuidado, que según afirman los accionantes, están en la capacidad de entender, evaluar y acoger por la propia voluntad.

 

Resaltaron que la imposición de ciertas medidas coactivas generales a toda la población, puede ser una decisión válida para evitar la extensión del contagio del Covid 19, sin embargo, cuestionan, la discriminación de la cual han sido objeto, cuando se les individualiza como   un  grupo  especial  y  se  le  obliga  a  tomar  restricciones de confinamientos diferentes al resto de la población, con la excusa de que se encuentra en mayor riesgo y que el Estado cuida mejor de su salud.

 

Anexaron los siguientes documentos:

 

* Copias simples de la cédula de ciudadanía de los accionantes

 

1.2. ACTUACIÓN JUDICIAL

 

El  17  de  junio  de  2020 fue recibido el expediente por la Oficina de Apoyo para  los Juzgados Administrativos.

 

Mediante providencia del 17 de junio de 2020 se remitió la presente acción de tutela al Tribunal Administrativo de Cundinamarca por falta de competencia, para que asumieran el conocimiento de la presente acción.

 

El 18 de junio de 2020 el expediente fue repartido a la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corporación  que a través de auto del  19 de junio de 2020 ordenó la devolución del expediente por considerar que si es de conocimiento del juzgado de circuito.

 

El 19 de junio de 2020, mediante providencia se admitió la presente acción  de tutela, se vinculó los terceros  indeterminados  que consideren  tener  interés  o legitimación  para actuar, se exhortó a  la Procuraduría General de la Nación  y a la  Defensoría del Pueblo para que si lo consideraban necesario rindieran su concepto, se requirió a las entidades accionadas para que en el término improrrogable de un (1) día  rindieran informe a este despacho sobre los hechos relacionados a la solicitud.

 

Así mismo en el auto del 19 de junio de 2020 se requirió a la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social  para que informara sobre los estudios previos de salud, legalidad y constitucionalidad, respectivamente,  realizados  sobre las  Resoluciones  464  y  844 de 2020  y  los  Decretos  749  y  847  de  2020  relacionado  con  las  medidas  sanitarias  de aislamiento  y  cuarentena preventivo para  las  personas  mayores  de  70  años;  y  a  los accionantes que  informaran al despacho su estado de salud, anexando los documentos que consideraran importantes.

 

Seguido a ello se invitó a la Asociación Colombiana de Epidemiologia - ASOCEPI-, al Instituto Nacional de Salud, y a las Facultades de Medicina de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nuestra Señora del Rosario y de la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de que a través de sus observatorios o grupos de investigación sobre el virus COVID 19, si lo consideraban pertinente, emitieran su opinión sobre la acción de tutela de la referencia.

 

Se notificó la acción el 19 de junio de 2020 y fue contestada de la manera que se describe en el acápite siguiente.

 

El  24 de junio de 2020 se accedió  a la solicitud de prórroga del término para rendir los informes  solicitados y se decretó como prueba la solicitud de concepto al Instituto de Envejecimiento  de la Facultad de Medicina de la Pontificia  Universidad Javeriana sobre (i) ¿Cuál es el impacto en la salud mental de las personas mayores de 70 años por el aislamiento prolongado?, (ii) ¿Qué efectos mentales produce el aislamiento prolongado?, (iii) ¿Cuáles serían las recomendaciones científicas para el desarrollo del aislamiento de personas mayores de 70 años en torno a la emergencia desarrollada por el virus COVID- 19? y  (iv)  ¿Existe  alguna diferencia  desde el  punto de  vista  médico  para  realizar una distinción  en  el  tratamiento de personas  mayores  de  65 años  y  menores  de 70 años frente a los cuidados que deben tenerse por la situación surgida con ocasión del COVID- 19?

 

1.3. CONTESTACIÓN, CONCEPTOS Y RESPUESTA DE TERCEROS FRENTE A LA ACCIÓN

Entidad	Fecha	Síntesis de la respuesta, concepto o contestación
Contestación entidades accionadas
Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República	24 de junio de 2020	Presentó     las      definiciones      de     virus,     coronavirus      y     las especificaciones  relacionadas  con  el SARS-CoCV2,  destacando  la facilidad    de   contagio,    representando   un   mayor   peligro   para aquellas  personas  que  se  encuentran en situaciones  de  debilidad manifiesta  o  con  enfermedades  base  que  deterioran  el sistema inmunológico.   Señaló que la Asociación Colombiana de Infectología estableció que el proceso de envejecimiento implica necesariamente la debilitación del sistema inmune, haciendo a las personas mayores más susceptibles de contraer infecciones.   Destacó  que  la  encuesta  SABE  Colombia  2015  determinó  que  el 23,8%  de las  personas  adultas  mayores  en el país  presentaba  dos condiciones  crónicas,  además  de  depresión  en el 49.9%  de  dicha población,   el  17,6%  deterioro  cognitivo  y  el  9,4%  algún  tipo  de demencia.   Adujo que con respecto al COVID-19 se tiene que la proporción por muertes de personas mayores de 70 años es del 49% del total de las defunciones por tal causa.   Manifestó que la restricción al derecho a la libertad de locomoción se encuentra plenamente justificada en la protección a los derechos a la salud, siendo razonable al garantizar el derecho a la libre locomoción.   Indicó que resulta notorio que las medidas de distanciamiento y aislamiento social se constituyen en la actualidad en la única defensa frente al COVID-19.   Estableció que entre las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para contener la propagación del virus y por ende proteger a la población adulta mayor se contemplaron las siguientes:   ·                    Resolución 380 del 10 de marzo de 2020 medidas de aislamiento y cuarentena de las personas que llegaran a Colombia provenientes de China, Italia, Francia y España. ·                    Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, relacionada con la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. ·                    Resolución 464 del 18 de marzo de 2020 en la que se decretó el aislamiento preventivo para personas mayores de 70 años a partir del 20 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020, presentando 8 excepciones para su desplazamiento. ·                    Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se dispuso el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes desde el 25 de marzo de 2020, medida que se ha venido prorrogando. ·                    Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 prorrogó las condiciones de aislamiento preventivo hasta el 31 de agosto  de 2020.
		·                    Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, a través del cual se permitió la circulación para el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre para mayores de 70 años 3 veces a la semana por media hora diaria, siendo aplicables para la movilidad como para cualquier otra persona, las 43 excepciones allí establecidas. ·                    Decreto 847 del 14 de junio de 2020, a través del cual se permitió la circulación para el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre para mayores de 70 años 3 veces a la semana por una hora diaria.   De   tal   descripción    normativa,    concluyó    que   a   las   personas mayores de  70 años  les aplica de la misma manera que al total de la  población  las  medidas  de  aislamiento  preventivo,  destacando que se encuentran implícitos dentro de las 43 excepciones para su movilidad,  y  precisó  que  solo  hay  dos  diferencias  la  primera  la extensión del aislamiento que se  da hasta  el 31 de agosto  de 2020 y que el desarrollo  de actividades  físicas  fuera de su residencia de 3 veces por semana  1 hora diaria.   Determinó que las condiciones de aislamiento no son severas, ni anulan la libertad de locomoción para las personas mayores de 70 años.   Indicó que ante las difíciles situaciones generadas con ocasión de la propagación del COVID-19, le corresponde a toda la sociedad, incluidos los adultos mayores de 70 años ejercer el deber de solidaridad que impone la Constitución Política para superar la emergencia.   Signó que las medidas de aislamiento para adultos mayores de 70 años no resultan discriminatorias al poseer una justificación razonable y proporcional que en nada vulnera el derecho a la libertad de locomoción.   Estableció que existen necesidades poblacionales que son definidas se basan en las condiciones que presenta el COVID-19, resaltando nuevamente las cifras estadísticas y los estudios emitidos en torno al peligro que representa el mentado coronavirus en la salud de los adultos mayores de 70 años.   Destacó que  en el plenario si bien obran las cédulas de ciudadanía de los accionantes,  se carece de pruebas relacionadas  con la edad precisa de estos,  lo cual impediría en principio que se  encuentren legitimados  en la causa  por  activa  para solicitar  la vulneración  de los derechos  de la población  mayor  de 70 años,  citando al efecto la sentencia SU-173 del 16 de abril de 2015.   Solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa y negar el amparo solicitado pro ser razonable, fundado en el principio de solidaridad y la expresión de un fin constitucionalmente legítimo.   A parte de los documentos que dan la facultad para actuar en el presente proceso, anexó los siguientes:   -                     Escrito del 16 de junio de 2020 del presidente de la Academia Nacional de Medicina dirigido a “Mayores de 70 años. Abuelos. Abuelitos”   -                     Escrito del 20 de junio de 2020 remitido por los presidentes de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría y del Comité Latinoamericano y del Caribe de
		Gerontología y Geriatría, al presidente de la República de Colombia.   -                     Escrito del 17 de junio de 2020 del presidente de la Academia Nacional de Medicina denominado “Mayores de 70 años”   -                     Escrito del 20 de junio de 2020 remitido por el presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría al presidente de la República de Colombia.
Nación – Ministerio del Interior	24 de junio de 2020	Solicitó negar la acción de tutela con respecto a la entidad, ya que se da la falta de legitimación en la causa por pasiva.   Precisó las funciones legalmente establecidas a la entidad, ninguna se relaciona con el asunto objeto de debate, resaltando, en todo caso, la existencia de la emergencia producida por la propagación del virus COVID-19.   Indicó que las pretensiones no cumplen con el requisito de subsidiariedad propio de las acciones de tutela, citando normas y sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con el asunto.   No allegó pruebas más allá de los documentos que dan la facultad para actuar en el presente proceso
Nación – Ministerio de Salud y Protección Social	24 de junio de 2020	Presentó de manera casi exacta los argumentos expuestos por la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.   Reiteró que las medidas de aislamiento para mayores de 70 años poseen justificaciones notorias desarrolladas por la emergencia causada por el virus COVID-19, que le asiste a la totalidad de la población el deber de solidaridad, y elevó nuevamente la solicitud de declarar la falta de legitimación por pasiva de la entidad.   No allegó pruebas más allá de los documentos que dan la facultad para actuar en el presente proceso
Conceptos
Instituto Nacional de Salud - INS	23 y 24 de junio de 2020	Sugirió que no se accediera a las pretensiones, ya que el Gobierno Nacional ha adoptado una serie de medidas, como restricciones a la movilidad bajo el amparo de normas constitucionales y legales, las cuales, son de carácter transitorio y ajustables de acuerdo con el comportamiento de la enfermedad en el territorio nacional, estableciendo que, basados en estudios científicos, se ha demostrado que la proporción de casos graves y letalidad en casos positivos de COVID-19 aumenta con la edad.   Informó que, en Colombia a 19 de junio de 2020 se han presentado 63.276  casos  de COVID-19  y 2.045 muertes, de los cuales,  del total de  casos,  el 72%  se  presentan  en personas  menores  de  50  años, pero  respecto  a  las  muertes,  una  de  cada  dos  decesos  (49,5%) ocurren en personas  mayores de  70 años.   Manifestó  que,  el grupo  etario  que  aporta  el  mayor  número de muertes en Colombia  por la COVID-19 es el de 70-79 años,  con 505 fallecimientos.  La  letalidad no es un parámetro  que se  modifique con  el  aislamiento,  sin  embargo,  en  la  medida  que  haya  menos casos,  se  generaran menos muertes.   Indicó respecto a la necesidad de unidades de cuidados intensivos (UCI), de los  63.316 casos  positivos,  665 (1,79%) se  encuentran en estado  grave  y  hospitalizados   en  UCI.  De  estos,  149  (22,4%)  se concentran en personas mayores de 70 años.
		Señaló que las personas con patologías subyacentes con mayor riesgo de hospitalización son aquellas personas que tienen enfermedades de tipo renal crónica, enfermedad cardiovascular y diabetes, quienes presentan el doble de riesgo respecto a otras enfermedades crónicas no transmisibles. De igual forma, según un estudio, por área geográfica, estimó que Colombia aportaría 473.10         casos de personas mayores de 70 años hospitalizadas por COVID-19 correspondientes al 7,34% de los casos de América Latina.   Resaltó que las medidas de aislamiento social más exigentes para esta población mayor de setenta (70) años, buscan salvaguardar su salud y la vida, en cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales, creando un equilibrio entre su vida, la satisfacción de sus necesidades básicas, el trabajo, la recreación y la salud mental.   Así mismo, indicó que estas disposiciones plantearon excepciones al aislamiento como atender sus necesidades de servicios financieros, compra de medicina o alimentos y salidas a realizar actividad física.   Anexó los siguientes documentos:   * Artículo publicado en el periódico el Espectador el 17 de junio de 2020, en tres (03) folios.
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia	26 de junio de 2020	Hizo alusión al equilibrio de derechos y al test de proporcionalidad, para determinar que el derecho fundamental de circulación puede ser limitado en tanto sea una medida necesaria e indispensable para prevenir la comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la seguridad nacional, el orden público, la salud y moral pública, sin que sea admisible la arbitrariedad en la restricción de derechos fundamentales.   Se refirió al concepto de biopolítica desarrollado por Foucault, estableciendo que el Estado ejerce un biopoder que genera impacto en la vida de las personas, por lo cual el desarrollo de la biopolítica debe ir de la mano con la política cuando se hace alusión a los medios de poder y vigilancia. Al respecto, puso de presente la postura critica de Latour, en la cual se destaca que la situación presentada por el COVID-19 representa un retroceso hacia un Estado controlador que atrapa a las personas en sus casas y genera una destrucción de los trabajadores ocultos para mantener dicho encierro.   Adujo que las medidas de emergencia sanitaria y de seguridad deben estar acordes con el derecho internacional y los derechos humanos, justificando además el distanciamiento social, presentando la diversidad de escenarios que representan los mayores de 70 años en el país, ya que existen algunos en situación de calle, otros que cuentan con todos los cuidados y atenciones, otros que cumplen rigurosamente el aislamientos, algunos se contagian en hogares para ancianos y otros se rebelan al aislamiento.   Estableció que la tasa de reproducción es de las más altas en comparación con enfermedades de este tipo.   Afirmó  que  el  COVID-19   afecta  en  su   mayoría  a  las personas adultas mayores, así como en situaciones tales como enfermedad renal crónica, diabetes, enfermedad cardio vascular y enfermedad
		respiratoria crónica.
Procuraduría	27 de junio	Realizó la síntesis de la demanda y de las contestaciones
General de la Nación	de 2020	presentadas.
		Refirió que la modulación de los efectos de una sentencia de tutela  es competencia  de  la  Corte  Constitucional,  al  tratarse  de una   medida   extrema,  ya   que   su   cualquier   juez   pudiese   dar aplicación  a tal situación desnaturalizaría  el sistema  de control de constitucionalidad,   regla  establecida  en  la  sentencia  SU-783  de 2003.
		Seguido a ello indicó que los accionantes conocen la existencia del medio jurídico ordinario para tratar el asunto, por lo cual no encuentra justificación alguna en que sea realizado el control de constitucionalidad abstracto en sede de tutela que corresponde a un control concreto.
		Informó que la fuente de la afectación corresponde a actos administrativos de carácter general relacionados con el aislamiento preventivo para mayores de 70 años, pero ninguno va
		directamente dirigido a los aquí accionantes.
		Adujo que en sede de tutela la Procuraduría General de la Nación no puede emitir un concepto de constitucionalidad sobre las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para el aislamiento preventivo de las personas mayores de 70 años, actuación que debe surtirse en el curso del proceso seguido a través del medio de control de nulidad.
		Precisó que la afirmación que los accionantes no pueden acudir a través del mecanismo ordinario para promover la demanda de nulidad, resulta equivocada, ya que se encontraban en la posibilidad de presentar por correo electrónico tal demanda y dentro de los medios de control exceptuados de suspensión de términos se encontraba el de nulidad contra los actos
		administrativos que se expidieran con desde la declaratoria de la emergencia.
		Así mismo precisó que en el medio de control de nulidad puede solicitarse la suspensión provisional del acto administrativo como medida cautelar.
		Señaló que no se demuestra la configuración de un perjuicio irremediable para los accionantes.
		Concluyó en que al ser la acción de tutela un mecanismo
		improcedente al no cumplirse con  el requisito de subsidiariedad, y no configurarse  ningún  perjuicio irremediable el amparo debe ser denegado.
Contestación de terceros interesados
Secretaría Distrital de Salud	23 de junio de 2020	Manifestó que las pretensiones de lo accionantes se encuentran dirigidas a autorizaciones de excepción sobre las reglas de
		aislamiento dictadas por el Gobierno Nacional, según ellos, de las cuales no tienen competencia.
		Refirió que el Presidente de la República expidió el Decreto 457 de 2020en     el     cual     se     establecieron     instrucciones     para     el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio de 19 días en todo el territorio nacional,  prorrogado  por el Decreto 531  de 2020 hasta  el 27  de  abril de  2020,  Decreto 689  de  2020  hasta  el 31  de mayo  de  2020  y Decreto 749  de  2020  hasta  el 1 de  julio de  2020, presuntamente    con    el   objetivo    de   prevenir    y   controlar    la propagación   del  virus  Covid-19   en  la  población   vulnerable, el
		Gobierno Nacional  extendió la emergencia sanitaria hasta  el 31 de agosto  de 2020.   Así mismo, determinó la ampliación del aislamiento preventivo en personas mayores de 70 años, permitiendo su salida a la calle con condiciones definidas.   Indicó, que el acto administrativo dicta otras medidas, como la obligación de las EPS y su red de prestadores del servicio de salud de garantizar la atención a sus afiliados, priorizando la atención domiciliaria, la entrega de medicamento a domicilio, seguimiento, tele orientación, tele salud, con énfasis en la población mayor de 70 años o con comorbilidades.   De esta manera, afirmó que se están garantizando las condiciones a la población mayor de 70 años para que permanezcan en su hogar y así presuntamente de mejorar las condiciones para esta población destacando que la prorroga podría finalizar de manera anticipada.   Refirió que teniendo como base la información entregada, la Secretaría Distrital de Salud no ha incurrido en la violación de los derechos de los accionantes, ya que, estos contienen temas de carácter constitucional y legal por parte de las entidades del orden nacional.   Solicitó desvincular de la presente acción de tutela a la Secretaría Distrital de Salud por no ser la entidad encargada de dar respuesta de fondo a las pretensiones de los accionantes.
Francisco José Vergara Carulla	25 y 29 de junio de 2020	Adujo ser una persona de 73 años de nacionalidad colombiana pero residente en Panamá que se encuentra varado en Colombia, indicando que coadyuva la acción de tutela mentada.   Citó normatividad internacional relacionada con la igualdad, precisando que la prohibición de discriminar a los adultos mayores por parte del Estado se encuentra desarrollada de múltiples maneras desde pedir préstamos bancarios hasta la solicitud de la licencia de conducción.   Señaló que la Constitución Política de cierta manera autoriza la discriminación en virtud de la edad, precisando una serie de normas expedidas con anterioridad como ejemplo de ello, estableciendo que el Estado a través del encierro les impide la libre movilización y el desarrollo de su personalidad, sin que puedan recibir eficientemente el servicio de salud.   Anexó los siguientes documentos: -                    Copia de su cédula de ciudadanía -                    Copia de las Recomendaciones generales para la toma de decisiones éticas en los servicios de salud durante la pandemia COVID-19
Carlos Alberto Gallón Giraldo	2 de julio de 2020	Manifestó  su  deseo  de  coadyuvar   con  la  acción  de  tutela,  dado que con las Resoluciones  464 de 2020 y 844 de 2020 del Ministerio del Interior y los decretos 749 y 847 de 2020 de  la Presidencia  de la República  ha visto  restringida su movilidad.   Indicó que es una persona mayor de 70 años, profesional, que carece de limitaciones físicas o mentales para ejercer su profesión, conduce su vehículo, camina normalmente y monta bicicleta para desplazarse, viendo limitada la movilidad a la cual ha venido acostumbrado.

1.4. Resumen pruebas decretadas de oficio

 

1.4.1. Requerimiento de estado de salud de los accionantes

 

El  21  de junio de 2020,  de manera general, informaron  que los agrupa el hecho de ser personas  mayores  de  70 años  y  el  sentimiento  de  irrespeto  y  discriminación  por  las decisiones del gobierno nacional, resaltando que son un grupo con diversos estados de salud.

 

Específicamente cada uno se pronunció de la siguiente manera sobre su estado de salud:

 

Accionante	Fecha	Pronunciamiento sobre su estado de salud
Rudolf Manuel Hommes Rodríguez	25 de junio de 2020	Indicó tener controlado su estado de salud con medicamentos, dieta saludable y ejercicio diario de una hora.   En marzo le instalaron un marcapaso por tercera vez, siendo la primera instalación hace 14 años.   Allegó el artículo de  opinión  Sísifo  y la muerte de  Chantall Maillard del diario El País  del 27 de junio de 2020.
Alfonso Ávila Velandia	N/A	No allegó pronunciamiento
Norman Maurice Armitage Cadavid	N/A	No allegó pronunciamiento
Luis Francisco Barón Cuervo	N/A	No allegó pronunciamiento
Carlos Eduardo Caballero Argáez	N/A	No allegó pronunciamiento
María del Pilar Caicedo Estela	26 de junio de 2020	Adujo que no tiene diabetes, hipertensión o sobrepeso.   Informó que hace  fue diagnosticada  con cáncer hace  2 años,  le realizaron intervención quirúrgica, sin necesidad de quimioterapia.
María Consuelo Cárdenas de Sanz de Santamaría	N/A	No allegó pronunciamiento
Lucelly Ceballos Cárdenas	25 de junio de 2020	Precisó que su estado de salud es bueno, no es hipertensa, no tiene ninguna enfermedad pulmonar, no es diabética, ni tiene sobrepeso, tampoco tiene cáncer, ni VIH.   Informó que toma medicamento para la tiroides.
Gloria María Mercedes Cecilia Cuellar López	N/A	No allegó pronunciamiento
José María de Guzmán Mora	N/A	No allegó pronunciamiento
Humberto de la Calle Lombana	26 de junio de 2020	Refirió que su estado de salud es acorde con su edad, posee sus índices controlados, posee una vida activa, sin impedimentos para realizar sus actividades diarias, se ejercita tres veces por semana durante una hora diaria.
Alonso Gómez Duque		Indicó que hace  15 años  tuvo un infarto,  que  ha tenido una evolución  satisfactoria   cuyo  último  control  fue  hace  tres meses;    presentó   obesidad    hace   10   años,    pero   en   la actualidad  no posee  tal condición.   Señaló   que   con   anterioridad   a   la  cuarentena   realizaba ciclismo  3  veces  por  semana   25  Km  en  promedio  cada salida.
William de Jesús Hoyos González	25 de junio de 2020	Adujo no tener ninguna enfermedad de base, tampoco sufrir de obesidad y relató que practica deporte de cinco a
		seis veces por semana.
María Cristina Jimeno Santoyo	26 de junio de 2020	Manifestó    que    su   única   observación    es que sigue tratamiento para el control de colesterol.
Patricia Lara Salive	N/A	No allegó pronunciamiento
Álvaro Leyva Durán	N/A	No allegó pronunciamiento
Clara Eugenia López Obregón	N/A	No allegó pronunciamiento
Graciela Palacios Mieresonne	N/A	No allegó pronunciamiento
María Esperanza Palau Bonilla	26 de junio de 2020	Precisó que realiza una hora de ejercicio diario, junto con el desarrollo de una dieta balanceada.   Refirió que tiene regulada la tensión arterial y que sufre de EPOC que es controlado con inhalador y no la limita físicamente.
Alejandro Sanz de Santamaría Samper	N/A	No allegó pronunciamiento
Petrus Adrianus Nicolaas Maria Spijkers	N/A	No allegó pronunciamiento
Ignacio Antonio Vélez Pareja	N/A	No allegó pronunciamiento
Alberto Villate Paris	25 de junio de 2020	Manifestó tener diabetes tipo II controlada, hacer dieta sin consumo de azúcar y baja en carbohidratos, realizar ejercicio una hora cuatro veces por semana.
Lucía Villate Paris	25 de junio de 2020	Narró que desde 1994 posee un adenoma en la hipófisis que trata con medicamento y se encuentra controlado, así mismo que posee artrosis en las rodillas controlado con fisioterapia.   Seguido a ello manifestó tener sus indicadores de salud en condiciones de normalidad.
Ricardo Alberto Villaveces Pardo	N/A	No allegó pronunciamiento