Resuelve sobre la viabilidad de incluir en un acuerdo de pago una obligación respecto de la cual no se había proferido resolución de fallo en cuanto a la responsabilidad contravencional. Aclara la entidad que "para otorgar dichas facilidades en aplicación del parágrafo 2 del artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, la sanción tuvo que ser impuesta antes del 15 de marzo de 2010, es decir, tuvo que haber un documento que preste merito ejecutivo antes de la fecha mencionada, que en este caso es el reconocimiento de la infracción y de la obligación por parte del deudor a favor de la Secretaría Distrital de Movilidad" 

El acuerdo o facilidad de pago que otorga la administración suspende el procedimiento de cobro coactivo adelantado contra el deudor y le otorga un plazo para cumplir con sus obligaciones, que, de ser incumplido, la administración procederá a revocar el acuerdo mediante resolución, sin que ello signifique que con el acuerdo de pago se esté novando o extinguiendo las obligaciones que dieron lugar al acuerdo, tan solo se modifica el plazo para su cumplimiento. Concluye que el acuerdo o facilidad de pago no constituye un nuevo título ejecutivo independiente, si se tiene en cuenta que no se dan los presupuestos para hablar de sustitución de una obligación por otra.  

La aplicabilidad de la regulación de estacionamiento de bicicletas, por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, debe estar ajustada en todo momento a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y aplicables a la materia. La norma no señala una aplicación especial para cada uno de los usuarios, por lo que aplica para ambos. Es decir, los cupos habilitados deben ser para todos los usuarios en general. 

Explica que "en el marco establecido en el Acuerdo 506 de 2012, corresponde a esta Secretaría propender por alianzas con organizaciones privadas sin ánimo de lucro para la donación de bicicletas, la cual no se debe entender a favor de la entidad, sino que la entidad participa en la promoción, pero no recibe a titulo de donación las bicicletas, correspondiendo el recibimiento de la donación de bicicletas a la entidad sin ánimo de lucro y en la alianza con las Secretarías de Movilidad e Integración Social se fijará la forma de entrega y lugares de recolección, así como los mecanismos de selección de los beneficiarios de la donación, priorizando los niveles 1, 2 y 3 de SISBEN, teniendo especial atención en la población desplazada forzosamente, estudiantes de colegio y universidades y trabajadores que devenguen hasta un salario mínimo" 

Señala que "es deber de la Dirección de Gestión de Cobro (Antes Subdirección de Jurisdicción Coactiva) verificar los términos previstos para declarar o no el fenómeno de la prescripción de esas obligaciones reconocidas expresamente por el deudor, y verificar los supuestos señalados en el punto 6.2.4 ?Prescripción especial del derecho a ejercer la acción de cobro respecto de obligaciones inmersas en una facilidad de pago.? del Manual de Cobro Administrativo Coactivo" 

El acuerdo o facilidad de pago que otorga la administración suspende el procedimiento de cobro coactivo adelantado contra el deudor y le otorga un plazo para cumplir con sus obligaciones, que, de ser incumplido, la administración procederá a revocar el acuerdo mediante resolución, sin que ello signifique que con el acuerdo de pago se esté novando o extinguiendo las obligaciones que dieron lugar al acuerdo, tan solo se modifica el plazo para su cumplimiento. Concluye que el acuerdo o facilidad de pago no constituye un nuevo título ejecutivo independiente, si se tiene en cuenta que no se dan los presupuestos para hablar de sustitución de una obligación por otra. 

Expone la entidad que "de acuerdo con lo consagrado en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011, los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte" 

Precisa la regla general según la cual los contratos en lo relativo a sus elementos de existencia, validez y sus efectos (derechos y obligaciones), se les aplica la ley existente y que rige al momento de su nacimiento o celebración, lo cual implica que, en principio, la ley nueva no puede entrar a suprimirlos o modificarlos, so pena de una ilegítima retroactividad. 

Expone que "se considera que la resolución de fallo por la violación de normas de tránsito, expedida dentro del proceso contravencional, así como, el acuerdo de pago se encuentra investidos de la presunción de legalidad establecido en el artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 

La Secretaría Distrital de Movilidad puede recibir donaciones en dinero, para lo cual debe suscribirse un contrato de donación de conformidad con lo establecido por el artículo 1443 del Código Civil, por remisión expresa del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 y se le exceptúa de la aplicación de cláusulas excepciones previstas en el artículo 14 ibidem. Cuenta con personería jurídica que le da la capacidad de aceptar bienes a título de donación, y será su representante legal quien tiene la competencia legal para suscribir dicho acto de disposición. Si la donación supera los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se debe realizar la ?insinuación?, esto es, tramitar el permiso ante notario público, so pena de declararse nulo el contrato de donación, en virtud de lo establecido en el artículo 1458 del Código Civil modificado por el artículo 1712 de 1989. La donación en dinero se registra contablemente y es administrado por la Tesorería distrital y debe apropiarse en su presupuesto para poder ejecutarse. 

Las sociedades comerciales podrán entrar en procesos de disolución y liquidación, a partir de la determinación de la causal establecida en la Ley o los estatutos que le aplique para tal fin. Se debe nombrar un liquidador para adelantar los actos necesarios para la inmediata liquidación de la empresa como consecuencia de la declaratoria de disolución, quien para todos los efectos administrará los bienes de la sociedad. El interés para actuar en nombre de una empresa en proceso de liquidación o liquidada se encuentra en cabeza del liquidador, puede confluir en el representante legal de la sociedad. 

Presenta acciones adoptadas por la Secretaría Distrital de Movilidad en protección del corredor férreo, tales como la imposición de infracciones a vehículos automotores, no automotores y peatones por incumplimiento de normas de protección de la zona de seguridad de la vía férrea, en respuesta a solicitud del Instituto Nacional de Vías referente a apoyo y cumplimiento de la normatividad de protección de las vías férreas. 

Concluye acerca de estimar que la función de estructurar e implementar el sistema de estacionamiento en vía es competencia de la Dirección de Transporte e Infraestructura, con apoyo de la Oficina de Información Sectorial. 

Señala que si en los espacios públicos adyacentes a los lugares donde se esté celebrando culto, se evidencia, por parte de la policía Metropolitana de Tránsito, indistintamente de si se está celebrando o no culto religioso, que se encuentran vehículos estacionados en los lugares prohibidos, señalados expresamente por el artículo 76 de la Ley 769, sus agentes están en la obligación de hacer cumplir la norma mencionada a través de la imposición de órdenes de comparendo, así como de la inmovilización de los mismo en caso de encontrarse en estado de abandono. 

Señala que si en los espacios públicos adyacentes a los lugares donde se esté celebrando culto, se evidencia, por parte de la policía Metropolitana de Tránsito, indistintamente de si se está celebrando o no culto religioso, que se encuentran vehículos estacionados en los lugares prohibidos, señalados expresamente por el artículo 76 de la Ley 769, sus agentes están en la obligación de hacer cumplir la norma mencionada a través de la imposición de órdenes de comparendo, así como de la inmovilización de los mismo en caso de encontrarse en estado de abandono. 

La Ley 1811 de 2016 es clara en señalar que todas las entidades que tengan un bien inmueble (edificio) donde se prestan funciones y servicios públicos deben disponer de cicloparqueaderos. Así mismo, indistintamente si es de propiedad del estado o no, o si el arrendatario es una entidad pública, se deben habilitar plazas para cicloparqueaderos. Igualmente, señala a modo general que las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal habilitarán como mínimo el 10% de los cupos destinados para vehículos automotores que tenga la entidad; en el caso de ser inferior a 120 estacionamientos de automotores se deberá garantizar un mínimo de 12 cupos para bicicleta, es decir, que en aquellos inmuebles en donde se presten servicios públicos y funciones públicas se debe aplicar esta regla. 

El análisis y alcance que la Corte Constitucional realiza el artículo 280 de la Constitución Política es claro que dicho precepto aplica ?en lo que atañe al aspecto económico vinculado a su situación laboral? y no para todas las situaciones que rodean la vida cotidiana de un agente del ministerio público, en este caso, la facilidad de movilidad en el Distrito Capital. Así las cosas, la restricción regulada no constituye una presunta violación a la Constitución y la Ley, mucho menos de inferirse que hay un trato discriminatorio cuando lo que pretende el Decreto Distrital 575 de 2013 es la salvaguarda del bienestar general como es el caso del mejoramiento de la calidad de vida de la población en la ciudad de Bogotá. 

Aclara que para acceder a la excepción a la restricción vehicular como vehículo de emergencia, el vehículo debe estar ?identificado e iluminado?, como vehículo de emergencia; en segundo lugar debe estar registrado en el organismo de tránsito como vehículo de emergencia; y en tercer lugar, señala que el vehículo debe cumplir con ?las normas y características que exige la actividad para la cual se matriculen?. 

Le corresponde a la Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte, a la Subdirección de Control e Investigaciones al Transporte Público y Dirección de Gestión de Cobro, tener en cuenta los fallos y concepto del Consejo de Estado, con el fin de estudiar cada caso particular y concreto, de acuerdo con el material probatorio y demás circunstancias que obren en el expediente, definir si es procedente o no la revocatoria que solicita el peticionario, según el alcance y efectos de cada situación, atendiendo los principios de legalidad y debido proceso, entre otros.  

el Secretario Distrital de Movilidad, como Representante Legal y jefe superior de la Secretaría Distrital de Movilidad ? Autoridad de Tránsito de carácter distrital ? delegó, mediante el artículo primero de la Resolución 089 de 18 de febrero de 2018, en el Director de Investigaciones al Tránsito y Transporte, la facultad de expedir los actos administrativos constitutivos de título ejecutivo dentro de la etapa preliminar del proceso coactivo derivado de la permanencia en los patios autorizados a razón de inmovilización de los vehículos de servicio particular y público, razón por la cual es el Director de Investigaciones al Tránsito y Transporte quien debe constituir el título ejecutivo objeto de la consulta. 

Indica que la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre actualmente en vigor estableció como requisitos uniformes tanto en materia civil como en el ámbito mercantil para hacer efectiva la tradición de los automotores, tanto la entrega material del automotor como la inscripción del negocio jurídico correspondiente en el Registro Nacional Automotor, obligación ésta consignada de forma expresa en el artículo 47 del citado conjunto normativo. Deja completamente claro y expreso no solo que el mecanismo del título y el modo es el que continúa operando en Colombia para transmitir la propiedad o para introducir modificaciones en los derechos reales respecto de vehículos automotores, sino también que la tradición modo ha de cumplirse mediante la correspondiente inscripción en el registro público respectivo. 

Establece que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 2º de la Ley 1383 de 2010 en consonancia con el artículo 135 y 136 idem, resulta pertinente concluir que el funcionario competente para adelantar el trámite contravencional en aquellos casos donde el infractos es un menor de edad, es la autoridad de tránsito, siempre y cuando se garantice la asistencia del representante legal, del apoderado designado por éste, o por un defensor de familia. 

Establece que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 2º de la Ley 1383 de 2010 en consonancia con el artículo 135 y 136 idem, resulta pertinente concluir que el funcionario competente para adelantar el trámite contravencional en aquellos casos donde el infractos es un menor de edad, es la autoridad de tránsito, siempre y cuando se garantice la asistencia del representante legal, del apoderado designado por éste, o por un defensor de familia. 

Establece que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 2º de la Ley 1383 de 2010 en consonancia con el artículo 135 y 136 idem, resulta pertinente concluir que el funcionario competente para adelantar el trámite contravencional en aquellos casos donde el infractos es un menor de edad, es la autoridad de tránsito, siempre y cuando se garantice la asistencia del representante legal, del apoderado designado por éste, o por un defensor de familia. 

Menciona que los ingresos percibidos por concepto de Derechos de Tránsito es un ingreso no tributario, representado en este caso, como una tasa, es decir, un cobro que se genera por la prestación de un servicio por parte de la Administración Distrital. Ahora bien, es preciso tener en cuenta la destinación que debe tener el recaudo que se genere por el cobro de los Derechos de Tránsito, pues, como se señala en la definición de Tasa antes señala, debe tener una destinación específica, en este caso, su destinación no debe ser otra que financiar el servicio del cual se deriva, incluyendo los Bienes inmuebles para prestar el servicio. 

Indica que los Corredores Ecológicos de Ronda señala el artículo 101 ibídem, que estos pertenecen a la categoría de las áreas conformadas por la ronda hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental de los siguientes cursos, según sean acotadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y aprobadas mediante acto administrativo. En conclusión, y de acuerdo a los antecedentes normativos expuestos, la administración y el mantenimiento de los corredores ecológicos de ronda cuya infraestructura está conformada por los sistemas de ciclorrutas, está a cargo única y exclusivamente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ? EAAB -, en tanto el IDU estará a cargo de los componentes del subsistema vial enunciados en el artículo 164 del POT. 

Determina que segun el Acuerdo 02 de 2009, la debida rehabilitación y mantenimiento de los proyectos integrales del subsistema vial le correspondería al IDU, frente a lo cual se debe tener en cuenta que los componentes de dicho subsistema vial, se encuentran regulados en el artículo 165 del Acuerdo 190 de 2004, el cual dentro del numeral 4, señala a la malla vial local como uno de los componentes de dicho subsistema. 

La Secretaria Distrital de Movilidad cuenta con la investidura de autoridad para reglamentar y expedir la normatividad concerniente al tráfico de Bogotá, y para establecer las medidas necesarias para la regulación del tránsito terrestre en su jurisdicción. Pero esta, si tiene una limitación frente al tema de restringir la circulación del transporte público individual tipo taxi específicamente en el carril preferencial, según lo establecido en el artículo 88 de la Ley 769 de 2002 y en el artículo 1 de la Resolución 3027 de 2010 en el acápite correspondiente. En conclusión, al momento de establecer, dentro de una optimización de la infraestructura vial el uso preferencial del carril derecho, significa brindarle preferencia a los vehículos del SITP frente al resto de actores viales, mas no restringir y sancionar la circulación que sobre ellos se haga al resto de actores viales como por ejemplo los vehículos de transporte publico individual ya que cuentan con un mandato legal de circular por dicho carril, en orden a prestar adecuadamente el servicio que ofertan. 

El Código Nacional de Tránsito, establece en su artículo 138 que en aquellos casos donde resulte involucrado un menor de edad en la actuación contravencional por la presunta violación de las normas de tránsito, deberá estar asistido por su representante legal, o por un apoderado designado por éste, o por un defensor de familia.  

Responde inquietudes acerca del prestador competente para ejercer funciones de control y vigilancia de las actividades de prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros. 

Señala que si en los espacios públicos adyacentes a los lugares donde se esté celebrando culto, se evidencia, por parte de la policía Metropolitana de Tránsito, indistintamente de si se está celebrando o no culto religioso, que se encuentran vehículos estacionados en los lugares prohibidos, señalados expresamente por el artículo 76 de la Ley 769, sus agentes están en la obligación de hacer cumplir la norma mencionada a través de la imposición de órdenes de comparendo, así como de la inmovilización de los mismo en caso de encontrarse en estado de abandono. 

Aclara que para acceder a la excepción a la restricción vehicular como vehículo de emergencia, el vehículo debe estar ?identificado e iluminado?, como vehículo de emergencia; en segundo lugar debe estar registrado en el organismo de tránsito como vehículo de emergencia; y en tercer lugar, señala que el vehículo debe cumplir con ?las normas y características que exige la actividad para la cual se matriculen?. 

¿ la reposición no implica el simple hecho de remplazar un vehículo por otro. El alcance y aplicación de este concepto conlleva la prohibición del incremento de la sobreoferta y la vida útil de un vehículo, es decir, que conforme a ello solamente serán susceptibles de reponer aquellos vehículos que se encontraban prestando el servicio público al momento de la entrada en vigencia del Decreto 613 de 1993, por lo cual, resulta indispensable exigir la tarjeta de operación, ya que con este único medio válido de prueba sobre el hecho de que el vehículo se encontraba prestando legalmente el servicio de transporte público al 14 de octubre de 1993, se garantiza que no haya incremento en la sobreoferta de vehículos tipo taxi¿ el artículo 1° del Decreto Distrital 519 de 2003, del cual se deriva, que para la reposición de un vehículo de transporte público individual de pasajeros es necesario determinar su operación al momento en que se vaya a reponer y que el documento que la acredita es la tarjeta de operación. 

Indica que de conformidad con lo establecido en el Decreto 672 de 2018, la Subdirección de Control e Investigaciones al Transporte Público en el marco de sus funciones, solo podrá ejercer sus funciones en cuanto a temas de desintegración física de vehículos de transporte público que sean de competencia de la Secretaria Distrital de Movilidad, es decir aquellos vehículos de radio de acción Distrital. 

Aclara que para acceder a la excepción a la restricción vehicular como vehículo de emergencia, el vehículo debe estar ?identificado e iluminado?, como vehículo de emergencia; en segundo lugar debe estar registrado en el organismo de tránsito como vehículo de emergencia; y en tercer lugar, señala que el vehículo debe cumplir con ?las normas y características que exige la actividad para la cual se matriculen?. 

Conceptúa sobre el programa ?Bogotá se Mueve Mejor?, afirmando que se encuentra vigente, teniendo en cuenta que el mismo fue adoptado mediante Acuerdo 663 de 2017 y, reglamentado mediante Decreto 037 de 2019, al tratarse de un acto administrativo jerárquicamente superior a la Directiva 002 de 2016, el mismo tiene prevalencia sobre ésta, y es actualmente aplicable al no haberse suspendido sus efectos. 

Concluye que hay un decaimiento de la Resolución 490 de 2008, por pérdida de la fuerza ejecutoria al desaparecer los fundamentos de hecho y de derecho en que se soportaron para su expedición. 

Aclara que por regla general una ley surte efectos a partir de su expedición de forma inmediata y hacia futuro, siempre que no contenga alguna determinación que lo dilate, posponga o suspenda, como su publicación, notificación, requerir de la aprobación de un superior o estar sujeto a una condición para que produzca sus efectos. 

Conceptúa sobre el programa ?Bogotá se Mueve Mejor?, afirmando que se encuentra vigente, teniendo en cuenta que el mismo fue adoptado mediante Acuerdo 663 de 2017 y, reglamentado mediante Decreto 037 de 2019, al tratarse de un acto administrativo jerárquicamente superior a la Directiva 002 de 2016, el mismo tiene prevalencia sobre ésta, y es actualmente aplicable al no haberse suspendido sus efectos. Así mismo indica que la Directiva 003 de 2020, respecto del programa ?Bogotá se Mueve Mejor?, no es aplicable a la fecha.