Aclara que si una entidad cuya contratación se rige por el derecho privado, suscribe un contrato de fiducia mercantil regulado por las normas del Código de Comercio, no podría ceder su posición de contratante o de fideicomitente a una entidad que no se rige en su contratación por las normas del derecho privado, sino por las normas de la Ley 80 de 1993. Por consiguiente, un establecimiento público del orden distrital, no puede constituirse como fideicomitante aportante en un contrato de fiducia mercantil en los casos en que no exista normatividad habilitante para dicho fin. 

Aclara que los establecimientos públicos del orden distrital cuentan con competencia para celebrar encargos fiduciarios o encargos de fiducia pública conforme a la Ley 80 de 1993, no obstante, en relación a la celebración de contratos de fiducia mercantil, dichos establecimientos necesitan norma legal o reglamento habilitante para tal fin. 

Aclara que si una entidad cuya contratación se rige por el derecho privado, suscribe un contrato de fiducia mercantil regulado por las normas del Código de Comercio, no podría ceder su posición de contratante o de fideicomitente a una entidad que no se rige en su contratación por las normas del derecho privado, sino por las normas de la Ley 80 de 1993. Por consiguiente, un establecimiento público del orden distrital, no puede constituirse como fideicomitante aportante en un contrato de fiducia mercantil en los casos en que no exista normatividad habilitante para dicho fin.  

Da respuesta a la solicitud anónima sobre los contratos de prestación de servicios, indicando que no es que la administración esté dando por terminados los contratos de prestación de servicios, sino que los mismos han llegado al cumplimiento del plazo estipulado. Adicional a ello, no se encuentra la administración distrital en la obligación de dar continuidad a los contratos por encima del plazo inicialmente pactado, bajo ninguna circunstancia. 

Emite concepto unificando criterios sobre el siguiente problema jurídico: ¿Se puede utilizar la facultad del artículo 145 de la Ley 1801 de 2016, para que la Secretaría Distrital de Movilidad declare el abandono de los vehículos (bicicletas) incautados por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana??. Indica la entidad que a la autoridad de tránsito le corresponde adelantar la declaratoria de vehículos (bicicletas) inmovilizados, por infracción a las normas de tránsito, según lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley 769 de 2002, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1730 de 2014. La respuesta se enfoca en que las autoridades de policía o las que tengan la tenencia de las bicicletas incautadas o inmovilizadas por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana, pueden suscribir actos, convenios y/u otros instrumentos que se estimen procedentes, con la Secretaría Distrital de Movilidad, para que como autoridad de tránsito, lleve a cabo la declaratoria del abandono de las bicicletas inmovilizadas, una vez vencido el plazo de los seis meses de que trata el artículo 145 de la Ley 1801 de 2016.