RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

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Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-04 de 1996 , Ver el Concepto de la Secretaría General 320 de 1998

El encargo es la designación temporal de un empleado de servicio activo para asumir las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, estándose por lo tanto frente a una situación administrativa.

De donde se establece lo siguiente:

1. Designación de un empleado para asumir todos las funciones propias de un cargo.

    

2. Asignación de algunas de las funciones de un cargo.

Entonces, surge como elemento sustancial el fenómeno de la duración, que se funda en la vacancia que se vaya a proveer de conformidad a lo previsto y determinado por los artículos 22 y 23 del Decreto 1950 de 1973.

1. En lo referente al estudio propuesto, el artículo 23 del Decreto ibídem, en su numeral 6º, relaciona el caso de la suspensión en el ejercicio del cargo, circunstancia ésta de vacancia transitoria, pero entendiéndose con la asignación de todas las funciones propias del cargo, lo cual no interrumpe el tiempo para efectos de la antigüedad, que de acuerdo a lo reglado por el artículo 37 del Decreto enunciado, conlleva al pago del sueldo de ingreso señalado para el cargo al funcionario que desempeña transitoriamente el mismo, con lo que se esclarece la situación planteada en el primer interrogante.

    

2. La suspensión es una situación administrativa del funcionario que en virtud de una medida preventiva o de una sanción, es transitoriamente separado del ejercicio de su empleo.

CLASES:

1. Suspensión por investigación disciplinaria de la entidad administrativa.

    

2. Suspensión solicitada dentro de un proceso penal, contra el funcionario al cual se le dictó la medida de aseguramiento por un presunto hecho punible.

    

3. Suspensión de hecho, cuando el Senado admite la acusación formulada por la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o cualquiera de los funcionarios con fuero constitucional de juzgamiento, aunque hubiere cesado en el ejercicio de sus cargos.

    

4. La suspensión impuesta a un funcionario por ejecución de un acto administrativo.

En cuanto a lo pretendido, nos encontramos dentro de la circunstancia descrita previamente en el numeral 2º, por lo cual se aclara:

Las autoridades administrativas están en la obligación de suspender a un empleado que esté en ejercicio de sus funciones cuando se solicite para efectos de cualquier investigación penal, pero debe entenderse que esta medida no puede ser indefinida pues la misma vence con la culminación de la investigación adelantada, abocándonos, por lo tanto, a sus efectos cuando el funcionario afectado con la medida es condenado o es exculpado de toda imputación o causa, por cesar todo procedimiento.

En este orden de ideas, en el primer evento relacionado, la suspensión desaparece y debe de inmediato ser destituído del cargo que detentaba, mientras que en la otra eventualidad la Administración esta obligada a restablecer al funcionario en el cargo y a pagarle los sueldos y demás emolumentos dejados de devengar durante el tiempo en que estuvo separado del servicio.

Debe entenderse, sin embargo, que la suspensión transitoria no separa definitivamente del servicio al funcionario, y en consecuencia si el resultado de la investigación que dio origen a la misma fue favorable, la situación laboral debe estarse a lo dispuesto a la decisión final, y por consiguiente a las consecuencias a partir de la fecha en que fue separado del servicio.

En el caso presente, nos encontramos frente al denominado caso de fuerza mayor surgido por una orden de autoridad pública y competente para impartir ese mandato y, por lo tanto, no puede la administración negarse a obedecerlo, pues durante la suspensión de la relación o vínculo laboral por las situaciones expuestas, no puede haber lugar a pagos de sueldos y prestaciones al afectado con esta medida jurisdiccional.

En tal sentido, de manera reiterada se ha pronunciado el Honorable Consejo de Estado cuando en sentencia de marzo 10 de 1972 la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, con ponencia del doctor ALVARO OREJUELA GÓMEZ, afirma: "Las autoridades administrativas están en la obligación de suspender a un empleado que se halle en el ejercicio de sus funciones, cuando así se lo solicite para efectos de cualquier investigación penal. Pero esta medida no puede ser indefinida. Termina ella tan pronto culmina la investigación respectiva, pudiéndose presentar entonces, dos casos, a saber: Si el funcionario suspendido es condenado, la suspensión, hasta ese momento vigente, desaparece y debe, de inmediato, ser destituído del cargo que ocupaba. Pero si, en cambio, el empleado suspendido no se le comprueban los cargos y se ordena cesar todo procedimiento por hallarse prescrita la acción, entonces la administración pública está obligada a restablecerlo en el cargo y a pagarle los sueldos y los demás emolumentos dejados de devengar durante el tiempo en que estuvo separado del servicio-"

En igual sentido el Honorable Consejo de Estado con providencia del 16 de agosto de 1979 Sala Contenciosa Administrativa con ponencia del doctor IGNACIO REYES POSADA, reseña: "Esta Corporación, en innumerables providencias ha sostenido que el empleado suspendido por solicitud de autoridades penales, que luego sea sobreseído, tiene derecho al restablecimiento de sus derechos". Más adelante informa: "Los procedimientos judiciales, sus términos y formalidades, han sido establecidos por la ley en garantía de los derechos de las partes, y con este criterio deben interpretarse sus disposiciones, no en aquel que conduzca al aniquilamiento de los derechos antes de que el mecanismo jurisdiccional se ponga en juego en busca de soluciones justas y equitativas".

Igualmente en providencia del 6 de noviembre de 1978, con ponencia del Honorable Magistrado ALVARO OREJUELA GÓMEZ, manifestó, haciendo relación a la suspensión en el ejercicio del cargo: "Esta facultad emana de la ley pero requiere de una orden del juez de conocimiento. La revocación del auto de detención implica el reconocimiento y pago de los sueldos y demás asignaciones dejadas de percibir, desde la fecha de la suspensión hasta cuando se le nombre nuevamente".

Afirma más adelante: "-es de simple lógica suponer, que si los motivos por los cuales se suspendió del cargo al empleado público desaparecen, debe, entonces, ser reintegrado a él nuevamente, mediante la revocatoria del auto de detención".

Posteriormente sostiene: "- la Sala estima que de igual manera le deben ser reconocidos y pagados a la actora los sueldos y demás asignaciones dejados de percibir, desde la fecha en que fue suspendida hasta aquella en que se le nombró nuevamente y que, por tanto, no ha existido solución de continuidad para efecto de prestaciones sociales en los servicios prestados-"

De igual forma, en sentencia de octubre 9 de 1962, el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del doctor Ricardo Bonilla Gutiérrez, en salvamento de voto, consignó: "La detención preventiva de un funcionario público da lugar necesariamente a la suspensión de éste en el ejercicio del cargo. Esto es lo que se llama Suspensión Jurisdiccional".

También el Honorable Consejo de Estado, en fallo del 25 de julio de 1977, dejó registrada dicha situación cuando afirma: "Ya esta Corporación, en anterior oportunidad, estableció que si el empleado no puede continuar prestando sus servicios a la Administración, en razón de haber sido separado de estos por causa de una investigación penal y por el hecho de ordenarse la revocatoria del auto de detención, si posteriormente no sufre condena alguna, es natural que el Estado deberá resarcirle los perjuicios ocasionados, ordenando su reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir durante el tiempo en que estuvo separado del cargo que desempeñaba-"

Por último, de manera reiterativa, el Honorable Consejo de Estado en sentencia de agosto 8 de 1991, con ponencia del doctor REYNALDO ARCINIEGAS BAEDECKER:

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Firma: JUAN LARA FRANCO.