RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 2004-2008 BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA UN COMPROMISO SOCIAL CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A pesar de los avances alcanzados por las anteriores administraciones, los bogotanos nos merecemos un destino mejor inspirado en la solidaridad. Un destino de ciudadanos y ciudadanas con las necesidades básicas satisfechas, en una ciudad en paz, que gozan de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, disfrutan de un medio ambiente sano, tienen una administración eficiente, eficaz y transparente, y un entorno regional en desarrollo.

Ésas fueron, precisamente, las ideas centrales del programa de gobierno que le ofrecí a los ciudadanos y recibió su apoyo mayoritario en las pasadas elecciones. Nuestro objetivo es contribuir con decisión para que Bogotá comience una nueva era de solidaridad y esperanza, en el marco de un desarrollo equilibrado y sostenible entre lo social y lo económico. Una ciudad de oportunidades, integrada a la región y al mundo, productiva, competitiva, generadora de confianza para los inversionistas y creadora de riqueza colectiva.

Una nueva era en la que superemos la indiferencia y tengamos la certeza de que hemos sido capaces de generar condiciones sostenibles para erradicar el flagelo del hambre. Una era en la que se privilegien los derechos de los niños y las niñas, y los jóvenes cuenten con las condiciones para construir un futuro de bienestar y esperanza, al igual que las mujeres, por cuyos derechos trabajaremos sin descanso.

Pero también una era de democracia, sustentada en la vigencia de la Constitución de 1991, que defenderemos y promoveremos en todas instancias, porque ella es el resultado de un pacto soberano de hombres y mujeres libres y una ruta segura que nos permitirá construir un verdadero Estado Social de Derecho que nos redima de la guerra y del atraso.

La Bogotá que estamos construyendo tiene como principio central la participación ciudadana, porque creemos en la democracia real, aquella en la que las comunidades inciden activamente en la transformación de la realidad y en la definición de políticas públicas de largo alcance legitimadas por todos y todas. Sólo mediante la participación, las comunidades pueden sentirse verdaderamente incluidas en un sistema político democrático que los reconoce y estimula a seguir adelante en la búsqueda del bienestar.

En ese propósito resulta fundamental, igualmente, una perspectiva integral de derechos humanos, que atraviesa de manera transversal el Plan de Desarrollo y guía nuestra visión de ciudad y se complementa con un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad, así como de la sociedad civil. En esa dirección promoveremos la resistencia civil y la solución no violenta de los conflictos de los ciudadanos.

Todas estas ideas forman parte del Plan de Desarrollo "Bogotá sin Indiferencia" que hoy presentamos a consideración del Honorable Concejo de Bogotá, para que lo estudie, analice, complemente y apruebe. Estaremos dispuestos a atender sus requerimientos y a responder a sus inquietudes. Estamos seguros que la ciudad y la ciudadanía saldrán fortalecidas de este ejercicio democrático.

Este Proyecto de Acuerdo que hoy presentamos al Honorable Concejo es el resultado de uno de los procesos participativos más trascendentales que ha vivido la ciudad en los últimos años, ya que más de 100 mil personas de todas las edades, orígenes, creencias políticas y credos conocieron sus bases, las estudiaron, discutieron y complementaron, a lo largo de un mes, a instancias del Consejo Territorial de Planeación y siempre con el apoyo de los funcionarios de la Administración. Así, este Proyecto de Plan es fruto de un amplio consenso ciudadano para hacer posible una Bogotá sin indiferencia.

Los objetivos y temas centrales establecidos en el Plan han sido planteados y desarrollos en tres ejes, el Social, el Urbano Regional y el de Reconciliación, y un objetivo, Gestión Pública Humana, el cual articulará al conjunto de las acciones.

Cada eje tiene un objetivo central y sus correspondientes políticas. Cada lineamiento político incluye las estrategias, que a su vez, comprenden programas concretos cuya ejecución es responsabilidad de las diferentes entidades del Distrito, de acuerdo con objetivos misionales.

Hemos convocado a la ciudadanía a construir una ciudad moderna y humana. La modernización de Bogotá ha sido el signo distintivo de buena parte de las anteriores administraciones. Convertirla además en una ciudad humana implica citar a la comunidad para poner nuevos temas en el centro de la agenda gubernamental y ciudadana; estos, por su importancia, están llamados a convertirse en el eje de la discusión política y de la acción gubernamental en la ciudad y en el país en el futuro inmediato.

Esta convocatoria empieza por el llamado a abandonar la indiferencia, la cual es nuestro planteamiento ético y político fundamental. Los problemas de la exclusión social y política, de la pobreza y la inequidad, y de la discriminación no pueden ser problemas tan sólo de quienes los padecen de manera directa. Deben ser problemas de todos y todas: nuestro problema.

La solidaridad es una de las más fuertes y constructivas respuestas humanas a la inequidad y por la reconciliación. Millones de bogotanos y bogotanas enfrentan altos niveles de necesidad en múltiples campos: pan, afecto, empleo, techo, cultura, respeto, espacios de vida y posibilidades. Por eso, éste es un llamado a dejar atrás la indiferencia que mata, a actuar solidariamente y a construir una nueva Bogotá basada en actitudes positivas y decididas, de cooperación y de respeto. Una invitación a seguir construyendo una ciudad moderna, pero también a asumir la lógica de la solidaridad que nos permitirá construir una ciudad sin indiferencia.

Una impronta clave de nuestra Administración será la defensa, ampliación, fortalecimiento y desarrollo de la democracia. Defendemos la Constitución de 1991 y nos apartamos de quienes la desconocen y utilizan las armas para destruirla, y de quienes quieren revertir sus principales conquistas para regresar a formas constitucionales centralistas y autoritarias.

Propendemos por la construcción del Estado Social de Derecho que contiene la Carta y entendemos que éste sólo se construirá sobre la base de garantizar los derechos integrales a la sociedad y por lo tanto de la inclusión política y social de millones de compatriotas.

Uno de los principios rectores del Plan es el que plantea que, tanto su elaboración como su ejecución y control, es decir, el desarrollo mismo de la vida de la ciudad y la operación de sus instituciones, debe estar fundamentado y animado por sólidos procesos participativos. No por procesos formales y declarativos, sino por procesos reales, profundos, crecientes y en permanente construcción. En otras palabras, por una participación que permita la apropiación ciudadana de las políticas públicas.

Otro principio es nuestro planteamiento central de dar al Plan de Desarrollo una clara perspectiva de derechos humanos. Una perspectiva integral que, como se verá más adelante, atravesará todos y cada uno de los componentes del Plan, y del compromiso y acción de todas las instituciones distritales e iniciativas ciudadanas.

Los procesos democráticos se basan en la discusión pública de las realidades de una sociedad, de los desafíos que éstas plantean y de las posibilidades concretas de hacerles frente. La discusión pública se expresa en un conjunto de acuerdos políticos acerca de aspectos que van desde una concepción común del presente hasta las acciones articuladas que, expresadas bajo la forma de políticas públicas, constituyen el camino a seguir para transformar la realidad y garantizar el logro de unos propósitos compartidos.

El primero de esos acuerdos políticos es la decisión que toman los ciudadanos y las ciudadanas en las urnas al elegir gobierno y un programa político. A partir de entonces, el gobernante debe someter su propuesta a un proceso de elaboración y sistematización con el apoyo de los funcionarios y técnicos que conforman su equipo de gobierno.

En ese camino la primera decisión de la ciudadanía bogotana fue la escogencia de nuestro Programa de Gobierno, en el cual planteamos una nueva agenda social en procura de una ciudad moderna y humana.

Las propuestas sistematizadas por el equipo de gobierno se convirtieron en los Fundamentos del Plan de Desarrollo que, el pasado 28 de febrero, sometió la Administración a consideración del Consejo Territorial de Planeación. Durante el mes de marzo y hasta mediados de abril se adelantó un amplio análisis y debate ciudadano liderado por el Consejo Territorial con la participación permanente y el apoyo decidido de los funcionarios y las funcionarias del Distrito.

Por todo lo anterior, el Plan que se somete a consideración del Honorable Concejo de Bogotá, máximo órgano de representación ciudadana en la Capital, es el fruto del trabajo conjunto del Alcalde Mayor y de su Administración, así como de la acción diligente y responsable del Consejo Territorial de Planeación, el cual coordinó y orientó la discusión ciudadana sobre las propuestas gubernamentales.

El proceso pudo llevarse a cabo a pesar de que existe un desfase entre las normas que reglamentan la planeación en lo local y en lo distrital, Acuerdos 12 de 1994 y 13 de 2000. Nos queda la primera lección de esa experiencia, sobre la necesidad de revisar y armonizar estas normas para potenciar, en el futuro, los procesos de planeación y presupuestación participativa.

Las condiciones están maduras para que en Bogotá se pueda avanzar decididamente en la construcción de nuevas y más amplias formas de participación ciudadana; es hora de avanzar hacia nuevas y mejores formas de discusión política, de fiscalización y de control por parte de una ciudadanía activa, reconocida y apoyada por el gobierno distrital; una ciudadanía reconocida y apoyada para que potencie su capacidad de actuar en política y de incidir en el curso de la Administración.

Ése será el mejor camino para que la Capital se convierta en un espacio de relegitimación de la política, de sus escenarios y sus actores, al los ciudadanos y ciudadanas en ella un instrumento válido para materializar su visión de la sociedad y de la vida misma. Sólo entonces la ciudadanía tendrá confianza en que la finalidad de la política no está condenada a ser el usufructo y el beneficio personal o de unos pocos, sino el bien colectivo, democráticamente establecido y participativamente construido. Participación ciudadana para incidir efectivamente en las decisiones públicas, y que permitirá enriquecer y fortalecer las prácticas de la democracia representativa. El Sistema Distrital de Participación es una instancia organizativa, una red de relaciones que buscará mejorar la calidad de la relación entre la Administración Distrital y los ciudadanos organizados. Formas de organización, articulación y cooperación que constituyen una red dentro de cada institución, en el interior de la sociedad y entre los mismos ciudadanos y la Administración.

El Plan de Desarrollo tiene una perspectiva de derechos humanos. Esto quiere decir que ésta atraviesa, permea y fundamenta todos y cada uno de los elementos constitutivos del Plan.

Los derechos se expresarán en sus tres dimensiones: reconocimiento, redistribución y participación, y se formularán integralmente: a partir de su defensa, protección, promoción y garantía. Los derechos económicos, sociales y culturales, los colectivos y del ambiente, los civiles y políticos están presentes en todo el Plan y se concatenan en el marco multidimensional de su ejercicio. Cada uno de los grupos de derechos tiene una inserción particular en el Plan e instancias precisas que se ocupan centralmente de ellos: el Eje Social es el principal escenario de desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, el Urbano Regional de los colectivos y del ambiente, y el de Reconciliación de los civiles y políticos.

Reconocemos, además, el particular valor de la diferencia, la interculturalidad y la pluriculturalidad y definimos políticas, estrategias y programas que, a partir de este reconocimiento, se orientan a propiciar el empoderamiento de las poblaciones.

Dado el carácter transversal y multidimensional de un enfoque de derechos, prestamos también especial atención a las políticas de fortalecimiento de la institucionalidad para que de manera real y concreta se avance en la garantía y ejercicio de tales derechos.

El conocimiento y la información disponibles sobre la ciudad muestran cómo, en la última década, se ha producido un avance innegable en los diferentes componentes de la ciudad y en múltiples aspectos de las condiciones de vida de sus habitantes. Los indicadores de pobreza según Necesidades Básicas Insatisfechas, el Índice de Calidad de Vida y el Índice de Desarrollo Humano muestran claramente que se han venido resolviendo problemas de acceso a los servicios básicos, en gran medida como resultado de las acciones de las administraciones distritales. Estos resultados están asociados a las gestiones realizadas en los distintos sectores, los cuales han permitido un incremento en las coberturas y en mejoramientos, todavía parciales, de la calidad de muchos de los servicios distritales.

La situación de la ciudad también muestra avances en cuanto al equipamiento urbano, el ordenamiento territorial, el hábitat, el ambiente, la movilidad y el espacio público. El documento de diagnóstico que sustenta el Plan describe los resultados e indicadores en materia de transporte público, de recuperación y organización del espacio público y de construcción de infraestructura educativa, bibliotecas, parques, andenes, ciclovías y troncales, los cuales han transformado y mejorando sustancialmente las condiciones de vida en la ciudad.

Se destacan, igualmente, los adelantos en materia ambiental, en los procesos de ordenamiento territorial y de gestión del suelo, en la creación de mecanismos para ofrecer vivienda de interés social y en la definición de instrumentos para promover el desarrollo económico, la competitividad, la productividad y el empleo.

De otra parte, la ciudad ha tenido importantes logros en materia de seguridad ciudadana como resultado de programas continuos de planificación e intervención sobre los distintos factores generadores de violencia y conflicto, y de la promoción de comportamientos y actitudes ciudadanas tendientes a la adopción de prácticas pacíficas para la resolución de conflictos. La reducción de algunos de los delitos de alto impacto social, así como la de los indicadores de muertes violentas, plantea la necesidad de mantener la tendencia de disminución y de ampliar de las mediciones de la situación de violencia a otros indicadores.

Se ha desarrollado una gestión financiera razonable que permite que la situación económica actual sea sana y estable, en un contexto de aguda crisis fiscal de la Nación y de gran número de procesos de ajuste en entidades territoriales. También se han desarrollado diversos proyectos de fortalecimiento de la gestión en materia de organización, planeación, sistemas de información, servicio al ciudadano, entre otros. Finalmente, aunque de manera un tanto tímida, las administraciones distritales han promovido espacios de participación, especialmente en el nivel local, y han realizado acciones de mejoramiento de la transparencia y la rendición de cuentas.

Como consecuencia, los ciudadanos y las ciudadanas han hecho más sólido su compromiso con Bogotá, desarrollando un sentido de pertenencia, de confianza en los destinos de la ciudad y de sus habitantes, que antes no existía.

Sin embargo, este innegable proceso de mejoramiento y avance está acompañado de situaciones que una sociedad democrática y moderna no debe ni puede tolerar. Al tiempo que la ciudad mejoraba y reducía sus índices de pobreza según Necesidades Básicas Insatisfechas, el desempleo y la pobreza por ingresos aumentaron drásticamente desde finales de la década de los noventa. Entre 1997 y 2002 el porcentaje de la población por debajo de la línea de pobreza pasó de 35.1% a 50 % y el porcentaje por debajo de la línea de indigencia pasó de 6,8% a 17%. Actualmente, la mitad de los cerca de 6.800.000 de bogotanos no obtiene suficientes ingresos para cubrir la canasta básica de bienes y servicios, y aproximadamente 1.156.000 no tienen los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

Éste es el gran drama que enfrenta la ciudad: Bogotá se modernizó pero no se ha hecho humana. Las consecuencias de dicho deterioro en el empleo y los ingresos de la gente se reflejan en situaciones inaceptables de emergencia social: una proporción importante de la población que no come tres veces al día, niveles elevados de desnutrición infantil, presencia significativa del trabajo infantil, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual sobre los menores, los habitantes de la calle, entre otros aspectos. Efectivamente ha habido progreso en la ciudad, pero acompañado de una creciente marginalidad y de la exclusión social de una proporción muy elevada de sus habitantes.

De otra parte, a pesar de los avances señalados, persisten diversos problemas en cada uno de los sectores de acción del Distrito que han de ser abordados para mejorar la cobertura y calidad de sus políticas garantizándoles continuidad y sostenibilidad.

Dentro de las carencias sociales presentes en la ciudad se destacan las siguientes: deficiencias en la cobertura y calidad de la educación; la insuficiente cobertura del aseguramiento y de los servicios de salud; el déficit de vivienda; la necesidad de una política integral de manejo del suelo que canalice, hacia propósitos colectivos, los beneficios del desarrollo urbano; la marginalidad de diversas zonas de la ciudad; el mantenimiento y acrecentamiento de actividades económicas informales; la ausencia de instrumentos de promoción de la competitividad y el desarrollo económico; el insuficiente desarrollo de la democracia participativa; el desarrollo formal y desigual de muchos de los instrumentos de convivencia pacífica que se han diseñado para potenciar la solución pacífica de conflictos y los niveles de seguridad; en fin, ausencia de una cultura de la solidaridad que enfrente la indiferencia de los habitantes respecto a las precarias condiciones de vida de la mayor parte de la población.

Estos tres últimos aspectos son de especial importancia en la propuesta que esta Administración le ha hecho a la ciudad. En primer lugar, aunque la crisis del desempleo y los bajos ingresos dependen en buena medida de factores que escapan al control de la Administración Distrital, es evidente que Bogotá carece de una estrategia integral para abordarlos y promover un enfoque de acción conjunto y concertado con los distintos actores. Bogotá ha venido ofreciendo las condiciones que tradicionalmente el sector privado demanda para estimular su inversión: mejores niveles de educación y salud, infraestructura de comunicaciones, movilidad urbana, infraestructura social y física, ordenamiento del territorio, entre otros. A pesar de ello, los empresarios no han respondido adecuadamente a las posibilidades hasta ahora ofrecidas, condición necesaria para estimular el crecimiento económico de la ciudad.

En segundo lugar, a pesar de los avances anotados, Bogotá está lejos de ser una ciudad democrática en lo económico, lo social y lo político. En lo que corresponde a la promoción de una gestión democrática por parte de una Administración que apoye la realización de los propósitos ciudadanos en el marco de los principios de una gestión pública eficiente, transparente, basada en al responsabilidad, los logros son absolutamente insuficientes frente a la magnitud de la tarea. El balance de la situación presente indica que la institucionalidad vigente es inadecuada y no expresa un compromiso decidido de todas las entidades y funcionarios con la creación de condiciones favorables para la participación ciudadana. Finalmente, el poder está excesivamente concentrado en el Alcalde, en particular, y en la Administración central, en general; no se ha avanzado decididamente en la definición y puesta en marcha de un proceso de descentralización.

Por último, Bogotá no es una ciudad modelo en solidaridad. Existe indiferencia de los habitantes con relación a la suerte de sus vecinos. Nos preocupamos más por el espacio físico que por la gente que lo habita. Esta situación depende, en buena medida, de la ausencia de canales institucionales y mecanismos que promuevan la solidaridad y contribuyan a organizar y potenciar las iniciativas de los habitantes; igualmente de la insuficiente visibilización y reconocimiento de los problemas y de convocatorias para que los ciudadanos y ciudadanas participen efectivamente en su solución.

Las últimas administraciones distritales adelantaron programas para estimular la cultura ciudadana, vista principalmente desde el ángulo del cumplimiento de las normas. Nuestra Administración se compromete con la consolidación de los derechos de la ciudadanía, a la par que propicia una actitud y un comportamiento más solidario, menos indiferente.

De acuerdo con el esquema constitucional y legal vigente, el contenido del Plan de Desarrollo de las entidades territoriales y del Distrito Capital en particular, está en gran medida determinado por las funciones que les han sido asignadas en el marco del proceso de descentralización. El Distrito debe realizar inversiones para satisfacer las necesidades de la población y la ciudad en materia social, en ordenamiento territorial y provisión de infraestructura física en los diferentes sectores. Una parte de estas funciones son financiadas con los recursos del Sistema General de Participaciones, el cual establece un monto mínimo de la inversión a realizar con recursos nacionales en sectores como educación y salud; adicionalmente están los recursos propios del Distrito y el endeudamiento.

Dentro de este marco general de responsabilidades, existe un margen de autonomía y de flexibilidad para que las administraciones, desde su perspectiva política y la interpretación que realizar de la situación encontrada, establezcan objetivos y definan énfasis particulares para su gestión gubernamental. Pero más allá de las inerciales aunque importantes obligaciones financieras legales, en este Plan se hace una apuesta por la promoción de la productividad y la competitividad de la ciudad y de la región, por dinamizar la actividad económica local y generar una política de empleo, temas de vital importancia para que la ciudad siga su ritmo de crecimiento económico, de confianza por parte de inversionistas nacionales y extranjeros, y añadiendo énfasis en la creación de riqueza colectiva para que el progreso no sea privilegio de unos pocos.

La Administración Distrital visualiza como resultado de su gestión durante los próximos cuatro años una ciudad que al tiempo que garantiza la sostenibilidad de los logros alcanzados hasta ahora, avanza en la práctica de una ciudadanía más solidaria.

La modernización de la ciudad continuará, pero el gran logro de esta Administración consistirá en su humanización. Se avanzará radicalmente en la solución de las manifestaciones más degradantes de la pobreza, como son el hambre, la desnutrición, el trabajo infantil, la situación de la población de la calle y en la consolidación de una actitud y unas prácticas sociales e institucionales de total rechazo a esos flagelos. La garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales contribuirá a consolidarla como una ciudad más incluyente, sustentada en un modelo de gestión más participativo y más democrático.

Será una ciudad más participativa, potenciada en la capacidad de respuesta política de sus habitantes y promotora del empoderamiento de los mismos para que incidan efectivamente en sus comunidades y la ciudad. Será una ciudadanía eficazmente activa, en defensa del derecho a la vida y a la libertad y en la búsqueda de la paz como el bien supremo de la Nación.

Al cabo de estos cuatro años de gobierno, esperamos haber construido, hombro a hombro con la comunidad, una ciudad que haya definido y puesto en marcha un programa integrado y concertado de promoción del desarrollo económico, la competitividad, la productividad y el empleo, en forma articulada con su entorno rural y regional. En su papel promotor del desarrollo, la Administración Distrital habrá estimulado a los diferentes agentes ¿gobierno nacional, empresariado, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanas- a comprometerse con una agenda para el desarrollo y pondrá en marcha los instrumentos a su alcance para dinamizar tal agenda.

Finalmente, al terminar el período de gobierno habremos consolidado un esquema de gestión enfocado a servir a sus habitantes, con eficiencia, honestidad y transparencia.

Los objetivos y temas centrales establecidos en el Plan de Desarrollo "Bogotá sin indiferencia" han sido planteados y desarrollados en tres ejes y un objetivo, el cual articulará al conjunto de las acciones. Dichos ejes son el Social, el Urbano Regional y el de Reconciliación y el Objetivo es el de Gestión Pública Humana, Sostenible y Eficaz.

Cada eje tiene un objetivo central y las correspondientes políticas. Cada lineamiento político incluye las estrategias que a su vez comprenden programas concretos cuya ejecución es responsabilidad de las diferentes entidades del Distrito, de acuerdo con sus objetivos misionales.

Concreta la convocatoria de la Administración a la lucha por la inclusión social. Será el escenario central de materialización de los derechos económicos, sociales y culturales, y partirá de una política rectora: la garantía y el restablecimiento de derechos. Para ello promoverá y protegerá los derechos ya mencionados y desarrollará una protección integral a los ciudadanos y ciudadanas a través de la formulación e implementación gradual de un Sistema Integral de Protección y Seguridad Social.

El alimento es un derecho fundamental de toda persona y el acceso al mismo no puede estar condicionado a la sola dinámica del devenir económico. Una alimentación adecuada es requisito mínimo para el ejercicio digno del derecho a la vida. Por eso la alimentación como derecho fundamental será una política clave del Eje Social. Convocamos a que el problema del hambre forme parte fundamental de la agenda ciudadana.

Esta convocatoria se sustenta en gestiones gubernamentales en torno al suministro de alimentos y el fortalecimiento de las correspondientes cadenas productivas, fundamento de una política de seguridad alimentaria urbano-regional. El Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos, el Banco de Alimentos, los comedores escolares y comunitarios, son algunas de las acciones que permitirán lograr el propósito señalado.

Desde el Eje Social se propiciará el acceso universal, equitativo y efectivo a los servicios básicos mediante estrategias y programas para enfrentar la situación de pobreza imperante. Para ello, además de la ampliación de la cobertura, se trabajará para que el conjunto de la población tenga los ingresos suficientes que le permitan ser usuaria de los servicios.

Parte fundamental de la lucha contra la pobreza es la promoción del trabajo y la generación de ingresos mediante una política de creación de riqueza colectiva. Se fomentarán, entre otras, programas de huertas caseras, de agricultura periurbana, de apoyo a microempresas y de obras públicas, favoreciendo a la comunidad proveniente de la localidad donde dichos planes sean ejecutados.

En el campo de la salud, el propósito estratégico del Plan es la universalización del cubrimiento de la atención básica en salud, y el diseño y puesta en marcha de las instituciones necesarias para ello. Las estrategias establecidas involucran las dimensiones ambientales, preventivas, de mitigación y tratamiento de riesgos y, en general, del mejoramiento del Sistema de Salud en todos sus niveles y modalidades de atención, favoreciendo el acercamiento del servicio al ciudadano en su entorno de vida y de trabajo.

En educación, la acción inicial se concentrará en la reducción del déficit de cupos escolares, en el mejoramiento de la calidad y en la corrección del amplio deterioro de la infraestructura física, la cual se encuentra en verdaderas condiciones de emergencia. De manera complementaria, atenderá el desarrollo de la educación técnica y comunitaria, y el fortalecimiento de los lazos entre la formación escolar, el entorno de vida de los jóvenes y las oportunidades laborales y productivas que les brindará posteriormente la ciudad, al adecuar la oferta educativa para hacerla más pertinente a esas necesidades laborales, productivas y sociales. La política de educación propenderá por el fortalecimiento de capacidad ciudadana para la convivencia social; será, por consiguiente, una educación para la paz y la reconciliación.

Las políticas, estrategias y programas contemplados en el Eje Urbano Regional buscan atender asuntos relacionados con tres campos: ordenamiento territorial, región y competitividad. Constituye, a nuestro entender, una parte fundamental en la construcción de una ciudad moderna y humana regida por el principio de la solidaridad y de la superación de las desigualdades excluyentes, las cuales también tienen su expresión en el territorio.

Las estrategias diseñadas a partir de la política de ordenamiento territorial apuntan a equilibrar la distribución y oferta de bienes y servicios en el territorio, y a garantizar el acceso a los mismos, en el marco de la noción del hábitat. La política de región articula las estrategias dirigidas a integrar la región central del país a través de relaciones de cooperación y fortalecimiento mutuo con otros entes territoriales. Finalmente, en el campo de competitividad se adelantarán iniciativas para promover la generación de empleo y de ingresos a través de estrategias para aumentar la productividad en la ciudad y garantizar la igualdad de oportunidades. A través de estas políticas generales, la Administración Distrital profundizará en un desarrollo urbano democrático y sostenible fundado en la perspectiva de la solidaridad y la inclusión. Siguiendo el objetivo general del Plan de Desarrollo "Bogotá sin indiferencia" de crear las condiciones para una ciudad moderna, humana y solidaria, el Eje Urbano Regional buscará que el crecimiento económico de la ciudad, la construcción de infraestructura y la provisión de servicios públicos sean inclusivos y equitativos. Asimismo, se promoverán programas e iniciativas que, a través de la creación de condiciones para el desarrollo territorial, favorezcan a la población más vulnerable.

Aunque Bogotá ha avanzado considerablemente en los últimos años en provisión de servicios públicos, construcción de infraestructura, movilidad urbana y ordenamiento territorial, entre otros, es necesario que estos progresos tengan garantizado su acceso universal para el conjunto de la población y, más aún, que tengan una repercusión real en la mejoría de las condiciones de vida de la población en su conjunto y de las poblaciones más vulnerables en particular.

Como quiera que las condiciones del entorno ambiental y urbano son determinantes de la calidad de vida de la población bogotana, la universalidad del acceso a un entorno adecuado y un desarrollo basado en la inclusión y la atención a la población más vulnerable serán los hilos conductores de la estrategia de hábitat. Se buscará, igualmente que el hábitat sea referente central de la construcción de identidad ciudadana y de las acciones e intervenciones urbanísticas locales. De esta manera, los proyectos y programas harán énfasis en la articulación de la población con su entorno inmediato y desarrollarán formas de apropiación y disfrute cultural al mantener e identificar, como prioridad, las zonas vulnerables. Se trata de iniciativas en campos como la gestión y usos del suelo, vivienda, mejoramiento urbano y rural, equipamientos, estructura ambiental, patrimonio, cultura y espacio público, entre otros.

Abarca las políticas de seguridad, convivencia, justicia, acción política no violenta, participación ciudadana, descentralización, derechos humanos y los asuntos políticos relacionados con la Administración Distrital. Se aglutinan en un propósito central: contribuir desde Bogotá, con el ejemplo que resulte de la gestión pública adelantada y con los resultados logrados, a la reconciliación de los colombianos y colombianas.

Bogotá ha tenido una política de seguridad que es considerada exitosa por diferentes analistas. Sin duda, son notables los logros obtenidos en la disminución de homicidios y, en general, de los denominados delitos de alto impacto social. No ocurrió lo mismo con otros indicadores que no formaban parte de dichos delitos, como se hace patente, por ejemplo, con los casos de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales. Los datos sobre conflictividad son escasos, pero es alta y muy difundida la percepción ciudadana de su aumento constante y significativo.

Para dar cuenta de esta situación, se prestará especial atención a combatir aquellos delitos que, por no afectar de manera directa el patrimonio o la actividad económica, no suelen ser considerados como de alto impacto. La seguridad será el resultado del ejercicio armónico de la convivencia ciudadana y de la prevalencia, en la sociedad, de una actitud permanente de hombres y mujeres para resolver de manera pacífica sus conflictos. Será el resultado del ejercicio y vigencia de los derechos humanos en la ciudad. La política que se desarrollará será, por consiguiente, esencialmente preventiva, persuasiva y con perspectiva de derechos. El fortalecimiento de la Policía Metropolitana no se circunscribirá a la dotación en equipos e infraestructura; se acompañará con actividades permanentes de capacitación al personal que les permitan, de manera creciente, convertirse en representantes acatados de la autoridad. En ese sentido tendrá un impulso especial el Programa de Policía Comunitaria.

También se prestará atención, en los programas ya existentes, a la inclusión preferente de las poblaciones vulnerables (víctimas del desplazamiento, reincorporados de los grupos armados al margen de la ley y en situación de prostitución), y se desarrollarán nuevos programas con énfasis en las minorías étnicas y la juventud. Con esta última se formulará una política participativa, de convivencia y de prevención de la violencia.

Nuestra política no sólo preservará la infraestructura acumulada y la acrecentará en los términos previstos en el Plan Maestro de Equipamiento en Seguridad, Defensa y Justicia, sino que además buscará desatar procesos comunitarios participativos que permitan a la comunidad apropiarse de los mecanismos alternativos y la justicia comunitaria, convertida en un verdadero factor de impacto para la convivencia pacífica.

Bogotá no cuenta con una política pública específica sobre derechos humanos. El principal propósito de esta Administración es construir una política integral de promoción, prevención, defensa y garantía de los derechos humanos con énfasis en los más vulnerables, incluyendo, en un importante lugar de las acciones que se desarrollen, a las minorías y los grupos étnicos. Más aun, como se ha explicado reiteradamente en apartes anteriores, el Plan mismo se propone en una perspectiva integral de derechos.

En lo que se refiere al Eje de Reconciliación, además de ser instancia promotora de la definición de la política y del reconocimiento transversal y multidimensional de la perspectiva de derechos, adelantará un programa específico que se ocupe del diseño y ejecución de una política integral para el reconocimiento, defensa y garantía de los derechos civiles y políticos.

Las políticas sobre reinsertados y desplazados también se desarrollarán con una perspectiva de derechos humanos y serán complementarias frente a las que por mandato legal deben llevar a cabo las entidades del orden nacional.

La anterior Administración cumplió con la importante labor de hacer pública la necesidad de desarrollar una política distrital de apoyo a la resistencia civil y la acción política no violenta por parte de la comunidad. En esa dirección, se coadyuvará la construcción de una red ciudadana de resistencia civil y acción política no violenta. Se vinculará a ella cualquier persona bajo la única premisa de condenar la violencia como método para la acción política y para la solución de los conflictos entre los individuos.

La problemática económica, social y política de la ciudad y sus veinte localidades requiere la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la identificación y priorización de necesidades, en la adopción de soluciones y en el seguimiento y control de la gestión pública y de la ejecución de los planes de desarrollo. La realización de los derechos compete al conjunto de la sociedad, por tanto la participación se convierte en mecanismo fundamental de la gestión del gobierno distrital y el desarrollo de un proyecto de ciudad. Se constituye en complemento y factor de dinamización y consolidación de las instancias de los gobiernos locales.

Son veinte localidades que tienen una precaria institucionalidad local. Son pocas personas para manejar entidades territoriales que tienen más población que la mayoría de las ciudades intermedias de Colombia. Estas localidades ejecutan el 10% del presupuesto de inversión del Distrito, pero la mayoría de las veces esta inversión no tiene las condiciones de generar procesos de desarrollo, sea éste económico o social, ni de acometer obras de envergadura.

El Departamento Administrativo de Acción Comunal tendrá entre sus responsabilidades la capacitación ordenada de personas y comunidades, así como la búsqueda de que las obras de inversión local se organicen y ejecuten de manera tal que coadyuven a que los individuos y las comunidades incorporen, en su actividad, los elementos propios de la participación y la convivencia.

La Administración Distrital adelantará un ambicioso proceso de descentralización para fortalecer la capacidad institucional de las localidades y consolidar los escenarios de gobernabilidad local, condición para lograr una verdadera descentralización que vaya aparejada con la participación, en un marco de corresponsabilidad entre la Administración y las comunidades organizadas.

La construcción de un Estado Social de Derecho que garantice la inclusión social mediante la satisfacción progresiva de los derechos sociales a grupos cada vez más amplios de la población, supone la existencia de una institucionalidad pública fuerte y dinámica que consolide y amplíe su responsabilidad en la provisión de bienes y servicios públicos, capaz de transformarse y desarrollarse permanentemente y de convocar y lograr la solidaridad de otros agentes y sectores para concretar e impulsar un Pacto Social Contra la Pobreza orientado a lograr la materialización de los derechos constitucionales y legales que amparan al ciudadano, con prioridad en la provisión de los mínimos vitales a la población más vulnerable.

Dentro de este contexto, es necesario promover la reorganización y adecuación de la estructura organizacional del Distrito Capital y el desarrollo institucional con las normas, reglas y funciones necesarias para garantizar la mayor eficacia posible de la gestión pública distrital en términos tanto de la cobertura, focalización y contribución retributiva, así como de la eficiencia, los costos de prestación y la rendición pública de cuentas.

En la última década, las diferentes administraciones se han ocupado de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la capital. Aunque en el aspecto social el esfuerzo ha sido importante y focalizado hacia grupos vulnerables, el enfoque sectorial no ha estado articulado, generándose dispersión en los programas y atomización de las acciones emprendidas, desnudándose con ello grandes falencias en la coordinación y articulación intersectorial e intrasectorial. Persisten grandes limitaciones de tipo organizacional e institucional que alejan a la gestión distrital de ser un modelo de solidaridad, inclusión, eficiencia y eficacia, con principios éticos y estándares de transparencia y productividad. Tales limitaciones impiden que el ciudadano pueda ver realizados sus derechos constitucionales o legales y que sea considerado por la Administración y por sus funcionarios con equidad y justicia.

En materia institucional, es conveniente, por lo tanto, establecer en el Plan de Desarrollo un objetivo orientado al logro de una gestión distrital humana, eficiente y eficaz a partir de la adecuación y preparación de la institucionalidad para atender las necesidades y los retos del desarrollo de la política social, la integración urbano regional, la reconciliación, la participación, la desconcentración y descentralización de la gestión y de la decisión. Para lograrlo, se formularán estrategias de mejoramiento de la función pública y de adecuación de la estructura organizacional. Se trata de fortalecer los aspectos positivos logrados e los últimos años, reorientar otros y desarrollar las iniciativas más pertinentes de concertación y coordinación institucional para el logro de los objetivos y metas que se adquieran en materia de desarrollo social.

Los proyectos que se formulan dentro de cada programa permitirán realizar el seguimiento permanente de la eficiencia de los procesos y la eficacia de la gestión, e integrar un sistema de información que garantice la disponibilidad de información clara y oportuna tanto para el ciudadano como para los servidores y entidades distritales, necesarios para facilitar el control social y la rendición de cuentas. Creará las condiciones que sustenten y apoyen el proceso de desconcentración y descentralización mediante el fortalecimiento de las localidades y sus administraciones.

En relación con el tema de la descentralización en el interior del Distrito, es conveniente señalar su falta de competencia y autonomía para gestionar asuntos de gran impacto social como la educación, la salud y el bienestar social, entre otros. No obstante la delegación de funciones que se determinó para los alcaldes locales mediante el Decreto 854 de 2001, su acción se ve restringida, además, por el desorden y ambigüedad de las relaciones jerárquicas y funcionales que, aunque en teoría deberían fluir a través de la cabeza del Alcalde Local, en muchos casos se establecen directamente entre las autoridades de la Secretaría de Gobierno y las Coordinaciones dependientes de la Alcaldía, o entre las entidades del nivel central (Secretaría de Educación, de Salud, DABS, etc.) y las oficinas establecidas por éstas en la localidad, sin que el Alcalde Local se entere y mucho menos pueda intervenir y participar en el gasto.

Ante situaciones como la anteriormente descrita, se trata de desarrollar procesos de descentralización y desconcentración que conduzcan gradual y progresivamente a la autonomía de las localidades para gestionar sus propios asuntos, partiendo de un diagnóstico que permita identificar las características y necesidades de cada una de las localidades, y las limitaciones de su capacidad técnica, administrativa, financiera y jurídica, para iniciar un proceso que implicará corresponsabilidad entre la Administración Central y el Alcalde Local. Corresponderá a la primera disponer de las acciones y recursos necesarios para fortalecer institucionalmente las alcaldías locales, corresponderá al segundo impulsar y propiciar las instancias de participación, concertación y vigilancia de la gestión pública.

Se trata de desarrollar un proceso que dé certeza de la plena capacidad de cada una de las localidades para asumir la responsabilidad de gestionar en forma directa los asuntos propios de su territorio, proceso que certificará el Alcalde Mayor, quien distribuirá y delegará las competencias necesarias.

La ejecución de las políticas, programas y proyectos del Plan de Desarrollo estará garantizada con el manejo responsable que se dará a las finanzas de la ciudad.

Lo anterior implica fortalecer los ingresos, ejercer un mayor control en la ejecución del gasto, identificar el costo de mantener las inversiones realizadas y por realizar, mejorar el perfil de la deuda y mitigar su presión en el presupuesto, preservar la capacidad de pago del Distrito, asegurar la financiación de los pasivos y controlar el riesgo financiero de los activos y pasivos.

Realizar una programación financiera, presupuestal y hacendaria eficiente en el corto y mediano plazo exige orientar las acciones y la gestión necesaria para garantizar la entrega de bienes y servicios a los ciudadanos, con resultados medibles mediante el seguimiento y evaluación periódicos, el control social y la rendición de cuentas.

Los requerimientos financieros del Plan de Desarrollo ascienden a $ 21.2 billones para el período 2004-2008, representando el costo de hacer realidad una ciudad moderna y humana, a partir de un desarrollo equilibrado y sostenible entre lo social y lo económico. Para esto, se requiere de una estructura óptima en el nivel de inversiones y de una ejecución adecuada para que con los recursos que se dispongan y un manejo responsable de las finanzas se pueda atender las prioridades de la población.

El Gobierno Distrital realizará las acciones necesarias para garantizar el financiamiento del Plan, el cual comprende el fortalecimiento de programas como la Gestión Antievasión, un mayor control en la ejecución del gasto, la priorización y reorientación de las inversiones, una estrategia óptima de endeudamiento, recursos del crédito, cofinanciación y participación local, cooperación internacional y un responsable manejo del riesgo y las contingencias. Adicionalmente, contempla realizar las gestiones necesarias para la disminución de los excedentes de capital de algunas empresas de servicios públicos. Asimismo, se adelantará una fuerte gestión de recursos destinados a proyectos estratégicos de la ciudad ante la Nación, a la par con la regionalización de políticas que permitan el uso y utilización de instrumentos de financiamiento nacional. El Distrito hará presencia activa y fortalecerá la gestión ante el Congreso y el Gobierno Nacional para estar atento a los cambios en la legislación y los proyectos de Ley que puedan afectar las finanzas de la ciudad.

Alcalde Mayor

Directora

Departamento Administrativo de Planeación Distrital

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los artículos 339 y 345 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 1421 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, la Ley 152 de 1994 y el Acuerdo 12 de 1994.

ARTICULO 1º. El Plan de Desarrollo "Bogotá sin indiferencia. Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión" se fundamenta en la construcción de las condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos humanos integrales, establecidos en el pacto constitucional y en los convenios e instrumentos internacionales. Para avanzar en la garantía de los derechos humanos y disminuir las desigualdades injustas y evitables, en el marco del Estado Social de Derecho, el gobierno propiciará la creación y la redistribución de la riqueza; reconocerá las diferencias generacionales, étnicas, culturales, de género, de oportunidades y de capacidades; y hará de la calidad de vida el referente principal de la acción del Estado. En esta perspectiva, la gestión pública actuará de manera integrada y participativa, y comprometerá a la sociedad en la superación de la pobreza sobre la base de la corresponsabilidad de los ciudadanos y las ciudadanas.

Construir colectiva y progresivamente una ciudad moderna y humana, incluyente, solidaria y comprometida con el desarrollo del Estado Social de Derecho, con mujeres y hombres que ejercen su ciudadanía y reconocen su diversidad. Una ciudad con una gestión pública integrada, participativa, efectiva y honesta que genera compromiso social y confianza para avanzar en la reconciliación entre sus habitantes y en la garantía de sus derechos humanos. Una ciudad integrada local y regionalmente, articulada con la Nación y el mundo para crear mejores condiciones y oportunidades para el desarrollo sostenible de las capacidades humanas, la generación de empleo e ingresos y la producción de riqueza colectiva.

Tener sentido de las otras y de los otros. Se expresa en el compromiso del Estado y de la sociedad para superar la adversidad, privilegiando a las personas que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. Es un valor esencial para la convivencia.

Reconocer la dignidad de la condición humana para favorecer el ejercicio de la libertad y promover la autodeterminación individual y colectiva.

Reconocer y reasignar valor a las diferencias étnicas, de géneros, generacionales y culturales.

Promover la igualdad de oportunidades mediante políticas progresivas de redistribución, con prioridad en las poblaciones que están en mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Involucrar la participación de ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones públicas, y promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales y la construcción de capital social.

Actuar con rectitud en el ejercicio de lo público y en la administración y manejo de los recursos públicos, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas, veeduría y control ciudadano, para garantizar la mayor cercanía de quienes habitan la ciudad a las acciones y resultados de la gestión del Estado.

ARTICULO 4º. Políticas Generales del Plan de Desarrollo. Las orientaciones o directrices que regirán la gestión y la actuación pública son:

La acción pública se orientará a la intervención social articulada e integral para atender en forma simultánea las carencias de los grupos humanos y las necesidades de las comunidades con perspectivas de género, ciclo vital, situación socio-económica y habitabilidad del territorio.

La gestión pública estimulará la integración social de la ciudad y el desarrollo de las capacidades de los ciudadanos y las ciudadanas, la autogestión y la vinculación del sector privado y del tercer sector en las responsabilidades colectivas.

Los derechos de las niñas y los niños tienen prioridad sobre los derechos de los demás y sobre todas las normas y consideraciones cuando ellas impidan su garantía o satisfacción. Las instituciones distritales y la sociedad concurrirán para garantizar su incorporación en la formulación de políticas, planes, programas y en la asignación de los recursos del presupuesto público; así como su protección y socorro en toda circunstancia, y su vinculación a programas de interés general.

La perspectiva de mujer y género estará orientada a la creación de condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades, el ejercicio efectivo de los derechos y el respeto a las diferencias.

Se reconocerá la diversidad juvenil y se promoverá su inclusión en los servicios sociales, se formarán y desarrollarán capacidades para que los jóvenes puedan asumir los diversos roles que les corresponden, se crearán oportunidades de formación para la vida productiva y como sujetos éticos, estéticos y políticos activos en los procesos de participación. Se articularán programas intersectoriales para la prevención integral de los riesgos a los que está expuesta la juventud.

Se promoverán la reflexión y la acción colectivas en torno al comportamiento y actitudes de las personas para afianzar el ejercicio de la ciudadanía, la democracia y la solidaridad.

Los ciudadanos y las ciudadanas participarán efectivamente en las decisiones públicas. La Administración Distrital proveerá la información, los escenarios y los mecanismos necesarios y promoverá la organización y el control ciudadano. Se reconocerán los diferentes actores, sus intereses y propuestas, para procurar que las decisiones públicas sean el resultado de la construcción de acuerdos y consensos.

Se promoverá la participación ciudadana en el control de la gestión pública. Se comunicarán con claridad y veracidad los procesos, resultados e impactos de las políticas y se mantendrá una interlocución permanente con la ciudadanía.

Se desarrollará una política de seguridad alimentaria entendida como la garantía de acceso y abastecimiento adecuados de alimentos y nutrientes, en un horizonte de sostenibilidad y como espacios de encuentro para la formación ciudadana, de manera complementaria a otros servicios sociales del Estado. A través de esta política se espera contribuir a la generación de empleo e ingresos en el marco de la integración regional, y a fomentar la construcción de capital social y la corresponsabilidad.

La ciudad se abordará en una perspectiva sostenible, a partir de la descentralización y la desconcentración en lo local, la integración urbano-rural y regional, y la articulación con la dinámica nacional e internacional.

El desarrollo económico permitirá avanzar progresivamente hacia una sociedad más equitativa, con más y mejores oportunidades para todos y todas, a partir del crecimiento, calificación y reorientación de las actividades productivas. Las políticas económicas serán producto de la concertación con el sector privado y la Nación, en un contexto internacional.

La política de generación de empleo y de oportunidades de ingresos es un imperativo de la lucha contra la pobreza y la exclusión, la cual debe ser desarrollada en una perspectiva de solución sostenible que lleve a transformar las acciones urgentes, como la lucha contra el hambre, en soluciones de largo plazo. Se basa en la utilización del potencial de la inversión pública para generar empleo y promover la producción local y regional; en la promoción de la demanda de bienes y servicios de consumo masivo, y en el fortalecimiento de la economía social, de la micro, la pequeña y la mediana empresa. El aumento de la cobertura y la permanencia de la población joven en el sistema educativo son elementos esenciales de esta política. Se aprovecharán las oportunidades de inserción creativa en la economía internacional y se potenciará la estructura productiva local y regional mediante la innovación tecnológica y la mejora de la competitividad y la calidad del aparato productivo.

El Distrito Capital emprenderá una gestión de relaciones con perfil propio en materia política, comercial, cultural e institucional con otras ciudades, regiones y países, buscando su inserción competitiva en el escenario internacional con sentido de pertenencia regional. Serán prioritarias la región y las ciudades andinas, ibero-latinoamericanas y del Caribe; las relaciones con otros espacios regionales se desarrollarán acatando las directrices nacionales y regionales.

ARTICULO 5º. Ejes Estructurales. El Plan de Desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión", se estructura sobre tres ejes:

• Eje Social
• Eje Urbano Regional
• Eje de Reconciliación

ARTICULO 6º. Objetivo del Eje Social. Crear condiciones sostenibles para el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, con el propósito de mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza y la inequidad, potenciar el desarrollo autónomo, solidario y corresponsable de todos y todas, con prioridad para las personas, grupos y comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad, propiciando su inclusión social mediante la igualdad de oportunidades y el desarrollo de sus capacidades, la generación de empleo e ingresos y la producción y apropiación colectiva de la riqueza.

Promoción, protección y restablecimiento de los derechos y prevención de las causas asociadas a su vulneración. Se dará prevalencia a los derechos de los niños y las niñas, a la perspectiva de equidad entre géneros y al restablecimiento de derechos e inclusión social de jóvenes, población adulta mayor y con discapacidad. Las políticas garantizarán el respeto de la diversidad étnica y cultural. Se privilegiarán acciones de sensibilización y afectación de imaginarios en torno a la garantía de derechos, la inclusión y la equidad.

Se avanzará progresivamente en la garantía del derecho a la alimentación con prioridad para las personas en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad. En torno a este derecho se crearán espacios para la formación e integración ciudadana y para facilitar el acceso de las personas y las comunidades a las redes de servicios económicos, sociales y culturales.

Se propiciarán las condiciones materiales y afectivas necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños y las niñas, con especial énfasis en los derechos asociados a una nutrición adecuada, a la protección integral y a la inclusión social con equidad. Se reconoce a la familia como contexto primario de formación de la vivencia democrática y del desarrollo de los niños y las niñas, por lo que se privilegiarán acciones para su fortalecimiento. Para la garantía de sus derechos concurrirán solidaria y corresponsablemente la familia, la sociedad y el Estado.

Se aprovechará el potencial que representa la diversidad juvenil y se considerará como factor para la inclusión social en diferentes programas, creando oportunidades y alternativas afectivas, creativas, críticas, lúdicas, comunicativas, productivas, comunitarias, ecológicas y de construcción social de sentido existencial.

Se fomentará la formación y desarrollo de capacidades para asumir nuevos roles juveniles, la sexualidad y procreación responsables, la orientación vocacional y profesional, el reconocimiento de sí, de otros y de la ciudad que contribuyan a la formación de sujetos éticos, estéticos, políticos y de derechos.

Se emprenderán proyectos y acciones para la prevención integral de problemas asociados con la violencia intrafamiliar, las infecciones de transmisión (ITS), el embarazo no deseado en adolescentes y el uso indebido de drogas; y para la promoción de la salud sexual y reproductiva, hábitos de vida saludable, orientación vocacional y ocupacional, identidades juveniles en el contexto de una cultura de trabajo y productividad, formación artística, educación política y sistemas de participación.

Se avanzará hacia la garantía del acceso equitativo a los servicios sociales y públicos, culturales y recreativos. Se fortalecerá la participación autónoma de las personas y comunidades en el uso de los servicios y la participación comunitaria en la definición, seguimiento y evaluación de la política social con criterios de corresponsabilidad. Se dará atención prioritaria a grupos de población en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad.

Se promoverá la generación de oportunidades para potenciar el talento humano mediante la educación formal y no formal, la promoción de formas asociativas para el trabajo, en el marco de la política de generación de empleo e ingresos y la creación de riqueza colectiva.

1. Construcción paulatina de un Sistema Integral de Protección y Seguridad Social (SIPSS), mediante acciones interinstitucionales e intersectoriales que permitan coordinar la intervención social con criterio de corresponsabilidad, el acceso por parte de las poblaciones a los servicios sociales y aumentar el control social sobre el sistema.
2. Garantía a las personas y al colectivo social del derecho fundamental al alimento, con prioridad en niños, niñas y mujeres gestantes o lactantes. Las acciones de Emergencia Social tendrán una perspectiva de sostenibilidad que garantice la seguridad alimentaria a través de la adecuada y oportuna producción, provisión, almacenamiento, comercialización, distribución y acceso a los alimentos, mediante el fomento de cadenas de abastecimiento y la construcción efectiva de alianzas en el contexto de la ciudad-región.
3. Garantía de acceso progresivo y permanencia en los servicios sociales. Las acciones públicas le darán prioridad a la universalización de la salud y la educación, y a una acción integral a la familia, con un enfoque de equidad de género, intergeneracional e intercultural, que ofrezca oportunidades para todas y todos y en especial para erradicar la indigencia, el trabajo infantil, la explotación sexual y la violencia intrafamiliar.
4. Creación y estímulo, con criterios de inclusión, de las condiciones que potencien la capacidad y el talento de las personas a través de la formación para el trabajo; la generación de empleo mediante la inversión pública y las alianzas con el sector privado; las oportunidades para la generación de ingresos mediante formas asociativas, comunitarias y solidarias; y la micro, la pequeña y la mediana empresa.
5. Apropiación de la ciudad como entorno cultural, artístico y lúdico, y como escuela permanente de aprendizaje, reflexión y socialización que apunta a aumentar el conocimiento y el disfrute de ésta por parte de sus habitantes mediante el acceso a las distintas manifestaciones de la vida urbana. Para ello se ampliará, desconcentrará y fortalecerá la oferta pública y se generarán mecanismos que faciliten el acceso a la misma, buscando la armonización con la oferta privada y la del tercer sector.

El programa "Bogotá sin hambre" se inserta en la lógica de agrupar, promover y liderar las acciones que le dan coherencia y articulación a la política y a la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional. Se emprenderán acciones para que la población más pobre y vulnerable acceda a los alimentos con equidad entre géneros, generaciones y etnias. El componente de capacitación incluirá acciones encaminadas a la formación ciudadana y a la educación nutricional y alimentaria. Ofrecerá alimentos y nutrientes a través de los suplementos, de los comedores infantiles (población escolarizada y no escolarizada) y de los comedores comunitarios. Promoverá y apoyará el abastecimiento regional de alimentos atendiendo calidad, cantidad y precios en consonancia con el Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario. Fomentará las cadenas alimentarias y redes de abastecimientos locales, promoviendo las formas asociativas y las oportunidades de generación de empleo e ingresos.

Ofrecerá y orientará la educación bajo los criterios de disponibilidad, acceso, permanencia y pertinencia. Fortalecerá la educación pública y la gestión descentralizada, transparente, participativa en las localidades y en las instituciones educativas. Ampliará la capacidad del sistema para atender más niños, niñas y jóvenes mediante la construcción de nuevos colegios y la ampliación y mejoramiento de los existentes. Los currículos serán pertinentes y estarán a tono con lo más avanzado de la ciencia, la tecnología y la cultura como imperativo para una sociedad incluyente y productiva. Los proyectos pedagógicos de las instituciones educativas serán innovadores, promoverán el uso de fuentes documentales primarias y considerarán las necesidades particulares de los diversos grupos poblacionales, reconociendo las etnias afrocolombiana, indígena, raizal y rom.

Promoverá la garantía del derecho a la salud para todos y todas mediante la universalización progresiva de la atención integral con enfoque familiar y comunitario, respetando las diferencias según género, etnia, ciclo vital, trabajo, ubicación geográfica y situaciones especiales, como la pobreza, la vulnerabilidad, el desplazamiento y la discapacidad. Realizará intervenciones y acciones intersectoriales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida, las capacidades y las opciones de las personas y las familias para lograr comunidades y hábitats saludables. Fortalecerá la salud pública en la dimensión urbano-regional a partir de intervenciones estratégicas que modifiquen los determinantes del proceso salud-enfermedad.

Brindará especial atención a las poblaciones cuyos derechos han sido vulnerados mediante acciones de protección, en especial a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, y acciones para su prevención, atención y sanción. Contemplará acciones de corresponsabilidad entre la sociedad, el Estado y la familia.

Contemplará acciones integrales que amplíen las oportunidades para las familias y permitan la desvinculación laboral de los niños y las niñas, a la vez que prevengan este tipo de explotación. Serán acciones en educación, salud y oportunidades de ingreso para los padres, y formación y capacitación de adultos y adultas. Promoverá campañas pedagógicas y de solidaridad para la protección de la niñez y su vinculación al sistema educativo.

Creará condiciones para asumir la equidad de género como un valor mediante políticas públicas para las mujeres y la incorporación de una perspectiva de género en los planes y procesos de desarrollo del Distrito, sus localidades y su articulación con los ejes de Reconciliación y Urbano Regional. Formulará, pondrá en marcha y evaluará el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital. Se definirán políticas, estrategias, proyectos y mecanismos de acción institucional, comunitaria y organizacional que contribuyan a la realización plena de los derechos de las mujeres y a la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres.

Brindará oportunidades efectivas de formación integral y de generación de empleo e ingresos mediante la inversión pública y compromisos con el sector privado que posibiliten el desarrollo pleno de los talentos y capacidades de las personas, así como la generación de condiciones para la inclusión económica, productiva y social de las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad, y para la formalización del trabajo y las actividades económicas. Promoverá el reconocimiento social de personas y oficios que permita la recuperación de la auto estima y la dignidad; la formación básica y la calificación técnica con posibilidades de acreditación de prácticas productivas; así como el desarrollo asociativo-empresarial con acompañamiento pedagógico y social de largo plazo. Fortalecerá la gestión para la vinculación laboral de las personas y garantizará las acciones positivas contra la discriminación y el racismo en materia de empleo.

Promoverá la masificación de las prácticas y actividades deportivas de tipo recreativo y competitivo que fomenten y desarrollen, a través del contacto y reconocimiento de las diferencias, una cultura de solidaridad y convivencia; trabajará en el fortalecimiento de lazos entre y con la comunidad y en la ampliación de posibilidades deportivas que trasciendan la jornada escolar, y buscará atender las necesidades específicas de diferentes sectores poblacionales dando prioridad a los grupos menos favorecidos. Se diseñará e implementará el Sistema Distrital de Deportes.

ARTICULO 11º. Objetivo del Eje Urbano Regional. Avanzar en la conformación de una ciudad de las personas y para las personas, con un entorno humano que promueva el ejercicio de los derechos colectivos, la equidad y la inclusión social. Una ciudad moderna, ambiental y socialmente sostenible, equilibrada en sus infraestructuras, integrada en el territorio, competitiva en su economía y participativa en su desarrollo.

El hábitat, asociado a los espacios donde transcurre la vida, será el referente de identidad para las comunidades y un criterio rector de la acción pública, a fin de elevar la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, disponibilidad, accesibilidad física y económica a los servicios, y de reconocimiento a los valores de los grupos sociales y culturales, dando prioridad a las zonas en condiciones de mayor pobreza, riesgo y vulnerabilidad.

La ciudad se articulará desde las localidades hacia la región en el marco de la integración nacional, latinoamericana y la proyección internacional, con criterios de autonomía, solidaridad, cooperación, diversidad y participación para propiciar el crecimiento económico, la equidad social y ecológica y el desarrollo sostenible.

En el espíritu de colaborar para competir, se promoverán procesos colectivos que estimulen personas productivas, empresas de valor agregado e instituciones generadoras de confianza mediante la democratización del acceso a las principales fuentes de ventajas (como el conocimiento, la tecnología y la inversión), con el propósito de hacer posible la integración económica y social, la generación de empleo e ingresos y el logro progresivo de una sociedad más justa y equitativa.

La construcción colectiva del equilibrio entre el sistema ambiental y los procesos de uso y aprovechamiento de los recursos es una condición fundamental para preservar la estructura ecológica principal; asegurar la distribución equitativa de los beneficios ambientales; procurar la calidad ambiental necesaria para la salud, el bienestar y la productividad; proteger las áreas de sustento, y promover en las empresas y la ciudadanía una cultura que garantice los derechos colectivos y del ambiente. La gestión ambiental tendrá como propósitos recuperar y mantener la calidad del agua, del aire y del suelo, mejorar la calidad sensorial percibida, conservar la biodiversidad, implementar medidas para la estabilidad climática y controlar los riesgos asociados a fenómenos naturales, tecnológicos y biológicos.

1. Redistribución equitativa de los beneficios del desarrollo entre todos y todas, y aumento de los recursos distritales para inversión social mediante el ordenamiento en los procesos de gestión, uso y ocupación del territorio, y la coordinación de la acción distrital para lograr que el suelo cumpla con su función social y ecológica, y garantizar el equilibrio en el reparto de cargas y beneficios urbanísticos entre el sector público y el privado.
2. Distribución equilibrada de la oferta y el acceso a bienes y servicios en el territorio acorde con las necesidades de la población, las comunidades y el crecimiento ordenado de la ciudad mediante la vinculación y coordinación institucionales de los propósitos del Distrito Capital, las empresas de servicios públicos domiciliarios, la región y el Gobierno Nacional.
3. Mejoramiento de la accesibilidad de las personas a los sitios de trabajo y estudio, así como a bienes, servicios, equipamientos e información mediante acciones de conectividad física y virtual que permitan mejorar la calidad de los servicios, reducir el número y la distancia de los viajes, así como los tiempos y costos asociados.
4. Aumento y consolidación del Sistema de Espacio Público a través de acciones relacionadas con su construcción, sostenibilidad, defensa, pertenencia, disfrute y uso, teniendo en cuenta las prioridades de inversión y aprovechamiento, así como el Plan Maestro de Espacio Público.
5. Aumento en el componente de trabajo en la inversión pública y en obras de infraestructura (construcción física de ciudad) sin sacrificar la calidad de la obra. Articulación con el sector privado y el tercer sector para promover el crecimiento de la demanda agregada local, especialmente la de bienes de consumo básico. Fortalecer la economía social y de las pequeñas unidades de producción y prestación de servicios con instrumentos como asistencia técnica, crédito y promoción, y gestiones a favor de la asociatividad.
6. Aprovechamiento de las oportunidades de inserción creativa en la comunidad internacional para potenciar la estructura económica regional. Se emprenderán acciones orientadas a anticipar y prevenir los costos de los tratados de libre comercio, considerando su incidencia en la sociedad, las instituciones y la economía regional. El futuro del sector exportador dependerá del desarrollo de los compromisos del Plan Estratégico Exportador Regional (PEER) y del aprovechamiento de preferencias y oportunidades como el Aptdea, al igual que de las negociaciones en el MERCOSUR, TLC y ALCA.
7. Afianzamiento de la unidad de acción, mejoramiento de la gestión y el control de las actuaciones públicas y privadas en el territorio mediante la coordinación y fortalecimiento de los diferentes agentes políticos e institucionales en el marco del Sistema Distrital de Planeación en coordinación con los Sistemas de Protección y Seguridad Social, de Participación y de Información.

Favorecerá el desarrollo humano, en el entorno más inmediato de las personas, que le permita a la comunidad la construcción, el uso y el disfrute sostenible de su territorio. Promoverá acciones de prevención y control de riesgos y de desarrollo ilegal; de mejoramiento integral de barrios; renovación urbana y protección del patrimonio cultural. Se mejorarán las condiciones de servicios públicos, sociales y recreativos, de accesibilidad, y de espacio público. Con el fin de garantizar el derecho a una vivienda digna y el crecimiento ordenado de la ciudad, se desarrollará suelo urbano y se promoverán operaciones de vivienda nueva de interés prioritario y para la rehabilitación. Se generarán instrumentos financieros transparentes y con control social.

Buscará facilitar el acceso de las personas a los servicios y equipamientos de la ciudad, reducir sus necesidades de desplazamiento y evitar la segregación territorial, social y económica. Para este efecto, el Distrito avanzará en el marco del POT hacia centros con oferta integral, que permitan integrar la ciudad en su interior y con otros espacios de carácter regional, nacional e internacional. Se pretende favorecer el desarrollo equilibrado de los centros de mayor impacto social mediante el fortalecimiento de los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público y el fomento de la intermodalidad y la construcción de puntos de encuentro.

Buscará consolidar el patrimonio natural y garantizar la calidad ambiental que permita alcanzar un mayor bienestar de las actuales y las futuras generaciones. Reconocerá la relevancia del ámbito rural y desarrollará su complementariedad con el urbano, en términos de sostenibilidad ambiental y social, productividad, gobernabilidad e integración distrital y regional.

Se enfocará a desconcentrar el desarrollo a fin de asegurar la viabilidad futura de la ciudad y la región, avanzando en la articulación de redes de ciudades y municipios. El distrito buscará construir una institucionalidad que permita articular y ejecutar iniciativas de impacto regional que sean referentes para el país. En primer lugar, se fortalecerán y ampliarán las relaciones con Cundinamarca en temas como seguridad alimentaria, recursos hídricos, salud y educación, infraestructura y competitividad, para continuar el proceso adelantado por la Mesa de Planificación Regional. En segundo lugar, se propiciará una agenda común con los departamentos de la región central del país. En tercer lugar, se contribuirá con la construcción de nación desde los territorios mediante la red colombiana de ciudades. Finalmente, Bogotá participará en la Red Andina de Ciudades y en otros espacios como la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.

Para propiciar un entorno productivo en condiciones de igualdad de oportunidades, se promoverán la formación del talento humano y la innovación. Se adelantarán acciones que generen valor agregado en todas las actividades a través de procesos asociativos, especialmente con MiPyMes en cadenas y clusters, que atraigan inversión y turismo, y que amplíen la oferta de exportación. Se promoverán medidas para calificar la demanda local, con énfasis en los derechos de los consumidores. Se fortalecerán los escenarios de acción conjunta público-privada como el Consejo Regional de Competitividad. Se reconocerá la productividad de la economía del cuidado, superando los estereotipos de género, étnicos y generacionales en el mundo productivo

ARTICULO 16°. Objetivo del Eje de Reconciliación. Desarrollar una institucionalidad pública y una organización ciudadana que propicie y dinamice una cultura de la solidaridad, la inclusión, la participación, el control social, la responsabilidad y corresponsabilidad, el respeto a la vida y la resistencia civil contra las violencias, de tal manera que la acción ciudadana y la gestión pública sean impulso y escuela para la reconciliación de los colombianos y las colombianas.

Se promoverá y consolidará una cultura de paz, de no-violencia, de solidaridad y de respeto integral a los Derechos Humanos con el reconocimiento de la diversidad de género, generacional, étnica y cultural, en un marco de equidad.

Se propiciarán la prevención y el control de la violencia y la delincuencia, así como la conservación del orden público en la ciudad, en el marco del respeto a los derechos fundamentales.

Se promoverá la formulación participativa y la ejecución de una política distrital de participación efectiva que propicie el ejercicio de los derechos, la concertación y el control social a la gestión pública como elementos constitutivos del Estado Social de Derecho.

Se fortalecerá la capacidad del Distrito y de sus habitantes para reducir los riesgos y brindar respuesta oportuna y efectiva a emergencias generadas por eventos de origen natural y antrópico.

Se consolidará un proceso gradual de desarrollo autónomo de las localidades en el cual la Administración central fortalecerá los gobiernos locales y éstos, a su vez, promoverán la integración y coordinación de las instancias de participación y control ciudadano respecto de los asuntos propios de su territorio.

Se integrarán actividades como las ventas ambulantes, el reciclaje y el transporte no motorizado, a los procesos, servicios, canales y mercados de la economía de la ciudad.

1. Contribución a la consolidación de relaciones sociales solidarias y pacíficas que promuevan la convivencia, en el marco de una política de reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos.
2. Garantía del derecho ciudadano a acceder al servicio público de justicia mediante la articulación de un Sistema de Justicia de la ciudad que integre las instancias institucionales y los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
3. Coordinación y gestión institucional para atender los asuntos de la seguridad ciudadana y desarrollo de la resistencia civil como actitud frente a las manifestaciones conflictivas y de violencia que afectan a la ciudad.
4. Diseño, operación y seguimiento del Sistema Distrital de Participación para fortalecer las relaciones entre la Administración Distrital y la ciudadanía organizada.
5. Fortalecimiento de los espacios locales y distritales de deliberación que reconozcan la diversidad étnica, de género, generacional y cultural y promuevan el acceso ciudadano a información pertinente. Desarrollo de una escuela de participación que alimente el Sistema Distrital de Participación y promueva la organización y el control social.
6. Promoción de acciones integrales de coordinación y gestión en relación con los proyectos de inversión local, las cuales generen procesos pedagógicos de participación y convivencia, tanto en las instituciones como en las organizaciones sociales participantes.
7. Desarrollo de un modelo progresivo de descentralización y desconcentración en consonancia con las condiciones de cada localidad, basado en la corresponsabilidad de la Administración central y la local y fundamentado en la consolidación de las capacidades locales.
8. Creación y adopción de mecanismos adecuados para impulsar la financiación empresarial, la realización de proyectos productivos de prestación de servicios y comercialización destinados a empresarios unipersonales, familiares, pequeños y medianos en sectores económicos acordes con la vocación de la ciudad o localidad para que atienda la demanda en condiciones adecuadas y sostenibles, aprovechando la oportunidad que tienen para incorporarse a las diferentes cadenas productivas conformadas para el ámbito local.

Generará y consolidará en la comunidad una cultura que promueva la utilización de mecanismos pacíficos para la resolución de los conflictos, como forma de acceder a una ciudad más amable y solidaria que propenda por el respeto y garantía de los derechos.

Implementará acciones integrales que garanticen el respeto, la protección y la vigencia de los derechos humanos en la perspectiva de la exigibilidad de los mismos, dando especial tratamiento a los grupos étnicos y a las poblaciones que se encuentran en condición de vulnerabilidad frente a las violencias.

Promoverá atención integral y complementaria a la que brindan las instituciones del orden nacional con un enfoque de derechos humanos y de garantía del cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

Fortalecerá y coordinará a las entidades e instancias distritales y locales que prestan servicios de justicia en la ciudad y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Promoverá y divulgará acciones comunicativas para la participación ciudadana que propicien dinámicas de reconciliación.

Adelantará de manera simultánea acciones de prevención, atención y control, a través de procesos de coordinación interinstitucional y fortalecimiento de los organismos de seguridad del Estado.

Promoverá la constitución y el desarrollo de una red ciudadana para prevenir y reaccionar contra las violencias y postular una opción ciudadana por la acción política no violenta.

Desarrollará la organización, los procesos, los instrumentos y una cultura de la prevención para fortalecer las capacidades de la ciudad en la atención de emergencias de origen natural o antrópico.

Realizará acciones de fortalecimiento a la organización y al suministro de información para que los ciudadanos y ciudadanas participen en la toma de decisiones públicas que les afectan en el ámbito del desarrollo local, distrital y regional. Para este efecto, se diseñará e implementará el Sistema Distrital de Participación.

Promoverá y divulgará acciones comunicativas que propicien dinámicas de participación ciudadana e incluyan la diversidad étnica, de género, generacional y cultural.

11. Control Social a la Gestión Pública

Asesorará, brindará información y diseñará las herramientas necesarias para que la ciudadanía ejerza un control social efectivo a las políticas, planes, programas y proyectos distritales y locales.

Promoverá acciones integrales de coordinación y gestión que originen procesos pedagógicos participativos en las instituciones y organizaciones sociales tanto en el nivel distrital como local.

Se elaborará un diagnóstico que permita identificar las características y necesidades de cada una de las localidades, así como las limitaciones de su capacidad institucional para iniciar un proceso que implicará corresponsabilidad entre la Administración central y las localidades con miras a crear indicadores certificables de los niveles de capacidad alcanzados.

Este programa se encaminará a la generación de empleo sostenible en el tiempo a través del fortalecimiento de las cadenas productivas basadas en los cluster locales, incorporando el componente de asociatividad al crecimiento de las economías locales. Prestará asesoría para la consecución de recursos de financiación para capital de trabajo, y apoyo para la capacitación y desarrollo técnico de las PYMES participantes para que sean unidades productivas en red integradas a las cadenas productivas.

1. La institucionalidad pública se transformará y desarrollará en concordancia con las demandas de la ciudad para lograr la coordinación del gobierno y la autonomía progresiva de las localidades.
2. Se brindará un servicio oportuno y adecuado a los ciudadanos y las ciudadanas buscando un mayor acercamiento y una interacción más abierta, transparente e incluyente de la Administración con toda la comunidad.
3. Se construirá una cultura organizacional ética y de servicio que propicie el compromiso de los servidores y las servidoras públicas con el desarrollo y el fortalecimiento de sus competencias y habilidades.
4. Los programas y acciones de la Administración Distrital se realizarán dentro de un modelo de gestión efectivo, transparente y participativo que convoque y logre la solidaridad de los demás agentes y sectores de la sociedad.
5. La gestión de los recursos públicos para proveer el funcionamiento y la financiación del Plan de Desarrollo del Distrito Capital tendrá un manejo responsable en el cual prevalezcan la probidad y la sostenibilidad de los programas y proyectos, en el marco del Sistema de Presupuesto Orientado a Resultados, el cual facilita el control social.
6. La comunicación será el fundamento para la participación y el fortalecimiento de la institucionalidad y la legitimidad de la Administración.
7. La información disponible, suficiente y veraz será un soporte fundamental para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el control social.

1. Impulso al desarrollo institucional integral del Distrito Capital y su reorganización administrativa.
2. Desarrollo progresivo de la autonomía local mediante la desconcentración y descentralización de funciones y el fortalecimiento de la capacidad técnica, jurídica, administrativa, financiera e informática de las localidades que propicie la participación y el control social.
3. Mejoramiento de los servicios de atención a los ciudadanos y las ciudadanas, con énfasis en los grupos más vulnerables, mediante la consolidación del Sistema de Servicio a la Ciudadanía.
4. Fortalecimiento fiscal y financiero.
5. Desarrollo del Sistema Distrital de Información Integral.
6. Promoción de la comunicación como base de la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional.
7. Desarrollo y aplicación de metodologías y herramientas que fortalezcan la rendición de cuentas, el control social, el seguimiento y evaluación para garantizar una gestión pública proba, efectiva y transparente.

Garantizará la adecuación, preparación, fortalecimiento y modernización de la institucionalidad para atender, en el marco de la descentralización y la desconcentración de funciones, las necesidades y los retos de la política social, la integración urbano-regional, la reconciliación y la participación.

Adelantará el proceso de descentralización y desconcentración de manera progresiva, y las acciones de modernización técnica, jurídica, administrativa e informática de las localidades para promover el acercamiento a la ciudadanía, la agilización y simplificación de los procesos y trámites, así como una mayor participación y control social para la gobernabilidad estable de la ciudad.

Fortalecerá la infraestructura y la definición de políticas, estándares, indicadores y mecanismos de seguimiento y control compartidos para garantizar la calidad y la oportunidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía

Desarrollará un conjunto de proyectos y acciones dirigidos a fortalecer la capacidad institucional distrital para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo mediante el diseño y aplicación de un amplio proceso de autorregulación institucional y de evaluaciones integrales a sectores estratégicos de la ciudad para garantizar la transparencia y enfrentar la corrupción.

Desarrollará de manera integral los sistemas informáticos y la gestión documental para garantizar a la Administración y a la ciudadanía información oportuna y confiable.

Fomentará canales de interacción y comunicación para la construcción de ciudadanía y fortalecerá la cultura organizacional, el sentido de pertenencia y el compromiso de los servidores públicos.

Propiciará el crecimiento real de los ingresos y la disminución de la evasión mediante acciones de carácter persuasivo y disuasivo, el pago oportuno de los tributos, contribuciones, participaciones y tasas, estímulos al cumplimiento de las obligaciones fiscales; fortalecimiento de un modelo de atención para contribuyentes; consolidación del Sistema de Información Tributaria; reordenación de la gestión de cobro; fortalecimiento de la gestión de fiscalización, y creación de herramientas tecnológicas y jurídicas para el monitoreo, bajo los principios de solidaridad y de responsabilidad.

Gestionará fuentes de ingresos permanentes y además los provenientes de la venta de activos ociosos, inservibles u obsoletos, rendimientos financieros, transferencias, participaciones, contribuciones, recuperaciones, y realizará un eficiente manejo de los excedentes de liquidez.

Celebrará acuerdos con los gremios y la ciudadanía en un Pacto por el Tesoro para fortalecer la cultura tributaria, con un programa de incentivos para las localidades basado en la gestión y recuperación del recaudo desde la Administración local.

Fortalecerá la gestión financiera del Distrito e implementará herramientas que faciliten a las distintas entidades crear una cultura de gestión orientada a resultados mediante la consolidación del Sistema de Presupuesto Orientado a Resultados bajo un Marco de Gastos de Mediano Plazo, la implementación del modelo de costeo ABC, la concreción del proceso de saneamiento y depuración de recursos, derechos, bienes y obligaciones, con el propósito de garantizar la confiabilidad de la información contable pública distrital y la extensión de la estrategia de gestión de riesgo financiero a las entidades distritales.

ARTICULO 26°. Coordinación Interinstitucional y Local. La coordinación interinstitucional tanto en el nivel central como en el descentralizado será mecanismo fundamental para la ejecución de este Plan y permitirá incorporar en las acciones distritales un alto componente de participación ciudadana. Ésta se logrará, en lo fundamental, a través del Objetivo de Gestión Pública Humana, el cual es transversal a todas y cada una de las acciones que se desarrollarán para garantizar, entre otras, la adecuada realización, seguimiento y evaluación del Plan.

La consolidación y el fortalecimiento de los Sistemas Distritales de Protección y Seguridad Social, Planeación, Participación e Información, y el fortalecimiento institucional y la creación de la Red Distrital de Comunicaciones son propósitos que garantizarán el desarrollo suficiente de este Plan y darán sostenibilidad a las acciones que se propone.

De igual manera, se definirán las instancias y se dará el apoyo institucional suficiente para el desarrollo de los temas de Mujer y Género, Juventud, Empleo e Ingresos, y Relaciones Internacionales, y se garantizará su transversalidad y la debida coordinación y articulación para el logro de las metas.

ARTICULO 27°. Mecanismos de Coordinación con otros niveles de gobierno. El logro de resultados del Plan depende de la acción coordinada y concertada de las entidades del Distrito entre sí y de éstas con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y con otros actores sociales presentes en el territorio y de otros territorios del mundo, y con las entidades multilaterales en el marco de los acuerdos de aplicación universal.

Así, el Distrito Capital, asumiendo una actitud proactiva, fortalecerá los mecanismos de concertación existentes y promoverá la creación de aquéllos que en ejercicio de su deber considere necesarios, con el fin de garantizar la armonía y articulación entre las acciones estratégicas que tanto el Gobierno Nacional, el Departamento de Cundinamarca, los Departamentos de la Región Central y sus municipios, las Corporaciones Autónomas Regionales, como el Distrito Capital realizan en la región. De igual manera lo hará con otros actores frente a la necesidad de desarrollar esquemas de solidaridad y corresponsabilidad en lo que se refiere al desarrollo integral de la región y del país.

El Distrito desarrollará una política de relaciones internacionales con perfil propio en el marco que establecen la Constitución Nacional y las leyes, orientada a promover la solidaridad, la cooperación técnica, el intercambio económico y el aprendizaje mutuo con ciudades y regiones de todas las naciones del mundo. Un énfasis especial se hará en las ciudades y regiones de países de latino e ibero América.

El Plan de Desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión" contempla los siguientes proyectos prioritarios:

ARTICULO 29º. Estrategia Financiera. Hacer de Bogotá una ciudad moderna y humana con un desarrollo equilibrado y sostenible entre lo social y lo económico requiere de una estructura óptima en el nivel de inversiones y de una ejecución adecuada para que con los recursos disponibles y un manejo responsable de las finanzas se puedan atender las prioridades de la población, específicamente aquéllas que están relacionadas con los crecientes problemas sociales como la pobreza y la exclusión.

La estrategia financiera comprende el fortalecimiento de programas como Gestión Antievasión, un mayor control en la ejecución del gasto, la priorización y reorientación de las inversiones, una estrategia óptima de endeudamiento, recursos del crédito, cofinanciación y participación local, cooperación internacional y un responsable manejo del riesgo y las contingencias. Además, se adelantará la gestión para una disminución de los excedentes de capital de algunas empresas, lo cual permitirá contar con mayores recursos para realizar inversiones de carácter social y de infraestructura. Asimismo, se gestionarán recursos ante la Nación para proyectos estratégicos de la ciudad y se trabajará conjuntamente para la regionalización de políticas que permitan el uso y utilización de instrumentos de financiamiento nacional.

El Plan de Desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión" asciende a $21.2 billones para el período 2004 ¿ 2008 (en pesos constantes de 2004), los cuales se financian con $15.4 billones que corresponden a la Administración Central, $3 billones a los Establecimientos Públicos y $2.8 billones a los recursos propios de las Empresas industriales y Comerciales (no incluye ETB ni EEB).

Adicionalmente, la ciudad se beneficiará con inversiones de empresas como la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Empresa de Energía de Bogotá y de otras empresas de servicios públicos y del sector privado.

ARTICULO 30º. Generación de ingresos y fortalecimiento de la Gestión Antievasión. Intensificar las gestiones para incrementar el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante programas encaminados a ejercer un mayor control a la evasión y morosidad, la actualización de las bases gravables, la reglamentación y cobro de ingresos por plusvalía y publicidad exterior visual y otras gestiones de consecución de recursos relacionadas con los medios de declaración y pago.

Implementación de protocolos para clasificación de información de cartera con registro del estado de gestión por contribuyentes; elaboración e implementación de un Manual de Control y Ejecución de Obligaciones Morosas que facilite su gestión oportuna y consistente; contratación de apoyo externo para adelantar el proceso de cobro de cartera de emergencia; saneamiento de la cartera en cumplimiento del proceso contable establecido en la Ley 716 de 2001; aplicación de mecanismos de la Ley 863 de 2003 con las centrales de riesgo; intercambio y cruces de información; contacto con los contribuyentes deudores a través del call-center; formularios masivos; visitas e investigaciones de bienes; y apertura de procesos coactivos.

Fortalecimiento del modelo de atención y diversificación de alternativas de pago para los contribuyentes, ampliación de sucursales bancarias y canales electrónicos de pago. Consolidación del Sistema de Información Tributaria y descentralización de la atención tributaria a través de Supercades, entre otros.

Para el caso del impuesto predial se continuarán los procesos de actualización catastral que permitan contar con información confiable de la realidad económica de los predios y asegurar el cobro de un impuesto adecuado a los contribuyentes.

Fortalecimiento de la Gestión Antievasión mediante la implementación del "Pacto por el Tesoro", consistente en buscar que los gremios, los empresarios y la ciudadanía tengan clara su responsabilidad con Bogotá, mediante programas que inviten a pagar oportunamente impuestos y contribuciones y a hacer partícipes a las comunidades de los diferentes barrios y localidades para que apoyen el proceso y a su vez se transfieran mayores recursos a las estas últimas.

Se adelantarán las gestiones para efectuar la reglamentación y el cobro de ingresos creados en años anteriores como el impuesto a la publicidad exterior y el cobro de la participación en plusvalía, con los cuales se generarán recursos permanentes.

Se ampliará la base de contribuyentes para lograr un mayor cubrimiento y su crecimiento real. La Administración no propiciará exenciones ni tratamientos preferenciales de carácter tributario.

Se revisará el sistema de valorización existente y se buscará que éste sea más eficiente y equitativo.

ARTICULO 31º. Gestión de recursos nacionales. Se gestionarán recursos ante la Nación para proyectos estratégicos de la ciudad y recursos a través de convenios interadministrativos tanto para Bogotá como para la región mediante la concertación de criterios públicos y privados que conduzcan a la regionalización de políticas y permitan el uso y utilización de instrumentos de financiamiento nacional.

El Distrito hará presencia y fortalecerá la gestión ante el Congreso y el Gobierno Nacional para estar atento a los cambios en la legislación y los proyectos de Ley que puedan afectar las finanzas de la ciudad y evitar una caída en los ingresos distritales.

ARTICULO 32º. Racionalización del gasto y equidad en la inversión

Con el fin de mejorar, especializar y hacer más eficiente la ejecución del gasto público y en desarrollo de la función y el objetivo misional de cada una de las entidades que conforman el Distrito, se continuará el control a la ejecución del presupuesto, teniendo como principio básico la "responsabilidad en la asignación de gastos para mantener y sostener la ciudad moderna y humana", de tal forma que se permita no sólo entregar bienes, servicios y beneficios a la comunidad, sino además, garantizar que la asignación se efectúe de manera eficaz, manteniendo la sostenibilidad de las finanzas de la ciudad.

Para ello, se implementará la Cultura de racionalización del gasto mediante la cual se fortalecerá la conciencia colectiva del uso eficiente de los recursos, la cual implica el sentido de responsabilidad y pertenencia hacia la entidad y lo que ésta representa en los destinos de la ciudad, se fomenta el principio de las cosas bien hechas y se promueve el mejoramiento continuo. Lograr el compromiso individual y colectivo incluyendo el talento humano como factor clave en el proceso de racionalizar los gastos y priorizar las inversiones y lograr que la eficiencia y la eficacia se conviertan en prioridades institucionales. Esta cultura de racionalización del gasto generará ahorros en el gasto público distrital, permitiendo financiar mayor número de programas y proyectos de inversión social.

Para lograr mayores recursos para cubrir las necesidades de la población en condiciones de pobreza y exclusión, la Administración realizará un análisis de los recursos de inversión que hoy maneja el Distrito para identificar recursos disponibles que puedan reorientarse hacia nuevos proyectos, con prioridad en proyectos de impacto social y manteniendo el manejo responsable de las finanzas distritales.

Se fortalecerá el manejo responsable en el gasto de inversión que garantice una mayor sostenibilidad de las inversiones. Con relación a los gastos recurrentes, se realizarán inversiones que tengan en cuenta su operación y mantenimiento.

ARTICULO 33º. Endeudamiento y perfil de la deuda. Para el período 2004 ¿ 2008 se mejorará el perfil de la deuda existente y se disminuirá la presión sobre el presupuesto. Para ello, el Distrito Capital debe continuar con su presencia activa en los mercados financieros nacionales e internacionales.

Consecuentes con los logros obtenidos y con las condiciones financieras más acordes al perfil financiero del Distrito Capital, la principal fuente de endeudamiento a desarrollar en esta Administración es el Programa de Emisión y Colocación de Bonos de Bogotá D.C., complementado con Banca Multilateral.

El Distrito mantendrá su buena calificación de riesgo nacional e internacional.

Los recursos del crédito que demanda el Plan ascienden a la suma de $2.2 billones. Sin embargo, las amortizaciones a capital en este mismo período alcanzan la cifra de $1.9 billones para un endeudamiento neto de $0.3 billones.

Mediante el Programa de Emisión y Colocación de Bonos de Bogotá D.C. la Administración buscará la disminución del costo financiero de la deuda del Distrito Capital en el mediano y largo plazo, creando un mecanismo de financiamiento que le permita al Distrito acceder continuamente a los recursos provistos por los diferentes inversionistas y llevar a cabo operaciones de manejo para el mejoramiento del perfil de la deuda.

Si bien la prioridad en el financiamiento son los recursos provenientes del Programa, se incluye adicionalmente el endeudamiento vía Banca Multilateral, Banca Comercial Interna y Externa.

Los indicadores de deuda del Distrito se mantendrán por debajo de los límites establecidos en la Ley 358 de 1997.

Se realizarán operaciones de cobertura con las cuales se buscará recomponer la estructura de tasas de interés del portafolio de pasivos y reducir los costos financieros del Distrito Capital. Las operaciones de manejo de deuda que no constituyan un nuevo endeudamiento no afectarán el cupo de endeudamiento.

Se continuarán desarrollando estrategias de ahorro que alimenten el Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá de tal forma que se tengan unas provisiones mínimas para que con el gobierno nacional se pueda financiar el pasivo pensional. Asimismo, se continuará con la apropiación de recursos para el pago correspondiente de las mesadas pensionales.

ARTICULO 34º. Cofinanciación y participación local. La inversión en las localidades se optimizará a través de esquemas de cofinanciación entre el gobierno distrital y los gobiernos locales en los cuales se potencializarán los recursos de los Fondos de Desarrollo Local como contrapartidas en proyectos de gran impacto social y consecuentes con la coherencia entre la planeación local y distrital.

Se fomentará la vinculación y participación activa del sector privado en la realización de proyectos, especialmente de aquéllos que generen impacto en las zonas donde tiene presencia o participación económica, y que contribuyan al desarrollo y la generación de empleo.

Se utilizarán la complementariedad, la subsidiariedad y la concurrencia de las localidades y las entidades sectoriales de la Administración Distrital para la provisión de bienes y servicios destinados a poblaciones en condiciones especiales o de vulnerabilidad.

Para ejecutar proyectos de impacto en áreas de influencia común a dos o más localidades o de localidades con necesidades afines, se promoverá la celebración de convenios que permitan obtener ahorros a escala.

Se ajustará el modelo de asignación de recursos a las localidades a partir de criterios de eficiencia y equidad.

ARTICULO 35º. Utilidades y disminución de capital de entidades descentralizadas. Los recursos provenientes de las utilidades de las entidades descentralizadas y de las empresas donde el Distrito tiene una alta participación constituyen una fuente importante de recursos que permitirán financiar proyectos de inversión social e infraestructura.

La disminución de excedentes de capital en las empresas en las que participa el Distrito representa una fuente adicional sujeta a la evolución de las condiciones actuales y futuras de las mismas.

ARTICULO 36º. Cooperación internacional y otras fuentes de ingreso. Otras fuentes posibles de ingreso son la cofinanciación y la cooperación técnica internacional, las cuales se lograrán mediante la coordinación y el fortalecimiento de los esfuerzos entre el gobierno distrital y las localidades, la gestión de convenios de cooperación y la participación del sector privado.

Se vinculará más activamente a la ciudadanía, los particulares, los organismos internacionales, el sector privado y en general a todas aquellas personas naturales y jurídicas para realizar donaciones mediante el esquema de aportes voluntarios, las cuales permitirán financiar proyectos específicos y que son prioritarios para el beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas. En este sentido, se realizarán convenios con entidades financieras para recibir los aportes que financiarán proyectos prioritarios en sectores sociales y de infraestructura.

ARTICULO 37º. Manejo del riesgo y política de control y reserva de las contingencias. La estrategia está orientada hacia el desarrollo e implementación de actividades y proyectos de control del riesgo financiero para los portafolios de activos y pasivos del Distrito, la implementación de políticas y procedimientos para la adecuada gestión de las obligaciones contingentes de Bogotá D.C., y la ampliación de la cobertura de la estrategia de gestión de riesgo a las Empresas Distritales y Establecimientos Públicos, la cual tendrá como soporte técnico su estudio financiero.

ARTICULO 38º. Ejecución. Los recursos disponibles para la ejecución del Plan de Inversiones dependerán de la implementación de las estrategias de financiamiento aquí planteadas. En el evento de que los ingresos proyectados no alcancen los niveles aquí señalados, el Distrito ajustará el Plan a los recursos disponibles a través de los presupuestos anuales.

ARTICULO 39º. Inversión por componentes del Plan. La inversión del Plan de Desarrollo se estructura en cuatro componentes: Eje Social, Eje Urbano Regional, Eje de Reconciliación y Objetivo Gestión Pública Humana.

La inversión por componentes se distribuye así: cuadro número 5.

La inversión social, compromiso fundamental de la presente Administración, representa el 60.5% del total de la inversión del Plan.

ARTICULO 40°. Vigencia. El presente Acuerdo, el cual rige a partir de la fecha de su publicación, deroga y modifica las disposiciones que le sean contrarias.