RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

DENUNCIANTE: Orlando Sánchez Varón y Augusto Bernal Jiménez

Cuantía Aproximada: Teniendo como la suma de $5.680.695,90 y aplicamos:

INDEXACION: $11.258.506,54

INTERÉS BANCARIO CORRIENTE: $11.242.430,28

INTERESES MORATORIOS: $17.969.429,41

OBSERVACIONES:

- De acuerdo con el artículo 139 del Código Penal se establece para la cesación de la acción penal, la reparación integral del daño.

- El Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto Distrital No 522 de el 21 de Agosto de 1991 ordenó el pago de la suma de cuarenta y dos millones de pesos ($42.000.000) a favor de la Corporación Festival de Cine de Bogotá para la realización del IX Festival de Cine de Bogotá. El anterior dinero fue otorgado mediante la Orden de Pago No 010182 del 23 de Septiembre de 1991, al señor Henry Laguado Gamboa en su calidad de representante legal de dicha corporación.

- El sindicado Henry Laguado Gamboa no justificó ante la Contraloría de Santa Fe de Bogotá la suma de $5.680.695.90

- Dentro de este proceso es necesario tener en cuenta el término de prescripción, que de acuerdo con el artículo 83 del Código Penal se señala: " La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la Ley, si fuera privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este articulo.

- En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años..."

Ahora si se tiene en cuenta lo previsto en el artículo 250 del Código Penal que plantea: Abuso de confianza calificado. La pena será prisión de tres (3) a seis (6) años, y multa de treinta (30) a quinientos (500)salarios mínimos legales mensuales vigentes si la conducta se cometiere: Abusando de funciones discernidas, reconocidas o confiadas por autoridad pública. Sobre bienes pertenecientes a empresas o instituciones en el que el Estado tenga la totalidad o la nayor parte, o recibidos a cualquier título de este."

1. El señor ORLANDO SÁNCHEZ VARÓN en su calidad de Funcionario de la corporación Festival de Cine de Bogotá denunció al señor HENRY LAGUADO GAMBOA por malos manejos de dineros en esa entidad. Dicha denuncia la formuló el 7 de abril de 1995.

2. La denuncia consistió en las irregularidades en el manejo de $42.000.000.oo como aporte oficial de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá D. C., cuya destinación era la realización del IX FESTIVAL DE CINE DE BOGOTÁ de 1992, suma de dinero que fue entregada al señor Henry Laguado Gamboa.

3. La Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. otorgó la suma de $42.000.000 mediante Decreto Distrital 522 de 21 de Agosto de 1991 y mediante Orden de Pago No 010187 del 23 de Septiembre de 1991.

4. Según Resolución de la Fiscalía del 16 de Septiembre de 1996 se efectúa la apertura de la investigación, vinculando a la misma a los señores HENRY LAGUADO GAMBOA, AUGUSTO BERNAL JIMÉNEZ Y ORLANDO SÁNCHEZ VARÓN

5. El auto No.132 del 4 de octubre de 1996, de ia División de Juicios Fiscales de la Contraloría de Santafé de Bogotá fijó responsabilidad fiscal al señor HENRY LAGUADO GAMBOA de $5.680.695.90 por irregularidades en el manejo de $42.000.000.oo como aporte oficial a la Corporación Festival de Cine de Bogotá quien era su representante ilegal y era el ordenador del gasto y del pago, y se exoneró a los Señores AUGUSTO BERNAL JIMÉNEZ Y ORLANDO SÁNCHEZ VARÓN

6. La anterior decisión se fundamento en el hecho, que los gastos de caja menor, gastos de relaciones públicas, llamadas a la larga distancia, afiliación a la FIAD, fletes de películas, son situaciones y desembolsos de índole netamente personal que no tienen fundamento legal.

7. La fiscalía prosigue la investigación con los tres señores antes relacionados vinculados al proceso mediante indagatoria y se desarrollan las correspondientes pruebas

8. Dentro de las pruebas practicadas se efectuó un experticio contable, el día 30 de julio de 1996, en el cual se determinó que en las instalaciones de la Corporación Festival de Cine de Bogotá, los libros de contabilidad, libros auxiliares, balances, Diario Mayor e inventarios del año de 1992.

9. El 14 de noviembre de 1996 el sindicado HENRY LAGUADO cancela a la Tesorería de Bogotá la suma de cinco millones, seiscientos ochenta mil, seiscientos noventa y cinco, pesos con noventa centavos ( 5.680.695,90)

10. La Fiscalía Delegada 202-UNIDAD PRIMERA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, impartió resolución de acusación en contra del señor HENRY LAGUADO GAMBOA por el punible de peculado por extensión por apropiación el 23 de julio de 1998

11. Dicha resolución fue apelada por la parte defensora, el cual fue confirmado en segunda instancia, quedando ejecutoriada el dia 21 de junio de 2000.

12. La causa penal entra en conocimiento del Juzgado Cuarenta y Seis (46) Penal del Circuito de Bogotá bajo el Número 130 del año 2000.

13. La parte defensora en el año 2001, solicita al Juez Penal de conocimiento se adecué la acción penal, toda vez, que conforme al nuevo Régimen Procesal Penal, el tipo penal de peculado por extensión no esta tipificado, al igual que la acción penal se encuentra prescrita, en virtud a que el terminó para dicho efecto, se contabiliza desde el momento de la ocurrencia del hecho, razón por la que ya habían transcurrido 6 años.

14. La anterior solicitud fue negada por el Despacho y fue apelada por la parte defensora, recurso que conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. - Sala Penal.

15. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.Sala Penal, el dia 14 de diciembre de 2001, adecuó el tipo penal al de Abuso de Confianza Calificado, pero negó la prescripción de la acción penal, en razón, a que la misma se interrumpe y empieza a contabilizarse una vez se profiere resolución de acusación, la cual fue ejecutoriada el día 21 de junio de 2000, fecha a partir de la cual se empieza a contabilizar el correspondiente término.

16. El Distrito Capital necesita constituirse en parte civil dentro del proceso penal para solicitar el pago y reparación de los perjuicios materiales ocasionados en contra de ella, por el punible de abuso de confianza estimando los perjuicios materiales en cuantía de $11.242.430,28 por concepto de indexación, que comprende el lucro cesante.

17. En audiencia de fecha 27 de marzo de 2003, la cual se efectuaba con el fin de realizar conciliación el apoderado de la defensa, solicita la extinción de la acción penal, que admite la indemnización integral del daño conforme a lo previsto en los artículos 41 y 42 del Código de Procedimiento Penal, en virtud a que el acusado canceló la suma de $5.680.695

18. Que frente a dicha solicitud el Despacho Judicial mediante auto de fecha 15 de mayo de 2003 decide no decretar la cesación de procedimiento por extinción de la acción penal, ni tampoco procede la extinción de la acción civil en virtud a que la apoderada del Distrito Capital de Bogotá- Secretaría General, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, manifiesta mediante escrito y dentro de audiencia pública que no se considera a su representada integralmente reparada con la cancelación de la suma de $5.680.695 ordenada por la Contraloría de Bogotá y cancelada por el señor Henry Laguado, toda vez, que al momento de efectuarse dicho pago no se tuvo en cuenta la perdida del valor adquísito del dinero otorgado por el Distrito Capital, en consecuencia se adeuda la indexación, por lo que la reparación del daño es parcial.

19. La anterior decisión judicial fue apelada por el apoderado defensor, recurso que fue resuelto por el. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Penal que confirmó la decisión proferida por el a-quo, argumentando que si bien el abuso de confianza calificado admite la indemnización integral del daño por ser un delito contra el patrimonio económico. Que no es admisible pretender la reparación del daño, con el simple hecho de cancelar la suma de dinero ordenada por la Contraloría de Bogotá en virtud de un juicio fiscal, pues dicho procedimiento es de orden disciplinario cuyo objetivo es diferente al proceso penal.

20. La parte civil y la parte defensora solicitamos como prueba el dictamen pericial con el fin de establecer los daños, el cual determinó que se ocasionaron perjuicios por lucro cesante estimados en la suma de $11.224.990. cantidad correspondiente a la indexación plasmada en la demanda de parte civil. Dicho dictamen se efectuó el día 14 de abril de 2004.,

21. Dicho dictamen pericial fue objetado por ambas partes cuya objeción conoció el Tribunal Superior de Bogotá- Sala Penal, que confirmó el avaluó de los perjuicios determinados por el perito, en auto de fecha 14 de julio de agosto de 2004.

De acuerdo con los artículos 41 y 42 del Código de Procedimiento Penal, es procedente la conciliación en aquellos delitos que admitan desistimiento o indemnización integral de perjuicios, lo cual se ajusta al delito de abuso de confianza cualificado. En consecuencia, el imputado solicita al Juzgado 46 Penal del Circuito de Bogotá la realización de la audiencia de conciliación la cual se efectuara el próximo 26 de Enero de 2006, dentro de Audiencia Pública, toda vez que no se ha llamado a audiencia de juzgamiento.

La solicitud de audiencia de conciliación propuesta por el acusado, esta encaminada a que por reparación integral cese el procedimiento penal. Lo anterior, tiene su fundamento en el artículo 42 del C.P.P, que señala: " En los delitos que admiten desistimiento, en los hechos de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico cuando la cuantía no exceda de 200 salarios mínimos legales vigentes, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño." Frente a este aspecto hay que tener en cuenta que la reparación integral se efectuará con base en el evalúo de los perjuicios, que ha de hacer un perito a menos que exista acuerdo sobre el mismo o el perjudicado manifieste expresamente haber sido indemnizado.

- Haciendo la correspondiente liquidación de indexación nos da como Cuantía Aproximada: $11.258.506,54 por concepto de lucro cesante cuantificados hasta el 14 de noviembre de 1996, fecha en la que el acusado HENRY LAGUADO GAMBOA canceló la suma de $5.680.695 ordenada por la Contraloría de Bogotá.

El señor MARIO FRANCISCO ROMERO GUERRA mediante apoderado demanda a Bogotá D.C. S.O.P. en el proceso que cursa en el Juzgado Quince (15) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. para que mediante el trámite de proceso ordinario se reconozca

En forma principal y única propone reintegro, al cargo de Operario IV, que venía ocupando a la fecha del despido, primero (1°) de noviembre de 1997.

El actor se vinculó a la entidad el 2 de junio de 1985 hasta el 31 de octubre de 1997 y, el último cargo desempeñado fue el de Operario IV.

De las documentales remitidas por la Secretaría de Obras Públicas, se infiere claramente que la calidad del demandante es de trabajador oficial y, que en efecto, el Alcalde Mayor de Bogotá en uso de las atribuciones conferidas por nuestra Constitución Política artículos 313 y 315 y los artículos 12, 38 y 55 de la norma especial Decreto Ley 1421 de 1993, profirió el Decreto Distrital 992 del 14 de octubre de 1997 mediante el cual suprimió unos cargos y estableció la nueva planta de trabajadores oficiales de la Secretaria de Obras Públicas, suprimiendo entre ellos el del titular de la presente acción.

Sabido es que cuando el Ejecutivo en interés general, que prima sobre el particular, expresa su voluntad mediante esta clase de actos, sus decisiones tienen un fundamento constitucional, entonces, ningún acuerdo de carácter laboral o convención colectiva que haga parte de un contrato laboral, puede contravenir tales disposiciones superiores, así lo ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia del 17 de julio de 1998 quien en síntesis deja en claro: "Viable que en desarrollo de facultades constitucionales se expidan actos jurídicos que ordenen la reestructuración y supresión de empleos de una entidad y que, por otro lado, mediante una decisión judicial, se determine el restablecimiento de los contratos de trabajo terminados al amparo de esa autorización, pues esto implica un desconocimiento de las facultades constitucionales, que no puede ser suspendido, ni supeditado a determinadas eventualidades que surjan de las relaciones laborales existentes con quienes presten sus servicios a las entidades cuya reestructuración haya sido legalmente ordenada. Por esta razón, en caso de conflicto entre las normas laborales o convencionales que garantizan la estabilidad en el empleo y las especiales que en desarrollo de mandatos constitucionales permiten la supresión del mismo, la jurisprudencia laboral ha dado prelación al régimen especial".

Del precedente jurisprudencial se infiere claramente que la supresión del cargo en la eventualidad que se somete a debate, se hizo dentro de una forma legal, denominada constitucional pues, lo contrario como lo sostiene la Honorable Corte Constitucional, sería ir contra todo un andamiaje administrativo cuyo propósito es e de mejoramiento de los servicios públicos como objetivo esencial del Estado que se ampara en un interés general, que debe prevalecer sobre el particular, el cua tuvo como final u objetivo la supresión de una dependencia.

La H. Corte Suprema de Justicia el 19 de junio de 1997 con ponencia de Magistrado Dr. Rafael Méndez Arango dejó en claro: "...por consiguiente, concluir que un reintegro convencional establecido no procedía por ser contrario al interés general en virtud del cual se dispuso reestructurar a la administración pública, no implica una interpretación errónea del artículo 53 de la Constitución Política".

Independiente de lo anterior debe tenerse en cuenta también, que por la supresión del cargo del hoy demandante el Distrito Capital dentro de su conciencia al producir un posible daño a! trabajador procedió como lo determina la Ley y la convención, a reconocer y a pagar en su favor una indemnización.

Por las anteriores consideraciones es mi concepto el de no entrar a conciliar lo pretendido por el actor.

Cordialmente,

Los señores LUIS EVELIO GARCES y EDILBERTO ÁNGEL MARIA GONZÁLEZ AGOSTA, mediante apoderado demandan a Bogotá, D.C.- Secretaría de Obras Públicas, en el proceso que cursa en el Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., para que mediante el trámite de proceso ordinario se reconozca:

- Pensión sanción a partir de que cumplan los cincuenta (50) años de edad

- Moratoria

- Costas

Los demandantes, en su orden, señor Luis Evelio Garcés, se vinculó a la entidad el día 7 de julio de 1981, y el señor Edilberto Ángel María González Acosta, el día primero (1°) de agosto de 1980, en el cargo de Conductores.

Mediante Decreto Distrital número 992 del 14 de octubre de 1997, a los actores se les suprimió el cargo con fundamento en las facultades constitucionales, legales y. en especial, las contenidas en el Decreto Ley 1421 de 1993, previos los estudios técnicos de la modificación de la planta.

De las documentales remitidas por la Secretaría de Obras Públicas y por lo consignado en la demanda, se concluye que los demandantes eran empleados públicos; razón por la cual no pueden pretender derechos por esta vía ordinaria. pues no desarrollaban una función o relación directa con la construcción o sostenimiento de obras públicas. Lo anterior tiene fundamento legal en el artículo del Decreto 3135 de 1968, que dispone que son empleados públicos quienes sirven a Ministerios, Departamentos y Establecimientos Públicos salvo, de manera específica, quienes laboren para la construcción y el sostenimiento de obras públicas cuya calidad es la de trabajadores oficiales.

De igual manera, la vía jurisprudencial ha adoptado el criterio material con el fin de esclarecer la naturaleza del vínculo en la administración pública y el personal a su servicio, en el sentido de que deben tenerse en cuenta las funciones desarrolladas por el recurso humano y no es dable a las partes realizar clasificaciones a motu proprio, en virtud de que dicha facultad se encuentra única y exclusivamente en cabeza del Legislador.

Acorde con lo anterior, los actores no tienen derecho a la prerrogativa de la pensión restringida, pues la misma está erigida para tutelar la estabilidad en el empleo para los trabajadores oficiales, mas no, para los empleados públicos.

Ahora, entratándose de trabajadores oficiales debe tenerse en cuenta que a partir de la Ley 50 de 1990, la pensión restringida para efectos del despido injusto con más de 10 y 15 años de servicio está condicionada a que el trabajador no haya sido afiliado al Sistema General de Pensiones por omisión del empleador.

El Gobierno Nacional en ejercicio de la potestad reglamentaria consagrada en e numeral 11 del artículo 189 de la C.P. y de conformidad con la Ley 100 de 1993, expidió el Decreto 691 de 1984, mediante el cual se incorporan los servidores públicos al Sistema General de Pensiones, consagrado en el artículo 1°, literal a su extensión a todos los servidores públicos de la rama ejecutiva del orden Nacional, Departamental, Municipal o Distrital, así como de sus entidades descentralizadas.

Acorde con lo dispuesto en las normas sobre seguridad social, el Alcalde Mayor de Bogotá, expidió el Decreto 348 del 29 de junio de 1995. En estas condiciones, la entidad Secretaria de Obras Públicas afilió a los demandantes en forma permanente desde su vinculación al Sistema de Pensiones de la Caja de Previsión Social del Distrito, que al ser declarada insolvente y cesar en sus funciones, se les afilió inmediatamente al régimen de pensiones del Instituto de Seguros Sociales con lo cual una vez el trabajador cumpla los requisitos señalados en la ley de seguridad social, podrá reclamar su pensión de vejez.

Resulta claro entonces que en el presente caso no es aplicable el artículo 8° de la Ley 171 de 1961, sino el articulo 133 de la Ley 100 de 1993, por lo que no es viable conciliación alguna.

Cordialmente

La señora OLGA SOFÍA OSUNA JIMÉNEZ, mediante apoderada demanda al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y a Bogotá, D.C. - S.O.P., en el proceso que cursa en el Juzgado Octavo (8°) Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., para que mediante el trámite de proceso ordinario se reconozca:

- Nivelación prestacíonal, de conformidad a los que disfrutaba en la Secretaría de Obras Públicas

- Primas - sobresueldos ¿ bonificaciones - vacaciones, cesantías y nivelación al cargo, de acuerdo al fallo producido por la Oficina de Control Disciplinario donde se hizo constar que se desempeñó como Profesional Universitario y cumplió funciones de Abogada

- Indemnización

- Moratoria

La demandante al reestructurarse la Secretaría de Obras Públicas Distritales, optó al derecho de revinculación o reubicación dentro de la misma entidad o a otra del Distrito Capital, y por ello mediante la Resolución No. 594 del 28 de noviembre de 1997, el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU hizo el nombramiento a partir del primero (1°) de noviembre de 1997, para un cargo asistencial, como consta en la Resolución antes relacionada y que hace referencia a: "Por la cual se hacen unos nombramientos por revinculación".

Lo anterior hace relación al cumplimiento del numeral segundo del artículo 8° de la Ley 27 de 1992, que se encontraba en plena vigencia al momento del pedimento de revinculación

De la demanda y documentales remitidas por la Secretaría de Obras Públicas, se infiere que por reestructuración de la misma, se suprimió el cargo de la demandante, mediante Decreto 991 del 14 de octubre de 1997 y, dentro de las facultades constitucionales y legales del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.

Que por la calidad de empleada pública inscrita en carrera administrativa se le puso en conocimiento los derechos contenidos en el numeral 1° del artículo 8° de la Ley 27 de 1992 y el artículo 1° del Decreto 1223 de 1993, en el sentido de optar por una indemnización o el derecho preferencial de revinculación.

Lo anterior se soporta en el escrito firmado por la demandante el día 30 de octubre de 1997, donde comunica que opta por el derecho preferencial, con lo que pierde vocación todo pedimento indemnizatorio.

Entonces, de conformidad al derecho pretendido por la actora fue que el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, profirió el acto administrativo de revinculación, Resolución número 594 del 28 de noviembre de 1997 con lo que se pierde cualquier vínculo entre la demandante y Bogotá, D.C., nombramiento que se hizo de conformidad a las funciones que cumplía la extrabajadora con la Secretaría de Obras Públicas.

Ahora, el Instituto de Desarrollo Urbano de conformidad al Acuerdo número 19 de 1972, es un establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, por lo que puede comparecer activa y pasivamente, en toda clase de acciones judiciales y administrativas, por lo que no existe razón legal alguna para que se involucre a Bogotá D.C.-S.O.P. con la que por revinculación se perdió toda relación laboral.

Igualmente, al revincularse a la actora como empleada pública, mal puede ésta por esta instancia pretender algún derecho, pues, la competente para pronunciarse en uno u otro sentido es la justicia contencioso administrativa.

Además, debe entenderse que al acogerse a una nueva estructura y dentro de su naturaleza jurídica, no se vulnera ningún derecho o principio de igualdad que se pregone, pues, existe un fundamento con una justificación objetiva y que se aprecia en las disposiciones legales vigentes, que generaron un resultado una relación razonable entre los medios y la finalidad perseguida.

Por lo anterior y, de conformidad a las funciones que desempeñaba la demandante, la acoge por revinculación el Instituto de Desarrollo Urbano, quien dentro de la naturaleza del empleo y, por sus requisitos la única dentro de un sistema orgánico y funcional, y, dentro de las condiciones laborales, dado que las mismas no son irreversibles.

Independientemente de lo anterior, déjese en claro que la hoy demandante cumplía en la Secretaría de Obras Públicas una función de nivel asistencial de conformidad con la Resolución número 2856 del 31 de julio de 1997, prestando por ello un apoyo administrativo complementario de las tareas dentro de la labor de coordinación, supervisión y evaluación de las actividades propias de un grupo de trabajo. Por eso entre ellas, tenía como funciones generales las de revisar, clasificar y controlar documentos, llevar y actualizar los registros de carácter técnico y administrativo o financiero, adelantar labores relacionadas con recibos de pago y manejo de valores y de fondos institucionales, responder por la seguridad de elementos, dineros o valores, recursos naturales, documentos y registros de carácter manual, mecánico o electrónico, orientar a los usuarios y al público en general y suministrar información, informar a su superior sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos y demás que le asignara su superior jerárquico. Por esa actividad y con fundamento en ella y en la revinculación para la misma, se le nombró en calidad de revinculada en el I.D.U.

Al pretender la demandante, que porque en el I.D.U. en un momento determinado se le cambiaron sus funciones, asignándose las de Abogado, con relación a Obras Públicas una nivelación para beneficios de cesantías u otros emolumentos, tal circunstancia no es viable jurídicamente, porque al rompimiento del vínculo la Secretaría de Obras Públicas en lo que ella respecta, le reconoció y pagó con fundamento en la ley los emolumentos a que tenía derecho la extrabajadora y puso a disposición sus cesantías al fondo correspondiente, entonces no se puede pretender la alegada nivelación con relación a Obras Públicas, sustentándose en un fallo disciplinario producido en el I.D.U. en el cual se sanciona a unos funcionarios por haberle otorgado dicha función profesional, más cuando con Bogotá, D.C. se había roto todo vínculo y, porque como ya quedó establecido, la naturaleza de la entidad determina la calidad del empleado.

En las anteriores circunstancias es mi concepto de no conciliar lo pretendido por la actora.

Cordialmente

- Jefe de la UNIDAD DE DESARROLLO URBANÍSTICO Del Departamento de Planeación Distrital.

- Jefe de División zona sur, Del Departamento de Planeación Distrital.

- Director de la Oficina de Urbanización y Vivienda en el Distrito Especial de Bogotá Subsecretario de Control de Vivienda. Alcalde Local de San Cristóbal y/o inspector de obras.

- DECRETO 1131 DE 1986. (Agosto 11 Modificado por el Decreto Distrital 484 de 1988 "Por el cual se deroga el Decreto 1211 de julio 14 de 1980 y se reglamentan las Áreas de Actividad Múltiple, Residencial y Zonas Institucionales con Tratamiento de Desarrollo".

- Decreto 1330 de 1987, (Agosto 31) por el cual se crea la Dirección de Urbanización y Vivienda en el Distrito Especial de Bogotá, y se dictan otras disposiciones.

- DECRETO 540 DE 1991. (agosto 29). por el cual se dictan normas para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Dirección de Urbanización y Vivienda de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C., por el Decreto Distrital 1330 de agosto 31 de 1987, a ¡as cuales se refiere el Decreto Ley 78 de enero 15 de 1987.

"El art. 63 consagra la obligación de la Ucencia de construcción expedida por los municipios, áreas metropolitanas del Distrito Capital y San Andrés, para adelantar obras de edificación, modificación, adecuación y reparación, demolición o de urbanización y parcelación para la construcción de inmuebles, de terrenos en las áreas urbanas, suburbanas y rurales"

El art. 66 de la Ley 9 de 1989 literal a), consagra la posibilidad que tienen los Alcaldes de imponer multas sucesivas o de emitir la orden policiva de suspensión o sellamiento de la obra, a los constructores que urbanicen sin licencia, requiriéndola para el efecto, o teniéndola en contravención de lo allí dispuesto.

El literal c) consagra la demolición total o parcial del inmueble construido sin licencia y en contravención de las normas urbanísticas.

- DECRETO DISTRITAL 750 DE 1991. (Noviembre 01). NOTA: Derogado por el Decreto Distrital 615 de 1994. Por el cual se introducen reformas a la estructura administrativa, se determinan funciones y se reestructura la Planta de Cargos del Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

- DECRETO NACIONAL 958 DE 1992. (10 de junio). "Por el cual se dictan normas para el trámite y expedición de Licencias de Urbanización, Parcelación y Construcción.

- DECRETO 566 DE 1992 (Septiembre 17)Deroqado por el art. 63. Decreto Distrital 600 de

1993 . Por el cual se reglamenta el procedimiento para la obtención de licencias de urbanización, parcelación, construcción y desarrollo integral en el área urbana y suburbana de Santa fe de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones (Con fundamento en esta normativa se concedió la licencia de construcción condicionada el 11 de mayo de 1993 y se radicó posiblemente el proyecto el 9 de julio de 1993, no figura constancia de pago de impuestos).

- DECRETO 600 DE 1993 (octubre 7), por el cual se reglamenta la expedición de licencias y permisos de urbanización y construcción y se dictan otras disposiciones.

LICENCIA DE URBANIZACIÓN. Es el acto por el cual la Administración Distrital autoriza la adecuación de terrenos, ejecución de obras de urbanismo e infraestructura de servicios, dotación, adaptación y equipamento de espacios públicos y privados, parcelación o loteo de terrenos y en general la organización de dichos terrenos, con arreglo a las reglamentaciones urbanísticas, para su ulterior edificación y utilización de las edificaciones con destino a usos urbanos.

CERTIFICADO DE DELINEACIÓN URBANA. Es la información que, a solicitud del propietario, suministra la Administración Distrital sobre las normas urbanísticas y/o arquitectónicas y las especificaciones técnicas que al momento de su expedición afectan a un determinado predio urbanizado o en proceso de urbanización.

PROYECTO DE DELINEACIÓN URBANA. Es el documento que el interesado somete a consideración del Departamento Administrativo de Planeación Distrital para que éste, si lo encuentra válido, lo adopte como certificado de delineación urbana.

Artículo 20°.- Certificación preliminar de condiciones de estabilidad de terrenos. El interesado solicitará á la División de Estudios de la S.O.P. la certificación preliminar de estabilidad de terrenos. Si hubiere objeciones a la urbanización, se hará constar en el certificado, junto con la indicación de los estudios que fueren necesarios para obtener la licencia.

La solicitud será resuelta en un plazo máximo de diez (10) días hábiles.

- DECRETO 389 de 1994 ( Junio 30) Por el cual se modifica el Decreto No.600 de 1993 EL ALCALDE MAYOR DE SANTAFE DE BOGOTA D.C. En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial de las que le confieren los decretos nacionales 1319 y 1421 de 1993 y el Acuerdo 6 de 1990. DECRETA: ARTICULO 1. El articulo 3° del Decreto 600 de 1993 quedará así

La expedición de demarcaciones, anteproyectos, esquemas básicos, certificados de delineación urbana, licencias y permisos, así como sus modificaciones, prórrogas y revalidaciones, corresponde al Director del D.A.P.D. quien podrá delegar dichas atribuciones en los funcionarios que a continuación se señalan:

1. Las licencias y sus modificaciones, prórrogas y revalidaciones, anteproyectos y esquemas básicos, hasta en los Jefes de División de la Unidad de Desarrollo Urbanístico.

2. Los certificados de delineación urbana y permisos, hasta en los profesionales de la Unidad de Desarrollo Urbanístico.

1.- El Departamento Administrativo de Planeación Distrital, otorgo una licencia de construcción condicionada al cumplimiento de unos requisitos a la Constructora, Sociedad TRANSPORTE DE MATERIALES EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA TRANSEQUIPOS. Licencia que quedó sin efecto al no darse cumplimiento a las condiciones necesarias exigidas para construir.

Se probó que era conocida por parte de la autoridad administrativa la precariedad del terreno, por cuanto que la Secretaría de obras públicas sabía de la situación de inestabilidad de la zona y que de ser urbanizable, habría de seguir las recomendaciones técnicas precisas, vale decir, acometer obras para mejorar las condiciones de estabilidad del talud antes de proceder a cualquier tipo de construcción. Lo que se desprende del documento de la SOP al Gerente de la firma CONGO LTDA en septiembre 22 de 1989. (Folios 844-845 del cuaderno principal de la acción de grupo numero AG - 012 actores MARCOS GARCÍA Y OTROS).

Dijo el Consejo de Estado en aquella ocasión y en sentencia del 25 de octubre de 2001, acción de grupo numero AG - 012 actor MARCOS GARCÍA Y OTROS, "la zona presentaba una condición de inestabilidad y otra de estabilidad, pero la segunda dependía del buen manejo de la primera. Entonces la administración no vigiló a la constructora cuando empezó a edificar y no verificó las condiciones técnicas para su urbanización."

Ha dicho el Tribunal que el daño imputable a la administración consiste en que está dio vía libre a la constructora para edificar la urbanización, y si bien es cierto que la sola licencia y el solo permiso no son causantes directos del daño, si concurrieron a la producción del mismo.

posteriormente otorgó permiso a la constructora de anunciar y enajenar las 152 casas de habitación de la Urbanización San Luis, sin percatarse que la sociedad constructora no tenía licencia para construir a la luz de la normativa vigente.

A su vez, la autoridad administrativa (hoy Subdirección de Vivienda) por otra parte omitió vigilar la construcción como tal de la Urbanización en un terreno que presentaba condiciones muy especiales de riesgo.

La División de Urbanización y Vivienda de la Secretaría General , expidió a la constructora el permiso para anunciar y desarrollar la actividad de enajenación de 152 casas de Urbanización San Luís por cuanto cumplió con los requisitos en el decreto Ley 78 de 1978, sin percatarse que no tenía licencia de construcción plena sino condicionada, desconociendo con ello el requisito exigido en el literal e) del art. 2° que consagra: "Que se haya obtenido de la autoridad respectiva licencia o celebrado contrato para la ejecución de las obras de urbanismo o para la construcción de viviendas, de conformidad con las disposiciones metropolitanas Distritales o municipales de las localidades donde estén ubicados los inmuebles y otorgado las garantías que establezcan tales disposiciones".

De igual manera la resolución que concedió el permiso en mención, dice que la constructora cumplió con la Ley 9 de 1989. Pero no es así, veamos:

"El art. 63 consagra la obligación de la licencia de construcción expedida por los municipios, áreas metropolitanas del Distrito Capital y San Andrés, para adelantar obras de edificación, modificación, adecuación y reparación, demolición o de urbanización y parcelación para la construcción de inmuebles, de terrenos en las áreas urbanas, suburbanas y rurales"

De lo que se observa que el permiso se otorgó cuando se tenía una licencia condicionada al cumplimiento de la radicación del proyecto y pago de impuestos.

3. La Alcaldía Menor de San Cristóbal Sur, omitió cumplir con la exigencia de solicitar a la constructora la licencia de construcción, que de haber obrado como la Ley se lo exige, muy seguramente la obra hubiera quedado suspendida por falta de este esencial requisito.

El art. 66 de la Ley 9 de 1989 literal a), consagra la posibilidad que tienen los Alcaldes de imponer multas sucesivas o de emitir la orden policíva de suspensión o sellamiento de la obra, a los constructores que urbanicen sin licencia, requiriéndola para el efecto, o teniéndola en contravención de lo allí dispuesto.

El literal c) consagra la demolición total o parcial del inmueble construido sin licencia y en contravención de las normas urbanísticas.

La Alcaldía menor de San Cristóbal no veló por el cumplimiento de las normas de desarrollo urbano, uso del suelo que contempla el estatuto Orgánico de Bogotá, ni veló por la suspensión de la obra como lo señala el Código de Policía Nacional.

1. El primer proyecto General de Urbanización fue aprobado por el DAPD, el 10 de agosto de 1982 mediante Resolución Nro. 91 a las Sociedades MONTOYA GONZÁLEZ, asesores de Ingeniería Ltda., Aristizabal Salazar e hijas Ltda., Construcciones Ariza Ltda, y Javier Montoya Franco, En dicho proyecto se aprueba el plano Nro. 41/4-13 sobre el cual se definen las condiciones urbanísticas (áreas urbanizables, los usos comerciales, las alturas aislamientos y áreas de cesión correspondientes), otorgando una validez de dos (2) años a dicho plano así como al proyecto general y concede licencia para la construcción de obras de urbanismo y saneamiento por el mismo termino. Dentro del marco de la legislación vigente, se da un plazo máximo de sesenta (60) días después de iniciadas estas obras para realizar entrega de zonas de cesión a la Procuraduría de Bienes del Distrito, suscribiendo la escritura de cesión al Distrito de estas áreas a más tardar 60 días antes del vencimiento de la licencia. Dicha licencia se podría prorrogar en un periodo máximo no superior al inicialmente otorgado.

2.- La Constructora CONGO LTDA, propietaria del predio y del proyecto, dos años después solicita la primera modificación al proyecto general de urbanización que es aprobada por el DAPD., el 2 de noviembre de 1984 a través de la Resolución Nro. 677., en las modificaciones se menciona que "las condiciones topográficas del predio hicieron necesaria por razones técnicas la modificación de la zona de comercio", se establece una nueva vigencia de dos (2) años para la ejecución de las obras de urbanismo y saneamiento y se exige al constructor que para la construcción de estas obras se solicite prorroga ante el DAPD., de la respectiva licencia. (No aparece constancia de las solicitud de prorroga ni de su aprobación)

3. En 1992 mediante Resolución 760 del 12 de noviembre a petición de la constructora el DAPD, expide una nueva modificación al proyecto aprobado en la Resolución 91 y modificado en la Resolución 677. Esta nueva modificación se hace al amparo de lo contenido en el Acuerdo 6 de 1990. Las obras del proyecto de la Urbanización San Luis se supone comenzaron luego de la ejecutoria de esta ultima modificación

4.- Es de resaltar que el recibo de las zonas de cesión de uso público se hizo cinco (5) años después de la última Resolución modificatoria, como consta en el Acta de recibo Nro. 41 de 05 de noviembre de 1997 de la Procuraduría de Bienes del Distrito.

5.- De lo anterior se destaca:

a.- Se incumplieron los términos iniciales y los de !as prorrogas establecidas para la vigencia de la licencia de urbanismo del proyecto de la urbanización San Luis - 20 de Julio

b.- No se hizo entrega de las zonas publicas a la procuraduría de Bienes del Distrito

c.- la Resolución 760 de 1992 no aclaro los aspectos anteriores a la nueva legislación que estaban pendientes por cumplir.

6.- Se expidió licencia de construcción Nro. 1285 de 11 de mayo de 1993 para las edificaciones (casas) de la mencionada urbanización, con las siguientes particularidades:

a) Se da validez a las normas específicas y generales consignadas en el Decreto 1131 del 86 y las Resoluciones 760/92 y 677/84., donde se contemplaba no otorgar licencia de construcción hasta tanto no se hiciera entrega de las zonas públicas de la Urbanización

.b) Tiene que ver con la naturaleza intrínseca del Decreto 566/92 y la forma en que este reglamentaba el procedimiento para el trámite y aprobación de licencias, esto es, que la sola expedición de una licencia no autoriza la construcción de la obra, para ello era necesario cumplir con una serie de requisitos previos como el pago de impuestos y la radicación del proyecto de construcción respectivo.

7.- El 25 de octubre de 1993 la Constructora Transequipos Ltda. Desiste del trámite de solicitud de licencia que fue radicado el 11 de agosto de 1993 bajo el número 9314952. Esto con el objeto de poderse acoger al trámite establecido en el Decreto 600 de 1993 y que deroga y reemplaza el Decreto 566 de 1992, por el cual fueron expedidas las licencias 1285 y 745 de 1993, por tal motivo se le hizo entrega de planos, memorias de calculo estructural y estudio de suelos correspondiente.

8.- Este desistimiento significaba que la Licencia 1285/93 una vez la constructora desiste de agotar su trámite se convierte en un documento más de los requeridos para la solicitud de una nueva licencia a la luz del decreto 600 de 1993 (este documento adquiría el carácter únicamente de Delineación Urbana). La solicitud de Licencia de acuerdo a la nueva normativa no se realizo posteriormente por parte de la Constructora, y en este sentido, la constructora carecía del requisito de Licencia de Construcción.

9.- No obstante carecer de este requisito la Constructora presentó la Licencia de Construcción 1285 de 1993 que estaba condicionada de acuerdo a lo anotado en el numeral 6 de este escrito, siete(7) meses después de haber desistido de la misma y cuando esta solo tenía el carácter de delineación urbana a la luz del Decreto 600 de 1993, ante la Alcaldía Mayor - División de Vivienda para que se le otorgara el permiso para anunciar y desarrollar la actividad de enajenación de inmuebles destinados' a vivienda, del proyecto denominado "Urbanización San Luis" Barrio 20 de Julio.

10.-La División de Urbanización y Vivienda de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá otorgó permiso como aparece en la Resolución 00153 de 16 de junio de 1994 y la Resolución Nro. 00291 de 27 de octubre de 1994, para anunciar y desarrollar la actividad de enajenación de viviendas de interés social a la Sociedad TRANSPORTE DE MATERIALES EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA TRANSEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES LIMTADA

11.- Al parecer el DAPD y la División de Urbanización y Vivienda de la Secretaría General de la¡ Alcaldía Mayor no establecieron comunicación alguna sobre la circunstancia referente a que se' había desistido del trámite de la correspondiente Licencia por parte de la Constructora, lo que permitió que se tratara de manera aislada el asunto, esto es sin la debida coordinación interinstiticional.

Así mismo tampoco se observa que se hubiera señalado por parte del DAPD , las implicaciones que traía la nueva normativa, esto es el Decreto 600 de octubre 07 1993, para que se hicieran los ajustes necesarios.

1.- Inicialmente se demandó a la Caja de Vivienda Militar , pero Mediante auto de enero 28 del año 2000 EL Tribunal vinculó al D.C., - Planeación Distrital y a la firma Transequipos LTDA, como posibles responsables de los perjuicios demandados. Se notificó el D.C. y al otro vinculado se le nombró curador luego de su emplazamiento.

2.- El 19 de julio de 2001, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera, profirió sentencia condenatoria contra, Distrito Capital, Caja Promotora de Vivienda Militar , Sociedad Transporte de Materiales y Equipos y Construcciones. Transequipos LTDA .

Anoto que "Para la Sala es innegable la responsabilidad que se le endilga a ía autoridad publica vinculada como demandada DISTRITO CAPITAL- ALCALDÍA MAYOR DE SANTAFE DE BOGOTÁ, por los hechos ocurridos y los daños causados a los propietarios de los inmuebles aquí demandantes, no por la simple circunstancia de haber expedido el permiso a la constructora a través de la Resolución 00153 de 16 de junio de 1994, ampliada y ratificada por la Resolución especial Nro. 291 del mismo año, sino por el hecho negligente e irresponsable de que a sabiendas de que [a zona a donde se iban a construir las casas de la Urbanización San Luis, era de alto riesgo y no apta para construir, y menos aún para ofrecer y enajenar viviendas, debido a los antiguos y constantes movimientos de tierra provenientes de las fallas geológicas presentadas en los barrios colindantes MONTEBELLO Y GRANADAS, que se desplazaban hacia el costado oriental de la Urbanización San Luis, concedió el citado permiso TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES LTDA, con los resultados nefastos e irreversibles que esa equivocada determinación administrativa produjo a los ciudadanos demandantes que de buena fe adquirieron los inmuebles, y que están, unos exponiendo su patrimonio , debido a los daños que ofrecen esos bienes raíces; y otros , quienes ya perdieron sus viviendas por ruina absoluta de las mismas".

2.- El Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo , Sección primera, Consejera Ponente OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO, el 14 de febrero del 2002, acogió lo decidido en el fallo proferido en la Acción AG99-001 que tramitó el tribunal de Cundinamarca y que fue confirmado por la Sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de estado , en sentencia del 25 de octubre de 2001, C.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda, en la cual se adujo:

"De acuerdo a lo anterior no resulta acertado como lo afirma la administración Distrital en el recurso de apelación, como quiera que la falla geológica se sabía desde 1989 (al menos así se concluye de los estudios referenciados) y el Tribunal para tomar su decisión no sólo lo hizo con base en estudios realizados desde 1997" ......"La administración no vigilo a la constructora cuando empezó a edificar y no verificó las condiciones técnicas para su urbanización .. no vigiló el cumplimiento de las normas. ....De donde se infiere que la administración obro en forma negligente e imprudente con relación a las actuaciones anteriores y posteriores a la construcción. "

"De acuerdo con todo lo anterior, se desprende la responsabilidad de la administración en el daño, como quiera que la expedición de la licencia y el permiso, dieron vía libre a la constructora para edificar la urbanización. Si bien es cierto, la sola licencia y el solo permiso no son causantes directos del daño, si concurrieron a la producción del mismo"

"Llama la atención la forma tan ligera y superficial como se despacho el aspecto técnico relativo a las viviendas de esta urbanización, haciendo caso omiso de la existencia de múltiples informes que evidenciaban las fallas que presentaban los terrenos sobre los que fue construida, haciéndola inviable para la promoción entre sus afiliados a la Caja de Vivienda Militar, por la omisión entre otros, del Departamento Administrativo de Planeación Distrital", agrega que: "Resulta sorprendente que el informe técnico no se haya referido para nada a los antecedentes sobre los estudios de suelos respecto a los terrenos donde se construyo la Urbanización San Luis, existentes desde años atrás"

Modifico la sentencia apelada en lo siguiente:

Se revocó el primer numeral segundo de la sentencia apelada para en su lugar, declarar que en relación con los 27 demandantes de la Acción de Grupo AG 99-001 de; Tribunal de Cundinamarca existe cosa juzgada.

Se revocó el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada y, en su lugar se dijo que se atuviera a lo dispuesto en la sentencia sobre la indemnización que se ordenó a cada uno de los cuatro demandantes a que se refiere el fallo. Los demandantes fueron; RAMIRO CACERES DURAN,JOSÉ RAFAEL GORDILLO PINEROS, JUAN DE JESÚS QUINTERO CASTILLO Y ALICIA ROJAS ROJAS.

Se condenó solidariamente al pago de la indemnización así: Distrito Capital 40%, Caja Promotora de Vivienda Militar 20%, Sociedad Transporte de Materiales y Equipos y Construcciones. Transequipos LTDA 40%.

- Se observa relación o nexo de causalidad entre el daño causado los demandantes y La Responsabilidad del Estado- Distrito Capital.

En estudio llevado a cabo no aparece claramente configurada la responsabilidad a titulo de dolo o culpa grave en los funcionarios públicos responsables de otorgar la Licencia de construcción por parte del DAPD o el Permiso para enajenar, así como tampoco respecto al control y vigilancia necesarias para el seguimiento de las obras.

Se observa claramente que no hubo coordinación interinstiticional entre las diferentes entidades encargadas de desarrollar el control y seguimiento de la actividad urbanística desde el momento en que se otorgo licencia de urbanización en el año 1982 a 1997, cuando saltaron a la vista las consecuencias de esta falta de seguimiento y control, y las situaciones que generaron las Acciones de grupo y la consiguiente indemnización por parte del Distrito. Estas entidades fueron entre otras; Secretaría de Obras, Planeación Distrital, la Dirección de Urbanismo y Control de Vivienda, la Alcaldía Local de San Cristóbal, La Unidad para la Prevención y Atención de Emergencias UPES, entre otras.

Teniendo en cuenta que existen otros procesos de Acción de Grupo que se encuentran en trámite para su pago y que tienen que ver con los mismos hechos, recomiendo realizar un estudio más profundo para determinar si definitivamente se presentó dolo o culpa grave de alguno o algunos funcionarios en particular por acción u omisión.

Dicho estudio se debe realizar por personas especializadas en el área urbanística y que conozcan en términos reales (no solo normativos) el proceso de seguimiento y control que han sido atribuidos a las entidades encargadas del mismo desde el año 1982 a 1997.

Por lo tanto solicito aplazar la decisión con el ánimo de tener una mejor sustentación respecto al asunto encomendado.

COMITÉ Diciembre 2004

NAHIR LUCIA ZAPATA ARBOLEDA

CAMILO JOSÉ ORREGO MORALES

La Unión Temporal SIMIT Distrito Capital en su calidad de concesionaria de la Federación Colombiana de Municipios presenta solicitud de conciliación prejudicial mediante la cual pretende el pago por parte del Distrito Capital del valor correspondiente al 10% previsto en el artículo 10 de la Ley 769 de 2.002 a partir de la entrada en vigencia de la Ley es decir desde el pasado 8 de noviembre del 2.002.

Es del caso anotar que el citado artículo establece que "con el propósito de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios se autoriza a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel nacional un sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) por lo cual percibirá el 10% por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado. En ningún caso podrá ser inferior a medio salario mínimo diario vigente".

La Unión Temporal solicitante presenta las siguientes pretensiones y propuesta de conciliación:

- La Federación Colombiana de Municipios tiene derecho a percibir del Distrito Capital el valor que corresponde al 10% de los dineros que este recaude o haya recaudado por multas e infracciones de tránsito, desde el 8 de noviembre del 2.002.

- Que en la base para liquidar el porcentaje debe estar comprendido tanto el valor que corresponde a las multas efectivamente impuestas, como el valor que los afectados hayan pagado voluntariamente, aceptando la infracción.

- Que la Unión Temporal SIMIT divide en dos grupos los dineros que deben ser trasladados, por el Distrito Capital: a.) Los recaudados entre el 8 de noviembre del 2.002 y el 1 de octubre del 2.003; y b) Los recaudos entre el 2 de octubre del 2.003 y la fecha de conciliación.

- Que el Distrito Capital debe transferir los valores adeudados a la cuenta que indique la Unión Temporal SIMIT.

- Que la Federación Colombiana de Municipios autorizará a la Unión Temporal SIMIT para que le transfiera, directamente y sin ningún descuento, los valores que correspondan a los pagos recaudados entre el 8 de noviembre de 2.002 y el 1 de octubre del 2.003.

-. Que la Federación Colombiana de Municipios autorizará a la Unión Temporal SIMIT para que le transfiera, en los términos del contrato, el 3.05% de los valores que correspondan al grupo de pagos recibidos entre el 2 de octubre del 2.003 y la fecha de conciliación.

En tal sentido, si bien le corresponde a la Secretaría General asistir al Alcalde Mayor en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y prestarle el apoyo administrativo y los demás servicios necesarios para dicho fin, conforme lo dispone el Decreto Distrital 331 del 2.003, se considera que en esta caso, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá no posee competencia misional para decidir si en el presente caso el Distrito Capital debe o no conciliar.

En efecto, a la Secretaría General no le corresponde ni el manejo de los asuntos de tránsito y transporte, como tampoco los relativos al manejo de los ingresos y recursos presupuéstales que ingresan al patrimonio del Distrito.

Para tales supuestos y conforme al artículo 53 citado, el Alcalde Mayor ejerce sus funciones en materia fiscal y de tránsito y transporte, a través de las Secretarías de Hacienda y de Tránsito y Transporte.

Por lo tanto, se recomienda al Comité, que a través de la Dirección Distrital Jurídica, se informe de tal circunstancia a los citados organismos distritales. Sin perjuicio que la citada dependencia les suministre el soporte jurídico que sea necesario, conforme al Decreto 331 del 2.003.

Para el caso de la acción de reparación directa, teniendo como supuesto que la Administración no ha proferido acto administrativo alguno en relación con las peticiones de la .Unión Temporal, el término de caducidad de 2 años previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo para este tipo de acciones, debe computarse diariamente a partir de cada ingreso por concepto de multas e infracciones de tránsito, o para cada vigencia fiscal, es decir, anualmente, caso en el cual no se ha configurado la caducidad

No obstante, si en algún momento se profirió por parte de la Administración algún tipo de pronunciamiento expreso frente a las peticiones de la Federación, debería contabilizarse el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, desde la fecha de notificación de tal decisión.

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C - 385 del 2.003, declaró exequible el artículo 10 de la Ley 769 del 2.002, señalando que "no encuentra tampoco la Corte que las normas acusadas quebranten el derecho de asociación, pues a ninguno de los entes territoriales locales se le compele por ley a formar parte de la Federación Colombiana de Municipios, ni se le impide a lo que actualmente la integran retirarse de ella. Simplemente, el legislador le asignó una función pública a la persona jurídica creada desde antes de la expedición de la ley, de manera voluntaria por las personas de derecho público que decidieron conformarla, y, en desarrollo de esa función descentralizada por colaboración, la Federación aludida habrá de contribuir al

mejoramiento de los ingresos de los municipios, aún de aquellos que no sean miembros de ella pues el mandato legal no hizo ninguna excepción al respecto; y porque, adicionalmente, ha de ser así para que se pueda mantener actualizado a nivel nacional el Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito a que las normas en cuestión se refieren".

En una oportunidad posterior, mediante Sentencia C - 477 del 2.003, la Corte Constitucional ratificó la constitucionalidad del artículo 10 de la Ley 769 del 2.002, indicando adicionalmente, respecto del manejo de estas multas que "resulta ajustado al Ordenamiento Superior el segmento normativo acusado, porque sencillamente lo que hace es reiterar la determinación contenida en el artículo 10 del citado ordenamiento legal, según la cual el 10% de los recaudos por concepto de multas y sanciones de tránsito será destinado a la Federación Colombiana de Municipios para pagar la Administración del SIMIT, por lo cual dicho porcentaje no pueda ingresar a los fiscos territoriales para ser aplicado en los planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustible y seguridad vial".

Finalmente, la Corte conoció nuevamente del asunto y mediante sentencia C-714 del 2.003 resolvió estarse a lo resuelto en la citada Sentencia C - 385 del 2.003

El Consejo de Estado, mediante Concepto 1.589 del 5 de agosto del 2.004, resolvió la consulta formulada por el Gobierno Nacional, en relación con el SIMIT, la destinación de los recursos recaudados por este concepto y la aplicación de la Ley en el tiempo. El Consejo de Estado concluyó lo siguiente:

- El porcentaje de participación establecido en la Ley 769 del 2.002 se causa desde la vigencia de la Ley, 8 de noviembre del 2.002, fecha a partir de la cual se generó la obligación de la Federación de implementar el SIMIT.

- La vigencia de las leyes es un tema de orden público, el cual no puede dejarse al arbitrio de las partes, por lo tanto, no puede tenerse como base la fecha de entrega de la información a la Federación por parte de las entidades territoriales.

- El porcentaje del 10% debe calcularse sobre todos los recursos recaudados por concepto de multas de tránsito en general, independientemente si se imponen sobre vías nacionales o territoriales.

- Las entidades territoriales no tienen derecho a reclamar excedente alguno que se pueda derivar de la gestión encomendada por Ley a la Federación. Si como producto de la rendición de cuentas se derivan excedentes, la Sala considera que estos pertenecen al Tesoro Nacional, que se trata de un ingreso corriente que no pierde su naturaleza por el hecho de estar destinado a una finalidad específica, por lo cual tampoco podrá ser distribuido por la Federación conforme a sus estatutos.

En una oportunidad anterior, el Consejo de Estado conoció de la acción de cumplimiento interpuesta por la Federación Colombiana de Municipios en contra del Distrito Capital, mediante la cual se pretendió que el FONDATT le entregara a la Federación la relación de infracciones de tránsito para efectuar la conexión al Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito.

El Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había ordenado al FONDATT permitir el acceso a la base de datos con la finalidad de recaudar la información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito, para lo cual la Federación deberá enviar el personal con los recursos técnicos que dicho trámite implique, dentro del término de 10 días a partir de la ejecutoria del fallo.

Los Comités de Conciliación de los citados organismos distritales coinciden en el sentido de no conciliar las pretensiones de la Unión Temporal SIMIT Distrito Capital, en síntesis, porque de una parte consideran que ésta carece de legitimación en la causa para demandar el pago del porcentaje del 10%; de otra parte porque pudo haberse configurado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de reparación directa y de nulidad y restablecimiento del derecho; y, de otra, por cuanto no se cumple con la finalidad de la norma.

En efecto, para el caso del Distrito Capital, la efectividad de su sistema de información y recaudo de multas e infracciones de tránsito supera el 90%, por lo tanto, si la finalidad de la norma es incrementar los ingresos de los municipios, para el caso de Bogotá tal situación no sucede.

RECOMENDACIÓN: Se recomienda al Comité de Conciliación, en razón de la falta de competencia atrás explicada, inhibirse de conocer de la solicitud de conciliación del asunto. Asimismo se aconseja que el Comité, a través de la Dirección Distrital Jurídica, le informe a las Secretarías de Tránsito y Transporte y de Hacienda Distritales, que conforme al artículo 53 del Decreto Ley 1.421 de 1.993 y el Decreto Distrital 854 de 2.001, deberán comparecer a la diligencia en representación del Distrito Capital y del Alcalde Mayor, toda vez que aquél, como Jefe de la Administración, ejerce sus funciones en materia fiscal y de tránsito y transporte a través de los citados organismos distritales.

No obstante ello, se considera imprescindible que la Secretaría General, través de la Dirección Distrital Jurídica, le suministré a las citadas Secretarías el apoyo jurídico que sea necesario para la cabal atención de los intereses del Distrito, conforme lo dispone el artículo 331 del 2.003

Ahora bien, en cuanto a las pretensiones de la Unión Temporal tenemos que sólo hasta el 1 de octubre de 2.003, la Federación Colombiana de Municipios celebró el contrato con la Unión Temporal SIMIT Distrito Capital.

Por lo tanto, no se cumpliría con la norma ni con la interpretación que de ella han hecho los jueces, si se trasladan recursos públicos con anterioridad a la creación y puesta en marcha de la plataforma del SIMIT, teniendo en cuenta como respaldo de ello, la posición de la Corte Constitucional expresada en la Sentencia C - 477de 2.003, según la cual el porcentaje del 10% será destinado a la Federación para pagar la administración del SIMIT.

Es decir, sin SIMIT no hay pago por la Administración del sistema, como tampoco contribución alguna al aumento de los ingresos de los municipios.

De otra parte, se comparte la posición de las Secretarías de Tránsito y Transporte y de Hacienda Distritales, por cuanto si el sistema distrital de recaudo e imposición de multas arroja una efectividad del 90%, el SIMIT, hipotéticamente contribuiría a recaudar ese 10% restante.

Luego, si la finalidad de la norma es incrementar los ingresos del Distrito Capital, el10% al que se refiere la norma no sería sobre la base del 90% sino del 10% sobre el 10% que no se recauda y que gracias al SIMIT efectivamente sería recaudado.

De no ser así, el objetivo perseguido por la norma no se cumpliría, y por ende, estaríamos en un escenario de incumplimiento de la disposición, adicionalmente, porque según lo dispuesto por el artículo 38, numeral 14, del Decreto Ley 1.421 de 1.993, le corresponde al Alcalde Mayor asegurar la exacta recaudación y administración de las rentas y caudales del erario y decretar su inversión con arreglo a las leyes y acuerdos, función esta, que para el presente caso, ejerce, en los términos del artículo 53 del citado Decreto Ley, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte y de Hacienda Distritales.

De otra parte, la jurisprudencia ha sido reiterativa respecto de la obligación de los municipios y distritos de suministrar la información relativa a la imposición de infracciones y comparendos en sus respectivas jurisdicciones y la de transferir el 10% de que trata el artículo 10 de la Ley 769 de 2.002, a la Federación Colombiana de Municipios.

Por lo tanto, sí podría formularse una propuesta de conciliación, además porque es conveniente que el Distrito Capital comience a dejar plasmada expresamente su posición en los diferentes estrados judiciales.

En tal sentido, podría proponerse a la Federación, citada igualmente a la audiencia, que no habrá transferencia del 10% en fechas anteriores a la implementación de la plataforma del sistema por su parte.

Que para el caso de Bogotá, Distrito Capital, cuyo sistema de recaudo tiene una efectividad del 90%, se podría acordar que la transferencia del 10% al cual se refiere la Ley 769 de 2.002, no sería sobre la base del 100% del total recaudado por el Distrito, sino sobre la base del 10% que no se logra recaudar directamente por éste, sino que gracias a la mediación del SIMIT ingrese al Tesoro Distrital.

Cordialmente,

- La UNION TEMPORAL SIMIT DISTRITO CAPITAL, radicó ante la Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C., una solicitud de conciliación extrajudicial dirigida al Dr. LUIS EDUARDO GARZÓN Alcalde Mayor del Distrito Capital de Bogotá, PEDRO ARTURC RODRÍGUEZ Secretario de Hacienda del Distrito Capital de Bogotá, CARLOS EDUARDO MENDOZA Secretario de Transito de Bogotá, CARLOS EDUARDO MENDOZA Representante legal del Fondo de Educación y Seguridad Vial "Fondatt", GILBERTO TORC GIRALDO Representante de la Federación Colombiana de Municipios, la cual señala que se invoca como tramite previo a una demanda contenciosa administrativa para obtener e pago de los valores que corresponden a la aplicación del artículo 10% de la Ley 769 d 2002. Igualmente indica que la conciliación tiene también por objeto la entrega d información completa que requiere el Sistema Integrado de Información de las Multas Sanciones por Infracciones de Transito, para cumplir los fines y permitir la operación de RUNT.

-.La base para liquidar el 10% previsto por la Ley en comento deberá comprender la multas efectivamente impuestas dentro del trámite contravencional como el valor que hayan pagado voluntariamente y respecto de dos grupos diferentes: Los pagos recaudados entre el 8 de noviembre de 2002 y el día 1 de octubre de 2003 y los pagos recaudados entre el 2 de octubre de 2003 hasta !a fecha de conciliación.

- Que el Distrito Capital de Bogotá o la Secretaría de Hacienda Distrital o la Secretaría de Tránsito del Distrito Capital o el Fondo de Educación y Seguridad Vial - Fondatt deben y tendrán, que pagar a la Federación Colombiana de Municipios, por transferencia a la circula que indique la UNION TEMPORAL SIMIT DISTRITO CAPITAL, el 10% de los dineros recaudados por mullas e infracciones de tránsito.

- Que la Federación Colombiana de Municipios autorizará a la Unión Temporal Simit Distrito Capital para que transfiera directamente y sin ningún descuento, los valores que corresponda al grupo de pagos recaudados entre el 8 de noviembre de 2002 y el 1 de octubre de 2003.

- Que la Federación Colombiana de Municipios autorizará a la Unión Temporal Simit Distrito Capital para que transfiera, en los términos del contrato de concesión que tiene suscrito con ella, el 3.05% de los valores que correspondan al grupo de pagos recibidos entre el 2 de octubre de 2003 y a hasta la fecha de conciliación.

- Que a partir de la conciliación y mientras dure el contrato de concesión entre la Federación Colombiana de Municipios y la Unión Temporal Simit Distrito Capital, e Distrito Capital de Bogotá o la Secretaría de hacienda Distrital o la Secretaría de Tránsito del Distrito o el Fondatt, consignarán directamente en la cuenta de la Unión temporal Simit Distrito Capital el 10% que le impone la Ley 769 de 2002, o propondrá lo cambios y ajustes que pueden hacer mejor y más eficiente el procedimiento.

- Que el interés en la conciliación de la Unión temporal consiste en el hecho de haber recibido por CONCESIÓN de la Federación Colombiana de Municipios la totalidad de servicio del Sistema Integrado de Información de las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito para el Distrito Capital y estar afectado el sistema por e comportamiento de las entidades citadas.

- Que el sistema cumple dos finalidades específicas; integra la información a nivel nacional y sirve de herramienta para el pago total de mullas y sanciones, controlando la impunidad de las mismas.

- Que las dudas relativas a la vigencia y aplicación de la Ley 769 de 2002 han sido motivo de estudio por parte del Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, señalando que el porcentaje de participación del 10% establecida en la misma se causa a partir de la vigencia de la Ley calculado sobre todos los recursos recaudados por concepto de multas de tránsito en general. Igualmente existe pronunciamiento de la Corte Constitucional Expediente D-4354 que declaró exequibles los artículos 10.11,106 (parcial)de la Ley 769 de 2002, salvo las expresiones "todas" y "o aquellas donde la Federación lo considere necesario"

- Que la Federación Colombiana de Municipios celebró CONCESIÓN con la Unión Temporal Simit Distrito Capital, por la totalidad del servicio del Sistema Integrado de Información "de Multas y sanciones por lnfracciones. de Tránsito, en el Distrito Capital de Bogotá

La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las ruchas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público.

Parágrafo. Lograda la conciliación prejudicial, el acta que la contenga será suscrita por las (artes y, por el agente del Ministerio Público y se remitirá, a más tardar, al día siguiente, al Juez o Corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que imparta su aprobación o improbación. El auto aprobatorio no será consultable"

Artículo 23. Ley 640 de 2001. Conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo. Las conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo sólo podrán ser adelantadas ante los Agentes del Ministerio Público asignados a esta jurisdicción y ante los conciliadores de los centros de conciliación autorizados para conciliar en esta materia.

Artículo 24. Ley 640 de 2001. Aprobación judicial de conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo. Las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo se remitirán a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al de su celebración, al Juez o Corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que imparta su aprobación o improbación. El auto aprobatorio no será consultable.

La Ley 446 de 1998 establece que, la conciliación es un mecanismo de resolución de; conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por si mismas la solución de sus; diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado llamado conciliador. Son conciliables lodos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento, y aquellos que determine la Ley.

La Conciliación puede ser prejudicial o judicial. La Conciliación extrajudicial será institucional cuando se realice en centros de conciliación; administrativa cuando se realice ante autoridades administrativas en cumplimiento de sus funciones conciliatorias, como !o es el caso en estudio.

Igualmente establece el artículo 59 de la ley 446 que se pueden conciliar total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público a través de sus representantes legales o a través de apoderado, sobre conflictos de carácter particular contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción contencioso administrativo.

Con respecto al Comité de Conciliación, el artículo 1° del Decreto 1214 de 2000, estableció en el campo de aplicación entre otras; "...el presente decreto es de obligatorio cumplimiento para las entidades y organismos de derecho público del orden nacional, departamental, Distrital de los municipios capital de departamento y los entes descentralizados de estos mismos; artículo 2°. el comité de conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de .estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa le los intereses de la entidad, igualmente decidirá en cada caso especifico sobre la procedencia de la conciliación..."

En el presente caso deben ser motivo de análisis varios aspectos entre los cuales se determinan los siguientes:

¿ La legitimación en la causa por activa

¿ Interés para obrar

¿ Las acciones que presuntamente puede entablar la demandada.

¿ La caducidad de las acciones como requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial

¿ Espíritu de la norma objeto de conflicto

¿ Competencia de recaudo de las multas c infracciones de tránsito

¿ Aplicación de las normas y jurisprudencia.

La jurisprudencia nacional, orientada en el criterio de Chiovenda considera que la legitimación en la causa por activa hace referencia a la titularidad del derecho de las partes (Corte Suprema de Justicia - sentencia de fecha 4 de diciembre de 1981 - Gaceta Judicial-Tomo CLXVI N° 2407 Pag. 63), es decir debe entenderse que quien interviene como demandante o citante debe ser el llamado a formular las pretensiones de la demanda y no otro.

Carnelutti a su vez afirma que "la legitimación es una coincidencia entre el acto del autor y el objeto de la situación jurídica activa o pasiva sobre la que el acto ha de producir su efecto. La diferencia entre capacidad y legitimación está en que la primera se refiere al poder ser y la segunda al ser en realidad el actor, sujeto de la situación jurídica"

En el caso concreto, la citante se abroga una titularidad de un derecho que no le corresponde pues claramente la norma que es objeto de conflicto establece que: "... se autoriza a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel nacional, un sistema integrado de información sobre multas y sanciones de transite 'SIMIT)...".

Así las cosas, es evidente que el llamado a solicitar o no el cumplimiento de la Ley en el mejor de los casos, o en otras palabras para elevar pretensiones extrajudiciales o judiciales, o solicitar una presunta conciliación como en el presente caso, sería la Federación Colombiana de Municipios y no la Unión temporal Simit Distrito Capital como se quiere hacer ver. pues diferente es que. entre las dos entidades señaladas anteriormente, exista un :contrato de concesión bajo el amparo de la ley de contratación estatal (Ley 80 de 1993). lo cual en momento alguno faculta a la Unión Temporal para incoar peticiones a nombre o a favor de la Federación Colombiana de Municipios y mucho menos en nombre propio so pretexto de tener interés para convocar.

Luego, no es el simple interés para convocar, lo que legitima a una parte, sino la .titularidad del derecho que realmente le corresponde. Ahora, tampoco puede hablarse de Litisconsorcio necesario como lo indica la citante cuando señala:.."..intentar con Ustedes, en lo que a la fecha ni el Distrito Capital, ni la Secretaría de Hacienda, ni la Secretaría de Tránsito, ni el Fondatt han suministrado la información completa que la Ley ordena sea incluida en el sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, ni han entregado a la Federación Colombiana de Municipios el 10% comprometiendo la conformación de RUNT y de otra parte reteniendo injustamente recursos que los les pertenecen y en relación con algunos de los cuales la Unión temporal: Simit Distrito Capital tiene derecho contractual directo.

- Que los municipios y autoridades de tránsito distintos a los relacionados con el Distrito Capital de Bogotá D.C., han acatado el pronunciamiento del Consejo de Estado atendiendo los requerimientos de la Federación Colombiana de Municipios, siendo importante que el Distrito Capital aporte tanto la información como los recursos pan hacer funcional el sistema.

"Artículo 60": Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 85, 86 3 87 del Código Contencioso Administrativo, las partes individual o conjuntamente podrán formular solicitud de conciliación prejudicial, al Agente del Ministerio Público asignado al Juez o Corporación que fuere competente para conocer de aquéllas. La solicitud se acompañará de la copia de la petición de conciliación enviada a la entidad o a! particular según el caso, y de las pruebas que fundamenten las pretensiones.

El artículo 73 de la Ley 446 do 1998. Competencia. La Ley 23 de 1991 tendrá un: artículo nuevo, así: "Artículo 65°. \~i\ auto que apruebe o impruebe el acuerdo conciliatorio corresponde a la Sala, Sección o Subsección de que forme parte el Magistrado que actúe como sustanciador; contra dicho auto procede recurso de apelación en los asuntos de doble;

instancia y de reposición en los de única.

El Ministerio Público podrá interponer e! recurso de apelación para ante el Tribunal, contra el, luto que profiera el Juez Administrativo aprobando o improbando una conciliación. Las partes podrán apelarlo, sólo si el auto imprueba el acuerdo.

entendemos un litisconsorcio necesario con causal legal...", pues por el extremo activo, no existe pluralidad de sujetos cuya relación jurídica sustancial sea una sola e indivisible, que no puede dividir la titularidad de sus derechos como se ha indicado anteriormente. Y por parte pasiva, a pesar de que se indican varias personas jurídicas a través de sus respectivos representantes legales, lo cierto es que, en las pretensiones elevadas no se determina clara y concretamente de quien se solicitan las mismas, pues se utiliza la expresión disyuntiva

"o", la cual no puede quedar al arbitrio o facultad del funcionario de conocimiento o a la parte que quiera asumir la obligación.

Manifiesta la convocante que su intereses en la conciliación consiste en el hecho de haber recibido por concesión de la Federación Colombiana de Municipios la totalidad del servicio el Sistema Integrado de Información de las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito olvidando que el interés para obrar, es el que tienen las partes para actuar válidamente en el proceso, es decir aquel que se traduce en la real y concreta titularidad del derecho que se invoca.

El procesalista Devis Echandía señala que "...En materia civil, laboral y contencioso administrativa, se refiere al interés jurídico sustancial, particular o concreto que induce, a demandante, a reclamar la intervención del órgano jurisdiccional del Estado, a fin de que mediante sentencia resuelva sobre las pretensiones invocadas en la demanda, y al demandado a contradecir esas pretensiones, si no se halla conforme a ellas..."

De lo anterior se establece, que el interés debe ser un interés directo, real, concreto y no un interés indirecto como el que puede derivarse posiblemente de la relación contractual de la Unión temporal Simit Distrito Capital y la Federación Colombiana de Municipios, contrario a lo afirmado en la solicitud de conciliación numeral 28

Luego, no puede confundirse dicha clase de intereses como para pretender actuar como, solicitante de una conciliación. :

De oirá, parte, hay que tener en cuenta que el interés para obrar, como la legitimación en la. causa estudiada, hacen parte de los presupuestos procesales, cuya inobservancia conlleva a que el funcionario de conocimiento no pueda adoptar una determinación al respecto. Es decir. en el caso particular en la eventual solicitud prejudicial y/ o proceso que se delante al no. tener la Unión Temporal legitimación en la causa por activa, ni interés para obrar, el funcionario de conocimiento no podría adoptar ningún tipo de decisión en contra de la entidad.

Respecto del tema, doctrinariamente se ha realizado una clasificación de los presupuestos procesales y entre otros se habla de los presupuestos materiales o sustanciales de la sentencia o providencia dentro de los cuales se consideran la legitimación en la causa y el interés para obrar indicando que "Estos presupuestos son los requisitos para que el juez pueda, en la sentencia, proveer de fondo o mérito, es decir, resolver si el demandante tiene o no el derecho pretendido y el demandado la obligación correlativa... "(Devis Echandía).

3- LAS ACCIONES QUE PRESUNTAMENTE SE PUEDEN ADELANTAR

a.- Acción de Cumplimiento.-

El artículo 87 de la Constitución Política define la acción de cumplimiento así: "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido... "

El objeto y la finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona natural o jurídica, pública o privada, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización y cumplimiento del deber que surge de la ley que presuntamente se ha omitido. De esta manera se encamina a procurar la vigencia y la efectividad material de las leyes.

Así las cosas y de acuerdo al contenido de la norma cuando señala que "...Toda persona podrá acudir ante la autoridad...", la Unión Temporal Simit Distrito Capital o la Federación! Colombiana de Municipios o cualquier persona diferente natural o jurídica puede entablan demanda de acción de cumplimiento a fin de buscar presuntamente el cumplimiento del artículo 10 y 11 de la Ley 769 de 2002 en cuanto 10% por la administración del sistema y recaudo verificado a nivel nacional por fuera del Distrito Capital.

Pero revisada la documentación, se observa que el señor Gilberto Toro Giraldo h representante legal de la Federación Colombiana de Municipios, con antelación formula demanda de acción de cumplimiento, en contra de del Fondatt, respecto de los artículos 10 y 11 de la Ley 709 de 2002, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero únicamente respecto de entregar la relación de infractores de tránsito para efectuar la conexión al sistema Integrado de Información de multas y sanciones por Infracciones de tránsito, obteniendo fallo favorable incluso confirmado por el Consejo de Estado.

Luego, de lo anterior se evidencia que si hubiesen querido interponer demanda de Acción de Cumplimiento respecto de 10% por administración de sistema y recaudo verificado a nivel nacional por fuera del Distrito Capital, la Federación o la Unión Temporal indicadas. Anteriormente, ya lo hubieran hecho. Además de ello, la Unión Temporal no estuviera proponiendo actual conciliación prejudicial, ya que para interponer tal acción no se exige ningún trámite previo como requisito de procedibilidad, lo que supone que tal vez se persiguen otra clase de intereses.

b- Acción de Reparación Directa.

Artículo 86 del Código Contencioso Administrativo "...La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa..."

Del contenido de la solicitud de conciliación se observa que la Unión Temporal Simit Distrito Capital, tal vez pretende entablar una Acción de Reparación Directa, utilizando la conciliación prejudicial presentada como requisito de procedibilidad que fundamente la misma, ya que se realizan afirmaciones tales como "... A la fecha, ni el Distrito Capital, ni su Secretaria de Hacienda, ni su Secretaria de transito.... han suministrado la información! completa que la propia ley ordena ... ni han entregado a la Federación Colombiana del Municipios el 10% de los valores recaudados desde la vigencia de la ley 769 de 2002... con lo que de una parte están comprometiendo la integración nacional del sistema (sic) con grave perjuicio para los fines que el mismo persigue... y de otra parte están reteniendo injustamente recursos que no les pertenecen..." (negrilla fuera de contexto).

c- Acción Contractual

Arl. 87 C.C.A De las controversias contractuales. "...Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones. condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar perjuicios y que se hagan otras

(declaraciones y condenas..."

Del escrito de conciliación presentado, igualmente la solicitante deja entrever un interés) directo, derivado de su relación contractual con la Federación Colombiana de Municipios, el cual quiere atar al cumplimiento de la aplicación del artículo 10 de la ley 769 de 2002, pues como se evidencia en el encabezado de la petición fue citado igualmente el representante Legal de la Federación Dr. Gilberto toro Giraldo, y en literal 1,3 y 1.4 del numeral primero de a propuesta es del resorte de o competencia de la referida.

No obstante, lo predicho y en virtud a la ambigüedad de la solicitud, primero al decir que existe un litisconsorcio, pues aparentemente la Unión Temporal aboga por los intereses de la Federación, pero por otra parte la cita para que cumpla o se allane a las peticiones señalada

el párrafo precedente, tampoco se dan los presupuestos básicos para que una eventual demanda de esta naturaleza tenga la prosperidad deseada por la Unión temporal.

d.- Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho.

Art.85 C.C.A. "...Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño..."

Podría considerarse igualmente, la posibilidad de que la Federación Colombiana de Municipios o la Unión temporal Simit Distrito Capital, intente una acción de esta naturaleza

en contra de las comunicaciones mediante las cuales la Secretaría de Hacienda Distrital se ha manifestado respecto del acatamiento de la Ley 769 de 2002, la cuales pueden ser. Consideradas eventualmente como un acto administrativo, ya que de ellas se desprende la voluntad de la administración.

No obstante lo anterior, debe considerarse que este tipo de acciones limitan aún más a la parte que se crea interesada, ya que su término de caducidad la establece el artículo 136 o. el C.C.A.. en un término de cuatro meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto.

Teniendo en cuenta lo establecido en el parágrafo 2°del articulo 61 de la Ley 23 de 1991 formado por el artículo 81 de la ley 446 de 1998 "no habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente acción haya caducado", siendo así requisito de procedibilidad para el estudio, la viabilidad y eventual aprobación de la solicitud de conciliación que se propone.

E1 Articulo 136 del Código Contencioso Administrativo al hablar de la caducidad de las acciones, señala en su numeral 8°. Que "...La de reparación directa caducara al vencimiento el plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, misión u operación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo publico o por cualquiera otra causa... "

La caducidad, ha dicho la jurisprudencia y la doctrina es una institución jurídica que limita en 1 tiempo el ejercicio del derecho de una acción, independientemente de consideraciones que 10 sean el solo transcurso del tiempo. Su verificación es simple, pues el termino ni se interrumpe ni se prorroga y es la ley la que al señalar el tiempo y el momento de su iniciación, indica el termino final, es decir que al no interponerse la acción dentro de los términos establecidos se configura la caducidad. Luego se produce la misma, por 1a inactividad del interesado para obtener por vía judicial el reconocimiento del presunto daño antijurídico. Entonces la caducidad representa el límite dentro del cual las personas pueden reclamar del Estado determinado derecho, por consecuencia, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia de dicho fenómeno

En el presente caso, en el escrito de conciliación la Unión Temporal indica que el 10% de participación de las multas y sanciones por infracciones de tránsito establecidas en la ley 769; .le 2002, a favor de la Federación se causa desde la vigencia de la Ley, fecha a partir de la cual se genero la obligación de la Federación de implementar el SIMIT.

Igualmente indica que "...sin perjuicio de que la solicitud pueda producir como efecto el cumplimiento de la Ley, que es realmente lo que se trata...1.1. La FEDERAC/ON COLOMBIANA DE MUNICIPIOS tiene derecho a...".

De lo anterior se puede observar entonces que lo solicitado entonces por la Unión Temporal es el pago del porcentaje previsto" en la Ley 769 de 2002, desde la vigencia de. la misma (noviembre de 2002) y a favor de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DI: MUNICIPIOS,! Luego estaríamos entonces frente a una eventual caducidad de la acción en estudio al haber transcurrido 2 años desde la vigencia de la ley (8 de noviembre de 2004) hasta la fecha de radicación de la solicitud de conciliación (25 de noviembre de 2004), y respecto a las obligaciones periódicas causadas, no habiendo entonces lugar a conciliación alguna, al estar ausente dicho requisitos de procedibilidad.

"...Articulo 10 Ley 769 de 2002 Sistema Integrado de Información sobre Multas y sanciones por Infracciones de Transito. Con el propósito de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios, se autoriza a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel nacional, un sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de transito (SIMIT), por lo cual percibirá el 10% por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado... "

La norma considero con palabras claras cual era el "propósito", es decir su fin, su intención ;u objetivo, "mejorar los ingresos de los municipios", el cual se logra a través del recaudo le las multas e infracciones de transito de acuerdo a la creación, implementación actualización del sistema pretendido y una vez se cancelaran los valores adeudados por tale ;conceptos.

Se traduce de lo anterior, que únicamente la Federación Colombiana de Municipios tiene 1a facultad de creación, implementación y actualización de un sistema que permita lograr una mejor y efectivo recaudo de las multas e infracciones de tránsito impuestas a nivel nacional, a través del seguimiento y control de los diferentes tramites que para el efecto se realicen en nuestro territorio.

Es decir, la norma pretendió con ello crear un mecanismo alternativo para el fortalecimiento y mejoramiento de los ingresos de los municipios y no una entidad mas que compitiera en la captación de recaudos, pues la finalidad del estado es una sola.

Ahora, tampoco puede pretenderse como lo sugiere la solicitante, que a partir de la vigencia de la Ley se le traslade un 10% de lo recaudado a la Federación Colombiana de Municipios, ya que ello iría en contra vía del espíritu de la norma, en primer lugar porque ello solamente se obtiene una vez creado, implementado, actualizado el sistema, y verificado en forma real y efectiva el recaudo de valores adeudados por concepto de multas y sanciones por infracciones de transito a nivel nacional por fuera del Distrito Capital, concretándose con ello el mejoramiento del recaudo de los municipios respectivos por el acompañamiento de la entidad facultada para el efecto, y no simplemente por voluntad de quienes se crean con interés. Y en segundo término, acceder a las pretensiones constituiría un detrimento a las finanzas publicas del Distrito contrario al propósito específico de la ley: "contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios".

La ley 769 de 2002, en momento alguno modificó o relevó la competencia de recaudo de las multas y sanciones por infracciones de tránsito, pues únicamente determinó una facultad de .crear, implementar y actualizar un sistema integrado de información, para mayor manejo control y mejoramiento de los ingresos de los municipios, luego la Secretaria de Tránsito de Bogotá D.C., conserva la facultad de gestionar el pago de las multas y comparendos impuestos en Bogotá y conforme a las disposiciones sobre unidad de caja, la Tesorería Distrital de la Secretaria de Hacienda, es la única autorizada para su recaudo, existiendo en la actualidad estrategias persuasivas y coactivas e implementado un sistema de pagos a través de convenios con entidades financieras que facilitan a los infractores el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por tales conceptos, sin que medie gestión alguna de la Unión Temporal Simit Distrito Capital.

De otra parte, legalmente el único facultado en el Distrito Capital para celebrar convenios de recaudo con instituciones financieras es el Director Distrital de Tesorería, según lo dispuesto n el Artículo 32 del Decreto 854 de 2001, emitido por el alcalde Mayor en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 489 de 1998

Por ultimo respecto del presente aspecto, existe pronunciamiento del Secretario de Hacienda y del Director Distrital de Tesorería, el cual fue comunicado oportunamente a la Federación, Colombiana de Municipios, en donde expresamente se indicó: "...se requiere a la: Federación, Colombiana de Municipios para que de una parle, se abstenga de seguir recaudando por cuanto dicha conducía podría calificarse de ilegal, y de oirá, para que traslade la totalidad de los recursos con los rendimientos que se hayan causado a la fecha en la cuenta señalada anteriormente (000634485 Banco de Bogotá), junto con los recibos de pago de! ciudadano infractor y la información que contenga lo siguientes datos: Número de comparendo, cédula de ciudadanía del infractor, valor de la consignación y fecha de pago.

7- APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y JURISPRUDENCIA.

Corno principal fundamento de la solicitud de conciliación prejudicial elevada por la Unión Temporal Simit Distrito Capital, esgrime el concepto emitido por el Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejera Ponente Doctora Susana Montes de Echeverri, radicación No.1589 del 5 de agosto de 2004, en donde señala que el 10% de las multas y sanciones por infracciones de tránsito establecido en el Artículo 10 de la Ley 769 de 2002 debe ser cancelado a la Federación Colombiana de Municipios desde la vigencia de la ley; respecto de todos los recursos recaudados por concepto de multas de tránsito en general independientemente si se imponen sobre las vías nacionales o las que se impongan en una jurisdicción específica por los organismos de transito respectivos.

La Secretaria de Hacienda, respetuosa de las peticiones de las personas naturales o jurídicas publicas o privadas, escucha los planteamientos esbozados por la solicitante, mas no comparte la aplicabilidad del concepto allegado como sustento de la petición, ya que ello no constituye un fundamento legal, ni jurisprudencial.

Por ello es necesario, recordar las fuentes del derecho las cuales están constitucionalmente clasificadas en dos grupos según la jerarquía:

a.= Fuente obligatoria: "el imperio de la Ley"

b.= Fuentes auxiliares: La equidad, la jurisprudencia, los principios generales y la doctrina.

La primera como su nombre lo indica debe ser imperativa su aplicación, entre otras cosas por ser mandato constitucional previsto en el Art. 230 de la Constitución Política.

Y las fuentes auxiliares, son pautas posibles de orientación, pero en momento alguno vinculantes, sino optativas para los funcionarios, como el caso del concepto aludido por la citante.

De otra parte, por que dicho concepto difiere sustancialmente de los aspectos que realmente .contiene la Ley objeto de discusión contrariando la ley sustancial civil cuando en su articulo 27 establece que "Cuando el sentido de la Ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu ...Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento... "

RADICACIÓN

2004ER91340

DIC-21-2004

___________________________________

HECHOS: Los supuestos en que la Unión Temporal SIMIT, fundamenta sus pretensiones a ser conciliadas están basadas en las siguientes consideraciones fácticas:

1- La UNIÓN TEMPORAL SIMIT DISTRITO CAPITAL, concesionario de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, cuyo objeto contractual quedo circunscrito a "la concesión total del servicio del Sistema Integrado de información de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito -SIMIT, en el Distrito Capital de Bogotá para que el Concesionario desarrolle, conforme, ponga en funcionamiento, actualice, repare y opere, de acuerdo con los referentes legales y contractuales aplicables, el SIMIT, descrito en el artículo 10 de la Ley 769 de 2002..,", actuando mediante apoderado presenta escrito contentivo de hechos y pretensiones para que mediante conciliación extrajudicial le sean reconocidos unos derechos patrimoniales.

2- El 25 de noviembre de 2004, fue presentada solicitud de conciliación extrajudicial por el apoderado de la UNIÓN TEMPORAL SIMIT DISTRITO CAPITAL, ante el señor Alcalde mayor, Secretario de Hacienda, Secretario de Tránsito y Transportes de Bogotá y director del FONDATT y el representante legal de la Federación Colombiana de Municipios.

3- En su escrito de solicitud de conciliación indica que el fin de la conciliación es previo a un litigio contencioso para obtener el pago de los valores que correspondan a la aplicación del artículo 10 de la Ley 769 de 2002, adicionalmente que sea entregada la información completa que requiere el Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), y poder cumplir ante el Ministerio de Transporte con la información para que sea incorporada al Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT.

4- Mediante el escrito presentado argumenta que la Federación Colombiana de Municipios tiene derecho a recibir del distrito Capital, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Tránsito y Transportes y del FONDATT, el valor correspondiente al diez por ciento (10%), de los dineros que estas entidades recauden o hayan recaudado por multas e infracciones de tránsito, tanto en el tramite contravencional, como las pagadas voluntariamente y en dos grupos a saber; el primero a los pagos recaudados entre el ocho (8) de noviembre de 2002 y el primero (1) de octubre de 2003 y el segundo correspondiente a los pagos recaudados entre el dos (2) de octubre de 2003 y la fecha d la conciliación.

5- La Federación Colombiana de Municipios autoriza la Unión Temporal SIMIT DISTRITO CAPITAL, para que le transfiera directamente y sin ningún descuento, los valores que correspondan al grupo de los pagos recaudados entre el ocho (8) de noviembre de 2002 y el primero (1) de octubre de 2003.

6- La Federación Colombiana de Municipios autoriza la Unión Temporal SIMIT DISTRITO CAPITAL, para que le transfiera en los términos del contrato de concesión que tiene suscrito con ella, el tres con cero cinco por ciento (3.05%) de los valores que correspondan al grupo de pagos recibidos entre el 2 de octubre de 2003 y la fecha de conciliación.

PRETENSIONES

Estima el solicitante de la conciliación, que el valor de los perjuicios se encuentra representados en lo siguiente:

1.Que a la fecha ni e! Distrito Capital ni las Secretarias de Hacienda y Tránsito, lo mismo que el FONDATT, han suministrado la información completa que la propia Ley ordena sea incluida en el Sistema Integrado de Información de las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito -SIMIT, ni han entregado a la Federación Colombiana de Municipios el diez por ciento (10%) de los valores recaudados desde la vigencia de la Ley 769 de 2002.

OBSERVACIONES: El apoderado de la Unión Temporal anexa en el escrito que sustenta la petición de conciliación algunos pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional donde dan cuenta de la exequibilidad del articulo 10 de la Ley 769 de 2002 y de algunos fallos que determinan la viabilidad de acoger dicha norma por parte de los organismos de tránsito pero no acredita los perjuicios ocasionados en consecuencia es procedente dar aplicación de lo resuelto por el Consejo de Estado Sección Tercera en sentencia del ocho (8) de febrero de dos mil uno (2001) con ponencia de la Magistrada Dra. Maria Elena Giraldo dentro del proceso 12848 promovido por el señor Dairo Oliveros Cárdenas:

"Desde antes de la entrada en vigor de la Constitución 1991, la ley civil y la jurisprudencia de la Sala - con base en la doctrina extranjera - señalaba y estudiaba, respectivamente, que e! perjuicio debía tener las siguientes características. - Que sea cieno, es decir, que haya lesionado un derecho del perjudicado (presente o futuro cieno). - Que sea particular, es decir. a la persona que solicita reparación. - Que sea anormal, porque excede los inconvenientes inherentes al funcionamiento del Estado . - Que verse sobre una situación jurídicamente protegida. Por regla general el perjuicio con sus cualidades, como cualquier otro hecho procesal, es materia de prueba. La ley establece que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos que ellas persiguen (art. 177 del C de P.C). En consecuencia, quien pretendo judicialmente la reparación de un daño, debe probarlo toda vez que este elemento, como quedó explicado, es presupuesto indispensable de la obligación de indemnizar".

2- Copia pronunciamiento de la sala de de lo Contencioso Sección Quinta del Consejo de Estado del 19 de abril de 2004, Consejero Darío Quiñones Pínilla.

3- Copia pronunciamiento de la sala de lo Contencioso Sección Quinta del Consejo de Estado del 13 de mayo de 2004, Consejero Darío Quiñones Pínilla.

4- Copia sentencia 477 de la sala Plena de la Corte Constitucional del 10 de junio de 2003, Magistrado Clara Inés Vargas Hernández.

SOLICITUD DE CONCILIACIÓN ANTE: Procurador en lo Judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

CENTRO DE CONCILIACIÓN AUTORIZADO:

FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD:

LEGITIMACIÓN:

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de tos deberes sociales del Estado y de los particulares."

El artículo 6 de la Constitución Nacional expresa:

"Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las Leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones."

Estos dos mismos principios fundamentales se encuentran desarrollados, por el artículo noventa de la Carta Fundamental, el cual dice:

Artículo 90, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.

"Artículo 86-.Acción de Reparación Directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal del inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa.

Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren concluido por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex-servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública."

Ahora bien, según las construcciones jurisprudenciales del Consejo de Estado, que desde hace algunos años ha venido elaborando, la responsabilidad del Estado se funda en la falla del servicio, con base en el articulo 16 de la Constitución Nacional de 1886, la cual se erigió como responsabilidad autónoma, es decir, independiente de toda idea del ilícito penal, la falla radica primordialmente en la no prestación del servicio, en su deficiente, tardía o desviada prestación entendiéndose que ella puede localizarse en cualquier organismo de la administración pública, que transgreda los derechos de los gobernados por no protegerlos en sus vidas, honra y bienes como lo rezaba el precepto del extinto precepto constitucional.

En criterio de quien suscribe la presente acta, el comité de Defensa Judicial, Conciliación y Transacción de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá. D. C, debe avocar el conocimiento del caso sub-lite teniendo en cuenta lo siguiente:

De acuerdo con ei artículo décimo (10) de la Ley 769 de 2002, el cual preceptuado: "Sistema

Parágrafo. En todas las dependencias de los organismos de tránsito y transportes de las entidades territoriales existirá una sede del SIMIT o en aquellas donde la Federación lo considere necesario, con el fin de obtener la información para el consolidado nacional y para garantizar que no se efectúe ningún trámite de los que son competencia de los organismos de tránsito en donde se encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad, si éste no se encuentra a paz y salvo". ( lo subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional)

Esta norma es clara al establecer que su fin o su animo y por ende el espíritu del Legislador fue el de allanar mecanismos para que los municipios que no tengan o cuenten con recursos o infraestructura suficiente para recuperar y recaudar los recursos provenientes de la imposición de ordenes de comparendo por infracciones a las normas de tránsito contaran con un apoyo y ayudas de un tercero que supliría y dotaría a dichos entes con herramientas adecuadas para dicha función.

Es así como este artículo contempla dicha acepción "Con el propósito de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios..." la cual única y exclusivamente denota que la implementación de un sistema es para aquellos municipios que no cuentan con equipos y tecnología adecuada para obtener los montos a los cuales han sido sancionados aquellos ciudadanos que han infringido una norma.

Teniendo en cuenta lo expuesto, podría decirse que es debatible procesalmente la obligación de transferir todos los recursos que sean recaudado desde la entrada en vigencia de la Ley 769 de 2002, pues el Distrito Capital, ha venido realizando cuantiosas inversiones para mejorar el monto de los recursos que proviene de este tipo de sanciones, que no se compadecen con los ofrecidos por la Federación Colombiana de Municipios y menos por el hecho que la puesta en funcionamiento del sistema es de tan sólo unos meses y no como lo pretenden desde la vigencia de la Ley.

De igual manera la Administración Distrital esta en capacidad de demostrar que contamos con uno de los mejores sistemas a nivel Nacional sino el mejor, el cual brinda seguridad y confiabilidad en el recaudo con una base de datos muy confiable.

De otra parte el mismo texto de la norma en comento estipulo con rigor gramatical que lo que debe realizar la Federación Colombiana de Municipios es buscar la forma de implementary mantener actualizado, un sistema que en el caso especifico de Bogotá, no es necesario por cuanto contamos con un modelo de proyecto llamado el SICON, el cual mantiene actualizada y alimentada una base de datos con una confiabilidad superior al noventa por ciento (90%), con lo queda desvirtuado el animo del legislador, por lo menos err lo que respecta para nuestra Capital.

Finalmente no es de recibo lo pretendido por el apoderado de la parte demandante, en este caso la Unión Temporal SIMIT DISTRITO CAPITAL, quien esta solicitando le sean entregado el diez por ciento (10%) de los dineros recaudos desde la entrada en vigencia de la norma y no teniendo en cuenta tan siquiera lo descrito por la misma, en e! sentido de percibir dichos recursos cuando hayan implantado el sistema y estén contribuyendo con el mejoramiento de los ingresos de los municipios, cuando como ellos mismos lo describen, sólo tienen contrato debidamente legalizado desde el primero (1) de octubre de 2003, fecha en la que se supone empezaron a desarrollar e implementar un sistema que hasta ahora esta funcionando y como bien lo dice la norma es desde ese instante que podrían obtener dichos recursos, pero aplicado para aquellos municipios que no cuenten con una infraestructura adecuada para tal fin, que no es el caso del Distrito Capital.

En este orden de ideas, por las razones expuestas, la recomendación del profesional que suscribe la presente ficha es de no conciliar dentro del asunto de la referencia.

Profesional Especializado Grupo Asuntos Judiciales

Fecha de elaboración de la ficha técnica. Enero 7 de 2005

De esta manera para deducir la responsabilidad de la administración, basta acreditar estos tres presupuestos: 1-EI hecho dañoso o falla en el servicio; 2-EI daño ocasionado; 3-La relación de causalidad entre el hecho y el daño (Sentencia de junio 7 de 1973).

A su turno la Constitución Política de 1991, en su artículo 90 preceptuó: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.

De intentar una controversia litigiosa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, La acción a emprender sería de Reparación Directa, donde el demandante deberá probar los elementos constitutivos del hecho, razón por la cual tendremos que adecuar una defensa conjunta con las demás entidades a ser demandadas.