RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Sentencias Primera Instancia dieciséis (16) de julio del 2003

(con sentencia aclaratoria del fallo)

1. Resolución de Cumplimiento Olí de enero 21 del 2004 del Alcalde Mayor de Bogotá

2. Resolución de Cumplimiento 0382 de abril 12 del 2004 del Concejo de Bogotá. D.C. (reintegro)

Salarios y demás emolumentos dejados de cancelar desde el momento del retiro, hasta la fecha del reintegro

Noviembre veinticinco (25) de 2005

La orden de pago es del 25 de noviembre del 2004, es decir dentro de los 18 meses que ordena el art. 177 del C.C.A.

Código Sustantivo del Trabajo- Derecho Colectivo del Trabajo- Capítulo VIII, Fuero Sindical Art. 406 Trabajadores amparados por el fuero sindical, "c) Los miembros de la junta directiva y subdirectiva de todo el sindicato......Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y seis meses más"

Art. 407.- Miembros de la Junta Directiva amparados.

".......En caso de cambio, el antiguo miembro continua gozando del fuero durante los tres(3) meses subsiguientes, a menos que la sustitución se produzca por renuncia voluntaria del cargo sindical antes de vencerse la mitad del período estatutario o por sanción disciplinaria impuesta por el sindicato, en cuyos casos el fuero cesa ipso facto para el sustituido"

Art. 408.- "...........Si en el caso de que trata el inciso primero del art. 118 del Código procesal del trabajo, se comprobare que el trabajador fue despedido sin sujeción a las normas que regulan el fuero sindical, se ordenará su reintegro y se condenará al patrono a pagarle, a título de indemnización, los salarios dejados de percibir por causa del despido"

- Mediante Acuerdo 29 de junio 15 de 2001, se suprimieron 19 cargos de Profesional Universitario código 340, grado salarial 04, entre estos, el de la demandante.

- La Resolución 275 del 29 de junio del 2001 emanada de la Mesa directiva de la Corporación determinó que las supresiones de los cargos se aplazaban hasta la fecha en que cesará la imposibilidad jurídica para el retiro efectivo

- La señora EMMA SÁNCHEZ LEÓN, fue nombrada como presidente del sindicato de servidores públicos del Concejo de Bogotá "SINDICONCEJO" para un periodo de dos(2) años, desde el 21 de febrero del 2001.

- El 26 de agosto del año 2002 la citada funcionaria mediante escrito presentó su renuncia voluntaria al cargo en que ostentaba en el mencionado sindicato, siendo esta aceptada el 27 de agosto, decisión comunicada al Director Administrativo y financiero del Concejo.

- El Director Administrativo y financiero sin solicitar ante la jurisdicción laboral el levantamiento de la garantía foral y/o en su defecto haber esperado tres(3) meses más contados a partir de la renuncia de la expresidente como lo ordenan las normas laborales, procedió a informarle a la señora EMMA SÁNCHEZ LEÓN que se hacía efectiva la supresión del cargo de ipso facto, es decir a partir del 31 de agosto del 2002.

- Por ser funcionaria de carrera administrativa se le reconoció como indemnización por la supresión del cargo la suma de $34.836.688.13

- La señora EMMA SÁNCHEZ, demandó ante la jurisdicción administrativa siendo negadas sus pretensiones, demandó así mismo ante la jurisdicción ordinaria laboral mediante proceso de Fuero sindical dónde se accedió a las mismas.

El Concejo Distrital desconoció la garantía foral de Directiva (Presidente) que le correspondía a la demandante, violando de manera directa el art. 407 del C.S.T que señala que en caso de cambio de los miembros de la Junta Directiva, el antiguo miembro continuara gozando del fuero durante los tres(3) meses subsiguientes.

1 La demandada previa la desvinculación de la demandante no dio cumplimiento a lo establecido en el art. 405 del C.S.T., esto es, haber pedido autorización judicial para despedir a la actora.

2 La demandante al momento de su retiro gozaba de la garantía de fuero sindical al haber sido presidente de la organización sindical "SINDICONCEJO

3 Se Ordenó el reintegro a la demandante al cargo de profesional Universitario código 340, grado 04 que desempeñaba al momento de su despido y al pago de los salarios dejados de percibir desde el 31 de agosto del 2002 hasta la fecha en que se produzca el mismo, con sus aumentos legales y/o convencionales a que haya lugar, declarándose que para todos los efectos legales no ha habido solución de continuidad entre la fecha del despido y aquella en la que se produzca el reintegro..

De conformidad con el Acuerdo 28 del 2001, por el cual se modificó la estructura del Concejo de Bogotá. D.C., y se asignaron funciones a sus dependencias y se dictaron otras disposiciones, el ARTÍCULO 9o.- determinan las funciones que le corresponden a la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Entre otras señalamos las que se refieren a la gestión del personal.

"1 Responder por la planeación, dirección, gestión y control de los procesos de administración del Talento Humano, Financieros y Físicos de la Corporación.

2 Reconocer y ordenar el pago mediante Resolución de prestaciones y demás emolumentos que por diferentes situaciones administrativas se generen en favor de los empleados de la Corporación.

8 Adoptar los mecanismos que garanticen el cabal cumplimiento de las actividades de la Corporación en materia del manejo del personal y la prestación de los servicios generales.

16 Ordenar el pago de salarios de los empleados del Concejo de Bogotá, D.C.

17. Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia" (el subrayado esta fuera del texto)

De modo que le correspondía al Director Administrativo y Financiero del Concejo de Bogotá D.C., DARCIO ANTONIO CERNA CÓRDOBA, iodo lo referente a la gestión de los procesos de administración del talento humano, así como la adopción de los mecanismos que garanticen el cumplimiento de las actividades de la Corporación en materia de manejo de personal, es por ello que se expide por esta Dirección Administrativa y Financiera la comunicación de 30 de agosto de 2002 dirigida a la demandante, mediante la cual le informa que al haber cesado la imposibilidad jurídica que impedía hacer efectiva la supresión de su cargo, cual era el fuero, la misma operaba a partir del 31 de agosto de ese mismo año.

Está determinación administrativa desconoció de manera inexcusable la garantía foral consagrada en el art. 39 de la Constitución Política, así como su desarrollo legal respecto a la protección a la Directiva Sindical, violando de manera directa el art. 407 del C.S.T que señala que en caso de cambio de los miembros de la Junta Directiva, el antiguo miembro continuara gozando del fuero durante los tres(3) meses subsiguientes.

Por consiguiente nos encontramos dentro de la presunción de culpa grave contemplada en la Ley 678 del 200, por existir violación manifiesta e inexcusable a las normas de derecho por parte del citado funcionario.

Dadas los presupuestos antes señalados, si recomiendo al Comité iniciar acción de repetición contra el Director Administrativo y Financiero del Concejo de Bogotá D.C., DARCIO ANTONIO CERNA CÓRDOBA.

Cordialmente,

Sentencia de Primera Instancia veintiocho (28) de mayo del 2002

1 Resolución de Cumplimiento 165 de 11 de julio del 2003 del Alcalde Mayor de Bogotá

2 Resolución de Cumplimiento 0383 de abril 12 del 2004 del Concejo de Bogotá. D.C. (reintegro) y la 418 de 03 de mayo del 2004.

3 Resolución de Pago 045 de 26/05/04 por la suma de $64.999.725.00

4 Resolución de Pago 100 de 17/08/04 por la suma de $5.450.535.00. orden de pago 737 de 08/19/04

Salarios y demás emolumentos dejados de cancelar desde el momento del retiro, hasta la fecha del reintegro.

25 de noviembre del 2006

Señaló en esta oportunidad el Tribunal en un caso similar al que se somete al comité de conciliación;

"El fuero sindical es una institución que desarrolla el derecho de asociación y de libertad sindical, en tanto los protege, permitiéndoles a los trabajadores que gocen de él, adelantar su labor de representación de los trabajadores en defensa de los derechos emanados del contrato de trabajo o de la actividad profesional correspondiente y en general de los intereses comunes o generales de los agremiados" ........

"Pero la protección que a ciertos trabajadores confiere el fuero sindical no puede llegar al extremo de cobijar a personas que de acuerdo con la Constitución y la ley no pueden desarrollar funciones dentro del aparato estatal por su edad, pues de ser ello así se estaría actuando en contravía de los deberes del ciudadano plasmados en el art. 95 de la carta política y que en su numeral primero consagra el postulado ético de que la persona y el ciudadano debe respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios"

"El cumplimiento de la edad de retiro forzoso como causal para desvincular a un servidor público de su cargo se encuentra directamente consagrada en el art. 31 del decreto 2400 de 1968 que establece que el servidor público al servicio de la rama ejecutiva del poder público deberá ser retirado del servicio sin posibilidad de reintegro, al cumplir los sesenta y cinco años de edad"

"La edad como causal de retiro forzoso, se encuentra consignada en cada uno de los regímenes especiales de la administración de personal. Igualmente el art. 105 del decreto 1950 de 1973 establece, "El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de funciones públicas y se produce: .... 65. Por edad..."

"El art. 122 del decreto 1950 de 1973 dispone que la edad de sesenta y cinco (65)años constituye impedimento para desempeñar cargos públicos, a excepción de los señalados en el art. 121 de este decreto".

Señalando que de acuerdo a las anteriores disposiciones por existir un impedimento de orden legal no puede decretarse el reintegro de la accionante dada la imposibilidad legal que le asiste a la accionada para el cumplimiento de la obligación de hacer.

Pero también la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a la edad de retiro forzoso, teniendo en cuenta que la función pública y su ejercicio son de interés general. En sentencia C-351 de 1995, señaló respecto a la demanda del art. 31 del Decreto 2400 de 1968 que establece que el servidor público deberá ser retirado del servicio, sin posibilidad de reintegro, al cumplir los sesenta y cinco años de edad; que " La función pública es de interés general, y en virtud de ello la sociedad tiene derecho a que se consagren garantías de eficacia y eficiencia en el desempeño de ciertas funciones. Por ello es razonable que exista una regla general, pero no absoluta, que fije una edad máxima para el desempeño de funciones, no como cese de oportunidad, sino corno mecanismo razonable de eficiencia y renovación de los cargos públicos".

Art. 31 del Decreto 2400 de 1968 que establece que el servidor público deberá ser retirado del servicio, sin posibilidad de reintegro, al cumplir los sesenta y cinco años de edad

Código Sustantivo del. Trabajo- Derecho Colectivo del Trabajo- Capítulo VIII, Fuero Sindical

Art. 408.- "......Si en el caso de que trata el inciso primero del art. 118 del Código procesal del trabajo, se comprobare que el trabajador fue despedido sin sujeción a las normas que regulan el fuero sindical, se ordenará su reintegro y se condenará al patrono a pagarle, a título de indemnización, los salarios dejados de percibir por causa del despido"

- DILA MARÍA ZUNIGA, presentó demanda laboral de fuero sindical en contra del distrito, en dónde se invocan como derecho el estar amparada por fuero sindical por ser fundadora del sindicato SINDICONCEJO, y no existir autorización del Juez Laboral para su retiro.

El Concejo Distrital no solicito ante la jurisdicción laboral el levantamiento de la garantía foral y procedió a su desvinculación al encontrar que la citada funcionaría se encontraba en edad de retiro forzoso.

El Concejo Distrital no solicitó el permiso judicial que se estableció como garantía foral de fundadora que le correspondía a la demandante.

1 La demandante al momento de su retiro gozaba de la garantía de fuero sindical al haber sido fundadora de la organización sindical "SINDICONCEJO".

2. Le asistía la obligación legal a la entidad demandada, de solicitar el levantamiento del fuero sindical del demandante, previamente a la terminación de la relación laboral y al no haberse agotado .previamente este requisito, la terminación de la relación laboral devino en forma ilegal e injusta y por tal motivo no produce efecto jurídico alguno.

3. La garantía foral es de raigambre constitucional, no pudiendo en modo alguno el legislador, ni autoridad administrativa o judicial alguna tomar decisiones o medidas contrarias a dicho ordenamiento superior.

4. Por consiguiente, se ordenó reintegrar a la demandante al cargo desempeñando al momento de su retiro, o a uno de igual o superior jerarquía.

A pagar a título de indemnización los salarios dejados de percibir desde el 20 de abril del 2001 hasta la fecha en que se produzca el reintegro ordenado con los reajustes de ley.

1 "No se oponen a las garantías que consagra la Constitución Nacional y la Ley respecto al fuero sindical, la norma de retiro forzoso, ya que perfectamente se observa que a la entidad demandada le bastaba solicitar al juez la calificación de la causa alegada para obtener el respectivo permiso, pero omitió dicho procedimiento a pesar de estar claramente determinado en la ley laboral y en la constitución".

"a.- De conformidad con el presente reglamento, preparar las resoluciones de nombramiento y remoción de los empleados al servicio del Concejo o de la Unidad Asesora Legislativa y Asistentes de los Honorables Concejales cuyo nombramiento o designación corresponde a la Mesa Directiva, o a la Plenaria."

"b.- La Direcciones de Relaciones Industriales tiene a su cargo, de conformidad con lo ordenado por la Comisión de la Mesa o el Presidente del Concejo o los Presidentes de las Comisiones Permanentes, la coordinación de la estrategia para el manejo de personal, la carrera administrativa, la selección y enganche, la aplicación de sanciones, el bienestar de los trabajadores, la seguridad de los mismos, los servicios de cafetería, el manejo de la recepción y control del público y visitantes, los ujieres, la ordenación del pago de salarios, prestaciones sociales, horas extras y demás emolumentos a que tienen derechos los empleados del Concejo, lo mismo que la elaboración de nóminas, prestaciones sociales, reconocimiento de honorarios a los Concejales, seguros, afiliación a los servicios asistenciales y de seguridad social y demás asuntos relacionados con el manejo del personal y su eficiencia. Están bajo el control y vigilancia de la Dirección de Relaciones Industriales, la totalidad de empleados y funcionarios del Concejo del Distrito Capital y sus dependencias"

Es de anotar que era la Mesa Directiva quien en ultimas firmaba las resoluciones que tomaban decisiones sobre el asunto encomendado a esta dirección.

Es evidente la circunstancia señalada por el Juzgado de primera instancia y el Tribunal Superior de Bogotá Sala laboral en el sentido en que la administración no utilizó el procedimiento de levantamiento del fuero sindical tal y como lo consagran las normas que desarrollaron en el ámbito legal el art. 39 de la Constitución Nacional, que en uno de sus apartes menciona **Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión", y que, la legislación labora] dispone que están amparados por fuero sindical:

a) Los fundadores de un sindicato y quienes adhieran a él antes de su inscripción en el registro sindical, desde el día de la constitución del mismo y hasta dos (2) meses después de tal inscripción, sin que dicho plazo exceda de seis (6) meses {Literales a y b del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo).

No obstante, se observa que la causal por la cual se desvinculo a la funcionada DILA MARÍA ZUÑIGA DE TORRES, está es; por haber cumplido la edad de retiro forzoso, también tiene raigambre constitucional tal y como lo señaló el Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral, en los apartes transcritos en el acápite de jurisprudencia y normas aplicables.

No se observa culpa grave o dolo por parte del funcionario o los funcionarios que en su momento consideraron que no era necesario solicitar al juez laboral el levantamiento del fuero sindical, porque había un presupuesto también de raigambre constitucional que amparaba la decisión tomada por el Concejo Distrital, el interés público en relación con la efectividad de la función pública. Es así como se cito en los considerandos de la resolución 130 del 2001; "CONSIDERANDO: ....Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencia Nr.C-351/95 del nueve(9) de agosto de 1995, Magistrado Ponente Doctor VLADIMIRO NARANJO MESA, determinó que "La función pública es de interés general y en virtud de ello, la sociedad tiene derecho a que se consagren garantías de eficacia y eficiencia en el desempeño de ciertas funciones. Por ello es razonable que exista una regla general, pero no absoluta, que fije la edad máxima para el desempeño de funciones, no como cese de oportunidad, sino como mecanismo razonable de eficiencia y renovación de los cargos públicos".

Por otra parte se resalta la evidencia de posiciones encontradas en las decisiones judiciales que desdibujan aún más la existencia de "culpa grave o dolo" en el actuar del funcionario o los funcionarios públicos que tuvieron que ver con la decisión de retirar del servicio a la demandante.

Dadas los presupuestos antes señalados, no recomiendo al Comité iniciar acción de repetición.

* Este asunto había sido sometido al Comité de conciliación el 06 de octubre del 2004,(Acta Nro. 9), ficha presentada por el abogado Germán Arturo Medina Avila. En aquella ocasión e\ comité por unanimidad decidió no iniciar acción de repetición en relación con el caso del fuero sindical, argumentando en términos generales que no hay culpa grave o error inexcusable sino falta de interpretación contextúa! de las normas por parte del funcionario o funcionarios que privilegiaron el factor edad de retiro forzoso al de fuero.

Sin. Embargo quedó pendiente llevar el caso nuevamente al comité, en razón de existir un proceso ejecutivo, iniciado por DILA MARIA ZUÑIGA DE TORRES, la cual demanda el cumplimiento de la sentencia que ordenó reintegrarla al cargo que venía desempeñando al momento de su retiro, o a uno de igual o superior jerarquía y a pagar a título de indemnización los salarios dejados de percibir desde el 20 de abril del 2001 hasta la fecha en que se produzca el reintegro ordenado con los reajustes de ley.

La sentencia del ejecutivo 0022/04, fue proferida por el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá, el 21 de enero de 2005.

Las excepciones que presentó el Distrito fueron entre otras: PAGO, IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE HACER POR VIOLACIÓN DE UNA NORMA SUSTANCIAL Y COMPENSACIÓN. Se aporto la documental correspondiente que probo el cumplimiento de la sentencia en el proceso especial de fuero sindical, y así lo declaró el Juzgado 18 laboral del circuito en los siguientes términos:

"La parte ejecutante cumplió con la obligación de hacer, en el sentido de reintegrar a la accionante al cargo que desempeñaba, tal como se desprende del acta de reintegro visible a folios 324 del expediente. La desvinculación realizada con posterioridad, tal como se desprende de la Resolución 00413 de 30 de abril de 2004(f.330-331) es independiente de la presente acción y de la que dio origen al ejecutivo; por lo que no son de recibo los argumentos del ejecutante para manifestar el incumplimiento de la ejecutada, si se tiene en cuenta que reintegro se hizo efectivo y los motivos de la nueva desvinculación son el retiro del servicio por límite de edad, motivos ajenos a la presente acción", con base en esto el Juzgado resolvió declarar probada la excepción de pago propuesta por la parte ejecutada y dar por terminado el proceso por pago de la obligación.

Es de anotar que el demandante, presentó recurso de apelación respecto a que su modo de ver el Distrito no cumplió la obligación de hacer al haber desvinculado a la demandante al poco tiempo de reintegrarla. Apelación que no ha decidido respecto a este punto el Tribunal.

Cordialmente,

- Jefe de la UNIDAD DE DESARROLLO URBANÍSTICO-del Departamento de Planeación Distrital. MARINASÁNCHEZ PABON

- Jefe de División - zona sur, Del Departamento de Planeación Distrital. MARÍA CONSTANZA GÓMEZ

- Jairo Humberto González, Arquitecto Zona Sur.

- Jefe de la División de Urbanización y Vivienda de la Secretaria General de Bogotá- ELÍSEO WILCHES (E)

- Jefe de la División de Urbanización y Vivienda de la Secretaría General de Bogotá- MARÍA TERESA GÓMEZ GUERRERO

- Profesional Especializado grado 19 Funcionario que junto con la Dirección firmo el permiso en las dos(2) ocasiones -ERNESTO CADENA ROJAS y GUEVARA CORTES FERNANDO Profesional especializado grado 19-Arquitecto

Caja Promotora de Vivienda Militar.

1 Resolución de Cumplimiento 108 del 2003

2 Resolución de Pago 650 de 25 /U/03 - Orden de pago 1371 de 25 /11/03, por $20.907006.32. Pago efectivo 28 de noviembre del 2003, a la orden de DEFENSORIA DEL PUEBLO FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS.

Se pago en los términos de la sentencia el 40% del total de los perjuicios materiales. Le correspondió pagar el 40% a la Sociedad Transporte de Materiales y Equipos y Construcciones. Transequipos LTDA y 20% a la Caja de Vivienda Militar.

Concepto: Los perjuicios materiales causados, liquidados a favor de los demandantes:

RAMIRO CACERES DURAN JOSÉ RAFAEL GORDILLOPIÑEROS JUAN DE JESÚS QUINTERO CASTILLO ALICIA ROJAS

Los perjuicios materiales que se pagaron corresponden al porcentaje del valor de la cuota inicial monto que se canceló en el primer pago.

OCTUBRE 03 del 2005

Teniendo en cuenta que fue desfijado el edicto que notificó la decisión el 01 de abril del 2002. La ejecutoria sería en Abril 03 del 2002.

Demandado(s):

1 Resolución de Cumplimiento 049 de febrero 05 del 2002

Resolución de Pago 830 del 2002.Orden de pago 1522 de 31 de diciembre del 2002, por $2.292.802.126.61

Resolución de Pago 651 del 2003 Orden de pago 1396 de diciembre 02 del 2003 por $553.590.817.61

Resolución de Pago 111 de 26 de agosto del 2004. Orden de pago 813 de agosto 26 del 2004 por $759.170.144.13

Resolución de Pago 247 de 13 de diciembre 2004. Orden de pago 1538 de diciembre 13 del 2004 por $713.960.865.22

Se condenó al pago de la indemnización colectiva por perjuicios materiales

24 de julio del 2005

Teniendo en cuenta que fue desfijado el edicto que notificó la decisión el 21 de enero del 2002. Con ejecutoria de la sentencia del Consejo de Estado de 24 de enero del 2002.

"Para la Sala es innegable la responsabilidad que se le endilga a la autoridad publica vinculada como demandada DISTRITO CAPITAL- ALCALDÍA MAYOR DE SANTAFE DE BOGOTÁ, por los hechos ocurridos y los daños causados a los propietarios de los inmuebles aquí demandantes, no por la simple circunstancia de haber expedido el permiso a la constructora a través de la Resolución 00153 de 16 de junio de 1994, ampliada y ratificada por la Resolución especial Nro. 291 del mismo año, sino por el hecho negligente e irresponsable, de que a sabiendas de que la zona a donde se iban a construir las casas de la Urbanización San Luis, era de alto riesgo y no apta para construir, y menos aún para ofrecer y enajenar viviendas, debido a los antiguos y constantes movimientos de tierra provenientes de las fallas geológicas presentadas en los barrios colindantes MONTEBELLO Y GRANADAS, que se desplazaban hacia el costado oriental de la Urbanización San Luis, concedió el citado permiso TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES LTDA, con los resultados nefastos e habilidad de la administración en el daño, como quiera que la expedición de la licencia y el permiso, dieron vía libre a laron los inmuebles, y que están, unos exponiendo su patrimonio, debido a los daños que ofrecen esos bienes raíces; y otros, quienes ya perdieron sus viviendas por ruina absoluta de las mismas".

Anoto adicionalmente que las autoridades administrativas "con su actuar omisivo y negligente pusieron en completo riesgo la vida misma de los ciudadanos que incautamente compraron viviendas en un sitio no apto para dichos fines"

Señaló que los perjuicios de orden material causados a los actores, se derivan de la conducta "activa y omisiva irresponsable del DISTRITO CAPITAL..."

Declaro solidariamente responsables a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía menor de San Cristóbal Sur y La Constructora Sociedad Transporte de Materiales Transequipos Ltda, en liquidación.

Ordenando el pago de la indemnización a los moradores que probaron el total estado de ruina de las viviendas (15 en total) , y los restantes demandantes (91)en un término de seis(6) meses contados a partir de la ejecutoria de la providencia, efectúen las reparaciones necesarias a todas y cada una de las viviendas afectadas y que presenten deterioro.

Tomar correctivos de drenaje y contención apropiados para detener los empujes del terreno que provienen del deslizamiento activo de los barrios Montebello y Granada sur, teniendo en cuenta las recomendaciones de Ingeominas.

2.- El Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Consejero Ponente NICOLÁS PAJARO PEÑARANDA, el 25 de octubre del 2001, anoto:

"Son hechos probados del presente proceso: El DAPD otorgó una licencia de construcción condicionada al cumplimiento de unos requisitos a la Constructora, dichos requisitos no se cumplieron. La Alcaldía Mayor de Bogotá, posteriormente otorgó permiso a la constructora de anunciar y enajenar las 152 casas de habitación de la Urbanización San Luis. Por su parte, la Sociedad Constructora edificó la urbanización sin ._ las especificaciones técnicas en el manejo de taludes en el terreno que mantenía una reserva desde hace muchos años con la calificación de riesgoso e inestable. ...A más de lo anterior, la Alcaldía menor de San Cristóbal Sur, omitió cumplir con la exigencia de solicitar a la Constructora la licencia de construcción, que de haber obrado como la ley se lo exige, muy seguramente la obra hubiera quedado suspendida por falta de este esencial requisito.... Finalmente la autoridad administrativa omitió vigilar la construcción como tal de la urbanización, en un terreno que presentaba condiciones muy especiales de riesgo.

Respecto al nexo causal anotó: ....."El daño producido a las 152 casa de habitación que conforman la urbanización San Luis del barrio 20 de julio de Bogotá, fue producto de una actuación y una omisión administrativa, DAPD, alcaldía Mayor de Bogotá y Alcaldía Menor de San Cristóbal y de una actividad irresponsable desplegada por la Sociedad Constructora Transequipos Ltda" ".......... la falla geológica se sabía desde 1989 (al menos así se concluye de los estudios referenciados y el Tribunal para tomar su decisión no sólo lo hizo con base en estudios realizados desde 1997" ......"La administración no vigilo a la constructora cuando empezó a edificar y no verificó las condiciones técnicas para su urbanización., no vigiló el cumplimiento de las normas. "De donde se infiere que la administración obro en forma negligente e imprudente con relación a las actuaciones anteriores y posteriores a la construcción"

"De acuerdo con todo lo anterior, se desprende la responsabilidad de la administración en el daño, como quiera que la expedición de la licencia y el permiso, dieron vía libre a la constructora para edificar la urbanización. Si bien es cierto, la sola licencia y el solo permiso no son causantes directos del daño, si concurrieron a la producción del mismo"

"Llama la atención la forma tan ligera y superficial como se despacho el aspecto técnico relativo a las viviendas de esta urbanización, haciendo caso omiso de la existencia de múltiples informes que evidenciaban las fallas que presentaban los terrenos sobre los que fue construida, haciéndola inviable para la promoción entre sus afiliados a la Caja de Vivienda Militar, por la omisión entre otros, del Departamento Administrativo de Planeación Distrital", agrega que: "Resulta sorprendente que el informe técnico no se haya referido para nada a los antecedentes sobre los estudios de suelos respecto a los terrenos donde se construyo la Urbanización San Luis, existentes desde años atrás".

Se modificó la sentencia apelada con relación a que no se efectuarían reparaciones a las viviendas afectadas y que presenten deterioro, ni respecto a los correctivos de drenaje y contención, ya que de acuerdo a los estudios realizados por los peritos y la firma Geoingeniería Ltda, la adecuación del terreno es utópica, el daño continuado en el tiempo y cualquier obra de corrección resultaría inútil.

Se incluyeron para la indemnización a los 104 demandantes revocando el numeral 4° y 5° de la sentencia apelada. Se confirmó la condenan solidaria del pago de la indemnización al Distrito Capital y la Sociedad Transporte de Materiales y Equipos y Construcciones. Transequipos LTDA.

En abril 11 del 2002, el Tribunal resuelve el incidente de liquidación de condena porque el distrito consideró que la sentencia del Consejo de Estado condenó a una indemnización colectiva pero sin señalar la suma ponderada de las indemnizaciones individuales. Resolviendo el Tribunal abstenerse de iniciar el mismo, por considerar que estaba clara la sentencia.

En junio 13 del 2002, el tribunal resuelve el incidente de liquidación para que las demandadas procedan a cancelar las sumas concretas que resulten de aplicar los fallos de primera y segunda instancia, presentado por el apoderado de los integrantes del grupo. Resolviendo el Tribunal abstenerse de iniciar el mismo, por considerar que estaba clara la sentencia.

En auto de junio 27 del 2002 se decide la petición de adicionar a veinte(20) personas con derecho a ser cobijados por los efectos de la acción de grupo, anotando que los solicitantes presentaron su petición oportunamente, esto es dentro de los 20 días siguientes a la publicación del extracto de la sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley 472 de 1998.

- DECRETO NACIONAL 78 DE 1987, por medio del cual se asignan funciones a las entidades territoriales beneficiarías de la cesión de Impuesto al Valor agregado { I.V.A)

Art. 1 "Asignar al Distrito Especial de Bogotá y a todos los municipios del país beneficiarios de la cesión del impuesto de Valor Agregado de que trata la ley 12 de 1986 la funciones de intervención que actualmente ejerce el Ministerio de Hacienda y Crédito público a través de la superintendencia Bancaria, relacionada con el otorgamiento de permisos para el desarrollo de los planes y programas de vivienda realizados por el sistema de autoconstrucción y de las actividades de enajenación de las soluciones de vivienda resultantes de los mismos, en los términos de la Ley 66 de 1968, el Decreto Ley 2610 de 1979 y sus disposiciones reglamentarias".

Art. 2 Por virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, el Distrito Especial de Bogotá y los municipios ejercerán las siguientes funciones: "2. Otorgar los permisos correspondientes para anunciar y/o desarrollar las actividades de enajenación de inmuebles a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 66 de 1968, previo el lleno de los siguientes requisitos: ....e. Que se haya obtenido de la autoridad respectiva licencia o celebrado contrato para la ejecución de las obras de urbanismo o para la construcción de las viviendas, de conformidad con las disposiciones metropolitanas, distritales o municipales de las localidades donde estén ubicados los inmuebles y otorgados las garantías que establezcan tales disposiciones. Igualmente deberá anexar la constancia de un Ingeniero civil o Arquitecto cuyo título se halle legalmente reconocido, en la cual se acredite que la obra se ciñe a las licencias aprobadas y que han sido adelantadas de conformidad con un criterio técnico.....f. Que las autoridades distritales y municipales, según se trate, hallen verificado la aprobación y vigencia de los planos, licencia de urbanismo o construcción reglamento de propiedad horizontal, cuando fuere el caso, y avance de la obra en el porcentaje que se estime conveniente. 2.10 "Visitar las obras con el fin de controlar su avance, y las especificaciones observando que se ciñan a las aprobadas por las autoridades distritales o municipales y a las ofrecidas en venta y al presupuesto, verificando si los costos declarados por el interesado corresponden al tipo de obras que se adelantan.

Por medio del cual se dictaron normas para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Dirección de Urbanización y Vivienda de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D.C., por el decreto Distrital 1330 de agosto 31 de 1987, a las cuales se refiere el Decreto Ley 78 de enero 15 de 1987. ..art 2 "de los trámites y actuaciones que corresponde a la Dirección de Urbanización Vivienda a los cuales se refiere este Decreto conocerá la Oficina Jurídica de La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D.C., por conducto del área de Urbanización y Vivienda y de los funcionarios que delante se mencionan, en los términos y con las facultades que aquí se preveen". Art. 6 PERMISOS. Los permisos para anunciar y desarrollar actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda y los permisos relacionados con el desarrollo de planes y programas de vivienda realizados por el sistema de autoconstrucción y de las actividades de enajenación de las unidades de vivienda resultantes de los mismos; se otorgarán dentro de los treinta (30) días siguientes a su solicitud. Si en este plazo la Administración Distrital no ha negado la aprobación ni suspendido el término por observaciones al proyecto, éste se considerará aprobado para los fines consiguientes ( subrayado fuera de texto)

CAPITULO IV DEL PERMISO Y LA RADICACIÓN PARA ANUNCIAR Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE ENAJENACIÓN DE UNIDADES DESTINADAS A VIVIENDA Art. 11.-Requisitos. Para obtener los permisos a que se refieren las Leyes 66 de 1968 y los Decretos Leyes 2610 de 1979 y 78 de 1987, el interesado deberá presentar solicitud en formato oficial suministrado por la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá , D.C., que se diligenciará de acuerdo con las instrucciones allí contenidas, al cual anexarán los documentos que se relacionan en el art. 21 literales a) al g) del decreto Ley 78 de 1987 y demás normas que lo adicionen y complementen y se suscribirá por la persona autorizada para tal fin, con su firma reconocida ante notario"

Parágrafo.- Previamente a la expedición del permiso de venta de unidades de vivienda de interés social, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D.C., podrá realizar a través de los funcionarios aquí designados, visitas a obras con el fin de controlar su avance y sus especificaciones, observando que se ciñan a las aprobadas por las autoridades distritales y a las ofrecidas en venta; y al presupuesto, verificando si los costos declarados por el interesado corresponden al tipo de obras que se adelanten, (subrayado fuera de texto)

El art. 66 de la Ley 9 de 1989 literal a), consagra la posibilidad que tienen los Alcaldes de imponer multas sucesivas o de emitir la orden policiva de suspensión o sellamiento de la obra, a los constructores que urbanicen sin licencia, requiriéndola para el efecto, o teniéndola en contravención de lo allí dispuesto.

El literal c) consagra la demolición total o parcial del inmueble construido sin licencia y en contravención de las normas urbanísticas.

- DECRETO NACIONAL 958 DE 1992. (10 de junio).

"Por el cual se dictan normas para el trámite y expedición de Licencias de Urbanización, Parcelación y Construcción.

- DECRETO 566 DE 1992 (Septiembre 17) Derogado por el art. 63, Decreto Distrital 600 de 1993

Por el cual se reglamenta el procedimiento para la obtención de licencias de urbanización, parcelación, construcción y desarrollo integral en el área urbana y suburbana de Santa fe de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones (Con fundamento en esta normativa se concedió la licencia de construcción condicionada el 11 de mayo de 1993 y se radicó posiblemente el proyecto el 9 de julio de 1993, no figura constancia de pago de impuestos).

Por el cual se reglamenta la expedición de licencias y permisos de urbanización y construcción y se dictan otras disposiciones

LICENCIA DE URBANIZACIÓN. Es el acto por el cual la Administración Distrital autoriza la adecuación de terrenos, ejecución de obras de urbanismo e infraestructura de servicios, dotación, adaptación y equipamento de espacios públicos y privados, parcelación o loteo de terrenos y en general la organización de dichos terrenos, con arreglo a las reglamentaciones urbanísticas, para su ulterior edificación y utilización de las edificaciones con destino a usos urbanos.

CERTIFICADO DE DELINEACIÓN URBANA. Es la información que, a solicitud del propietario, suministra la Administración Distrital sobre las normas urbanísticas y/o arquitectónicas y las especificaciones técnicas que al momento de su expedición afectan a un determinado predio urbanizado o en proceso de urbanización.

PROYECTO DE DELINEACIÓN URBANA. Es el documento que el interesado somete a consideración del Departamento Administrativo de Planeación Distrital para que éste, si lo encuentra válido, lo adopte como certificado de delineación urbana.

Artículo 20°.- Certificación preliminar de condiciones de estabilidad de terrenos. El interesado solicitará a la División de Estudios de la S.O.P. la certificación preliminar de estabilidad de terrenos. Si hubiere objeciones a la urbanización, se hará constar en el certificado, junto con la indicación de los estudios que fueren necesarios para obtener la licencia.

La solicitud será resuelta en un plazo máximo de diez (10) días hábiles

DECRETO DISTRITAL 750 DE 1991. (Noviembre 01).

De manera que Inicialmente se demandó a la Caja de Vivienda Militar, pero Mediante auto de enero 28 del año 2000 EL Tribunal vinculó al D.C., - Planeación Distrital y a la firma Transequipos LTDA, como posibles responsables de los perjuicios demandados. Se notificó el D.C. y al otro vinculado se le nombró curador luego de su emplazamiento.

La litis entonces se centro en la determinación de la responsabilidad que le correspondía a los vinculados en razón de los daños de algunos de los bienes raíces y la perdida de las viviendas de otros por ruina absoluta de las mismas, debido a la inestabilidad de los terrenos donde fueron construidas las viviendas.

La administración no vigiló debidamente a la constructora cuando empezó a edificar y no verificó de manera eficaz las condiciones técnicas y jurídicas para la urbanización. De donde se infirió que la administración obró en forma negligente e imprudente con relación a las actuaciones anteriores y posteriores a la construcción.

De igual manera se evidenció que la Constructora no contaba con Licencia de Construcción otorgada por Planeación Distrital, y que el documento que presento ésta a las autoridades Administrativas Distritales para obtener permiso para enajenar y responder a los requerimientos de la Alcaldía Local aunque aparentemente parecía una "Licencia condicionada", por el cambio de normatividad en relación con los requisitos para obtener la mencionada licencia no alcanzaba a ser más que un proyecto de delineación urbana.

"los daños ocasionados a las viviendas tienen su origen en la ausencia de estudio técnico serio, responsable y adecuado en materia de suelos y cimentaciones, que diera lugar a la expedición o negación de la licencia para construir y luego otorgar el permiso para ofrecer y enajenar viviendas de interés social a terceros"

"Para la Sala es innegable la responsabilidad que se le endilga a la autoridad publica vinculada como demandada DISTRITO CAPITAL- ALCALDÍA MAYOR DE SANTAFE DE BOGOTÁ, por los hechos ocurridos y los daños causados a los propietarios de los inmuebles aquí demandantes, no por la simple circunstancia de haber expedido el permiso a la constructora a través de la Resolución 00153 de 16 de junio de 1994, ampliada y ratificada por la Resolución especial Nro. 291 del mismo año, sino por el hecho negligente e irresponsable, de que a sabiendas de que la zona a donde se iban a construir las casas de la Urbanización San Luis, era de alto riesgo y no apta para construir, y menos aún para ofrecer y enajenar viviendas, debido a los antiguos y constantes movimientos de tierra provenientes de las fallas geológicas presentadas en los barrios colindantes MONTEBELLO Y GRANADAS, que se desplazaban hacia el costado oriental de la Urbanización San Luis, concedió el citado permiso TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES LTDA, con los resultados nefastos e irreversibles que esa equivocada determinación administrativa produjo a los ciudadanos demandantes que de buena fe adquirieron los inmuebles, y que están, unos exponiendo su patrimonio, debido a los daños que ofrecen esos bienes raíces; y otros, quienes ya perdieron sus viviendas por ruina absoluta de las mismas"

Anoto adicionalmente que las autoridades administrativas "con su actuar omisivo y negligente pusieron en completo riesgo la vida misma de los ciudadanos que incautamente compraron viviendas en un sitio no apto para dichos fines"

Señaló que los perjuicios de orden material causados a los actores, se derivan de la conducta "activa y omisiva irresponsable del DISTRITO CAPITAL..."

Declaro solidariamente responsables a la demandada (Caja de Vivienda Militar) y los vinculados por el Tribunal (Distrito Capital y La Constructora) , ordenando que en el término de seis(6) meses contados a partir de la ejecutoria de la providencia, efectúen las reparaciones necesarias a todas y cada una de las viviendas afectadas y que presenten deterioro.

Es importante señalar que el Tribunal entendió que las autoridades de Planeación Distrital que otorgaron la licencia para construir fueron las mismas que dieron el permiso para enajenar, por ello se pregunta como es que sin haber concedido licencia para construir, toda vez que la otorgada estaba condicionada y había sido retirada. Y así ocurrió, "¿cómo es posible, que con posterioridad se le otorgue permiso para enajenar?"

2.- El Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Consejera Ponente OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO, el 14 de febrero del 2002, luego de analizar los antecedentes del caso en relación al terreno donde se realizaron las obras y las actuaciones administrativas, acogió lo decidido en el fallo proferido en la Acción AG99-001 que tramitó el Tribunal de Cundinamarca y que fue confirmado por la Sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de estado , en sentencia del 25 de octubre de 2001, C.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda, en la cual se adujo:

"De acuerdo a lo anterior no resulta acertado como lo afirma la administración Distrital en el recurso de apelación, como quiera que la falla geológica se sabía desde 1989 (al menos así se concluye de los estudios referenciados) y el Tribunal para tomar su decisión no sólo lo hizo con base en estudios realizados desde 1997" ......"La administración no vigilo a la constructora cuando empezó a edificar y no verificó las condiciones técnicas para su urbanización .no vigiló el cumplimiento de las normas. ....De donde se infiere que la

administración obro en forma negligente e imprudente con relación a las actuaciones anteriores y posteriores a la construcción."

"De acuerdo con todo lo anterior, se desprende la responsabilidad de la administración en el daño, como quiera que la expedición de la licencia y el permiso, dieron vía libre a la constructora para edificar la urbanización. Si bien es cierto, la sola licencia y el solo permiso no son causantes directos del daño, si concurrieron a la producción del mismo"

"Llama la atención la forma tan ligera y superficial como se despacho el aspecto técnico relativo a las viviendas de esta urbanización, haciendo caso omiso de la existencia de múltiples informes que evidenciaban las fallas que presentaban los terrenos sobre los que fue construida, haciéndola inviable para la promoción entre sus afiliados a la Caja de Vivienda Militar, por la omisión entre otros, del Departamento Administrativo de Planeación Distrital", agrega que: "Resulta sorprendente que el informe técnico no se haya referido para nada a los antecedentes sobre los estudios de suelos respecto a los terrenos donde se construyo la Urbanización San Luis, existentes desde años atrás".

Del fallo citado por el Consejo de Estado anotó "A más de lo anterior, la Alcaldía Menor de San Cristóbal Sur, omitió cumplir con la exigencia de solicitar a la Constructora la Licencia de Construcción, que de haber obrado como la Ley lo exige, muy seguramente la obra hubiera quedado suspendida por falta de este esencial requisito. Finalmente la autoridad administrativa, omitió vigilar la construcción como tal de la urbanización, en un terreno que presentaba condiciones muy especiales de riesgo"

Agregó más adelante

"De acuerdo a los estudios realizados por los peritos y la firma Geoingeniería Ltda, y que en su parte pertinente se transcribieron en esta providencia, la adecuación del terreno es utópica, ya que el daño es continuado en el tiempo y cualquier obra de corrección que se acometa es inútil, porque como bien lo expresaron los citados estudios, en el futuro va a colapsar el ciento por ciento de la urbanización"

Anotó que "al analizar el dictamen pericial, teniendo en cuenta que los estudios técnicos demuestran que las grietas que presentan las viviendas son progresivas y que lo recomendable es la demolición total ante el inminente riesgo que comporta la Urbanización, se hace evidente que no resulta razonable ordenar la reparación de las viviendas sino que lo procedente es la terminación de los contratos hipotecarios vigentes con las entidades financieras, por carencia de objeto aspecto que ha de ser tenida en cuenta para que cese toda obligación futura respecto de los demandantes y el reconocimiento a título de indemnización a cada uno de los cuatro demandantes a que se refiere esta sentencia, del valor que se canceló como cuota inicial del inmueble y de los valores que haya cancelado como abono a capital o interés respecto del crédito hipotecario"

Modifico la sentencia apelada en lo siguiente:

Se revocó el numeral segundo de la sentencia apelada para en su lugar, declarar que en relación con los 27 demandantes de la Acción de Grupo AG 99-001 de; Tribunal de Cundinamarca existe cosa juzgada.

Se revocó el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada y, en su lugar se dijo que se atuviera a lo dispuesto en la sentencia sobre la indemnización que se ordenó a cada uno de los cuatro demandantes a que se refiere el fallo.

Se condenó solidariamente al pago de la indemnización asi: Distrito Capital 40%, Caja Promotora de Vivienda Militar 20%, Sociedad Transporte de Materiales y Equipos y Construcciones. Transequipos LTDA 40%.

El Distrito sabía que la zona donde se iban a construir las casas de la Urbanización San Luis, era de alto riesgo y no apta para construir, y menos aún para ofrecer y enajenar viviendas, debido a los antiguos y constantes movimientos de tierra provenientes de las fallas geológicas presentadas en los barrios colindantes MONTEBELLO Y GRANADAS, ya que la falla geológica se sabía desde 1989 de acuerdo a los estudios que sé referenciaron en el proceso y el realizado en 1997, de modo que hubo omisión por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital al otorgar licencia para construir

Hubo ausencia de estudio técnico serio, responsable y adecuado en materia de suelos y cimentaciones, para el otorgamiento de la licencia para construir y enajenar viviendas, por parte de la autoridad encargada.

Teniendo en cuenta estudios realizados por peritaje dentro del proceso, la adecuación del terreno es utópica, ya que el daño es continuado en el tiempo y cualquier obra de corrección que se acometa es inútil, ya que en el futuro va a colapsar el ciento por ciento de la urbanización.

De donde se derivo que las autoridades administrativas actuaron de manera omisiva y negligente colocando en riesgo la vida de los ciudadanos que compraron viviendas en un sitio no apto y los perjuicios de orden material causados a los actores, se derivaron de la conducta "activa y omisiva irresponsable del DISTRITO CAPITAL.

Aunque se le da importancia, al permiso para enajenar, esta en menor grado respecto al otorgamiento de la Licencia de Construcción por parte Planeación. No obstante se resalta que el Tribunal se pregunta como es que sin haber concedido licencia para construir, toda vez que la otorgada estaba condicionada y había sido retirada, "¿cómo es posible, que con posterioridad se le otorgue permiso para enajenar?

Se consideró que la administración no vigiló a la constructora cuando empezó a edificar y no verificó las condiciones técnicas para la Urbanización.

No vigiló el cumplimiento de las normas.

De donde se infiere que la administración obró en forma negligente e imprudente con relación a las actuaciones anteriores y posteriores a la construcción.

La Alcaldía Menor de San Cristóbal Sur, omitió cumplir con la exigencia de solicitar a la Constructora la Licencia de Construcción y la vigilancia de la construcción como tal en un terreno que presentaba condiciones muy especiales de riesgo.

Funciones a cargo de los funcionarios involucrados y que tengan incidencia frente a los anteriores hechos, indicando las normas donde se encuentran.

1.- Planeación Distrital informó que dentro de las funciones del Departamento no existe la de control y seguimiento de las normas en relación con la licencia de construcción, anotando que este corresponde por completo a las Alcaldías Locales, sin embargo se observan las siguientes funciones específicas en el manual de funciones 451de 1993.

Los Funcionarios encargados en la época en que se otorgó la Licencia de Construcción fueron los siguientes:

Jefe de División- zona sur, Del Departamento de Planeación Distrital. MARÍA CONSTANZA GÓMEZ - Funciones específicas

"Evaluar la aplicación de las normas urbanísticas y formular las recomendaciones que sean del caso"

"Dar asesoría técnica a las Alcaldías zonales, entidades Distritales y público que lo necesite"

Jefe de la UNIDAD DE DESARROLLO URBANÍSTICO- Del Departamento de Planeación Distrital.

- "Dirigir, controlar, y realizar el seguimiento y evaluación de la aplicación de las normas urbanísticas"

- "Dirigir y coordinar la realización de las diferentes visitas a terreno a fin de que se estudie y analice los distintos proyectos de construcción.

"Visitar terrenos para verificar medidas, empates, y demás aspectos técnicos relacionados con la profesión y dejar constancia de lo observado en el mismo"

De conformidad con el Decreto 837 de 26 de mayo de 1992, que ordenó actualizar el manual de funciones de la Secretaria General, las funciones que les correspondían a los funcionarios de esta división eran:

- Director de la División de Urbanización y Vivienda en el Distrito Especial de Bogotá MARÍA TERESA GÓMEZ GUERRERO y ELÍSEO WILCHES (E).

"10. Proyectar y dar visto bueno a las resoluciones por medio de las cuales se otorgan los permisos de enajenación de inmuebles de interés social...."

- Funcionario asesor que firmo el permiso de enajenación.- ERNESTO CADENA ROJAS (Profesional especializado grado 19 Abogado)

"1.- Recibir, revisar y estudiar los documentos presentados para la radicación de los permisos de enajenación (art. 57 Ley 9 de 1989); los de obtención de permisos de enajenación de vivienda de interés social..."

"3 Elaborar los proyectos de resolución para la obtención de los permisos correspondientes (Decreto 540 de 1991)"

"7.-Asesorar al Jefe de la División de Urbanización y Vivienda en asuntos relacionados con las actividades de la división"

GUEVARA CORTES FERNANDO Profesional especializado grado 19- Arquitecto

"1 Recibir, revisar y estudiar los documentos presentados para la radicación de los permisos de enajenación (art. 57 Ley 9 de 1989); los de obtención de permisos de enajenación de vivienda de interés social..."

"3 Elaborar los proyectos de resolución para la obtención de los permisos correspondientes (Decreto 540 de 1991)"

"7.-Asesorar al Jefe de la División de Urbanización y Vivienda en asuntos relacionados con las actividades de la división"

Alcalde Local de San Cristóbal JOSÉ JAVIER MERCHAN H.(1993)

El Estatuto Orgánico de Santafé de Bogotá. D.C., y en la Ley de Reforma Urbana se contemplan la vigilancia que le corresponde a esta autoridad administrativa, entre las cuales tenemos:

El art. 66 de la Ley 9 de 1989 literal a), consagra la posibilidad que tienen los Alcaldes de imponer multas sucesivas o de emitir la orden policiva de suspensión o sellamiento de la obra, a los constructores que urbanicen sin licencia, requiriéndola para el efecto, o teniéndola en contravención de lo allí dispuesto, (subrayado fuera de texto) y que el Decreto 1421 de 1993 Estatuto Orgánico de Santafé de Bogotá , art. 86 numerales 6 y 11 que señala como atribuciones de los Alcaldes Locales el vigilar el cumplimiento de las normas de desarrollo Urbano y uso del suelo, así como también el vigilar la construcción de obras.

De la documental revisada en la Secretaría de Gobierno.- Respecto a la Localidad de San Cristóbal, no se pudo constatar que efectivamente existiera un cargo denominado "Inspector de policía de Urbanismo y Obras" , como si se ubico en otras localidades de conformidad con el contenido de la resolución 870 de 4 de noviembre de 1993.

El primer proyecto General de Urbanización fue aprobado por el DAPD, el 10 de agosto de 1982 mediante Resolución Nro. 91 a las Sociedades MONTOYA GONZÁLEZ, asesores de Ingeniería Ltda., Aristizabal Salazar e hijas Ltda., Construcciones Ariza Ltda, y Javier Montoya Franco. En dicho proyecto se aprueba el plano Nro. 41/4-13 sobre el cual se definen las condiciones urbanísticas (áreas urbanizables, los usos comerciales, las alturas aislamientos y áreas de cesión correspondientes), otorgando una validez de dos (2) años a dicho plano así como al proyecto general y concede licencia para la construcción de obras de urbanismo y saneamiento por el mismo termino. Dentro del marco de la legislación vigente, se da un plazo máximo de sesenta (60) días después de iniciadas estas obras para realizar entrega de zonas de cesión a la Procuraduría de Bienes del Distrito, suscribiendo la escritura de cesión al Distrito de estas áreas a más tardar 60 días antes del vencimiento de la licencia. Dicha licencia se podría prorrogar en un periodo máximo no superior al inicialmente otorgado

2 La Constructora CONGO LTDA, propietaria del predio y del proyecto, dos años después solicita la primera modificación al proyecto general de urbanización que es aprobada por 1 DAPD., el 2 de noviembre de 1984 a través de la Resolución Nro. 677., en las modificaciones se menciona que "las condiciones topográficas del predio hicieron necesaria por razones técnicas la modificación de la zona de comercio", se establece una nueva vigencia de dos (2) años para la ejecución de las obras de urbanismo y saneamiento y se exige al constructor que para la construcción de estas obras se solicite prorroga ante el DAPD., de la respectiva licencia. (No aparece constancia de la solicitud de prorroga ni de su aprobación).

3 En 1992 mediante Resolución 760 del 12 de noviembre a petición de la constructora el DAPD, expide una nueva modificación al proyecto aprobado en la Resolución 91 y modificado en la Resolución 677. Esta nueva modificación se hace al amparo de lo contenido en el Acuerdo 6 de 1990. Las obras del proyecto de la Urbanización San Luis se supone comenzaron luego de la ejecutoria de esta ultima modificación.

De lo que se puede destacar:

a. Se incumplieron los términos iniciales y los de las prorrogas establecidas para la vigencia de la licencia de urbanismo del proyecto de la Urbanización San Luis - 20 de Julio

b. No se hizo entrega de las zonas publicas a la Procuraduría de Bienes del Distrito

c. la Resolución 760 de 1992 no aclaro los aspectos anteriores a la nueva legislación que estaban pendientes por cumplir.

a) La naturaleza intrínseca del Decreto 566/92 que reglamentaba el procedimiento para el trámite y aprobación de licencias, norma que se aplicó para la expedición de la Licencia de construcción para la Urbanización San Luis, señalaba que la sola expedición de una licencia de construcción no autorizaba la construcción de la obra, para ello era necesario cumplir con una serie de requisitos previos como el pago de impuestos y la radicación del proyecto de construcción respectivo.

b) Se dio validez a las normas específicas y generales consignadas en el Decreto 1131 del 86 y las Resoluciones 760/92 y 677/84, donde se contemplaba no otorgar licencia de construcción hasta tanto no se hiciera entrega de las zonas públicas de la Urbanización, (el recibo de las zonas de cesión de uso público se hizo cinco (5) años después de la última Resolución modificatoría, de la Licencia de Urbanismo, corno consta en el Acta de recibo Nro. 41 de 05 de noviembre de 1997 de la Procuraduría de Bienes del Distrito)

El 25 de octubre de 1993 la Constructora Transequipos Ltda. Desiste del trámite de solicitud de licencia que fue radicado el 11 de agosto de 1993 bajo el número 9314952.

Esto con el objeto de poderse acoger al trámite establecido en el Decreto 600 de 1993 y que deroga y reemplaza el Decreto 566 de 1992, por el cual fueron expedidas las licencias 1285 y 745 de 1993, por tal motivo se le hizo entrega de planos, memorias de calculo estructural y estudio de suelos correspondiente.

Este desistimiento significaba que la Licencia 1285/93 una vez la constructora desiste de agotar su trámite se convierte en un documento más de los requeridos para la solicitud de una nueva licencia a la luz del decreto 600 de 1993 (este documento adquiría el carácter únicamente de Delineación Urbana). La solicitud de Licencia de acuerdo a la nueva normativa no se realizo posteriormente por parte de la Constructora, y en este sentido, la constructora carecía del requisito de Licencia de Construcción.

No obstante carecer de este requisito la Constructora presentó la Licencia de Construcción 1285 de 1993 que estaba condicionada de acuerdo a lo anotado en el numeral 6 de este escrito, siete(7) meses después de haber desistido de la misma y cuando esta solo tenía el carácter de delineación urbana a la luz del Decreto 600 de 1993, ante la Alcaldía Mayor -División de Vivienda para que se le otorgara el permiso para anunciar y desarrollar la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, del proyecto denominado "Urbanización San Luis" Barrio 20 de Julio.

La División de Urbanización y Vivienda de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá otorgó permiso como aparece en la Resolución 00153 de 16 de junio de 1994 y la Resolución No. 00291 de 27 de octubre de 1994, para anunciar y desarrollar la actividad de enajenación de viviendas de interés social a la Sociedad TRANSPORTE DE MATERIALES EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA TRANSEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA.

No hay prueba que el DAPD y la División de Urbanización y Vivienda de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor establecieran comunicación sobre la circunstancia referente a que se había desistido del trámite de la correspondiente Licencia por parte de la Constructora, lo que permitió que se tratara de manera aislada el asunto, esto es sin la debida coordinación interinstiticional.

Al no haber informado a las entidades Distritales como; la División de Urbanización y Vivienda en el Distrito Especial de Bogotá, hoy Subsecretaría de Control de Vivienda y la Alcaldía Local de San Cristóbal, lo correspondiente para el control y seguimiento de las Licencias otorgadas, máxime cuando la misma se otorgó condicionada.

El no haber informado a las otras autoridades Distritales encargadas del tema Urbanístico en Bogotá D.C., las implicaciones del cambio de normativa, esto es, el contenido del Decreto 600 de 1993 que derogo y reemplazo el Decreto 566 de 1992, norma está última por la cual se expidieron las licencias 1285 y 745 de 1993.

Por no informar sobre la vigencia de las Licencias y cumplimiento de los requisitos para el trámite de las mismas a las autoridades encargadas del otorgamiento de permisos para enajenar y la vigilancia, para que efectúen un adecuado seguimiento a la actividad Urbanística en el Distrito Capital.

La debilidad al iniciar la acción de repetición contra los funcionarios de Planeación Distrital, que otorgaron la Licencia de Construcción estaría por una parte en que la Licencia de Construcción se señaló como recomendación "hacer una exploración adecuada del subsuelo, debido a la heterogeneidad de los depósitos" y que la licencia no autoriza la iniciación de obras, sino una vez se hubiera radicado el proyecto respectivo, y se hubieren pagado los impuestos a que hubiere lugar.

Por otra parte que la Sociedad Constructora como solicitante de la licencia desistió de la misma, de manera que aparentemente no se haría seguimiento por parte de Planeación Distrital respecto a una licencia de Construcción desistida por el peticionario.

No está claro dentro del Manual de Funciones que existía la obligación por parte de Planeación Distrital de informar otras autoridades Distritales encargadas del tema Urbanístico en Bogotá D.C., las implicaciones del cambio de normativa, ni la vigencia de las Licencias y cumplimiento de los requisitos para el trámite de las mismas.

No observa esta profesional del derecho que por parte de la División de Control de Vivienda de la Secretaría General, aparezca prueba de Culpa grave o Dolo, en el entendido que al parecer la mencionada División desconocía que la entidad Constructora peticionaria no contaba con Licencia para construir, porque había desistido del trámite de la misma.

La División de Control de Vivienda, contaba para la fecha del otorgamiento del permiso, con un formato que contenía los documentos que debían ser presentados por el peticionario, la documental que se revisaba tenía que ver con el aporte de los documentos enumerados en el formato. La Constructora de manera fraudulenta hizo creer a la entidad que contaba con la respectiva Licencia de Construcción y que había radicado el Proyecto respectivo, además certificó que estaba cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas en la Licencia, cuando la Constructora lo que había hecho era desistir del trámite de la licencia de construcción ante Planeación Distrital.

Podría pensarse en una Culpa leve por parte de los funcionarios encargados de revisar la documental la no corroborar la vigencia de la Licencia de Construcción otorgada por Planeación Distrital, ya que al parecer era Planeación la que debía informar a la División cualquier novedad respecto a las Licencias de construcción que hubieran sido otorgadas, de conformidad con lo señalado en el Decreto Distrital 540 De Agosto 29 De 1991, que señaló; Art. 6 PERMISOS. Los permisos para anunciar y desarrollar actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda y los permisos relacionados con el desarrollo de planes y programas de vivienda realizados por el sistema de autoconstrucción y de las actividades de enajenación de las unidades de vivienda resultantes de los mismos; se otorgarán dentro de los treinta (30) días siguientes a su solicitud. Si en este plazo la Administración Distrital no ha negado la aprobación ni suspendido el término por observaciones al provecto, éste se considerará aprobado para los fines consiguientes (subrayado fuera de texto)

Alcalde Local de San Cristóbal JOSÉ JAVIER MERCHAN H.(1993) y la Asesora Jurídica Sandra Janeth Anzola Velandia

Para considerar la existencia de dolo o culpa grave en los mencionados funcionarios respecto a su labor de vigilancia, es necesario mirar sí para la fecha en que se comenzaron a construir y enajenar las mismas tuvo alguna intervención la Alcaldía Local.

Se observo en relación con la zona de riesgo de la Localidad de San Cristóbal el JUZGADO 54 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ, decidió una tutela interpuesta por habitantes de la Urbanización Montebello, el 14 de octubre de 1993, en la cual ordenó entre otras cosas que la EAAB, y la SOP, realizaran un plan conjunto y coordinado para realizar obras tendientes a la estabilización del suelo en la zona considerada inestable de la mencionada Urbanización, atendiendo a las condiciones del estudio geológico y Geotécnico de abril de 1988 de la SOP. Igualmente, que se tramitará una asignación presupuestal para la realización de obras, así mismo se ordenó la reubicación de familias afectadas.

En la Localidad de San Cristóbal funcionaba un Comité Local de emergencias que solicitó información a la SOP, División de Estudios, respecto a brindar un concepto Geotécnico de las viviendas afectadas en el barrio Montebello. Comunicación que fue elaborada en octubre 25 de 1993, en la cual se menciona entre otros aspectos; que el terreno era inestable debido a las exploraciones de arcilla, sin mayor técnica en lo que respecta al desarrollo de los frentes de extracción, exploraciones que dejaron la masa en condiciones precarias de equilibrio, lo que se vio agravado por los asentamientos humanos en la parte alta de las zonas de explotación y en particular por los aportes de agua hacía la masa inestable y que los predios donde se ordenaron por parte del juzgado efectuar los trabajos eran particulares y que en ese sentido era necesario que el Juzgado declarara de utilidad pública la zona para poder realizarlos, y una vez suceda esa declaratoria la SOP, procedería a ello.

De lo mencionado se deduce que la Alcaldía Local de la época conocía la situación específica del terreno, sin embargo la Constructora mostró a esta autoridad en su momento que contaba con "Licencia de Construcción otorgada por Planeación Distrital, al igual que Permiso de Enajenación dado por la División de Control de Vivienda de la Secretaría General.

En este orden de ideas no aparece claramente configurada la responsabilidad a título de dolo o culpa grave en los funcionarios públicos responsables de otorgar la Licencia de construcción por parte del DAPD o el Permiso para enajenar, así como tampoco respecto al control y vigilancia necesarias para el seguimiento de las obras.

Se observa claramente que no hubo coordinación interinstiticional entre las diferentes entidades encargadas de desarrollar el control y seguimiento de la actividad urbanística desde el momento en que se otorgo licencia de urbanización en el año 1982 a 1997, cuando saltaron a la vista las consecuencias de esta falta de seguimiento y control, y las situaciones que generaron las Acciones de grupo y la consiguiente indemnización por parte del Distrito.

Estas entidades fueron entre otras; Secretaría de Obras, Planeación Distrital, la Dirección de Urbanismo y Control de Vivienda, la Alcaldía Local de San Cristóbal.

La Jurisdicción Contencioso Administrativa no señaló en concreto funcionarios responsables, pero sí puntualizó que la administración es responsable por el daño al haber expedido la licencia y el permiso, dieron vía libre a la constructora para edificar la urbanización, además anotó que el aspecto técnico fue despachado por Planeación Distrital de forma ligera y superficial haciendo caso omiso de la existencia de múltiples informes que evidenciaban las fallas que presentaban los terrenos sobre los que fue construida la Urbanización, ya que el informe técnico no se refirió para nada a los antecedentes sobre los estudios de suelos respecto a los terrenos donde se construyo la Urbanización San Luis, existentes desde años atrás.

Es de resaltar que la responsabilidad patrimonial de la administración Publica es hija del intervencionismo del Estado, de manera que el criterio de imputación de la responsabilidad patrimonial tiene su fundamento no en la culpa civilista sino en el daño antijurídico padecido por los peticionarios.

La existencia de una conducta dolosa o culposa por parte del funcionario público es neutra para efectos del nacimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado, puesto que esta es directa, es decir, se le imputa al Estado no por el hecho de otro (culpa in iligendo e in vigilando), sino por el hecho propio.

De conformidad con la Ley 678 del 2001 art. 5 y 6, que contemplan las presunciones que] configuran el dolo y la culpa grave se observa que no existió dolo por parte de lo: funcionarios públicos que intervinieron en el otorgamiento de la Licencia de Construcción permiso para enajenar y los encargados de la vigilancia administrativa; por cuanto no se] evidenció la intención de producir un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado.

Respecto a la responsabilidad por culpa grave, ha señalado la norma que "la conducta del agente es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones".

Recordemos que la culpabilidad es un juicio de exigibilidad en virtud del cual se le imputa al agente la realización de una conducta u omisión, dadas las condiciones de orden personal y social imperantes en el medio donde actuaba, si se encontraba en posibilidad de dirigir su comportamiento acorde con los requerimientos del orden jurídico y no lo hizo, habiendo podido llevarlo a cabo; de modo que la culpa es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo.

Respecto a la omisión ha entendido la doctrina; consiste en realizar una conducta prohibida por medio de la inactividad, o no hacer las cosas dentro de las oportunidades y condiciones previstas por la Ley o el reglamento, o abstenerse de cumplir una función a la que se está obligado; las omisiones que se sucedieron a lo largo de las diversas actuaciones administrativas se muestran aparentemente justificadas, sin que la administración a mi modo de ver pueda señalar fehacientemente que las omisiones fueron injustificadas.

Considero por lo anterior que hay una cadena de hechos equívocos por falta de coordinación interinstiticional entre las diferentes entidades, bajo el presupuesto que no le correspondía a Planeación Distrital informar a las entidades encargadas del otorgamiento del permiso para enajenar y de la vigilancia de la actividad urbanística acerca de las licencias otorgadas y las que se hubieren desistido, y que tanto la División de vivienda como la Alcaldía Local no sabían que realmente la Constructora no contaba con Licencia para construir, obrando estas de buena fe, al creer en los documentos mostrados por la Constructora.

Lo contrario, es decir el hecho probado que los funcionarios de la División de Vivienda y/o la Alcaldía Local conocieran fehacientemente que la Constructora no contaba con Licencia de construcción más que culpa grave constituiría dolo.

Dadas los presupuestos antes señalados, no recomiendo al Comité iniciar acción de repetición contra los funcionarios de Planeación Distrital que suscribieron la Licencia de Construcción 1285 de 11 de mayo del 2003; Jefe de la UNIDAD DE DESARROLLO URBANÍSTICO- Del Departamento de Planeación Distrital.- MARINA SÁNCHEZ PABON, Jefe de División - zona sur, Del Departamento de Planeación Distrital. MARÍA CONSTANZA GÓMEZ , Jairo Humberto González, Arquitecto Zona Sur; No considero así mismo que se deba iniciar acción de Repetición contra el Jefe de la División de Urbanización y Vivienda de la Secretaría General de Bogotá- ELÍSEO WILCHES (E) y MARÍA TERESA GÓMEZ GUERRERO Jefe de la División de Urbanización y Vivienda de la Secretaría General de Bogotá, Profesional Especializado grado 19 Funcionario que junto con la Dirección firmo el permiso en las dos(2) ocasiones - ERNESTO CADENA ROJAS y GUEVARA CORTES FERNANDO Profesional especializado grado 19 - Arquitecto, tampoco considero que se deba iniciar Acción de Repetición contra el Alcalde Local de San Cristóbal . JOSÉ JAVIER MERCHAN H.(1993) y Asesora Jurídica.- Sandra Janeth Anzola Velandia.

Cordialmente,

La convocatoria irregular a entrevista de los señores GERMÁN RUIZ SILVA y AURORA PACHÓN REINA, produjo la no reelección de del arquitecto JUAN REINALDO SUAREZ MEDINA, y su ubicación como el primero de los opcionados en la lista de elegibles.

De otra parte adujo que en ese momento habían designados dos curadores quintos, situación inconcebible en cualquier ordenamiento jurídico, en tanto no pueden existir simultáneamente dos titulares legítimos del mismo cargo, pues los usuarios del servicio público pueden confundirse sobre la validez de las actuaciones de quien actualmente ejerce el cargo.

La defensa de! Distrito Capital - Departamento Administrativo de Planeación Distrital, fue de la siguiente manera:

El Equipo de Selección, en su reunión del 20 de noviembre, según consta el Acta No. 5, !a cual hace parte de los antecedentes administrativos que se remitieron a ese Tribunal Administrativo y, en relación con los aspirantes que serían llamados a entrevista, consideró:

a) El Decreto Nacional 1347 de 2.001 al regular el concurso para designación de Curadores Urbanos determina los factores y requisitos de calificación y ponderación, señalando el peso específico que tendrá cada una de los factores a considerar, así:

- 35 % para la experiencia, rendimiento y desempeño de cargos relacionados con el desarrollo y la planeación urbana, incluido el ejercicio de la curaduría urbana.

- 25% para las pruebas escritas.

- 20% para la capacidad, idoneidad y potencialidad del grupo interdisciplinario de apoyo,

así como las condiciones y calidades de los equipos, recursos técnicos, sistemas y programas que utilizará para el ejercicio de la curaduría urbana.

10% para las condiciones profesionales, los títulos universitarios y de posgrado y el ejercicio de la cátedra universitaria, en disciplinas relacionadas con el desarrollo y la planeación urbana.

- 10% para la entrevista personal.

c) Adicionalmente, el mismo Decreto establece que el puntaje total no podrá superar los cien (100) puntos y para poder ser designado como curador urbano, el concursante deberá obtener un puntaje igual o superior a sesenta (60) puntos.

Para obtener los 60 puntos que se establecen como requisito mínimo para la designación como curadores, es necesario acumular la calificación de los diferentes aspectos. Considerar que el puntaje no es acumulable sería una abierta transgresión del decreto pues se modificaría con ello el peso específico otorgado a cada prueba, por esta norma.

d) El sistema de calificación previsto, tanto por la norma que regula el Concurso de selección de Curadores (Decreto 1347 de 2.001), como por las bases del concurso es acumulativo. Por tanto, no puede establecerse que con base en los resultados de la prueba escrita se elimine a un proponente negándole la posibilidad de seguir con las demás pruebas, sin que ello implique establecer una causal de descalificación autónoma y no prevista en la Bases del Concurso.

e) El numeral 6 de las Bases del Concurso: III ETAPA: Prueba Escrita (pag. 9), determina que dicha prueba está destinada a todos los aspirantes clasificados en la etapa anterior. Para este efecto, son "aspirantes clasificados" todos los que sean

hábiles y no estén descalificados.

f) Las causales de descalificación están previstas en el numeral 5.2.1., así:

5.2.1 CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN

El aspirante se considera como no hábil para designación en los siguientes casos:

1 Cuando se compruebe que está incurso en causal de inhabilidad o impedimento de acuerdo con lo previsto por las normas vigentes.

2 Cuando se establezca que la información suministrada en la propuesta no corresponde a la realidad o presenta alteraciones.

3 Cuando la propuesta no se ajuste a las Bases del Concurso.

- Cuando no cumpla algún requisito señalado corno de participación en el numeral 2 de estas Bases, o cualquier otro requisito establecido expresamente como mínimo.

- Cuando falte un miembro del equipo técnico de apoyo o alguno no reúna los requisitos exigidos.

- Cuando un miembro del equipo de apoyo técnico figure en varias propuestas, ambas serán descalificadas.

g) El objeto del concurso es conformar una lista de elegibles en estricto orden descendente. En consecuencia, tendrán derecho a conformar la lista de elegibles todos los proponentes cuya propuesta haya sido calificada en la primera etapa como hábil. Las demás pruebas, unidas al puntaje obtenido en !a primera sólo sirven para establecer una posición en la clasificación y no para su descarte.

h) El no obtener 70 puntos en la prueba escrita no es causal de descarte. Tampoco lo es el no hacer parte de los 10 concursantes con mayor puntaje.

i) Interpretar que solamente pueden ser invitados a la entrevista los 10 concursantes que hubieran obtenido los mejores puntajes en la prueba escrita, conllevaría una modificación del peso específico de la prueba escrita, que solo representa el 25% de puntaje ponderado, pasando a ser definitoria del proceso, desconociendo con ello e puntaje de la calificación de la propuesta que representa el 65% de la calificación total.

Tal posición sería una interpretación restrictiva y una transgresión clara y evidente de las reglas establecidas en el Decreto 1347 de 2.001.

Igualmente, se observa que equivaldría a introducir una causal adicional de descarte.

Teniendo en cuenta que las Bases del Concurso deben ser aplicadas e interpretadas en su integridad y a la luz de las disposiciones del Decreto 1347 de 2001, el cual determinó el peso específico de cada factor de ponderación, el Equipo de Selección consideró que los 12 Concursantes clasificados tenían derecho a presentar la entrevista por aplicación de las normas que rigen el Concurso.

Adicionalmente, se observa que acoger la teoría del concursante - demandante, según la cual la prueba escrita debe ser la medida de conocimiento que prima sobre las condiciones profesionales y la experiencia general y específica acreditadas en la propuesta como factor definitivo de selección habría descalificado a todos los participantes con excepción de uno que obtuvo un puntaje por encima de los 70 puntos. El discurso propuesto parece interesante en la media en que buscaría hacer prevalecer los conocimientos sobre las demás calidades. No obstante se hacen dos acotaciones al respecto: la primera, que el Concursante demandante solo obtuvo 55.80 puntos sobre 100 en la prueba escrita; y la segunda, que para adoptar ese criterio se debe reformar el decreto que estableció el valor que se debe dar a cada uno de los componentes de la calificación y su ponderación. Si bien el criterio del aspirante vencido por sus conocimientos, entre otros aspectos, es que tal prueba debería ser el criterio preponderante, de acuerdo con el Decreto Nacional 1347 de 2.001, ésta solo representa el 25%, mientras que los aspectos contenidos en la propuesta representan el 65%.

Fue con este criterio que el Grupo de Selección consideró que las Bases debían aplicarse en su integridad como un todo y a la luz de las normas que regulan la materia.

Es de anotar que el numeral 6 de las Bases del Concurso, III ETAPA, en su último inciso, cuando se refiere a los aspirantes que no alcancen el puntaje mínimo señalado, establece un mínimo de diez aspirantes que deben ser convocados a entrevista, mas no determina un máximo, es decir que la cifra no es limitada por la norma en sentido ascendente, lo cual quiere decir, además de las consideraciones anteriores, que sí es legalmente permitido que puedan ser convocados a entrevista un número superior a diez (10) aspirantes, como en efecto sucedió, por consiguiente, no se está violando norma alguna.

De otra parte, en cuanto a la afirmación del actor según la cua!, "en este momento hay designados dos curadores quintos", esto no es cierto toda vez que lo que le da la investidura de curador urbano o legitimidad a una persona respecto del cargo de Curador Urbano no es el hecho de que haya ganado un concurso para dicho cargo y haya sido designado o, haya quedado en lista de elegibles respecto del mismo, sino la posesión real y efectiva del cargo. Lo anterior teniendo en cuenta que un aspirante a curador que haya ganado un concurso puede negarse a aceptar la designación del mismo y no posesionarse, en cuyo caso se acudiría a la lista de elegibles para designar de acuerdo a los puntajes más altos la persona que podría reemplazarlo.

Además de lo anterior, la afirmación del demandante es equivocada si se tiene en cuenta que respecto de un cargo público o privado no pueden existir dos personas nombradas en el mismo. Esto es ilógico en simple sentido común y aún más, desde el punto de vista jurídico.

Es de tener en cuenta, que la posesión del empleo es la diligencia por la cual una persona nombrada para ejercer cierto empleo público, asume los deberes, funciones y responsabilidades del cargo. Dicha posesión se cumple prestando el juramento de cumplir la Constitución y las leyes, y de desempeñar fielmente las funciones del empleo. Ningún funcionario puede entrar a ejercer su cargo sin haber prestado este juramento.

Lo anterior tiene como fundamento legal el inciso segundo del artículo 122 de la Constitución Política, el cual determina que "Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben."

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en el siguiente sentido:

"PRIMERO: Se declara no probada la excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales.

SEGUNDO: Se declara la nulidad del artículo primero del Decreto N° 918 del 14 de diciembre de 2001, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá, en cuanto designó a los Curadores Urbanos de Bogotá D.C., Cuarto y Quinto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Se ordena la expedición del artículo primero del mencionado Decreto N° 918 del 2001, en el que se ordene la nueva y correcta designación de los Curadores Urbanos de Bogotá D.C., Cuarto y Quinto.

CUARTO: En la Curaduría Urbana Cuarta de Bogotá D.C., deberá ser designado MARIANO PÍNULA POVEDA, o quien haya ocupado su cargo en caso de presentarse la vacante definitiva.

QUINTO: A título de restablecimiento del derecho violado, se ordena la designación de JUAN REINALDO SUAREZ MEDINA, como Curador Quinto Urbano de Bogotá D.C., por e lapso que haga falta para el cumplimiento del período para el que ha debido ser nombrado."

En cumplimiento a las obligaciones a mi impuestas como apoderado del Distrito Capital, me permito manifestar a ese comité que el recurso de apelación será sustentado, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

El mencionado fallo en su parte considerativa, tiene como argumento principal para acceder a las pretensiones del demandante, el hecho de que únicamente podían ser convocados a entrevista diez (10) aspirantes, pues, según el Tribunal, no hay lugar a interpretaciones más amplias que permitan alguna excepción a lo acordado por la misma administración para el concurso, siendo inaceptable en el caso que la entidad adoptara un sistema calificativo acumulativo, cuando las normas no habían establecido nada al respecto.

Teniendo en cuenta que desde un principio se ha considerado que la realización del concurso para curadores urbanos, realizado en el año de 2001, el cual culminó con la expedición del Decreto Distrital 918 del 14 de diciembre de 2001, estuvo sujeto a las normas pertinentes y se dio cumplimiento a todas y cada una de las etapas del mismo, siguiendo para ello las bases establecidas para el mismo concurso, consideramos que se debe acudir a la defensa del acto acusado, mediante la sustentación del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, haciendo énfasis en la línea de defensa hasta ahora empleada, buscando la protección del acto administrativo cuya nulidad hoy se pretende y por ende salvaguardando la seguridad jurídica de las actuaciones de la administración pública a nivel distrital.

Así las cosas, la sentencia de primera instancia deberá ser revocada y negar las pretensiones del demandante, por lo siguiente:

1- En primer lugar, la sentencia al referirse a la excepción propuesta de "INEPTA

DEMANDA POR FALTA DE REQUISITOS FORMALES", afirma que "la acción inicialmente presentada fue la de simple nulidad", lo cual no es cierto toda vez que claramente se aprecia en el texto de la demanda (primera hoja), un encabezamiento que dice:

"REFERENCIA: ACCIÓN DE NULIDAD CONTRA EL DECRETO 918 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2001 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ y RESTABLECIMEINTO DEL DERECHO."

Sublíneas fuera de texto).

De otra parte, en el numeral 3° del acápite de pretensiones de dicha demanda (segunda hoja), referente a las pretensiones, se dice:

"3. Que se declare, como restablecimiento del derecho violado, que el doctor JUAN REINALDO SUAREZ MEDINA fue reelegido como Curador Urbano 5° de Bogotá, D.C." (Sublínea fuera de texto).

Lo anterior, claramente indica que la demanda impetrada sí es de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y, por consiguiente, la excepción propuesta debe prosperar, toda vez que se incumplió el numeral 6° del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, el cual establece:

"Art. 137.- Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá;

El mencionado requisito, no fue cumplido por el demandante, pues no aparece determinado en ninguna parte del libelo demandatorio, entonces, tal falencia sí fue generada por la voluntad del demandante y, por ende, se encuentra debidamente probada, lo cual inhibe al juzgador para fallar de fondo.

2- De otra parte, en cuanto a la interpretación del numeral 6, III ETAPA: PRUEBA ESCRITA, de las bases del concurso, consideramos que no es valida la interpretación de a quo, por cuanto Interpretar que solamente pueden ser invitados a la entrevista los 10 concursantes que hubieran obtenido los mejores puntajes en la prueba escrita, conllevaría una modificación del peso específico de la prueba escrita, que solo representa el 25% de puntaje ponderado, pasando a ser definitoria del proceso, desconociendo con ello e¹ puntaje de la calificación de la propuesta que representa el 65% de la calificación total.

Tal posición sería una interpretación restrictiva y una transgresión clara y evidente de las reglas establecidas en el Decreto 1347 de 2.001 determinó el peso específico de cada factor de ponderación, el Equipo de Selección consideró que los 12 Concursantes clasificados tenían derecho a presentar la entrevista por aplicación de las normas que rigen el Concurso.

Es de anotar que el numeral 6 de las Bases del Concurso, III ETAPA, en su último inciso, cuando se refiere a los aspirantes que no alcancen el puntaje mínimo señalado, establece un mínimo de diez aspirantes que deben ser convocados a entrevista, mas no determina un máximo, es decir que la cifra no es limitada por la norma en sentido ascendente, lo cual quiere decir, además de las consideraciones anteriores, que sí es egalmente permitido que puedan ser convocados a entrevista un número superior a diez (10) aspirantes, como en efecto sucedió, por consiguiente, no se está violando norma alguna.

Consideramos pertinente advertir al Consejo de Estado que a través del fallo de primera instancia, se están afectando posibles derechos de terceros, los cuales no han tenido la oportunidad de manifestarse al respecto.

De otra parte, de dar cumplimiento al fallo por parte del Distrito Capital, igualmente, se estarían afectando derechos de personas que aún no han sido vinculadas formalmente al proceso.

Debemos tener en cuenta que la parte demandante apeló y de sostenerse tal apelación, no sería prudente apartarnos de la discusión porque esto permitiría a la contraparte actuar sin ninguna oposición dentro de la segunda instancia, pues el Distrito Capital no podría, eventualmente, controvertir sus argumentos.

Por último, aunque dentro del proceso se advierte una nulidad por falta de notificación a uno de los demandados (GERMÁN RUIZ SILVA - CURADOR URBANO N°4), consideramos que no es del caso promover el respectivo incidente, toda vez que nosotros estamos defendiendo es el concurso desarrollado por el Distrito Capital - Departamento Administrativo de Planeación Distrital -, de tal manera que dicha falencia no afecta la defensa adelantada dentro del proceso.

Por lo anterior, consideramos que se debe sustentar el recurso de apelación interpuesto.

WILLIAM F. VELOZA CUERVO

A El Comité de Conciliación de la Secretaria General en reunión celebrada el día 17 de Mayo de 2002, transcrita en el Acta N° 08 del mismo año, decide interponer ACCIÓN DE REPETICIÓN en contra del Ingeniero JORGE RODRÍGUEZ MANCERA, Ex director del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, con ocasión del fallo proferido por el Consejo de Estado desfavorable al Distrito Capital- Departamento Administrativo de Planeación dentro del proceso N° 48329/98 instaurado por SONIA MERCEDES LÓPEZ DE LUCIO, en el cual se ordenó el Reintegro, el pago salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir por la funcionada .

La Acción de Repetición caducaba de conformidad con la ficha presentada el día 22 de Mayo de 2002.

B La ficha del caso fue realizada por el doctor JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ Abogado Externo de la Secretaría General, quien fue encargado por parte del doctor José Fernando Suárez, Director de la Oficina de Asuntos judiciales en esa época para presentar el caso e interponer la Acción y para tal fin se realiza la entrega del PODER el día 22 de Mayo (sin relación de hora) .

D. El contratista José Luis Rodríguez el día 7 de Octubre de 2004, mediante informe presentado al entonces Sub Director de Gestión Judicial (e) Doctor Luis Carlos Vergel le informa que con relación al caso de Sonia Mercedes López no se pudo presentar la demanda añadiendo:

E. Mediante nuevo informe presentado ante el Doctor Hector Díaz Moreno subdirector de Gestión Judicial, el día 11 de Noviembre de 2004, el Doctor Rodríguez se ratifica en el informe anterior y añade que la Orden de Pago n° 05 del 18 de Enero de 2001, por medio de la cual se realiza una adición en el pago de la sentencia mencionada anteriormente, "no se encontraba en el expediente en la fecha de estudio, preparación de la ficha y su presentación al comité "(textual); "por que así mismo se habría determinado en .esta (ficha de conciliación) que de acuerdo con el último pago efectuado, la caducidad de la acción ocurriría el día 18 de Enero de 2003 " (textual paréntesis del suscrito) .

F Para la fecha de la ocurrencia de los hechos mencionados el Doctor Rodríguez se encontraba ejecutando el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 1.11.2-097-2002 cuya acta de liquidación se realizó el día 17 de Marzo de 2003 .

El subdirector de Gestión Judicial considera necesario analizar la procedencia de iniciar una ACCIÓN CONTRACTUAL por incumplimiento del objeto , debido a la negligencia presentada por el contratista JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ en la interposición de la demanda de repetición a el encargada .

La anterior decisión se sustenta en la omisión del contratista al no haber tenido en cuenta la Orden de Pago n° 05 de Enero 18 de 2001 en la presentación de la ficha al comité y posterior demanda que variaba sustancialmente el termino de caducidad de la acción y que hubiera permitido al Distrito en forma oportuna interponer la acción. . Por cuanto es responsabilidad de los abogados rendir un análisis completo de los antecedentes del caso , verificando además la información entregada y solicitando la actualización que estime pertinente , lo cual en este caso no se hizo.

G. La Acción Contractual por incumplimiento del contrato del Dr. Rodríguez CADUCA el día 17 de Marzo de 2005 teniendo en cuenta que el acta de liquidación del contrato fue firmada el día 17 del mes de marzo de 2003 y en aplicación del artículo 136 numeral 10 literal c del código contencioso administrativo referente a la caducidad de las acciones relativas a contratos y que reza :

" c) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes contados desde la firma del acta ."

H. Previo a la interposición de la demanda, con miras a conocer la posición de' Doctor Rodríguez y con el ánimo de llegar a un acuerdo que reivindique lo perjuicios patrimoniales del Distrito por la negligencia del contratista se pretende agotar este mecanismo alternativo .

La Conciliación Prejudicial interrumpiría el término de caducidad hasta por un termino de tres (3) meses de conformidad con el artículo 21 de la Ley 64<5)de 2001 e igualmente permitiría contar con mayor tiempo para la substanciación de la demanda de acción contractual, en caso de no llegar a un arreglo con el contratista .

- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 1.1 1.2-097-2002 y acta de liquidación del mismo de fecha 17 de Marzo de 2.003 (Anexo 1 Y 2 )

- Entrega de carpeta para la realización de Concepto y presentación del caso Al Comité de Conciliación de conformidad con el Informe de la Contratista Blanca Olimpia Méndez Pinzón (Anexo 3 Y 4 )

- Entrega de Poder el día 22 de Mayo de 2005 ( Sin Hora de entrega)

- Informes de fecha 7 de Octubre y 17 de Noviembre de 2004 rendidos por el contratista . (Anexo 5)

- Orden de Pago n° 323 de Mayo 19 de 2000 por concepto de pago en el Cumplimiento del Fallo proferido por el Consejo de Estado a favor de Mercedes López de Lucio por valor bruto de $ 233.308.836mcte.

- Orden de Pago N° 05 de Enero 18 de 2001 por concepto de cumplimiento de fallo del Concejo de Estado proferido en el proceso 1787 -99 por concepto de pago de pensiones al I.S.S y a la Dirección de Impuestos Nacionales por Retefuente sobre salarios por valor bruto de $1.577.339 mete.

- Acta N° 8 Comité de Conciliación. Mayo 17 de 2002 . (Anexo 6)

- La sentencia proferida el día 27 de Enero de 2000 se cancelo dentro de los 18 meses a su ejecutoria conforme a lo previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo .

Atendiendo la naturaleza y calidad del contratante (Distrito Capital Secretaria General ), el objeto del proceso ( debate en el cumplimiento del contrato de prestación de Servicios Profesionales), la procedencia de la conciliación (art. 65 -70 ley 446 -98 } el Comité de Conciliación de la Secretaria General en uso de sus funciones es competente para conocer del presente asunto.

Analizando los antecedentes de la relación entre la Administración y el Dr. Rodríguez , observamos que el hecho del incumplimiento fue realizado dentro de la vigencia del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 1-11.2-097 de 2002 cuya fecha de iniciación fue el 2 de mayo de 2002, fue terminado el primero de marzo de 2003 y liquidado el 17 de Marzo de 2003.

El objeto del contrato estipulado en la cláusula primera era :

"Prestar los servicios profesionales de representación judicial del Distrito Capital dentro de los procesos que se tramitan ante la jurisdicción Ordinaria Laboral y ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en todas las Etapas u actuaciones procesales que se adelanten en los mismos . "

(subrayado nuestro).

Igualmente dentro de las obligaciones establecidas en el contrato en la cláusula sexta se encontraban :

2. Atender diligencias de carácter judicial adelantadas dentro de los procesos que le sean asignados en donde sea parte el Distrito Capital

4 Oficiar a la entidad del Distrito en procura de obtener información necesaria para contestar e iniciar demandas

5 Conceptuar sobre la procedencia de las conciliaciones si a ello hubiere lugar u procedencia de la Acción de repetición

8. Presentar informes mensuales sobre el desarrollo de los diferentes procesos a su cargo.

9: Las demás obligaciones que le sean inherentes a la naturaleza del contrato.

10 Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa bajo su responsabilidad.

De la simple deducción se obtiene que la presentación de la demanda de repetición hace parte de las actuaciones procesales y se constituye como la primera etapa a agotar dentro del proceso administrativo, siendo una de las obligaciones mas importantes que se debían cumplir para lograr el resarcimiento o reivindicación de los dineros cancelados por la administración y que se pretendían recuperar a través de la acción de repetición es de recibo para la Administración Distrital que ante un hecho de relevancia jurídica y patrimonial tan importante como lo es la No presentación de una demanda de Repetición, previamente ordenada por 1 Comité de Conciliación , no se hubiere presentado un informe o dejado una constancia por escrito en donde se manifestaran las causas de la omisión; tan solo hasta el 7 de Octubre del 2004, es decir después de dos años y medio, el contratista se manifiesta respecto al insuceso, contrariando cualquier postulado de diligencia, cuidado y ética profesional.

Por otro lado constituye un error exclusivo del contratista la omisión respecto a la no presentación de la acción de repetición toda vez que como se demostró la acción no caducaba el 22 de Mayo de 2002 como erróneamente se sostuvo ya que el último pago por parte de la administración ocurrió el día 18 de enero de 2001 con la Orden de Pago 05 por lo que la acción caducaba hasta el día 18 de enero de 2003 , teniendo el Contratista mas de seis (6) meses para interponer la Acción.

La Acción Contractual se encuentra prevista en el artículo 87 del Código Contencioso administrativo que reza en su párrafo primero:

"Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuencia íes , que se ordene su revisión , que se declare su incumplimiento u que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios u que se hagan otras declaraciones y condenas .

Teniendo en cuenta que la Acción Contractual, sería pertinente para obtener la declaratoria de incumplimiento del contrato en cabeza del Doctor José Luis Rodríguez y por otro lado intentar resarcir el daño producido a la administración por la No presentación de la acción de repetición considero que se deberá adelantar la mencionada Acción

Igualmente se llamará en todas las acciones a la Compañía de Seguros Cóndor S.A con el propósito de que se haga efectiva la Póliza de Seguro de Cumplimiento NoCU000531 cuyo afianzado es el doctor José Luis Rodríguez y beneficiario la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá con una vigencia que abarco desde el 26 de Abril de 2002 hasta el 26 de Junio de 2003

Con base en lo anteriormente expuesto sugiero al Comité :

1 AUTORIZAR la CONCILIACIÓN PREJUDICIAL ante el Procurador delegado en materia Contenciosa Administrativa por la suma de Doscientos Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Ciento Setenta y Cinco Pesos Mete ($234.886.175) por concepto de perjuicios causados con ocasión del Incumplimiento en el Contrato de Prestación de Servicios No 1-11-2-097-2002

* Sobre la anterior suma se deberá realizar la correspondiente Indexación .

2. ACUDIR a la ACCIÓN CONTRACTUAL ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa .

3. REMITIR el asunto al Consejo Superior de la Judicatura por intermedio de la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se investiguen las posibles faltas disciplinarias cometidas por el contratista .

En estos términos pongo a consideración del comité para su discusión el presente estudio .

Cordialmente

1 ACCIONES EJECUTADAS

1.1. El día 15 de Marzo de los presentes se presenta ante la Procuraduría Delegada ante el tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca solicitud de Conciliación Extrajudicial de acuerdo a lo ordenado por el comité y generando al mismo tiempo la suspensión del termino de la caducidad de la acción contractual (Art.21 Ley 640/2001)

1.2 Por reparto correspondió el caso a la Procuraduría Décima la cual fijo fecha para la Audiencia el día 5 de mayo de 2005 a las 9:30 a.m.

1.3 El día 7 de abril se remitió el caso, por competencia en su parte disciplinaria, a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Secretaria General con el propósito de que se iniciaran las investigaciones y acciones que consideraran pertinentes.

1.4 El mismo día se remiten los antecedentes del caso a la Contraloría Distrital de Bogotá con el fin de que se realice la respectiva Investigación en materia de responsabilidad fiscal del asunto.

Fecha de Sentencia : 27 de Enero de 2.000

- Orden de Pago N° 323 - Mayo 19 de 2.000

- Orden de Pago N° 05 - Enero 18 de 2001. Adicional por concepto de pago de pensiones al I.S:S y a la Dirección de Impuestos Nacionales por Retefuente sobre salarios .

- Sentencia cancelada dentro de los 18 meses de ejecutoria . (Art.l77C.C.A)

- Acción de Repetición contra José Rodríguez Mancera (Ex Director Departamento Administrativo de Planeación Distrital) : Enero 18 de 2003 . (Caducada)

- Acción Contractual en Contra de José Luis Rodríguez : 17 Marzo 2005

- Termino suspendido por Interposición de Solicitud de Conciliación Extrajudicial el día 15 de Marzo de 2005.

Es pertinente y oportuno informar al Comité que dentro del estudio realizado para la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial, la contratista Blanca Olimpia Méndez presenta Informe escrito en el cual se anexa memorando suscrito por el Director de Asuntos Judiciales de la ¿poca Dr. José Fernando Suarez Venegas en el cual le hace entrega al doctor José Luis Rodríguez de quince carpetas contentivas de los fallos desfavorables del Distrito con el fin de que se establezca la procedencia de la acción de repetición y sean expuestas ante el comité de conciliación, dentro de las cuales se encuentra el caso de Sonia Mercedes López de Lucio, y en la cual se indica expresamente que el pago de la Sentencia ocurrió el día 22 de Mayo del año 2.000 y su caducidad se produciría el día 22 de mayo del 2002.

Teniendo en cuenta lo anterior se derivan las siguientes conclusiones :

a. La Secretaria General actuando a través del Director de Asuntos Judiciales es quien informa al doctor José Luis Rodríguez en forma directa que el pago de la Sentencia ocurrió el día 22 de mayo de 2000 y su caducidad se produciría el 22 de mayo de 2002, desconociendo u omitiendo informar al contratista que el último pago realizado en cumplimiento de la misma ocurrió el día 18 de enero de 2001 con la Orden de Pago N° 05, fecha anterior a la entrega del asunto al contratista.

b. El día 17 de Marzo de 2003 se realizó la liquidación del contrato de prestación de servicios profesionales sin que se encuentre acreditado que el Director de Asuntos Judiciales (interventor) hubiere realizado algún requerimiento formal al contratista por la no interposición de la demanda , hoy caducada .

c. La culpa de la No interposición de la acción de repetición NO ES EXCLUSIVA del contratista, por el contrario es COMPARTIDA directamente con la Dirección de Asuntos Judiciales quien es el que le da una información errada al mismo.

d. Existe poca vocación de prosperidad: en favor de las pretensiones exaltadas por el Distrito Capital

En estos términos pongo a consideración del comité para su discusión las siguientes acciones:

A. Conciliar el valor de las pretensiones del Distrito por el 50% de su valor en la audiencia extrajudicial que se celebrará el día 5 de Mayo ante la Procuraduría delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.

B. Desistir de la interposición de la acción contractual