RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

SITIO DE LA REUNION: Bogotá - Dirección Jurídica Distrital de la Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá

DIA: 01 de septiembre de 2004

HORA DE LA SESION: 2:30 p.m.

ASISTENTES:

- Dr. Luis Miguel Luis Miguel Domínguez García, Subsecretario General

- Dra. Martha Yaneth Veleño Quintero, Directora Jurídica Distrital

- Dr. Justo German Bermúdez Gross, Director de Gestión Corporativa

- Dr. Manuel Ávila Olarte, Subdirector de Conceptos

- Dra. Elsa Piedad Morales Bernal, Subdirectora de Estudios

INVITADOS ESPECIALES.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1214 de 2000, asistieron como invitados especiales con derecho a voz pero sin voto:

Dra. Zaida Gil Amaya, representante del Ministerio del Interior y de Justicia

Dr. Harold Alzate Riascos, Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

1. Verificación del quórum.

2. Relación y Discusión de las fichas.

1. Verificación del quórum.

Verificada la asistencia de los integrantes del Comité por parte de la Secretaría Técnica, se establece que hay quórum para realizar la sesión.

2. Relación y discusión de las fichas.

Para los dos casos siguientes, nos acompaña el doctor Segundo Eliécer Arguello, Director de Prevención y Atención de Emergencias y el doctor Carlos López del Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

Acción de Grupo No. 2002-3046

Accionante: Riveras de Occidente Etapa III

Accionado: Distrito Capital - Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Alcaldía Local de Kennedy, Favidi y Construcciones Gomega

Abogado a cargo: Ernesto Cadena Rojas.

Solicitud: Se pretende se declare solidariamente responsable a los demandados por los hechos ocurridos en las viviendas del Barrio Riveras de Occidente, por cuanto se ha contribuido al deterioro de varias viviendas que componen la urbanización. Se ordene y se paguen los perjuicios materiales.

Hechos:

Actúa FAVIDI como promotor de viviendas a trabajadores del Distrito, lo realizó a través de ventas, a través de un contrato de Fiducia Mercantil en el que actuó como fideicomitente y responsable del proyecto la Sociedad Inversiones y Construcciones Gomega Ltda, donde FAVIDI actuó como promotor, luego conseguía los clientes y financiaba el proyecto. Así se concluye que FAVIDI no es constructor, no es el responsable por el deterioro de las viviendas.

Esta es una demanda que no relata sino hechos, no indica qué acción u omisión incurrió el Distrito para endilgarle responsabilidad, tampoco demuestran la calidad de propietarios, ni en qué calidad comparecen al proceso. No estaría demostrada la legitimación por activa, ni la identidad del grupo que es requisito de procedibilidad de la acción. La cuantía se calcula en mil millones de pesos.

La Sociedad Gomega tuvo que constituir una póliza de estabilidad por las viviendas y ya fue llamada en garantía la aseguradora.

De las 528 viviendas sólo se entregaron 56 en el año 1999, y que al poco tiempo empezaron a mostrar fallas en su estructura.

El DPAE estableció mediante un diagnóstico, la presencia de distintas fisuras que no comprometen la estabilidad de las viviendas.

En muchos casos efectuaron ampliaciones a las viviendas hasta de tres y cuatro pisos sin estar autorizados. En la licencia de urbanismo se dice que de acuerdo a la zona, es posible ampliar la vivienda hasta tres pisos.

Interviene el doctor Luis Miguel Domínguez García. A esta situación de la construcción se podría decir que generaría un hecho de la víctima.

Interviene el doctor Ernesto Cadena Rojas. Pues las viviendas en realidad no están que se caen, eso está claro. El hecho de la víctima se origina, porque ellos mismos construyeron pisos no autorizados, luego contribuyeron a las fisuras y al presunto deterioro de las viviendas. Porque deterioro si lo hay, pero no de la gravedad que lo quieren hacer ver. Algunos propietarios en el año 2002, formulan queja ante la Subsecretaría de Control de Vivienda, por deficiencias constructivas, que allí no las hacen ver tan graves, son fisuras, cuestiones normales de la carga portante sobre el terreno. La Subsecretaría de Vivienda dio el trámite de la queja correspondiente, realizaron la visita, y determinaron que si habían fisuras, dilataciones etc., y acto seguido dieron traslado a la Fiduciaria Tequendama, posteriormente vinculan a Gomega y allegan un contrato de transacción de FAVIDI y Gomega porque FAVIDI se comprometió a seguir con el proyecto, las 56 viviendas iniciales sobre las que versa la reclamación no las pudo llevar a cabo Gomega.

Luego Gomega como constructor del proyecto es el responsable, de manera que en los alegatos lo podemos hacer ver, no se alegó fuero de atracción, al Distrito no se vincula de ninguna forma, el deterioro progresivo se debe a una actividad particular que es el hecho de construir viviendas y ser titular de una licencia que genera deberes, derechos y obligaciones que tendría que entrar a responder. El agravante para los particulares es que el Distrito no fue el que otorgó la licencia de construcción, sino que la otorgó un Curador Urbano que también ya se llamó en garantía y ya lo vincularon como litis consorte necesario en el proceso. De manera que ese es otro hecho que podría excluir la responsabilidad en el Distrito.

Se planteó en el memorial de la apelación que el Distrito Capital, ni ninguna entidad estatal puede ser solidario de la responsabilidad de un particular.

Interviene el doctor Luis Miguel Domínguez. En los anteriores fallos la actuación de FAVIDI había sido también únicamente la de comercializar?

Interviene el doctor Ernesto Cadena Rojas. No, en el único caso en que FAVIDI está presente, es en este, en los otros casos son los particulares los titulares de licencia. Al Distrito le imputan es que otorgó la licencia y era una zona de alto riesgo.

Interviene el doctor Luis Miguel Domínguez. En este caso la demanda es porque está FAVIDI.

Interviene el doctor Ernesto Cadena Rojas. Vinculan a FAVIDI por el hecho de que actuó como promotor del proyecto, que eso no lo responsabiliza, ellos ya lo expusieron en sus contestaciones. Al Distrito se vincula es por el hecho de haber otorgado y permitido la construcción de las viviendas, hay una licencia y no se podía paralizar las obras y el Departamento Administrativo de Planeación, al ver que se cumplía con los requisitos y que el terreno no muestra problemas de estabilidad, aunque si de inundaciones, otorga la licencia.

Interviene el doctor Luis Miguel Domínguez. En este caso los daños no se originaron, ni por fallas del suelo ni por las posibles inundaciones.

Interviene la doctora Martha Yaneth Veleño Quintero. La zona donde está esta construcción no está catalogada como zona de alto riesgo, es simplemente una falla en la construcción.

Interviene el doctor Ernesto Cadena Rojas. Es bueno traer a colación sobre el informe de Ingeominas, con el que nos han condenado en otros procesos, sus conclusiones son que toda Bogotá se encuentra en alto riesgo. Está vigente y mañana tenemos una reunión, para interpretarlo de manera actual.

Una vez claro para el Comité el asunto, se procede a votar.

El doctor Luis Miguel Domínguez García, en calidad de Subsecretario General, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

La doctora Martha Yaneth Veleño Quintero, en calidad de Directora Jurídica Distrital, manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

El doctor Justo Germán Bermúdez Gross, en calidad de Director de Gestión Corporativa, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

El doctor Manuel Ávila Olarte, en calidad de Subdirector de Conceptos, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

La doctora Elsa Piedad Morales Bernal, en calidad de Subdirectora de Estudios, manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

Decisión: Los miembros del Comité de Conciliación deciden no presentar fórmula conciliatoria.

Acción de Grupo No. 2000-1232

Demandante: Oscar Duque Gaviria y otros

Demandado: Distrito Capital, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Constructora Colmena S.A.

Abogado a cargo: Ernesto Cadena Rojas

Solicitud:

Solicitan se declaren solidariamente responsables a las entidades demandadas, por los hechos ocurridos en las viviendas de la Urbanización Parque de la Roca. Según el apoderado las acciones y omisiones de estas entidades han contribuido al deterioro de casi 800 viviendas de la Urbanización.

Solicita se paguen los perjuicios materiales por mil millones de pesos, e indemnización por perjuicios morales de setecientos millones de pesos.

Hechos:

La responsabilidad que se le endilga al Distrito Capital es por el hecho de haber otorgado la licencia a la Constructora Colmena S.A., y también a la Alcaldía Local por no haber paralizado las obras.

Interviene el doctor Luis Miguel Domínguez. Aquí se da la circunstancia de que la Urbanización está construida sobre terrenos de alto riesgo?

Interviene el doctor Ernesto Cadena Rojas. Aquí se endilga. Dice que a pesar de que el terreno era de alto riesgo se otorgó la licencia de construcción. En las licencias el Departamento Administrativo de Planeación Distrital hace unas recomendaciones, en el sentido de hacer unas obras de infraestructura y cimentación adecuada para soportar la carga del peso de la estructura, eso lo hacen siempre. Además es bueno reiterar que en vigencia del otorgamiento de cada licencia de construcción, le son aplicables las normas técnicas de sismoresistencia y código de la construcción que estén vigentes y que son obligación del constructor cumplirlas.

Hay disposiciones del Código Civil relacionados con el negocio jurídico que establece que el constructor tiene que salir al saneamiento dentro de los diez años siguientes a la entrega de la vivienda y en casos de vicios redhibitorios, las irregularidades que se vienen presentando en las viviendas que fueron con posterioridad al otorgamiento de las escrituras públicas, como consecuencia ahí surgiría la obligación de salir al saneamiento.

Luego se puede determinar que el responsable aquí es el constructor, adicionalmente que el Distrito Capital no puede responsabilizarse por el hecho del otorgamiento de una licencia, porque desde que se cumplan unos requisitos y se está en el ejercicio de una actividad liberal y que se presume que tiene su capacidad.

Interviene el doctor Luis Miguel Domínguez. Partiendo del hecho que se otorgó la licencia de construcción entonces esto conlleva a que el Distrito Capital asuma la responsabilidad del resultado final, no puede establecerse el nexo causal de esa manera y llegar a la conclusión de que porque se otorgó esa licencia es indefectiblemente responsable el Distrito Capital.

Luego la decisión sería no conciliar atendiendo las circunstancias de los hechos en que se apoya la acción.

Interviene el doctor Manuel Ávila. Yo creo que la actividad de ingeniería no es liberal, hay control por parte del Estado, toda vez que la vivienda es un derecho constitucional, las licencias las deberíamos dar condicionadas, lo que debía hacer el Departamento Administrativo de Planeación es decirle al constructor, donde haya actividad pública es imperativo, para hacer seguimiento a esas licencias. Entiendo que no se allegan esas licencias a la Alcaldía Local, porque su función esta dada por las querellas. No estaría tan seguro que estemos exentos de toda culpa.

Interviene el doctor Ernesto Cadena Rojas. Eso ya se argumentó, de todas formas hay otras normas que independientes a la licencia, tiene otras obligaciones el constructor, que se encuentran en el código del constructor, en las normas de Icontec, eso también ya se ha dicho en segunda instancia. Lo de las licencias de construcción se ha subsanado porque el POT ya trae el estudio de suelos y obras de mitigación. El Decreto 369 ya habla de unas pólizas para garantizar una eventual inestabilidad.

Interviene el doctor Carlos López, del DAPD. Se ha dicho que el Distrito Capital ha otorgado las licencias cuando el terreno es inestable, se ha demostrado lo contrario, que la inestabilidad es muy posterior, precisamente por la presencia de la carga flotante y las condiciones en el terreno.

Interviene el doctor Segundo Eliécer Arguello, Director de Prevención y Atención de Emergencias. Eso es lo que hace la DPAE, ante las solicitudes de las comunidades hace las visitas y realiza los estudios técnicos y mira a ver si está en alto riesgo, si compromete la seguridad de las viviendas y de las familias y si es así le toca reubicarlo.

Interviene la doctora Martha Yaneth Veleño Quintero. En este caso qué ocurre.

Interviene el doctor Carlos López del DAPD. Los actores muchas veces plantean como medida previa la reubicación por estos hechos, a veces el Magistrado no la decreta.

Interviene el doctor Ernesto Cadena Rojas. No reconocer responsabilidades cuando se vaya a reubicar a esta gente, sino se dice que es por el riesgo que están corriendo la vida de las personas. Porque digamos en muchos casos magnifican el lio, uno porque están en cesación de pagos y quieren es que le devuelvan el dinero que han pagado y sanear su deuda frente a la corporación.

Interviene la doctora Martha Yaneth Veleño Quintero. Uno tiene que vincular a la entidad financiera bajo un supuesto, es un préstamo sobre una garantía real, si su garantía disminuye también disminuye la responsabilidad, -venga nos cogemos todos de la mano

Intervine el doctor Luis Miguel Domínguez García. Respaldo la idea que plateaba la doctora Martha, me parece que es muy oportuna y necesaria, practicar una inspección ocular, con la Caja de Vivienda Popular y la DPAE, para determinar las circunstancias reales. Le pedimos al apoderado que coordinemos estas acciones.

Interviene el doctor Segundo Eliécer Arguello, Director de Prevención y Atención de Emergencias. Generalmente es dado por los magistrados a asumir que todo el barrio tiene las mismas condiciones. Es importante resaltar que para cada sitio es diferente el diagnóstico.

Interviene el doctor Manual Ávila. El comité del Departamento Administrativo de Planeación para este caso qué definió?

Interviene el doctor Carlos López. Se expuso el caso, y se consideró que no se debía presentar fórmula conciliatoria. En la contestación de la demanda se dice que en este caso el DAPD representa al Distrito Capital, que actúa en nombre del Distrito, y se hace énfasis en los argumentos de algunas sentencias relacionadas con estos casos que están a favor.

Interviene el doctor Manuel Ávila. Le propongo al comité y tratando de irnos acomodando al tema de representaciones judiciales yo diría que lo que podríamos decir en este caso es que nos acogemos a la decisión del Comité de Conciliación del DAPD y que la vocería del tema de la conciliación la tenga el Departamento Administrativo de Planeación a nombre del Distrito.

Interviene el doctor Luis Miguel Domínguez. A mí me parece que lo que plantea el doctor Ávila tiene toda la lógica y con ello llevaríamos la línea a la estrategia de la defensa judicial.

Una vez claro el tema para el Comité, se procede a votar.

El doctor Luis Miguel Domínguez García, en calidad de Subsecretario General, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

La doctora Martha Yaneth Veleño Quintero, en calidad de Directora Jurídica Distrital, manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

El doctor Justo Germán Bermúdez Gross, en calidad de Director de Gestión Corporativa, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

El doctor Manuel Ávila Olarte, en calidad de Subdirector de Conceptos, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

La doctora Elsa Piedad Morales Bernal, en calidad de Subdirectora de Estudios, manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

Decisión: Los miembros del Comité de Conciliación deciden no presentar fórmula conciliatoria.

Solicitante: Yamile Ximena Rozo Montenegro

Accionado: Distrito Capital - Concejo de Bogotá

Abogado a cargo: Mónica María Cuervo Aparicio

Solicitud:

Solicita se decrete la responsabilidad administrativa del Concejo de Bogotá, por el daño antijurídico que ha causado al no dar cumplimiento a lo decidido el 5 de diciembre de 2002 donde reconoce el derecho al segundo quinquenio, y como consecuencia se condene a pagar los perjuicios materiales.

Hechos:

Ella está vinculada al Concejo de Bogotá desde el año 1992, entre el año 1992 y 1997 se cumplieron los cinco años del primer quinquenio. Ella lo solicitó y efectivamente le fue reconocido y pagado, con posterioridad al año 2002, ella solicitó el pago del segundo quinquenio y el Concejo le dice que lo va a reconocer y a pagar, pero tenemos que esperar la disponibilidad presupuestal.

Cambiaron el Director Administrativo y Financiero en el Concejo y ella presenta un derecho de petición diciendo que no le han cancelado este quinquenio. El Concejo le contesta diciendo que no le podemos reconocer ni pagar ese quinquenio porque: primero cuando se hizo la solicitud ya había entrado en vigencia el Decreto 1919 de 2002, que prohibía reconocer y pagar con cargo al Tesoro Distrital, lo no contemplado en las normas específicas y adicionalmente menciona ese decreto que las prestaciones sociales de los empleados públicos del Distrito, son iguales a los de los funcionarios de la rama ejecutiva del poder público, en esa medida no se contemplaba para ellos el pago de este quinquenio. Es decir, como Usted entró a ese régimen ya no le puedo pagar el quinquenio.

Ella inició acción de cumplimiento, el Tribunal y el Consejo de Estado rechazaron la demanda diciendo que era improcedente pues no era la vía que debía utilizar.

Cabe anotar que a la fecha la acción ya está caducada.

Interviene el doctor Manuel Ávila. Una pregunta. A ella cuando le dicen que sí, el periodo que está en discusión es desde el año 1997 al 2002, lo cumple el 12 de noviembre de 2002, entonces le dicen el 5 de diciembre de 2002 está supeditado el pago a la disponibilidad presupuestal. El quinquenio se causa por cinco años, pero en algún acta convenio se dice que cuatro años y seis meses?

Interviene la doctora Mónica Cuervo. Si cuando hay retiro efectivo del trabajador, se dice que se puede pagar por cuatro años y ocho meses. Esta no es la situación porque ella siguió vinculada, inclusive le hicieron un nombramiento, ella empezó desde abajo y llegó al cargo de asesor.

Interviene el doctor Manuel Ávila. Habría que adicionar es que en estos días sale ya la sentencia que declara válido el Decreto 1919.

Interviene la doctora Mónica Cuervo. Uno de los argumentos era que no se había demandado el acto que reconocía esa prestación, es decir en diciembre el Concejo profirió la resolución y ella dice no demandaron esa resolución, entonces está prácticamente en firme. Ella ha presentado muchos derechos de petición, lo que Intenta es como revivir términos.

El doctor Luis Miguel Domínguez García, en calidad de Subsecretario General, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

La doctora Martha Yaneth Veleño Quintero, en calidad de Directora Jurídica Distrital, manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

El doctor Justo Germán Bermúdez Gross, en calidad de Director de Gestión Corporativa, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

El doctor Manuel Ávila Olarte, en calidad de Subdirector de Conceptos, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

La doctora Elsa Piedad Morales Bernal, en calidad de Subdirectora de Estudios, manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

Decisión: Los miembros del Comité de Conciliación deciden no presentar fórmula conciliatoria, por encontrase caducada la acción.

Expediente: 95 D 1114 - Acción de Reparación Directa

Demandante: Héctor Manuel Barragán Collazos

Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. ¿ Secretaría de Tránsito y Transporte

Abogado a cargo: Nahir Lucía Zapata Arboleda

Hechos:

El señor Álvaro Castañeda Ramírez, Jefe de Servicio de Apoyo de la Secretaría de Tránsito y Transportes, delegó al señor Ricardo Rodríguez para que se hiciera presente en la Urbanización Niza IX y diera alternativas de solución a las quejas pues había allí varios vehículos abandonados.

El señor Rodríguez se desplazó a este lugar el 11 de agosto de 1993, y encontró el vehículo de placas AJ 5266, marca Dodge, color azul marino del caribe, modelo 1976, y ordenó al conductor de la grúa Miguel Ángel Ortiz, levantar el vehículo sin los trámites legales previos para ello. El vehículo no fue llevado a los patios autorizados, sino que se entregó a una persona que dijo ser el dueño.

El señor Héctor Manuel Barragán Collazos, dueño del vehículo, se quejó ante la Veeduría por estos hechos, así como formulo denuncia penal ante la Fiscalía.

La Secretaría de Tránsito y Transportes, dando cumplimiento a lo ordenado por la Ficalía, suspendió del cargo al señor Miguel Ángel Ortiz, al haber proferido medida de aseguramiento de detención preventiva sin derecho a excarcelación, así mismo sancionó disciplinariamente a los señores Ricardo Rodríguez y Miguel Ángel Ortiz.

En el proceso de reparación directa instaurado por el señor Héctor Barragán, el Tribunal profirió sentencia condenatoria contra el Distrito Capital por la pérdida del vehículo en comento, reconociendo el daño emergente por un valor actualizado de $3.299.149,93. Siendo apelada la sentencia, la segunda instancia confirmó la decisión.

Se presume que existe dolo del agente público por haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

Interviene el doctor Manuel Ávila. El señor fue privado de su libertad?

Interviene la doctora Nahir Lucía Zapata. El nunca fue privado de la libertad, dictaron medida de aseguramiento, pero pagaron la caución. Si nosotros queremos podríamos llamarlo a conciliar, y evitarnos un proceso. Ellos contestaron y pagaron con título judicial, entonces el Magistrado dijo solicite la conciliación y el demandado pasó un memorial diciendo yo quiero conciliar, pero nosotros Distrito no hemos pasado el memorial, yo creo que ya consiguió la plata. Así pues lo que habría que mirar es la actualización del valor.

Intervine el doctor Harold Alzate Riascos. Tengo entendido que la demanda del Tribunal falló en el año 1999, y el pago se realiza en febrero de este año. La Corte Constitucional, a raíz de una demanda donde se dice que el término de dos años que se dan para iniciar la acción, el demandante sugiere que ese término de caducidad de dos años contados a partir del último pago puede ser eterno, frente a ello la Corte se pronunció, diciendo que el pago no puede ser ilimitado en el tiempo, entonces con fundamento en la norma, que da 18 meses para efectuar el pago dijo que los dos años si bien se pueden contar a partir del último pago, en el caso de que no se realice el pago se contarán a partir del plazo de los 18 meses que le dan a la Administración para cancelar el valor de la sentencia, observo que en este caso concreto que la acción puede estar caducada. Como quiera que la sentencia del Tribunal es de 1999.

Interviene la doctora Nahir Lucía Zapata. El pago se hizo porque precisamente el abogado nunca reclamó. Y por ello se consignó el dinero al Banco Agrario.

Interviene la doctora Martha Yaneth Veleño Quintero. Ahí se configuran dos casos, uno es que la norma del 177 y 178 lo que intentaba es que se acabara en el país la costumbre de guardar la sentencia para llevarla diez años después y que la moratoria fuera más grande que el pago de la sentencia misma, entonces se establece un término perentorio para las personas aporten la sentencia y que a partir de esa fecha se cumpla por parte de la administración una obligación que debe cumplir y se paguen los intereses. Eso de parte del demandante. De parte de la entidad, se reconoce que la entidad no puede accionar, pues ha sido toda una discusión. Para la entidad no nace la obligación el día que el apoderado se notifica de la sentencia de última instancia, porque se entiende que el pago de la sentencia desencadena un procedimiento administrativo distinto al procedimiento judicial, entonces por eso es que se requiere la diligencia del demandante ganador ante la administración para procurar su pago, aquí efectivamente no hubo esa diligencia. Y creo que además de no existir esa diligencia y la entidad no haber pagado se le sanciona digamos, porque sería una sanción y la entidad no pudiera iniciar acción de repetición después de hecho el pago, por el tiempo digamos que ha transcurrido entre el momento de la sentencia y estos hechos, me parece que a pesar de la inactividad del actor la administración paga y a partir del pago está contando el término, yo en principio creería que no hay caducidad de la acción, luego estamos dentro del término.

El doctor Luis Miguel Domínguez García, en calidad de Subsecretario General, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar acción de repetición, pero previos trámite para promover la conciliación.

La doctora Martha Yaneth Veleño Quintero, en calidad de Directora Jurídica Distrital, manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar acción de repetición, pero previos trámite para promover la conciliación.

El doctor Justo Germán Bermúdez Gross, en calidad de Director de Gestión Corporativa, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar acción de repetición, pero previos trámite para promover la conciliación.

El doctor Manuel Ávila Olarte, en calidad de Subdirector de Conceptos, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar acción de repetición, pero previos trámite para promover la conciliación.

La doctora Elsa Piedad Morales Bernal, en calidad de Subdirectora de Estudios, manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar acción de repetición, pero previos trámite para promover la conciliación.

Decisión:

Los miembros del Comité de Conciliación deciden iniciar acción de repetición, pues se dan los presupuestos de la presunción señalada en la Ley 678 de 2001, adicionalmente se realizarán los trámites a que haya lugar para promover una conciliación.

Proceso No. 2000-1232

Demandante: Botero Duque Ospina y Cia Ltda..

Demandado: Distrito Capital - Secretaría de Educación

Abogado a cargo: Nahir Lucía Zapata Arboleda

Hechos:

Este caso ya se había traído al Comité, parte de que se había decidido que el interventor de una obra que se realizó en la Secretaría de Educación y el coordinador de plantas físicas eran los responsables y se había decidido iniciar acción de repetición. La responsabilidad tenía fundamento en que ellos no habían avisado al Ordenador del Gasto previamente autorizar mayores cantidad de obra, a una adecuación de una Escuela, no había analizado tal como lo decían los términos del contrato, y como no avisaron dieron lugar a que la administración hubiera tenido que pagar posteriormente, por la falla que tuvieron.

Interviene la doctora Martha Yaneth Veleño Quintero. Entonces esa fue la decisión del Comité, iniciar la acción contra los interventores, porque el contrato establecía que cada vez que se presentara mayor cantidad de obra ellos debían informar a la administración, digamos para que tomaran las medidas correspondientes. No comparto la posición que se tomó en ese comité, e invito a que este comité vuelva a analizar la situación.

Interviene la doctora Nahir Lucía Zapata Arboleda. No se comparte esta posición porque no se había analizado qué pasó después, los interventores no avisaron para que se realizara la reserva presupuestal, luego se realizó la liquidación del contrato y el Ordenador del Gasto que era el Secretario de Educación la firmó, o sea que el contratista tenía un acta de liquidación con plena validez que presta mérito ejecutivo y el señor empezó a pedir por casi dos años que se le pagara. No le pagaron y el señor demandó mediante un proceso ejecutivo y ganó porque era un acta donde la obligación estaba clara, de pronto el análisis que se hizo con la doctora Martha Veleño y que ella nos hizo ver, pues no habíamos visto esa parte ahí y no le habíamos dado la importancia suficiente, es que en el momento en que la administración convalida la situación firmando el acta de liquidación entonces no tenía nada más que hacer sino pagar. Lo que hubiera hecho el interventor y el coordinador de plantas físicas anterior si merecen un proceso disciplinario como efectivamente se tuvo y tuvieron su sanción correspondiente. Pero la parte siguiente que tenía que ver con el pago si eran responsables las personas encargadas de pagar que no vieron que había un acta y se esperó hasta que iniciaran proceso ejecutivo con la consecuencia de pagar unos intereses que se pagaron por la demora.

Interviene la doctora Martha Yaneth Veleño Quintero. El punto que yo quiero que se discuta es, como acá se trata es de responsabilidad para saber a quién se inicia la acción de repetición es qué fue lo que generó la responsabilidad. Digamos que el análisis que yo hice es el siguiente:

Yo hago un contrato de obra, realmente todos los contratos de obras generan cantidad de obra adicionales, este es un contrato a precio fijo, es mayor cantidad de obra y no contrato adicional, aquí se inicia el contrato y tiene un interventor, digamos que el contrato es por $50.000.000, los valores no son reales, lo que se dice es como yo estoy contratado a precio fijo, es decir estoy contratando metro de construcción de pared a $1.000, y digo que esto tiene 10 metros, multiplico y después por el camino, me dicen es que no son 10 metros sino 20 metros, entonces yo le digo, cantidad de obra adicional, listo son 20 metros, porque no me puede dejar la pared por la mitad, pero el metro es a los mismos $1.000, lo que se dice en una cláusula de contrato es cada vez que ocurre una diferencia de mayores cantidades de obra el señor interventor deberá avisarle a la entidad para que ella tome la previsión del caso. El interventor no hizo nada, no le avisó a la administración durante la ejecución del contrato, pero le avisó en la liquidación, le dijo a la administración las mayores cantidades de obra producidas durante el término de ejecución del contrato fueron de tanto dinero, y el acta de liquidación que presenta el balance de lo que Usted me debe o de lo que yo le pague durante la ejecución dice que yo contraté por cincuenta millones de pesos, que durante la ejecución del contrato se presentaron diez millones de pesos más, que a la fecha le he pagado cuarenta millones, que entonces le debo veinte. Que la interventoría certifica que se hicieron las mayores cantidades de obra y que a la fecha se deben diez millones de pesos, y firmamos todos: el contratista, el interventor, el ordenador del gasto. Todos reconocimos la mayor obra, luego viene el contratista con su acta de liquidación. Supongamos que el interventor durante la ejecución del contrato no avisó pues la cláusula se volvió inocua en el momento en que yo hice el acta de liquidación, entonces cuando yo digo no pago, porque el interventor no me aviso, las obras están ahí, contra quién estamos iniciando la acción de repetición contra el interventor o contra el ordenador del gasto que no pagó, que no tengo disponibilidad presupuestal, Usted sin disponibilidad presupuestal reconoció un dinero más en el acta de liquidación.

Interviene el doctor Justo Germán Bermúdez Gross. Una pregunta. Cuando hay una diferencia en un contrato, en la misma liquidación se tiene que decir contra qué se va a pagar eso. Luego debe conseguir la disponibilidad presupuestal antes de que se firme el documento.

Interviene la doctora Martha Yaneth Veleño. Pregunto cuál fue el hecho generador de la condena?.

Interviene la doctora Nahir Zapata. Lo que se dijo en el Comité anterior giró en torno a dos puntos. El contratista primero solicitó que se conciliara y fue a la Procuraduría y se hizo, y se presentó una ficha donde se decía que no se podía conciliar porque la acción había caducado porque habían pasado dos años y porque era una acción contractual y no se vio que era una acción ejecutiva, luego el Comité dijo: no conciliar. Porque ahí conciliar implicaba haber pagado exclusivamente la cantidad pedida por el contratista. En la Procuraduría dijeron no se concilia por cuanto la acción ya caducó, pero lo que se vio fue la acción contractual, y entonces el apoderado del contratista dijo en su momento no, esto no es una acción contractual es una acción ejecutiva, pero no valieron los argumentos, él inició su proceso y perdimos. El punto es porqué él ordenador del gasto firma, antes de verificar si hay disponibilidad presupuestal?

Interviene la doctora Martha Yaneth Veleño. Nahir tiene toda la historia de lo que pasó en la Secretaría de Educación con este pago, se lo mandaban a Jurídica y Jurídica decía eso no estaba previsto en el contrato.

Interviene la doctora Nahir Lucía Zapata. Pasaron dos años, el contratista escribe a todas las personas de la Secretaría de Educación, y nadie solucionó lo del pago.

Interviene el doctor Manuel Ávila. Lo que dice en ese momento el Ordenador del Gasto, entre el interventor y el contratista, nos están jugando sucio, porque si hay una cláusula y se tiene que avisar cuando haya mayor cantidad de obra, para hacer los ajustes respectivos, como ellos no lo hacen, entonces solo al final se indica la cantidad de mayor obra.

Intervine la doctora Martha Yaneth Veleño. A quién se le endilga la responsabilidad de no pagar algo que ya está reconocido?

Interviene la doctora Zaida Gil. Ahí no se puede negar que se cometieron una serie de omisiones, creo que está claro y hay pruebas, pero a mí me queda duda si la acción de repetición es la acción idónea para hacer efectiva esa responsabilidad, lo digo porque la Ley 678 y la misma Constitución Nacional dice que el Estado debe repetir contra los funcionarios que han ocasionado un daño antijurídico, y la ley 678 habla de reconocimiento indemnizatorio, aquí hasta donde yo sé se ha hablado siempre de un proceso ejecutivo donde no se habla de reconocimiento indemnizatorio como tal, derivado de la responsabilidad patrimonial del Estado generando un daño antijurídico.

Interviene el doctor Manuel Ávila. En la acción de repetición no estamos cobrando el mayor valor de la obra, sino la omisión de la persona que debió haber gestionado el pago.

Interviene la doctora Martha Yaneth Veleño. Pero esas acciones u omisiones fueron las que generaron los intereses moratorios, de haber accionado adecuadamente no se hubiera pagado solo los siete no los diez, por decir algo.

Interviene el doctor Harold Alzate. De pronto para complementar la doctora, lo que ha dicho la Corte Constitucional frente a la acción de repetición y que se define como un medio judicial en que la Constitución y la Ley le otorgan a la administración pública para pedir a sus funcionarios o exfuncionarios, el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado de una condena ante lo Contencioso Administrativo, por los daños antijurídicos que se hayan causado. Para que la entidad pública pueda repetir contra el funcionario o exfuncionario es necesario que concurran los siguientes requisitos. Primero que una entidad pública haya sido condenada por la Jurisdicción Contencioso Administrativa a reparar los daños antijurídicos causados a los particulares, segundo que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario público y tercero que la entidad condenada haya pagado la suma determinada por el juez en su sentencia.

Interviene la doctora Zaida Gil. Es claro que la indemnización constituiría ese daño antijurídico, y sería por el valor de los intereses.

El doctor Luis Miguel Domínguez García, en calidad de Subsecretario General, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar acción de repetición contra los funcionarios que debieron gestionar el pago.

La doctora Martha Yaneth Veleño Quintero, en calidad de Directora Jurídica Distrital, manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar acción de repetición contra los funcionarios que debieron gestionar el pago.

El doctor Justo Germán Bermúdez Gross, en calidad de Director de Gestión Corporativa, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar acción de repetición contra los funcionarios que debieron gestionar el pago.

El doctor Manuel Ávila Olarte, en calidad de Subdirector de Conceptos, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar acción de repetición contra los funcionarios que debieron gestionar el pago.

La doctora Elsa Piedad Morales Bernal, en calidad de Subdirectora de Estudios, manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar acción de repetición contra los funcionarios que debieron gestionar el pago.

Decisión: Los miembros del Comité de Conciliación deciden reconsiderar la decisión que había tomado al respecto el anterior comité, y decide iniciar acción de repetición contra los funcionarios que debieron gestionar el pago.

Proceso No. 2003-0691

Demandado: Mario Hernández Porras

Demandante: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Proceso que dio origen a este proceso: Conciliación prejudicial No. 00-1397

Hechos:

Es el caso de un interventor que no hizo el procedimiento de no haber realizado las gestiones para buscar la apropiación presupuestal para realizar un pago. Entonces se inició acción de repetición y él decidió conciliar la suma de los intereses que se pagaron, el punto en el que estamos es que se ha fijado audiencia de conciliación, el demandado consignó la suma de $1.359.141,23, pero el valor consignado fue tomado equivocadamente, ya que corresponde a los intereses causados con posteridad a la providencia que aprobó la conciliación, no le correspondía al demandado realizar este pago, sin embargo teniendo en cuenta que la suma consignada tuvo como fin solicitar y obtener la terminación del proceso, se sugiere aceptar el pago pero sobre el valor efectivamente pagado como indemnización que es la suma de $1.229.389,26.

Luego mi recomendación es coadyuvar la solicitud ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que se señale fecha y hora para la realización de la diligencia de conciliación judicial.

El doctor Luis Miguel Domínguez García, en calidad de Subsecretario General, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por conciliar.

La doctora Martha Yaneth Veleño Quintero, en calidad de Directora Jurídica Distrital, manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por conciliar.

El doctor Justo Germán Bermúdez Gross, en calidad de Director de Gestión Corporativa, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por conciliar.

El doctor Manuel Ávila Olarte, en calidad de Subdirector de Conceptos, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por conciliar.

La doctora Elsa Piedad Morales Bernal, en calidad de Subdirectora de Estudios, manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por conciliar.

Decisión: Los miembros del Comité de Conciliación deciden conciliar.

Expediente: 2001-5218

Demandante: Flor Idalí Áviles Rodríguez

Demandando: Distrito Capital- Secretaría de Educación

Abogado a cargo: Claudia Patricia García Vargas

Se declare la nulidad del Decreto 155 de 2001, en cuanto suprimió el empleo de auxiliar de servicios generales que desempeñaba el actor y a título de restablecimiento se ordene el reintegro de la actora. Adicionalmente se ordene el pago de todos los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir por la actora.

Hechos:

La actora fue nombrada mediante la Resolución 03714 de 1989, en el cargo de auxiliar de servicios generales. Mediante el Decreto155 de 2001 se le suprimió el cargo, la Secretaría de Educación comunicó en el mismo oficio en el cual se le informaba de su retiro, que por no encontrarse inscrita en el escalafón de carrera administrativa, su vinculación tenía el carácter de provisional y no tenía derecho a la revinculación ni la indemnización, pues no pertenecía a carrera administrativa.

Interviene el doctor Luis Miguel Domínguez. La señora pretende se le reconozcan unos derechos como si estuviera en carrera administrativa y no tenía esta calidad, luego no procederían sus pretensiones.

El doctor Luis Miguel Domínguez García, en calidad de Subsecretario General, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

La doctora Martha Yaneth Veleño Quintero, en calidad de Directora Jurídica Distrital, manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

El doctor Justo Germán Bermúdez Gross, en calidad de Director de Gestión Corporativa, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

El doctor Manuel Ávila Olarte, en calidad de Subdirector de Conceptos, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

La doctora Elsa Piedad Morales Bernal, en calidad de Subdirectora de Estudios, manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

Decisión:

Los miembros del Comité de Conciliación deciden no presentar fórmula conciliatoria.

Proceso No. 2004-0360

Demandante: Bernardino Barajas Delgado

Demandado: Bogotá D.C. - Secretaría de Obras Públicas

Abogado a cargo: Diana Contreras Castro

Mediante un proceso ordinario el actor demanda con el objeto de que se le reconociera la pensión de jubilación convencional, el pago de las mesadas pensionales causadas desde el 27 de enero de 2001 junto con los aumentos legales hasta la fecha en que efectivamente sea incluida en la nómina.

Hechos:

El actor ingresó a la Secretaría de Obras Públicas el 11 de febrero de 1972 y se retiró por supresión del cargo el 1 de septiembre de 1996. Al momento del retiro tenía 45 años, luego no habría lugar al reconocimiento, puesto que la convención colectiva establece como uno de los requisitos tener 50 años de edad al retiro.

Interviene la doctora Martha Yaneth Veleño. Como vimos en el Comité anterior la Corte Suprema de Justicia en casación señaló que las convenciones colectivas solamente rigen durante la existencia del contrato de trabajo, frente a la empresa y no en general y mucho menos después de la desvinculación, salvo que haya cláusula expresa de la convención colectiva.

El doctor Luis Miguel Domínguez García, en calidad de Subsecretario General, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

La doctora Martha Yaneth Veleño Quintero, en calidad de Directora Jurídica Distrital, manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

El doctor Justo Germán Bermúdez Gross, en calidad de Director de Gestión Corporativa, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

El doctor Manuel Ávila Olarte, en calidad de Subdirector de Conceptos, manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

La doctora Elsa Piedad Morales Bernal, en calidad de Subdirectora de Estudios, manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

Decisión: Los miembros del Comité de Conciliación deciden no presentar fórmula conciliatoria.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma como aparece, una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron.

Las fichas correspondientes a las solicitudes de conciliación y acciones de repetición hacen parte integrante de la presente acta.

PRESENTACIÓN COMITÉ: septiembre 1 /2004

Solicita el apoderado de la señora Flor Idalí Aviles Rodríguez, la realización de una audiencia de conciliación para dar cumplimiento al artículo 104 de la Ley 446 de 1998.

1 Se declare la nulidad del Decreto Distrital No. 155 del 26 de febrero de 2001, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, en cuanto suprimió el empleo de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 605-07 que desempeñaba FLOR IDALI AVILES RODRÍGUEZ.

2 Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. 421-PRP-2235 del 6 de marzo de 2001, suscrito por la Subdirectora de Personal Administrativo de la Secretaría de Educación Distrital.

3 Que a título de restablecimiento del derecho:

a. Se ordene a Bogotá D.C.- Secretaría de Educación, el reintegro de la señora FLOR IDALI AVILES RODRÍGUEZ a un cargo de igual o superior categoría al que tenía, que era el de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 605-07.

b. Se ordene a Bogotá D.C.- Secretaría de Educación, el pago de todos los salarios, primas, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir por la señora FLOR IDALI AVILES RODRIGUEZ desde cuando le comunicaron que el cargo de Auxiliar de Servicios Generales 605-07 había sido suprimido y hasta cuando se haga efectivo el reintegro.

c. Que para todos los efectos legales y prestacionales se considere que no existió solución de continuidad en el trabajo desempeñado por la demandante durante su retiro de ¡a Secretaria de Educación.

4 Que Bogotá D.C.- Secretaría de Educación, se obligue a dar cumplimiento a la sentencia dentro del término señalado en el articulo 176 del C.C.A.

La señora FLOR IDALÍ AVILES RODRÍGUEZ fue nombrada en el Distrito Capital de Bogotá Secretaría de Educación mediante Resolución No. 03714 de mayo de 1989, en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales 6035-01, con funciones de aseadora.

La Alcaldía Mayor de Bogotá emitió el Decreto 155 del 26 de febrero de 2001 por el cual se suprimían los cargos del Celador y Auxiliar de Servicios Generales.

Por ser un decreto de carácter general se le comunicó a los funcionarios que ocupaban dichos cargos, conforme a lo establecido en el artículo 44 del Decreto 1568 de 1998, reglamentario de la Ley 443 de 1998.

La Secretaría de Educación comunicó a la demandante, en el mismo oficio en el cual se le informaba el retiro del servicio por supresión del empleo, que por no encontrarse inscrita en el escalafón de la carrera administrativa, su vinculación tenía el carácter de provisional.

La señora demandante no tenía derecho a la indemnización por supresión de un cargo de carrera administrativa, ya que únicamente tienen derecho los empleados que pertenezcan a la carrera administrativa, es decir estén inscritos en ella.

El Estatuto Orgánico de Bogotá, Decreto Ley 1421 de 1993 (artículo 55 inciso 2° en concordancia con el articulo 38 ordinal 6°) facultó al gobierno distrital para reestructurar las dependencias de entidades que integran el sector central del Distrito Capital, es decir, para crear, suprimir o fusionar dichas entidades. El mencionado Estatuto Orgánico de Bogotá D.C. en el artículo 38 numeral 9 le concede entonces al Alcalde Mayor la facultad de: "Crear, suprimir o fusionar los empleos de la administración central, señalarles sus funciones especiales y determinar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. Con base en esta facultad, no podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado". (Negrillas fuera de texto).

El Alcalde Mayor de Bogotá tenía plenas facultades para llevar a cabo la Reestructuración de la Secretaria de Educación del Distrito, para reformar la planta de personal y por ende para suprimir los cargos de dichas plantas.

La sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado con ponencia de la doctora Olga Inés Navarrete, expediente No. 6044 del 22 de junio de 2000, es clara en ese sentido y dice:

"...La estructura general de la administración central, las funciones básicas de sus entidades (articulo 12 numeral 8"), así como al órgano al que compete crear, suprimir y fusionar establecimientos públicos y empresas industriales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta (artículo 12 numeral 9º ), correlativamente, las modificaciones y reestructuraciones a las dependencias del sector central han sido radicadas dentro de la órbita de acción del Alcalde Mayor, sin que su ejercicio se supedite a la existencia de un acuerdo del Concejo Distrital, que establezca parámetros para dicho efecto, toda vez que la ley no consagró tal requisito. Es evidente, entonces que frente a la definición de competencias dispuesta por el citado Decreto Ley, el Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá sí tenía competencia para reestructurar una dependencia de la administración Central, lo que efectivamente realizó en virtud del acto demandado. "

Así mismo, la sentencia del 27 de julio de 2001 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, actor Nancy Obeira Castellanos, Exp. No 48325, Magistrado doctor Luis Rafael Vergara Quintero, en relación con la supresión de cargos, expresa:

"...De tal suerte que la supresión de empleos es justa causa para el retiro del servicio y sobretodo cuando se inspira en razones de interés social o comunitario, como bien puede ser la < modificación de una planta de personal, que no solamente puede conllevar a la simple reducción del gasto público sino a una mejor organización y distribución de las funciones del servicio, en busca de su eficacia... "

La Alcaldía Mayor de Bogotá, expidió el Decreto 155 de 2001, acto administrativo de carácter general, mediante el cual se modificó la planta de personal de la Secretaría, suprimiendo los cargos de Celadores y Auxiliares de Servicios Generales 605-07 entre los que se encontraba el de la demandante.

La Secretaría de Educación Distrital dando cumplimiento al Decreto 1572 de 1998 reglamentario de la Ley 443 de 1998, efectuó un estudio técnico a través del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, el cual soporta la modificación de la planta de personal y contempla los siguientes ítems:

1 Estudio externo de la organización.

2 Estudio interno de la organización.

3 Análisis de cargas de trabajo.

4 Diagnostico administrativo.

De lo cual se concluye:

1 La Secretaría contaba con gran número de funcionarios administrativos cumpliendo tareas no misionales (58%)

2 Alta carga operativa para desarrollar la administración del recurso humano donde más del 50% corresponde a actividades susceptibles de contratación.

3 La asignación de recursos de gastos de funcionamiento está siendo canalizada a servicios que no tienen impacto en la razón de ser de la institución.

4 La planta de personal administrativa en su nivel operativo no se ajusta a ¡as condiciones que requiere la Secretaría de Educación para generar servicios (vigilancia y aseo) más eficientes y eficaces los cuales no son misionales.

5 Paulatinamente la Secretaría de Educación ha logrado un cubrimiento casi del 100% en el servicio de vigilancia y aseo aprovechando las condiciones y garantías que ofrece la contratación privada, dando lugar a una modalidad más racional y efectiva para su administración.

6 Las empresas privadas constituyen una racionalización del presupuesto y como son empresas especializadas que se concentran en servicios de aseo y vigilancia, permiten a la Secretaría de Educación impactar realmente en la prestación del servicio público educativo, el cual es su razón de ser y es hacía donde debe canalizar sus recursos y reorientar su esfuerzo administrativo.

El Decreto 1572 de 1998 (reglamentario de la Ley 443 de 1998) en su artículo 148 estableció "Las modificaciones a las plantas de personal de las entidades pertenecientes a la rama ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán motivarse expresamente y fundarse en las necesidades del servicio o en razones que propendan por la modernización de la institución, las cuales estarán soportadas en estudios técnicos que así lo demuestren "Y el artículo 149 de la misma establece que "Se entiende que la modificación de una planta de personal está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma derivan en la creación o supresión de empleos.. "

Ahora bien el propósito de la nueva estructura de la Secretaría, además de la modernización de la administración, es lograr la manifestación clara y concreta que permita una racional distribución de los recursos y el aprovechamiento optimizado de los mismos cumpliendo con los postulados de eficiencia y economía que impone la Carta Política.

Del estudio técnico, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital emitió concepto técnico favorable para la supresión de 2.827 cargos en la nomenclatura de Celadores y Auxiliares de Servicios Generales.

La Secretaría de Hacienda Distrital expidió la viabilidad presupuesta! No. SH 500-284 con fundamento en el artículo 19 del decreto 1148 de 2000.

Considero que no es viable conciliar este asnillo, toda vez que la supresión de cargos, cumplió con todos los requisitos para una reestructuración y modernización de la entidad, por las siguientes razones:

1 El Alcalde Mayor de Bogotá con base en el artículo 322 y siguientes de la Constitución Política y el Decreto Ley 1421 de 1993 artículo 38, estaba facultado para crear, suprimir o fusionar entidades del sector central sin que estuviera supeditado a la existencia de un acuerdo del Concejo Distrital.

2 Al efecto expidió el Decreto 155 de 2001 que suprimió todos los cargos de celadores y auxiliares de servicios generales en la Secretaría de Educación, sin que se crearan nuevos empleos, (supresión efectiva).

3 Del estudio técnico, que obtuvo concepto favorable del Servicio Civil Distrital, resultaba más viable y de menor costo la contratación de empresas privadas que brindaran el servicio de vigilancia, aseo y cafetería. Ello dado que la misión institucional de la Secretaría de Educación es ofrecer el servicio de Educación, y los servicios de vigilancia, aseo y cafetería son procesos que no son misionales de la entidad.

4 Dando cumplimiento a lo anterior, se le comunicó a la demandante la supresión de su cargo, sin darle la opción de ser reincorporada o indemnizada, por cuanto no se encontraba inscrita en la carrera administrativa y su vinculación era de carácter provisional.

No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta que todos los fallos de la Secretaría de Educación han resultado favorables a los intereses del Distrito Capital.

Ejemplo de lo anterior son los apartes de la sentencia del 7 de mayo de 2004 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala de Descongestión, Magistrado Ponente Dra. Cruz Aydée Salcedo Baldión, expediente No. 2001-5067, actor María Concepción Venegas de Hernández, que dice:

"...de la contestación de la demanda se deduce que la Secretaria de Educación Distrital no volvió a contratar personas para desempeñar las funciones de servicios generales, por su alto costo y, en su lugar contrata con empresas particulares que prestan este servicio, tal y como quedó consagrado en el estudio técnico. "

"...el proceso de modificación de la planta de personal de la Secretaría de Educación estuvo precedido de un estudio técnico, en donde se estableció que la prestación del servicio de aseo y vigilancia eran de alto costo, en consecuencia era más conveniente para la entidad y de menor costo contratar empresas particulares. La modificación de la planta de personal de la Secretaría de Educación obedeció al objetivo principal de racionalizar el gasto, con miras al buen servicio presentándose la supresión efectiva de todos los cargos de auxiliar de servicios generales código 605 grado 07."

"....en torno a la inexistencia de falsa motivación en la expedición del decreto ¡55 de 2001. estima la Sala que no obra prueba que permita concluir que la contratación con particulares -la cual fue enunciada en el estudio técnico -, tuvo fundamento diferente al mejoramiento en la prestación del servicio de la Secretaría de Educación o se basó en razones distintas que distorsionaran los fines del acto. "

"Siguiendo este lineamiento de carácter constitucional el legislador dispuso la supresión del cargo como causal de retiro del servicio del funcionario o empleado de carrera, en consecuencia, la supresión no se encuentra condicionada al hecho de que los empleos a suprimir sean o no de carrera administrativa, pues no tienen características de inamovibles, va que los cargos deben obedecer a las circunstancias y necesidades de la administración pública. "

"En este sentido se ha pronunciado el H. Consejo de Estado en sentencia proferida el 10 de junio de 1999, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente Dr. Nicolás Pajaro Peñaranda, Radicación número 11574:

"...cuando se trata de la primacía del interés público, no puede hablarse de derecho adquirido a permanecer en un cargo o a no ser desvinculado del mismo en razón de la inscripción en el escalafón de la carrera administrativa...

"...Así las cosas, de acuerdo con lo planteado, observa la Corporación que en el caso sub lite no pudo desconocerse el derecho al trabajo ni las prerrogativas de estabilidad laboral del actor por ser funcionario inscrito en carrera por suprimirse el empleo que desempeñaba, como lo dice la parte demandante en el recurso de apelación, en virtud de la reestructuración del DAÑE y en cumplimiento del artículo 20 transitorio de la Carta, ya que el interés general tiene primacía sobre el interés particular, habiendo sido el actor debidamente indemnizado como ya se vio. "

"...El servicio que debe prestar institucionalmente la Secretaría de Educación del Distrito es el de Educación, y bien puede contratar con particulares los servicios de vigilancia, aseo y cafetería, procesos que no son misionales de la entidad. "

Cordialmente,