RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

ACTA 7 DE 2006

(Junio 2 -7)

COMITÉ DE CONCILIACIÓN ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA GENERAL

En Bogotá, siendo el 2 y 7 de junio de 2006, previa convocatoria, sesionó de manera ordinaria el Comité de Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en las dependencias de Dirección Jurídica Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., con el objeto de analizar los asuntos que a continuación se señalan.

Miembros e invitados.

- Dr. Luis Miguel Domínguez García, Presidente del Comité y Subsecretario General.

- Dra. Martha Yaneth Veleño Quintero, Directora Jurídica Distrital.

- Dra. María Mercedes Medina Orozco, Directora de Gestión Corporativa E.

- Dr. Manuel Ávila Olarte, Subdirector de Conceptos.

- Dr. Héctor Díaz Moreno, Subdirector de Gestión Judicial.

Invitados:

- Dr. Dionisio Enrique Araujo Ángulo, Director de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación.

- Dr. Harold Álzate Ríascos, Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.

- Dr. Luis Eduardo Sandoval Isdith, Subdirector de Estudios E.

Secretario Técnico:

- Dr. Luis Carlos Vergel Hernández.

1. Orden del día.

2. Verificación del quórum.

3. Aprobación orden del día.

4. Deliberación y discusión de los siguientes asuntos.

4.1. Audiencia de pacto de cumplimiento, acción popular 2006-00392, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta Subsección A de Jaime Joya y Alejandro Segura contra el Distrito Capital, DADEP, DAPD y la Policía Nacional. Abogado a cargo Dr. Luís Alfonso Castiblanco Urquijo.

4.2. Conciliación extrajudicial del Distrito Capital contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, abogado a cargo Dr. Henry Alberto González Molina.

4.3. Audiencia de pacto de cumplimiento, Acción Popular 2006-055, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, demandantes residentes de Santa Ana, demandado Bogotá D.C. Abogado a cargo Dr, Carlos Alberto Sánchez Guevara.

4.4. Audiencia de Pacto de Cumplimiento, Acción Popular 2006-356, demandante Efraín Forero Molina - Contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía de Kennedy, Fondo de Ventas Populares -La Personería Local de Kennedy y otros. Abogado a cargo Dr. Carlos Alberto Sánchez Guevara.

4.5. Audiencia de pacto de Cumplimiento, Acción Popular 2004-2456 interpuesta por Alvaro Guillermo Acosta Peñalosa contra la Alcaldía Local de Usaquén y la Corporación Cívica Santa Bárbara. Abogado a cargo Dr. Carlos Alberto Sánchez Guevara.

4.6. Audiencia de Pacto de Cumplimiento Acción Popular 2006-2110 interpuesta por Alexandra Ríos Beltrán en contra de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía Local de San Cristóbal, la Secretaría de Tránsito y Transportes de Bogotá.

5. Desarrollo del orden del día.

5.1. Designación de Secretario Técnico.

El Subdirector de Gestión Judicial señala que el doctor Camilo José Orrego Morales se encuentra en vacaciones, razón por la cual sugiere que el doctor Luis Carlos Vergel Hernández asuma la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación para esta sesión.

- El Presidente del Comité: Vota favorablemente.

- La Directora Jurídica Distrital: Vota favorablemente.

- La Directora de Gestión Corporativa: Vota favorablemente.

- El Subdirector de Conceptos: Vota favorablemente.

- El Subdirector de Gestión Judicial: Vota favorablemente.

5.2. Verificación del quórum.

El Secretario Técnico informa que se encuentran presentes todos los miembros del Comité y que por tanto hay quórum deliberatorio y decisorio.

A esta sesión asisten los siguientes miembros, invitados permanentes e invitados especiales:

5.3. Aprobación del Orden del Día.

El Secretario Técnico del Comité somete a consideración de los miembros el orden del día por él propuesto, el cual es aprobado.

5.4. Deliberación y discusión de los siguientes asuntos.

5.4.1. Audiencia de Pacto de Cumplimiento. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Radicado 2006-OO39. Demandante: Jaime Joya y Alejandro Segura contra Bogotá, D.C. y Policía Nacional. Abogado a Cargo: Dr. Luis Alfonso Castiblanco Urquijo.

5.4.1.1. Presentación del caso,

Dice el actor popular que desde que comenzó la construcción de la Estación de Policía de Engativá, los problemas no dieron espera, no tenían licencia de construcción, no se previeron parqueaderos internos, por lo que hay invasión por parte de vehículos en la carrera 78^a con los carros y motos de la institución.

Cuando hay operativos sobre bienes rodantes, éstos son ubicados frente a los garajes de los inmuebles contiguos a la estación, lo que impide a los vecinos guardar sus propios vehículos.

Existe una barricada instalada en la calle 70 entre Carreras 78 y 78^a, que es una calle peatonal y que sin lugar a dudas significa privatización del espacio público por parte de la Policía Nacional.

Los policías invaden la totalidad de la carrera 78^a con sus rodantes, y por ello se está deteriorando la vía y pide que se restablezca el paso peatonal en la vía pública.

El Distrito Capital se opuso a las súplicas de la demanda alegando que no es cierto que se esté obstaculizando el paso de vehículos, se ubican unas barricadas y vallas móviles para seguridad de la instalación militar.

El paso peatonal se cerró, según informan verbalmente, porque éste limita con un lugar de la Estación donde se recluyen personas retenidas.

Adicionalmente se adelanta querella de policía ante la Alcaldía Local y la STT informó que a la fecha no ha autorizado el cierre de la vía, aduciendo que el estacionamiento está permitido en el sector conforme a la normatividad del POT y el Código Nacional de Tránsito.

La Policía en su escrito manifiesta que cualquier limitación al espacio público obedece a razones de seguridad y el estacionamiento de patrullas de la Policía en el sector sí obedece a la inexistencia de. estacionamientos, pero los vehículos sólo estacionan temporalmente.

El paso peatonal sólo se cierra, conforme se acordó con la ciudadanía después de las 21 horas, por razones de seguridad de los vecinos de la Estación y de la Estación misma, además aportaron los documentos relativos a los permisos para construir la estación.

5.4.1.2. Recomendación del apoderado.

El apoderado del Distrito Capital considera que no debe autorizarse fórmula de pacto alguna, ya que la actuación del Distrito Capital ha sido diligente y la Policía Nacional ha obrado en consenso con la comunidad.

De otra parte, considera que podría exhortarse a la Policía para que solicite, de ser necesaria, la autorización respectiva para instalar temporalmente en la calle las vallas y barricadas por razones de seguridad.

5.4.1.3. Deliberación.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si, luego de la ilustración efectuada del asunto, se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C".

- El Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitado.

- La Directora Jurídica Distrital: Manifiesta no estar inhabilitada.

- La Directora de la Dirección de Gestión Corporativa E: Manifiesta no estar

inhabilitada.

- El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

- El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

- El Presidente del Comité instala la deliberación.

El Subdirector de Conceptos solicita al apoderado aclarar lo relativo a la licencia de construcción y a la autorización del cerramiento.

El apoderado manifiesta que la Policía obtuvo la licencia de construcción, otorgada por la Curaduría 4a, y ahora buscan construir internamente los estacionamientos, mientras tanto dejan los vehículos temporalmente en la calle, en lo que respecta a la supuesta invasión y/o cerramiento del paso vehicular el DAPEP manifiesta que este paso no es calle ni paso peatonal sino el restante de un lote que el Distrito le entregó a la Policía para la construcción de la Estación y podrían inclusive cerrarla del todo.

El Subdirector de Conceptos considera entonces que podría haber una servidumbre de paso.

La Directora Jurídica considera que el eje del problema jurídico es la supuesta invasión del espacio público de un paso peatonal, razón por la cual si el DADEP ha dicho que no lo es, no habría razón alguna para presentar fórmula de pago y la Policía sí debería solicitar la autorización respectiva a la STT y al DADEP para colocar las barricadas o vallas de seguridad sobre la vía pública.

El apoderado del Distrito Capital dice que el DADEP lo catalogó como un bien fiscal cedido por el Distrito a la Policía para hacer la Estación, de otra parte, existe un fallo del Consejo de Estado en el cual se avala la instalación de estas barricadas por seguridad, ya que a la postre el derecho colectivo al espacio público no puede impedir a las autoridades limitarlo para preservar la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

El Subdirector de Conceptos considera que debe examinarse la licencia de construcción en todo caso, porque es posible que ese espacio sea una zona de cesión obligatoria que la Policía debe destinar al paso peatonal, ya que en estas licencias siempre se busca mitigar el impacto urbanístico a los predios vecinos.

El apoderado del Distrito manifiesta que sobre este particular el DADEP sólo le indicó que se trataba de un bien que el Distrito le había entregado a la Policía para hacer la Estación, pero que de otra parte la Policía ya se había allanado a acordar con la comunidad la mitigación del impacto de la estación allí y adelanta la consecución de la licencia para la construcción de los estacionamientos.

La Directora Jurídica manifiesta que en principio no habría elementos para decidir una fórmula de pacto, estamos hablando de diferentes espacios entre bienes fiscales y espacio público, sin que se haya determinado qué es lo que la Policía está invadiendo o no. Además porque las estaciones de policía pertenecen a una categoría urbanística denominada dotacional y que requiere de una intervención especial.

La doctora Amparo del Pilar León Salcedo pregunta al apoderado si conoce el acta de entrega del predio a la Policía.

El apoderado manifiesta que sí.

El Subdirector de Conceptos le queda la inquietud del porqué si se trata de un bien fiscal se habla de una Calle, la Calle 70, que conforme a las categorías normativas es espacio público.

La Directora Jurídica da lectura al acta de entrega en la cual se señala que se entregó de manera real y material un lote ubicado en la Carrera 78 A, entre la Calle 70 y 71 del Barrio Santa Helenita, con un área total de 2.836 MT2, para la construcción en la Localidad 10, suscrita por el entonces Secretario de Gobierno, doctor Hermán Arias Gaviria.

El Presidente del Comité pregunta al apoderado del Distrito Capital por el estado actual de la querella administrativa.

El apoderado señala que se encuentra en requerimiento a la Policía para que expliquen el porqué de los cerramientos, además explica que están haciendo lo necesario para construir los estacionamientos internos.

En todo caso, la posición institucional del DADEP y del DAPD es no presentar fórmula de pacto y la sugerencia del DAPD es que nos comprometamos a darle celeridad a la querella.

La Directora Jurídica manifiesta que sí no existe claridad sobre si es o no espacio público sugeriría ir a la diligencia sin fórmula de pacto de cumplimiento; administrativamente solicitarle al Secretario de Tránsito que instale las señales de prohibido parquear en el sector, si el paso peatonal es verdaderamente eso, habría que ordenarle a la Policía Nacional que solicite las autorizaciones para hacer los cerramientos del caso.

El Secretario Técnico manifiesta su preocupación respecto de la descoordinación institucional sobre un mismo objeto, porque a la postre esto confunde y entorpece la actividad de la Alcaldía Local a la hora de decidir si recupera o no el espacio público.

El Presidente del Comité pregunta entonces por cuál es la entidad que le correspondería señalar si es o no espacio público.

El Subdirector de Conceptos indica que evidencia un problema sectorial, dado que ambas entidades no llegan a un acuerdo, el DADEP indica que es un sobrante de un predio del distrito, pero no dice que no es espacio público.

El Subdirector de Conceptos propone, dadas las características de la acción, como fórmula de pacto de cumplimiento, que se respete el acuerdo celebrado entre la Policía y la comunidad, según el cual el paso entre las 06:00 y las 22:00 horas el paso peatonal está permitido, pero que después por razones de seguridad se restrinja.

Por su parte, la Administración se compromete a revisar lo relativo al cerramiento con la Policía Nacional, especialmente lo relativo a la reja que aisla el lugar de los detenidos del exterior, ya que podría estar o no, dado que desde afuera tiran drogas y armas al interior de la Estación.

Adicionalmente, según informa el apoderado, la STT instalaría en el sector 4 señales de prohibido estacionar, 2 a cada lado de la carrera.

En todo caso, la Directora de Gestión Corporativa E estima que se debe ordenar al apoderado esclarecer para el proceso la naturaleza del predio objeto de la acción si es bien privado, bien de uso público, espacio público o bien fiscal.

5.4.1.4. Decisión.

El Presidente del Comité somete a consideración de los integrantes del Comité de Conciliación la propuesta sustitutiva del Subdirector de Conceptos con la instrucción de defensa judicial de la Directora de Gestión Corporativa E.

- El Presidente del Comité de Conciliación: La aprueba. .

- La Directora Jurídica Distrital: La aprueba.

- La Directora de Gestión Corporativa E: La aprueba.

- El Subdirector de Gestión Judicial: La aprueba.

- El Subdirector de Conceptos: La aprueba.

5.4.2. Audiencia de Conciliación Extrajudicial. Procuraduría General de la Nación. Solicitante: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., contra la DIAN. Abogado a cargo Dr, Henry Alberto González Molina.

5.4.2.1. Presentación del caso.

El apoderado del Distrito Capital señala que se trata de un proceso donde se procura recuperar unos dineros que la DIAN adeuda al Distrito Capital, por concepto del arrendamiento de unos puestos en el SUPERCADE, durante los meses de noviembre y diciembre de 2004.

Como antecedentes tenemos que el día 31 de diciembre de 2003 se suscribió entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y diferentes entidades del orden- nacional y distrital el Acuerdo Interadministrativo 1-403-2003, cuyo objeto era la puesta en funcionamiento, operación y mantenimiento del SUPER CADE-CAD, ubicado en el Centro Administrativo Distrital -CAD- de la carrera 30 No.24-90 de la ciudad de Bogotá D.C.

Expresa que aunque en principio la DIAN no suscribió el Acuerdo ínteradministrativo, posteriormente el día 16 de febrero de 2004, firmó el Acuerdo de Servicios y Desempeño para poder prestar sus servicios en el SUPER CADE-CAD.

Quedó sentado en este último acuerdo que el mismo hacía parte integral del Acuerdo ínteradministrativo 1-403-2003 y que su objeto era establecer compromisos (arreglos institucionales) y criterios (indicadores) previamente negociados que permitan una adecuada prestación de los servicios ofrecidos a los ciudadanos en el SUPER CADE-CAD, y la medición de los resultados obtenidos.

De conformidad con el numeral 11 de la cláusula cuarta del Acuerdo ínteradministrativo 1-403-2003, las entidades participantes deben disponer lo pertinente para asumir, pasados los primeros seis (6) meses de operación del SUPER CADE - CAD, los gastos de funcionamiento mensual del mismo, prorrateados por unidad de servicio o metro cuadrado de espacio ocupado por cada entidad, correspondientes a uno punto treinta y seis (1.36) días de salario mínimo legal vigente por metro cuadrado.

Ahora bien, conforme al contrato se entiende por gastos de funcionamiento los servicios públicos tales como: acueducto, alcantarillado, basuras y energía; así como los servicios administrativos de soporte, seguridad y aseo.

Asimismo, en el parágrafo segundo de la cláusula cuarta del citado Acuerdo ínteradministrativo se estipuló que las entidades participantes tienen entre sus obligaciones la de prever y destinar en sus respectivos presupuestos las apropiaciones necesarias para atender los gastos de funcionamiento y personal pactados.

Mediante oficio 2-2004-64911 del 28 de diciembre de 2004, el Director de Gestión Corporativa de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.-C., envió a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la cuenta de cobro de los gastos de administración del SUPER CADE-CAD, correspondientes al periodo del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2004.

La anterior comunicación fue radicada en la DIAN el día 29 de diciembre de 2004 bajo el número 2004ER108900.

Mediante oficio 2-2005-7013 del 15 de febrero de 2005, el Director de Gestión Corporativa de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., envió a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entre otras, la cuenta de cobro de los gastos de administración del SUPER CADE-CAD, correspondientes al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2004.

La anterior comunicación fue radicada en la DIAN el día 16 de febrero de 2005 bajo el número 2005ER12047.

El día 20 de enero de 2005 la DIAN, por intermedio de la Subsecretaría de Recursos Físicos, radicó ante la Alcaldía Mayor de Bogotá con el número 1-2005-02550, un oficio en el que manifiesta que no es viable cancelar las dos (2) cuentas de cobro con recursos de la vigencia 2005, debido a que se trataba de hechos cumplidos en la vigencia anterior. En consecuencia, continúa la comunicación, los valores serían cancelados a través de un proceso conciliatorio por la División de Representación Externa de la DIAN.

El valor adeudado por la DIAN por los periodos no cancelados corresponden a UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA MIL ($1.840.000,00) y UN MILLÓN OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($1.085,5OO.oo) pesos moneda corriente, respectivamente, de conformidad con las cuentas de cobro Nos. 39 y 49, expedidas por el Director de Gestión Corporativa de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

5.4.2.2. Recomendación del apoderado.

El apoderado solicita al Comité de Conciliación se le autorice conciliar por la suma adeudada por la DIAN debidamente indexada al momento del pago.

5.4.2.3. Deliberación.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C".

- El Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitado.

- La Directora Jurídica Distrital: Manifiesta no estar inhabilitada.

- La Directora de la Dirección de Gestión Corporativa E: Manifiesta no estar

inhabilitada.

- El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

- El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

El Presidente del Comité instala la deliberación y pregunta al apoderado si la DIAN está dispuesta a pagar sumas de dinero de vigencias pasadas.

En este estado la Directora Jurídica y el Subdirector de Gestión Judicial deben ausentarse temporalmente de la sesión para atender un asunto judicial.

El apoderado del Distrito Capital manifiesta que la DIAN si se lo ha informado y para esto haría la conciliación extrajudicial.

El Subdirector de Estudios pregunta si existiría caducidad de la acción.

El apoderado del Distrito Capital manifiesta que término de caducidad no hay todavía y con la conciliación extrajudicial el mismo quedaría suspendido.

El Subdirector de Conceptos considera que el mecanismo de la conciliación extrajudicial es procedente, ya que la DIAN adhiere a un convenio al término del cual se convierte en deudora de la Secretaría, lo que no considera es que se imprescindible hacerlo vía conciliación extrajudicial, ya que para eso está el contrato y no estamos ante un hecho cumplido o desprovisto de causa jurídica alguna.

La Directora de Gestión Corporativa explica que en todo caso la DIAN ya sabía de antemano que tenía un compromiso y tenía que haber dispuesto lo necesario para honrarlo.

Está de acuerdo con el Subdirector de Conceptos en que la DIAN lo que debió hacer desde un principio era pagar, existen además los soportes para poder pagar.

El apoderado del Distrito Capital explica que en todo caso la DIAN ya ha expresado que no pagará directamente y que institucionalmente requiere del trámite de la conciliación extrajudicial.

El Jefe de la Oficina de Control interno manifiesta que en todo caso se deben dar 30 días para que la DIAN pague una vez el Tribunal o el competente aprueba la conciliación.

5.4.2.4. Decisión.

- El Presidente del Comité somete a consideración de los integrantes del Comité de Conciliación la propuesta del apoderado.

- El Presidente del Comité de Conciliación: La aprueba.

- La Directora de Gestión Corporativa E: La aprueba.

- El Subdirector de Conceptos: La aprueba.

5.4.3. Audiencia de Pacto de Cumplimiento. Acción Popular 2006-055, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Demandante Residentes de Santa Ana. Demandado: Bogotá D.C. Abogado a cargo Carlos Alberto Sánchez Guevara.

5.4.3.1. Presentación del caso.

Explica el apoderado que la acción popular plantea que la quebrada Molinos, que atraviesa los Cerros Orientales presenta contaminación y malos olores, haciendo que a su paso por el Barrio Santa Ana tales condiciones ocasionen insalubridad y malestar a la comunidad residente del sector.

Los hechos de la demanda narran que la quebrada Molinos se ha venido contaminando con el pasar de los años, afirmando que ello es producto de los desechos que recoge a su paso por las discotecas de la Calera así como de los barrios periféricos por donde pasa. Señalan también que han formulado peticiones para evitar que se siga contaminando la quebrada, mediante derechos de petición a la CAR y al DAMA, según lo expuesto, la primera de estas entidades manifiesta que el asunto está fuera de su jurisdicción y del DAMA afirma que no ha respondido tal petición.

Las pretensiones de la parte actora buscan que se instalen colectores de aguas negras para evitar que ellas desemboquen en esa corriente de agua; que se hagan visitas, limpieza y en general todo lo necesario para evitar que se siga contaminando la quebrada. Todo lo anterior lo solicita con fundamento en que considera vulnerados los derechos colectivos de: Goce de un Ambiente Sano, Existencia del equilibrio ecológico, Seguridad y salubridad Pública, Acceso a una infraestructura de servicios públicos que garantice salubridad pública y, Acceso a servicios públicos y a que su prestación sea eficiente.

Las pruebas aportadas con la demanda se contraen a la fotocopia del derecho de petición formulado a la CAR y al DAMA, la respuesta dada por el DAMA que consta de un estudio técnico. No hay fotografías ni estudios privados adicionales.

La información aportada por el DAMA, como sustento para la contestación de la Demanda, precisa que dentro del "Programa de seguimiento y monitoreo de efluentes líquidos y de corrientes superficiales" se monitoreó la quebrada Molinos a la entrada del perímetro urbano encontrando "datos que no corresponden a cuerpos de agua que puedan estar altamente contaminados"; igualmente, ese oficio manifiesta que ya está en proceso el establecimiento de los objetivos y las metas de calidad y uso para las corrientes superficiales de la Ciudad.

Por último, tal oficio manifiesta que en la base de datos del DAMA no se encuentra que los demandantes hayan radicado derecho de petición alguno.

5.4.3.2. Recomendación del apoderado.

El apoderado del Distrito Capital recomienda no presentar fórmula de pacto de cumplimiento.

5.4.3.3. Deliberación.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si, luego de la ilustración efectuada del asunto, se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento interno del Comité de Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C".

- El Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitado.

- La Delegada de la Directora Jurídica Distrital: Manifiesta no estar

inhabilitada,

- La Directora de la Dirección de Gestión Corporativa E: Manifiesta no estar

inhabilitada.

- El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

- El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

El Presidente del Comité instala la deliberación.

La Directora de Gestión Corporativa E pregunta por cuál es la causa de que entre la CAR y el DAMA aparezcan al parecer posiciones contradictorias.

El apoderado explica que no es así, en la medida que de los informes se concluye que las aguas no están contaminadas al paso por el sector residencial, no obstante el DAMA tiene con la CAR unas medidas que viene implementando para lograr la descontaminación del Rio, en un plazo cercano.

El doctor Domínguez pregunta porqué el ciudadano manifiesta haber presentado la petición al DAMA para atacar el problema de contaminación y el DAMA niega haberla recibido.

El apoderado del Distrito Capital señala que así lo ha expresado el DAMA, pero que en todo caso está claro que el DAMA no es responsable por la contaminación.

El doctor Vergel manifiesta que en todo caso la responsabilidad del tratamiento hidráulico es de la EAAB y sin ella vinculada al proceso no podría haber fórmula de pacto alguna.

El Presidente del Comité manifiesta que el DAMA dice que el agua llega al perímetro urbano sin contaminación, pero que cuando pasa por él se contamina.

El apoderado explica que cuando pasa por Santa Ana la quebrada ya se ha oxigenado más, ya que se ha unido con otro afluente, razón por la cual el nivel de contaminación, si tenía, disminuye su concentración.

El Jefe de la Oficina de Control Interno estima que se debe ponderar el bajo nivel de contaminación para adoptar medidas preventivas para no permitir que avance el mismo.

La Directora de la Dirección de Gestión Corporativa manifiesta que es necesario que se determine si están realizándose o no las medidas administrativas.

El apoderado explica que se están tratando las aguas superficiales, el DAMA manifiesta que realiza un trabajo desde 1995 hasta acá, un plan de análisis de estudio de aguas superficiales, en este caso sería la quebrada Los Molinos y que está implementándose un programa de monitoreo, de manejo conjuntamente con la EAAB.

Con respecto a la quebrada los Molinos no hablan nada específico pero se entendería que se va a implementar para todo el Distrito Capital

En todo caso, el tratamiento hidráulico y la construcción de colectores de aguas servidas son tarea de la EAAB y no del DAMA, razón por la cual el Distrito Capital no debería tampoco presentar fórmula de pacto.

El Subdirector de Conceptos pregunta al apoderado si los barrios vecinos a la quebrada están legalizados, ya que si así lo son, es responsabilidad de la EAAB los vertimientos de aguas servidas sobre la quebrada, punto que debe quedar esclarecido.

El apoderado manifiesta desconocer esta situación.

El Subdirector de Gestión Judicial llega de nuevo a la sesión.

De otra parte, el Subdirector de Conceptos considera que debería revaluarse la política del Comité de no llamar en garantía o denunciar el pleito a la entidad directamente responsable en el asunto, ya que en este caso si es la EAAB es quien debe soportar la carga de la providencia judicial.

El Subdirector de Gestión Judicial manifiesta que si bien es acertado no volver a abrir la posibilidad del fuego amigo entre entidades distritales, sin perjuicio de que se señale al juez las competencias y atribuciones de cada entidad, como en este caso se hizo.

La Delegada de la Directora Jurídica manifiesta estar de acuerdo ya que entiende que ese es el sentido de la política, no demandar ni denunciar pleitos, sino dejar claras judicialmente las competencias de cada órgano.

El Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico que señale a los miembros la propuesta unificada consolidando los argumentos de los integrantes del Comité.

El Secretario Técnico señala que primero sería averiguar con el DAPD si los barrios ubicados en la parte superior de la quebrada Molinos están legalizados.

De estar legalizados se solicitaría la integración del litisconsorcio de entidades responsables con la EAAB.

De no estar legalizados, la estrategia es no proponer fórmula de pacto de cumplimiento y presentar un control de riesgo al DAMA para que elabore un estudio de los vertimientos que se están depositando en el caudal de la quebrada, iniciando las investigaciones a que haya lugar.

5.4.3.4. Decisión.

El Presidente del Comité somete a consideración de los integrantes del Comité de Conciliación la propuesta esbozada por el Secretario Técnico:

- El Presidente del Comité de Conciliación: La aprueba.

- La Directora de Gestión Corporativa E: La aprueba.

- La Delegada de la Directora Jurídica: La aprueba.

- El Subdirector de Conceptos: La aprueba.

5.4.4. Acción de Popular 2006-0356. Demandante Efraín Forero Molina. Demandados: Bogotá, D.C., Alcaldía de Kennedy, el Fondo de Ventas Populares y La Personería Local de Kennedy. Abogado a cargo: Dr. Sánchez.

5.4.4.1. Presentación del caso.

Explica el apoderado que los hechos de la demanda están orientados a señalar que la Alcaldía Local de Kennedy, la Secretaría de Salud y el Fondo de Ventas Populares han permitido que particulares hayan realizado procesos urbanísticos en el predio antes indicado, sin permiso alguno (licencias de construcción) y sin observar medidas sanitarias, con motivo de la plaza de mercado allí existente.

Las pretensiones de la demanda se enfocan a que se protejan los derechos colectivos de: Goce de un ambiente sano, la Moralidad administrativa, Salubridad Pública, Acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y, Realización de construcciones respetando las disposiciones jurídicas y dando prelación a la calidad de vida de los habitantes. Con esto, pretende que a) la Alcaldía Local de Kennedy ordene el "sellamiento" definitivo del FRIGORÍFICO BOGOTÁ, y que restituya el espacio público correspondiente a la calle 22 Sur entre la Avenida Agoberto Mejía y el Barrio María Paz; b) la Secretaria de Salud cierre todos los accesos del FRIGORÍFICO BOGOTÁ, por violar normas fitosanitarias; c) al Fondo de Ventas Populares, que reubique a los vendedores ambulantes que deje el cierre del FRIGORÍFICO.

Las pruebas del demandante consisten en: a) solicitud de práctica de testimonios a terceros e interrogatorio a los propietarios del predio donde funciona el FRIGORÍFICO BOGOTÁ; b) prueba pericial; c) documentales aportadas con la demanda, tales como: acta del 29, III, 2001, efectuada por la Alcaldía Local de Kennedy, Queja administrativa contra el FRIGORÍFICO BOGOTÁ, presentada el 13, I, 2006, Resolución de Planeación Distrital, oficios del Hospital del Sur, etc. Igualmente aporta ,más de 30 fotografías, aparentemente del sector.

La información aportada por la Alcaldía Local de Kennedy, como soporte para la contestación de la demanda, señala las acciones adelantadas por ellos y que tienen relación con el predio y los alrededores donde se ubica el llamado FRIGORÍFICO BOGOTÁ; entre las acciones se cuentan: a) acción policiva iniciada por los propietarios del predio contra los vendedores que lo ocupan -se encuentra ante el Consejo de Justicia, b) la querella administrativa interpuesta por el mismo demandante, en enero de 2006, solicitando la suspensión inmediata de la actividad comercial del llamado FRIGORÍFICO, c) la querella por ocupación del espacio público.

También dice el oficio de la Alcaldía Local que en decisión del Consejo de Seguridad, de fecha 06, III, 2006, se acordó que la Secretaría de Gobierno asumiría el control de la zona, quedando la dicha Alcaldía y la Policía de la 8^a Estación, en control del orden público, en tanto se adoptan decisiones y/o soluciones de fondo.

La Secretaría de Salud, con posterioridad a la contestación presentó escrito donde manifiesta su oposición a las pretensiones de la demanda, por que, entre otros argumentos, no se prueba que en el sector haya problemas de tal magnitud que signifiquen riesgo sanitario, que las pruebas aportadas con la demanda (oficios del Hospital del Sur) no corresponden a decisiones administrativas definitivas, como si lo serían si en ellas se determinara una infracción.

El DAPD envió la información solicitada con posterioridad a la contestación, y en ella indicó que si bien el predio que nos ocupa "no cuenta con plano de proyecto de urbanismo aprobado...", por lo que no se han demarcado zonas de cesión y de uso público (y no se han entregado) derivando ello en que no se pueda hablar de áreas de uso público, "por tratarse de un predio de dominio privado".

El Fondo de Ventas Populares manifiesta que ellos, junto con la Alcaldía Local, sólo han sido facilitadores en torno a buscar el traslado de los vendedores del predio en cuestión; hacen referencia a que los problemas de inseguridad en el sector se han incrementado, trasladando la responsabilidad de ese control a la Alcaldía Local. Así mismo resaltan la labor del Fondo y de los múltiples casos que deben atender.

El Subdirector de Conceptos pregunta ¿por qué no se ha hecho entrega de las zonas para lo cual se requiere licencia de urbanismo?

El apoderado explica porque los aparentes propietarios del predio, que son los señores Jairo Rodríguez y Luís Ernesto Forero, no han hecho desarrollar el predio, no han solicitado tramite de construcción, no han hecho ningún tratamiento para adecuar el predio para los servicios que hoy esta prestando, que serían como los copropietarios del inmueble, ellos no lo han hecho hasta el momento.

Esto es lo que tiene que ver con el primer punto de espacio público, ahí estaría como en stand by.

El segundo punto en salubridad pública: Una plaza de mercado, genera una gran cantidad de residuos, de basuras, no es una zona bonita, no es una plaza de mercado que tenga un adecuado control, sin embargo la ESE del sector adelanta los operativos del caso con la Secretaría de Salud.

El demandante dice que se esta vulnerando esto, con base en los oficios que el Hospital del Sur les hizo a la plaza, diciendo que tienen que adecuarse, tiene que usar las rejillas, tienen que hacer arreglos en la plaza de mercado.

La Secretaría de Salud indica que el Hospital y ella misma para poder tener una conclusión de definitiva deben haber agotado todo el procedimiento.

Lo que esta diciendo el Hospital del Sur son recomendaciones solamente, y efectivamente lo que la Secretaria de Salud aporta en fotocopia simple es un análisis, como le recomendamos usar una rejilla en tal cosa, adecuar los baños, eso es lo que dice, pero no es definitivo, y en razón a ello no podemos hablar de que ya esté probado y como no está probado entonces consideran que no se está vulnerando los derechos de salubridad pública, ello es objeto de la conclusión definitiva del asunto.

En caso de que no cumplan las recomendaciones, la ESE le daría traslado a Salud para que hagan los procedimientos e impongan las medidas sanitarias del caso.

En lo que respecta a la obtención o no de licencias, es una carga de los propietarios que desarrollaron el predio y no de la Administración, ellos deben acudir a la respectiva Curaduría.

De otra parte, las pretensiones de la demanda van encaminadas a que se desalojen los puestos de trabajo y se selle la plaza, respecto de lo cual la Secretaría de Gobierno y el Fondo de Ventas Populares están muy interesados ya que existe un problema social con los vendedores, cuya instalación fue tolerada por los propietarios.

El conflicto, excepto la gestión en el tema de salubridad pública, son problemas entre particulares, unos propietarios que desean desalojar el predio y unos vendedores que desean permanecer allí.

El Fondo de Ventas Populares alega que ellos han hecho en esta zona un trabajo de reubicación de vendedores, que la localidad de Kennedy es una de las más sensibles al titulo de número de vendedores, es donde mayores planes han hecho, sin embargo es insuficiente, que no encuentran los recursos necesarios para hacer una reubicación de ese tipo.

5.4.4.2. Recomendación del apoderado.

Con base en lo expuesto, el apoderado considera que la Administración no debe presentar fórmula de pacto de cumplimiento.

5.4.4.3. Deliberación.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si, luego de la ilustración efectuada del asunto, se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C".

- El Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitado.

- La Delegada de la Directora Jurídica Distrital; Manifiesta no estar

inhabilitada.

- La Directora de la Dirección de Gestión Corporativa E: Manifiesta no estar

inhabilitada.

- El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

- El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

El Presidente del Comité instala la deliberación.

El Presidente del Comité considera que podría pensarse en que la gestión de la Alcaldía Local ha sido pasiva frente al control urbanístico y la problemática de los vendedores ambulantes.

El apoderado explica que la Secretaría de Gobierno es conciente de ello, ya que el problema de los vendedores en la Localidad de Kennedy desborda sus capacidades administrativas y por eso lo están acompañando, con el Fondo de Ventas Populares, para encontrar soluciones a este conflicto, sin perjuicio de anotar que no podría vía acción administrativa recuperarse un predio privado cuyos particulares han descuidado, ese no es el fin de la acción popular.

El Subdirector de Conceptos tendría una adición a la propuesta de no presentar fórmula de pacto, ya que la respuesta obtenida por el apoderado de parte de las entidades es insuficiente, el DAPD dice que no hay invasión de espacio público, pero señala que existe un desarrollo urbanístico que no tiene zonas de cesión.

De ahí que considere que como control interno de riesgo se solicite a la Secretaría de Gobierno que convoque a todas las entidades involucradas para obtener un manejo integral del asunto y coordine la solución del conficto.

Sugiere que se ordene la vinculación al proceso de los particulares propietarios del predio, ya que son ellos los responsables de lo que ocurre en sus dependencias, al igual que a los vendedores y/o a sus representantes.

El apoderado del Distrito señala que los propietarios ya están vinculados al proceso.

El Subdirector de Conceptos pregunta si ya existe un censo de vendedores y cuántos estarían alojados allí.

El apoderado menciona que aproximadamente 100.

El Subdirector de Gestión Judicial pregunta si están asociados.

El apoderado señala que se asociaron como ACRÓPOLIS FRIGORÍFICO BOGOTÁ, que tiene un administrador del predio, pero nunca ha manifestado ser representante de los vendedores.

El Presidente del Comité pregunta si existen consideraciones especiales respecto a la incidencia que tenga el fallo de la Alcaldía Local y la apelación que resuelva el Consejo de Justicia, como una especie de prejudicialidad.

El Subdirector de Gestión Judicial explica que ello no es posible dado que la acción popular es autónoma.

El Subdirector de Conceptos explica que se tiene un problema de paralelismo entre acciones policivas y judiciales, como la popular, lo que desgasta innecesariamente las instancias que conocen del asunto, razón por la cual la Subdirección de Estudios debería abordar la problemática y su solución.

Lo otro, que ya existen decisiones del Consejo de Justicia de admitir su incompetencia para entrar a decidir los conflictos contractuales entre el Administrador de la Plaza y los arrendatarios, derivados del contrato de arrendamiento, que es competencia de la Justicia Ordinaria, en caso de las plazas públicas, qué pensar ahora para el caso de plazas de mercado privadas.

La delegada de la Dirección Jurídica considera que el control de riesgo es pertinente en la medida que el servicio de abastecimiento de alimentos y víveres de primera necesidad es un servicio público y allí donde medie este interés la Administración debe intervenir, de ahí la importancia que la Secretaría de Gobierno lidere el asunto.

El Subdirector de Gestión Judicial considera que vincular a la totalidad de los vendedores sería improcedente dada la celeridad con la que se surte la acción popular.

El Presidente del Comité solicita al Secretario Técnico dar lectura a las proposiciones que están sobre la mesa.

El Secretario Técnico señala que se debe solicitar a la Secretaría de Gobierno que se convoque a las demás entidades vinculadas con el tema, para lograr su manejo integral, se entiende estas entidades como la Secretaría de Salud, la UESP, el DADEP y el DAPD.

Se ha considerado que se debe vincular a los propietarios del predio, que ya están vinculados, al igual que los vendedores que comercializan sus productos en la plaza.

El único que objeta esta última propuesta, respecto de los vendedores es el Subdirector de Gestión Judicial.

5.4.4.4. Decisión.

Por unanimidad los integrantes del Comité aprueban la proposición leída por el Secretario Técnico, inclusive la vinculación de los vendedores que comercializan sus productos en la plaza.

5.4.5.Audiencia de Pacto de Cumplimiento. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Acción Popular 2004-2456. Demandante: Alvaro Guillermo Acosta Peñalosa, contra Bogotá, D.C. Abogado a cargo Carlos Alberto Sánchez Guevara.

5.4.5.1. Presentación del Caso.

Explica el apoderado que el actor popular considera vulnerado el derecho colectivo al uso y goce del espacio público así como la utilización y defensa de los bienes de uso público, relacionados con el contrato suscrito entre el DADEP y la Corporación Cívica Santa Bárbara (cuyo objeto consiste en la "Administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público"), mediante el cual el primero entregó al segundo el parqueadero ubicado entre carreras 29 a 32 de la calle 125.

Los hechos de la demanda indican: a) que el parqueadero en cuestión es un bien de uso público y no puede ser objeto de entrega a particulares; b) que el contrato suscrito entre el DADEP y la Corporación Santa Bárbara es contrario a la Constitución y la Ley y, c) que la explotación económica de la que es objeto el parqueadero por parte de la Corporación Santa Bárbara es contraria a la ley, por ser un bien de uso público.

Las pretensiones de la parte actora son: a) que se declare la ilegalidad del contrato suscrito entre el DADEP y la Corporación Cívica Santa Bárbara; b) que se ordene la demolición del cerramiento perimetral que existe en el predio objeto del contrato; c) Que no se cobre ninguna tarifa por la utilización de ese bien, dado su calidad de público y, d) Que se conceda el incentivo económico, en cuantía de 150 SMMLV.

La información aportada por el DADEP, hace una oposición a las pretensiones de la demanda argumentando la legalidad de aquél, en que no hay transferencia de dominio del predio (parqueadero), basados en normatividad constitucional y legal (Ley 9 de 1989 y 388 de 1997, POT, entre otras) así como en las funciones que tiene a su cargo el DADEP, mediante las cuales tiene la potestad de realizar contratos como el que nos ocupa en este caso, para explotar económicamente el espacio público.

En oficio enviado por el DADEP se señala que no consideran procedente proponer fórmula de pacto, en gran medida por las razones antes expuestas y que provenían en gran medida del mismo DADEP.

Las pruebas que el demandante aporta en la demanda, son fotocopias de los tiquetes del parqueadero, donde aparece el No. del contrato, contrato 006 de 2004, del DADEP con la Corporación Cívica Santa Bárbara, el valor de la tarifa.

5.4.5.2. Recomendación del Apoderado

El apoderado recomienda no presentar fórmula de pacto de cumplimiento.

5.4.5.3. Deliberación.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si, luego de la ilustración efectuada del asunto, se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C".

- El Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitado.

- La Delegada de la Directora Jurídica Distrital: Manifiesta no estar

inhabilitada.

- La Directora de la Dirección de Gestión Corporativa E: Manifiesta no estar

inhabilitada.

- El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

- El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

El Presidente del Comité instala la deliberación.

El Presidente del Comité considera que en este caso el actor no puede pretender que el espacio público se vulnere cuando se explota económicamente y de manera legítima por la Administración, ya que uno de los principios es garantizar su auto sostenibilidad.

Considera que no debe pactarse, además porque el DADEP, responsable del asunto ha manifestado que no debe proceder pacto de cumplimiento alguno.

El Subdirector de Conceptos considera que en todo caso es de recordar el antecedente del estacionamiento del Park Way, donde existieron problemas entre quienes lo explotaban con el DADEP y la Alcaldía Local, se consultó sobre la competencia para administrarlo, finalmente se recuperó y hoy está en manos del IDU para entregarlo en concesión.

Para mayor ilustración del Comité qué diferencia sustancial habría entre este contrato Santa Bárbara y el del Park Way, el Park Way siempre fue señalado como un contrato en el cual la administración resultó lesionada económicamente al darle casi gratuitamente el espacio público a los particulares.

El apoderado señala que el DADEP es claro en afirmar que los recursos de la explotación del estacionamiento son reinvertidos en el mismo parqueadero, para asegurar su sostenimiento locativo y la preservación del espacio.

La delegada de la Directora Jurídica pregunta cómo es el manejo financiero de los recursos.

El apoderado indica que el plazo del contrato es por 5 años y el manejo de los recursos se hace por fiducia, para reinvertirlos en el mismo espacio público.

El Secretario Técnico señala que otra diferencia es que en caso del Park Way fue el DADEP quien entregó a la Alcaldía Local de Teusaquillo la administración del parqueadero y ésta entregó a Coopmunicipios su explotación, a través de una figura contractual diferente a la empleada en el caso objeto de examen.

De otra parte señala que en el sector ya el Consejo de Estado ordenó la restitución de todos los andenes por la Calle 125 con Carrera 19, autopista norte, y ordenó a los locales que cumplieran con la cartilla del IDU para que éste pudiera reconstruirlos, el parqueadero en examen suple las necesidades de estacionamiento del sector.

5.4.5.4. Decisión.

El Presidente del Comité somete a consideración de los integrantes del Comité la propuesta del apoderado de no presentar fórmula de pacto de cumplimiento.

- El Presidente del Comité: la aprueba.

- La Directora de la Dirección Corporativa; la aprueba.

- La delegada de la Directora Jurídica: la aprueba.

- El Subdirector de Conceptos: la aprueba.

- El Subdirector de Gestión Judicial: la aprueba.

5,4.6. Audiencia de Pacto de Cumplimiento. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Radicado 2005-2110. Demandante: Alexandra Ríos Beltrán. Demandado: Bogotá, D.C., ESE Hospital San Rafael. Abogado a cargo Carlos Ernesto Sánchez Guevara.

5.4.6.1. Presentación del caso.

Explica el apoderado que en esta acción popular la demandante manifiesta que frente Hospital San Rafael y la entrada principal en la Carrera 8 con calle 17 Sur se parquean permanentemente ambulancias y taxis para dejar y recoger pasajeros enfermos.

Ella considera que esa situación afecta el espacio publico, podría ser motivo de vulnerar el derecho y la seguridad y prevención de desastres por cuanto se reduce de dos o tres calzadas y es una vía transitoria, entonces podría causar accidentes y por lo tanto hace la anotación correspondiente, comprueba con fotografía del sector en donde aparece este tipo del Hospital que si bien tiene una pequeña bahía, aparecen parqueadas las ambulancias y se ve a lo largo el corredor taxis; ella dice que como se constituye hecho notorio, no requiere prueba.

La Alcaldía Local dice que esto es una situación temporal, no es permanente; no es un sitio de parqueo, porque cuando los taxis paran dejan pasajeros y siguen su trayecto.

Igualmente, hay una señal de prohibido parquear y tan cierta que la Secretaría de Tránsito ha venido haciendo operativos en la zona, imponiendo los comparendos e inclusive realizando la inmovilización de los vehículos.

El concepto de la Secretaría de Tránsito dice que la Secretaría está cumpliendo las normas, en ese sector tenemos una señal de prohibido parquear, se hizo algún estudio de zonas amarilla y no era conveniente para parqueo de taxis y que han venido haciendo operativos y comparendos en esa zona, pasando un memorando en donde internamente solicita se sigan haciendo los operativos, entonces ellos consideran que están cumpliendo a cabalidad sus funciones y por consiguiente no estiman procedente presentar fórmula de pacto alguno.

La Alcaldía Local también manifiesta que no hay quejas ni querellas en el sector y se consideran improcedente la acción.

El apoderado considera que la Administración está cumpliendo con sus deberes y no hay evidencias de vulneración de los derechos colectivos, adicionalmente las entidades involucradas consideran que no se debe presentar fórmula de pacto alguna.

5.4.6.2. Recomendación del Apoderado.

El apoderado recomienda no presentar fórmula de pacto.

5.4.6.3. Deliberación.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si, luego de la ilustración efectuada del asunto, se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C".

- El Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitado.

- La Delegada de la Directora Jurídica Distrital: Manifiesta no estar

inhabilitada.

- La Directora de la Dirección de Gestión Corporativa E: Manifiesta no estar

inhabilitada.

- El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

- El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

El Presidente del Comité instala la deliberación.

El Presidente del Comité considera que un establecimiento como el Hospital requiere de la posibilidad que al frente suyo los usuarios puedan ser dejados y recogidos por vehículos, una persona convaleciente merece consideración y no obligarla en casos de emergencias o de problemas de salud a quedarse lejos del sitio donde lo asistirán.

La Directora de Gestión Corporativa E pregunta si las ambulancias del Hospital también estacionan sobre la vía pública.

El doctor Sánchez señala que las ambulancias paran a dejar y recoger pacientes en la bahía del Hospital, pero como la bahía es de sólo 2 o 3 metros, una parte de la misma queda por fuera.

El Subdirector de Gestión Judicial considera que no se obstruye el flujo vehicular con las ambulancias.

El Subdirector de Estudios estuvo presente considera que tal obstáculo se daría con los taxis cuando éstos esperan para hacer carreras, máxime si se daría con los taxis cuando éstos esperan para hacer carreras, máxime si no es una zona amarilla.

La delegada de la Directora Jurídica pregunta si el Hospital está cumpliendo con la norma urbana.

El Secretario Técnico señala que cuando se construyó el hospital, años 70, no existía esta regulación.

El Subdirector de Conceptos señala que en criterio del DADEP sí existe vulneración del espacio público.

El apoderado indica que el asunto se trasladó a la STT quien revisó nuevamente y determinó que no era viable construir la zona amarilla para hacer la bahía.

El Secretario Técnico señala que ya existen pronunciamientos del Consejo de Estado que pondrá a disposición del apoderado, en los cuales se indica que no existe vulneración del espacio público en vías públicas por una ocupación temporal en este tipo de eventos, como tampoco se puede obligar a tener un funcionario de la administración de manera permanente.

5.4.6.4. Decisión.

El Presidente del Comité de Conciliación somete a votación la recomendación del apoderado de no presentar fórmula de pacto de cumplimiento.

- El Presidente del Comité: La aprueba.

- La Directora de Gestión Corporativa E: La aprueba.

- La Delegada de la Directora Jurídica: La aprueba.

- El Subdirector de Conceptos: La aprueba.

- El Subdirector de Gestión Judicial: La aprueba.

5.5. Proposiciones y varios.

El Presidente del Comité estima oportuno agradecer a la doctora María Mercedes Medina Orozco, Directora de la Dirección de Gestión Corporativa E, sus intervenciones e incondicional participación en el Comité de Conciliación, ahora que la esperan nuevos horizontes laborales a cargo de la Oficina Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia.

El Subdirector de Gestión Judicial agradece igualmente sus siempre oportunos y valiosos comentarios que permitieron a todos mejorar la calidad y el debate jurídico.

Los demás integrantes se suman a este agradecimiento.

La Directora de la Dirección de Gestión Corporativa E agradece estas palabras y expresa que para un abogado es muy importante asistir a este tipo de debates, que le ponen en conocimiento de asuntos que no fácilmente puede llegar a conocer o analizar y que son de impacto Distrital.

La presente acta se discutió y aprobó en sesión del Comité de Conciliación.

LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA

Subsecretario General

Presidente Comité de Conciliación

Delegado Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

MARTHA YANETH VELEÑO QUINTERO

Directora Jurídica Distrital

MARÍA MERCEDES MEDINA

Directora de Gestión Corporativa ( E )

AMPARO DEL PILAR LEÓN SALCEDO

Delegada Directora Jurídica Distrital Continuación Sesión, 7 de junio

MANUEL AVILA OLARTE

Subdirector de Conceptos

HECTOR DIAZ MORENO

Subdirector de Gestión Judicial

Invitados Permanentes

HAROLD ALZATE RIASCOS

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

LUIS EDUARDO SANDOVAL ISDITH

Subdirector de Estudios E

LUIS CARLOS VERGEL HERNÁNDEZ

Secretario Técnico

FECHÁ DE COMITÉ: 07 de junio de 2006.

FECHA AUDIENCIA: 8 de junio de 2006.

RESPONSABLE DE LA FICHA Y APODERADO: LUIS ALFONSO CASTIBLANCO URQUIJO -Abogado Subdirección Gestión Judicial.

CONCILIACION EXTRAJUDICIAL

FECHA DE COMITÉ: 07 de Junio de 2006-11-2

FECHA AUDIENCIA: No ha sido establecida

RESPONSABLE DE LA FICHA Y APODERADO: Henry Alberto González Molina

ANALISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR

AUDIENCIA ESPECIAL DE PACTO DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE COMITÉ:

FECHA AUDIENCIA: 13 de Junio de 2006

RESPONSABLE DE LA FICHA Y APODERADO: CARLOS ALBERTO SANCHEZ GUEVARA

CUANTIA:

HEHCOS MATERIA DE AUDIENCIA ESPEICAL DE PACTO DE CUMPLIMIENTO

ANALISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR

AUDIENCA ESPECIAL PACATO DE CUMPLIMIETNO

FECHA DE COMITÉ:

FECHA AUDIENCIA: 15 de Junio de 2006, 3:30 p.m.

RESPONSABLE DE LA FICHA Y APODERADO: Carlos Alberto Sánchez Guevara

CUANTIA:

HECHOS MATERIA AUDIENCIA ESPECIAL DE PACTO DE CUMPLIMIENTO

ANALISIS Y CONCEPTOS PARA CONCILIAR

AUDIENCIA ESPECIAL DE PACTO DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE COMITÉ:

FECHA AUDIENCIA: 13 de Junio 2006

RESPONSABLE DE LA FICHA Y APODERADO: Carlos Alberto Sánchez Guevara.

CUANTIA:

HECHOS MATERIA DE AUDIENCIA ESPECIAL DE PACTO DE CUMPLIMIENTO

ANALISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR

AUDIENCIA ESPECIAL DE PACTO DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE COMITÉ:

FECHA AUDIENCIA: Pendiente; estaba programada para el 17 de mayo de 2006, pero fue aplazada.

RESPONSABLE DE LA FICHA Y APODERADO: CARLOS ALBERTO SANCHEZ GUEVARA

CUANTIA

HECHOS MATERIA DE AUDIENCIA ESPECIAL DE PACTO DE CUMPLIMIENTO

ANALISISY CONCEPTO PARA CONCILIAR

1 Corte Constitucional T-530-DE 1992

2 Acción Popular No.12003-01238