RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

- Dr. Luis Miguel Domínguez García, Presidente del Comité y Subsecretario General.

- Dra. Martha Yaneth Veleño Quintero, Directora Jurídica Distrital.

- Dra. María Mercedes Medina Orozco, Directora de la Dirección de Gestión Corporativa (E).

- Dr. Manuel Ávila Olarte, Subdirector de Conceptos.

- Dr. Héctor Díaz Moreno, Subdirector de Gestión Judicial.

- Dr. Harold Alzate Riascos, Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.

- Dra. Amparo del Pilar León Salcedo, Subdirectora de Estudios (E).

- Dr. Dionisio Enrique Araújo Angulo, Director de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación.

- Dr. Carlos Malagón Bolaños, Vicepresidente Jurídico Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, D.C.,

- Dr. Camilo José Orrego Morales

2.1. Verificación del quórum.

2.2. Aprobación del orden del día.

2.3. Deliberación y discusión de los siguientes asuntos:

2.3.1 Conciliación extrajudicial. Procuraduría General de la Nación. Solicitante: Luis Enrique Duarte Goyeneche. Citados: Distrito Capital y E.T.B. Abogado a cargo: Dr. Luis Alfonso Castiblanco.

2.3.2 Pacto de Cumplimiento. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Demandantes: Herman Gustavo Garrido Prada. Demandado: Distrito Capital y Colombia Telecomunicaciones. Abogado a cargo: Luis Carlos Vergel Hernández.

2.3.3 Adición estudio acción de repetición. Hechos: Acción de fuero sindical 2003-00032, retiro del servicio de Emma Sánchez, funcionaria del Concejo Distrital. Abogada a cargo: Nahir Lucía Zapata Arboleda.

2.3.4 Conciliación Judicial. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Demandante: Distrito Capital. Demandado: Jorge Enrique Márquez. Abogado a cargo: Álvaro Camilo Bernate Navarro.

2.3.5 Informe trámite conciliación Prejudicial. Demandante: Distrito Capital. Demandado: José Luis Rodríguez. Abogado a cargo: Álvaro Camilo Bernate Navarro.

2.3.6 Conciliación Judicial. Juzgado 4º Laboral del Circuito de Bogotá. Demandantes: Rosa Emerita Palomino Salcedo y otros. Demandado: Distrito Capital - Secretaría de Educación. Abogada a cargo: Matilde del Carmen Murcia Celis.

2.3.7 Proposiciones y Varios. Propuesta Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

El Presidente del Comité instala la sesión y verificada la asistencia de los integrantes del Comité por parte de la Secretaría Técnica, se establece que hay quórum para realizar la sesión. A esta sesión asisten los siguientes miembros e invitados permanentes:

- Dr. Luis Miguel Domínguez García, Presidente del Comité y Subsecretario General.

- Dra. Martha Yaneth Veleño Quintero, Directora Jurídica Distrital.

- Dra. María Mercedes Medina Orozco, Directora de la Dirección de Gestión Corporativa (E).

- Dr. Manuel Ávila Olarte, Subdirector de Gestión Judicial.

- Dr. Héctor Díaz Moreno, Subdirector de Gestión Judicial.

- Dr. Harold Alzate Riascos, Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.

- Dra. Amparo del Pilar León Salcedo, Subdirectora de Estudios (E).

- Dr. Fernando Álvarez, delegado del Ministerio del Interior y de Justicia.

- Dr. Hugo Vidales Molano, Gerente de Asuntos Contenciosos Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, D.C.,

- Dr. Camilo José Orrego Morales.

El Presidente del Comité propone modificar el orden del día del Comité, en la medida a que varios miembros han expresado la necesidad de continuar atendiendo asuntos relacionados con la situación administrativa generada en las localidades en esta semana.

- Conciliación extrajudicial. Procuraduría General de la Nación. Solicitante: Luis Enrique Duarte Goyeneche. Citados: Distrito Capital y E.T.B. Abogado a cargo: Dr. Luis Alfonso Castiblanco.

- Pacto de Cumplimiento. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Demandantes: Herman Gustavo Garrido Prada. Demandado: Distrito Capital y Colombia Telecomunicaciones. Abogado a cargo: Luis Carlos Vergel Hernández.

- Adición estudio acción de repetición. Hechos: Acción de fuero sindical 2003–00032, retiro del servicio de Emma Sánchez, funcionaria del Concejo Distrital. Abogada a cargo: Nahir Lucía Zapata Arboleda.

- Conciliación Judicial. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Demandante: Distrito Capital. Demandado: Jorge Enrique Márquez. Abogado a cargo: Álvaro Camilo Bernate Navarro.

Los miembros del Comité aprueban unánimemente el orden del día con la modificación antes planteada, disponiendo que los demás casos quedan aplazados para la próxima sesión.

Un usuario de la ETB solicita se cite al Distrito Capital, a la ETB y a Comcel, toda vez que al usuario se le causaron graves perjuicios al habérsele suspendido el servicio de telefonía conmutada, por unas facturas a unas líneas para adultos, las cuales no canceló por no haberlas realizado.

La Superintendencia de Industria y Comercio le dio la razón al usuario en contra de los intereses de Comcel.

Las pretensiones del demandante ascienden a la suma de $100.000.000.

Adicionalmente, informa que la Subdirección de Gestión Judicial conoció del asunto y que ésta lo remitió a la ETB con el objeto de que la Empresa atendiera el asunto, y en desarrollo del artículo 53 del Decreto Ley 1421 de 1993, asumieran la representación en la audiencia de conciliación extrajudicial del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., y de la ETB.

La ETB manifestó que no era posible que la Empresa representara en la diligencia al Distrito Capital, argumentando que la misma no hace parte de la Administración Distrital.

El apoderado recomienda no conciliar dado que el asunto es de competencia exclusiva de la ETB y en el mismo no tuvo injerencia el Distrito Capital.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

- El Presidente del Comité: Manifiesta no estar inhabilitado.

- El Director Jurídico Distrital: Manifiesta no estar inhabilitado.

- El Director de Gestión Corporativa: Manifiesta no estar inhabilitado.

- El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

- El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

- El Presidente del Comité instala la deliberación.

- El doctor Hugo Vidales Molano, Gerente de Asuntos Contenciosos de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, D.C., afirma que se debe aclarar el objeto de lo que en esta oportunidad convoca para decidir si se debe conciliar o no una asunto en el que han sido citados el Distrito Capital, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, D.C., y Comcel S.A.,

El delegado de la ETB afirma que comparte el concepto del apoderado en el sentido de no conciliar.

Sin embargo, respecto de que la ETB represente al Alcalde Mayor en la diligencia lo consideran como no viable, toda vez que el Distrito Capital y la ETB poseen personerías jurídicas y patrimonios diferentes, la ETB es una empresa mixta de servicios públicos y deben comparecen independientemente a la diligencia.

De otra parte, afirma que la ETB es parte de la Administración Distrital, pero que no puede representar a la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., en la audiencia de conciliación extrajudicial.

El Presidente del Comité afirma que, en consecuencia, el Comité de Conciliación debería abstenerse de conocer del asunto, por cuanto el mismo es competencia exclusiva de la ETB.

El delegado de la ETB afirma que en este caso la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., si debe asistir a la diligencia en la medida que han sido citadas a la misma.

De otra parte, sostiene que para el caso objeto de conciliación la ETB obra como un mandatario de Comcel, y factura el consumo que estas empresas le indican.

El Secretario Técnico del Comité de Conciliación afirma que es necesario informar al Comité respecto del por qué la Subdirección de Gestión Judicial solicitó a la ETB que a través suyo se compareciera a la diligencia, en representación del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.

Explica que el artículo 53 del Decreto Ley 1421 de 1993 dispone que el Alcalde Mayor, como jefe de la administración distrital, ejerce sus atribuciones y funciones a través de las entidades y organismos creados por el Concejo de Bogotá, D.C., siendo una de ellas la representación judicial y extrajudicial del Distrito Capital.

Que en tal sentido, si la ETB es una entidad creada por el Concejo de Bogotá, D.C., puede el Alcalde Mayor, a través de ella, comparecer a la audiencia de conciliación extrajudicial, máxime si el hecho que origina la comparecencia del Alcalde Mayor es un hecho propio de la ETB y no una falla del Distrito Capital.

De otra parte, recuerda como antecedente que en el pasado al Alcalde Mayor, doctor Antanas Mockus Sivickas, fue citado a un cabildo abierto por un grupo de ciudadanos a raíz de las modificaciones de plantas de personal del año 2001, y que éste no compareció directamente sino que lo hizo a través de las entidades y organismos creados por el Concejo, como las Secretarías de Despacho, Departamentos Administrativos y los establecimientos y empresas del sector descentralizado.

El delegado de la ETB manifiesta que ello no sería aplicable en este caso, por cuanto la ETB es una empresa de régimen privado, la cual fue transformada por el Concejo en una sociedad por acciones, y hoy en día es una empresa de servicios públicos mixta y la Ley 489 de 1998 no menciona dentro de las entidades que integran la Rama Ejecutiva del Poder Público a las empresas mixtas de servicios públicos, como sí lo hace con las empresas oficiales de servicios públicos.

Afirma que la prestataria del servicio público no es el Distrito Capital, así él sea el propietario de la mayoría de sus acciones, quien presta el servicio público es la ETB, y ésta no representa a su socio mayoritario.

Asímismo, aconseja que la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C, comparezca a la diligencia con el objeto de que no se le impongan multas o sanciones por su inasistencia.

Finalmente, considera que la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., no debe conciliar el asunto por cuanto no existe legitimación en la causa por pasiva del Distrito Capital.

La Directora Jurídica expresa que en este asunto deben separarse dos discusiones:

El primero, la situación del Distrito Capital frente a sus empresas de servicios públicos, cuestión respecto de la cual existe una gran preocupación toda vez que el Distrito Capital ha efectuado distintas solicitudes a sus empresas de servicios públicos, de las cuales es su accionista mayoritario, y éstas se niegan a suministrarla bajo el argumento de que no es del interés del Distrito Capital lo que en ellas sucede, lo cual, afirma, es una situación insostenible para el Distrito Capital, toda vez que es claro que a éste le interesa la situación de sus empresas, en temas como los procesos judiciales, el contingente judicial, el rumbo mismo de la empresa, y el accionista mayoritario fija su posición a través de la asamblea de accionistas y la junta directiva donde es partícipe, por cuanto en estos escenarios se plantean las políticas, que se traducen en políticas de la Administración Distrital, independientemente de su régimen societario.

Por eso cada respuesta donde se dice que las empresas de servicios públicos no son el Distrito Capital genera una situación difícil para aquél, por cuanto éste ha considerado, especialmente esta Administración, que las empresas de servicios públicos sí son el Distrito Capital, forman parte de la Administración Distrital, independientemente de su régimen.

Si ello no fuera así, si por ejemplo, la ETB no fuera parte de la Administración Distrital, sino una empresa que tuviera únicamente ánimo de lucro y plusvalía respecto del servicio público de telefonía conmutada, el Distrito Capital no podría jamás llevar ese servicio público a los estratos menos favorecidos. En otro escenario, podría afirmar que sus segmentos de mercado son únicamente los estratos más altos.

Por lo antes expuesto, la Directora Jurídica Distrital está de acuerdo en separar la anterior discusión de lo que se aborde y decida en el Comité de Conciliación, por cuanto este sería objeto de otro escenario, siendo injusto con el delegado de la ETB abordarlo totalmente en esta sesión, porque además las empresas de servicios públicos tienen un reclamo válido derivado de su régimen normativo y jurídico especial.

Lo segundo, es entrar en el caso, explica que existen 2 posiciones:

La de la ETB, que dice que independientemente de la decisión del Comité de Conciliación, los dos, la ETB y el Distrito Capital deben asistir a la diligencia; pero recomienda que el Distrito Capital no concilie por falta de legitimación por pasiva.

-La otra posición que dice que el Distrito Capital actúa a través de todas sus empresas y entidades, la ETB es una de sus empresas, por lo que podría tomar perfectamente la vocería de la representación judicial del Distrito Capital.

En consecuencia, propone al Comité de Conciliación abordar las dos tesis y fijar una posición, por cuanto el Distrito Capital no podría llegar a una audiencia de tanta importancia sin saber nada y expresar nada frente al caso en concreto, porque el Distrito Capital no conoce de los hechos, no conoce el por qué la ETB decide retirarle la línea telefónica, que si bien las facturas ascienden a $1.500.000 y las pretensiones $100.000.000, no se podría concluir que están sobrevaloradas, por cuanto no se puede precisar el perjuicio que se le causa a una empresa con el retiro de las líneas, lo cual debe ser examinado por la ETB.

El delegado de la ETB, manifiesta que no está de acuerdo con la segunda posición, porque considera que no existe título jurídico para ello y estima que es más fácil explicar que se trata de un hecho propio de la ETB y no del Distrito Capital.

La Directora Jurídica considera que el Distrito Capital debe comparecer a la audiencia de conciliación extrajudicial, independientemente de las consideraciones anteriores y del debate respecto de quién es el Distrito Capital y cómo comparece éste, porque además estima muy difícil que la ETB asuma la representación en este asunto, y que la posición institucional del Distrito Capital sea no conciliar el asunto por falta de legitimación en la causa por pasiva.

El Subdirector de Conceptos está de acuerdo con lo expresado por la Directora Jurídica, pero modificaría lo relativo de la posición institucional, en el sentido de que el Comité se abstenga de analizar de fondo del asunto porque se trata de una cuestión propia de la ETB.

De otra parte, explica que existe una discusión con argumentos diversos respecto de si la ETB es o no parte de la estructura administrativa del Distrito Capital, legalmente los artículos 38 y 39 de la Ley 489 de 1998, leídos independientemente le dan la razón a cualquiera de las dos posiciones.

Se pregunta por los efectos que tiene ser parte de la estructura administrativa del Distrito Capital respecto de la función judicial y contesta, que en su sentir, no tiene ningún efecto, y esta discusión sería intrascendente porque, por ejemplo, el IDU hace parte de la estructura administrativa del Distrito Capital, y se ha aceptado que tiene personalidad jurídica autónoma y que se representa judicialmente él solo.

Por lo tanto, estima que cuando se han traído asuntos al Comité de Conciliación de competencia del IDU, el Comité se ha abstenido de conocerlos y de presentar fórmula conciliatoria, porque el asunto lo resuelve el IDU.

En tal sentido, la proposición que presenta al Comité es abstenerse de formular posición conciliatoria, en la medida que no existe competencia directa respecto del tema y, en consecuencia, la defensa directa, es decir judicial del asunto, la debe asumir la ETB.

La Directora de Gestión Corporativa considera que, en todo caso, el tema debe mirarse más detenidamente por cuanto de esta forma habría dos posiciones diferentes, así, una sería que el asunto no es de competencia de este Comité por lo que no habría pronunciamiento alguno, otra, que sería no conciliar porque no existe legitimación en la causa por pasiva, entiendo que es un requisito legal que en las audiencias las entidades expliquen el porqué si o no se concilia.

Por lo tanto, su propuesta sería no conciliar, porque no existe competencia y legitimación por pasiva del Distrito Capital en el asunto.

El Presidente del Comité solicita explicar cuál sería la diferencia procesal entre abstenerse de conocer del asunto y/o no presentar fórmula conciliatoria porque no existe competencia, posiciones expresadas por la Directora Jurídica Distrital y de Gestión Corporativa, de un lado, y el Subdirector de Conceptos del otro.

Al respecto, la Directora Jurídica manifiesta que si bien en el fondo ambas posiciones son iguales, en la primera el abogado se presenta a la audiencia y manifiesta que el Distrito Capital no concilia por falta de legitimación en la causa por pasiva; y en la segunda, si bien tiene al final el mismo efecto, porque deberían demandar sólo a la ETB, él propone no presentar formula de si se concilia o no, simplemente el Distrito Capital se abstiene de participar en el asunto, porque el tema de que se trata es de competencia exclusiva de la ETB.

Al final, lo que ambas tesis buscan es que el ciudadano tenga claro a quién demandar y la tesis de las entidades públicas, al agotar este requisito de procedibilidad.

Que en este caso, sería explicar al ciudadano que el asunto es competencia de la ETB.

La Directora de Gestión Corporativa afirma que, en todo caso, tiene entendido que las entidades públicas deben manifestar en las audiencias de conciliación, judicial o extrajudicial, si el asunto se va a conciliar o no.

El Subdirector de Gestión Judicial afirma que la Ley 446 de 1998 obliga la comparecencia de las entidades públicas vayan a la diligencia con o sin ánimo conciliatorio, para evitar las sanciones por inasistencia.

Lo cual obliga al Comité de Conciliación a definir su posición institucional dentro de la audiencia, lo que implica que se presente una fórmula o no conciliatoria.

Por lo tanto, sí se debería ir a la diligencia y expresar allí que el Distrito Capital no tiene ánimo conciliatorio por no estar legitimado en la causa por pasiva.

El Presidente del Comité expresa estar de acuerdo con esta última tesis.

El Secretario Técnico pregunta a la ETB cuáles consideraciones jurídicas se tendrían en el evento en el que en este caso el ciudadano demandara al Distrito Capital y a la ETB y el Juez condenara a ambas entidades al pago de los perjuicios causados a aquél.

Una primera tesis, implicaría que el fallo se paga en un 50% por parte de cada entidad, el Distrito y la ETB, o, una segunda, implicaría que el fallo se paga en un 100% por la ETB, porque el asunto es de su exclusiva competencia, lo cual implica que se deba tomar una posición de prevención de daño antijurídico consistente en el Comité.

En efecto, si es claro que la ETB va a asumir la totalidad de la indemnización en asuntos jurisdiccionales derivados de la prestación del servicio de telefonía conmutada, la posición del Comité de Conciliación podría ser abstenerse de conocer estos asuntos.

Pero, si la ETB y el Distrito Capital van a asumir solidariamente el pago total de la indemnización en asuntos jurisdiccionales derivados de la prestación del servicio de telefonía conmutada, la posición del Comité de Conciliación debe cambiar, porque de ahí se derivan consecuencias fiscales, presupuestales y jurídicas diferentes.

El Presidente del Comité afirma que este asunto es importante, y pregunta por cuál sería el escenario más conveniente, y cuál sería el escenario judicial más conveniente para el Distrito Capital, la jurisdicción contenciosa o la civil.

El delegado de la ETB sostiene que tal dicotomía es absolutamente improbable, es decir, de que un fallo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo condene solidariamente al Distrito Capital y a la ETB, por cuanto tiene reiterada jurisprudencia en la cual se dice que asuntos como este se derivan de una relación contractual, usuario – entidad prestadora del servicio público, la cual es competencia de la Jurisdicción Civil Ordinaria.

El delegado de la ETB afirma que si el demandante presentara en virtud de estos hechos una acción ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ellos propondrían una excepción de falta de jurisdicción, porque el asunto es netamente contractual y no un problema de responsabilidad del Estado y el Distrito Capital debe contestar la demanda argumentando la falta de legitimación por pasiva.

El delegado del Ministerio del Interior y de Justicia expresa que sí existe competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cuanto se demande una falla del servicio por parte de la entidad pública.

En el caso del Ministerio de Justicia antes, en el año 1991, eran una sola entidad con el INPEC, la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Instituto de Medicina Legal, y en el año 1991 se entendió que cada una de estas dependencias eran una entidad con personalidad jurídica, patrimonio y comparece a los procesos a través de su representante legal.

Explica que los casos que más conocen son los del INPEC y la Dirección Nacional de Estupefacientes, en los que, después de la reforma de 1991, se demanda al Ministerio del Interior y de Justicia y al INPEC, el Ministerio va a las audiencias y no presentan fórmula de conciliación explicando que tienen falta de legitimación por pasiva y no tienen la representación del respectivo Instituto, explicando que sus funciones son diferentes.

El Subdirector de Conceptos explica que en caso de una condena contra el Distrito Capital - ETB se expediría una resolución en el que se determina que la ETB la paga.

El Secretario Técnico del Comité explica que en el pasado, en un caso del Distrito Capital - EAAB se condenó a la Administración Distrital a ordenar una reubicación y que la EAAB explicó que ellos no son la Administración Distrital, por lo tanto no se paga el asunto.

La Subdirectora de Estudios explica que en el caso mencionado existiría una diferencia con el planteado en esta sesión, en la medida que en el proceso mencionado actuó la Secretaría de Gobierno como parte del sector central de la administración y se le imputaron fallas en la vigilancia de los predios.

La Directora Jurídica Distrital expresa que en todo caso, el concebir la Administración Distrital solo como el sector central plantea un problema conceptual que es bueno especificar en estos asuntos de cumplimientos de fallos.

El Subdirector de Conceptos expresa que para zanjar la diferencia la propuesta sería no conciliar por no existir legitimación del Distrito Capital.

El Secretario Técnico del Comité propondría adicionar la propuesta en la medida que si los hechos ocurren en el año 1998, la acción de reparación directa contra el Distrito Capital habría caducado, por lo que en tal sentido propondría adicionar el estudio.

El Subdirector de Conceptos pregunta por cuál sería el término de caducidad de la acción, en la medida que se ha dicho que el asunto es competencia de la Justicia Civil Ordinaria.

El Secretario Técnico del Comité considera que el asunto debe analizarse en armonía con el fuero de atracción de las entidades públicas, si demandan al Distrito Capital y a la ETB, cuál sería el fuero que predomina, el del Distrito Capital atrae a la ETB a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, o el de la ETB atrae al Distrito Capital a la Jurisdicción Civil Ordinaria

El Subdirector de Conceptos considera que de existir algún tipo de caducidad esta debería ser propuesta por la ETB y no por el Distrito Capital, quien no presentaría fórmula conciliatoria por no tener legitimación en la causa. Ello sería objeto de argumentación cuando se conteste la demanda.

El Presidente del Comité somete a votación la proposición unificada de la Directora Jurídica Distrital y el Subdirector de Conceptos de no conciliar por no existir legitimación en la causa por pasiva del Distrito Capital.

A continuación, el Presidente del Comité somete a votación de sus miembros la proposición unificada de la Directora Jurídica Distrital y el Subdirector de Conceptos de no conciliar por no existir legitimación en la causa por pasiva del Distrito Capital.

- El Presidente del Comité: vota afirmativamente.

- El Director Jurídico Distrital: vota afirmativamente.

- El Director de Gestión Corporativa: vota afirmativamente.

- El Subdirector de Gestión Judicial: vota afirmativamente.

- El Subdirector de Conceptos: vota afirmativamente.

Se trata de una acción popular presentada por unos ciudadanos que pretenden que en las facturas de telefonía local no se incluya el cobro del impuesto destinado al Fondo del Deporte y se restituya a la ciudadanía los valores pagados por este gravamen.

El actor basa su demanda en el hecho de que en la acción de cumplimiento, radicado 2003-02109, el Consejo de Estado ordenó la no inclusión del recaudo del impuesto al deporte en la factura del servicio telefónico, por lo que se siente legitimado para demandar a la Administración Distrital para que proceda a la devolución de los cobros no autorizados a sus abonados, a fin de devolver las cosas a su estado inicial.

Alega que se han vulnerado derechos colectivos como la moralidad administrativa, al haberse realizado el recaudo indebido de un tributo a través de una factura de servicios públicos.

El apoderado del Distrito Capital explica que la defensa estuvo encaminada a demostrar la improcedencia de la acción y que el actor confunde dos aspectos fundamentales: la moralidad y la legalidad de las disposiciones jurídicas.

En efecto, el concepto de moralidad administrativa ha sido entendido como aquel que afecte de manera concreta e incuestionable el desarrollo normal de la actividad administrativa, y por ende perjudique los intereses colectivos, que en este caso no ocurre ya que el recaudo no impide la prestación del servicio. El hecho de que puedan existir controversias entre dos preceptos legales no implica ilegalidad del actuar de la administración, además, la pluralidad de intereses no implica vulneración de derechos colectivos.

De otra parte, explica que en la Jurisdicción Contenciosa nunca se cuestionó la legalidad del tributo, sino la forma de su recaudo y manifiesta que el asunto se ha traído al Comité de Conciliación en la medida que la Secretaría de Hacienda Distrital no ha adoptado una posición oficial para proceder al recaudo del impuesto.

El apoderado del Distrito Capital recomienda no presentar fórmula de pacto de cumplimiento, toda vez que la existencia del gravamen no afecta derechos e intereses colectivos, y la acción instaurada no es la habilitada para la restitución de los valores cancelados por concepto del gravamen.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

- El Presidente del Comité: Manifiesta no estar inhabilitado.

- El Director Jurídico Distrital: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Director de Gestión Corporativa: Manifiesta no estar inhabilitado.

- El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

- El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

- El Presidente del Comité instala la deliberación.

- El Presidente del Comité manifiesta que según se concluye de la exposición del apoderado del Distrito, la inexistencia de vulneración a los derechos colectivos reside no en que el cobro sea ilegal, sino que el mecanismo no es el adecuado.

El Subdirector de Conceptos afirma que el Consejo de Estado da una lectura demasiado literal de la Ley 142/94, porque lo que pretende la Ley 142/94 es que la entidad, so pretexto de cobrar servicios públicos domiciliarios, no entre directamente a cobrar otros rubros.

Es decir, que lo que está prohibido es que se coloque al usuario del servicio en imposibilidad de distinguir los distintos rubros que se le cobran, especialmente los que no tienen que ver con el servicio. Que el usuario tenga la posibilidad de desprender de la factura lo relativo al servicio público de otros conceptos o rubros distintos al servicio mismo.

Afirma que en la Secretaría General se ha acogido, por ser la más coherente, la posición de la Superintendencia de Servicios Públicos, que es la que hace la ETB con un seguro de vida, que es un desprendible plegable, y el usuario define si se debe pagar el servicio público solo, o el servicio público y el seguro.

El delegado de la ETB está de acuerdo con el asunto.

Sin embargo, aclara que el problema surge cuando el Consejo de Estado, en una acción de cumplimiento, aborda la legalidad del acto administrativo del Concejo de Bogotá, D.C., que contemplaba la forma del recaudo del tributo y, de contera, dejó sin efectos jurídicos al mismo.

Lo anterior implica que no se empleó la vía judicial adecuada, la cual sería la acción de nulidad simple.

De otra parte, señala que el asunto debe revisarse en el sentido de continuar añadiendo conceptos al servicios público de telefonía conmutada, por cuanto ésto lo hace poco competitivo frente a las demás entidades prestadoras del servicio en Bogotá, D.C., servicio que es diferente a los demás, dada la competencia del mercado existente.

La Directora Jurídica pregunta si lo expuesto es la posición de la ETB frente al impuesto para el Fondo del Deporte y las conclusiones con la Secretaría de Hacienda Distrital.

El delegado de la ETB afirma que no, por cuanto el asunto ya se resolvió con el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, en la medida que sí se va a recaudar.

Sin embargo, argumenta que debe revisar el asunto, para que no se coloquen multiplicidad de rubros distintos al servicio público en las facturas de la ETB.

La Directora Jurídica manifiesta su deseo de enviar un mensaje claro sobre el asunto, dado que a este Comité de Conciliación no sólo le compete resolver sobre conciliaciones, sino enviar a todo el Distrito Capital líneas de políticas de prevención de daño antijurídico.

En tal sentido, acoge la recomendación del apoderado del Distrito Capital, en la medida que el Distrito Capital debe adoptar alguna medida administrativa a efectos de hacer el recaudo del impuesto para el Fondo del Deporte, precaviendo futuros requerimientos que así lo soliciten.

De ahí que pregunte al delegado de la ETB si ya han llegado a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda sobre el tema.

El delegado de la ETB afirma que sí, y que lo comenzarán a cobrar en abril del 2005.

El Presidente del Comité manifiesta que se ha agotado el término de deliberación, aclarando que reconoce la complejidad del asunto, y propone declarar la suficiente ilustración y entrar a decidir de fondo el asunto.

La Directora Jurídica manifiesta estar de acuerdo y propone entonces hacer una reunión con la Secretaría de Hacienda y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, dada la importancia del asunto, y propone entrar a decidir el asunto.

El Presidente del Comité somete entonces a votación la recomendación del apoderado de no presentar fórmula de pacto de cumplimiento, pero que se envíe un mensaje a la Secretaría de Hacienda a efectos de revisar el tema del recaudo para precaver futuros litigios.

A continuación, el Presidente del Comité somete a votación de sus miembros la recomendación del apoderado de no presentar fórmula de pacto de cumplimiento, pero que se envíe un mensaje a la Secretaría de Hacienda a efectos de revisar el tema del recaudo para precaver futuros litigios.

- El Presidente del Comité: vota afirmativamente.

- El Director Jurídico Distrital: vota afirmativamente.

- El Director de Gestión Corporativa: vota afirmativamente.

- El Subdirector de Gestión Judicial: vota afirmativamente.

- El Subdirector de Conceptos: vota afirmativamente.

- El Secretario Técnico del Comité le informa a sus miembros, que el Presidente del Comité ha tenido que ausentarse y que por lo tanto, la Presidencia del Comité ha quedado en cabeza de la Directora Jurídica Distrital y que se tiene quórum para continuar deliberando y decidiendo sobre los demás asuntos.

El Secretario Técnico del Comité recuerda a sus miembros que el presente asunto es la continuación en la deliberación de un estudio de procedibilidad de la acción de repetición derivada del pago de la condena en el proceso de Emma Sánchez Eslava, funcionaria del Concejo de Bogotá, D.C.

Recuerda que el asunto había sido sometido a consideración del Comité en sesión del 11 de marzo del 2005, y que el Comité había solicitado a la apoderada del Distrito Capital absolver las siguientes inquietudes respecto del caso:

- Cuál fue la defensa del Distrito Capital en el asunto.

- Cuál y cómo se manifestó la decisión del Concejo de retirar del cargo a la funcionaria.

- Cuáles habían sido las resultas del proceso contencioso administrativo por la supresión del cargo.

La apoderada del Distrito Capital comienza haciendo una síntesis de los hechos, para los miembros que no estaban presentes en la sesión anterior.

Se trata de una funcionaria, Emma Sánchez Eslava, que se desempeñaba un cargo de profesional en el Concejo de Bogotá, D.C., y ostentaba el cargo de Presidente del Sindicato del Concejo SINDICONCEJO.

A la funcionaria se le había suprimido su cargo en el año 2001, pero su retiro no se hizo efectivo hasta que no cesara su fuero, conforme se especificó en el Acuerdo 29 de junio de 2001 y mediante Resolución 275 de la Mesa Directiva, en las que se determinó que las supresiones de los cargos se aplazaban hasta la fecha en que cesara la imposibilidad jurídica para el retiro efectivo.

Posteriormente, el 26 de agosto del 2003 la señora Sánchez Eslava renuncia a su calidad de dirigente sindical y el 27 de agosto de ese mismo año, el Director Administrativo y Financiero del Concejo de Bogotá, D.C., le acepta su renuncia y hace efectiva igualmente la supresión del cargo en su contra, sin que hubiese mediado la autorización del Juez Laboral Ordinario para levantar el fuero de la funcionaria.

Lo anterior por cuanto la funcionaria había superado más de la mitad del período estatutario, lo cual le otorgaba un plazo de protección foral de 3 meses con posterioridad a su renuncia al cargo de Presidente del sindicato, conforme al artículo 405 y 407 el C.S.T.

El 28 de octubre de 2003 la funcionaria le informa al Director Administrativo y Financiero del Concejo que él no podía retirarla inmediatamente del servicio, en la medida que goza de fuero.

El Director Administrativo del Concejo no le contesta y en diciembre de 2003, le informa que el Concejo de Bogotá, D.C., procederá a estudiar su solicitud.

En enero de 2004, la funcionaria presenta la acción de fuero sindical con pretensiones de reintegro, obteniendo sentencia favorable en ambas instancias por lo que se ordenó su reintegro al cargo que desempeñaba y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir a título de indemnización, la cual ascendió a la suma de $34.836.688.

Explica, que la acción de fuero sindical presentada por la funcionaria fue presentada dentro del término de caducidad, y que en la contestación de la demanda del Distrito Capital se argumentó prescripción, cobro de lo no debido y las razones de la supresión del cargo, correspondiéndole la atención del proceso a la doctora Graciela Estefenn Quintero.

En la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se discutieron cuestiones distintas al fuero sindical, únicamente la modificación de las plantas del 2001 y las razones de derecho público que rodearon la supresión, proceso favorable al Distrito Capital y cuya atención correspondió a la doctora Waldina Gómez Carmona.

La apoderada del Distrito Capital ha recomendado al Comité de Conciliación iniciar acción de repetición en contra del Director Administrativo y Financiero del Concejo de Bogotá, D.C., doctor Darcio Antonio Cerna Córdoba.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

- La Directora Jurídica Distrital y Presidente del Comité: Manifiesta no estar inhabilitada.

- La Directora de Gestión Corporativa: Manifiesta no estar inhabilitada.

- El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

- El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

- La Presidente del Comité instala la deliberación.

- La Presidente del Comité explica que en el año 2001 se suprimió el cargo de la funcionaria, pero como era directiva del sindicato, la instrucción fue no retirarla hasta tanto no cesara el fuero sindical; no obstante, la funcionaria en el año 2003 renuncia a la calidad de Presidente de SINDICONCEJO, y el Director Administrativo da aplicación a la supresión del cargo, en la medida que consideró erradamente que ya no había fuero, porque él debió haber esperado 3 meses para poder retirarla del servicio.

Explica que con ocasión del fallo de este proceso, el Distrito Capital expidió una Circular en la que recuerdan a los administradores públicos el término y protección de fuero sindical de los directivos de los sindicatos.

El Secretario Técnico pregunta a la apoderada del Distrito Capital si en este caso éste presentó o no la demanda de fuero sindical para levantar el fuero de la funcionaria del año 2001.

La apoderada del Distrito Capital le informa que no y que la misma había caducado, además el nombre de la funcionaria aparece en la relación de funcionarios aforados de la Resolución del Concejo de Bogotá, D.C.

El Subdirector de Conceptos explica que entonces se había ganado su estabilidad, perdiendo tal derecho solo si renunciara al fuero o, habiéndosele vencido el período el mismo no era renovado.

La Directora Jurídica manifiesta que si bien la funcionaria aparecía en la relación de funcionarios aforados, es posible admitir como un error excusable que el Director Administrativo y Financiero no se hubiera percatado que la funcionaria tenía 3 meses adicionales de protección foral por haber superado más de la mitad del período estatutario.

Pero, de otra parte, tal error se hace inexcusable en la medida que la funcionaria sí le advirtió al Director Administrativo del Concejo de Bogotá, D.C, que no la podía retirar porque tenía fuero.

El Subdirector de Conceptos sostiene que se trata de un elemento nuevo que define el asunto, porque hasta ahora lo que se podía pensar era que la funcionaria había inducido en error al Director Administrativo y Financiero del Concejo, pero este último hecho marca la diferencia y da lectura a la respuesta del Director Administrativo del Concejo de diciembre de 2003:

"Su petitorio de la referencia señala: Me permito solicitarle que me reintegre de manera inmediata al servicio, pues me hallo amparada por el fuero sindical, en mi calidad de directiva saliente del Sindicato SINDICONCEJO, ya que el despido se produjo dentro del término de 6 o 3 meses.

Frente a esta solicitud de manera atenta le informo que esta Dirección se encuentra analizando la viabilidad jurídica de la misma, por tanto, una vez se defina jurídicamente se le comunicará lo decidido por esta Dirección".

El Subdirector de Conceptos pregunta si existen antecedentes o respuestas posteriores a este oficio.

La apoderada del Distrito Capital afirma que revisó la carpeta y no encontró más documentos sobre el particular.

El Subdirector de Gestión Judicial considera que excusaría al funcionario por una eventual mala decisión que se tomara por el exceso de trabajo, pero la culpa grave del funcionario está cuando la funcionaria agota la vía gubernativa, para suspender el término de caducidad de la acción de fuero sindical, pero además le informa que está aforada, y la Administración no corrige su error.

En este estado, el Presidente del Comité retorna a la diligencia y el Secretario Técnico le pone al tanto del debate cursado y las conclusiones del mismo, concluyendo que podrían inferirse elementos claros de culpa grave en la conducta del funcionario.

El Presidente del Comité, en consecuencia, somete a votación la recomendación de la apoderada de iniciar acción de repetición en contra del Director Administrativo y Financiero del Concejo de Bogotá, D.C., doctor Darcio Antonio Cerna Córdoba.

A continuación, la Presidente del Comité somete a votación de sus miembros la recomendación de la apoderada de iniciar acción de repetición en contra del Director Administrativo y Financiero del Concejo de Bogotá, D.C., doctor Darcio Antonio Cerna Córdoba.

- El Presidente del Comité: vota afirmativamente.

- El Director Jurídico Distrital: vota afirmativamente.

-El Director de Gestión Corporativa: vota afirmativamente.

- El Subdirector de Gestión Judicial: vota afirmativamente.

- El Subdirector de Conceptos: vota afirmativamente.

No obstante lo anterior, el Subdirector de Conceptos desea dejar constancia en el sentido de que en otros asuntos laborales el Comité no ha iniciado acción de repetición, porque existe una duda jurídica razonable al momento de que la Administración adopte la decisión del caso, como, por ejemplo, fuero sindical versus edad de retiro forzoso.

Sin embargo, en este caso de Emma Sánchez la Circular expedida por la Administración no se expide para aclarar entre dos posiciones o interpretaciones posibles de las normas en relación con el fuero de directivos, sino para llamar la atención de los administradores respecto de la vigencia de la protección foral en este caso.

El apoderado del Distrito Capital explica que el Distrito Capital ha presentado demanda contractual contra el doctor Jorge Enrique Márquez, ex contratista de la Secretaría General del Distrito Capital, demandando el incumplimiento parcial del contrato de prestación de servicios No 125 de 1997.

El proceso estaba al Despacho para dictar sentencia, pero el Tribunal decretó una prueba de oficio con el objeto de que la Secretaría General de aquél le informe de las actuaciones realizadas por el doctor Márquez, señalando las acciones realizadas y las fechas en las que se hicieron, por ejemplo, si hubo contestación de las demandas, alegatos, etcétera.

El demandando, estando en práctica la prueba, solicita audiencia de conciliación judicial, petición que es aceptada por el Tribunal Administrativo.

El demandado presentó demanda de reconvención en contra del Distrito Capital, la cual no es contestada por aquél y en la que se pretende que el Distrito Capital reconozca al contratista $316.000.000, por concepto de las actuaciones que el contratista realizó en exceso de lo acordado.

El proceso ha tenido varios apoderados, y el asunto fue recibido de la doctora Martha Alicia Giraldo.

En la demanda se recuerda que el valor del contrato fue de $120.000.000, el contratista se comprometía a contestar 200 demandas a $600.000 cada una.

El Contratista contestó 41 demandas y presentó 2 alegatos de conclusión que suman $25.800.000.

Pese a ello, el Distrito Capital pagó la totalidad de lo pactado al contratista y por esto pretende la liquidación del contrato y la devolución de los dineros cancelados sin haberse prestado el servicio $94.200.000.

El Contratista aduce que el contrato debe interpretarse con la naturaleza del objeto contratado, el cuál no era solo para contestar demandas, sino para realizar todas las gestiones judiciales del caso.

Explica que la suma de $120.000.000 ya está saldada, pero que además, el contrato en realidad no es por $120.000.000 sino por $400.000.000 ($2.000.000 por 200 procesos) en la medida que contemplaba actuaciones posteriores a la contestación y el Distrito Capital incumplió el contrato al haber revocado los poderes.

El apoderado explica que la Secretaria General de la época, doctora Silvia Forero de Guerrero, le explicó al contratista que sería contratado para etapas posteriores a la contestación de la demanda.

Ahora bien, el contratista sabía que el plazo del contrato es el que se requiera para cumplir con la totalidad del contrato.

No obstante, el 10 de diciembre de 1997, se pacta un otro sí al contrato, en el que se dispone que "en el caso de que por cualquier circunstancia no fuere posible contestar alguna o algunas de las demandas conforme a los poderes otorgados, los honorarios recibidos se abonarán o acreditarán al Contratista por la atención de igualo número de procesos durante 1998, o contestando las demandas de procesos nuevos para lo cual se otorgarán los respectivos poderes; en el evento de procesos nuevos el plazo se prorrogará por doce (12) meses más y, en consecuencia, el contratista ampliará la garantía única y presentará ante la Oficina de Asuntos Judiciales informes bimestrales del estado en que se encuentren los procesos con sus respectivas actuaciones".

Por lo tanto, el plazo sería de un año inicialmente, pudiéndose prorrogar por un año más. De ahí que el Subdirector de Asuntos Judiciales, vencido el plazo, procediera a invitar al contratista a liquidar bilateralmente el contrato, el contratista no compareció y la administración no lo liquidó unilateralmente, y procedió a la revocación de los poderes.

Informa que contra la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., se iniciaron acciones disciplinarias y fiscales, en las que la Secretaria General presenta una argumentación similar a la del contratista, es decir, que estaban contratados para todo el proceso, y que no se requería contestar las demandas, sino que se podía cumplir con el proyecto de contestación de la demanda.

De otra parte, señala que el punto central del litigio radica no sólo en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, sino que además explica que existen 4 procesos similares en los que el Tribunal ha dado la razón al Distrito Capital, y que en la medida es ley para las partes, el mismo se hizo sólo para hacer contestaciones de demandas, que el informe de interventoría no fue contradicho por el contratista, entonces tiene plena validez, y por lo tanto, la liquidación es la que pide el Distrito Capital.

Finalmente, da lectura a las conclusiones y recomendaciones expresadas en la ficha de conciliación.

El apoderado del Distrito Capital recomienda no conciliar el asunto, pero podría existir una propuesta alternativa.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

-El Presidente del Comité: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Director Jurídico Distrital: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Director de Gestión Corporativa: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Presidente del Comité instala la deliberación.

La Directora Jurídica recuerda que este tipo de contratos fue una modalidad empleada con anterioridad, en la que a los apoderados se les pagaba por actuación, lo cual representaría una ventaja porque el apoderado lleva el asunto hasta su final, sin necesidad de que se corriera el riesgo de que se venza el contrato y los asuntos se queden sin atención, pero frente a esto se ha argumentado que a pesar de que se venza el contrato, el poder continúa vigente.

El apoderado del Distrito Capital señala que el objeto del contrato dice "el contratista se compromete para con la Alcaldía Mayor - Secretaría General a actuar como apoderado judicial en representación del Distrito Capital para contestar las demandas correspondientes a doscientos (200) procesos contenciosos administrativos, de conformidad con los poderes que se otorguen".

La Directora Jurídica afirma que si bien el objeto dice que el contrato es sólo para contestar demandas, es posible que el contratista hubiera llegado a etapas posteriores, y allí debe entenderse la prueba oficiosa que está practicando el Tribunal.

De otra parte, explica que la fórmula de conciliación del contratista se basa en que el Distrito Capital le reconozca que le debe la diferencia entre lo pagado por el Distrito Capital y las funciones realizadas por el contratista $360.000.000, pero del año 1998.

El Presidente del Comité solicita informarle si la Administración expidió algún tipo de acto declarando el incumplimiento y si no, de dónde se deduce el mismo.

El apoderado del Distrito Capital explica que no, que no se expidió ningún acto y el incumplimiento se dedujo del informe de interventoría.

De otra parte, el Subdirector de Conceptos expresa que en todo caso las declaraciones de la Secretaria General en los procesos de responsabilidad fiscal y disciplinaria deben relativizarse por su interés directo en el asunto, y pregunta por cuáles hechos se realizaron las investigaciones.

El apoderado del Distrito Capital recuerda que la investigaron por indebida celebración de contratos, negligente interventoría, no tomar medidas pertinentes para la atención de los procesos y haber pagado todo sin la prestación del servicio, respecto de todo ello la absolvieron.

El Subdirector de Gestión Judicial recuerda que los fallos de los procesos ya han determinado, como explicó el apoderado del Distrito Capital, que el contrato sólo se hizo para hacer contestaciones de demandas.

La Directora de Gestión Corporativa pregunta al apoderado del Distrito Capital si se ha investigado si el contratista ha realizado acciones distintas a las contestaciones de demanda o si solo ha hecho contestaciones de demanda, porque en este estado esta prueba estaría supeditada a la prueba del Tribunal.

Esta situación impediría poder analizar cualquier fórmula o no de conciliación, al desconocer las actuaciones del contratista.

El apoderado del Distrito Capital explica que en este caso está el informe de interventoría, en el que se señalan cuáles fueron las actuaciones y no podríamos ir más allá del mismo.

La Directora de Gestión Corporativa aduce entonces que la prueba del Tribunal es, en consecuencia, la contradicción del informe de interventoría.

El Subdirector de Conceptos está de acuerdo y aduce que si el informe de interventoría hubiera sido suficiente, qué razón existiría para el Tribunal hubiera decretado esta prueba.

El Secretario Técnico del Comité afirma que comparte lo expresado por la Directora de Gestión Corporativa, además porque procesalmente esta prueba estaría encaminada a las pretensiones de la demanda de reconvención.

La Directora Jurídica expresa que debe hacerse un análisis de los documentos contractuales, como por ejemplo cuántos procesos tuvo, y en cada uno cuáles actuaciones hizo, y luego se podría determinar si se le debe o no algo al contratista, o si el mismo lo incumplió.

La Directora de Gestión Corporativa propone en consecuencia hacer un análisis más profundo de los documentos contractuales y examinar a la luz de los mismos la petición de conciliación del apoderado del contratista.

El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno expresa que el apoderado del contratista, en la demanda de reconvención presenta una relación de los procesos en los que actuó su poderdante, por lo que recomienda hacer el análisis con base en tal relación.

La Subdirectora de Estudios pregunta el por qué se inició esta acción contra el contratista si ya se dispuso que fiscal y disciplinariamente no había responsabilidad de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.,

El apoderado del Distrito Capital manifiesta que la demanda se presentó con anterioridad a los fallos de la Contraloría y la Procuraduría.

No obstante, el Presidente del Comité considera que el asunto tiene ciertas implicaciones que deben quedar claras, por ejemplo, que al parecer el contratista se está lucrando por servicios que no prestó.

En tal sentido, manifiesta estar de acuerdo con el apoderado del Distrito Capital en el sentido de conciliar y que el contratista devuelva lo recibido sin que mediara la prestación del servicio, $94.200.000.

El Subdirector de Conceptos pregunta si el Tribunal precisó una fecha para la práctica de la prueba ordenada oficiosamente.

El apoderado aduce que así se hizo, pero que el Secretario del Tribunal ha dicho que en ese lapso no se ha podido hacer por el volumen de la información.

La Directora de Gestión Corporativa propone entonces que se solicite al Tribunal que prosiga con el trámite del proceso y considera que debe revisarse el asunto con base en la relación que presenta el contratista, y que debe documentarse el asunto con base en las pruebas que nos favorecen y nos desfavorecen y en tal sentido, presentar una proposición sustitutiva de la recomendación del apoderado.

El delegado del Ministerio del Interior y de Justicia está de acuerdo con ello.

La Directora Jurídica expresa que además le gustaría que se hiciera una revisión detallada de los documentos contractuales para objetivamente determinar cómo se hubiera hecho la liquidación.

Por lo tanto, el Secretario del Comité propone que para realizar tal estudio con el rigor debido se solicite al apoderado presentar solicitud de aplazamiento de la diligencia, en atención a que la prueba oficiosa no ha sido practicada y que el apoderado del contratista ha presentado formalmente una petición.

De otra parte, conformar una comisión integrada por el apoderado del Distrito Capital, la Subdirectora de Contratos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y la doctora Gloria Martínez Rondón, asesora de la Dirección Jurídica Distrital, para que analicen lo propuesto por las Directoras de Gestión Corporativa y Jurídica Distrital

A continuación, el Presidente del Comité somete a votación de sus miembros la proposición de las Directoras de Gestión Corporativa y Jurídica Distrital en el sentido de hacer una revisión de los documentos contractuales, las pruebas que obran en el proceso y la solicitud de conciliación del apoderado del contratista, a efectos de proponer en la diligencia una fórmula de liquidación del contrato, conformando para ello una comisión entre el apoderado del Distrito Capital, la Subdirectora de Contratos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y la doctora Gloria Martínez Rondón, asesora de la Dirección Jurídica Distrital.

- El Presidente del Comité: vota afirmativamente.

- El Director Jurídico Distrital: vota afirmativamente.

- El Director de Gestión Corporativa: vota afirmativamente.

- El Subdirector de Gestión Judicial: vota afirmativamente.

- El Subdirector de Conceptos: vota afirmativamente.

En esta sesión no se tramitaron proposiciones y varios, excepto la mención de los asuntos del orden del día que han quedado aplazados para la sesión ordinaria del próximo 4 de mayo del presente año.

No siendo otro el objeto de la presente sesión del Comité de Conciliación, se da por terminada la misma.

La presente acta se discutió en sesión del Comité de Conciliación y fue aprobada por los miembros del Comité, quienes en constancia de aprobación lo suscriben a los once (11) días del mes de abril de 2005.

FECHA DE COMITÉ: 11 DE ABRIL DE 2005.

FECHA AUDIENCIA: 28 DE ABRIL DE 2005.

RESPONSABLE DE LA FICHA Y APODERADO: Dr Luis Alfonso Castiblanco Urquijo.