RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

1. Hechos planteados por los Actores:

1. Con Acuerdo Distrital 5 del dos (2) de mayo de mil novecientos noventa y uno (1991), el Concejo de Bogotá, autorizó al Alcalde Mayor de Bogotá para afiliar al Distrito Especial de Bogotá a la Federación Colombiana de Municipios

2. Mediante Acta No.4 del 2 de septiembre de 1994, emitida por el Consejo Ejecutivo Federal, se aprueban las propuestas de las cuotas de sostenimiento para la Federación Colombiana de Municipios categorizadas por oblaciones y salarios mínimos vigentes.

3. El Distrito Capital con Resolución 538, del cinco (5) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), la Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá, Autorizo el pago a favor de la FEDERACION COLOMBIANA DE MUNCIPIOS, cuota de la ciudad de Bogotá Distrito Capital a dicha Federación, por concepto de sostenimiento correspondiente de dicho organismo, con lo cual se legitima la inclusión de la ciudad. en la misma.

4. El artículo 10 de la Ley 769 de 2202, creo el Sistema Integrado de Información Sobre Multas y Sanciones por infracciones de Transito, el cual tiene como objeto contribuir al mejoramiento de los ingresos de los Municipios, autorizados a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel nacional, un sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de transito (SIMIT), por lo cual percibirá el 10% por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado. (Lo resaltado es fuera de texto).

5. La señora ERIKA MARCA MURCIA CALDERON, presentó demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 10 de la Ley 769 de 2002, la cual fue decidida por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-385 de 2002; Declarando EXIQUIBLE el citado articulo 10, salvo en la expresión "o en aquellas donde la Federación lo considere necesario" en la que se fue declarado INEXEQUIBLE.

6. El Legislador en los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002, AUTORIZÓ a la FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA, para implementar y mantener actualizado el Sistema Integrado de Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Transito; sin embargo la extinta SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA, se negó a entregar la base de datos que contenía la información necesaria para poner en funcionamiento el aludido sistema, al punto que la puesta en marcha se postergó por varios meses, hasta que por vía de la Acción de Cumplimiento, la jurisdicción le ordenó al Distrito Capital entregar la base de datos.

7. Ante la negativa del DISTRITO CAPITAL en hacer entrega de la Base de datos de deudores de multas y comparendos, LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, promovió ante la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Acción de cumplimiento 2003-2509, con la cual le ordenaron a dicho organismo cumplir con la Ley y entregar la base de datos.

8. La sentencia a que hace referencia el acápite que antecede, fue apelada ante el Consejo de Estado por la extinta Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, pero la máxima Corporación con fallo del trece (13) de febrero de dos mil cuatro (2004)-Proceso AC 03 -2509, confirmó en su integridad lo decidido por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

9. El DISTRITO CAPITAL- a través de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Bogotá, tuvo que entregar la información de los deudores de multas y comparendos, a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, tal y como consta en Oficio No S-J11-6468 de mayo seis (6) de dos mil seis (2006). En el momento de esta controversia jurídica la discusión era sobre la entrega del sistema de información de multas y comparendos o la entrega de la información allí consignada.

10. El señor Ministro de Interior y de Justicia, formuló consulta ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para que se determinara el momento a partir del cual se debe pagar a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, el porcentaje del diez por ciento (10%) de las multas por infracciones de tránsito establecido en el artículo 10 de la Ley 769 de 2002, precisara la base que debe tenerse en cuenta para liquidar dicho porcentaje y la destinación de los excedentes que resulten de la gestión encomendada a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. Las preguntas son transcritas, así:

• "¿El porcentaje de participación que en cuantía del diez por ciento (10%) de las multas y sanciones por infracciones de tránsito establece la Ley 769 de 2002 a favor de la Federación colombiana de municipios, se causa a partir de la vigencia de la Ley?

-¿O de la fecha en que se puso en operación el sistema?.

-¿ O a partir de la fecha de en que el organismo de tránsito desee entregarla información de sus infractores de tránsito?.

La ley 769 de 2002 se refirió, para efectos de la aplicación del 10 por ciento de la administración del SIMIT,; a las multas de tránsito en general (aquellas impuestas en la República de Colombia) o sólo se refirió, a las que se paguen por fuera de la sede del organismo de tránsito que la impuso?....

11. El Consejo de Estado, a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante concepto 1589 del 5 de agosto de 2004, definió las inquietudes del señor Ministro del Interior y de Justicia, indicando entre otras cosas que el diez por ciento (10%) a que hacía referencia la Ley 769 de 2002, era causado desde el momento en que entró a regir la norma (Noviembre 6 de 2002), y comprendía todas las multas en general incluyendo las pagadas en el Distrito Capital, como en otras ciudades.

12. El diez (10) de febrero de dos mil seis (2006), la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta del Consejo de Estado, profirió sentencia de segunda instancia dentro de la Acción de Cumplimiento No 2005-0093, instaurada por la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, la cual perseguía el pago de las sumas adeudada por el DISTRITO CAPITAL, siendo rechazada y no evaluada de fondo por adolecer de requisitos de procedibilidad.

13. El diez por ciento (10%) que por Ley le corresponde a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito recaudado por el DISTRITO CAPITAL, desde el dos (2) de octubre de dos mil tres (2003) y hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2006, asciende a la suma de diez y siete mil millones seiscientos noventa y dos mil novecientos ocho pesos ($17.061.692.908) MCTE.

14. Con relación a la vigencia 2002 y 2003, según informe de la Secretaría de Hacienda Distrital, la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, no recibió porcentaje alguno dado que en criterio del DISTRITO CAPITAL, este organismo no inició labores en el momento en que entró en vigor la norma; olvidando que ello ocurrió porque esta tuvo que acudir a una Acción de cumplimiento a efectos de que la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, entregara las bases de registro de infractores sin las que aquella no podía operar.

15. Según datos de la Secretaría de Hacienda Distrital, el monto total de las multas y sanciones por infracciones de tránsito recaudadas por el Distrito Capital durante los años 2003, 2004, 2005 y 2006, incluidas las resoluciones de sanción y comparendos voluntariamente pagados, son los siguientes: (...)

16. Hasta la fecha, el DISTRITO CAPITAL no ha sabido explicar donde están los dineros que corresponden al diez por ciento (10%) de que habla el artículo 10 de la Ley 769 de 2002, como tampoco ha justificado razonablemente el porque de su negativa a efectuar el pago.

17. Ante esta situación el Ministerio de Transporte ha guardado absoluto silencio y lejos de intervenir a las demás entidades accionadas, se ha constituido en un transgresor más del derecho colectivo de la Moralidad Administrativa, al punto que el parágrafo único del artículo 18 de la Ley 1005 de 2006, le ordena abstenerse de expedir especies venales (rangos de licencias de tránsito, de conducción, placas), a aquellos organismos que no acrediten estar a paz y salvo con el SIMIT, y siendo el DISTRITO CAPITAL el único de los organismos del país renuente al cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 10 de la Ley 769 de 2002, premia su actuar expidiendo estos rangos obrando de manera contraria al principio de legalidad e impidiendo cumplirle a la ciudadanía con el mantenimiento apropiado de un Registro Público de Infractores. El precepto invocado, dice:

"parágrafo único del artículo 18 de la Ley 2005 de 2006, que a su tenor literal dice: "De todas maneras no se autorizará trámite de especies vena les a los organismos de tránsito que no se encuentren a paz y salvo por concepto de pagos o contribuciones con el Ministerio de Transporte, el SIMIT o con entidades que hayan recibido por delegación o por Ley funciones en el tránsito, "(Lo destacado con negrilla es fuera de texto).

18. La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, al sustraerse injustificadamente al cobro de lo adeudado por el DISTRITO CAPITAL, afecta los intereses colectivos ya que la información contenida en el registro de conductores infractores se vería afectado por su desactualización y de contera ello impediría cumplir con la finalidad del poder sancionatorio en esta clase de contravenciones que no es otro que el señalado en el artículo 160 de la Ley 769 de 2002, que hace referencia a la implementación y fortalecimiento de los planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustibles y seguridad vial.

19. En la medida en que el Sistema Integrado de Información Sobre Multas las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, administrado por la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, cobra importancia en la medida que mientras los infractores no estén a paz y salvo con todos los organismos de tránsito, no pueden acceder a los trámites de Registro, hasta que paguen las sanciones que le son impuestas y de no existir este mecanismo, seria imposible obtener los recursos para seguridad vial y fortalecimiento de los planes de tránsito.

20. En criterio del DISTRITO CAPITAL y del MINISTERIO DE TRANSPORTE los conceptos proferidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no obligan.

Solicita el actor lo siguiente:

"PRIMERA: DECLARAR, que el DISTRITO CAPITAL - Alcaldía Mayor de Bogotá vulnera el derecho colectivo de la Moralidad Administrativa previsto en el literal b) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, al negarse a girar a la Federación Colombiana de Municipios la totalidad del porcentaje del diez por ciento (10%) de que trata el artículo 10 de la ley 769 de 2002, para que esta última lo utilice en la implementación y mantenimiento del sistema Público Integrado de Multas y Sanciones de Tránsito.SEGUNDA: ORDENAR, al DISTRITO CAPITAL - Alcaldía Mayor de Bogotá - hacer el pago efectivo a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS del diez por ciento (10%) de las multas y sanciones impuestas a los infractores del tránsito en la ciudad de Bogotá, desde el seis (6) de noviembre de dos mil dos (2002), fecha en que entró en vigor la Ley 769 de 2002, hasta la fecha en que sea fallado este asunto, independientemente si las multas fueron pagadas por los contraventores en el Distrito Capital o en otros Municipios, suma que a la fecha es de más de Veinticuatro Mil Millones de Pesos ($24.000.000.000).

TERCERA: REQUERIR, a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS para que demande del Distrito Capital no solo el cobro del diez por ciento (10%) del valor recaudado por multas y sanciones en otros Municipios de Colombia, por infracciones cometidas en la ciudad de Bogotá, sino también que este porcentaje sea aplicable a las infracciones pagadas voluntariamente.

CUARTA: DISPONER, que el MINISTERIO DE TRANSPORTE, para coadyuvar con la eficacia de los artículos 10,11 y 159 del Código Nacional de Tránsito, acate lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 18 de la Ley 1005 de 2006.

QUINTA: RECONOCER, el incentivo económico de que trata el artículo 40 de la Ley las previsiones legales.

En mi calidad de apoderado especial de Bogotá - Distrito Capital me permito presentar un breve resumen sobre los hechos relevantes relacionados con la presente acción con la finalidad de dotar de mayores elementos de juicio al Comité de Conciliación para la toma de la decisión que corresponde.

Acuerdo Distrital 5 del 2 de mayo de 1991 otorgó al Alcalde Mayor de Bogotá una facultad, que es discrecional ejercerla, para afiliar al Distrito Capital a la Federación Colombiana de Municipios y pagar la cuota de sostenimiento. Es una facultad ya que la Corte Constitucional, en sentencia C-385 del 13 de mayo de 2003, en el numeral 3.13 de la parte considerativa, al estudiar la legalidad de los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002, expresó lo siguiente:

La Alcaldía. Mayor de Bogotá - Distrito Capital, a través de la Secretaría General, debe expedir la resolución de reconocimiento y ordenación del pago de la cuota de sostenimiento a la Federación, por encontrarse el Distrito Capital afiliado a la misma, de tal manera que la resolución indicada en los hechos de la demanda está mal citada y no es la única que existe. Además, el hecho de encontrarse el Distrito voluntariamente afiliado a la Federación, ello no la legitima para que el Distrito le transfiera otros conceptos que no tienen ninguna justificación legal.

La Federación Colombiana de Municipios solicitó que la entonces STT le entregara la base de datos de contraventores del Distrito Capital, entidad que nunca se negó a suministrar la información requerida por la Federación, respecto de las multas y sanciones por infracciones de tránsito, sino que estableció una condición de pago por la entrega de la base de datos, habida cuenta la inversión que se había hecho para su implantación y puesta en funcionamiento.

La Federación Colombiana de Municipios no aceptó cancelar ningún valor y procedió a instaurar la Acción de Cumplimiento para que el Fondo de Educación y Seguridad Vial FONDATT (hoy en liquidación), le suministrara sin ningún costo y en medio magnético el registro de infractores, para su inclusión en el consolidado nacional, diariamente actualizada. Ante esta solicitud el Fondatt manifestó que tal información se suministraría a la Federación previo a una contrapartida económica, pues el desarrollo, implementación y actualización de la base de datos habían implicado cuantiosas inversiones de recursos públicos.

De igual manera el argumento que se expuso para entregar dicha información era que la Ley 769 de 2002 había autorizado a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado el sistema integrado de información sobre multas y comparendos, labor que desde años atrás venía realizando la Secretaría de Tránsito y Transportes de Bogotá, por lo cual se contaba con una base de datos de alta confiabilidad. Por consiguiente, al ser una labor ya adelantada por la Secretaría de Tránsito, la Federación no requería ninguna inversión, por tanto, lo justo era que el suministro de la base de datos tuviera algún costo a cargo de la Federación.

El fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la referida acción de cumplimiento dispuso que "se permitiera el acceso a la base de datos con la finalidad de recaudar información sobre las multas y sanciones por infracción de tránsito, a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, para cual (sic) la Federación deberá enviar el personal con los recursos técnicos que dicho trámite implique, dentro del término de diez (10 ) días, a partir de la ejecutoria del fallo:'

Es decir, el fallo ordenó el acceso a la base de datos más no la entrega de la base de datos como lo pedía la Federación.

Ahora bien, los conceptos del Consejo de Estado citados pro el actor en su demanda no tienen carácter vinculante, lo cual se encuentra demostrado con los pronunciamientos que hizo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y e] Consejo de Estado en la Acción de Cumplimiento No. 2005-0093, en donde tales providencias difieren del concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil dei Consejo de Estado.

De igual manera, difiere de los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-385 de mayo 13 de 2003, ya mencionada, en la cual dijo lo siguiente:

Es necesario mencionar que el 2 de febrero de 2005 el señor GILBERTO TORO, obrando como Representante Legal de la Federación Colombiana de Municipios, inició una nueva Acción de Cumplimiento para que se ordenara al FONDATT destinar los recaudos de infracciones de tránsito percibidos dentro de su jurisdicción, a los fines que la Ley 769 de 2002 ordena, esto es, el 90% a planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustible y seguridad vial y el 10% restante, se transfiriera a la Federación para la Administración del SIMIT.

Esta acción fue rechazada por improcedente tanto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, como por el Consejo de Estado, con base en los siguientes fundamentos:

El Tribunal, al fallar la primera instancia, y concretamente sobre el artículo 10 de la Ley 769 de 2002, efectuó un análisis de fondo y precisó lo siguiente:

"Estima la Sala, que el artículo 10 de la Ley 769 de 2002 determina a favor de la Federación Colombiana de Municipios un porcentaje del 10% de lo recaudado por multas y sanciones por infracciones de tránsito como contraprestación por la administración del SIMIT, pero no establece en forma clara y concreta que dicho porcentaje deba igualmente reconocerse en la forma señalada por el demandante, es decir sobre los montos que las mismas autoridades distritales hayan recaudado, sin mediar la colaboración de la Federación Colombiana de Municipios".

Agrega que "la Federación Colombiana de Municipios tiene derecho a percibir un 10% de los recaudos por concepto de multas y sanciones, como contraprestación por los servicios de administración del SIMIT y solamente en estos casos. De lo contrario, estarían percibiendo unos ingresos no tributarios sin soporte o justificación legal."

Por su parte, el Consejo de Estado, al conocer del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el fallo del Tribunal, expuso lo siguiente:

• El deber legal, cuyo cumplimiento exige la parte actora, existe y en efecto, se encuentra radicado en cabeza de las entidades territoriales, como es el caso del Distrito Capital. Pero ocurre que la pretensión formulada conduce a la improcedencia de la acción, por cuanto la entrega del porcentaje reclamado establecería un gasto con cargo al presupuesto del Distrito Capital, que debería ser ejecutado por la Secretaría de Hacienda Distrital. Ello es así, porque de conformidad con el artículo 27 del Decreto 111 de 1996 o Estatuto Orgánico de Presupuesto, las multas hacen parte de los ingresos corrientes en la modalidad de no tributarios.

• Es claro que como las multas son verdaderas rentas que ingresan al presupuesto de las entidades territoriales, independiente de que la ley les haya asignado una destinación específica, como ocurre con las que se imponen por trasgresión a las normas de tránsito, según el artículo 160 de la Ley 769 de 2002. Siendo así, ordenar a la autoridad de Hacienda del Distrito la entrega de los recursos que reclama la Federación, comporta sin duda un movimiento presupuestal, en la medida en que las multas ingresan al presupuesto del Distrito como ingresos corrientes no tributarios, independiente de la destinación específica que le asignó la ley a tales recursos.

• Tal consideración es consecuente con la posición de la Sala, según la cual la causal de improcedencia prevista en el parágrafo del artículo 9° de la Ley 393 de 1997 no solo impide al juez de cumplimiento ordenar la inclusión de un gasto en el presupuesto de las entidades públicas, sino también conminar la ejecución de los que se encuentren incluidos, pues lo contrario alteraría el modelo presupuestal elaborado por el Constituyente, así como también las competencias y procedimientos que le sirven de soporte.

En cuanto a la afirmación del demandante, referida a que la acción fue rechazada y no evaluada de fondo por adolecer de requisitos de procedibilidad no es cierto, pues tal como consta en los fallos mencionados, tanto el Tribunal como el Consejo de Estado fallaron de fondo la acción; y respecto de la constitución de renuencia, lo fue solamente en relación con la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Ahora bien, el Distrito Capital de Bogotá, en cumplimiento de lo preceptuado por los artículos 10, 11 y 160 de la Ley 769 de 2002, le ha cancelado a la Federación Colombiana de Municipios la suma de $696.269.375,40, con corte 5 de febrero de 2007, por concepto del 10% que le corresponde la Federación por la gestión adelantada por ella y que mejoró los ingresos del Distrito por dicho concepto, tal como consta en la certificación expedida por el Tesorero Distrital, que se anexó corno prueba.

Para el caso concreto planteado por los actores, el porcentaje obliga desde el momento en que entra en funcionamiento el Sistema, que fue el 16 de junio de 2004, y a partir de esa fecha, el Distrito ha cancelado el valor que le corresponde por dicho concepto.

Las sumas recaudadas por el Distrito Capital de Bogotá por comparendos de tránsito se logró sin la intervención y sin la gestión de la Federación Colombiana de Municipios a través del SIMIT; por lo tanto no puede exigir la Federación ni los actores el porcentaje, pues ello generaría un pago sin justificación legal, al no existir contraprestación alguna, tal como se estableció en la sentencia del Tribuna] Administrativo de Cundinamarca. (AC-2005-093)

Tal como consta en la certificación expedida por el Tesorero Distrital, el Distrito Capital de Bogotá le ha cancelado a la Federación, en virtud de lo establecido en articulo 10 de la Ley 769 de 2002 la suma de $696.269.375,40, con corte 5 de febrero de 2007, por concepto del 10% que le corresponde la Federación por la gestión adelantada por ella y que mejoró los ingresos del Distrito por dicho concepto.

Frente al Ministerio de Transporte se tiene que ha actuado conforme a la ley, con lo cual es clara la falta de legitimidad en lo pretendido por la Federación Colombiana de Municipios.

La función, tal como lo dispone la Ley 769 de 2002 se viene cumpliendo frente a la Federación Colombiana de Municipios, entidad que viene percibiendo el 10% de los recaudos por concepto de multas y sanciones, como contraprestación por los servicios que administra el SIMIT. Por consiguiente no se afecta ningún derecho colectivo, pues éste es el que recae sobre una comunidad entera a diferencia del derecho individual que es el que recae sobre una persona determinada y no se puede deducir su existencia porque varias personas estén en una misma situación ni porque se acumulen situaciones parecidas de varios sujetos, que para el caso particular serían las entidades territoriales, quienes no conforman una comunidad.

Además, en el caso que nos ocupa, el derecho colectivo está dirigido únicamente a la Federación Colombiana de Municipios, tal corno se desprende de las pretensiones de la Acción Popular, que si bien los demandantes son dos personas naturales, el objeto de la misma beneficia exclusivamente a la Federación Colombiana de Municipios.

Frente a la situación de que los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no obligan, se encuentra esto sustentado en la Sentencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional No. C-542 de 2005 del 24 de mayo de 2005, dentro del Expediente D-5480, al conocer sobre la demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, donde expresó lo siguiente:

Es por lo anterior que en las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el Consejo de Estado dentro de la Acción de Cumplimiento No. 2005-00093, iniciada por la Federación Colombiana de Municipios, los pronunciamientos en ambas instancias difieren del concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Dentro del presente proceso se ha pretendido el amparo del derecho colectivo de^: La moralidad administrativa"

La contestación de la demanda planteó como mecanismo exceptivo el Agotamiento de Jurisdicción por cuanto existió el proceso AC 2005-093, razón por lacual no deben tramitarse tantos procesos como argumentos nuevos presenten eventuales nuevos demandantes.

Cosa Juzgada, por cuanto se ha sostenido que al resolverse la citada acción solo se podrá cobrar y pagar el 10% sobre lo efectivamente gestionado.

Así mismo se planteó la inexistente vulneración de derecho colectivo alguno.

La ausencia de prueba de afectación de derechos colectivos.

La inexistencia de responsabilidad de la administración distrital en cuanto se refiere al pago del 10% por recaudo de multas y comparendos.

Pago de lo efectivamente realizado por gestión del SIMIT.

La Secretaría de Hacienda Distrital en sesión de Comité de Conciliación del 13 de junio de 2007 recomendó por UNANIMIDAD no presentar fórmula de pacto de cumplimiento alguno.

La Secretaría de Movilidad mediante sesión de comité de Conciliación del 15 de junio de 2007 recomendó también por UNANIMIDAD no presentar fórmula de pacto de cumplimiento.

Dicha reunión se realizó el 11 de julio de 2007 en donde la apoderada del SIMIT prometió presentar una fórmula de pacto de cumplimiento para dar por terminado el proceso.

En mi calidad de apoderado especial de Bogotá - Distrito Capital me permito manifestar al Comité de Conciliación que en vista de todo lo anterior no es posible presentar fórmula de pacto de cumplimiento, habida cuenta que no se ha afectado derecho colectivo alguno. Además está demostrado el pago que ha hecho el Distrito Capital a la gestión realizada efectivamente por el SIMIT.

Cordialmente,