RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

"Por medio del cual se institucionaliza el "Día Distrital por los que ya no están" y se adoptan otras disposiciones"

En las últimas décadas Colombia y el mundo han sido afectadas por el flagelo del terrorismo, fenómeno que es una de las formas de violencia más complicadas de contener ya que se caracteriza por generar sentimientos de incertidumbre, sorpresa, difundiendo pánico y paralizando la acción de las autoridades, de esta forma logra atraer la atención de los medios de comunicación y ejercer presión al Estado.

Las organizaciones guerrilleras de vocación idealista, de raigambre campesina y dotadas únicamente, con pequeñas armas de fabricación casera o tomadas como resultado del enfrentamiento con las fuerzas del Estado han devenido hoy en grupos poderosos fortalecidos por la riqueza que les proporciona su vinculación al narcotráfico y excesivamente armados gracias a la acción irresponsable de los mercaderes de la muerte.

Además han fortalecido un discurso contra la sociedad y el Estado en el cual lo importante no son los motivos y razones para su actuar, sino el fin de hacer daño a la ciudadanía atentando contra sus vidas y/o contra sus bienes.

Mirando la historia desde mediados de la década de los 60¨s, cuando nacen las dos organizaciones guerrilleras (ELN y FARC) que aún existen en nuestro país, podemos reconocer épocas, momentos de mayor auge y momentos en los cuales han estado a punto de desaparecer.

Hasta mediados de los años 90`s las FARC limitaron su accionar a unas pocas zonas del territorio patrio, especialmente próximas a regiones selváticas y de colonización y sus actuaciones bélicas se reducían a esporádicos encuentros con la Fuerza Publica.

A partir de los inicios de la última década del siglo pasado y con la excusa de buscar financiación para sus fuerzas ingresaron a la modalidad del secuestro realizando de manera directa o a través de bandas de delincuencia común quienes efectuaban la actividad criminal y después "vendían " las personas plagiadas a la fuerza guerrillera.

Esta actuación acercó a las fuerzas irregulares a las ciudades y a los centros urbanos no solo por la práctica del secuestro sino por la toma efectuada sobre pueblos y caseríos y por la práctica de retenes en las principales vías de comunicación intermunicipal.

También es claro que durante los últimos 30 años y en especial a partir de 1981, los sucesivos gobiernos han tratado de realizar acuerdos de paz para buscar con ellos terminar con el fenómeno guerrillero.

En el caso específico de las FARC, la administración de Belisario Betancourt construyó un acuerdo de paz que buscaba desmovilizar este grupo. Con posterioridad en la administración de César Gaviria se alcanzó a proponer que si dejaban las armas tendrían asegurado una importante presencia en la Asamblea Nacional Constituyente.

El Presidente Andrés Pastrana fue elegido con el mandato de realizar un acuerdo de Paz con las FARC, para lo cual se creó la zona de distensión del Caguán y se permitió el libre accionar de los guerrilleros quienes de manera simultanea estaban sentados en una mesa de diálogo al tiempo que cometían toda clase de fechorías y se fortalecían incursionando en el negocio del narcotráfico.

Hoy estamos en un momento de auge en la lucha del Estado contra la FARC, con evidentes éxitos de parte del Gobierno Nacional. Lo cual ha colocado a la guerrilla no solo en una situación defensiva sino muy probablemente llevándola a realizar acciones casi demenciales como forma de distraer las fuerzas armadas colombianas y su accionar principal. Estas acciones a no dudarlo pueden tomar el carácter de actos terroristas para lo cual los sitios vulnerables serán las grandes ciudades y en especial Bogotá por la influencia que ella tiene a nivel nacional e internacional.

Los grupos paramilitares, son otra fuente de violencia en la sociedad colombiana, nacen luego de que asesores militares norteamericanos sugirieran la conformación de organizaciones de tipo antiterrorista. En tal sentido se dicta el decreto 3398 de 1965 y con posterioridad la Ley 48 de 1968, por medio de los cuales se dio fundamento para la organización de la defensa nacional, la defensa civil y la promoción en la organización de las autodefensas.

En ese sentido, la Fuerza Publica empezó el proceso de entrenamiento y dotación a los habitantes de diferentes zonas de conflicto, con el claro objetivo de que la población civil se involucrara de forma directa en esa confrontación; pero luego aparece el amedrantamiento a la población con el fin de generar una atmósfera de miedo y temor que conlleve a la destrucción de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, e impida la libre expresión de la inconformidad social.

"Hasta la presente se ha constatado cómo los grupos paramilitares han sido desarrollados en diversas regiones del país con el claro propósito de actuar en la defensa y protección de intereses políticos, de proyectos económicos (explotación de recursos naturales como el petróleo y el carbón), y la defensa de sectores vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico.

En la geografía nacional los grupos paramilitares no han tenido un sólo modelo o método de acción, sino que este ha estado determinado por el nivel de conflicto en la región, el nivel de organización del movimiento popular y la resistencia de la población frente a este tipo de proyectos y al accionar de la Fuerza Pública.

En tal sentido son diferenciables tres (3) modelos de acción: a) El involucramiento compulsivo de la población; b) La conformación de una estructura permanente y cerrada, en la cual el tamaño depende del área de acción; c) La contratación de personas provenientes de otros lugares para que ejecuten crímenes, sin que hagan parte de fin grupo permanente.

También se ha constatado la contratación de mercenarios extranjeros por parte sectores económicos y altas autoridades del Estado, los cuales han intervenido en el entrenamiento de los grupos paramilitares y de militares en diferentes técnicas y en el empleo y manejo de sofisticado armamento.

Ha sido habitual la intimidación a la población mediante el porte de listas donde se amenaza a los pobladores y en general se instiga a los habitantes para que se integren al proyecto paramilitar, se vayan o se enfrenten a la muerte. Estos grupos han sido justificados como "autodefensas", en donde se afirma que las patrullas de "campesinos organizados" están protegidas por el ejército y se promueve la participación en estos grupos mediante el ofrecimiento de salarios, la consecución de la libreta militar y otros beneficios.

Respecto de su relación con la Fuerza pública se ha determinado que llevan a cabo patrullajes conjuntos, se ha utilizado a la población civil para que les acompañe en los mismos, los dirigentes o comandantes paramilitares son transportados en helicópteros del Ejército Nacional y las bases militares han sido acondicionadas como lugar de permanencia de los integrantes de estas estructuras criminales.

El armamento con que cuentan les ha sido entregado a través de agentes e instituciones del estado, con recursos recibidos del campesinado, el cual ha sido obligado a pagar una serie de "impuestos" ilegalmente recaudados para el mantenimiento de estos grupos.

Tas es el caso de los proyectos implementados en los municipios de El Carmen y San Vicente de Chucuri (Santander), y de algunos municipios del departamento de Casanare, aledaños a la explotación petrolera de Cusiana.

Para la conformación de estos grupos ha sido importante la participación de sectores del narcotráfico, esmeralderos y terratenientes en su financiamiento, los cuales han actuado de común acuerdo con la Fuerza Pública en cuanto a la dotación de armamento, entrenamiento y acciones encaminadas a ejercer control en determinadas zonas.

Desde el año 1983 el entonces Procurador General de la Nación, señaló la participación de personal de las Fuerzas Militares en la conformación de estos grupos. Además, son abundantes los testimonios de ex- integrantes de estas agrupaciones que dan cuenta de su modus operandi, estructura y papel de agentes del Estado en su promoción y protección.

Estos grupos han actuado especialmente en zonas como Urabá, Córdoba, Sucre, Meta, Norte de Santander y Sur del Cesar, entre otras. Su tipología de acción ha estado enmarcado en la realización de ejecuciones selectivas, hasta la realización de masacres indiscriminadas, tal es el caso de las masacres de Segovia, Honduras, La Negra, El Tomate y Pueblo Bello.

Pese a que frente a reconocidos dirigentes paramilitares como Fidel Castaño, alias "Rambo" han sido expedidas órdenes de captura, es claro el desinterés de las autoridades para hacerlas efectivas.

Esta modalidad ha venido siendo utilizada en algunos lugares de Antioquia y Norte de Santander, en donde, sectores económicos (tal es el caso de los cafeteros) e inclusive las propias Fuerzas Militares, a través de sus redes de informantes han contratado personal proveniente de otros municipios o departamentos para que realicen ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones.

Este accionar tiene como finalidad el dificultar las investigaciones en torno de estos grupos y encubrir a los responsables de la comisión de crímenes de tesa humanidad.

Se ha podido determinar cómo personal de la Fuerza Pública ha intervenido para procurar la fuga, para coordinar las acciones en cuanto al momento y lugar de ejecución, y para dotar de armamento a quienes participen en los crímenes.

Pese a que a nivel de los organismos de control y de la rama jurisdiccional ha sido ampliamente documentada la conformación de estos grupos, sus mecanismos de financiamiento, su relación con la Fuerza Pública y su responsabilidad en la ejecución de crímenes de tesa humanidad, la gran mayoría de los hechos permanecen en la impunidad, altos oficiales de la Fuerza Pública han sido ascendidos y los grupos paramilitares han extendido su accionar y poderío en el territorio nacional.

Desde el Gobierno Nacional la persecución y desestructuración de estos grupos se reduce a la expedición de una serie de decretos de Estado de excepción (anterior estado de sitio), en los cuales los ubica al margen de la ley, sin que con ello haya influido en su existencia. Por el contrario, a través de varios decretos se les ha otorgado un tratamiento benigno."…¹

Colombia tiene el no muy grato honor de ser el mayor traficante de hoja de coca, pasta básica y sobre todo de cocaína. Obviamente la ilegalidad en este tipo de industria crea toda una organización de violencia y crimen organizado.

El narcotráfico, especialmente con su desbordante poder económico, tiene la capacidad de penetrar en las estructuras civiles y políticas, afectando la toma de decisiones del país, lamentablemente, los métodos usados por los narcotraficantes, son siempre de carácter violento y por lo general con la utilización de la fuerza y de actos terroristas violando los derechos humanos y poniendo en peligro la permanencia del sistema democrático.

El narcotráfico por ser un negocio, tiene competidores propios, las pugnas y diferencias entre los mismos narcotraficantes suelen desencadenar en actos delictivos y en ataques indiscriminados donde por lo general las victimas son personas inocentes ajenas a estas circunstancias.

A finales de la década de los 80`s y principios de los 90`s se vio mas marcada la violencia originada por el narcotráfico con atentados a estructuras del Estado como el atentado a la sede del DAS, o con atentados realizados con el único propósito de crear pánico, como el atentado fallido a la sede del ministerio de justicia, que termino con una terrible explosión en la carrera 9 en lo que hoy es el centro cultural del Libro en plena temporada escolar.

Durante los atentados terroritas la capacidad de reacción de los organismos públicos encargados de la seguridad, de la atención de salud, de la prevención de incendios y del control de la movilidad ha pasado por momentos de crisis y también por respuestas positivas fruto más de la inmensa capacidad de sus funcionarios que la previa preparación y entrenamiento de ellos, por tanto cada día es más indispensable disponer de unos organismos y de unos funcionarios totalmente preparados para manejar la posible comisión de actos terroristas.

Es deber de la fuerza pública preservar y mantener el orden público, sin embargo, debe existir conciencia y conocimiento de la ciudadanía sobre cómo proceder de manera preventiva ante circunstancias que puedan desestabilizar la seguridad de la población.

Cuando ocurre un acto terrorista las consecuencias no sólo se presentan por las pérdidas de vidas sino por los daños materiales que se generan y los cuales afectan de manera directa e indirecta a la población.

La suspensión de servicios públicos, el cierre de vías, la congestión en la red hospitalaria, la sensación de inseguridad, la parálisis de proyectos de desarrollo son las consecuencias directas de las acciones terroristas, respecto de las cuales tenemos el reto, como gobierno y como ciudadanos, de estar preparados y tener previstos los planes y las acciones para ello.

El objetivo principal del Proyecto de Acuerdo es Institucionalizar el "Día Distrital por los que ya no están", para que la ciudadanía exprese su inconformidad por los actos violentos contra la población civil especialmente contra los niños y fuerza pública. De igual manera, para que ante eventuales actos terroristas en Bogotá, a través de campañas educativas, el ciudadano tenga herramientas para saber cómo evitar los actos terroristas o de presentarse alguno cómo actuar en defensa de su vida como en la defensa de la de sus vecinos y amigos.

También se busca con esta iniciativa que todos los sectores de la sociedad suscriban de manera simbólica un pacto ciudadano contra la violencia y el terrorismo y se cuente con la información y bases necesarias para prevenir y detectar acciones terroristas.

Por su parte las Entidades Públicas Distritales, Locales y las Privadas que cumplan funciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias, deberán implementar y difundir estrategias de capacitación, comunicación e información sobre acciones preventivas contra el terrorismo y sus consecuencias.

Adicionalmente al esfuerzo que se despliegue por parte de las entidades Públicas Distritales se requiere del compromiso activo de la sociedad civil en su conjunto, incluyendo establecimientos educativos, empresarios, organizaciones sociales, a los diferentes gremios de profesionales y principalmente de los medios de comunicación local y nacional ya que estos últimos cumplen una función primordial para la difusión del Pacto, es imprescindible que toda la población conozca y maneje las medidas de prevención.

La ciudad de Bogotá fue epicentro de varios atentados terroristas cometidos por los narcotraficantes a finales de los 80 y comienzos de la década de los 90 y por parte de las FARC el atentando más cruel y con mayor número de victimas fue:

*7 de febrero de 2003. El ataque terrorista contra el Club El Nogal de la ciudad de Bogotá consistió en la explosión de un carro bomba, el 7 de febrero de 2003 a las 20:15, en las instalaciones del club. El atentado dejó como saldo la muerte de 36 personas y más de 200 heridas. Según informes de la policía, en el lugar se encontraban más de seiscientas personas al momento de cometerse el atentado. La explosión de más de 200 kilogramos del explosivo C4 y amonio, el cual produjo una gran explosión en los estacionamientos del Club.

*El 20 de octubre de 2006 en la Universidad Militar, este atentado en el corazón de complejo militar de Bogotá dejó por lo menos dos muertos y 23 heridos.

*La explosión de un carro-bomba, en el custodiado Cantón Norte, que dejó 23 heridos, colocó a la capital colombiana bajo extremas medidas de seguridad. El vehículo, conducido por un uniformado, cargado con 60 kilos de R-1 fue activada por temporizador, causando pánico.

En el lugar se encuentran las Escuelas de Infantería, Artillería e Inteligencia, así como la Escuela Superior de Guerra, el centro de formación de los altos mandos, y los comandos de la XIII Brigada y de la V División del Ejército, además de la Universidad y un colegio militar.

*7 de agosto de 2002 - En el centro histórico, en el marco de la posesión del Presidente Alvaro Uribe. El saldo19 muertos, 64 heridos y destrozos materiales importantes en el centro histórico de la capital. La zona de donde salieron tres de los 24 proyectiles disparados a través de sofisticadas rampas, es muy temida en Bogotá pues allí se guarecen peligrosos delincuentes que no sólo consumen y expenden drogas, sino que también atracan y roban a los transeúntes.

*El asesinato del candidato presidencial Luís Carlos Galán, es uno de los hechos más trágicos de la historia política de Colombia, el 18 de agosto de 1989, en Soacha, al sur de Bogotá ocurrió este lamentable hecho. En medio de la campaña para la Presidencia en el parque principal de Soacha se escucharon tiros de un arma de fuego, y se registró la caída del líder político.

En esta época y durante la campaña presidencial fueron asesinados los también precandidatos Carlos Pizarro León Gómez, en un vuelo que salió de Bogotá y Bernardo Jaramillo llegando a las instalaciones de el aeropuerto El Dorado.

*El Atentado al edificio del DAS fue uno de los ataques terroristas que sufrió Colombia a finales de la década de los años 1980 debido al fenómeno del narcoterrorismo. Ocurrió el 6 de diciembre de 1989 a las 07:30 cuando una poderosa carga explosiva que se calcula en 500 kilogramos de dinamita y camuflada en un bus de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, detonó frente a las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el sector de Paloquemao en Bogotá. En el hecho perecieron cerca de 70 personas entre funcionarios, detectives y transeúntes así como presumiblemente algunos de los encargados de la instalación del carro-bomba, además de 500 heridos. Las pérdidas materiales fueron cuantiosas, no sólo en el edificio, que quedó destruido en su fachada, sino también en las casas y negocios aledaños.

*8 de abril de 2006 Post ataque: Primer atentado contra buses de transporte público "TransMilenio" dos buses del sistema de transporte masivo TransMilenio fueron blanco casi simultáneamente de atentados con bombas incendiarias. Catorce personas resultaron heridas en este ataque. Diez minutos después, a las 3:23 de la tarde, bus alimentador de TransMilenio era víctima de una bomba incendiaria. Esta vez en la calle 72 con carrera 91, en el barrio Zarzamora, occidente de la ciudad. Un total de seis pasajeros resultaron heridos. En los dos ataques murieron dos niños.

*11 de marzo de 2003-: ataques al transporte público: Una bomba incendiaria fue plantada en un autobús del sistema de transporte público Transmilenio, que utiliza vehículos de gran capacidad.

El consejo permanente de la organización de los Estados Americanos, repudio públicamente los actos terroristas sucedidos en Bogota- Colombia, especialmente el atentado terrorista del día 7 de febrero mediante resolución de 21 de agosto de 2003; para lo cual se manifestó en los siguientes términos:

(…) RESUELVE:

1. Expresar su más enérgico repudio y condena a los múltiples actos terroristas que han sido perpetrados en Colombia por los grupos armados al margen de la ley.

2. Manifestar su profundo rechazo al execrable atentado terrorista cometido por las FARC el 7 de febrero de 2003 en Bogotá, y comprometerse a cooperar para perseguir, capturar, enjuiciar, sancionar y, cuando corresponda, acelerar la extradición de los perpetradores, organizadores y patrocinadores de este acto de acuerdo al ordenamiento jurídico interno de los Estados y los tratados internacionales.

3. Expresar su plena solidaridad al pueblo de Colombia y trasmitir sus sentimientos de condolencia a los familiares de las víctimas.

4. Respaldar los esfuerzos que desarrolla el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, su Gobierno y el pueblo colombiano, para combatir el terrorismo en el marco del estado de derecho. (…)

Para los Bogotanos el mes de abril tiene una especial y no muy grata recordación, ya que en abril de 2006, la capital de la República sufrió uno de los más tristes atentados terroristas en su historia, las victimas fueron inocentes niños que lamentable murieron producto de las graves quemaduras que sufrieron.

El 6 de abril de 2006 ocurrió el primer atentado contra buses de transporte público "TransMilenio" dos buses del sistema de transporte masivo TransMilenio fueron blanco casi simultáneamente de atentados con bombas incendiarias. Catorce personas resultaron heridas en este ataque. Diez minutos después, a las 3:23 de la tarde, bus alimentador de TransMilenio era víctima de una bomba incendiaria. Esta vez en la calle 72 con carrera 91, en el barrio Zarzamora, occidente de la ciudad. Un total de seis pasajeros resultaron heridos.

"Daniel Beltrán, de 10 años, y Bryan Romero, de 11, fallecieron a consecuencia de los atentados perpetrados el jueves 6 de abril de 2006, contra dos buses alimentadores del sistema de transporte público Transmilenio. Beltrán murió el viernes 7 de abril por las quemaduras que tenía en el 30% del cuerpo. Por su parte, Romero falleció la mañana del sábado 8 de abril de una hemorragia pulmonar masiva, el menor tenía el 50% del cuerpo con quemaduras de tercer grado. Ambos menores eran atendidos en el Hospital La Misericordia, de la capital colombiana."²

Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que el día del atentado terrorista fue el primer jueves del mes de abril de 2006, y quienes murieron fueron dos inocentes niños, se justifica hacer remembranza de estas acciones para que no queden en el olvido sino que por el contrario las recordemos con el objetivo de extinguir este tipo de actos, para que solo vivan en el pasado y nunca vuelvan a repetirse.

ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

Entendido no solo como aquella restricción en materia penal, que no permite al legislador crear penas que atenten contra la vida del procesado, sino como aquella obligación que asiste al Estado para proteger la vida de todos sus ciudadanos.

ARTICULO 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

ARTICULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

Solo la ley puede establecer limitaciones en este tema, la amenaza terrorista impide la libre circulación.

…"El derecho humanitario en manera alguna legitima la guerra. Lo que busca es garantizar que las partes en contienda adopten las medidas para proteger a la persona humana. Las normas humanitarias, lejos de legitimar la guerra, aparecen como una proyección de la búsqueda de la paz, que es en el constitucionalismo colombiano un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento..."

Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.

Artículo 15. Para los efectos de esta ley se entiende por víctimas, aquellas personas de la población civil que sufren perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y/o bienes, por razón de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, tales como atentados terroristas, combates, ataques y masacres entre otros.

"Por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el quince (15) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997)".

Colombia es un país que ha mostrado vocación de acatar tratados internacionales encaminados a defender la población civil ante los desmanes emanados de un conflicto interno, leyes como la 804 de 2003 plantean un compromiso de la Nación para enfrentar la ocurrencia de Atentados Terroristas, esto sin dejar de lado leyes internas como el código penal que dan el mas fuerte tratamiento a los actos allí tipificados en este tema.

En el pasado reciente la ciudad ha suscrito pactos, algunos entorno a medidas presupuéstales y de control a la gestión publica, otros persiguen un mejor actuar en temas ambientales y finalmente, resaltamos uno firmado en el 2003 que tubo como objetivo un compromiso por la convivencia y la seguridad ciudadana, el cual tomamos como una reseña histórica de valiosa contribución al contexto que se generaba en aquel momento.

De conformidad con lo establecido en el artículo Séptimo de la ley 819 de 2003, los gastos presupuestales que genere el presente Acuerdo estarán sujetos a lo establecido en los presupuestos anuales de cada una de la entidades del distrito capital.

El presente Proyecto de Acuerdo no implicará la creación ni el sostenimiento de nuevos gastos a cargo del presupuesto del Distrito, ni apropiaciones de gasto de funcionamiento y de personal.

En uso de sus facultades legales y en especial la conferida en el artículo 12 numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993.

ARTÍCULO PRIMERO. Institucionalícese el primer jueves del mes de Abril como el "Día Distrital por los que ya no están", para que la ciudadanía exprese su inconformidad por los actos violentos, como consecuencia de los atentados terroristas contra la población civil y la fuerza pública.

ARTÍCULO SEGUNDO. Para el desarrollo y preparación del Día distrital por los que ya están", el Alcalde Mayor y el Concejo de Bogotá D.C. mediante invitación abierta amplía y pública, en ceremonia especial, suscribirán de manera simbólica, "El Pacto Ciudadano contra la violencia y el terrorismo". En el pacto deberán participar todas las entidades públicas Distritales, locales y privadas que cumplan funciones públicas. Así mismo, los cuerpos colegiados, entidades nacionales y las agremiaciones económicas y sociales que deseen de manera voluntaria participar de manera activa de esta iniciativa.

La suscripción del pacto a que hace referencia el presente Artículo deberá llevarse a cabo dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo.

Quienes firmen el pacto tendrán como actividades:

*Conformar un comité para coordinar la logística y convocatoria ciudadana del "Día distrital por lo que ya están". Para la conformación del comité será necesario la participación de por lo menos un representante de cada una de las siguientes entidades: Secretaria de Gobierno, Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaria de Salud, Secretaria de Educación y Secretaria Distrital de Integración Social.

*Coordinar y programar para el "Día distrital por los que ya no están" marchas masivas por las diferentes vías de la ciudad, como una manera de expresar la inconformidad por los actos violentos y terroristas del pasado.

*Coordinar y programar actividades lúdicas, culturales, foros, talleres y muestras fotográficas por los sitios en donde se lleven a cabo las marchas o en zonas de la ciudad que hayan sido blancos de atentados terroristas; lo anterior para que se concienticen a la ciudadanía sobre el impacto de la violencia en la sociedad civil.

*Durante todo el año implementarán y difundirán estrategias de capacitación, comunicación e información de acciones preventivas dirigidas a la ciudadanía en general, con el fin de que los bogotanos colaboren a las autoridades en la prevención de actos violentos o terroristas.

*Realizar una adecuada demarcación empleando los emblemas sobre los sitios protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y los enunciados en la Ley 804 de 2003 o demás normas que la deroguen o modifiquen.

Estas acciones deberán estar enmarcadas dentro de parámetros de pedagogía evitando en todo caso generar pánico en la población.

ARTÍCULO TERCERO. Para la difusión que realicen las entidades públicas de las anteriores acciones se podrán utilizar todos los medios masivos de comunicación e información, en todo caso con ajuste a los presupuestos de las mismas. Para tal fin, además se podrán establecer alianzas estratégicas con aquellos medios de comunicación que quieran sumarse a la causa. La convocatoria para el "Día distrital por lo que ya están" se tendrá que hacer con un mes de anticipación.

ARTÍCULO CUARTO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.