RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

En relación con su consulta sobre la posibilidad de reconocer en tiempo y en dinero las vacaciones causadas por un funcionario que ingresa a trabajar a la Secretaría General sin solución de continuidad, proveniente de otra entidad distrital, debemos señalarle lo siguiente.

Del texto de la consulta es claro que deben definirse dos interrogantes sobre el reconocimiento de las vacaciones de un servidor público, proveniente de otra entidad sin solución de continuidad.

1. Reconocimiento de las vacaciones en tiempo

2. Compensación o pago de vacaciones en dinero

Para efectos de la respuesta a que haya lugar es pertinente efectuar el siguiente análisis de carácter general:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto Ley 1045 de 1978 los empleados públicos tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones, por cada año de servicio, salvo las excepciones legales. Estas solamente podrán ser acumuladas hasta por dos (2) años, por necesidades del servicio, tal como lo señala el artículo 10 del Decreto Ley 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969, el cual, en cuanto a su disfrute, indica en el artículo 45 lo siguiente:

En relación con éste artículo debe señalarse que la Corte Constitucional, a través de la sentencia C- 897 de 2003, lo declaró exequible de manera condicionada, en los siguientes términos:

De las normas señaladas se colige claramente que el derecho a las vacaciones se materializa por regla general, una vez el servidor público ha laborado un año al servicio de la administración, sin que ellas puedan ser compensadas en dinero, pues como reiteradamente lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, la finalidad de este derecho consiste en procurar que el trabajador recupere sus energías, con lo cual se le garantiza además, una adecuada salud física y mental que le permita desarrollar su labor con mayor eficiencia, así como otras actividades que coadyuven un desarrollo integral como ser humano.

Así las cosas, constituye un imperativo por parte del empleador conceder el goce de las vacaciones en tiempo, y salvo cuando el servidor público cese en sus funciones, pueden ser compensadas en dinero, como más adelante se analizará.

El artículo 10 del mismo Decreto establece que para el reconocimiento y pago de las vacaciones se computará el tiempo de servicios en todas las entidades públicas, siempre que no haya solución de continuidad, entendiéndose que no la hay cuando no medien más de quince días de interrupción en la prestación del servicio entre una entidad y la otra.

En efecto, el Decreto 1045 de 1978, en el citado artículo 10, establece en concreto que para efectos de la continuidad en la prestación del servicio se entiende que hay interrupción cuando median más de quince días hábiles. Este precepto que si bien está destinado a los servidores del sector público nacional, debe aplicarse a los servidores de los entes territoriales ante la ausencia de norma para el sector público de orden territorial, no sólo en virtud de lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887¹, sino ahora por remisión expresa que se hace en el artículo 1º del Decreto Nacional 1919 de 2002², sobre el régimen prestacional de los servidores públicos de los entes territoriales, naturaleza jurídica a la cual pertenecen las vacaciones.

Ahora bien, desde el punto de vista práctico y para el caso concreto del Distrito Capital, una interpretación sistemática de las normas citadas, nos lleva a concluir que dicha acumulación será procedente cuando se trate de empleados públicos que se retiran e ingresan a otra entidad, ambas pertenecientes a la rama ejecutiva bien del sector central o descentralizado, pues a ella es que se refiere tanto el Decreto 1045 de 1978, así como el Decreto Nacional 1919 de 2002. Por ello, no sería lógico que se aplicara a servidores públicos de otros sectores, en la medida que ellos, por regla general, gozan de un régimen prestacional distinto.

Adicional a lo anterior debe tenerse claro que el empleador, sea público o privado, a la terminación de la relación laboral debe proceder a la liquidación de los salarios y prestaciones sociales de sus trabajadores. Luego al retirarse el servidor público de una determinada entidad, tanto los salarios como prestaciones sociales causadas, deben quedar satisfechas en su totalidad, independientemente si se vincula a otra entidad sin solución de continuidad.

Sobre el tema que se estudia, la Oficina Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública, en concepto del 26 de marzo de 1993, dirigido al Ministerio de Salud, señaló:

Así las cosas, tanto de las normas que hemos indicado, como del concepto citado, se concluye que si el derecho a vacaciones está causado, le corresponde a la entidad donde laboró el servidor público, reconocer y pagar tal derecho. Por lo tanto, la no solución de continuidad para efectos del reconocimiento de vacaciones, solamente tendrá importancia práctica, en el evento de existir un lapso inferior a 11 meses de servicio al producirse el retiro del funcionario, lapso que deber ser tenido en cuenta por la nueva entidad a la cual se vincule, para efectos de su reconocimiento.

La compensación de las vacaciones en dinero está reglamentada en los artículos 10 del Decreto Ley 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969 y 20 del Decreto Ley 1045 de 1978.

Por su parte el artículo el 20 del Decreto Ley 1045 citado "por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional", el cual regula expresamente los casos en los cuales las vacaciones pueden ser compensadas en dinero, establece los siguientes casos:

"a. Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en el servicio público, evento en el cual sólo puede autorizar la compensación en dinero de las vacaciones correspondientes a un año.

Las anteriores disposiciones son igualmente aplicables de manera analógica a los servidores públicos del Distrito Capital, no solamente a quienes prestaban sus servicios antes de la expedición de los Decretos 1133 y 1808 de 1994, sino a quienes se vincularon con posterioridad, y con mayor razón a partir de la expedición del Decreto 1919 de 2002, a través del cual se determina que el régimen prestacional para los empleados públicos del nivel territorial será el consagrado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Nivel Nacional.

Como ya se indicó precedentemente, las normas sobre el régimen de vacaciones aplicables al Distrito Capital, son las señaladas para los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del Nivel Nacional, y su aplicación en cada caso concreto, es competencia de cada una de las entidades.

En efecto, fundamentalmente a partir de la expedición del Decreto Ley 1421 de 1993 las Secretarías y Departamentos Administrativos tienen la responsabilidad y autonomía para tomar sus decisiones administrativas en ejercicio de sus funciones, es decir, no requieren por regla general adelantar un trámite administrativo o visto bueno de otras autoridades administrativas.

En tal sentido, el Decreto 524 de 2003, artículo 29 inciso segundo, a través del cual se liquida el Acuerdo 102 de 2003 mediante el cual se aprobó el presupuesto del Distrito Capital para la vigencia fiscal de 2004, señala:

Con base en lo señalado, es claro, que si bien las normas que regulan las vacaciones de los servidores públicos permiten que estas, en determinados casos sean compensadas en dinero, para el caso del Distrito Capital, las normas de presupuesto prohíben que las entidades que se refiere el artículo 29 del Decreto 524 de 2003, dentro de ellas todo el nivel central, autoricen para sus servidores tal compensación, por razones diferentes del retiro de los servidores públicos.

Además de lo anterior, debe indicarse que para el caso de la Secretaría General, el procedimiento a seguir para su otorgamiento, disfrute y aplazamiento se halla contenido en la Circular 003 de 2001, cuyos principales apartes son los siguientes:

Con base en las reflexiones anteriores y frente a los interrogantes planteados, nos permitimos darle respuesta en los siguientes términos:

1. Las normas legales prevén que cuando un servidor público se traslade a otra entidad, sin solución de continuidad, la última de las entidades deberá tener en cuenta el tiempo laborado en la anterior, para efectos del reconocimiento y pago de las vacaciones. Sin embargo, tal como lo señalamos en nuestros considerandos, si el derecho a vacaciones está causado, le corresponde a la entidad donde laboró el servidor público, reconocer y pagar tal derecho, es decir, desde el punto de vista práctico, la no solución de continuidad para efectos del reconocimiento de vacaciones, solamente tiene importancia en el evento de existir un lapso inferior a 11 meses de servicio al producirse el retiro del funcionario, lapso que deber ser tenido en cuenta por la nueva entidad a la cual se vincule, salvo que la anterior entidad, acorde con lo señalado en la sentencia C-897 de 2003, que hemos citado precedentemente haya efectuado su pago proporcional, en caso de tratarse del segundo período.

2. En cuanto a la compensación de las vacaciones en dinero, si bien las normas que las regulan permiten que en determinados casos sean compensadas en dinero, para el caso del Distrito Capital, las normas de presupuesto prohíben que las entidades señaladas en el artículo 29 del Decreto 524 de 2003, por el cual se liquida el Acuerdo que aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal de 2004, dentro de ellas las del nivel central, autoricen la compensación en dinero de vacaciones a sus servidores, por razones diferentes del retiro de los servidores públicos.

Con base en lo anteriormente expuesto, formularemos un proyecto de directiva o circular que recoja los aspectos antes citados de manera vinculante.

Cordialmente,