RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

RESOLUCIÓN 3151 DE 2010

Que el numeral 2 del artículo 11 del Decreto-ley 356 de 1994, establece que a la solicitud de la licencia se debe adjuntar la "Licencia de la empresa expedida por la respectiva alcaldía".

Que el artículo 174 de la Resolución 2852 de 2006, establece: "los servicios de vigilancia y seguridad privada, para la ubicación de las instalaciones deberán atender lo previsto para el efecto, en los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial (POT), para lo cual deberán acreditar ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada el uso del suelo".

Que la Ley 388 de 1997, por la cual se modificó la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991, tiene entre sus objetivos "(...) el establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes", Igualmente, "(...) garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres". Al tiempo que, "promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes".

Que el artículo 8° de la Ley 388 de 1997, indica: "La función pública del ordenamiento del territorio municipal o distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo".

Que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), de acuerdo con el artículo 9° de la Ley 388 de 1997: "Se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo".

Que el numeral 1 del artículo 99 de la Ley 388 de 1997, dispone: "Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere licencia expedida por los municipios, los distritos especiales, el Distrito Capital, el departamento especial de San Andrés y Providencia o los curadores urbanos, según sea del caso. (...) Igualmente se requerirá licencia para el loteo o subdivisión de predios para urbanizaciones o parcelaciones en toda clase de suelo, así como para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento".

Que el artículo 101 de la Ley 388 de 1997, establece: "El curador urbano es un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanismo, construcción o demolición, y para el loteo o subdivisión de predios, (...) en las zonas o áreas del municipio o distrito que la administración municipal o distrital le haya determinado como de su jurisdicción. (...) La curaduría urbana implica el ejercicio de una función pública para la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipio, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y de construcción".

Que el numeral 6 del citado artículo 101 de la Ley 388 de 1997, indica: "El alcalde municipal o distrital, o su delegado permanente, será la instancia encargado de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas urbanísticas por parte de los curadores urbanos".

Que el inciso 2° del artículo 103 de la Ley 388 de 1997, indica "Se considera igualmente infracción urbanística, la localización de establecimientos comerciales, industriales, institucionales y de servicios en contravención a las normas de usos del suelo, lo mismo que el encerramiento, la intervención o la ocupación temporal o permanente del espacio público con cualquier tipo de amoblamiento, instalaciones o construcciones, sin la respectiva licencia". (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Que el artículo 515 del Código de Comercio, señala: "Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales". Seguidamente, el numeral 4 del artículo 516 del Código de Comercio, entiende que hacen parte integrante del establecimiento de comercio el mobiliario y las instalaciones.

Que la Ley 232 de 1995, por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales, establece en el literal a) del artículo 2° que los establecimientos de comercio deben: "Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del respectivo municipio. Las personas interesadas podrán solicitar la expedición del concepto de las mismas a la entidad de planeación o quien haga sus veces en la jurisdicción municipal o distrital respectiva". En relación con lo anterior, el artículo 3° de la citada ley indica que en cualquier tiempo las autoridades policivas podrán verificar el estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 2° de la mencionada ley. De tal suerte que el artículo 4° de la Ley 232 de 1995, establece que el Alcalde, o quien haga sus veces, o el funcionario que reciba la delegación, impondrá las sanciones establecidas en dicho artículo por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° de la referenciada ley.