RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2000

Doctora

Gerente

Hospital Centro Oriente

Empresa Social del Estado -E.S.E.-

Carrera 3 No. 15 ¿33

Ciudad

Ref.: Consulta sobre los honorarios de los miembros de la Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado. Rad. 1-2000-70502.

 Ver el Concepto de la Secretaría General 20 y 24 de 2005

Respetada Doctora:

De manera atenta damos respuesta a su derecho de petición mediante el cual solicita concepto sobre algunos aspectos relacionados con los honorarios de los miembros de las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado. Al respecto, este Despacho se pronuncia sobre el asunto, haciendo previamente la observación que en futuras ocasiones, la oficina a su cargo deberá presentar, junto con la consulta respectiva, el concepto previo de la Oficina Jurídica, señalando los motivos específicos de la controversia y la posición jurídica de la entidad.

El Decreto Ley 1421 de 1993 -Estatuto Orgánico de Bogotá-, reglamentó lo relativo a la composición, estatutos y prohibiciones de las Juntas Directivas de entidades descentralizadas¹, pero no se refirió de manera específica a la determinación de los honorarios de los miembros que componen dichas juntas.

En orden nacional, hay un primer antecedente, en el artículo 13 del Decreto Ley 128 de 1976², sobre la remuneración de los empleados públicos por su asistencia a juntas o consejos, el cual dispuso:

"Los empleados o funcionarios públicos no podrán recibir remuneración por más de dos (2) juntas o consejos directivos de que formen parte en virtud de mandato legal o por delegación". (Subraya fuera del texto).

Así mismo, el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, consagró:

Por su parte, el parágrafo del artículo 8º del Decreto 1876 de 1994³, señala:

De otra parte el Decreto Distrital 063 de 1997, dice:

En ese mismo año el Alcalde Mayor expide el Decreto 306 de 1997, mediante el cual adopta, para los miembros de las juntas directivas de los hospitales del Distrito, la tabla de honorarios establecida en el Decreto 063 de 1997 y en el artículo segundo establece una tabla de honorarios para los miembros de las juntas directivas que no sean empleados públicos, en los siguientes términos: .

Posteriormente mediante el artículo 1º- del Acuerdo 17 del 10 de diciembre de 1997⁴, los hospitales se transformaron en empresas sociales, así:

En el artículo 15 de este mismo Acuerdo, respecto a los honorarios de los miembros de las juntas directivas que no son empleados públicos, dispuso lo siguiente:

" El Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C., fijará los honorarios por asistencia a cada sesión de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado, para los miembros de la misma que no sean empleados públicos. En ningún caso dichos honorarios podrán superar el valor de medio salario mínimo mensual por sesión, sin perjuicio de reconocer, en cuenta separada, los gastos de desplazamiento de sus integrantes, a que haya lugar..." (subrayado fuera del texto).

Finalmente, los artículos 79 y 83 de la Ley 489 de 1998 respecto al régimen de inhabilidades de los miembros de los consejos directivos y al régimen de las Empresas Sociales del Estado, dicen:

Observamos que con anterioridad al Acuerdo 17 de 1997, los hospitales del Distrito tenían la naturaleza jurídica de establecimientos públicos y los miembros de las juntas directivas, según lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto Ley 1421 de 1993, estaban sujetos al régimen de inhabilidades, responsabilidades e incompatibilidades previstos en la ley para los miembros de las juntas directivas de las entidades descentralizadas del orden nacional y en cuanto a los honorarios, se regían por lo dispuesto en el Decreto 063 de 1997.

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 197 de la Ley 100 de 1993, el Consejo Distrital transformó los hospitales del Distrito en Empresas Sociales del Estado, pero dicha ley no contempló un régimen de inhabilidades o prohibiciones a los miembros de las respectivas juntas directivas, sin embargo según lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 489 de 1998 las Empresas Sociales del Estado se sujetan al régimen de las Leyes 100 de 1993 y 344 de 1996 y en esa misma ley, en cuanto a los aspectos no regulados por dichas leyes.

En este contexto, es procedente aplicar a las juntas directivas de las Empresas Sociales del Estado las prohibiciones contempladas en el artículo 79 de la Ley 489 de 1998 para los miembros de los Consejos Directivos de los establecimientos públicos. Dicho artículo expresa que para ser miembro de un Consejo Directivo, se tendrán en cuenta las prohibiciones previstas en el artículo 13 del Decreto Ley 128 de 1976, entre las cuales está la de que los empleados públicos no pueden recibir remuneración por más de dos juntas o consejos directivos de que formen parte. Esta restricción es concordante con la excepción prevista en el literal f) del artículo 19 de la Ley 4 de 1992, ya citada.

Ahora bien, en cuanto a los honorarios de los miembros de las juntas directivas de las Empresas Sociales del Estado, que no sean servidores públicos, el parágrafo del artículo 8º del Decreto 1876 de 1994, dispuso que la entidad territorial respectiva, los fijaría por asistir a cada sesión de la junta directiva, pero que "En ningún caso los honorarios podrán ser superiores a medio salario mínimo mensual por sesión...".

Por su parte, el Decreto Distrital 306 de mayo de 1997, expedido para fijar los honorarios de los miembros de las juntas directivas de las Empresas Sociales del Estado, en el artículo segundo señala la tabla para los miembros de las Juntas Directivas que no sean empleados públicos, estableciendo unos topes máximos en función del presupuesto que tenga la entidad los cuales no superan el 50% del salario mínimo mensual por asistir a cada sesión y, por último en el artículo tercero se refiere a la limitación contemplada en el literal f) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, esto es, que podrán reconocerse a los miembros de juntas directivas por su asistencia a un máximo de dos juntas.

Esta restricción se aplica tanto a los servidores públicos como a los particulares que formen parte de las juntas o consejos directivos y significa que una persona puede pertenecer a varias juntas directivas, pero no puede recibir remuneración sino por dos de ellas, es decir, se le paga por cada una de las sesiones a las que asista, en esas dos juntas, sin importar el número de sesiones que se realicen. Y por la asistencia a las sesiones que se realicen de una tercera junta directiva no percibe honorarios.

En este orden de ideas, y respondiendo a su primer interrogante, en cuanto a la precisión en los términos "asistir y "pertenecer", es claro que asistir a una junta directiva tiene como presupuesto el pertenecer a ella, esto es, haber sido designado legalmente, y los honorarios de los que no son servidores públicos se reconocen hasta en medio salario por la asistencia a cada sesión, pero en sólo en dos juntas directivas.

Así pues, si un miembro de una junta directiva asiste a cuatro sesiones de una entidad con presupuesto superior a $10.000 millones, conforme al artículo 2 del Decreto 306 de 1997 y artículo 15 del Acuerdo 17 de 1997, percibe honorarios por asistir a las cuatro y se reconoce medio salario mínimo legal por cada una de ellas. Es decir, debe percibir el equivalente a dos salarios mínimos legales vigentes.

Por último, en cuanto al reconocimiento de los gastos de desplazamiento de los miembros de las juntas directivas, a que se refiere el artículo 15 del Acuerdo 17 de 1997, no fue objeto de tratamiento por el Decreto 306 de 1997, ni hay regulación especial sobre el alcance de dichos gastos, solamente lo señalado en el mencionado acuerdo, esto es, que pueden reconocerse en cuenta separada anexando los soportes que justifiquen el gasto.

En los anteriores términos damos respuesta a la consulta mencionada, señalando que la misma debe entenderse dentro de las previsiones establecidas en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

JMRE/BEAS/GPP

P00111274.