RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Que el artículo 3° del Decreto 1900 de 1990, establece que las Telecomunicaciones serán utilizadas responsablemente para contribuir a la defensa de la democracia, a la promoción de la participación de los colombianos en la vida de la Nación y la garantía de la dignidad humana y de otros derechos fundamentales consagrados en la Constitución, para asegurar la convivencia pacífica;

Que, así mismo, el artículo 8° de la Ley 37 de 1993 establece que el Gobierno Nacional elaborará los planes de señalización, numeración, tarificación y enrutamiento necesarios para la interconexión de la red de telefonía móvil celular con la red telefónica pública conmutada;

Que el Decreto 25 de 2002, por el cual se adoptan los Planes Técnicos Básicos, confiere a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones la facultad de administración de los mismos;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1130 de 1999, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones está facultada para administrar y presentar proyectos al Gobierno Nacional sobre los Planes Técnicos Básicos;

Que el artículo 13 del citado decreto, establece que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones es la entidad encargada de asignar y administrar los códigos de puntos de señalización;

Que la incorporación de los adelantos tecnológicos al servicio de las entidades que componen las ramas del poder público y los organismos de seguridad del Estado, constituye una herramienta útil y eficaz para el cumplimiento de sus facultades legales, y

Que de conformidad con lo expuesto, es necesario que las redes de telecomunicaciones administradas por las entidades de que trata el considerando anterior, cuenten con elementos que faciliten su operación e interfuncionamiento con otras redes de telecomunicaciones, tales como los recursos numéricos necesarios para su identificación;

En virtud de lo expuesto,

Artículo 1°. Otorgase a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, CRT, la facultad de asignar los recursos técnicos de que trata el Decreto 25 de 2002, a las entidades que hacen parte de la fuerza pública y a aquellos organismos del Estado cuya función esté orientada a preservar el orden público, a, preservar el orden constitucional y brindar una adecuada administración de justicia. La CRT debe solicitar la justificación técnica del recurso solicitado, para asegurar su adecuada y eficiente utilización.

Artículo 2°. Vigencias. La presente norma rige a partir de la fecha de su publicación.