RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACION-Tercero con interés legítimo en tutela

Peticionario: Claudia Constanza Camacho Jácome.

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, profiere el siguiente

En la sentencia T-268 de 2005 la Sala Primera de Revisión resolvió:

La señora Claudia Constanza Camacho Jácome, por intermedio de apoderada, en escrito presentado el 12 de abril de 2005, solicita la nulidad, desde el acto procesal que ordenó las notificaciones, del proceso de tutela de Víctor Hugo Orjuela Guerrero contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia T-268 de 2005

Fundamenta su pretensión en que, no obstante que la decisión sobre las pretensiones de la tutela le interesaba y afectaba, jamás se le notificó por parte de los jueces de instancia (el Juzgado 34 Penal Municipal de Bogotá, en primera instancia, y el Juzgado 30 Penal del Circuito, en segunda) el trámite de la acción iniciada por Víctor Hugo Orjuela Guerrero.

En cuanto al interés en el resultado del proceso, la señora Camacho Jácome indica que se desempeñaba como alcaldesa local de La Candelaria cuando el señor Orjuela instauró su acción de tutela, encaminada a cuestionar la constitucionalidad de su acto de nombramiento y de la que, por consiguiente, podían derivarse consecuencias para ella.

Señala que por causa de tal omisión no ha podido ejercer el derecho a la defensa.

Si bien no existe una norma expresa que consagre la obligación de notificar las providencias de tutela a los terceros con interés legítimo, tal trámite judicial es aplicable al proceso de tutela en virtud de:

1. El artículo 29 de la Constitución Política establece que El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

2. La posibilidad de que, según el artículo 13, inciso final y 16 del Decreto 2591 de 1991, los terceros con interés legítimo intervengan como coadyuvantes o como partes. 1

3. Los principios de oficiosidad e informalidad que rigen la acción de tutela, que llevan al juez a proteger el derecho al debido proceso de partes y terceros cuando se evidencie una posible vulneración.

4. El Art. 140 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos de tutela en virtud de la disposición contenida en el Art. 4º del Decreto 306 de 1992, que contempla que el proceso es nulo "cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena (...)"².

Para que tal obligación se radique en cabeza del juez de tutela, debe constar de manera expresa o desprenderse del expediente la existencia del tercero o terceros interesados³. No se le puede exigir al juez de tutela el cumplimiento de obligaciones como la notificación de terceros cuyo conocimiento no es deducible de los documentos que conforman el expediente. Tal carga es desproporcionada e irrazonable. Sólo en el momento en que el juez constata la omisión de vinculación de una persona que se verá afectada con los resultados del proceso debe actuar en consecuencia ordenando su vinculación. Ha dicho la Corte:

En la presente ocasión, la Sala Plena accederá a la solicitud de nulidad presentada por la señora Claudia Constanza Camacho Jácome.

Ello por considerar que sí existía obligación de los dos jueces de instancia de notificar a la señora Camacho Jácome, trámite cuyo cumplimiento se omitió en el proceso que concluyó con la expedición de la sentencia T-268 de 2005.

Observa la Sala que legítimamente la peticionaria considera que no le fue posible el ejercicio de su derecho a la defensa, al no habérsele notificado la existencia del proceso, ya que las pretensiones del demandante dentro del proceso de tutela le interesaban y afectaban directamente por su nombramiento como alcaldesa local de La Candelaria.

Además es necesario considerar que la elección del alcalde menor de la localidad se hizo a través de la conformación de una terna. El señor Víctor Hugo Orjuela, la señora Claudia Camacho Jácome y una tercera persona, el señor Carlos Arturo Remolina Gómez, fueron parte de ésta. Observa la Sala Plena que era menester que durante el trámite del proceso de tutela fueran enterados los dos miembros restantes de dicha terna, diferentes del demandante señor Orjuela, especialmente la señora Camacho Jácome, quien al haber sido la favorecida con la decisión del alcalde mayor y promovida en el cargo de alcalde local, era quién podía resultar en mayor medida afectada con la decisión a la que llegara el juez de tutela. Por tratarse de una terna se presentaba, entonces, una situación especial.

Así pues, Sala debe acceder a la solicitud y declarar la nulidad del proceso de tutela del señor Víctor Hugo Orjuela Guerrero contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, incluída la Sentencia T-268 de 2005, desde el momento procesal en el que aquella se causó. Por ende ¿ observa la Sala- la nulidad que se declara ocurre a partir del auto por medio del cual el Juzgado 34 Penal Municipal de Bogotá admitió la solicitud de tutela. En consecuencia, y para que el juzgado de primera instancia rehaga la actuación procesal, la Sala Plena de la Corporación ordenará a la Secretaría General de la Corte Constitucional la remisión del expediente T-1012122 a dicho juzgado para que, permitiendo el ejercicio del derecho de defensa de la señora Claudia Constanza Camacho Jácome, así como del señor Carlos Arturo Remolina Gómez, renueve la actuación y decida nuevamente el asunto sometido a su consideración.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,

Primero.- DECLARAR LA NULIDAD del proceso de tutela del señor Víctor Hugo Orjuela Guerrero contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, incluída la Sentencia T-268 de 2005, desde el auto por medio del cual el Juzgado 34 Penal Municipal de Bogotá admitió la solicitud correspondiente.

Segundo.- ORDENAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, la remisión del expediente T-1012122 al Juzgado 34 Penal Municipal de Bogotá para que éste, permitiendo el ejercicio del derecho de defensa de la señora Claudia Constanza Camacho Jácome, así como del señor Carlos Arturo Remolina Gómez, renueve la actuación y decida nuevamente el asunto sometido a su consideración.