RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

SITIO DE LA REUNION: Bogotá Despacho de la Subsecretaría General

DIA: 19 de marzo de 2004

HORA DE LA SESION: 2: 30 a 6:00 p.m.

ASISTENTES:

- Dr. Luis Miguel Domínguez García, Subsecretario General

- Dra. Martha Yaneth Veleño Quintero, Directora Jurídica Distrital

- Dr. Justo German Bermúdez Gross, Director de Gestión Corporativa

- Dr. Manuel Ávila Olarte, Subdirector de Conceptos

-Dr. José Fernando Suárez Venegas, Subdirector de Gestión Judicial

INVITADOS ESPECIALES.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1214 de 2000, asistieron como invitados especiales con derecho a voz pero sin voto:

Dr. Ricardo Bogotá Jefe (e) de la Oficina Asesora de Control Interno de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Dra. Ana Carolina Rada funcionaria del Ministerio del Interior y de Justicia.

1. Verificación del quórum.

2. Relación y Discusión de las fichas.

1 Verificación del quórum.

Verificada la asistencia de los integrantes del Comité por parte de la Secretaría Técnica, se establece que hay quórum para realizar la sesión.

Relación y discusión de las fichas.

Apoderada del Distrito: Dra. GLORIA DIAGO CASASBUENAS, Abogada de la Subdirección de Gestión Judicial, quien hace una reseña de los hechos de la forma que a continuación se transcribe:

Solicitud: Se pretende estudiar la posibilidad de conciliar o no frente a la solicitud de Conciliación Prejudicial del señor VICENTE ZAPATA contra DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, la cual cursa en la Procuraduría General de la Nación.

Hechos: El día 29 de mayo de 2003, el señor Vicente Zapata (particular) iba conduciendo su vehículo de placas EVJ-862 por la carrera 55 a tomar la calle 26, al tomar la calle 26 un agente de tránsito hizo señales de pare a todos los vehículos que venían de oriente a occidente por la calle 26 en la calzada de la derecha, para dar vía a los vehículos que se desplazan en el mismo sentido por la calzada rápida para que tomaran el carril de la derecha, debido a otro accidente que había ocurrido.

El señor Zapata atendiendo el aviso de pare del agente detuvo el vehículo y al lado paró una volqueta perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas.

El agente de tránsito manifestó que le solicitó los papeles al conductor de la volqueta pues le tuvo que hacer varias señales para que atendiera la señal de pare.

Al terminar de dar vía a los vehículos por la calzada rápida, el agente diò la orden de arrancar y los dos conductores lo hicieron chocándose los dos vehículos, frente al agente mencionado. El conductor de la volqueta argumentó "que no lo vio", se procedió a elaborar y levantar el correspondiente cròquis del accidente.

Así las cosas, el solicitante de la conciliación, Sr. Vicente Zapata, solicita que se declare contraventor al conductor de la Secretaria de Obras Públicas, señor Libardo Rodríguez Moreno y que se pague la suma de ochocientos noventa mil pesos ($890.000) valor que costó el arreglo del vehículo. Solicita la conciliación basado en el Artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, que determina que toda persona afectada puede demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de Trabajos Públicos o por cualquier otra causa.

El conductor de la Secretaria de Obras Públicas y el señor Vicente Zapata el 23 de julio del 2003 asistieron a una conciliación al Centro Nacional del Conductor, pero allí no se llevó a cabo la conciliación por cuanto estaba involucrado un vehículo oficial, por esa razón el señor Vicente Zapata acudió ante la Procuraduría.

Discusión del tema: Manifiesta la apoderada que los hechos que expone el señor Zapata, para nosotros no son tan reales, respaldados en el croquis que se levantó en el sitio del accidente. Igualmente informa que se le solicitó a la Compañía de Seguros La Previsora que es la compañía aseguradora del vehículo de la Secretaría de Obras Públicas en adelante SOP, que ésta le reconociera el pago de los daños ocasionados al vehículo por $890.000 y la Previsora le contestó que no estaba demostrada la responsabilidad del conductor de la Secretaria de Obras Públicas, razón por la cual no procedería a dicho pago.

Igualmente el abogado que acompañó al conductor de la SOP a la conciliación, en el centro de conciliación envía un oficio en el que dice que no está demostrada la responsabilidad del conductor de S.O.P. y al contrario sí está demostrada la responsabilidad del conductor Vicente Zapata, por este motivo es que la apoderada de la Alcaldía manifiesta a este Comité que no estando demostrada la responsabilidad del conductor no habría lugar a una conciliación.

Interviene el Doctor José Fernando Suárez en su calidad de Subdirector de Gestión Judicial y manifiesta que se encuentra presente la Dra. PATRICIA DIAZ VARGAS, abogada de la Compañía de Seguros la Previsora quien también puede informar al Comité y quien está presente para que el Distrito y la Compañía Aseguradora estén de acuerdo en los argumentos de defensa

El Doctor Luis Miguel Domínguez en su calidad de Subsecretario General: manifiesta que, en la ficha se ve que el agente de tránsito hizo observaciones al vehículo No.2 que es el afectado y al parecer se trató de una infracción por haber omitido hacer el Pare correspondiente.

Doctora Díaz Vargas de la Previsora: Dice sí. Y señala que en el sitio de los hechos estuvieron dos autoridades: una es el agente de tránsito que estaba dirigiendo el tránsito, antes de la colisión pues era una vía congestionada. Para ambos conductores, se dio la señal de pare y luego les da la señal de arrancar, teniendo prelación quien viene por la 26 (vehículo de la SOP). ,el policía que esta dirigiendo el tráfico se acerca y por radio llama a otro agente de la Secretaría de Tránsito y Transporte que es quien elabora el croquis respectivo, croquis que es interesante técnica y jurídicamente pues habla de que el señor Vicente Zapata no tuvo en cuenta las señales, en el croquis se demuestra que había una señal de pare y se anota claro que la vía era para los que venían por la 26 y hasta que el señor Zapata no viera que la vía estaba despejada , no podía arrancar. La Previsora dice que se debe probar que el conductor asegurado tiene una responsabilidad clara y determinada y si eso sucede pues se le paga. Así las cosas, señala la abogada de la Previsora, que para esa compañía la favorabilidad se presume y por tanto recomienda no conciliar pues al contrario ellos van a solicitar que al Sr. Zapata se le señale como contraventor que dio origen al accidente.

Interviene el Doctor José Fernando Suárez: La Compañía de Seguros y la abogada de la Subdirección plantean que no hay lugar a la conciliación teniendo en cuenta que no está demostrada la culpabilidad del conductor y que la pruebas no conducen a ello.

Una vez escuchados los planteamientos y absueltas las dudas por parte de los miembros del Comité se procede a la votación así:

El Doctor Luis Miguel Domínguez, en su calidad de Subsecretario General manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

La Doctora Martha Yaneth Veleño Quintero, en su calidad de Directora Jurídica Distrital manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar

El Doctor Justo German Bermúdez Gross, en su calidad de Director Corporativo manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar

El Doctor Manuel Ávila Olarte, en su calidad de Subdirector de Conceptos manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar,

El Doctor José Fernando Suárez Venegas, en su calidad de Subdirector de Gestión Judicial manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar,

DECISION: Así las cosas los cinco (5) miembros del comité deciden no conciliar.

2.2 PROCESO No. 03-0398 MARIA RAMONA AVILA vs. DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION .

Apoderada del Distrito: Dra. DIANA ESTHER CONTRERAS, abogada de la Subdirección de Gestión Judicial, quien procede a presentar en su condición de apoderada de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Solicitud: Se pretende estudiar la posibilidad de conciliar o no dentro del proceso No. 03-0398 de MARIA RAMONA AVILA contra DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION por medio del cual pretende, que se le pague la indemnización por la terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo, se le paguen los quinquenios por servicios prestados causados y no pagados de los periodos de 1982 a 1986, de 1987 a 1991, de 1992 a 1996, y 1997 a 2001, así como los incrementos de salario legales o extralegales, no pagados correspondientes a los meses de enero y febrero de 2001.

Hechos: La señora Maria Ramona Ávila era una aseadora de la Secretaria de Educación entró por una relación legal y reglamentaria a la Secretaría de Educación inicialmente mediante Decreto 483 de 1970 como ayudante de administración y tomó posesión el 17 de agosto del mismo año, posteriormente fue nombrada mediante Decreto 526 de 1971 en el cargo de Aseadora II.

A través de Decreto 694 del 20 de mayo de 1980 fue incorporada en la planta de personal Administrativo de Educación Primaria FER dependiente del Ministerio de Educación Nacional en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales 6035-03 a partir del 1 de mayo de 1980, por acuerdo 7 de 1996 y Decreto 608 del 20 de septiembre de 1996 fue incorporada a la planta de personal de la Secretaria de Educación de Bogotá y homologado a Auxiliar de Servicios Generales III-C Aseadora.

Ella no fue vinculada por contrato a término indefinido, o ficto, luego su vinculación se originó en una relación legal y reglamentaria como empleada pública con un salario de ($518.633) más subsidio de transporte y de alimentación.

Discusión del Comité alrededor del tema: La apoderada manifiesta que a la demandante se le pagaron oportunamente lo quinquenios, los incrementos salariales, y las demás prestaciones sociales .

El Doctor Luis Miguel Domínguez, Subsecretario General : Pregunta ¿se le pagaron todos los salarios y prestaciones que se le debían hasta el momento que estuvo en la administración.? Pero no hubo pago de indemnización?.

Doctora Diana Contreras: contesta que sí.

Doctor Luis Miguel Domínguez Pregunta: ¿Se reconoció por parte de la Administración la existencia de un Contrato Laboral? La apoderada responde que No.

Interviene el Doctor José Fernando Suárez, Subdirector de Gestión Judicial: dice que se le pagaron los salarios y prestaciones hasta el momento que estuvo vinculada a la administración.

La Doctora Diana Contreras ilustra al Comité señalando que en este caso se le pagaron todas la prestaciones legales y extralegales, igualmente se le pagaron quinquenios, se le pagaron los incremento de los salarios correspondientes a los meses de enero y febrero de 2001 por un valor de noventa y tres mil pesos ($93.000). Entonces, el concepto es que precisamente no hay lugar a la conciliación primero porque ella es una empleada pública y se está iniciando el proceso en la jurisdicción ordinaria laboral, que no es la que corresponde; segundo, al hacer el agotamiento de la vía gobernativa, ella no hizo reclamo de todas las pretensiones que presentó en la demanda tales como fueron algunos quinquenios, ella en la demanda reclama todos los quinquenios y en el agotamiento de la vía no.

Ella hizo la reclamación parcial el 18 de febrero del 2002 solicitando el reconocimiento y el pago de la indemnización y la prima técnica y no tenía derecho a prima técnica pues era una aseadora.

La entidad respondió el agotamiento de la vía gubernativa mediante Oficio 2002-015371, estos documentos fueron anexados en su tiempo al expediente, donde se ve que hubo un indebido agotamiento de la vía gubernativa. La Secretaría de Educación manifiesta que actuó de buena fe, aplicando la normatividad vigente para el pago de prestaciones a que tenia derecho la señora Maria Ramona.

El Doctor Luis Miguel Domínguez: dice que si es claro que las peticiones no tienen asidero legal, no estaba en carrera motivo por el cual al momento de comunicarle la terminación de la relación laboral no se aplicaba lo previsto en el articulo 39 de la ley 443 de 1998. "Derechos de los empleados de Carrera administrativa en caso de supresión de cargos".

El Doctor José Fernando Suárez: expone que de todas maneras ahí se planteó como excepción la falta de jurisdicción desde el principio.

La Doctora Diana Contreras dice que se planteó cobro de lo no debido, e inexistencia de la obligación y señala que la excepción de falta de jurisdicción y competencia se plantea como una excepción previa pero los juzgados y tribunales la están resolviendo de fondo, al final del proceso.

El Doctor Luis Miguel Domínguez, Subsecretario General interviene diciendo que aquí es claro que todo el historial es de empleada pública, el tratamiento salarial fue de empleada pública así como su desvinculación y las funciones mismas que desempeñaba. Por lo tanto de aceptar la conciliación estaríamos sobre algo que no tiene ninguna justificación legal, yo recomendaría al comité no conciliar.

Doctor José Fernando Suárez: Considera que no se debe conciliar además si se dice lo contrario seria contradictorio lo que estamos planteando en la defensa y como un antecedente en todos los demás que hay en idénticas condiciones, nos obligaría a conciliar en los demás y realmente considera que no existen las razones para hacerlo.

Una vez escuchados los planteamientos, los miembros del Comité proceden a votar de la siguiente forma:

El Doctor Luis Miguel Domínguez, en su calidad de Subsecretario General manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar.

La Doctora Martha Yaneth Veleño Quintero, en su calidad de Directora Jurídica Distrital manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar

El Doctor Justo German Bermúdez Gross, en su calidad de Director Corporativo manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar

El Doctor Manuel Avila Olarte, en su calidad de Subdirector de Conceptos manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar,

El Doctor José Fernando Suárez Venegas, en su calidad de Subdirector de Gestión Judicial manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no conciliar,

DECISION: Los cinco miembros votan por NO CONCILIAR.

Pasando a otro tema, el Doctor José Fernando Suárez: solicita al Comité que se adopte una política para acudir a la primera audiencia de trámite en materia laboral, ya que en ésta se solicita a las partes decidir si concilian o no. Muchos de estos procesos ya se habían iniciado y se encuentran adecuándose al nuevo procedimiento laboral y para el Distrito es claro que existe falta de jurisdicción y de competencia, en casos similares al presentado anteriormente.

Interviene la Doctora Martha Yaneth Veleño, Directora Jurídica Distrital: manifestando que lo que se quiere es aprovechar este tema para fijar una política en cuanto a los procesos laborales, todos estos procesos que van a la jurisdicción ordinaria tienen una primera audiencia de conciliación, por lo mismo se está proponiendo con el Doctor José Fernando Suárez, si el comité tendría algún inconveniente en que en todos los procesos donde se está ajustando el procedimiento y va a surtirse la primera audiencia de trámite para la conciliación, se le diera la autonomía al abogado, de siempre decir que no se concilia en esta materia y solamente cuando el abogado considere que hay una situación excepcional donde la administración estaría en un riesgo inminente de pérdida en el proceso, traerlo para evaluar el tema.

Es decir, en procesos donde ya nos hemos defendido de alguna manera atacando los argumentos del demandante y que se están ajustando al nuevo procedimiento y en estos decir "no concilio" es confirmar lo que ya hemos dicho en la defensa. Esto para no desgastar al comité ante una misma situación de derecho.

El Doctor Luis Miguel Domínguez manifiesta que coadyuva esta recomendación además porque esto contribuye a agilizar los trámites, o tener en cuenta los procedimientos e inclusive para facilitar la administración de justicia.

La Abogada del Ministerio de Justicia Doctora Ana Carolina Rada: explica que en el Ministerio se hace con ciertos casos donde de demanda respectivamente y unas se presentan y se adoptan la decisión en bloque.

El Doctor José Fernando Suárez: manifiesta que así lo hemos hecho nosotros cuando en el tiempo se presenta ésto y se tienen acumulados varios casos iguales y lo decidido para la primera persona se le aplica para las demás.

Así las cosas los miembros del Comité de Conciliación de la Secretaría General coadyuvan la propuesta dada por la Directora jurídica y el Subdirector de Gestión Judicial, en el sentido de autorizar a los abogados y al representante legal para asistir a la primera audiencia de trámite donde se surte la conciliación y llevar la posición en el sentido de que cuando se presenten los casos laborales donde el actor manifiesta que es trabajador oficial cuando en realidad es empleado público y las características estudiadas en el caso anterior, se llevará la posición de no conciliar.

El Doctor Luis Miguel Domínguez: recomienda que el Subdirector de Gestión judicial instruya a los apoderados mediante una circular o memorando sobre la política adoptada para esa primera audiencia de trámite como es la de no conciliar.

2.3 Proceso No.99-4514 de CLAUDIA PATRICIA GARCIA contra DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA GENERAL

Apoderado: Dra. NAHIR LUCIA ZAPATA, abogada de la Subdirección de Gestión Judicial, procede a presentar en su condición de apoderada externa de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C,.

Solicitud: Se pretende estudiar la posibilidad de iniciar o no acción de repetición.

Hechos: A través de una Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Claudia Patricia García demandó la nulidad de la Resolución No. 369 de diciembre 18 de 1997 proferida dentro del proceso disciplinario No. 239 de 1996 mediante la cual el personero delegado para la vigilancia administrativa impuso una sanción disciplinaria consistente en suspensión en el cargo sin remuneración hasta por (15 días). Posteriormente el Personero de Bogotá profirió la resolución 948 de noviembre 14 de 1998 y modificó la sanción disponiendo en su lugar una sanción disciplinaria de multa equivalente a cinco (5) días de salario, la Secretaria General mediante Resolución 052 del 20 de enero de 1999 hizo efectiva la sanción.

El origen de la investigación disciplinaria contra la Sra. Claudia Patricia García fue la no contestación de dos demandas (procesos 37223 y 38735) y el no haber presentado unos alegatos de conclusión (proceso 26977), dentro de procesos que ella debía defender. Por tal razón se impuso la sanción. La Sra. García interpuso esta acción argumentando que tenia una carga de trabajo bastante grande, se demostró que llevaba 232 procesos, que estaban en trámite en el Tribunal Administrativo sección segunda y en el Consejo de Estado y también se argumentó que los procesos se ganaron.

El Tribunal consideró que había responsabilidad por parte de la administración al permitir una carga laboral tan alta a un abogado, que de todas maneras la Resolución que impuso la sanción no se hizo de acuerdo a la normatividad legal, en el sentido de que no se estableció que había dolo o culpa grave, en ese sentido se determinó que se debería quitar la anotación de la hoja de vida de la funcionaria y adicionalmente devolverle los cinco (5) días de salario que no se le pagaron.

El Tribunal consideró que con los fallos de los procesos, la administración no sufrió daño alguno al no resultar desfavorecida, es decir la administración no demostró que cuando se omitió contestar se causó daño.

Discusión por parte del Comité: Considera la apoderada que aquí no hay lugar a iniciar acción de repetición, porque ésta se basa en el concepto de un daño económico o patrimonial y como no hay indemnización lo que hizo fue pagarle a la funcionaria los cinco días que dejo de laborar actualizados, haciendo la corrección monetaria, entonces en este sentido el presupuesto inicial para iniciar Acción de Repetición no se da, en esta medida el pago que se hizo es por concepto de una devolución de un dinero que dejó de pagar la administración como consecuencia de la sanción impuesta, y eso fue lo que hizo la Secretaria General pagar lo que se le ordenó.

Interviene el Doctor Domínguez, Subsecretario general manifestando que además con los elementos que señala el mandato constitucional que es la existencia de dolo o culpa grave en este caso no está como muy evidenciada.

El Doctor José Fernando Suárez explica que de todas formas en este caso se cometieron tres errores por parte de la Personería:

1 Aplicaron una normatividad que no estaba vigente.

2 No calificaron la conducta ¿no pudieron tipificar la conducta concretamente.

3 La favoreció que los procesos se ganaron

Interviene la Doctora Ana Carolina Rada delegada del Ministerio del Interior y de Justicia y pregunta: ¿en este caso contra quien se accionaría si hipotéticamente se decidiera iniciar la acción de repetición?.

El Doctor José Fernando Suárez responde que en este caso se iniciaría contra el Personero, que fue quien expidió la Resolución de sanción.

Presentada por parte de la abogada de la Subdirección de Gestión Judicial la ficha correspondiente, con base en los hechos expuestos y las pruebas recaudadas este comité procede a votar, así:

El Doctor Luis Miguel Domínguez, en su calidad de Subsecretario General manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no iniciar acción de Repetición.

La Doctora Martha Yaneth Veleño Quintero, en su calidad de Directora Jurídica Distrital manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no iniciar acción de repetición.

El Doctor Justo German Bermúdez Gross, en su calidad de Director Corporativo manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no iniciar acción de repetición

El Doctor Manuel Avila Olarte, en su calidad de Subdirector de Conceptos manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no iniciar acción de repetición.

El Doctor José Fernando Suárez Venegas, en su calidad de Subdirector de Gestión Judicial manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no iniciar acción de repetición.

DECISION: No iniciar acción de repetición

Apoderada: Dra. NAHIR LUCIA ZAPATA, abogada externa de la Subdirección de Gestión Judicial, procede a presentar en su condición de apoderada externa de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Solicitud: Se pretende estudiar la posibilidad de iniciar o no acción de repetición.

Hechos: El señor Edgar José Obando Moncayo fue nombrado por la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, mediante Resolución 0559 del 4 de mayo de 1998 en el cargo de Jefe de División de Sistemas del Concejo de Bogotá grado 19 funcionario en provisionalidad por el término de cuatro (4) meses, tomó posesión del cargo el 5 de mayo de 1998, su vinculación vencía el 4 de septiembre de 1998, pero hizo entrega del cargo hasta el 23 de septiembre de 1998, por tanto laboró 19 días mas, sin que se le hubiera prorrogado la vinculación laboral, es decir sin la anuencia expresa de la administración.

El Tribunal declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda propuesta por el Distrito porque consideró que si se le había avisado y no tenia porque seguir trabajando sin embargo el Consejo de Estado declara probada la pretensión subsidiaria en el sentido de que se abstenía de fallar las pretensiones principales y respecto a la subsidiaria consideró que el demandante había asistido a reuniones laborales tal como lo probó con instrucciones precisas por tanto señaló que el demandante laboró por un tiempo adicional que debió pagarse; durante este tiempo el jefe inmediato le asignó funciones, por ello se le ordenó al Distrito que se le pagarán ($2.277.657). Sin embargo considera la apoderada que ahí hay posibilidad de iniciar acción de repetición y esa es su recomendación y seria para el jefe inmediato pues sabia que a pesar que no se le iba a renovar la vinculación al supernumerario le dio funciones.

Discusión del Comité: Interviene el Doctor Luis Miguel Domínguez, en su calidad de Subsecretario General y manifiesta que en este caso así el pago no sea muy alto y se trate de pagar los servicios prestados, se podría respaldar la acción de repetición en que para la administración si bien no hubo un detrimento o perjuicio, si hubo una situación legal que no se puede tolerar y es que se actúo por fuera del marco de la legalidad y aun a sabiendas que el funcionario ya no tenia una relación laboral se le asignaron funciones, tal vez si no se le hubieran asignado las funciones no seria tan evidente la responsabilidad del jefe de la División pero el fue un nominador de hecho que generó una relación laboral de hecho y aquí si entonces por lo menos en estos términos hubo una inexcusable omisión y para mi habría responsabilidad.

Interviene el Doctor Justo German Bermúdez en su calidad de Director Corporativo y manifiesta que en su concepto aunque fue irresponsabilidad del jefe al asignar funciones, no encuentra de los hechos expuestos que se pueda hablar de una Acción de repetición, se podría replantear la posición.

Interviene el Doctor Manuel Ávila en su calidad de Subdirector de Conceptos y considera que aunque se cancelaron hechos cumplidos podríamos hablar de una responsabilidad Disciplinaria, mas no una acción de Repetición pues no se configuran como tal los elementos.

La Doctora Ana Carolina Prada, funcionaria del Ministerio del Interior y de Justicia y pregunta si el fallo calificó la conducta pues es importante tener en cuenta eso. En ese sentido la apoderada le contesta que no se calificó.

Interviene la Doctora Martha Yaneth Veleño Quintero para manifestar que aquí es importante tener en cuenta que la vinculación del señor fue como provisional y que es muy usual en la administración que estas vinculaciones se hagan por el término de cuatro meses inicialmente y por estar suspendidos los concursos que permiten el acceso en forma permanente a la carrera administrativa, se prorrogan en muchos casos de manera indefinida. Igualmente se debe tener en cuenta que el pago hecho a ésta persona compensa un servicio efectivamente recibido por la Entidad por lo cual no podría hablarse de un verdadero detrimento patrimonial, por lo cual se inclinaría por no iniciar acción de repetición.

El Doctor Manuel Ávila, Subdirector de Conceptos manifiesta que seria bueno tener en cuenta que el Tribunal en primera instancia absolvió.

El Doctor José Fernando Suárez, Subdirector de Gestión Judicial manifiesta que de todas maneras hay un elemento y fue que el servicio se prestó autorizado o no; se hizo el trabajo, está de acuerdo con el Doctor Bermúdez y con el Doctor Avila, en el sentido de que más que una acción de repetición es una acción disciplinaria pues el jefe de División de sistemas con su conducta induce a que se haga una vinculación que no corresponde y no habría lugar a la acción de repetición porque no se da el presupuesto del detrimento.

Interviene el Doctor Luis Miguel Domínguez y explica que mirando bien y teniendo en cuenta los planteamientos sobre los cuales se basa el Consejo de Estado se tiene claro que a lo que se limita la sentencia es a pagarle una compensación generada por la prestación del servicio, no califica la conducta y al no hacerlo como dolosa o culposa en la práctica presumimos la buena fe y no hablaríamos de iniciar acción de repetición.

Presentada por parte de la abogada de la Subdirección de Gestión Judicial la ficha correspondiente, con base en los hechos expuestos y las pruebas recaudadas este comité procede a votar así:

El Doctor Luis Miguel Domínguez, en su calidad de Subsecretario General manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no iniciar acción de Repetición, pero se debe iniciar investigación disciplinaria.

La Doctora Martha Yaneth Veleño Quintero, en su calidad de Directora Jurídica Distrital manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no iniciar acción de repetición, pero se debe iniciar investigación disciplinaria.

El Doctor Justo German Bermúdez Gross, en su calidad de Director Corporativo manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no iniciar acción de repetición, pero se debe iniciar investigación disciplinaria.

El Doctor Manuel Avila Olarte, en su calidad de Subdirector de Conceptos manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no iniciar acción de repetición, pero se debe iniciar investigación disciplinaria, aunque pone de presente que ya operaria la prescripción.

El Doctor José Fernando Suárez Venegas, en su calidad de Subdirector de Gestión Judicial manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por no iniciar acción de repetición, pero se debe iniciar investigación disciplinaria.

DECISION: No se inicia acción de repetición, pero se recomienda iniciar acción Disciplinaria contra el Ingeniero Jorge Saavedra Coronado, Jefe inmediato del señor Edgar José Obando, por tanto se oficiará al Concejo para que sean ellos quienes determinen si se inicia o no la acción Disciplinaria.

2.5 Proceso No. 1997-44247 de JAIME HERNANDO CORTES CASAS contra DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE HACIENDA

Apoderada: Dra. NAHIR LUCIA ZAPATA, abogada externa de la Subdirección de Gestión Judicial, procede a presentar en su condición de apoderada externa de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Asunto: Se pretende estudiar la posibilidad de iniciar o no acción de repetición dentro del proceso No. 1997-44247 de JAIME HERNANDO CORTES CASAS contra DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE HACIENDA, el demandante pretendía que se le reintegrara al cargo o a uno similar o de superior jerarquía y pagarle todos los conceptos saláriales y prestacionales dejados de percibir.

En este momento del Comité, interviene la doctora Martha Yaneth Veleño, Directora jurídica Distrital y manifiesta que antes de que la Doctora Nahir Zapata exponga el caso a los miembros del comité deja la inquietud en el sentido de señalar que cuando era Directora Jurídica de Hacienda envío una comunicación solicitando se iniciara acción de repetición contra el abogado que defendió al Distrito en este proceso.

Hechos: La apoderada procede a exponer el caso a los presentes en la sesión, y manifiesta que el señor JAIME HERNANDO CORTES C. prestó sus servicios a la Secretaria de Hacienda Distrital desde el 25 de mayo de 1987 hasta el 21 de enero de 1997 sin interrupción como profesional especializado grado 16, mediante Decreto 034 de 1997, expedido por el Alcalde Mayor se suprimió el cargo desempeñado por el señor Cortes, mediante este Decreto se modificó e incorporó funcionarios a la Secretaria de Hacienda.

Al llevarse a cabo la reestructuración se desvincularon 4 profesionales y se les indemnizó y se reincorporaron 34 en la nueva planta por la facultad discrecional del nominador.

El Tribunal en primera instancia consideró que el cargo desempeñado por el actor no fue suprimido, sino por el contrario se procedió a reincorporar a varios funcionarios de la Secretaria de Hacienda Distrital en un cargo que tiene la misma denominación, además el señor en mención estaba inscrito en carrera por tanto el Tribunal señaló que si existe el mismo cargo o uno similar o equivalente en la nueva planta de personal, se debe otorgar el derecho preferencial de revinculación al personal que se encuentre escalafonado en carrera administrativa, y dio probada la Desviación de poder. De tal sentencia hubo salvamento de Voto por parte de la Magistrada Martha Betancur quien se aparto de la decisión pues consideró que el demandante manifestó su decisión de acogerse al beneficio indemnizatorio en escrito presentado por él y recibió todos los valores liquidados.

El Consejo de Estado confirmó la sentencia apelada, adicionándola en el sentido de ordenar que de las sumas que resulten a favor del demandante por la condena se descuente el valor pagado por concepto de la indemnización mediante resolución No. 318 de febrero de 1997 debidamente indexado.

La Doctora Nahir Zapata manifiesta que hay una circunstancia adicional en este caso que hay que tener en cuenta y es que el señor al momento de ingresar a la carrera administrativa presento documentos falsos, como lo es el titulo de economista y así siguió avanzando para tener ascensos reclasificaciones e incorporaciones a la planta de personal, ingresó en el escalafón de la carrera administrativa y reconocimiento, reajustes y pago de prima de técnica actitudes estas que fueron consideradas como graves de acuerdo con los artículos 40 numerales 21 y 41 de la ley 200 de 1995. Pues la Universidad Cooperativa certificó que no había asistido a dicha institución.

El Tribunal fallò en primera instancia el 17 de agosto de 1999 y la Resolución que determinó la sanción disciplinaria fue del 21 de abril de 1999, así las cosas no podría decirse que la administración no tuviera noticias de esta circunstancia, hasta ese momento, la Doctora Nahir recomienda no iniciar acción de repetición pues en su concepto hay una circunstancia de hecho que no se acreditó en el proceso y es la real y efectiva de que el señor no era economista , no podía ocupar el cargo, si bien es cierto si eso no lo supo la administración de Justicia si lo supo la Secretaria de Hacienda.

Discusión del tema: Interviene la Dra. Ana Carolina Rada del Ministerio del Interior y de Justicia y pregunta a la apoderada sobre el hecho de que si el Tribunal hubiese conocido esta circunstancia del engaño el fallo hubiese sido distinto?

Interviene la Doctora Martha Yaneth Veleño en su calidad de Directora Jurídica y manifiesta que la historia de este caso desde la Secretaria de Hacienda es distinta pues la Secretaria envió la hoja de vida con todos los soportes, cuando el señor demandó, a la Oficina de Asuntos Judiciales para que ejerciera la defensa, dentro de la hoja de vida del señor reposaba la certificación de la Universidad Cooperativa de Colombia donde decía que el señor jamás se había inscrito en la carrera de Economía y por tanto menos podía haber optado por el titulo, al señor se le puso denuncia penal pero se tardó en iniciarla, así como la investigación disciplinaria, cabe resaltar que el abogado que defendió los intereses del Distrito no aportó ni lo uno ni lo otro, es decir ni la denuncia penal, mucho menos la certificación de la Universidad por tanto el Tribunal nunca supo de tal situación y adicionalmente para cumplir la condena se hicieron cosas muy difíciles, pues reintegrar a un señor que no cumple los requisitos, él nunca pudo ir a reintegrarse porque tenia una orden de captura vigente; en segundo lugar la Secretaria de Hacienda recomendó que la consignación no se hiciera en cheque a él ni a su apoderado, sino que se hiciera un depósito judicial por si iba a retirarlo para que se hiciera efectiva la orden de captura, por esa razón a través del cargo de Directora Jurídica se solicito que se investigara la actitud del apoderado del Distrito Capital y se iniciara acción de repetición.

Doctor Domínguez: Pero lo reintegraron para darle cumplimiento a la sentencia.

Doctora Veleño: Dice que sí. Salió el acto administrativo que daba dar cumplimiento a la condena pero el señor nunca se presentó. Entonces se ordenó reintegrarlo para darle cumplimiento a la sentencia y en caso de presentarse al día siguiente declara la inhabilidad en el ejercicio del cargo o lo revocatoria del nombramiento por el no cumplimiento de los requisitos y pues obviamente nunca se presentó pues hay medida de aseguramiento.

Doctor Domínguez: en este caso por lo que se menciona en los hechos es que la circunstancia que originó el perjuicio del que habla el Art. 90 de la Constitución Política, más que originarse en la decisión de la administración que operaba sobre la presunción sobre la base de la buena fe según los informes que reposaban en la hoja de vida y que eran la información que llevó a la supresión del empleo y al retiro del funcionario considerado de carrera.

La Doctora Martha Veleño manifiesta que él era de carrera que la desvinculación se dio en la reestructuración de 1997 y la motivación de la administración no fue el hecho de que no cumpliera los requisitos por que no conocía todavía nada, pero lo extraño es que el Tribunal dijo que tiene derecho preferente al cargo y lo temible es que el tribunal no hubiere conocido la situación que se presentó.

El Doctor Luis Miguel Domínguez expone que de los hechos se puede ver que el funcionario fue retirado por supresión de cargo, diciéndole que no había cargos vacantes para su reincorporación, cuando en realidad sí había cargos vacantes eso lo llevó a demandar, en el trámite de la demanda de Restablecimiento del Derecho, se estableció que había incurrido en una falsedad entonces los actos administrativos hasta el retiro eran actos que se amparaban con la presunción de constitucionalidad y legalidad, yo me inclino también por la tesis de decir que aquí el perjuicio o el detrimento que se hubiera podido causar a la administraciones se originó en la negligencia del abogado que en el curso del proceso una vez habiéndose establecido que los elementos que estaba comentando el demandante para pedir el Restablecimiento del Derecho eran falsos y que ya se había establecido la falsedad de estos y no los aportó al proceso para haber comprobado el rumbo del mismo por tanto si hubo negligencia.

La Doctora Martha Veleño manifiesta que aun conocida la situación, no se interpuso recurso alguno, pero reitera que no se puede decidir sobre la acción de repetición hasta tanto no se verifique si hubo pago efectivo.

El Doctor Manuel Ávila manifiesta que hay que tener en cuenta lo que la jurisprudencia ha dicho sobre el pago efectivo.

El Doctor Bermúdez manifiesta que presupuestalmente si lo hubo.

La Doctora Ana Carolina Rada del Ministerio del Interior y de Justicia expresa que entiende que se tenga que puntualizar en si se hizo el pago ya o no, pero para el Ministerio es importante aclarar si se realizó el pago, se mira cual fue el funcionario que originó el pago y es el mismo funcionario que expidió el acto sobre quien se debe evaluar la culpa o dolo en su actuación. Por tal razón no se puede involucrar al abogado aunque en este caso, por lo expuesto, el abogado fue muy irresponsable y puede ser investigado disciplinariamente pero no tendría que ver con la acción de repetición porque el no expidió el acto demandado.

La Doctora Veleño expresa que el Ministerio del Interior y de Justicia le expidió un concepto a la Secretaria de Hacienda, que dice que en principio las acciones de repetición única y exclusivamente van dirigidas contra quien se expide el acto o da lugar al hecho, que origina la condena , pero que en casos concretos donde se determine que el hecho generador del daño que se causa a la administración no deviene solamente del que firmó el acto o dio lugar a la condena, es posible iniciarla y más cuando se trata de contratistas.

La Doctora Ana Carolina Rada manifiesta que con todo respeto no conoció ese concepto y que le gustaría tenerlo porque ha sido política del Ministerio y según reuniones y comités que se han hecho la posición que se planteó pero sin embargo van a revisar y tratar de sacar un criterio unificado.

El Doctor José Fernando Suárez manifiesta que para el comité ha sido claro que cuando ha habido una omisión del abogado defensor él incurre en responsabilidad de carácter disciplinario y fiscal y ésta soportado en normas legales, si es funcionario de planta.

El Doctor Luis Miguel Domínguez manifiesta que no hay que olvidar que la acción de repetición tiene otro componente y es el llamamiento en garantía, si bien es cierto la acción de repetición se dirige contra el funcionario que toma la decisión, este sí considero que en el proceso administrativo hubo un funcionario que lo indujo al error, lo llamo en garantía , entonces esta será la figura apropiada para vincular al proceso indemnizatorio al abogado pero será como subsidiaria primero de las demandas al abogado.

El Doctor Bermúdez explica que aquí hay una situación cierta y es que el tribunal tomó la decisión con lo que se le mostró y no fue lo suficientemente ilustrado y todo por culpa del abogado, pero lamentablemente hay que centrarse en la ley y en lo que habla de la acción de repetición y en este caso se debería estudiar mejor eso.

La Doctora Martha Veleño explica que hay un agravante más y es que la Secretaría de Hacienda se hizo parte civil dentro del proceso penal, el año pasado al darse cuenta que esto tampoco se había hecho y esto porque el señor percibió su salario y prestaciones indebidamente durante todo el tiempo de su vinculación pues recibió como profesional no siéndolo, por tal razón la Secretaria de Hacienda se hizo parte civil para exigir la devolución de todo lo que había recibido a título de salario.

El Doctor Luis Miguel Domínguez manifiesta que así las cosas se adhiere a la opinión del doctor Bermúdez , en el sentido de analizar mejor este caso.

El Doctor José Fernando Suárez deja a consideración una cosa y es que del proceso judicial sale como consecuencia un fallo condenatorio y otra cosa distinta es la situación administrativa donde el funcionario falsifica unos documentos: son dos cosas distintas.

El fallo que produce el juez, está basado en una verdad procesal y por esa verdad procesal es que nos hacen responsable y nos toca pagar la indemnización, no por la falsedad por esto hay que manejar estas dos posiciones en tal sentido se adhiere a la posición de volver a traer este tema.

Decisión: Aplazada la decisión y se solicita al Comité traerlo para la próxima sesión.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma como aparece, una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron.

Las fichas correspondientes a las solicitudes de conciliación y acciones de repetición hacen parte integrante de la presente acta.

COMITÉ DE CONCILIACIÓN - ACCIONES DE REPETICIÓN