RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

2 Al actor se le incautó la mercancía por venderla en establecimiento abierto al público y por no haber cumplido con los requisitos de denuncia y entrega de la misma, en los términos indicados en los decretos 755, 791 de 1995, 120 y 717 de 1996. El actor denunció algunos artículos pirotécnicos fuera de las fechas señaladas en las normas y entregó los mismos hasta el 27 de diciembre de 1995, so pretexto según manifiesta en la demanda, de no haberse enterado de la existencia de los Decretos Distritales.

3 La anterior actuación de las autoridades distritales y de Policía se llevó a cabo bajo el amparo de la siguiente nornatividad distrital y nacional:

Decreto 755 del 28 de noviembre de 1995: el cual autorizaba la venta de artículos pirotécnicos o fuego- artificiales los días 7, 15, 24 y 31 de diciembre de 1995 y los días 5 Y 6 de enero de 1999, desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche, en las condiciones allí señaladas.

Este Decreto prohibió totalmente la venta y uso de pólvora o de cualquier otro elemento que contuviera fósforo blanco, prohibía la venta en establecimientos comerciales de cualquier índole, en recintos abiertos, en sitios residencias, casetas etc, salvo con permiso de venta expedido por la Secretaría de Gobierno. Igualmente establece que los lugares de almacenamiento y expendio deben ser construidos en materiales no inflamables y cumplir con las normas de seguridad, estableciendo, además, las sanciones aplicables a quienes i/acurran en infracción de dichas prohibiciones, entre otras la destrucción y el decomiso de los productos pirotécnicos.

Decreto 791 del 10 de diciembre de 1995: Se prohibía totalmente la venta, almacenamiento, manipulación y uso de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y globos sin distinción alguna en el Distrito Capital Además determinó las sanciones a imponer a los infractores, sancionando con retención, decomiso del producto y el cierre del establecimiento comercial por siete días a quien almacene dichos artículos, salvo si cuenta con permiso de la autoridad competente para producirlos.

En el artículo 5°., del citado Decreto autorizó a quienes poseían mercancía porque la ha producido o adquirido para la venta, para denunciarlas ante la Secretaría de Gobierno entre los días 13 y 15 de diciembre de 1995, para su posterior entrega a las autoridades, otorgando el derecho, para quienes se acogieran a esta disposición a obtener una compensación económica mediante el procedimiento que señaló la Alcaldía Mayor y poder ser incluido en los programas de reconversión laboral que busque el acceso a una actividad, económica alternativa, que adelantaría el Fondo de Ventas Populares del Distrito. La fecha, procedimiento y lugar de entrega de las mercancías serían definidos por la Oficina de Prevención y Atención de Emergencias.

Decreto 120 del 23 de febrero de 1996: que reglamento el Decreto 791 de 1995, en cuanto estableció el procedimiento para el pago de las compensaciones económicas a aquellas personas que dieran cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 del precitado decreto, es decir a quienes denunciaron y posteriormente entregaron los fuegos artificiales y artículos pirotécnicos que se encontraron en su poder, entre el trece y quince de diciembre de 1995,

Decreto 717 del 10 de noviembre de 1996: Señaló nuevamente la posibilidad de que, quienes poseyeran artículos pirotécnicos o fuegos artificiales dentro de la jurisdicción del distrito capital,

la denunciaran y entregaran al Cuerpo Oficial de Bomberos, Estación de Puente Aranda, entre los días 25 al 29 de noviembre de 1996, haciéndose acreedores a ser incluidos en programas de reconversión laboral que una vez terminados y aprobados, darían derecho a una compensación económica limitada, cuyo monto debía ser invertido en las actividades relacionadas con la reconversión laboral

Independiente de las normas de carácter distrital, existen otras del orden nacional que consagran las mismas prohibiciones, agregando otros supuestos también prohibitivos, en relación con el uso, almacenamiento y comercialización de esa clase de artículos, imponiendo drásticas restricciones a su comercio y determinando sanciones, entre ellas el decomiso de la mercancía. Entre las que se encuentran:

La Ley 09 de 1979, en su artículo 145 dispone: que no se permitirá la fabricación de los siguientes artículos pirotécnicos:

a) aquellos en cuya composición se emplee fósforo blanco y otras sustancias prohibidas para tal efecto por el Ministerio de Salud.

b) Detonantes cuyo fin principal sea la producción de ruidos sin efectos luminosos.

Tal disposición fue reglamentada por la Resolución 4709 de 27 de noviembre de 1995, del Ministerio de Salud. Esta resolución reproduce la prohibición de fabricar los artículos en cuya composición se emplee fósforo blanco agregando los totes, torpedos, truenos, mechas etc, y prevé que las personas dedicadas a la venta de pólvora o artículos pirotécnicos deberán hacerlo a campo abierto y en sitios no residencias, y se establece que los lugares de almacenamiento y expendio deben ser construidos en materiales no inflamables y cumplir con las normas de seguridad. En dicha resolución se establecen igualmente las sanciones, entre oirás, la destrucción y el decomiso de los productor pirotécnicos.

4 Por el actor no cumplir con la normatividad vigente, no se le otorgó compensación económica alguna por la entrega tardía de la mercancía, ni se le permitió concurrir a programa de reconversión laboral y en general no se le otorgaron los beneficios de los Decretos 791 de 1995, 120 de 1996 717 de 1996.

5 El actor al haber denunciado una serie de artículos pirotécnicos, fue citado el 8 de marzo de 1996, al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de realizar la audiencia de transacción y proceder al pago de la compensación económica, siempre y cuando hubiera cumplido con los Decretos 791de 1995 y 120 de 1996. Al analizarse el caso en concreto con la documentación aportada por el señor Pulido en la audiencia de transacción, se determinó que éste portaba licencia para expender pólvora pero que había realizado dolosamente la denuncia de los artículos pirotécnicos que realmente ya no poseía, por cuanto le habían sido decomisados el día 12 de diciembre por estar vendiendo a pesar de las limitaciones establecidas en el Decreto 755 de 1995.

6 El señor PULIDO ESPEJO, presenta demanda de reparación directa para que se declare responsabilidad de la persona jurídica de Bogotá por los perjuicios materiales y morales, causados con la expedición y aplicación de los Decretos 755 del 28 de noviembre de 1996, 791 de 7 de diciembre de 1995, 905 de 1995 y el 120 de 1996, expedidos por el Señor Alcalde Mayor de Bogotá ( ANTANAS MOCKUS), solicita que la condena sea debidamente actualizada y con los intereses legales comerciales desde la ocurrencia de los hechos.

7 El 11 de julio de 2002, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera, profirió sentencie negando las pretensiones de la demanda, argumentando principalmente lo siguiente.

a. La prohibición de manipular, almacenar o comercializar artículos pirotécnicos o fuegos arfícíales que contengan fósforo blanco, se encontraba establecida en el Decreto 155 y el actor no probó que los artículos pirotécnicos o fuegos artificiales que le fueron decomisados no contenían este elemento.

b. La actividad desarrollada por el actor al depositar en lugares no permitidos artículos pirotécnicos cuya fabricación, comercialización y almacenamiento se encontraban prohibidos tanto por las normas distritales como nacionales, era ilícita y, por tanto, no susceptible de protección alguna, no tal razón no puede pretender el actor Indemnizaciones derivadas de la incautación. Igualmente el actor no cumplió con los términos concedidos para la denuncia y entrega de la mercancía.

c. El actor, no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos previstos en las normas expedidas por la Administración Distrital para hacerse acreedor a una compensación económica limitada por la pérdida de sus mercancías.

d. Para la época en que se produjo la incautación de la mercancía pirotécnica, los Decretos

Distritales conservaban plena vigencia, pues la sentencia del Honorable Consejo de Estado que los anuló parcialmente, fue proferida el 10 de junio de 1999, varios años después de ocurridos los hechos de la demanda.

8 El señor PULIDO, acude a la segunda instancia indicando que el Tribunal no tuvo en cuenta sus argumentos ni los documentos por él aportados y solicita nuevas pruebas.

9 Mediante auto del 22 de mayo de 2003, el Consejo de Estado decide que existe un hecho nuevo ocurrido con posterioridad a la oportunidad para pedir pruebas en primer instancia, cual es la sentencia que declaró la nulidad parcial de los decretos que prohibían la venta de artículos pirotécnicos, por tanto se decreta las pruebas pedidas por el actor encaminadas a probar que la mercancía decomisada no contiene fósforo blanco, entre las cuales se encuentra, las certificaciones expedidas por las empresas fabricantes y distribuidoras de la materia prima para, la elaboración de Juegos artificiales.

El citado fallo de nulidad del 10 de junio de 1999, referencia: expedientes 3881-4147 de 1998, revocó parcialmente la providencia de primera instancia, declarando nulos, solamente algunos apartes de los Decretos 755 y 791 entre los que se encuentra el artículo 1 del Decreto 791, que prohibía en su totalidad el uso y venta de la totalidad de los fuegos pirotécnicos y limitó la prohibición relacionada con la venta, almacenamiento y manipulación de artículos pirotécnicos y fuegos artificiales a los que contuvieran fósforo blanco y globos para cuya elevación se utilizaran dispositivos alimentados con fuego. Es decir continuó vigente la prohibición que se encontraba estipulada en el Decreto 755

10 Las citadas certificaciones fueron aportadas al proceso y establecen los artículos relacionados, no contienen fósforo blanco

11 El actor solicita conciliación pero aún el Consejo de Estado no ha citado a audiencia,

ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR O NO CONCILIAR:

1 Las pretensiones del actor no se pueden conciliar dado que no se encuentran acreditados los elementos estructurales de la responsabüidad de la administración, contenidos en el artículo 90 deja C.P., por cuanto al decomisar o incautar la mercancía pirotécnica de propiedad del actor, las autoridades actuaron bajo la vigencia de normas no sólo de carácter distrital sino también nacional,

2 Es de tenerse en cuenta que al actor no sólo se le incautó la mercancía por el hecho de que está contenía o no fósforo blanco, que parece ser el argumento principal del actor en segunda instancia, sino porque en general no cumplió con la normatividad vigente esto es: denunciar y entregar la mercancía dentro de í-»s plazos señalados, almacenar y vender en lugares no permitidos como es su residencia y en general asumir conductas que pusieron en peligro la integridad de los habitantes de le residencia y de los vecinos del lugar ante el riesgo de la ocurrencia de una explosión.

3 Por informes del FOPAE, se conoce que a los polvoreros que procedieron a obedecer oportunamente y de buena fe las disposiciones legales, el Distrito Capital les cumplió los ofrecimientos hechos en materia de compensaciones económicas y programas de reconversión laboral coordinados por el SENA.

4 Además, se encuentra probado y según lo establece el fallo de primera instancia que un alto porcentaje de los elementos decomisados al actor se encuentran dentro de las prohibiciones establecidas por el Decreto 755 y el artículo 145 de la Ley 09 de 1979 y Resolución 4709 de 27 de noviembre de 1995, como son totes, mechas, culebras que se son elementos productores de ruido sin efectos luminosos y que contienen fósforo blanco.

5 Revisado el expediente en el Consejo de Estado se encuentra que el actor no prueba. a través de ningún medio idóneo el valor de la mercancía que alega no contener fósforo blanco, lo que indica que el daño no se encuentra plenamente probado.

6 Es de tenerse en cuenta que el fallo de primera instancia hace mención a lo establecido en el fallo de nulidad, quiere decir que para su decisión tuvo en cuenta lo allí señalado.

Igualmente tuvo en cuenta las disposiciones de orden nacional en relación con el uso, almacenamiento y comercialización de esta clase de artículos.

7 Considero que las nuevas pruebas que. aporta el demandante en segunda instancia, no agravan la situación de Bogotá, D,C., por cuanto si bien tienden a probar que la mercancía que se incautó no contenía fósforo blanco y que por tanto no era prohibido venderla, es de tenerse en cuenta que las medidas de decomiso no se tomaron solamente por este motivo, sino que hubo otras conductas del actor que se encontraban prohibidas en los Decretos vigentes y que el actor no desvirtúa en segunda instancia.

8 La situación del Distrito no ha variado con respecto a la primera instancia, por tanto sugiero esperar el fallo, teniendo en cuenta que esta muy próximo a proferirse por cuanto el proceso se encuentra para este fin desde el año 2004.

9 Por último considero que conciliar en el presente caso es legitimar una conducta renuente del actor, quien procedió de mala fe al no denunciar y entregar la mercancía en tiempo y denunciar una mercancía que ya no poseía por cuanto había sido incautada, actuando así, con doble juego, pues mientras decía querer acogerse a la ley, simultáneamente no la cumplía comercializando sus artículos,

-En consecuencia se sugiere al comité no conciliar.

- En los casos de demanda por incautación de artículos pirotécnicos, el Distrito Capital comparecerá sin fórmula conciliatoria, cuando el motivo de la incautación haya sido la violación de las normas legales y reglamentarias que regulaban la prohibición, denuncia y entrega de este tipo de mercancías.

Cordialmente,

Las incautaciones se realizaron por cuanto los actores no cumplieron con los requisitos de denuncia y entrega de la mercancía en los términos indicados en los Decretos 755, 791 de 1995, 120 y 717 de 1996 y, por venderla en establecimiento abierto al público y en residencias, so pretexto según se manifiesta en la demanda de no haberse enterado de la existencia de los Decretos Distritales.

2 La anterior actuación de las autoridades distritales y de Policía, se llevó a cabo bajo el amparo de la siguientes normatividad distrital y nacional:

Decreto 755 del 28 de noviembre de 1995: el cual autorizaba la venta de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales el día 7, 15, 24 y 31 de diciembre de 1995 y los días 5 Y 6 de enero de 1999 desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche en las condiciones allí señaladas.

Este Decreto prohibió totalmente la venta y uso de pólvora o de cualquier otro elemento que contuviera fósforo blanco, prohibía la venta en establecimientos comerciales de cualquier índole, en recintos abiertos, en sitios no residencias, casetas etc, salvo con permiso de venta expedido por la Secretaría de Gobierno. Igualmente establece que los lugares de almacenamiento y expendio deben ser construidos en materiales no inflamables y cumplir con las normas de seguridad, estableciendo, además, las sanciones aplicables a quienes incurran en infracción de dichas prohibiciones, entre otras la destrucción y el decomiso de los productos pirotécnicos.

Decreto 791 del 10 de diciembre de 1995: en el cual se prohibía totalmente la venta, almacenamiento, manipulación y uso de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y globos sin distinción alguna en el Distrito Capital. Además determinó ios sanciones a imponer a los infractores, sancionando con retención, decomiso del producto y el cierre del establecimiento comercial por siete días a quien almacene dichos artículos, salvo si cuenta con permiso de la autoridad competente para producirlos.

En el artículo 5°, del citado Decreto autorizó a quienes poseían mercancía porque la ha producido o adquirido para la venta para denunciarlas ante la Secretaría de Gobierno entre los días 13 y 15 de diciembre de 1995, para su posterior entrega a las autoridades, otorgando el derecho, para quienes se acogieran a esta disposición a obtener una compensación económica y aun programa de reconversión laboral mediante el procedimiento que señaló la Alcaldía Mayor para ese fin.

Se hace mención expresa que el contenido del decreto no se aplica a los artículos pirotécnicos y fuegos artificiales que contengan fósforo el decomiso de /os productor pirotécnicos.

3 Por los actores no curnplir con la normatividad vigente, no se les otorgó compensación económica alguna por la entrega de mercancía, ni se les permitió concurrir al programa de reconversión laboral y en general no se le otorgaron los beneficios de los Decretos 791 de 1995, 120 de 1996 717 de 1996.

4 Los actores presentan demanda de reparación directa para que se declare responsabilidad de la persona jurídica de Bogotá por los perjuicios materiales y morales, causados con la expedición y aplicación de los Decretos 755 del 28 de noviembre de 1996, 791 de 7 de diciembre de 1995, 905 de 1995 y el 120 de 1996, expedidos por el Señor Alcalde Mayor de Bogotá (ANTANAS MOCKUS), y solicitan que las condenas sean debidamente actualizadas y con los intereses legales comerciales desde la ocurrencia de los hechos,

5 El 2 de mayo de 2002, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, profirió sentencia negando las pretensiones de la demanda, argumentando principalmente lo siguiente:

a. Si bien es cierto se incautó mercancía que estaba permitida su venta durante los días 7, 15, 24 y 31 de diciembre al igual que en los días 5 y 6 de enero de 1996, según el Decreto 755, la incautación se realizó por cuanto estaba prohibida totalmente la venta y el uso de pólvora que contuviera fósforo blanco, según lo establecía el Decreto 755 y, era carga de la parte actora demostrar que los artículos pirotécnicos o fuegos artificiales que le fueron decomisados no contenían este elemento, situación que no aconteció.

b. La actividad desarrollada por los actores al depositar en lugares no permitidos artículos pirotécnicos cuya fabricación, comercialización y almacenamiento se encontraban prohibidos tanto por las normas distritales como nacionales, era ilícita y, por tanto, no susceptible de protección alguna, no tal razón no pueden pretender indemnizaciones derivadas de la incautación. Igualmente los actores no cumplieron con los términos concedidos para la denuncia y entrega de la mercancía.

c. Los actores, no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos previstos en las normas expedidas por la Administración Distrital para hacerse acreedores a una compensación económica limitada por la pérdida de sus mercancías.

Decreto 120 del 23 de febrero de 1996: que reglamento el Decreto 791 de 1995, en cuanto estableció el procedimiento para el pago de las compensaciones económicas previstas en el Decreto antes citado a aquellas personas que dieron cumplimiento a lo establecido en el anterior decreto es decir a quienes denunciaron y posteriormente entregaron los Juegos artificiales y artículos pirotécnicos que se encontraron en su poder, entre el trece y quince de diciembre de 1995.

Decreto 717 del 10 de noviembre de 1996: que señaló nuevamente la posibilidad de que, quienes poseyeran artículos pirotécnicos o fuegos artificiales dentro de la jurisdicción del distrito capital, al Cuerpo Oficial de Bomberos, Estación de Puente Aranda, entre los días 25 al 29 de noviembre de 1996, haciéndose acreedores a ser incluidos en programas de reconversión laboral que una vez terminados y aprobados, darían derecho a una condensación económica limitada, cuyo monto debía ser invertido en las actividades relacionadas con la reconversión laboral.

Independiente de las normas de carácter distrital, existen otras del orden nacional que consagran las mismas prohibiciones, agregando otros supuestos también prohibitivos, en relación con el uso, almacenamiento y comercialización de esa clase de artículos, imponiendo drásticas restricciones a su comercio y determinando sanciones, entre ellas el decomiso de la mercancía. Entre las que se encuentran:

La Ley 09 de 1979, en su artículo 145 dispone: que no se permitirá la fabricación de los siguientes artículos pirotécnicos:

c. aquellos en cuya composición se emplee fósforo blanco y otras sustancias prohibidas para tal efecto por el Ministerio de Salud.

d. Detonantes cuy o fin principal sea la producción de ruidos sin efectos luminosos.

Tal disposición fue reglamentada por la Resolución 4709 de 27 de noviembre de 1995, del Ministerio de Salud. Esta resolución reproduce la prohibición de fabricar tos artículos en cuya composición se emplee fósforo blanco agregando los totes, torpedos, truenos, mechas etc, y prevé que las personas dedicadas a la venta de pólvora o artículos pirotécnicos deberán hacerlo a campo abierto y en sitios ro residencias, y se establece que los lugares de almacenamiento y expendio deben ser construidos en materiales no inflamables y cumplir con las normas de seguridad. En dicha resolución se establecen igualmente las sanciones, entre otras, la destrucción y

d. Para la época en que se produjo la incautación de la mercancía pirotécnica, los Decretos Distritales conservaban plena vigencia, pues la sentencia del Honorable Consejo de Estado que los anuló parcialmente, fue proferida el 10 de junio de 1999, varios años después de ocurridos los hechos de la demanda.

e. Sobre algunas mercancías que los actores afirman denunciaron en tiempo, no se prueba la no inexistencia de fósforo blanco en su elaboración y tampoco la prueba de la entrega en tiempo a las autoridades competentes, así como se encuentra probado que los elementos incautados lo fueron en la vivienda de algunos de los demandantes. Para los casos en que el decomiso de mercancía y materia prima se realizó el 10 de octubre de 1995, fecha en que aún no existían los decretos antes mencionados, se consideró que si bien no existían los decretos distritales, si estaba rigiendo la ley nacional Ley 09 de 1979).

6 Los actores acuden a la segunda instancia indicando que el Tribunal no tuvo en cuenta sus argumentos ni los documentos por ellos aportados y solicitan nuevas pruebas.

7 Mediante auto del mediante auto del 22 de mayo de 2003, el Consejo de Estado decide que existe un hecho nuevo ocurrido con posterioridad a la oportunidad para pedir pruebas en primer instancia, cual es la sentencia que declaró la nulidad parcial de los decretos que prohibían la venta de artículos pirotécnicos, por tanto se decreta las pruebas pedidas por los actores encaminadas a probar que la mercancía decomisada no contiene fósforo blanco, entre las cuales se encuentra, las certificaciones expedidas por las empresas fabricantes y distribuidoras de la materia prima para la elaboración de fuegos artificiales.

El citado fallo de nulidad del 10 de junio de 1999, referencia: expedientes 3881-4147 de 1998, revocó parcialmente la providencia de primera instancia, declarando nulos, solamente algunos apartes de los Decretos 755 y 791 entre los que se encuentra el artículo 1 del Decreto 791, que prohibía en su totalidad el uso y venta de la totalidad de los fuegos pirotécnicos y limitó la prohibición relacionada con la venta, almacenamiento y manipulación de artículos pirotécnicos y fuegos artificiales a los que contuvieran fósforo blanco i: globos para cuya elevación se utilizaran dispositivos alimentados con fuego. Es decir continuó vigente la prohibición que se encontraba estipulada en :d Decreto 755

8 Las citadas certificaciones fueron aportadas al proceso y establecen los artículos relacionados, no contienen fósforo blanco.

9 Los actores a través del apoderado solicitan conciliación pero aún el Consejo de Estado no ha citado a audiencia.

1 Las pretensiones de los actores no se pueden conciliar dado que no se encuentran acreditados los elementos estructurales de la responsabilidad de la administración, contenidos en el articulo 90 de la C.P., por cuanto al decomisar o incautar la mercancía pirotécnica de propiedad de los accionantes, las autoridades actuaron bajo la vigencia de normas no sólo de carácter distrital sino también nacional.

2 Es de tenerse en cuenta que a los actores no sólo se le incautó la mercancía por el hecho de que está contenía o no fósforo blanco, que parece ser el argumento principal de éstos en segunda instancia, sino porque en general no cumplieron con la normatividad vigente esto es: denunciar y entregar la mercancía dentro de los plazos señalados, almacenar y vender en lugares no permitidos como es su residencia y en general asumir conductas que pusieron en peligro la integridad de los habitantes de la residencia y de los vecinos del lugar ante el riesgo de la ocurrencia de una explosión.

3 Por informes, del FOPAE, se conoce que a los polvoreros que procedieron a obedecer oportunamente y de buena fe las disposiciones legales, el Distrito Capital les cumplió los ofrecimientos hechos en materia de compensaciones económicas y programas de reconversión laboral coordinados por el SENA.

4 Además, se encuentra probado y según lo establece el fallo de primera instancia que un alto porcentaje de los elementos decomisados a los actores se encuentran dentro de las prohibiciones establecidas por el Decreto 755 y el artículo 145 de la Ley 09 de 1979 y Resolución 4709 de 27 de noviembre de 1995, como son totes, mechas, culebras que se son elementos productores de ruido sin efectos luminosos y que contienen fósforo blanco.

5 Revisado el expediente en el Consejo de Estado se encuentra que los actores no prueban a través de ningún medio idóneo el valor de la mercancía que alega no contener fósforo blanco, lo que indica que el daño no se encuentra plenamente probado.

6 Es de tenerse en cuenta que el fallo de primera instancia hace mención a lo establecido en el fallo de nulidad, quiere decir que para su decisión tuvo en cuenta lo allí señalado

Igualmente tuvo en cuenta las disposiciones de orden nacional en relación con el uso, almacenamiento y comercialización de esta clase de artículos.

7 Considero que las nuevas pruebas que aportan los demandantes en segunda instancia, no agravan la situación de Bogotá, D.C., por cuanto si bien tienden a probar que la mercancía que se incautó no contenía fósforo blanco y que por tanto no era prohibido venderla, es de tenerse en cuenta que las medidas de decomiso no se tomaron solamente por este motivo, sino que hubo otras conductas de los actores que se encontraban prohibidas en los Decretos vigentes y que no desvirtúan en segunda instancia.

8 La situación del Distrito no ha variado con respecto a la primera instancia, por tanto sugiero esperar el fallo, teniendo en cuenta que esta muy próximo a proferirse por cuanto el proceso se encuentra para este fin desde el año 2004.

9 Por último considero que conciliar en el presente caso es legitimar conductas renuentes de los actores, quienes procedieron de mala fe al no denunciar y entregar la mercancía en tiempo, actuando así, con doble juego, pues mientras decía querer acogerse a la ley, simultáneamente no la cumplía comercializando sus artículos.

RECOMENDACIÓN: En consecuencia se sugiere al comité no conciliar.

Cordialmente,

236.644.747.00 `por perjuicios materiales.

62.349.212.00 por perjuicios morales más intereses legales comerciales y actualización de conformidad con el articulo 78 del C.C.A.

1. El día 20 de agosto de 1996, los demandantes JAIME GÓMEZ, LIGIA CRISPIN, MARTHA LIGIA GUTIÉRREZ DE GÓMEZ, BLANCA BEATRIZ CRISPIN CASTILLO, denunciaron ante la Localidad de Santa Fe, los fuegos pirotécnicos, cuya descripción y cantidades se consignaron en la actas respectivas, suscritas por las autoridades que intervinieron en la diligencia y por los actores. Sin embargo parte de la mercancía denunciada fue objeto de incautación el 17 de diciembre de 1997 por la Policía.

La incautación se realizó por cuanto los actores no cumplieron con los requisitos de denuncia y entrega de la mercancía en tiempo y de conformidad a los términos indicados en los Decretos 755, 791 de 1995, 120 y 717 de 1996 y, por venderla en Decreto 120 del 23 de febrero de 1996: que reglamento el Decreto 791 de 1995, en cuanto estableció el procedimiento para el pago de las compensaciones económicas previstas en el Decreto antes citado a aquellas personas que dieron cumplimiento a lo establecido en el anterior decreto es decir a quienes denunciaron y posteriormente entregaron los fuegos artificiales y artículos pirotécnicos que se encontraron en su poder, entre el trece y quince de diciembre de 1995.

Decreto 717 del 10 de noviembre de 1996: que señaló nuevamente la posibilidad de que, quienes poseyeran artículos pirotécnicos o fuegos artificiales dentro de la jurisdicción del distrito capital, al Cuerpo Oficial de Bomberos, Estación de Puente Arando., entre los días 25 al 29 de noviembre de 1996, haciéndose acreedores a ser incluidos en programas de reconversión laboral que una vez terminados y aprobados, darían derecho a una compensación económica limitada, cuyo monto debía ser invertido en las actividades relacionadas con la reconversión laboral.

Independiente de las normas de carácter distrital, existen otras del orden nacional que consagran las mismas prohibiciones, agregando otros supuestos también prohibitivos, en relación con el uso, almacenamiento y comercialización de esa clase de artículos, imponiendo drásticas restricciones a su comercio y determinando sanciones, entre ellas el decomiso de la mercancía. Entre las que se encuentran:

La Ley 09 de 1979, en su artículo 145 dispone: que no se permitirá la fabricación de los siguientes artículos pirotécnicos:

e) aquellos en cuya composición se emplee fósforo blanco y otras sustancias prohibidas para tal efecto por el Ministerio de Salud. f) Detonantes cuy o fin principal sea la producción de ruidos sin efectos luminosos.

Tal disposición fue reglamentada por la Resolución 4709 de 27 de noviembre de 1995, del Ministerio de Salud. Esta resolución reproduce la prohibición de fabricar los artículos en cuya composición se emplee fósforo blanco agregando los totes, torpedos, truenos, mechas etc, y prevé que las personas dedicadas a la venta de pólvora o artículos pirotécnicos deberán hacerlo a campo abierto y en sitios no residencias, y se establece que los lugares de almacenamiento y expendio deben ser construidos en materiales no inflamables y cumplir con las normas de seguridad. En dicha resolución se establecen igualmente las sanciones, entre otras, la destrucción y establecimiento abierto al público y en residencias, sin contar con el permiso de la Secretaría de Gobierno.

2 La anterior actuación de las autoridades distritales y de policía, se llevó a cabo bajo el amparo de la siguientes normatividad distrital y nacional:

Decreto 755 del 28 de noviembre de 1995: el cual autorizaba la venta de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales el día 7, 15, 24 y 31 de diciembre de 1995 y los días 5 Y 6 de enero de 1999 desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche, en las condiciones allí señaladas.

Este Decreto prohibió totalmente la venta y uso de pólvora o de cualquier otro elemento que contuviera fósforo blanco, prohibía la venta en establecimientos comerciales de cualquier índole, en recintos abiertos, en sitios no residencias, casetas etc, salvo con permiso de venta expedido por la Secretaría de Gobierno. Igualmente establece que los lugares de almacenamiento y expendio deben ser construidos en materiales no inflamables y cumplir con las normas de seguridad, estableciendo, además, las sanciones aplicables a quienes incurran en infracción de dichas prohibiciones, entre otras la destrucción y el decomiso de los productos pirotécnicos.

Decreto 791 del 10 de diciembre de 1995: en el cual se prohibía totalmente la venta, almacenamiento, manipulación y uso de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y globos sin distinción alguna en el Distrito Capital. Además determinó las sanciones a imponer a los infractores, sancionando con retención, decomiso del producto y el cierre del establecimiento comercial por siete días a quien almacene dichos artículos, salvo si cuenta con permiso de la autoridad competente para producirlos.

En el artículo 5°, del citado Decreto autorizó a quienes poseían mercancía porque la ha producido o adquirido para la venta para denunciarlas ante la Secretaría de Gobierno entre los días 13 y 15 de diciembre de 1995, para su posterior entrega a las autoridades, otorgando el derecho, para quienes se acogieran a esta disposición a obtener una compensación económica y aun programa de reconversión laboral mediante el procedimiento que señaló la Alcaldía Mayor , ¡ara ese fin.

Se hace mención expresa que el contenido del decreto no se aplica a los artículos pirotécnicos y fuegos artificiales que contengan fósforo blanco, el decomiso de los productor pirotécnicos.

3 Por los actores no cumplir con la normatividad vigente, no se les otorgó compensación económica alguna por la entrega de mercancía, ni se les permitió concurrir al programa de reconversión laboral y en general no se les otorgaron los beneficios de los Decretos 791 de 1995, 120 de 1996 717 de 1996.

4 Los actores presentan demanda de reparación directa para que se declare responsabilidad de la persona jurídica de Bogotá por los perjuicios materiales y morales causados con la expedición y aplicación de los Decretos 755 del 28 de noviembre de 1996, 791 de 7 de diciembre de 1995, 905 de 1995 y el 120 de 1996, expedidos por el Señor Alcalde Mayor de Bogotá ( ANTA/VAS MOCKUS), igualmente solicitan que las condenas sean debidamente actualizadas y con los intereses legales comerciales desde la ocurrencia de los hechos.

5 El 9 de noviembre de 2002, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera-, profirió sentencia negando las pretensiones de la demanda, argumentando principalmente lo siguiente:

a La prohibición de manipular, almacenar o comercializar artículos pirotécnicos o juegos artificiales que contengan fósforo blanco se encontraba establecida en el Decreto 755 y los actores no probaron que los artículos pirotécnicos o fuegos artificiales que le fueron decomisados no contenían este elemento.

b. La actividad desarrollada por los actores al depositar en lugares no permitidos artículos pirotécnicos cuya fabricación, comercialización y almacenamiento se encontraban prohibidos tanto por las normas distritales como nacionales, era ilícita y, por tanto, no susceptible de protección alguna, no puede pretenderse que tal conducta pudiese facultar a los actores para indemnizaciones derivadas de la incautación.

c. Los actores, no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos previstos en las normas expedidas por la Administración Distrital para hacerse acreedores a una compensación económica limitada por la pérdida de sus mercancías.

d. Para la época en que se produjo la incautación de la mercancía pirotécnica, los Decretos Distritales conservaban plena vigencia, pues la sentencia del Honorable Consejo de Estado que los anuló parcialmente, fue proferida el 10 de junio de 1999,varios años después de ocurridos los hechos de la demanda, además los actores nunca entregaron los productos denunciados.

e. Independiente de las normas de carácter distrital a que se refiere la demanda, existen otras del orden nacional que consagran la misma prohibición, agregando otros supuestos también prohibitivos, en relación con el uso, almacenamiento y comercialización de esa clase de artículos, imponiendo drásticas restricciones a su comercio y determinando sanciones, entre ellas el decomiso de la mercancía.

6 Los actores acuden a la segunda instancia indicando que el Tribunal no tuvo en cuenta sus argumentos ni los documentos por él aportados y solicita nuevas pruebas.

7 Mediante auto del 22 de mayo de 2003, el Consejo de Estado decide que existe un hecho nuevo ocurrido con posterioridad a la oportunidad para pedir pruebas en primer instancia, cual es la sentencia que declaró la nulidad parcial de los decretos que prohibían la venta de artículos pirotécnicos, por tanto se decreta las pruebas pedidas por los actores encaminadas a probar que la mercancía decomisada no contiene fósforo blanco, entre las cuales se encuentra, las certificaciones expedidas por las empresas fabricantes y distribuidoras de la materia prima para la elaboración de fuegos artificiales.

El citado fallo de nulidad del 10 de junio de 1999, referencia: expedientes 3881-4147 de 1998 revocó parcialmente la providencia de primera instancia, declarando nulos, solamente algunos apartes de los Decretos 755 y 791 entre los que se encuentra el artículo 1 del Decreto 791, que prohibía en su totalidad el uso y venta de la totalidad de los fuegos pirotécnicos y limitó la prohibición relacionada con la venta, almacenamiento y manipulación de artículos pirotécnicos y fuegos artificiales a los que contuvieran fósforo blanco y globos para cuya elevación se utilizaran dispositivos alimentados con fuego. Es decir continuó vigente la prohibición que se encontraba estipulada en el Decreto 755

8 Las citadas certificaciones fueron aportadas al proceso y establecen los artículos

relacionados, no contienen fósforo blanco.

9 Los actores a través del apoderado solicitan conciliación pero aún el Consejo de Estado no ha citado a audiencia.

1 Las pretensiones de los actores no se pueden conciliar dado que no se encuentran acreditados los elementos estructurales de la responsabilidad de la administración, contenidos en el artículo 90 de la C.P., por cuanto al decomisar o incautar la mercancía pirotécnica de propiedad de los accionantes, las autoridades actuaron bajo la vigencia de normas no sólo de carácter distrital sino también nacional.

2. Es de tenerse en cuenta que a los actores no sólo se le incautó la mercancía por el hecho de que está contenía o no fósforo blanco, que parece ser el argumento principal de éstos en segunda instancia, sino porque en general no cumplieron con la normatividad vigente esto es: No contaban con el permiso de la Secretaría de Gobierno para vender en el lugar que lo hacían, tampoco contaban con permiso de la autoridad competente para producir y almacenar estos productos, no adelantaron el procedimiento establecido en los decretos 755, 791 y 120 para hacerse acreedores a la compensación económica, no cumplieron con los plazos contenidos en la normatividad para entregar la mercancía, además no probaron cual de su mercancía no contenía fósforo blanco.

3 Por informes del FOPAE, se conoce que a los polvoreros que procedieron a obedecer oportunamente y de buena fe las disposiciones legales, el Distrito Capital les cumplió los ofrecimientos hechos en materia de compensaciones económicas y programas de reconversión laboral coordinados por el SENA.

4. Además, se encuentra probado y según lo establece el fallo de primera instancia que un alto porcentaje de los elementos decomisados a los actores se encuentran dentro de las prohibiciones establecidas por el Decreto 755 y el artículo 145 de la Ley 09 de 1979 y Resolución 4709 de 27 de noviembre de 1995, como son totes, mechas, culebras que se son elementos productores de ruido sin efectos luminosos y que contienen fósforo blanco,

5. Revisado el expediente en el Consejo de Estado se encuentra que los actores no prueban a través de ningún medio idóneo el valor de la mercancía que alega no contener fósforo blanco, lo que indica que el daño no se encuentra plenamente probado

6. Es de tenerse en cuenta que el fallo de primera instancia hace mención a lo establecido en el fallo de nulidad, quiere decir que para su decisión tuvo en cuenta lo allí señalado.

Igualmente tuvo en cuenta las disposiciones de orden nacional en relación con el uso, almacenamiento y comercialización de esta clase de artículos.

7 Considero que las nuevas pruebas que aportan los demandantes en segunda instancia, no agravan la situación de Bogotá, D.C., por cuanto si bien tienden a probar que la mercancía que se incautó no contenía fósforo blanco y que por tanto no era prohibido venderla, es de tenerse en cuenta que las medidas de decomiso no se tomaron solamente por este motivo, sino que hubo otras conductas de los actores que se encontraban prohibidas en los Decretos vigentes y que no desvirtúan en segunda instancia.

8 La situación del Distrito no ha variado con respecto a la primera instancia, por tanto sugiero esperar el fallo, teniendo en cuenta que esta muy próximo a proferirse por cuanto el proceso se encuentra para este fin desde el año 2004.

9 Por último considero que conciliar en el presente caso es legitimar conductas renuentes de los actores, quienes procedieron de mala fe al no denunciar y entregar la mercancía en tiempo, actuando así, con doble juego, pues mientras decía querer acogerse a la ley, simultáneamente no la cumplía comercializando sus artículos.

RECOMENDACIÓN: En consecuencia se sugiere al comité no conciliar.

Cordialmente,

Encontrándose el proceso para dictar Sentencia el H. Consejo de Estado, con ponencia del H. Consejero Jesús Maria Carrillo, mediante auto notificado por estado el día 01 de noviembre de 2005, señala la fecha del 01 de diciembre de 2005 para llevar a cabo audiencia de conciliación, siendo pertinente en aplicación al Decreto 1214/00 poner en conocimiento ante el ilustre Comité de Conciliación los antecedentes, el análisis fáctico y procesal del litigo con el propósito de que se tomen las decisiones que considere pertinentes

Entre la Alcaldía Mayor del Distrito Capital de Bogotá, representada por el Dr. FERNANDO GUZMÁN RODRIGUEZ y la señora JANNETH BARRETO CARRILLO, se celebro el conctrato de transacción de fecha17 de enero de 1997 ante el Centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de comercio de Bogotá.

El anterior contrato se firmo en aplicación a los decretos números 755 del 28 de noviembre de 1995 y 791 del 10 de diciembre de 1995, en donde la demandante se acogió a lo establecido en el artículo 5 del decreto 791 Ibíd., en el sentido de denunciar ante la Secretaria de Gobierno para su posterior entrega a las autoridades, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales porque los ha producido o adquirido para la venta, durante el lapso comprendido entre el 13 y el 15 de La señora JANNETH BARRETO CARRILLO y en cumplimiento a los decretos citados y al contrato de transacción recibió el 25 % del valor de la mercancía entregada, porcentaje que equivale a $ 2'315.000.oo.

diciembre de 1995.

1 Que se declare la nulidad absoluta del contrato de transacción del 17 de enero de 1997, celebrado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

2 Con base en la anterior, se ordene el pago del saldo de los valores de la mercancía pirotécnica entregada al Distrito Capital por el actor y la correspondiente indemnización de perjuicios materiales y morales con la corrección monetaria.

3 Que la demandada de cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículo 176 y 177 del C.C.A.

4 Que se condene en costas al Distrito Capital.

1 El Fundamento legal que invoca el actor para solicitar la nulidad consiste en que las normas en que se fundamentó el contrato de transacción, Decreto 755 del 28 de noviembre de 1995, Decreto 905 del 29 de diciembre de 1995, Decreto 791 del 10 de diciembre del mismo año y Decreto 120 del 23 de febrero de 1996, fueron declaradas nulas por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera subsección, B mediante fallo proferido el 19 de marzo de 1998, con ponencia del H. Magistrado Ernesto Rey Cantor, tal como consta en el hecho No. 5 de la demanda.

2.Igualmente alega el actor que el representante de la Alcaldía Mayor, doctor Fernando Guzmán Rodríguez, no acredito ante el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio su calidad de mandatario del Alcalde Mayor y mantuvo en engaño y en error a dicho centro de conciliación

3. Que la Alcaldía Mayor aplicó el decreto 791 del 10 de Diciembre de 1995 sin que se hubiera

publicado ya que dicho decreto fue publicado el 2 de enero de 1996 y la entrega de la pólvora se realizó antes de esta fecha sometiendo al actor al cumplimiento del mismo con abuso de poder.

4.Que el porcentaje del 25% que el Distrito le reconoció al actor por la mercancía entregada fue arbitrario porque el decreto 120 de 1996 no ordenó dicho porcentaje, únicamente decía que se daría una compensación menor al valor comercial y el porcentaje del 25% fue establecido mediante Decreto 429 del 16 de junio de 1997, el cual no debía haberse aplicado porque el contrato de transacción fue el 17 de enero de 1997.

Dentro del término legal el Distrito Capital contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones por carecer de fundamentos fácticos y legales para su prosperidad, por considerar que no se daban las causales de nulidad invocadas por el actor.

El fundamento de la oposición del demandado se concreta en lo siguiente:

Contra la sentencia que declaró la nulidad absoluta de los Decretos 755 del 28 de noviembre de 1995, Decreto 905 del 29 de diciembre de 1995, Decreto 791 del.10 de diciembre del mismo año y Decreto 120 del 23 de febrero de 1996, se interpuso el recurso de apelación ante el Consejo de Estado, que modifica la sentencia recurrida declarando nulos solamente algunos artículos de los referidos decretos y específicamente en lo atinente a lo que se refería a la retención transitoria para los expendedores de pólvora.

Las disposiciones relacionadas con el procedimiento que señala decreto 120 de 1996 y en lo relacionado con los contratos de transacción quedaron plenamente vigentes.

Igualmente repropuso la excepción de falta en la causa para decidir argumentada en que el contrato objeto de la demanda se celebró con el lleno de .os requisitos y formalidades de ley.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Contencioso de Cundinamarca Sección Primera Subsección B con ponencia del Dr. Leonardo Augusto Torres Calderón, quien conoció en primera instancia del proceso contractual objeto de la transacción, mediante fallo de fecha 30 de abril de 2002 deniega las pretensiones de la demanda.

Principales argumentos del fallo de primera instancia:

1 Que es equivocada la afirmación del actor en el sentido de indicar que los decretos distritales 791 de 1995 y 120 de 1996 fueron declarados nulos, pues la realidad es otra.

2 Que los apartes que fueron declarados nulos, no inciden en el contrato de transacción que se celebró, pues la nulidad parcial declarada por el Consejo de Estado hace alusión a la medida de retención transitoria para los expendedores de pólvora, a la venta de globos y artículos pirotécnicos que contengan fósforo blanco y globos para cuya elevación no se utilicen dispositivos alimentados por fuego.

3 En cuanto al procedimiento dispuesto en el Decreto 120 de 1996, que fue el fundamento del contrato firmado entre el demandante y el Distrito Capital, el Consejo de Estado encontró esta disposición ajustada a derecho,

1 Esta probado que la nulidad de los decretos 755 del 28 de noviembre de 1995, Decreto 905 del 29 de diciembre de 1995, Decreto 791 del 10 de diciembre del mismo año y Decreto 120 del 23 de febrero de 1996, no fue absoluta.

2 Que el Decreto 120 del 23 de febrero de 1993, que fue el fundamento del contrato de transacción del cual se solicita su nulidad, no fue declarado nulo sino por el contrario, el Consejo de Estado lo encontró ajustado a derecho.

3 Que el actor no dio cumplimiento al artículo 177 del C.P.C en cuanto a la carga de la prueba, pues en su calidad de actor, le incumbía demostrar las causales de nulidad en que edificó las pretensiones, es decir, no probó los supuestos de hecho de los numeral 2, 3 y 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993.

4 Que la celebración del contrato de transacción se llevó a cabo en

forma voluntaria entre las partes sin mediar apremio, constreñimiento o sometimiento alguno del Distrito Capital hacia la parte actora.

5 Que el contrato de transacción se celebró con posterioridad a la publicación de los actos administrativos que le sirvieron de fundamento.

Atendiendo la naturaleza y calidad del contratante (Distrito Capital Secretaría General}, el objeto del proceso (nulidad del contrato de transacción del 17 de enero de 1997), la procedencia de la conciliación (art. 65 ley 446 -98) y su oportunidad procesal (art. 43 ley 640-01), conciliación solicitada por el señor apoderado de la parte actora, Dr. Luis Alfredo Caviedes Pastor y aceptada por el H, Magistrado de segunda Instancia, el Comité de Conciliación de la Secretaria General en uso de sus funciones es competente para conocer del presente asunto.

El punto central del litigio radica en la existencia o no de las causales de nulidad del contrato de transacción invocadas por el actor "artículo 44 numerales 2, 3 y 4 de la Ley 80 de 1993 y específicamente el hecho de que fueron declarados nulos en primera instancia los decretos que le sirvieron de fundamento al contrato de transacción, argumentación que se encuentra desvirtuada con la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado que declara la nulidad parcial, pero en lo relacionado con la retención transitoria de las personas expendedoras de pólvora, pero dejándolos completamente vigentes en lo relacionado en los demás aspectos, entre ellos el procedimiento dispuesto en el Decreto 120 de 1996 para la entrega del material pirotécnico.

Analizando los antecedentes del contrato observamos :

1 Que se celebró con fundamento en normas preestablecidas, de las cuales no se desvirtuó la presunción de legalidad.

2. Que si bien la administración aplicó el Decreto 791 del 10 de diciembre de 1995 antes de ser publicado porque recibió la pólvora el 31 de diciembre de 1995, éste hecho fue completamente voluntario del actor, por lo tanto no es el momento para alegar que el Decreto no se podía aplicar porque no había sido publicado.

La aplicación de una norma general, impersonal y abstracta, sin haber sido publicada genera nulidad cuando la Administración la hace cumplir haciendo uso del poder coercitivo, para el caso en concreto, la administración nunca obligó a la señora Yaneth Barreto a denunciar y entregar la pólvora, por lo tanto, la causal de nulidad invocada no se debe aplicar por la voluntariedad del actor.

3 Con relación al 25% del valor de la mercancía pirotécnica que le fue entregado al actor y que éste dice que fue impuesto en forma arbitraria y unilateral por la administración, por cuanto el Decreto 120 de 1996 no estableció ningún porcentaje y que éste porcentaje fue establecido por decreto 429 del 16 de junio de 1997, es decir con posterioridad a la firma del acuerdo transaccional, éste argumento no tiene ningún asidero jurídico por cuanto el valor fue acordado por las partes en dicho contrato, en el referido contrato no se hace mención al Decreto 429.

El porcentaje acordado en el contrato de transacción se fundamentó en el Decreto 120 de 1996, el cual estableció que quienes pusieran a disposición del cuerpo de Bomberos los juegos artificiales hasta el 31 de diciembre de 1995, obtendrán una compensación económica menor, siempre y cuando demuestren dicha entrega con el acta de recibo.

El hecho que haya coincidido el porcentaje acordado bilateralmente con el establecido en el Decreto 429 de 1997, no significa que se haya aplicado éste último.

4 En el contrato de transacción las partes se declararon a paz y salvo y renunciaron a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial al asunto relacionado con el acuerdo, de manera que ninguno de ellos podrá reclamar indemnizaciones de perjuicios ni solicitar sanción por vía administrativa o judicial, contrato que firmó el actor sin ninguna salvedad.

5 Finalmente y a la luz del artículo 1602 del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes y no podrá ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.

En la solicitud de conciliación el actor no hace ninguna argumentación diferente a la realizada en la demanda, tampoco la justifica en suma de dinero alguno.

Con base en lo anteriormente expuesto sugiero al Honorable Comité NO CONCILIAR el presente asunto, sin ninguna propuesta alternativa.

Cordialmente

JOSE FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ

Que según afirman los demandantes y se deduce de varios estudios geológicos, desde 1995, el Distrito Capital conocía que la zona era inestable y no se tomaron las medidas, que recomendaban esos estudios, tendientes a la estabilización del terreno.

Que en sentencia proferida dentro de la Acción de grupo 004-1999 en el año 2000, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Distrito Capital, mitigar el fenómeno que presentaba la Urbanización San Luís, mediante la elaboración de un Plan de Trabajo y elaboración de ciertas obras tendientes a estabilizar el terreno. Decisión que según se afirma ha sido inobservada por la entidad territorial, decisión confirmada por el Consejo de Estado,

Frente a ello, es necesario aclarar que esa decisión fue revocada por el Consejo de Estado, quien no consideró viable esas obras, sino que ordenó la indemnización correspondiente.

Por otra parte, expresan los actores que en sentencia proferida en la Acción de Grupo No 99-001, el TAC condenó al Distrito Capital al pago de la indemnización colectiva por los perjuicios materiales a los allí demandantes, consistente en el pago de la cuota inicial, más los abonos a capital, todo ello indexado a la fecha del fallo que ponga fin al proceso.

1 Que se declare solidariamente responsables a los demandados, por los hechos ocurridos en la Urbanización san luís Barrio 20 de Julio, al considerar que con sus acciones y omisiones se transgredieron los derechos colectivos previstos en la Ley 472 de 1998.

2 Que se condene a los demandados a reconocer los perjuicios causados que estima en MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($1568.700.000,oo) MONEDA CORRIENTE, por concepto de pago de cuota inicial, abonos a capital, así como las cuotas adeudadas a la Corporación Financiera.

3 Que igualmente se condene a las demandadas al pago de 200 SMLV a título de perjuicios morales para cada uno de los demandantes, por el supuesto sufrimiento y zozobra que han padecido al ver que sus vidas se encontraban en supuesto peligro.

La defensa de la entidad en la respuesta a la demanda, consistió fundamentalmente, en tratar de desvirtuar la supuesta omisión, al expresar que las distintas dependencias actuaron dentro del marco de sus competencias, al otorgar las licencias y permisos. Frente a la futa de vigilancia por parte de la Alcaldía Local, indicó el entonces apoderado que no podía entrar a impedir la construcción ya que la misma se encontraba autorizada por licencia emanada de Planeación Distrital, en ese mismo sentido, se indicó que la DPAK ha efectuado constante monitoreo a las obras.

Finalmente se hace un resumen relacionado con las responsabilidades del constructor y enajenante de las unidades de vivienda, así como de las obligaciones que surgen de los contratos de compraventa.

El apoderado de la entidad territorial, luego de pronunciarse sobre los hechos y pretensiones oponiéndose a cada uno de ellos, propone como medios exceptivos los siguientes:

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. Se argumenta básicamente que la demanda fue presentada ocho años después de la adquisición y entrega de las unidades de vivienda, cuando el Artículo 47 de la Ley 472 de 1998 establece que la acción deberá promoverse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo, por lo que la respuesta a la demanda concluye que < pero la caducidad de la acción. Esta excepción fue negada, pues el ponente consideró que no operaba este fenómeno, por cuanto el daño es de tracto sucesivo y permanece en el tiempo.

Frente a esta excepción en este tipo de acciones, donde se debate la eventual responsabilidad (acción u omisión) por deterioro progresivo de viviendas, tanto el TAC, como el C. E. han expuesto los siguientes criterios.

El primero consistía básicamente en que no opera la caducidad, en este tipo de acciones por cuanto el daño se consideraba de tracto sucesivo, esto es, era permanente y no había cesado la acción vulnerante, este criterio fue el que acogió el magistrado para negar la excepción propuesta.

No obstante, es importante destacar el segundo criterio esbozado por el Consejo de Estado, en asuntos similares, donde se expresa que hay fecha cierta en cuanto a las acciones u omisiones que se imputan, que consistían básicamente en la responsabilidad del Distrito por el hecho de haber expedido licencias y permisos, y la omisión de la Alcaldía Local en vigilar el incumplimiento de las normas urbanísticas, hechos estos que se prolongarían máximo hasta la entrega de las unidades habitacionales o cuando comenzaron a presentarse los deterioros, fecha en que los accionantes tuvieron certeza del daño y desde cuando debería comenzar a contarse en término para accionar.

En el caso concreto de la Urbanización San Luís, la entrega de las unidades se produjo en los años 1995 1996 y las fisuras o agrietamientos se presentaron en 1997, por lo que aplicando este segundo criterio, que comparto, por cuanto las acciones no pueden ser imprescriptibles, sino que hay un momento a partir del cual se cuentan los términos de caducidad, para este asunto los dos años precluyeron en el año de 1999. Ello por razones de seguridad jurídica, por lo que en el presente asunto el juez debería declararse inhibido para pronunciarse.

El Artículo 66 de la Ley 472 de 1998, al referirse a la acción de grupo, establece de manera perentoria los efectos de la sentencia así:

"La sentencia tendrá efectos de cosa juzgada en relación con quienes fueron parte del proceso y las personas que, perteneciendo al grupo interesado no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo del grupo y de las resultas del proceso".

Por su parte, el Articulo 47 de la misa ley al referirse a la caducidad establece:

"Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, ia acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo".

En ese mismo sentido el Artículo 53 que regula la admisión, notificación y traslado establece:

"... En el auto que admita la demanda, además de disponer su traslado al demandado por el término de diez (10) días, el juez ordenará la notificación personal a los demandados. A los miembros del grupo se les informará a través de un medio masivo de comunicación o de cualquier mecanismo eficaz, habida cuenta de los eventuales beneficiarios...."

Además de ello la ley permite que quienes hubieren sufrido perjuicios derivados de la supuesta vulneración de derechos colectivos, podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas. Así mismo la ley permite que quien no concurra al proceso, y siempre que la acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia.

Así las cosas, realizando una interpretación contextúa! y finalistica de la Ley 472 de 1998, considero que quienes no hicieron uso de esos momentos procesales para acogerse al proceso y sentencia, mal pueden tiempo después intentar otra acción de grupo por los mismos hechos con iguales argumentos ya que el objeto de la ley es que en un solo proceso se puedan tramitar las peticiones indemnizatorias de todos y cada uno de quienes sufrieron perjuicios con la presunta acción u omisión. Ello sin perjuicio de las acciones individuales de cada uno y advirtiendo que frente a este evento en particular no ha habido pronunciamiento alguno.

Como quiera que frente a los hechos y pretensiones planteados en la presente acción, se deduce que la misma fue presentada extemporáneamente, es decir cuando había operado la caducidad, pues la certeza del daño como quedó dicho se presentó hacía 1997 y la acción fue incoada en el 2005, es decir ocho años después de la certeza y conocimiento del daño por los hoy demandantes, cuando la acción estaba caduca por fuera de los dos años que le da la ley para ello.

Por otra parte considero que de acuerdo con el espíritu de la Ley 472, no puede haber más de una acción por los mismos hechos, ya que es abundante la oportunidad que se da para que los eventuales perjudicados hagan parte del grupo y se acojan a los efectos del fallo, de ahí la amplia publicidad que hay tanto del proceso, como del fallo, al cual pueden acogerse, todo ello, sin perjuicio de las acciones individuales a que alude la ley, esto es a las indemnizatorias de carácter ordinario.

Ello con el agravante que los interesados, entre ellos Ana Belén Rodríguez aquí demandante, instauraron acción de tutela tendiente a acogerse a los efectos del fallo proferido dentro de la acción de Grupo No 1999-001, donde fue condenado el D. C. solidariamente con el constructor, al pago de los perjuicios sufridos con el deterioro de sus viviendas, acción de tutela en la que se declaró que a los reclamantes les precluyó el término para acogerse al fallo, y que no demostraron su situación particular y concreta de perjuicio en cada caso particular.

RECOMENDACIÓN: En consecuencia se sugiere al comité no conciliar.

Finalmente, es necesario indicar que se ofició al DAMA, solicitando la posición institucional frente a la conciliación, e igualmente recomiendan no presentar formula de acuerdo conciliatorio, al considerar la caducidad de la acción

Así mismo, se ofició a la Secretaría de Gobierno y al DAPD para los mismos efectos y a la fecha no han dado respuesta.

Cordialmente,

Expresan igualmente que ello dio origen a que empresas de servicios públicos efectuaran reajustes en las tarifas correspondientes, lo que condujo, según expresan, que muchos de ellos no pudieron cancelarlos, viéndose abocados a cortes de los servicios, al punto que algunos de ellos perdieron sus viviendas y se vieron incursos a cobros jurídicos.

Que posteriormente y luego de un estudio serio que se hizo en terreno, producto de varias reclamaciones de los actuales accionantes, se expide el Decreto 200 del 30 de junio de 2004, pasándolos nuevamente al estrato 2, rectificando lo sucedido en el precitado Decreto 009 de 1997, con lo que según dicen se hizo justicia, ya que expresan que nunca han tenido las condiciones socioeconómicas para encontrarse en el estrato 3.

Que el Distrito capital se ha enriquecido con los mayores valores cobrados de manera injusta, desde el mismo mes en que comenzaron a reajustar las tarifas para estrato 3, por lo que consideran que la entidad estatal debe reembolsar el dinero cancelado en exceso, es decir la diferencia que cancelaron en estrato 3, debiendo ser 2.

1 Que se condene a la entidad a revisar, cuantificar y reembolsar al grupo demandante los mayores valores cobrados en las facturas de cobro del impuesto predial, desde el momento en que comenzó a aplicarse el reajuste de estratificación del 2 al 3 y hasta la fecha en que se rectificó del 3 al 2. La cuantía estimada para cada uno de los accionantes son $2'000.000,oo, para un total aproximado de $100 millones, ellos sin tener en cuenta los afectados que no se han vinculado a la acción.

2 que se señalen los requisitos que deben cumplir los demás afectados que no están presentes en esta acción, para que puedan reclamar los mayores valores cobrados.

La defensa de la entidad en la respuesta a la demanda, consistió en la legalidad del cobro, al encontrarlo ajustado a las normas tributarias y de estratificación, el cual fue autorizado por la Ley 44 de 1990 y el Decreto Ley 1421 de 1993, entre otras disposiciones. Siendo precisamente mediante Decreto 200 de 2004, mediante el cual se realiza la reestratificación, con fundamento en la Ley 505 de 1999, que derogó el Decreto 009 de 1997, acto administrativo que estuvo vigente y con presunción de legalidad, dado que nunca fue demandado.

Por otra parte se adujo en la respuesta a la demanda que de conformidad con los distintos Decretos y Acuerdos vigentes para la época en que aplicaba la estratificación en 3 para los barrios a que se refiere la acción, es decir el Decreto 009 de 1997, la tarifa para los estratos 2 y 3 ha sido idéntica, esto es, el 4 por mil. En efecto, el Acuerdo 39 de 2003 en su Artículo 5° establece el 4 por mil para los estratos 1, 2, y 3, posteriormente el Decreto 400 de 1999 establece en el Artículo 21 para los mismos estratos igual tarifa, lo mismo ocurre en el Acuerdo 105 de 2003. Así las cosas, es evidente que la ubicación en uno u otro estrato, no implicaba mayor cobro, entre otras cosas por cuanto en la declaración de predial unificado, la base o valor del inmueble la señala el declarante, por lo que se concluye que no hubo exceso en los cobros, en lo que se refiere al impuesto predial, por lo que no hay lugar a las devoluciones solicitadas.

En ese mismo sentido, es interesante anotar que de conformidad con el Decreto 807 de 1993, una vez presentada la declaración de predial unificado, y si no se solicitaba la revisión de sus ítems dentro de los dos años siguientes, la declaración adquiría firmeza, pues para ello existe un término y procedimiento, del cual no hicieron uso, según informan las entidades correspondientes.

Finalmente, se expresó que en materia tributaria no procede devolución de sumas de dinero, sino que es preciso tramitar en sede administrativa la compensación de las cuantía supuestamente canceladas de más, con impuestos que se estén debiendo o deban en el futuro, tramite que según informe de la Secretaría de Hacienda - Dirección de Impuestos Distritales no han adelantado los aquí demandantes.

Como medios exceptivos fueron propuestos los siguientes

INEPTA DEMANDA POR ACCIÓN INDEBIDA

Como quiera el cobro de impuesto predial en estrato 3 esta fundado en actos administrativos con presunción de legalidad, esto es en el Decreto 009 de 1997, el cual se encuentra vigente, es indudable que lo que ha debido solicitarse era la nulidad del mismo, con el consecuente restablecimiento del derecho de los supuestamente afectados, ello de conformidad con el Artículo 85 del C. C. A.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. Se argumenta básicamente que la demanda fue presentada ocho años después de la entrada en vigencia del Decreto 009 de 1997 cuando comenzó a regir el estrato 3 para los residentes de las urbanizaciones mencionadas, el cual dejó de regir el 30 de junio de 2004 cuando nuevamente los predios de los accionantes pasaron a ser estrato 2, en consecuencia es evidente que frente los seis años anteriores la acción ha caducado y sólo procedería por los últimos dos años, ello por cuanto el Artículo 47 de la Ley 472 de 1998 establece que la acción deberá promoverse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo, por lo que la respuesta a la demanda se concluye que operó la caducidad de la acción.

Como quiera que frente a los hechos y pretensiones planteados en la presente acción, se deduce la legalidad del cobro de impuesto predial al estar amparado en actos administrativos con presunción de legalidad, expedidos conforme a facultades legales y constitucionales, actos que nunca han sido demandados y que por ende tienen fuerza vinculante, y además que la tarifa para los estratos 2 y 3 ha sido idéntica, en las anualidades comprendidas entre 1997 y 2004, por lo que no hay lugar a devolución de sumas canceladas por impuesto predial.

Además de la firmeza que adquieren año a año, las declaraciones de impuesto predial, frente a las cuales no se solicitó revisión dentro de los dos años siguientes, como lo indican las normas tributarias de carácter distrital, considero o sugiero no presentar formula conciliatoria en la acción que nos ocupa.

RECOMENDACIÓN: En consecuencia se sugiere al comité no conciliar.Finalmente, es necesario indicar que se oficio a la Secretaría de Hacienda y al DAPD, solicitando la posición institucional frente a la conciliación, y a la fecha de elaboración de la ficha, no han dado respuesta.

Cordialmente,

ERNESTO CADENA ROJAS

Abogado Subdirección de Gestión Judicial /

No. Expediente: 25000231500020050120301

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera . Subdirección B

HECHOS DE LA DEMANDA

Que la actora se ha podido dar cuenta el peligro que corren los peatones al cruzar por la carrera 9 con calle 18, teniendo en cuenta el ancho del andén a raíz de la invasión del espacio público por parte del un inmueble de tres pisos.

Que este peligro es atribuible al hecho de una construcciones ubicadas en la carrera 9 No. 18-30/34/38, violan las disposiciones jurídicas urbanas de espacio público.

Que por lo anterior estos inmuebles abarcan espacio público

PRETENSIONES:

Que se eliminen todos los elementos y estructuras que obstaculizan la continuidad del espacio peatonal.

Que se ordene a los propietarios de las edificaciones su retiro del espacio público reservado a la franja peatonal.

Que se pague el incentivo del que habla la Ley 472 de 1998.

La Subdirección de Gestión Judicial de conformidad con el Decreto 203 de 2005 contestó la demanda en nombre de las siguientes entidades del orden central:

- Alcaldía Local de Santa Fe.

- Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.

La Posición de las entidades involucradas para la contestación de la demanda fue la siguiente:

La Defensoría del Espacio Público manifiesta:

a)"de una lado el predio identificado con la nomenclatura urbana 18-30 de la carrera 9 es un predio de un particular.

b) Las mencionadas construcciones pueden ser por su antigüedad predios de conservación integral del centro histórico de la ciudad.

La Alcaldía Local de Santa Fe manifiesta:

"que no tiene conocimiento de estos hechos, que en razón de la acción popular avocó conocimiento de los hechos mediante el expediente No 0007/05, donde se dispuso practicar diligencia de verificación con el fin de establecer si los inmuebles construidos en el sector se encuentran invadiendo espacio Público"

Como primera medida recordemos que no existe violación al espacio público, por lo que de rompe la acción debe ser denegada.

Se oficio a las entidades involucradas para que expresaran su posición frente la pacto de cumplimiento.

A El Departamento Administrativo de Planeación Distrital, DAPD, nos informa que el Decreto 190 de 2004 en su artículo 126 establece la " identificación y delimitación de los bienes de Interés Cultural localizados en le territorio de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital", en su numeral 1, literal a, son declarados como Bienes de interés Cultural los sectores antiguos que aparecen delimitados en el plano No 21 denominado Programa de Patrimonio construido el cual hace parte del citado plan. El inmueble de la referencia forma parte del sector Antiguo del centro, delimitado entre la Avenida de la Hortua- calle 2 y la calle 26 y la Avenida Circunvalar y la Avenida Caracas.

Igualmente nos informa y aporta los respectivos soportes, en donde se demuestra que la Alcaldía Local solicitó en el año 1997 concepto al DAPD si el inmueble objeto de la acción presenta invasión del espacio público, y la DAPD respondió que el inmueble se encuentra adelantada de su paramento por tratarse de una edificación antigua a la definición legal del ancho de la carrera 9^a. En el momento en que se solicite un reconocimiento del inmueble o licencia de construcción debe cumplir con las normas establecidas.

B La DADEP manifiesta "que no está interesada en presentar formula de pacto como quiera que no existe certeza sobre la invasión al espacio público consecuentemente no se evidencia la vulneración al Derecho colectivo alegado.

Considero por tanto en razón a lo aportado por cada una de las entidades involucradas que no existe invasión al espacio publico y por ello la acción está llamada al fracaso

RECOMENDACIÓN: En consecuencia se sugiere no presentar formula de pacto de cumplimiento.

Cordialmente,

HECHOS DE LA DEMANDA

1 Manifiesta el actor la omisión de la Alcaldía Local al haber concedido licencias a los propietarios del predio donde se ubica la estación de servicio Texaco de la Cra 50 con Avenida la Esperanza sin el lleno de los requisitos de desenglobe.

2 Así mismo manifiesta que hay omisión de la Alcaldía por haber dado permiso para construir un restaurante sin el lleno de los requisitos, ya que los surtidores están a 20 mts de distancia

3 Que existe igualmente omisión de la Estación y de Hamburguesas el Corral por no cumplir con las normas de urbanismo.,

1 Se pretende la protección del derecho colectivo al Patrimonio Público representando en el dinero que ha dejado de percibir el distrito desde hace varios años por omisión de las autoridades y de los propietarios de los inmuebles al no haber desenglobado los terrenos y con ello la evasión de impuestos.

2 Se proteja el derecho colectivo a la prevención de desastres, determinándose si la ubicación de la entrada de Hamburguesas el Corral entraña o no peligro a estar ubicada a 20 mts de dicho restaurante.

La Subdirección de Gestión Judicial de conformidad con el Decreto 203 de 2005 contestó la demanda en nombre de las siguientes entidades del orden central:

- Alcaldía Local de Teusaquillo.

- Departamento Administrativo de Catastro Distrital.

- Departamento Administrativo del Medio Ambiente.

La posición de las entidades involucradas para la contestación de la demanda fue la siguiente:

El Departamento Administrativo de Catastro Distrital:

Manifiesta la entidad que el predio KR 51 No 22C- 23 incluye KR 52 No 22 C- 30 inscrito a nombre de Fiduciaria Central S.A., según escritura 3254 de junio de 1997, con matricula inmobiliaria No 050 C 1456210.

Este predio se localiza en la manzana catastral 006216-14 y actualmente funcionan un restaurante de hamburguesas y una estación de servicios; construcciones que se encuentran incorporadas en la base de datos de DACD.

El Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAMA:

El DAMA nos aportó las competencias de dicho Departamento en materia ambiental e hizo referencia a los instrumentos de control con que cuenta para la operación de las estaciones de servicio.

Al respecto se tiene que el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial, mediante Decreto 1728 de 2002, reglamentó la ley 99 de 1993 sobre la licencia ambiental, con el cual se abolió la exigencia de licencia ambiental para las estaciones de servicio de combustible.

En este contexto ha de recordarse que el artículo 84 de la Carta Política señala que cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales.

Con apoyo de lo anterior, el DAMA, en ejercicio de la potestad de que está investida a la luz de los ordenamientos citados, despliega su actuar más en función de prevención, entendida ésta como la advertencia de una consecuencia real de naturaleza ambiental, apreciable en términos de exigencia de medidas de corrección, mitigación de daños ambientales, recuperación y descontaminación.

Dentro de este contexto no le está dado al DAMA ejercer control y sancionar a una estación de servicio por el funcionamiento técnico de sus equipos, por su ubicación urbanística, o por las fallas en sus estructuras arquitectónica, lo que en este caso no ocurre.

La Alcaldía Local de Teusaquillo manifiesta:

"Que se hizo visita de verificación y que se observó que no se invade espacio público. Como quiera que la acción versa sobre el hecho de haber concedido por parte de la Alcaldía Local Licencias de construcción, funcionamiento y ambiental a los propietarios del predio sin el lleno de requisitos me permito informarle que este despacho no concede ninguna de las licencias referidas por el actor según lo preceptuado en las siguientes normas; articulo 338 de 1995 y la ley 232 de 1995".

Teniendo en cuenta lo aportado por cada una de las entidades involucradas, se contestó la demanda por parte de una abogado de la Subdirección de Gestión Judicial, para demostrar que no ha existido omisión por parte de la Administración.

En lo que respecta a los 2 cargos, 1) defensa del patrimonio Público, 2) prevención de desastres, no existen normas legales con las que se sustente tales afirmaciones.

Como primera medida observamos que lo que se busca con esta demanda es que la Administración recupere unos dineros que ha dejado de percibir porque no se ha desenglobado un inmueble. Igualmente, para que se determine si la ubicación de la entrada principal entraña peligro por estar a veinte metros de los surtidores.

Es claro, a mi modo de ver, que un lote en donde se encuentran dos o más establecimientos de comercio, pagan los impuestos obligatorios de la Ciudad, si estos mismos se encuentran en lotes individualizados o desenglobados, la no división material de un inmueble no es óbice para que los establecimientos de comercio que se encuentren en el mismos no paguen impuestos, lo único que acarrea es que todos estos se ubicaran en un terreno con un número único de matrícula inmobiliaria y la nomenclatura que se asigna por parte de el DACD corresponde al predio en general, por lo que la primera parte de la pretensión no tiene ningún asidero jurídico.

El hecho generador del impuesto predial es la cabida del predio, por tanto quien paga el impuesto es el propietario de bien o predio, indistintamente si en el mismo hay uno, dos o más establecimientos de comercio. Por ello estos no serán sujetos pasivos del impuesto predial o del impuesto de valorización como quiera que no son los propietarios del predio.

Respecto a la segunda parte, la Alcaldía afirma que no se observa violación legal alguna, sin embargo en la diligencia de pacto sugeriré al Magistrado vincular a la Curaduría quien expidió la licencia de Construcción para determinar si la misma fue autorizada.

Considero, por tanto, en razón a lo aportado por cada una de las entidades involucradas y de la imprecisión de las afirmaciones del actor que no ha existido omisión por parte la administración.

RECOMENDACIÓN: En consecuencia se sugiere no presentar formula de pacto de cumplimiento.

Cordialmente,